sábado, febrero 27, 2010

Geografía del terror



La información y la reflexión sobre el creciente poder del narcotráfico en México se impone en las agendas políticas –secretas o públicas– y en las conversaciones cotidianas. Por eso los medios de comunicación lo han convertido, inevitablemente, en su principal eje temático.

No se trata de una maniobra perversa: implica seguir la ruta del dinero, la escala del poder, el entramado de complicidades y de la impunidad. Este hilo negro lleva prácticamente a todas las zonas oscuras de nuestra sociedad: desde el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de campañas y la corrupción policiaca y militar, hasta los ajustes de cuentas y el lavado de dinero.

El libro El México narco (editorial Planeta, Temas de Hoy) es un intento de darle forma al grueso caudal informativo generado desde hace décadas, pero sobre todo desde que el presidente Felipe Calderón decidió darle preeminencia al enfoque militarista de la lucha contra el narcotráfico. Por eso este material, que originalmente fue publicado en las ediciones especiales 24 y 25, publicadas en 2009 con el mismo título, se editó de forma que conservara su impulso periodístico.

Bajo la coordinación del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, los reporteros de este semanario averiguaron los antecedentes históricos, la situación actual y la magnitud de los cárteles en cada región y estado, e incluso en las ciudades más disputadas por ellos, como es el caso de Ciudad Juárez, martirizada por el narco y por la descontrolada intervención militar.

El libro abre con una revisión de la historia reciente, a cargo de Ricardo Ravelo, para ubicar los tiempos y los lugares de origen de las bandas que se enriquecieron y evolucionaron en organización hasta convertirse en los temibles cárteles de Tijuana, de Juárez y de Sinaloa, que se consolidaron con sus estructuras paramilitares y se procuraron la protección de la policía, el Ejército y las autoridades locales.

A partir de ahí, por estados y en orden alfabético, cada reportero hace la crónica de las confrontaciones, las alianzas y los crímenes que poco a poco se extendieron por ciudades, pueblos y rancherías, desde las áreas cultivables hasta los destinos turísticos.

En este aspecto, el libro es distinto de otros que cuentan historias entresacadas del submundo de la delincuencia organizada. Se trata de un trabajo periodístico en el que muchas de esas historias, en sí mismas dramáticas, se muestran en su contexto social y político, lo cual las hace todavía más preocupantes porque se revelan como expresiones, terribles pero no únicas, del altísimo grado de violencia y degradación que postra al país.

Información documentada, más allá del interés partidista de sesgar las versiones o del afán oficial de negarla. Hablan los hechos, estruendosos como disparos. Aunque ninguna evidencia puede evitar que los jefes policiacos o militares, o el propio presidente, digan después de leer datos como estos: Sigamos con el programa...

En El México narco se cuentan los orígenes de las organizaciones que hoy tienen al país en jaque, la trayectoria de los principales cabecillas, sus principales batallas y sus más sonados crímenes. Por otro lado, o del mismo lado, se indagan las acciones de las autoridades y las llamadas fuerzas del orden, coprotagonistas de esta guerra como verdugos y como víctimas, según la ocasión. Los únicos que siempre son víctimas de esa violencia son la sociedad civil y sus derechos.

El coordinador del volumen describe así el clima social que se ha ignorado olímpicamente en la estrategia contra el narco: “... demasiada violencia, demasiados muertos, demasiada sangre, demasiados descabezados, demasiados torturados... Pero con decenas de miles de soldados y de policías en las calles, con decenas de miles de sicarios dispuestos a matar o a morir, con millones de familias en la pobreza extrema, con millones y millones de jóvenes en la desesperanza, hoy en México nada es demasiado”.

Tampoco los capos tienen medida. De los militares que corrompieron y de aquellos que se integraron a sus bandas, aprendieron a utilizar granadas, bazucas y ametralladoras de grueso calibre. Pero también están atacando a la sociedad con propaganda y desinformación –que suelen ir ensambladas–, además de su más poderosa arma, que es el silencio.

Los cárteles quisieran acallar a los medios para que grite el miedo, y en estados como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas esto les sale barato, ya que algunas obcecadas acciones y omisiones gubernamentales intensifican el poder intimidatorio del silencio, que destruye fortalezas sociales, como la defensa de los derechos civiles, al tiempo que otorga facilidades al crimen y a la corrupción.

Por eso El México narco se publica también como un homenaje a los 56 periodistas que, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, han sido muertos por el crimen organizado en lo que va de la década. (CAJ)

Al rescate ........

Carlos Salinas de Gortari empuña una nueva bandera. La recuperación para los mexicanos de su sistema bancario, hoy en manos de extranjeros.

Históricamente, uno de los secretarios de Hacienda más respetados de México, David Ibarra, hace a sus 80 años una lúcida radiografía de la política económica, cuestionando la política industrial, el abaratamiento del tipo de cambio y la ausencia de una política para el empleo. Por eso advierte que… La economía mexicana es una fábrica de pobres.

La explicación a todo lo que sucede en Tamaulipas y Nuevo León es breve: La fractura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

La preocupación es latente. El cambio climático amenaza a varios puntos del planeta. Pero hay un lugar donde el impacto del calentamiento global ya es una realidad. El desastre podría comenzar aquí, en Tayikistán.
PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

Costosas pugnas albiazules

Decidido a zanjar los conflictos internos que le han impedido crecer políticamente, el PAN del D.F. pretende modificar su relación con la ciudadanía capitalina.

PARA VER EXPERIENCIA ÍNDIGO AQUI.

Yanquis en México?

Si se agrava más la situación, el ejército yanqui podría intervenir en México “para acabar con el narcotráfico y la delincuencia”


Pedro Echeverría V.

1. La situación del país en los últimos 12 meses se ha agravado al incrementarse el número de asesinados, de confrontaciones entre el ejército y los narcotraficantes, de manifestaciones políticas de inconformidad por altísimo crecimiento del desempleo y miseria, particularmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Sonora, Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México. El gobierno derechista de Felipe Calderón, al ser permanentemente derrotado por el narcotráfico y al ver que la situación del país se agrava, parece dispuesto a pedir la intervención de fuerzas armadas yanquis y éstas llegarían de inmediato porque hace mucho que buscan esa oportunidad. El pretexto sería la lucha contra el narcotráfico, pero la realidad sería otra: apuntalar al gobierno derechista de Calderón para evitar el fortalecimiento de las luchas del pueblo.

2. Los narcotraficantes tienen 10 veces más presencia en México que la oposición política real porque ellos sí están bien entrenados, poseen enormes cantidades de dinero, están equipados con armas modernas y son protegidos por innumerables empresarios, gobierno y Estado. Al parecer se vive desde hace tres años en el país una especie de guerra civil o delincuencial no declarada con casi 20 mil muertos en tres años de confrontaciones. Por eso el gobierno de Calderón no ha dejado de enviar soldados y policías en toda la nación, de enviar militares a los EEUU para ser capacitados, ni de buscar la mayor ayuda económica y de asesorías del gobierno yanqui. La realidad es que, como pasó en Colombia, con el argumento que los narcos han rebasado la capacidad del gobierno, Calderón podría pedir la intervención norteamericana.

3. En Ciudad Juárez, frontera con EEUU, la situación es incontrolable. El gobierno del Estado ha planteado que pasaría su despacho y el de sus secretarios de gobierno en esa ciudad con el fin de parar los asesinatos que se registran un día y otro también; el mismo presidente ilegítimo Calderón viajó dos veces en una semana con el fin de frenar las protestas del pueblo contra su gobierno. La misma situación peligrosa se registra en Sinaloa, Michoacán y Morelos donde se ha acusado a los gobernadores de tener mucha relación con los narcotraficantes. El presidente y el secretario de Gobernación están realizando visitas “sorpresas”, es decir, sin avisar a los gobernadores, para que no se les reciba con protestas del pueblo. En Yucatán el día de ayer llegó Calderón sin avisar a la gobernadora y coordinándose solamente con sus partidarios los panistas. Parece que la situación es más grave cada día.

4. En diversos estudios se ha planteado que el narcotráfico representa cerca de un 30 por ciento de la economía mundial. Que el valor de su comercio ha superado al del petróleo y que sólo se sitúa bajo las inmensas cantidades de dinero que mueve la producción y ventas de armas. El narcotráfico está apuntalado en todos sus niveles por poderosos grupos capitalistas que lo han convertido en una gran mercancía que –como la industria armamentista y la del petróleo- ha servido para conformar monopolios o consorcios. No me olvido que hace unos 30 años, el jefe narco, Caro Quintero, decía: dénnos un poco de facilidades para movernos y en unos cuantos años pagamos toda la deuda externa nacional. ¿Sabías que hay en el mundo un mercado de 20 millones de consumidores de marihuana, un número poco menor de cocainómanos y alrededor de 500 mil personas que demandan heroína?

5. Pero también se sabe que el consumo determina siempre la producción, no al revés. ¿Se seguiría produciendo un producto que no se consume? Simplemente deja de ser mercancía capitalista. En México, como en otros países, el consumo es mínimo comparado con los gigantescos embarques que llegan a los EEUU y Europa donde circulan toneladas de dinero y la crisis existencial es profunda; sin embargo, de acuerdo a las cifras, mientras que a la prevención del consumo el gobierno norteamericano sólo dedicó 250 millones de dólares al combate antinarcóticos, en los países pobres se dedicaron 21.000 millones de dólares, desde 1981. Mientras se acusa, persigue y asesina a decenas de miles de campesinos desempleados y miserables por cultivar la yerba, en EEUU y Europa se hacen fuertes negocios entre traficantes y magnates del capital. Otra vez la lucha de clases reaparece.

6. En Colombia el pretexto para la intervención de militares yanquis fue el combate contra el narcotráfico, luego el gobierno dijo que narcotráfico, crimen organizado, guerrilla y oposición política izquierdista estaba ya en el terrorismo y la delincuencia, y ahora, no sólo ha estado el ejército yanqui en Colombia sino que han instalado siete u ocho bases militares en ese territorio para amenazar e intervenir en los demás países de Latinoamérica. En México puede suceder exactamente lo mismo comenzando con la militarización yanqui de la frontera norte, pero también la del sur de México. Bastaría con ese pretexto de combate al terrorismo para que todo el país fuera intervenido por miles de agentes de la CIA, el Pentágono, de la DEA y la llamada INTERPOL. Ello es lo que lleva a pensar que para apuntalar a Calderón los gringos pueden intervenir.

7. El gobierno de los EEUU, por lo menos desde los avionzazos a los edificios de las “torres gemelas” en 2001, en los momentos en que invadía a Afganistán y a Irak, pensaba que las fronteras norte y sur de México deberían ser selladas para evitar la entrada de “terroristas” para evitar que penetren a su territorio. ¿Cuántos pretextos más puede usar el gobierno de Calderón para “justificar” que los yanquis tengan que cuidar físicamente sus fronteras? El pueblo mexicano tiene que rechazar cualquier pretexto por toda la experiencia histórica de las invasiones y ocupaciones gringas. Todo ha comenzado en México como en Colombia: ofreciendo un apoyo para combatir al narcotráfico; luego convertirse en una fuerza de persecución contra los izquierdistas y el movimiento obrero/campesino, para luego llegar a la ocupación total. ¡Uníos contra el imperio!

pedroe@cablered.net.mx

Presentación del Libro Camisas Azules, Manos Negras El Saqueo de Pemex desde los Pinos



La corrupción en Pemex tiene nombre
El libro “Camisas Azules, Manos Negras” pone rostro y apellido a la corrupción en Pemex
MEXICO, D.F., 26 de febrero.- Así es como describe la propia autora, Ana Lilia Pérez, el texto publicado bajo el sello de Editorial Grijalbo. En entrevista exclusiva, Ana Lilia relata que al investigar las actividades de Pemex en las que presuntamente estaban involucrados Marta Sahagún y sus hijos, fue descubriendo otras irregularidades. Y en ellas aparecieron implicados personajes como Juan Camilo Mouriño y César Nava, entonces director jurídico de la paraestatal y actual presidente nacional del PAN.
Con respecto a Nava, la periodista documenta el caso en el que una firma de abogados de Coatzacoalcos cobró 44 millones de pesos por “defender” a Pemex.
“(Los auditores de la Función Pública) en la investigación descubren que los abogados a quienes César Nava designó para defender a Pemex despachaban en el mismo domicilio que los abogados a quienes el Ayuntamiento de Coatzacoalcos contrató para demandar a Pemex”, explica.
Sin embargo, no es el único caso que presenta. Revela otros en los que aparece involucrada la familia Mouriño. “Se pone en evidencia que el problema de Pemex no es un asunto de reformas, sino que es un asunto de una mala administración. Una corrupta administración”, afirma Ana Lilia Pérez.
(Félix Arredondo / Reporte Indigo

3er Aniversario de la Revista "El Chamuco"





La mejor revista de humor político en México, El Chamuco, celebró ayer su tercer aniversario, en el Museo Nacional de Culturas Populares.
Acompañados por Jesusa Rodríguez, el Fisgón, Helguera, Hernández, Cintia Bolio, Pedro Miguel y Federico Arreola, comentaron con geniales ocurrencias, la situación que atraviesa nuestro país y sus graves problemas.
Asimismo, pasaron lista a los culpables de la debacle nacional, como son el chaparrito de lentes, el peloncito orejón, la maestra o demás delincuentes que ejercen impunemente sus cargos públicos.

How the Mountain of Climate Change Evidence Is Being Used to Undermine the Cause

As the backlash against climate science grows, the number of Americans who believe humans are to blame for warming the planet is shrinking.
Twenty-one years ago, in 1989, I wrote what many have called the first book for a general audience on global warming. One of the more interesting reviews came from the Wall Street Journal. It was a mixed and judicious appraisal. “The subject,” the reviewer said, “is important, the notion is arresting, and Mr. McKibben argues convincingly.” And that was not an outlier: around the same time, the first president Bush announced that he planned to “fight the greenhouse effect with the White House effect.”

I doubt that’s what the Journal will say about my next book when it comes out in a few weeks, and I know that no GOP presidential contender would now dream of acknowledging that human beings are warming the planet. Sarah Palin is currently calling climate science “snake oil” and last week, the Utah legislature, in a move straight out of the King Canute playbook, passed a resolution condemning "a well organized and ongoing effort to manipulate global temperature data in order to produce a global warming outcome" on a nearly party-line vote.

And here’s what’s odd. In 1989, I could fit just about every scientific study on climate change on top of my desk. The science was still thin. If my reporting made me think it was nonetheless convincing, many scientists were not yet prepared to agree.

Now, you could fill the Superdome with climate-change research data. (You might not want to, though, since Hurricane Katrina demonstrated just how easy it was to rip holes in its roof.) Every major scientific body in the world has produced reports confirming the peril. All 15 of the warmest years on record have come in the two decades that have passed since 1989. In the meantime, the Earth’s major natural systems have all shown undeniable signs of rapid flux: melting Arctic and glacial ice, rapidly acidifying seawater, and so on.

Somehow, though, the onslaught against the science of climate change has never been stronger, and its effects, at least in the U.S., never more obvious: fewer Americans believe humans are warming the planet. At least partly as a result, Congress feels little need to consider global-warming legislation, no less pass it; and as a result of that failure, progress towards any kind of international agreement on climate change has essentially ground to a halt.

Climate-Change Denial as an O.J. Moment

The campaign against climate science has been enormously clever, and enormously effective. It’s worth trying to understand how they’ve done it. The best analogy, I think, is to the O.J. Simpson trial, an event that’s begun to recede into our collective memory. For those who were conscious in 1995, however, I imagine that just a few names will make it come back to life. Kato Kaelin, anyone? Lance Ito?

The Dream Team of lawyers assembled for Simpson’s defense had a problem: it was pretty clear their guy was guilty. Nicole Brown’s blood was all over his socks, and that was just the beginning. So Johnnie Cochran, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, F. Lee Bailey, Robert Kardashian et al. decided to attack the process, arguing that it put Simpson’s guilt in doubt, and doubt, of course, was all they needed. Hence, those days of cross-examination about exactly how Dennis Fung had transported blood samples, or the fact that Los Angeles detective Mark Fuhrman had used racial slurs when talking to a screenwriter in 1986.

If anything, they were actually helped by the mountain of evidence. If a haystack gets big enough, the odds only increase that there will be a few needles hidden inside. Whatever they managed to find, they made the most of: in closing arguments, for instance, Cochran compared Fuhrman to Adolf Hitler and called him “a genocidal racist, a perjurer, America’s worst nightmare, and the personification of evil.” His only real audience was the jury, many of whom had good reason to dislike the Los Angeles Police Department, but the team managed to instill considerable doubt in lots of Americans tuning in on TV as well. That’s what happens when you spend week after week dwelling on the cracks in a case, no matter how small they may be.

Similarly, the immense pile of evidence now proving the science of global warming beyond any reasonable doubt is in some ways a great boon for those who would like, for a variety of reasons, to deny that the biggest problem we’ve ever faced is actually a problem at all. If you have a three-page report, it won’t be overwhelming and it’s unlikely to have many mistakes. Three thousand pages (the length of the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)? That pretty much guarantees you’ll get something wrong.

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The Great American Bank Robbery

How did the big banks nearly take down the entire economy and still continue to profit? Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz explains.

The following is Part I of a two-part excerpt from Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy by Joseph Stiglitz ( W.W. Norton & Co., 2010). Read AlterNet's recent interview with Stiglitz by Zach Carter.

Bankruptcy is a key feature of capitalism. Firms sometimes are unable to repay what they owe creditors. Financial reorganization has become a fact of life in many industries. The United States is lucky in having a particularly effective way of giving firms a fresh start—Chapter 11 of the bankruptcy code, which has been used repeatedly, for example, by the airlines. Airplanes keep flying; jobs and assets are preserved. Shareholders typically lose everything, and bondholders become the new shareholders. Under new management, and without the burden of debt, the airline can go on. The government plays a limited role in these restructurings: bankruptcy courts make sure that all creditors are treated fairly and that management doesn't steal the assets of the firm for its own benefits.

Banks differ in one respect: the government has a stake because it insures deposits....The reason the government insures deposits is to preserve the stability of the financial system, which is important to preserving the stability of the economy. But if a bank gets into trouble, the basic procedure should be the same: shareholders lose everything; bondholders become the new shareholders. Often, the value of the bonds is sufficiently great that that is all that needs to be done. For instance, at the time of the bailout, Citibank, the largest American bank, with assets of $2 trillion, had some $350 billion of long-term bonds. Because there are no obligatory payments with equity, if there had been a debt-to-equity conversion, the bank wouldn’t have had to pay the billions and billions of dollars of interest on these bonds. Not having to pay out the billions of dollars of interest puts the bank in much better stead. In such an instance, the role of the government is little different from the oversight role the government plays in the bankruptcy of an ordinary firm.

Sometimes, though, the bank has been so badly managed that what is owed to depositors is greater than the assets of the bank. (This was the case for many of the banks in the savings and loan debacle in the late 1980s and in the current crisis.) Then the government has to come in to honor its commitments to depositors. The government becomes, in effect, the (possibly partial) owner, though typically it tries to sell the bank as soon as it can or find someone to take it over. Because the bankrupt bank has liabilities greater than its assets, the government typically has to pay the acquiring bank to do this, in effect filling the hole in the balance sheet. This process is called conservatorship. Usually the switch in ownership is so seamless that depositors and other customers wouldn't even know that something had happened unless they read about it in the press. Occasionally, when an appropriate suitor can’t be found quickly, the government runs the bank for a while. (The opponents of conservatorship tried to tarnish this traditional approach by calling it nationalization. Obama suggested that this wasn’t the American way. But he was wrong: conservatorship, including the possibility of temporary government ownership when all else failed, was the traditional approach; the massive government gifts to banks were what was unprecedented. Since even the banks that were taken over by the government were always eventually sold, some suggested that the process be called preprivatization.)

Long experience has taught that when banks are at risk of failure, their managers engage in behaviors that risk taxpayers losing even more money. The banks may, for instance, undertake big bets: if they win, they keep the proceeds; if they lose, so what? They would have died anyway. That's why there are laws saying that when a bank’s capital is low, it should be shut down or put under conservatorship. Bank regulators don't wait until all of the money is gone. They want to be sure that when a depositor puts his debit card into the ATM and it says, "insufficient funds," it's because there are insufficient funds in the account, not insufficient funds in the bank. When the regulators see that a bank has too little money, they put the bank on notice to get more capital, and if it can't, they take further action of the kind just described.

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Frustra la Corte intento de reelección de Alvaro Uribe

Mauricio González, presidente de la Corte colombiana.


MÉXICO, D.F., 26 de febrero (apro).- Luego de que la Corte Constitucional de Colombia frenó su intentona de reelegirse, el presidente Álvaro Uribe acató el fallo judicial. “El estado de derecho exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente un gobernante", dijo.
El magistrado presidente de la Corte, Mauricio González Cuervo, informó que ese organismo rechazó, por siete votos contra dos, la Ley de Referendo que hubiera permitido Uribe optar por una segunda reelección en los comicios del próximo 30 de mayo.
"La corte declaró inexequible en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y mediante la cual se somete al pueblo a un proyecto de refrendo constitucionalidad", dijo González Cuervo, quien alegó "vicios de forma" en el planteamiento de la ley ante el Congreso, donde fue aprobada a finales de 2009.
"No se trata de meras irregularidades formales, sino de violaciones sustanciales al principio democrático", insistió el magistrado presidente, luego de dar a conocer que dos de los nueve magistrados del tribunal se abstuvieron.
Tras el fallo de la Corte, el presidente Álvaro Uribe aseguró que lo único que lo ha animado en la vida es su amor por Colombia y que estaba dispuesto a servir al país desde "cualquier trinchera". En un breve discurso desde Barranquilla, en el departamento de Atlántico y a unos 700 kilómetros al norte de Bogotá, Uribe dijo: "Acato y respeto la sentencia de la honorable Corte Constitucional... El estado de derecho exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente un gobernante".
Y añadió:
"Compatriotas, tengo un deseo: el deseo de poder servir a Colombia desde cualquier trinchera, desde cualquier circunstancia hasta el último día de la vida. Apreciados compatriotas, me anima una ilusión: que nuestra democracia mejore el rumbo, pero que no abandone el rumbo" de mejorar la seguridad.
De acuerdo con el mandatario colombiano, quien asumió por primera vez la presidencia en agosto del 2002, el único sentimiento que ahora alberga “es un sentimiento de amor por Colombia... Deseo que en los años de vida que me restan yo pueda sentir más amor por Colombia”.
La Constitución colombiana no contempla la posibilidad de un tercer mandato presidencial consecutivo, por lo que los partidarios del presidente Uribe propusieron el año pasado desde el Congreso un referendo para modificarla.
Uribe, de 57 años y niveles de popularidad por encima de 60%, había impulsado en 2005 una reforma a la Carta Magna para permitir por una única vez la reelección, que estaba prohibida. Con esa modificación constitucional Uribe ganó su segunda mandato de cuatro años en los comicios del 2006, pero un tercero fue rechazado este viernes por la Corte.
Los próximos comicios presidenciales están previstos para el 30 de mayo y al menos cuatro aspirantes ya se han inscrito ante las autoridades electorales.
Álvaro Uribe culmina su mandato el 7 de agosto de 2010, cuando deberá entregar el poder a su sucesor.

Zedillo: nombramiento y pago de facturas


De acuerdo con información proporcionada por la trasnacional financiera estadunidense Citigroup –propietaria del segundo banco más importante de nuestro país, Banamex– el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se incorporará como miembro del consejo de administración de ese consorcio en abril próximo, durante la reunión anual de accionistas.

A primera vista, el nombramiento podría pasar como reconocimiento a la reputación de “economista experto” que el ex mandatario se ha forjado desde que, a su salida del cargo en diciembre del año 2000, se dedicó a moverse en distintos ámbitos empresariales, académicos y en organismos financieros, lo cual lo ha llevado a desempeñarse como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato.

Esta supuesta virtud colisiona, sin embargo, con la impericia económica con que el egresado de la Universidad de Yale se condujo durante sus años en el poder. Debe recordarse, por principio de cuentas, la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, en la que confluyeron por igual las maquinaciones inconfesables del gobierno de Carlos Salinas y la incompetencia económica de su sucesor, por más que el primero se empeñe en sostener –como ocurrió el pasado martes– que ese quebranto económico fue responsabilidad exclusiva del segundo. Pese al enorme costo que esta crisis arrojó en términos de pobreza y zozobra social, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a los estratos medios y bajos, y emprendió, en cambio, sendos procesos de “rescate” en favor de un puñado de empresarios.

En consonancia con la oleada privatizadora desatada durante el salinato, Zedillo impulsó y logró la aprobación de modificaciones legales que permitieron a firmas extranjeras –Citigroup, entre ellas– hacerse de la propiedad de los activos del sistema bancario en México. Al mismo tiempo, el flamante consejero de Citigroup socializó los pasivos de las empresas privatizadas en el sexenio anterior, y su gobierno alentó, diseñó y ejecutó, con el respaldo de legisladores priístas y panistas en el Congreso de la Unión, un “rescate bancario” que constituye el mayor atraco a las arcas públicas en la historia del país.


México SA
La reprivatización de Salinas benefició a especuladores

Cosecha Zedillo chambas de lujo por su “rescate”

Carlos Fernández-Vega


Poco más de tres lustros después de concluir –oficialmente– su estadía en Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari alegremente brinca a la palestra para defender su decisión de reprivatizar la banca y, de pasadita, afirmar que al cierre de su administración el balance de los bancos no era desfavorable; enfrentaban problemas, pero no una situación de crisis”. ¿En serio?, porque en los hechos las ex sociedades nacionales de crédito se convirtieron en un jugoso negocio de casino en el que la casa siempre gana.

Pues bien, va el último tramo (ver México SA del 25 y 26 de febrero) del paseo por las instituciones bancarias reprivatizadas, con base en información de documentos oficiales divulgados en 1993-1994, para conocer qué tan favorable era su balance y qué tan lejos estaban de una situación de crisis: en junio de 1994, el 63 por ciento de los bancos que pasaron a manos privadas se encontraban en quiebra técnica, mientras que 37 por ciento restante estaban a un paso de tal condición; al cierre del primer semestre de ese año, la cartera vencida de las ex sociedades nacionales de crédito significó 96.2 por ciento de su capital contable, casi tres veces más que en diciembre de 1991, de acuerdo con la aquel entonces denominada Comisión Nacional Bancaria.

Año tras año el margen de maniobra de dichas instituciones se fue reduciendo: en 1991 la cartera vencida representó 35 por ciento del capital contable; en 1992, concluida la reprivatización, se incrementó a 65 por ciento; en 1993 llegó a 83 por ciento y, como se menciona, en el primer semestre de 1994 el 96.2 por ciento; dos años después de la venta, la cartera vencida de los bancos reportaba un incremento de 431.52 por ciento, de tal suerte que ni siquiera aplicando íntegramente las utilidades acumuladas en el periodo (casi 23 mil millones de nuevos pesos, equivalentes a 61 por ciento del precio que se pagó por los bancos) podría paliarse el peso que significaba la cartera vencida en el margen de maniobra de la banca comercial.

Lo anterior como promedio, porque algunas instituciones reportaban signos de verdadera asfixia: la cartera vencida de Banco de Oriente resultaba 185.23 por ciento superior a su capital contable (2.23 veces más que en agosto de 1991, cuando fue privatizado a favor del Grupo Margen, de los hermanos Margain Berlanga); Serfin (vendido a Operadora de Bolsa, de Adrián Sada, en febrero de 1992) registraba una cartera vencida 43 por ciento mayor que su capital contable; Comermex (cedido a la familias Autrey, Legorreta y Robinson Bours, de Bachoco), la cartera vencida resultaba 35 por ciento superior al capital contable; Unión y Cremi (de Carlos Cabal Peniche, el empresario “modelo” presumido por Carlos Salinas de Gortari), reportan carteras vencidas superiores en 21 y 37 por ciento a sus respectivos capitales contables. Los más grandes del sistema, Banamex (Roberto Hernández) y Bancomer (Eugenio Garza Lagüera) se encontraban muy cerca de cruzar la barrera: al cierre del primer semestre de 1994, la cartera vencida del primero equivalía a 83.23 por ciento de su capital contable, mientras que en el segundo caso la proporción se situó en 87.5 por ciento. De hecho, más de 55 por ciento de la cartera vencida total correspondía a Banamex, Bancomer y Serfin. Y así por el estilo.

Desde que se privatizó la primera institución bancaria (Multibanco Mercantil de México, el 11 de junio de 1991, a favor del Grupo Financiero Probursa, con José Madariaga Lomelín como cabeza visible) la constante de los neo banqueros (en realidad especuladores bursátiles la mayoría de ellos) fue recuperar lo más rápido posible lo que –se supone– pagaron por los bancos reprivatizados, para lo cual los exprimieron a más no poder. Así, en septiembre de 1993 –apenas 14 meses después de concluido el proceso reprivatizador– las utilidades de la banca comercial reportaban un vigoroso crecimiento y, de acuerdo con las estadísticas que en aquel entonces proporcionó la Asociación Mexicana de Bancos, los nuevos propietarios de las 18 ex sociedades nacionales de crédito vendidas por la administración salinista habían recuperado, en promedio, 42 centavos de cada peso invertido para quedarse con ellas.

Sin embargo, la rebanada no fue igual en todos los casos. Banamex, vendido a la casa de bolsa Accival, oficialmente fue entregado a sus nuevos propietarios el 26 de agosto de 1991. Entre esa fecha y septiembre de 1993, Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, juntos con sus accionistas, recuperaron 48 centavos de cada peso; Bancomer, asignado el 28 de octubre de 1991 a Valores Monterrey, de Eugenio Garza Lagüera, 46 centavos de cada peso; y Serfin, propiedad de Operadora de Bolsa desde el 27 de enero de 1992, 55 centavos de cada peso; Bancrecer, a cargo de Roberto Alcántara desde el 20 de agosto de 1991, 75 centavos de cada peso; Multibanco Probursa (originalmente Multibanco Mercantil de México, el primero en venderse, el 10 de junio de 1991, a José Madariaga Lomelín y socios), 61 centavos de cada peso. Y así por el estilo.

Cuando se concretó la reprivatización, un viejo banquero mostró su preocupación, pues la mayoría de las instituciones se vendieron a personas con “cultura netamente bursátil”, es decir, “a personas cuya costumbre es hacer grandes negocios, con mínimos riesgos y en muy corto plazo”. Y sucedió lo que era lógico: un año después, en septiembre de 1994, el promedio de recuperación, según la misma fuente, se aproximó a 95 centavos de cada peso. Lo que vino después es conocido: quiebra, “rescate”, “saneamiento”, extranjerización, 16 años después, sólo un banco reprivatizado permanece en manos mexicanas, las de sus compradores originales: Banorte.

Como se constata, “los bancos enfrentaban problemas, pero no una situación de crisis” (Salinas dixit).

Las rebanadas del pastel

Mientras Ernesto Zedillo no deja de cosechar chambas y de cobrar facturas por su “rescate” bancario (ayer lo colocaron en el consejo de administración de Citigroup, el supuesto dueño de Banamex), el inspirado subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, justificó la matanzinga que registra México con la siguiente oda a la neurona pasmada: “uno de los logros en la guerra contra el narcotráfico es que los inversionistas reconocen, con su toma de decisiones, el imperio del Estado de derecho en el país”, algo que, por lo demás, se confirma fehacientemente con el hecho de que en los tres años de Calderón los capitalistas mexicanos han sacado del país 57 mil 700 millones de dólares, “la mayor emigración de activos desde el error de diciembre de 1994” (La Jornada, Roberto González Amador)… Va un enorme collar de besos y abrazos para Camila, por su cuarta velita en el pastel.

cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx

La crisis nunca pasó por San Lázaro



MÉXICO, DF, 26 de febrero (apro).- Recientemente nos enteramos que la crisis económica en México “ya pasó”. Por lo menos así lo afirmaron las autoridades hacendarias en Estados Unidos en enero pasado.

Este mismo viernes, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Pérez Jácome, comentó que “afortunadamente la situación se ha revertido y hay indicadores alentadores en los últimos meses”.

Sin embargo, para el ciudadano común y corriente esto no es así, y si no, que se lo pregunten a los 503 mil mexicanos que en enero, según el INEGI, perdieron su empleo.

O qué se lo pregunten a un trabajador de salario mínimo general que al mes gana mil 750 pesos y que ahora tiene que pagar más impuestos, como por ejemplo 16% de IVA, contra 15% que pagaba hasta fines de 2009.

La crisis económica del año pasado fue tan mala, que el gobierno federal aseguró que habría un “boquete”, es decir, un faltante de 480 mil millones de pesos en las finanzas públicas, y por tanto tenían que subir los impuestos.

Recientemente, los diputados del PRI, que sin su voto no se habría consumado el incremento a los impuestos, dijeron que avalaron los aumentos porque el gobierno les habló de tal boquete y les presentó un escenario catastrófico para los mexicanos este 2010. ¡Más catastrófico que la pérdida de 503 mil empleos en un mes!, se pregunta uno.

Esa fue la razón por la que avalaron los aumentos, nunca por el tan sonado trueque de las no alianzas del PAN --aunque con el paso de los días tuvieron que aceptar que sí hubo tal acuerdo sobre las coaliciones y que, al final, el gobierno no les cumplió.

Los priistas pretendieron curarse en salud diciendo que habían aprobado los impuestos porque el país se iría a la quiebra; y a tal grado fue su reclamo, que acusaron luego al gobierno federal de haberles mentido, pues el boquete de 480 mil millones de pesos resultó ser de 300 mil millones.

Ciertos o no los argumentos de los diputados que avalaron los nuevos impuestos, la verdad es que a ellos parecen no afectarle mucho los incrementos y la pérdida de empleos, pues mientras en enero 503 mil mexicanos cayeron en la desocupación, los 500 legisladores tienen empleo seguro hasta el 2012 y con sólo ocho días de trabajo “intenso”, que es el número de sesiones que realizan cada mes.

Otro de los motivos por los cuales los legisladores aprobaron los nuevos impuestos pudiera estar en su cheque, en su jugoso salario.

Y para muestra uno de sus cheques mensuales.

Cada diputado percibe un salario bruto de 151 mil 164 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: 105 mil 378 pesos por concepto de “dieta” y 45 mil 766 como pago a su “asistencia legislativa”.

Es cierto que de los 151 mil 164 pesos que gana cada uno de los 500 diputados federales, se le restan entre impuestos, cuotas y fondo de ahorro, la cantidad de 60 mil 93 pesos.

A pesar de ello, el dinero libre que recibe cada diputado es de 91 mil 70 pesos, nada despreciable frente a los mil 750 pesos que obtiene un trabajador de salario mínimo general; sin embargo, a la cantidad mencionada todavía hay que sumarle 28 mil pesos más, en lo que se conoce como “gastos de gestión legislativa”. Y a esta cifra no se le aplica descuento.

En total, cada mes, un diputado recibe 119 mil pesos, quizá por esto cada vez que aprueban impuestos no se sienten afectados, y lo hacen con un cinismo que para el resto de los mexicanos nos resulta insultante, por decir lo menos.

Curules vacías en San Lázaro.

Pero si un ciudadano común y corriente tiene que pagar de sus mil 750 pesos mensuales lo que invierte en transporte y alimentación, con los diputados no sucede lo mismo, pues además de su jugoso salario reciben algunas prebendas, como por ejemplo vales de comida por 2 mil 700 pesos, 12 mil pesos en vales para gasolina (3 mil 500 si vive en el Distrito Federal) y, por supuesto, una tarjeta IAVE para no pagar ni una sola de las casetas que utilizan cada vez que viajan por carretera, eso sin contar el seguro de gastos médicos mayores.

Si vemos estas cifras y conceptos por los cuales un legislador recibe dinero, cómo podría uno imaginarse que a los diputados les dé resquemor el aprobar aumentos en los impuestos.

Un trabajador asalariado debe estar laborando cuando menos ocho horas diarias para lograr los mil 750 pesos al mes, mientras que un diputado, con que asista sólo ocho veces al pleno de la Cámara de Diputados (que es el número de sesiones por mes), se lleva los más de cien mil pesos a la bolsa.

Y ni qué decir de los funcionarios del gobierno federal que ganan por lo menos 150 mil pesos libres, más prebendas similares a las de los legisladores.

Por eso no es de extrañar que las autoridades digan con tanta liviandad que la “crisis ya pasó”; lo cierto es que, para ellos, nunca llegó.

Funcionarios y legisladores nunca atienden los reclamos de la ciudadanía, no así cuando de grandes empresarios se trata; quizá ahora que la iniciativa privada presente su declaración de impuestos respecto a 2009, --entre marzo y abril--, y que vean que sí tuvieron grandes pérdidas, al grado que decidan no pagar impuestos este año, es que el gobierno se detenga a pensar si el camino que está tomando en materia económica es el correcto.

Porque al tener pérdidas las grandes empresas resultará obvio que harán todo lo posible por pagar menos o, incluso, no pagar impuestos, y esto repercutirá definitivamente en las finanzas federales, pues la recaudación será menor.

Entonces, para septiembre próximo, cuando el Ejecutivo federal vuelva a presentar su paquete económico para el 2011, volverá a decir que tiene otro “boquete” y quizá pretenda recetarnos nuevos incrementos de impuestos.

Habrá que esperar los reportes fiscales de las empresas, sobre todo ahora que se nieguen a pagar 25% del total de impuestos que vienen adeudando al fisco desde 2004; sólo a partir de ahí podríamos ver cuál será la pretensión del gobierno federal para el año que viene, y cómo empezará a trabajar con los diputados, qué argumento presentará ahora para convencerlos de la necesidad de buscar nuevas vías de ingresos.

Como para entonces las elecciones en los diversos estados ya habrán concluido, el pleito entre PRI y PAN ya no será tal, y de nuevo volverán a trabajar juntos; unos para tratar de salvar al gobierno y otros para intentar recuperarlo.

Los priistas dirán entonces que piensan en la ciudadanía y en su economía, y que no están de acuerdo con nuevos impuestos, pero seguramente los avalarán, como lo hacen año con año. Y qué importa que esto suceda, si ellos seguirán llevándose a sus bolsas la nada despreciable cantidad de 119 mil pesos libres de polvo y paja cada mes… ¿jodidos?

Jodidos los demás, los ciudadanos que no son diputados, senadores, funcionarios, presidentes municipales o el titular del Ejecutivo federal y a quienes por cierto este año les irán a pedir su voto en 15 estados de la República con el argumentos de que ellos “sí mejorarán su economía”.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Un país que se diluye

Narcomantas. Exclusión educativa.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 25 de febrero.- En el proceso de vaciamiento, de ausencia de sentido en las perspectivas de largo plazo, el país parece como los ríos de agua sucia que causan pérdidas irreparables, humanas y materiales, pero sobre todo de generaciones enteras de jóvenes que ya no tienen confianza en la educación y viven a la deriva.

Es este el peor signo de la actual ingobernabilidad, pues la pérdida progresiva de las funciones del aparato del Estado y del sistema escolar se traduce en los inenarrables episodios de violencia y degradación que ocurren. La violencia generalizada que hace posible la actual ingobernabilidad es directa pero también indirecta. Así, además de manifestarse hasta en el asesinato de jóvenes departiendo alrededor de sus logros escolares o grupales, se expresa en la falta de políticas de gobierno para prevenir y solucionar lo más elemental de la seguridad de todos desde alguna racionalidad, o en el hecho de que, cuando esas políticas se emprenden, siempre llegan tarde o se dirigen en contra de la libertad (por ejemplo, contra la sexualidad de cada quien), aduciendo juicios morales o religiosos. Y todo ello, en un ambiente de demagogia y corrupción política.

En el fondo lo que se expresa es una violencia indirecta generalizada contra el sentido de la educación que forma o debiera formar para la defensa de los derechos humanos y la integridad emocional, cultural e intelectual.

La escuela mexicana está golpeada por la violencia que se deriva de esta pérdida de sentido de las políticas de gobierno. Hay hostigamiento verbal y hasta golpes en las aulas, mientras que los excluidos del sistema educativo no encuentran ninguna otra perspectiva que la ilegalidad o el crimen organizado: Con sus errores gramaticales, todas las “narcomantas” ponen de manifiesto dicha exclusión educativa.

Es una descomposición que a estas alturas abruma, sobre todo cuando se la ve desde la perspectiva de los educadores. Uno de ellos, Fernando Reimers, como si se refiriera a México, señala: “Cuando la escuela, los educadores y la sociedad no actúan decididamente para romper el ciclo de reproducción de la pobreza; cuando aceptan como inevitable, como un hecho natural, que aquellos estudiantes que han nacido en las comunidades de menores recursos tendrán por ello significativamente menos oportunidades de desarrollar su talento, es ésta aceptación cómplice de una forma de violencia indirecta. Otro aspecto de esta violencia lo constituye la utilización de los recursos que la sociedad asigna a la educación para fines distintos que el de promover el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los sindicatos de maestros se hacen cómplices o promueven el bajo desempeño profesional de los profesores, o cuando los administradores públicos abusan para fines personales de la confianza que el Estado les asigna, son éstas formas de violencia indirecta contra aquellos en la sociedad que tienen menos voz para resistirla”. (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Metas Educativas 2011, página 135, 2009.)

En otras palabras, se incrementa la desconfianza hacia quienes tienen a su cargo el manejo de las políticas educativas cuando no saben adónde dirigir los recursos para la educación, o cuando, al aplicarlos, procuran obtener beneficios para sí mismos o para alguien en particular, de modo que su gestión tiene resultados políticos exitosos para ellos, pero no para mejorar la calidad y la cobertura del sistema educativo.

En suma, mientras los jóvenes no tienen ninguna otra salida que la pobreza y la ignorancia, pues la educación que reciben –cuando la reciben– se les escurre como el agua entre los dedos, el país también se nos diluye.

La suerte de El Chapo


MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- Hace un mes aproximadamente el gobierno de Felipe Calderón dio una orden tajante de rechazar a nivel internacional toda expresión periodística en la que se afirmara que Joaquín El Chapo Guzmán es el narcotraficante protegido por su gobierno y el de Vicente Fox. Comenzó así una campaña diplomática para limpiar su imagen y, al mismo tiempo, una serie de acciones policiales dirigidas precisamente a cambiar esta impresión, lo cual ya es demasiado tarde.

La versión de que El Chapo – el mote viene por su estatura de 1.55 metros--, ha sido favorecido por los gobiernos panistas en la lucha contra el crimen organizado no es nueva y muchas voces se han referido a esto desde que escapó de la cárcel de manera inverosímil en 2001, y luego dejaron libres a su hijo y a una de sus sobrinas, acusados ambos de lavado de dinero.

Pero ha habido un par de publicaciones que parecen una llamada de atención del gobierno de Estados Unidos o de la opinión pública internacional para que el gobierno de México haga algo efectivo en la lucha contra el crimen organizado, y ajuste las acciones de manera pareja para todos los grupos y no siga favoreciendo al Chapo.

La revista Forbes publicó recientemente la lista de los hombres más adinerados del mundo y puso en el lugar 71 con mil millones de dólares producto del tráfico de drogas al jefe del Cartel de Sinaloa.

La segunda publicación fue la del diario inglés The Economist que, en un análisis de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, dio cuenta de lo favorecido que ha sido el narcotraficante sinaloense pues solo unos cuantos de sus aliados han sido detenidos, ninguno de importancia.

Forbes y The Economist ponen énfasis en lo destacado en que se ha convertido Joaquín Guzmán Loera y al hacerlo ponen de relieve la impunidad con la que ha actuado en los últimos diez años, pues va y viene por todo el país e incluso ahora se dice que se la pasa muy bien en Centroamérica, principalmente en Honduras.

Frente a estas publicaciones que demeritan la imagen de Calderón su equipo de gobierno ha tenido la maravillosa idea de montar una estrategia de daños desplegando una campaña de defensa en todas las embajadas y consulados mexicanos.

La primera señal de esta estrategia fue la que se dio hace unas semanas en contra de una reportera mexicana, Martha Durán, quien realizó un reportaje para una estación de radio de Noruega hablando precisamente de la buena suerte de El Chapo durante el gobierno de Calderón.

Las protestas de la embajada mexicana se le vinieron encima cuando escucharon el trabajo de la reportera e incluso se presentaron ante los responsables de la radio asegurando que todo era una mentira. Las pruebas presentadas por la reportera echaron para abajo los argumentos oficiosos de los funcionarios mexicanos quienes tuvieron que apechugar.

Al parecer la orden proveniente desde Los Pinos es protestar y condenar todo intento de afirmar que El Chapo es el protegido del gobierno de Felipe Calderón. Y esta orden es también para quienes se atreven a hacer el mismo señalamiento en el país, como lo hizo Manuel Clouthier, el hijo del famoso Maquío.

El diputado sinaloense realmente no reveló nada nuevo, sólo dijo que en Sinaloa el gobierno de Calderón no estaba actuando como en otros estados, lo cual se interpretó como si se refiriera a una protección al cartel comandado por El Chapo. En su intento por hacer voltear la atención hacia su estado llego a caer en el exceso de decir que la situación estaba peor que en Juárez por la vinculación del narco con la política.

Lo estridente de la declaración de Clouthier tuvo su efecto dentro del gobierno y en las filas del PAN. Lo acusaron de todo, principalmente de traidor, pidiéndolo que renunciara al partido, lo cual resultó ridículo pues nunca ha pertenecido al panismo sino que es un adherente.

Otro caso similar, aunque nunca menciono a cartel alguno, es el de Javier Aguirre. El entrenador de la selección nacional de futbol dijo en España que no se quedaría en México por los grados de inseguridad y violencia que existen. De alguna manera hizo una crítica a la ineficacia gubernamental en la guerra contra el crimen organizado. Casi de inmediato hubo una rectificación del Vasco Aguirre, al parecer le jalaron las orejas de Los Pinos y tuvo que recular.

Sin embargo, con esta acción en contra del legislador sinaloense, contra el entrenador de fútbol y la campaña desplegada en todos los cuerpos diplomáticos, lo único que ha hecho el gobierno de Calderón es ponerse el saco, aceptar implícitamente que se siente responsable de no actuar en contra del cartel de Sinaloa y confirmar que en su gobierno, por lo menos, el Chapo ha tenido mucha suerte pues hasta tuvo una boda en Durango sin que lo molestaran el ejército, las policías federal, estatal y municipal.

PRD arranca campaña para promover revocación de Calderón




México D.F., 26 de febrero (apro).- Legisladores federales y locales del PRD pusieron hoy en marcha una campaña nacional para promover la revocación del mandato del presidente Felipe Calderón.

Según Agustín Guerrero, diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la campaña “Para vivir mejor, renuncia Calderón” responde a la necesidad de cambiar las cosas en el país porque el Ejecutivo federal, dijo, ha convertido su mandato en un “desgobierno”.

Comentó que cualquier persona que no hace bien su trabajo es despedido y que, en el caso particular de Calderón, éste no sólo ha incumplido con sus promesas de campaña, sino que está visto que tampoco hacer bien las cosas.

Durante el anuncio de la campaña, el presidente del PRD en el DF, Manuel Oropeza, detalló que como parte de la campaña se llevará a cabo una consulta ciudadana los días 22,23 y 24 de mayo próximo para que los mexicanos opinen si quieren que Calderón permanezca o se vaya.

“Esto es una iniciativa ciudadana donde no solamente participa el PRD, es un acuerdo de congreso social que se llevó a cabo el 5 de febrero en Querétaro”, recordó el irigente perredista.

Presente en la rueda de prensa, la diputada Leticia Quezada, comentó que emprenderán una campaña de información para poner al tanto a la ciudadanía y que hagan sentir su presencia en la consulta nacional, cuyos resultados, dijo, serán entregados a la Cámara de Diputados para que los legisladores se encarguen de operar lo que la ciudadanía decida con Calderón.

Mi papá, que murió en 1998, volverá a pagar impuestos

Desfiladero
Jaime Avilés
A los 68 años y cinco meses de edad, el sábado 24 de enero de 1998, al cabo de una vida de trabajo, tormentas, naufragios y espectaculares victorias éticas y estéticas, murió de repente en su cama, leyendo un libro, Jaime Avilés Ortiz, mi papá. Hoy, una docena de años más tarde, gracias a Agustín Carstens y a las reformas aprobadas en diciembre por el PRI, el PAN, Convergencia, el Verde Ecologista, el Panal y los diputados del PRD leales a Jesús Ortega, a Manuel Camacho, a Carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón, mi papá, al igual que cientos de miles de mexicanos que ya no están en el más acá, volverá a pagar impuestos... desde el más allá.

¿Terrorismo fiscal de ultratumba? Quién sabe, pero lo cierto es que ahora en México los muertos no sólo votan en las elecciones por los candidatos de la oligarquía, sino que además tienen obligaciones con Hacienda y las pensiones que legaron a sus viudas sufrirán un recorte impositivo de 30 por ciento. Para tratar de comprender este escalofriante asunto, Desfiladero entrevistó ayer a don Antonio Vital, dirigente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, ex líder de las bases sindicales del Hospital General y activo participante del Foro Mundial de la Salud.

Pero comencemos por el principio, aclarando de antemano que toda la información que ustedes leerán en seguida, salvo cuando se indique lo contrario, es fruto de la experiencia y la sabiduría del señor Vital. Este se pregunta en voz alta: ¿qué es una pensión? Le respondo (para disimular mi ignorancia): ¿un lugar donde guardan sus coches los que no tienen garaje? Don Antonio ignora mi pésimo chiste y explica: una pensión es un salario mensual para el retiro, que el trabajador recibe cuando pierde la capacidad de producir debido a la edad, una enfermedad, un accidente o la muerte (en cuyo caso, el dinero lo cobra su viuda).

A lo largo de su vida productiva, los trabajadores pagan varias clases de impuestos, entre ellos el de la renta, que ahora les descuenta la tercera parte de sus ingresos, y uno más pequeño (faltaba más) con el que se forma el salario (la pensión) que percibirán cuando se jubilen. Los trabajadores de base de las empresas privadas, o sea los que cuentan con la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportan 3.5 por ciento de su salario al fondo de pensiones. Los que checan tarjeta en los relojes del gobierno federal, y están adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cotizan 6.25 por ciento para su futura pensión.

Hace tres o cuatro años, el Congreso estableció que los jubilados (incluso los muertos) también pagarían impuestos, pero la medida no se llevó a la práctica hasta que el “catarrito” del año pasado (léase, la peor crisis económica de los últimos 77 años) obligó a la caricatura de “gobierno” que todavía encabeza Calderón a dictar medidas para sacarnos la mayor cantidad posible de dinero a los vivos y a los muertos, con la natural excepción de los vivales (los grandes empresarios) y los vividores (la alta burocracia). (Ojo: este desafortunado juego de palabras no es de la autoría de don Antonio.)

El costo aproximado de todas las pensiones que el “gobierno” paga actualmente asciende a unos 120 mil millones de pesos, cantidad que Desfiladero desglosa de la siguiente forma, de acuerdo con el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: los 2.1 millones de jubilados del IMSS (dato de Antonio Vital) recibirán en conjunto 105 mil 361 millones 600 mil pesos, en tanto los 800 mil jubilados del ISSSTE, los 50 mil jubilados de los gobiernos estatales y los 20 mil jubilados del Gobierno del Distrito Federal (datos de Antonio Vital) se beneficiarán de los 15 mil millones de pesos restantes, pero una tajada muy abundante y generosa de esos recursos, puntualiza don Antonio, cubrirá las desmesuradas pensiones de los jubilados de lujo (ex presidentes de la República, ex magistrados, ex ministros y ex altos funcionarios del Poder Judicial, así como generales, almirantes y otros altos cargos de las fuerzas armadas en retiro) que, a diferencia de mi difunto papá, no pagan impuestos porque disponen de un sistema de fideicomisos que les permite evadirlos.
Esta es, pues, la nueva realidad de los jubilados mexicanos. Pero, ¿qué les espera a las próximas generaciones de adultos de la tercera edad? En definitiva, nada bueno. Pensando en cómo despojarlos de toda ilusión de descanso, recreo y tranquilidad económica en la vejez, los grandes empresarios y su testaferro, el titular de la Secretaría del Desempleo y la Desprotección Social, el guarura personal del magnate metalúrgico Germán Larrea, el privatizador de redes de fibra óptica chilangas, el tenebroso señor del coopelas o cuello, el porro calderonista de tiempo completo, Javier Lozano Alarcón, tiene lista una reforma laboral que en breve pasará de Los Pinos al Congreso.

Hoy por hoy, habemos alrededor de 15 millones de trabajadores activos que contamos con seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros), en tanto 28 millones más, en su mayoría empleados de industrias tan importantes como la automotriz, la farmacéutica y la del turismo, cuyos oficios (vendedores de coches, distribuidores de muestras médicas, comisionistas de agencias de viajes, etcétera) no están regulados por contrato alguno, por tanto no acumulan antigüedad ni tendrán derecho a jubilarse y “disfrutar” (valga la ironía) de una pensión.

Para obtener la jubilación y la pensión correspondiente, un trabajador adscrito al IMSS debe cotizar mil 250 semanas y cumplir 60 años de edad. Quienes giran en la órbita del ISSSTE deben, si son mujeres, acumular 28 años de servicio, y si son hombres, 30. De un largo tiempo a la fecha, los modernos empresarios han inventado un perverso mecanismo para ahorrar dinero. El ejemplo clásico, afirma don Antonio, es el del muchachito que empieza a trabajar en una firma a los 18 años y cuando 30 después sopla el pastel de las 48 velitas, pues ya cubrió la mitad del requisito para jubilarse: ya pagó sus mil 250 cuotas semanales. Pero aquí viene lo malo (o lo monstruoso): cuatro años después, cuando el hombre llega a la edad de 52, su patrón lo despide para no tener que pagarle la jubilación.

La reforma laboral que pronto estará en el centro de la atención pública (tal vez cuando arranque el Mundial de Sudáfrica) pretende, dice don Antonio, “precarizar” los contratos de esos 15 millones de trabajadores que hoy cotizan al IMSS, al ISSSTE o a otros. ¿Qué significa precarizar? Que los empresarios podrán desconocer los contratos colectivos de trabajo (he allí los casos de Luz y Fuerza del Centro y de la mina de cobre de Cananea), para que obreros y empleados pierdan su antigüedad y con ella su derecho a la jubilación y a su pensionsotototota de 2 mil o 3 mil pesos mensuales, menos 30 por ciento de impuesto sobre la renta.

Finalizada la entrevista con don Antonio, Desfiladero supo en otros ámbitos que, en el lado más oscuro de la luna, las alianzas electorales que Jesús Ortega (PRD), Alberto Anaya (PT), Luis Walton (Convergencia) y Manuel Camacho Solís (Carlos Salinas de Gortari) están haciendo con el PAN (Felipe Calderón) y con el PRI (Televisa y Tv Azteca) tendrán que ser pagadas con una sola moneda: la aprobación de la reforma laboral de Lozano. El Mundial empieza el 1º de julio, los comicios estatales serán el 4 y, luego, el cobro de facturas será inevitable.

En repudio a estas alianzas, a la corrupción de los chuchos y a la teocrática propuesta de Pablo Gómez para que los curas acaben con el Estado laico, el dirigente de base del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Suárez del Real, renunció ayer al PRD. Muchas y muchos más no tardarán en acompañarlo en estampida. ¡Por fin!

jamastu@gmail.com

La frontera


La crisis institucional en que la oligarquía en el poder ha hundido a México, al entregar el control de recursos e instituciones a Washington y al capital trasnacional e instaurar un sistema de poder cada vez más despótico –mal disfrazado de transición democrática”–, ha llegado a sus extremos el cuarto año del gobierno entreguista de Felipe Calderón, que está siendo puesto en evidencia todos los días como acontece con el caso de Ciudad Juárez.

1. Los hechos están a la vista de todos, pues la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos reformulada por George W. Bush y que Barack Obama ha hecho suya, ha tendido a controlar de manera más directa la frontera con México, incluso desde territorio mexicano, de la misma manera que las costas y el espacio aéreo mexicanos, de ahí que desde 2006 el Departamento de Estado haya impuesto a Calderón las políticas de violencia y de una falsa guerra contra el narcotráfico a fin de hacer posible, entre otras cosas, un mayor control de Washington de los aparatos de represión o “de seguridad” de ambos lados de la línea fronteriza.

2. El clima de terror que el gobierno calderonista ha creado y exacerbado en Ciudad Juárez y la zona fronteriza, utilizando a las fuerzas armadas y a los grupos paramilitares que ha creado a semejanza de los de Colombia, obedece, como se sabe, a esas exigencias estadunidenses tanto como a su propia necesidad de supervivencia política, y eso es parte de lo que se ha evidenciado tras la masacre de los jóvenes estudiantes el 31 de enero que desnudó al gobierno calderonista, hechos sobre los cuales el propio Calderón no ha podido dar una explicación creíble, según se vio en su balbuceante entrevista del 23 y 24 de febrero con Joaquín López Dóriga.

3. El artículo publicado por William Booth en The Washington Post (24/2/10), afirmando que Washington ha decidido una escalada en la participación de agentes estadunidenses en territorio mexicano para ayudar a la lucha “contra los dirigentes de los cárteles” en Ciudad Juárez, “la ciudad más violenta de México”, donde subraya que hubo más de 2 mil 600 ejecutados en 2009, es ahora un nuevo indicador de que la violencia desatada por el gobierno panista acatando los designios del Departamento de Estado ha tenido un objetivo preciso. De acuerdo con la nota, Estados Unidos va a crear en Ciudad Juárez un centro de mando con analistas y agentes de inteligencia para trabajar, se dice, junto con los agentes mexicanos “entrenados por la FBI y la DEA”.

4. Las señales de que el gobierno de Barack Obama tiene como un objetivo central de su política de seguridad interna hacer más directo su control sobre la frontera con México desde territorio mexicano, las confirmó Janet Napolitano, su secretaria de Seguridad Interna, quien el mismo día 24, al comparecer ante el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, expresó que “el imperio de la ley” se ha perdido en Ciudad Juárez, una urbe de millón y medio de personas, que se halla, hizo hincapié, al otro lado de un puente “de nuestra frontera”.

5. ¿A quién puede sorprender, por consiguiente, que en estos días en que el Senado de Estados Unidos decide el presupuesto y las políticas sobre México se produzcan nuevas matanzas como las de la frontera de Tamaulipas y de otros estados?
6. El anuncio público de esta escalada en la política de Washington hacia México no hace más que confirmar lo que ya se sabía: que agentes estadunidenses actúan en nuestro país desde hace años decidiendo las políticas del gobierno de facto calderonista sobre el narcotráfico y que las fuerzas armadas no hacen otra cosa que actuar bajo sus órdenes. El embajador Carlos Pascual al buscar matizar la información publicada no hizo más que refrendar desde Washington lo anterior ese mismo día, buscando minimizar el escándalo, pues asentó que Estados Unidos “no tiene agentes operativos” en México, lo cual quiere decir que sí tiene agentes de otro tipo y que las operaciones formales corren a cargo de las fuerzas armadas mexicanas y de la ahora llamada Policía Federal. Tenemos individuos “que son asesores técnicos”, dijo Pascual, y agregó que ahora buscan tener en México “consejeros”, según informó La Jornada el jueves 25. De manera que Calderón, quien ahora sólo es asesorado por Washington, en el futuro va a ser aconsejado.

7. Que el gobierno panista no tiene más proyecto nacional que hacer de México un protectorado estadunidense no es un secreto ya para nadie y Arturo Sarukhán, quien es formalmente embajador de México en Estados Unidos, pero en los hechos se presenta como un personero más de Washington, quiso contribuir a confirmar la situación al afirmar el mismo 24 que para el gobierno mexicano, que como se sabe violenta de continuo la Constitución General de la República, “el marco jurídico vigente” permite esta coordinación de ambos países: es decir, que funcionarios estadunidenses operen en territorio nacional como “consejeros”, lo que, para no ser menos, refrendó la Secretaría de Gobernación ese mismo día por la noche en un boletín.

8. La Cumbre de Cancún, que buscaba generar al gobierno panista de México otra imagen, no logró sus propósitos, pues en el continente todo mundo reconoce a México como un país satélite de Estados Unidos y este nuevo escándalo no hace más que evidenciar la realidad.

9. La entrega del país, que se empezó a llevar a cabo de manera encubierta desde hace 25 años y que a lo largo de los dos sexenios panistas se ha hecho de manera cínica y abierta, es responsabilidad, sin embargo, tanto de los gobiernos del PRI como de los del PAN. La afirmación que hizo el día 23 Carlos Salinas de Gortari en un seminario efectuado en el Centro Espinosa Iglesias de que la quiebra de bancos en 1995 fue “por seguir directivas de Estados Unidos” y de que hay que “mexicanizar” los bancos pretende a) levantar al PRI con una aureola de falso nacionalismo, pero también b) dejar sentado que su mafia pretende apoderarse de un grupo bancario, aunque no logra ocultar que fue Salinas quien privatizó la banca mexicana siguiendo instrucciones de Washington y que él ha sido el principal entreguista y traidor a México de nuestra historia reciente, junto, desde luego, con el panista Felipe Calderón.

10. El desafío que tiene México para el futuro inmediato no se le oculta ya a nadie en este 2010: el país no podrá salir de la crisis si el Estado no logra recobrar su poder soberano de decisión, y eso sólo lo podrá hacer un gobierno surgido del pueblo.

Los Dueños de la Democracia













Adicional:

Apertura ilegal de paquete electorales ordenada por el IFE


Sindicato alterno de Pemex, arrinconado de manera ilegal

*Contaba con más de 3 mil miembros, pero el registro actual es de 260
*Propalan mandos que desaparecer a la UNTPP es “asunto de Estado”

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado el 11 de diciembre de 2009.Foto Guillermo Sologuren

Enrique Méndez y Roberto Garduño


Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) denunciaron que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se ha negado a reconocer su carácter de nueva organización gremial adscrita a la paraestatal.

Por su parte, Jesús Zambrano (PRD), vicepresidente de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo –que se turnó a la Junta de Coordinación Política– para demandar al funcionario que acate el amparo concedido a favor de la UNTPP y la toma de nota que en diciembre le otorgó la Secretaría del Trabajo.

En conferencia de prensa, el secretario general de la unión, Didier Marquina Cárdenas, denunció que la mayoría de los afiliados y sus dirigentes han sido desalojados de los edificios e instalaciones de Pemex por agentes armados.

“Pemex cuenta con una gerencia de servicios de seguridad física, con personal que se encarga de resguardar las instalaciones, que tiene instrucción militar y porta armas de uso exclusivo del Ejército. Son paramilitares dispuestos a disparar y los utilizan las direcciones de recursos humanos y corporativa de administración para sacarnos de nuestros puestos de trabajo”, informó.

Refirió que la unión contaba con más de 3 mil afiliados, pero el registro más reciente –inscrito en la Secretaría del Trabajo– es de sólo 260, “en contra de quienes la dirección general de Pemex se ha ensañado, llamándolos uno por uno, en sus centros de trabajo, para presionarlos a que firmen su renuncia”.

Mientras, Zambrano sostuvo que la negativa de Suárez Coppel a reconocer las relaciones laborales con la unión se debe a la relación con “la mafia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ejerce un indiscutible peso” en las decisiones que asume la empresa.

“A pesar del reconocimiento a esta organización, continúa una campaña de agresiones, amenazas, despidos y violaciones flagrantes a distintas disposiciones legales y al propio fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje” que favorece a los trabajadores, señaló.

Refirió que a una de las afiliadas a la unión se le suspendió la atención médica, mientras otro de los dirigentes gremiales fue despedido.

“Se ha llegado al grado de, con descaro absoluto, circular opiniones desde los altos mandos de Pemex, en el sentido de que la desaparición de la unión es un asunto de Estado y de supervivencia de la empresa, seguramente por pactos con la mafia petrolera.”