Philip Crowley.
I
El problema que se emblematiza, como epítome ominoso, en la llamada Ley Arizona que penaliza a los mexicanos en territorio arizoniano por el hecho de haber ingresado allí sin visas para trabajar, tiene sin duda solución.
Pero la solución viable, práctica, utilitaria e incluso expedita, no es siquiera imaginada –ni mucho menos contemplada— por el poder político de ninguno de los Estados mexicano y estadunidense. Ello le otorga mayor complejidad al problema.
Y le confiere la condición de insoluble a cualesquier plazos. Así, ante esa percepción ambos Estados federales vecinos están atrapados en un asunto que es, a contrapelo de los intereses económicos estadunidenses, el de la migración mexicana a EU.
Esa migración –y la presencia de millones de inmigrados mexicanos en territorio estadunidense— definen en gran medida la relación bilateral misma y, no se diga, también los términos de ésta. La relación es asimétrica. Pero puede dejar de serlo.
Para entender el problema de la migración es necesario que los estrategas de ambos Estados federales que situar causas y consecuencias en una variedad de planos de conceptualización digamos dialéctica.
Ello implicaría entender al problema desde un enfoque estructural y superestructural de la relación bilateral, que es tan vasta y, a la vez, tan compleja e intrincada no sólo por los caprichosos manes de la historia, sino también de la economía y la política.
II
Más no sólo eso. Habría que situar el problema en una dimensión de la geopolítica y la geoeconomía, lo cual nos ofrecería, predeciblemente, resistencias tanto de EU, como potencia imperial que objetivamente es, y de México, dependiente de aquélla.
Dígase de otro jaez, caro leyente, que el problema de la migración e inmigración es no únicamente prototípíco, sino también arquetípico de la relación entre un Estado que se desempeña como metrópoli económica y otro que es, en los hechos, una colonia.
Si los gobernantes de México y EU entienden esa realidad y la disciernen apropiadamente, el problema habría accedido a un camino que conduciría inexorablemente a su solución satisfactoria.
La Ley Arizona --subráyese que es legislación local, vigente sólo en el ámbito territorial arizoniano— es un indicio de la frustración popular estadunidense y las autoridades lugareñas acerca de las indecisiones en la materia en el Capitolio federal.
En ese sentido, pudiérase decir sin incurrir en hipérbole que la Ley Arizona es una puya --de consecuencias trágicas-- al poder político del Estado federal estadunidense, dada la inacción de éste, en particular su vertiente legislativa, dominada por intereses.
Hay renuencia, en lo federal, a legislar en la materia, pese a las iniciativas –hasta hoy sólo retóricas— de los propios legisladores y de Barack Obama, quien llegó a la Casa Blanca con lo que sus operadores llaman “the Mexican way”.
III
Hágase la salvedad que, por supuesto, el señor Obama fue instalado no sólo por el voto de los mexicanos, sino de los llamados latinos” o “hispanos”, así como por una coalición de otras minorías étnicas, principalmente la afroestadunidense.
Empero, el voto mexicano tiene un mérito indudable, aquilatado estratégicamente por don Barack: el de la organización de una alianza suelta y flexible de minorías que se tradujo en una mayoría de votantes que lo lanzó como catapulta a la Presidencia de EU.
Ese mérito de los mexicanos en EU es el siguiente: desde 2006 organizaron su acción callejera masiva –manifestaciones protestarias y reivindicatorias de sus derechos-- y atrajeron adhesiones de otras minorías. Ello le abrió los ojos a don Barack.
De allí partió el diseño de la estrategia del entonces aspirante a la postulación a la Presidencia. Vió que si las minorías se organizaban, él podría ser elegido. Y así ocurrió. El problema: el sistema de intereses lo ha cercado; no puede cumplir sus promesas.
Ello enuncia una moraleja: el problema de la migración e inmigración, así como el de tráfico de aras, no se puede resolver porque ni el Estado mexicano ni el Estado estadunidense quieren. No hay voluntad política. Y hay intereses de por medio.
Pero México puede dar pasos unilateralmente: modificar su forma de organización económica cuya consecuencia inmediata sería la de acabar de origen con la migración, el narco, el tráfico de armas, etc. Esa modificación preocupará sobremanera a EU.
Y sólo así, preocupando a EU, es posible inducirlo a participar en el diseño y aplicación puntual de un gran programa de Estado, bilateral, que privilegie el imperativo de la seguridad que tanto angustia a los estadunidenses.
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