domingo, noviembre 22, 2009

Zelaya quiere salir de la trampa tendida por Washington


Barómetro Internacional

El presidente constitucional rechaza ahora el acuerdo del 30 de octubre

Ernesto Tamara

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, intenta salir de la trampa que le tendió Estados Unidos y la dictadura imperante en su país, al rechazar ahora el acuerdo denominado Tegucigalpa-San José firmado el pasado 30 de octubre, después que el Congreso retrasa su restitución y tras el anuncio de Estados Unidos de reconocer el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre aunque para entonces continúe imperando la ruptura del orden constitucional.

El pasado sábado 14 de noviembre, Manuel Zelaya envió una carta al presidente norteamericano Barack Obama, donde detalla las negociaciones realizadas a todo nivel desde su destitución, detención y expulsión del país tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado, y le recuerda su anunciado compromiso con la democracia, y la promesa de un nuevo tipo de relaciones con América Latina, ofrecida en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago a principios de este año.

En la misiva Zelaya explica porque rechaza ahora el acuerdo que aceptó el pasado 30 de octubre, y revela su decepción por el nuevo cambio de la política exterior norteamericana sobre el proceso hondureño.

Como ya muchos analistas advertían antes, la dictadura hondureña, encabezada por Roberto Micheletti, nuevo vicepresidente de la Internacional Liberal, entró en el proceso de negociación sólo para darle largas al asunto e imponer el candidato a presidente que resulte de las limitadas elecciones nacionales del próximo 29 de noviembre.

La dictadura hondureña ha aceptado negociar en cada instancia mediadora presentada a los pocos días del golpe de Estado, y siempre ha logrado evitar comprometerse a un acuerdo o cumplir con la parte que le toca. El acuerdo último, impulsado decididamente por Estados Unidos, y rubricado el 30 de octubre, preveía la conformación de un gobierno de unidad nacional y la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia para cumplir el mandato que caduca en enero próximo. La trampa del acuerdo establecía que la restitución de Zelaya debía ser resuelta por el Congreso, la Asamblea Nacional, la misma que había avalado el golpe de Estado al destituirlo después de su expulsión del país.

Una vez llegado a ese acuerdo, la Asamblea Nacional dio largas a la discusión parlamentaria de la restitución de Zelaya, argumentando que ese órgano legislativo está en receso y que sus diputados están inmersos en la campaña electoral.

De esta manera, por la vía de los hechos, la dictadura pretende llegar a las elecciones, dentro de una semana, dejando a Zelaya encerrado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece alojado desde el 21 de septiembre pasado. No sería nada extraño que el presidente electo en esta farsa de elecciones libres, hasta indulte o convoque a Zelaya al traspaso de la cinta presidencial para legitimar su gobierno.

Zelaya rechaza el acuerdo

El mandatario constitucional anunció que el acuerdo del 30 de octubre ha quedado nulo al no cumplir la dictadura con sus compromisos. Zelaya tuvo que explicar que su rechazo al acuerdo no significa un abandono de su cargo. "Mi período presidencial termina el 27 de enero de 2010", señaló Zelaya en una entrevista para la estación hondureña Radio Globo. Afirmó que ni el Congreso Nacional ni la Corte Suprema de Justicia lo pueden sacar del mando, y que esos poderes del Estado le levantaron falsos juicios para justificar su derrocamiento y después designar a Roberto Micheletti como presidente de facto.

El mandatario constitucional indicó que la carta que envió al presidente de EE.UU., Barack Obama, en la que le dice que no aceptará "ningún acuerdo de retorno a la presidencia para encubrir el golpe de Estado", la realizó en su calidad de presidente de Honduras, y explicó que no ha renunciado al poder y criticó al actual gobierno de Estados Unidos a cuyos miembros dijo que "no son descendientes de (Abraham) Lincoln". "Como Presidente no voy a hacer ningún acuerdo. Yo renuncio a seguir hablando con el señor Micheletti, renuncio a seguir aceptando este diálogo falso, mentiroso, que (para) lo único que ha servido es para fortalecer al régimen y para debilitar a los Estados Unidos, que fue el que se debilitó", subrayó. "Cuando está cambiando Panamá, por ejemplo, es por instrucciones de ellos mismos" (Estados Unidos), subrayó Zelaya al referirse a la decisión del gobierno panameño que reconocerá las elecciones hondureñas del 29 de noviembre próximo.

El presidente legítimo de Honduras aseguró en su misiva dirigida a Obama que era "una disposición firme de no aceptar ya ninguna restitución que humille al pueblo hondureño ocultando la ilegalidad en que vivimos y la represión militar a que está sometido el pueblo más humilde", expresó.

Cambio de postura de EE.UU.

El senador demócrata estadounidense, John Kerry, consideró que el acuerdo del 30 de octubre fracasó por el abrupto cambio de postura de la Casa Blanca frente a Honduras, al anunciar que avalaría los comicios, independientemente de si Zelaya era restituido o no. "Reconocer las elecciones aún cuando el régimen de facto no cumpla con sus compromisos causó el fracaso del acuerdo que el propio Departamento de Estado ayudó a negociar", dijo John Kerry, jefe de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Diferentes gobiernos latinoamericanos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Río y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) anunciaron que continuarán con su postura de no avalar el proceso si no es restituido el orden institucional. Además, más de 240 académicos de universidades estadounidenses enviaron una carta al presidente Barack Obama, en la que le piden no aceptar los comicios, si antes no se repone a Manuel Zelaya.

Denuncia la misiva que Honduras se encuentra al borde de un precipicio porque el régimen de Roberto Micheletti pretende seguir adelante con la campaña para legitimar su gobierno ilegal e inconstitucional. "Con su disposición de reconocer estas elecciones, Estados Unidos va a contracorriente y en la dirección opuesta a la del resto del continente", advierten los expertos.

Zelaya denuncia retorno al pasado

Al mismo tiempo de enviar su carta al presidente Obama, el presidente constitucional de Honduras acusó al gobierno de los Estados Unidos de regresar a antiguas tácticas del pasado, cuando apoyaba abiertamente a los golpes militares en América Latina.

Dejando de lado el lenguaje diplomático, Zelaya criticó al papel desempeñado por Estados Unidos en la crisis desatada por el golpe de Estado en Honduras, al tiempo que aseguró que son cada vez más evidentes las pruebas de complicidad de EE.UU. para consolidar al régimen de facto. Parte de los hechos que prueban las acusaciones de Zelaya, son por ejemplo las múltiples reuniones que a lo largo de los últimos cuatro meses se han sostenido con las principales autoridades norteamericanas, que en público afirmaron defender la restitución de Zelaya en su cargo.

No obstante, funcionarios del Departamento de Estado en sus últimas declaraciones han puesto el énfasis en la celebración de las elecciones del próximo día 29, rechazadas por los sectores antigolpistas de Honduras. “Nos han dejado a la mitad del río diciendo ahora que su prioridad son las elecciones y no la restitución de la democracia”, dijo Zelaya a la emisora costarricense ADN Radio.

“El presidente Barack Obama nos ofreció en Trinidad y Tobago a todos los presidentes de América que él era el futuro, que íbamos a ver un Estados Unidos diferente”, recordó Zelaya. “Pero hoy -subrayó- han dejado de ser el futuro para ser el pasado nuevamente, el de los golpes de Estado, de las elecciones impuestas, de los fraudes electorales”, insistió Zelaya.

El Frente de Resistencia rechaza los comicios

El Frente Nacional contra el golpe de Estado, que lidera la resistencia popular contra el gobierno de facto, en su último comunicado condenó el intento de Estados Unidos de legitimar la asonada militar mediante los comicios.

Denunciamos la actitud cómplice del gobierno de Estados Unidos que maniobró para dilatar la crisis y ahora muestra su verdadera intención de validar el régimen golpista, afirmó en el texto. Apunta que el interés real de Washington es “asegurar que el siguiente gobierno sea dócil a los intereses de las compañías transnacionales y su proyecto de control regional”.

El Frente, una alianza de los sectores populares y partidos antigolpistas, anunció que desconocerá los resultados de los comicios, al considerarlos una farsa para asegurar la continuidad del poder de la oligarquía.

ernestotamara@gmail.com

Construyendo un “enemigo a medida”

Barómetro Internacional

Lic. Carlos A. Pereyra Mele

En la última semana, se conocieron los alcances del acuerdo que firmaran Estados Unidos y Colombia, sobre la instalación de bases militares, que son motivos de preocupación continental. Al mismo tiempo se ha profundizado la conflictividad en la frontera colombiana- venezolana.

Para comprender lo que se esta desarrollando en nuestro continente debemos establecer algunos hitos previos para comprenderlos. Los Estados Unidos con la desaparición (implosión) de la Unión Soviética en 1989, se encontró sin el “enemigo clásico” que había forjado para la cual construyo una serie de doctrinas y estrategias para contenerlo y destruirlo. El fin de ese “enemigo” lo encontró sin una política estratégica alternativa para sustituirlo y seguir manteniendo su innegable superioridad militar y tecnológica.

Sus tanques de ideas (tink thank), comenzaron a gestar los nuevos objetivos estratégicos y de seguridad nacional para mantener su hegemonía y control planetario logrado. De las ideas fuerzas que de allí surgieron, el gobierno de Estados Unidos y su complejo militar e intelectual adopto la opción estratégica que planteo en 1997 lo que se conoce como: “Proyecto para una nueva centuria americana” (PNAC en ingles) , concretamente es: “el siglo XXI, es el siglo americano”. Estados Unidos había alcanzado el cenit del poder mundial y dirigía el proceso de globalización asimétrica que impuso, sus planificadores conocedores de la historia que acarrea esa posición nunca estable y con la cual se inicia el proceso de declinación. Establecieron los fundamentos de cómo mantener esa posición y para ello recurrieron a nuevos paradigmas como son: elegir un enemigo, pero fundamentalmente: interferir en el desarrollo de los posibles competidores, incentivando las causas que puedan debilitarlos (divisiones, separatismos, conflictos étnicos, sociales o religiosos, etc.), esta es la teoría que desarrollo el geopolítico polaco-norteamericano Brzezinski (hombre de la trilateral y asesor del presidente Obama), y para concretar estos planes tienen que converger todos los esfuerzos en la creación de un enemigo que reemplace al soviético, y allí el papel del complejo intelectual yanqui fue determinante, ya que fijo sus líneas en la doctrina que desarrollo el prof. de ciencias políticas Samuel Huntington que aporto al nuevo enemigo con su tesis del “choque de civilizaciones”. A partir de ello Estados Unidos creo nuevos “enemigos” desplazando al del fenecido del este por el enemigo del sur y luego estableció un listado de estados canallas o eje del mal (Libia, Irán, Corea del Norte, Servia e Irak).

Llamativamente el proceso que se profundiza a partir del 11 de septiembre con el ataque “terrorista” a Nueva York y del que no participan ninguno de los elegidos como eje del mal, pero que si comprometían a varios países “aliados” de USA en este ataque, como lo es Arabia Saudita (los atacantes eran saudíes, así como su jefe Bin Laden) y Paquistán (a través de sus servicios de inteligencia que actúan independiente de quien gobierne en Islamabad, este ultimo país, potencia nuclear regional). Demuestra la certificación de la aplicación de estos nuevos paradigmas.

Como todo plan, el proyecto del SXXI siglo americano, empezó a tener sus contradicciones y problemas que no habían sido contemplados. Y varios fueron y son esos problemas que describiremos rápidamente, el principal fue que por el mismo efecto de la globalización que se impuso, resultaría en el resurgimiento de antiguas potencias: China y Rusia y de nuevas potencias emergentes: Brasil e India, que en la actualidad se los identifica como el BRIC una estructura que no es confiable para los estrategas de Washington, y que le compiten por el control de los recursos a nivel global.

También se sobrevaloró el gran desarrollo tecnológico de su súper complejo militar industrial, y que con ello bastaría para “atemorizar, aterrorizar y aniquilar” a esos enemigos elegidos por su debilidad. La realidad de las durísimas condiciones de los dos conflictos en que esta enfrascado Estados Unidos con resultado final dudoso, para las pretensiones Norteamericanas y de sus aliados, que en la práctica no contemplaron las experiencias militares de la guerra de Corea y de Vietnam o de los bombardeos masivos sobre la Europa ocupada en la segunda guerra mundial, que no lograron el resultado buscado sino al contrario alimentaron mas la resistencia de las poblaciones civiles bombardeadas.

Hoy la parálisis del pantano Iraquí y las pérdidas territoriales en Afganistán (conocido éste como la tumba de los imperios: pues allí fueron derrotados los ingleses y los soviéticos), pone al descubierto las debilidades de la idea de la superioridad basada en el fetiche tecnológico únicamente (que fue muy útil para vencer a ejércitos del tercer mundo), pero que no puede derrotar a poblaciones que consideran al ocupante como un invasor y no un libertador, y que este invasor además comete el error de imponer a gobiernos títeres y corruptos, que solamente se sostienen por la fuerzas de las armas norteamericanas o de la OTAN en el caso del Afganistán.

También escapó de toda planificación global, la crisis financiera económica que desarrollo “el sistema” con base en los bancos de Estados Unidos y Europeos, crisis de la que se está lejos de salir, por mas tranquilizadores mensajes que se transmitan por los medios de comunicación masivos que dominan, y que además pone en duda como seguir sosteniendo el impresionante déficit creado para sostener bancos y guerras que están lejos de considerarse victoriosas.

Todo esto nos debe introducir en el análisis de lo que esta ocurriendo en nuestro continente suramericano, a América central y del Sur. Se nos aplicó la globalización asimétrica, con el “Consenso de Washington”, con las graves consecuencias socio económicas que conocemos y que para poder llevarla a cabo se impuso un sistema político administrado por una “Vulgata política” (Vulgata entendida por la mediocridad de clases dirigentes sin pensamiento estratégico propio, simples administradores de conflictos que además no pueden resolver) y que estas “clases” necesariamente deben aplicar una “democracia de baja intensidad” o sea procedimental pero no participativa ni inclusiva, para mantenerse en el poder, allí debemos encontrar las claves de las crisis políticas recurrentes en América.

A causa de lo descrito, empezaron a desarrollarse bolsones de resistencia que obligaron a varios piases suramericanos a transitar por caminos no “convencionales” y diferenciarse de los que se les había planificado para cada uno de ellos. Esto condujo a la creación de nuevos esquemas y espacios que se opusieron al proyecto homogenizador que ya describimos. Estructuras como el ALBA, MERCOSUR, Grupo Río, UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano, Banco del Sur, etc. Fueron y son las consecuencia, de la resistencia a la globalización en nuestra región, evidentemente que dentro de este esquema lo que mas le preocupa a Estados Unidos, es el crecimiento de Brasil, que lo pone en el camino de ser un competidor directo en su región y de allí las luces amarillas encendidas entre los planificadores del norte.

Y en este marco conceptual debemos empezar a comprender los recientes despliegues militares de USA en Colombia (país que perfectamente se le podría aplicar la teoría de estado fallido, país que no controla su espacio y no pude garantizar los derechos y las obligaciones a todos sus ciudadanos). Lamentablemente que un país de la importancia de Colombia sea arrastrado por su dirigencia política a esta aventura militarista es riesgoso y peligroso, pues por ser el eslabón más débil es utilizado por los planificadores de USA para América del sur. Puede ser la herramienta optima para impedir y paralizar los difíciles pasos que se están dando en el continente para unirse y desarrollarse como un Espacio Continental Industrial, que es la tendencia mundial actual, que confronta con un mundo global dominado por USA.

Se ha lanzado a circular por los medios masivos de comunicación en América, la idea de que existe una “carrera armamentista”, una falacia insostenible, los principales organismos mundiales que monitorean el gasto y la inversión en el mundo destacan que el nuestro es el continente que menos gastos realiza en armamentos. El gasto militar de la región en 2008 (34.070 millones de dólares) equivale al 2,6% del gasto mundial, que encabezó Estados Unidos, con 607.000 millones de dólares deficitarios de su presupuesto. Según el estudio anual del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La pregunta que realmente nos deberíamos hacer los suramericanos, para dejar las cosas bien en claro es: ¿quien en nuestro continente posee?: portaviones nucleares, submarinos nucleares, bases militares en todo el mundo (mas de 850), satélites militares, tiene una historia nefasta de intervenciones y atropellos a la soberanías (incluyendo los apoyos a golpes de estado) en América, y que además cuenta con arsenales de armas de destrucción masivas como: bombas atómicas, biológicas, químicas, etc. La pregunta tiene una sola respuesta: los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces cual es el peligro o amenaza a su seguridad nacional que puede provenir de nuestra región. La única respuesta lógica es que EE.UU. aplica su teoría en nuestro continente: eligiendo un enemigo débil (Venezuela) y tratar de impedir la consolidación de una potencia emergente (Brasil), que ponga en juego su superioridad actual. Y por ello decimos que se esta construyendo un enemigo a la medida. Seguramente veremos incrementarse los conflictos internos en el continente y que los mismos puedan llevarnos a causas bellis que terminen militarizando todo conflicto político.

Para ilustrar al lector, analizaremos muy sintéticamente algunos artículos del acuerdo colombo estadounidense, para la instalación de las nuevas bases y así ratificaremos la matriz de lo que venimos sosteniendo. El tratado en cuestión se llama: “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América.”

Y que demuestra en sus articulados principales la perdida de la escasa soberanía que detenta o que le quedaba al estado “cuasi fallido de Colombia”, el acuerdo contiene un preámbulo y XXV artículos, es importante aclarar que la Republica de Colombia ha pedido asistencia militar a Estados Unidos desde 1952, lo cual demuestra la larga situación de inestabilidad que vive dicha republica y que después de 57 años de profundizar esa relación no ha logrado estabilizar la republica. Son cinco las bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país que incorpora el acuerdo: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga. Las bases harían parte de la nueva “arquitectura del teatro”, como ha llamado el Comando Sur a la extensa red de facilidades y funciones militares en América Latina y el Caribe.

Con el argumento “legal” de la lucha contra el narcotráfico o narcoterrorismo como mejor le gusta decir a los estrategas de Estados Unidos, se hace el presente acuerdo. Base ésta, solamente argumental, ya que en 10 años de la aplicación del famoso “Plan Colombia” inaugurado por el presiente Clinton para combatir la producción y venta de cocaína, podemos afirmar a esta altura que los resultados no se lograron, y que la “guerra” se “perdió” ya que los grandes carteles se reorganizaron en minicarteles y la producción se amplió y se diversificó incorporando la heroína y el opio a la “oferta” de los minicarteles colombianos.

Para no agotar al lector nos reduciremos a los artículos más trascendentes del mismo y las consecuencias de los mismos.

Articulo VII del Status de los integrantes de las bases:
“Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.(…) personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible.(…)
Articulo IX: Documentación para entrar, salir o viajar
El (….) personal registrará sus entradas y salidas del territorio colombiano, con la debida documentación de identidad (militar o civil) expedida por los Estados Unidos, sin la necesidad de presentar pasaporte o visa. El personal civil y las personas a cargo que no sean titulares de pasaporte de los Estados Unidos podrán ingresar con visa de cortesía.(….) Colombia facilitarán los procedimientos de migración para la entrada y salida sin demora de Colombia del personal de los Estados Unidos, las personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que entren o salgan de Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
Articulo X Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
(….) presentarán las declaraciones de aduanas de los bienes importados o exportados para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, los cuales obtendrán el levante automático, en virtud del cual no serán objeto de inspección

Articulo XII Contrataciones
(….)Los Estados Unidos podrán adjudicar contratos a cualquier oferente y llevar a cabo obras de construcción y otros servicios con su propio personal. De conformidad con la política de los Estados Unidos de que el procedimiento de solicitud de contrato sea abierto.
Artículo XIV Facilitación administrativa
(….) en el marco del presente Acuerdo, recibirán de las autoridades colombianas toda la colaboración necesaria con respecto a la tramitación sin demora de todos los procedimientos administrativos.
Artículo XVI Seguridad
(….)Las Partes Operativas desarrollarán protocolos y establecerán responsabilidades para la seguridad, acceso y uso de las instalaciones, y equipos para los cuales los Estados Unidos requieren medidas de seguridad especiales.
Artículo XVII Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales
(….)las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de las licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia.
Artículo XXII Facilitación de los observadores aéreos
(…) las autoridades de los Estados Unidos facilitarán la estadía de los observadores aéreos de terceros países en las instalaciones y ubicaciones convenidas

Como podemos apreciar en la simple lectura de estos párrafos de algunos de los artículos del mencionado acuerdo, la “libertad” que disponen los efectivos norteamericanos no solo es amplísima, sino que incorpora a militares, contratistas y civiles norteamericanos que operan en las bases. Aquí debemos abrir un interrogante, desde la gestión Bush, Estados Unidos procedió también a una especie de “privatización” de la guerra, contando el pentágono con fabulosas cifras para pagar a esta nueva versión guerrera de los perros de la guerra o sea los mercenarios, que ahora operan como “contratistas de seguridad” como la famosa empresa “BlackWater” quien ya anuncio su decisión de expandir en Latinoamérica sus servicios y negocios, estos “expertos en seguridad” tiene amplia libertad de operaciones ya que no tienen que ceñirse a las leyes ni siquiera de los estados unidos, recordemos su accionar en Irak donde las denuncias de torturas y asesinatos acompañan permanentemente a esta “empresa”.

Otro tema no menor es el ingreso de materiales y salida de los mismos de Colombia sin las “inspecciones” de las autoridades aduaneras (¿ocurrirá como durante la guerra de Vietnam que los aviones Hércules que regresaban a estados unidos transportaban toneladas de heroína y opio del sudoeste asiático?).

Otra característica de este acuerdo que oportunamente fueron rechazados por Brasil y Argentina para realizar maniobras conjuntas de sus fuerzas armadas en sus territorios con Estados Unidos es el carácter de “personal diplomático” que se les otorga a los participantes del acuerdo y por esa razón cualquier acción criminal de esos efectivos no puede ser juzgado en territorio colombiano y no se les puede aplicar las leyes penales de Colombia sino juzgados por las leyes y tribunales norteamericanos (recordemos los “juicios” en Estados Unidos a los torturadores de Abu Gahabi -Irak-, que concluyeron sin condena a los culpables y que estos fueran descubiertas por las fotos de los celulares que se enviaban los responsables y no por las investigaciones de las autoridades del penal en cuestión)

Es evidente que Colombia entro definitivamente en la era del “realismo periférico” que desarrollo el argentino Carlos Escude, (nueva teoría de la dependencia a favor del primer mundo) autor de las nefastas “relaciones carnales” en la década Menemista, a Colombia también la teoría de Estado Fallido le encaja perfectamente.

Pero queremos profundizar más los nuevos riesgos que acompañan a este acuerdo firmado por 10 años y prorrogable por otros 10. Pues estamos en presencia de un plan estratégico del Pentágono y del Comando sur que supera a cualquier administración gubernamental estadounidense (las cuales duran 4 años).

En el propio sitio de la Cancillería de Colombia se publicó que a partir de ahora los aviones de USA podrán usar todos los aeropuertos civiles de Colombia, esto también lo aseguró el Sr. Uribe a la prensa. Barranquilla, San Andrés y Cartagena (Caribe, norte), Bogotá (centro), Cali (sur), Medellín (noroeste) y Bucaramanga (este). Habrá personal extranjero en tierra en estos aeropuertos (para abastecer de combustible y en algunos casos revisión técnica). Y, un documento oficial de la fuerza aérea norteamericana nos indica las verdaderas intenciones de las bases en Colombia. Este informe es clarísimo: pues indica la utilización de las bases no son sólo para combatir el narcotráfico en el territorio colombiano, y que ese punto es secundario, ya que considera que la base de Palanquero: “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Esto hecha por tierra las declaraciones del Sr. Presidente Uribe que su acuerdo con Estados Unidos no afectaría a sus vecinos.

El documento en cuestión dice taxativamente:… Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

Es evidente que si se tienen que preocupar los vecinos, ya que están, como venimos sosteniendo construyendo un “enemigo” que a la postre no le resulte difícil destruir pero fundamentalmente el punto mayor de esta estrategia es impedir el desarrollo y el despegue de Brasil, llevándole situaciones de instabilidad en su frontera y también si es preciso agudizar los conflictos internos de la misma. Reciente mente un ex ministro de defensa de Colombia amenazaba a su pais vecino que tras la firma del tratado con Estados Unidos diciendo: los días de Chávez están contados. También en las últimas horas se conocieron declaraciones de la cancilleria brasilera, de que Brasil debe modificar los acuerdos con EE.UU. por la implementación de las bases.

Esto nos debe preocupar a todos los latinoamericanos, ya que el argumento de la lucha contra el narcotráfico como vemos es pueril (Estados Unidos con el 5% de la población mundial consume el 60% de la producción mundial de drogas y podemos apreciar el escaso éxito en la lucha contra la misma en ese pais)

Y como oportunamente ya se afirmó, el Comando sur con sede en Florida que este año aumentó su presencia continental con la reactivación de la IV Flota, actúa como el procónsul imperial con amplísimas facultades que se exceden a sus aspectos militares, y por ello los objetivos declarados sobre la Base de Palanquero, nos debe poner en estado de alerta, ya que el mismo documento de la fuerza aérea norteamericana explicita sus funciones:… “también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

En un mundo en fuertes luchas por imponer el multilateralismo contra el unipolarismo estadounidense, se entienden estos pasos adoptados por la Republica Imperial para asegurarse su supremacía global, ya que ve peligrar seriamente su hegemonía y mucho más después de su descalabro económico financiero. EE.UU. va perdiendo terreno en lo económico con la presencia de China en Suramérica que ya lo desplazó como socio comercial principal de Brasil, mas las fuertes inversiones Chinas que se están realizando en varios países del continente. Otra preocupación mas de los estrategas del norte es la aparición del otro miembro del BRIC, Rusia, en el continente, y por ello los medios de comunicación afines a la republica imperial lo presentan como el proveedor de armas de los gobiernos anti-norteamericanos, cuando en realidad Rusia es un jugador económico y geopolítico en nuestro continente, y todo ello deteriora el poder que tradicionalmente tuvo EE.UU. en la región.

De allí su preocupación y su accionar para frenar o revertir estos acontecimientos que lo debilitan. Y también es un reconocimiento de nuestra importancia como sudamericanos en el nuevo orden mundial a establecerse, en especial Argentina y Brasil (el eje o núcleo duro de América del sur), que están destinados a ser la cabeza visible del continente con medidas y estrategias convenientes para frenar esta ofensiva imperial y resistir los embates del mismo, sin caer en las provocaciones que seguramente se desarrollarán a partir de nuestras debilidades y contradicciones. Sería también muy ingenuo olvidar las lecciones de la historia que nos indica que cuando los imperios declinan su poder es cuando mas agresivos y destructores se vuelven, El periodista Enrique Lacolla escribió sobre esta actitud de USA: Todos los movimientos del Imperio después de la caída del Muro apuntan a una exacerbación de sus rasgos más rapaces. No sólo en el plano económico sino también el militar. Los atentados del 11/S suministraron el pretexto ideal (¿demasiado ideal, quizá?) para desatar una fuerza bélica largamente retenida: las invasiones a Irak y Afganistán, la desestabilización de áreas claves como los países del Asia central para sustraerlos del influjo ruso, la agitación en el Tibet, los oscuros manejos en Pakistán, los síntomas de una reactivación de las ingerencias norteamericanas en América latina, parecen estar dirigidos al sostén de un poder global más allá de cualquiera de sus propias problemas internos y a cercar y si es necesario destruir a los adversarios que pueden disputarle el control de las reservas naturales del planeta, factor determinante para la consolidación o la precarización de un poder hegemónico.

La respuesta de los países latinoamericanos debe ser profundizar las alianzas e integración del continente, ya que nuestra fortaleza fundamental está en el control de nuestros recursos naturales renovables y no renovables y plantarnos como un nuevo espacio continental industrial como los que se están consolidando en el mundo, como son el caso del: Nafta, UE, Grupo de Shangai, etc. Para nosotros solo una insubordinación fundante continental nos permitirá ser parte de la historia del siglo XXI. La historia nos vuelve a poner a poner ante una decisión irreversible, como hace 200 años cuando decidimos dejar de ser colonias europeas.

licpereyramele@gmail.com

Fuentes:
Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica
Editorial Biblos 2009
BlackWater: http://www.radiocable.com/mayor-ejercito-mercenarios-al-descubierto654.html
Zbigniew Brzezinski: http://es.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski
Samuel Phillips Huntington: http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Phillips_Huntington
Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América. http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/noviembre/03/acuerdo.pdf
DOCUMENTO OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA DE EEUU
http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/original_in_english_air_for.pdf
El reingreso a la Historia, Enrique lacolla:
http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=158

El gobierno paraguayo afronta grandes retos para seguir con el cambio

Barómetro Internacional

Luismi Uharte

Hace año y medio, en un artículo escrito en el marco de la histórica victoria del 20 de abril de 2008 por parte de la sui generis Alianza Patriótica para el Cambio (APC), liderada por el ex obispo Fernando Lugo, aludíamos a la posibilidad del inicio de una «nueva era» en Paraguay, tras más de 60 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Colorado, 35 de ellos (1954-1989) en dictadura.

Hoy, un año después de la asunción de mandato en agosto de 2008, la coyuntura actual nos muestra por un lado, un gobierno que supuestamente apenas ha avanzado en su agenda de cambio, con la consiguiente reducción de la popularidad del jefe del Ejecutivo, pero paralelamente un ataque furibundo de la oposición de derecha, amenazando con un «golpe legislativo» (juicio político) y con el fantasma del «golpe militar» que en días recientes se ha lanzado al exterior. ¿Por qué tanta reacción de la «reacción», si supuestamente casi nada ha cambiado?

Balance del primer año

Para poder comprender la actual situación del país y la oposición furibunda de los poderes tradicionales hay que realizar una evaluación rigurosa de los primeros quince meses de mandato.

Como es lógico, la política social iba a ser el área donde mayor seguimiento y control realizaría el conjunto de la ciudadanía y, particularmente, los sectores populares y empobrecidos, en un territorio donde los indicadores sociales son los más retrasados del sur del continente, junto a Bolivia, y donde las estadísticas se parecen más a Centroamérica que a la media de los países de la región.

La angustia de la masa empobrecida durante décadas no permite un análisis colectivo sereno de la política social gubernamental, ya que demanda, como no podía ser de otra manera, soluciones urgentes y eficientes. Por ello, las encuestas han reflejado ciertos niveles de desesperanza en este terreno, que lanzan una señal de alerta al Ejecutivo de Lugo.

El programa Tekopora de transferencias monetarias condicionadas, ha triplicado -de 15.000 a casi 50.000 familias- la ayuda económica de casi 50 dólares [34 euros] mensuales que otorga, pero sigue reproduciendo la lógica asistencialista del fracasado paradigma de política social neoliberal. El área de salud pública ha sido el que ha logrado mayores avances comparativos, principalmente por la duplicación de la asistencia sanitaria gracias a la implantación progresiva de la gratuidad.
La política exterior es el terreno donde el gobierno ha logrado mayores réditos, ya que como certeramente nos apuntó en una entrevista Gustavo Codas, asesor internacional del Presidente, se observa claramente una «voluntad del gobierno de actuar como Estado soberano», actitud que no se percibía desde posiblemente la época del Paraguay independiente con los gobiernos del doctor Francia y de los López (1811-1865).

El acuerdo firmado por Lugo y el presidente brasileño, Lula Da Silva, el 25 de julio de este año, triplicando los ingresos paraguayos (de 120 a 360 millones de dólares, de 80 a 242 millones de euros) por la venta de su energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú es, sin duda, el mayor logro. De la sempiterna sumisión colorada a Brasil, se ha pasado en un año a defender con notable dignidad los derechos soberanos de Paraguay ante el gigante vecino. A su vez, la negación del permiso de maniobras militares a EEUU en el marco del operativo «Nuevos Horizontes», es otro hecho histórico para un país que en el marco de la guerra fría fungió como fiel aliado del imperialismo yanqui. La posición de observadores en el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) y el reimpulso del proyecto Urupabol (Uruguay-Paraguay-Bolivia), son otros ejemplos significativos del giro diplomático de este Ejecutivo.

En el ámbito de la política institucional, las deficiencias y las resistencias al cambio son profundas. En primer lugar, debemos rescatar la reflexión que compartió con nosotros José Nicolás Morínigo, uno de los más renombrados sociólogos paraguayos, cuando advertía de que este gobierno «no tiene una hoja de ruta», una «orientación clara». Efectivamente, esto es así por dos factores: por un lado, por la extremada diversidad ideológica del gobierno -desde la izquierda marxista hasta la derecha tradicional- que dificulta un consenso ideológico y programático; y por otro lado, por la postura dubitativa de Lugo, que maniobra para tener contento a todos los sectores de la APC, pero sin posicionarse nítidamente por alguno.

Golpe legislativo

Paralelamente, el bloqueo estructural que aplican sistemáticamente los otros poderes del Estado, principalmente el Legislativo, dificulta aún más las posibilidades de cambio. El Parlamento, donde tienen mayoría aplastante los partidos de derecha, se ha convertido en un saboteador de cualquier ley mínimamente progresista y popular. De hecho, su constante amenaza de activar el «juicio político» contra el Presidente, lo que traería su destitución, ha convertido al Congreso en la vanguardia del golpismo, en este caso, «golpe legislativo», que tiene similitudes con el «modelo hondureño».

Si existe un terreno donde la continuidad ha sido manifiesta, éste es el de la política económica, posiblemente porque también es el área más compleja y reactiva al cambio. La designación de Dionisio Borda como ministro de Hacienda es el indicador más evidente. Ministro también durante el anterior gobierno colorado de Nicanor Duarte, Borda es fiel seguidor de las directrices del FMI. Respecto a la Reforma Agraria, tema de gran trascendencia en un país con fuerte raíces rurales, los avances han sido mínimos, en parte por el temor del Gobierno a enfrentarse a la poderosa oligarquía sojera y ganadera, y sobre todo por la entente formada por el Parlamento, el Poder Judicial y los empresarios del campo.
Lo realmente significativo es que cualquier reforma, por tibia que sea, es considerada inadmisible por los tradicionales grupos de poder económico. En un país donde todavía no existe el impuesto sobre la renta, hace pocos meses un congresista llegó a calificar la propuesta de IRP (Impuesto a la Renta Personal) como una medida «marxista». Realmente surrealista.

Impuesto, por cierto, que fue aceptado por las clases dominantes con el compromiso de que el Ejecutivo rebajase el Impuesto a la Renta Empresarial, que hoy día, se ha reducido del 30 al 20% (2005) y posteriormente al 10% (2006). En definitiva, uno de los impuestos de sociedades más bajos del mundo, incluso por debajo del porcentaje que se aplica en países radicalmente neoliberales como Chile.

A pesar de que la popularidad de Lugo se mantiene levemente por encima del 50% -según las encuestas más fiables-, el desgaste de su figura es innegable, ya que partía de un 70% en agosto de 2008, y todavía tiene por delante cuatro años de mandato. Esto significa que si no toma algunas «decisiones estratégicas», la continuidad de la alternativa progresista peligra en extremo.

El primer gran reto que se le plantea al Ejecutivo es la puesta en marcha de un conjunto -aunque sea pequeño- de programas sociales que impacten con fuerza en los sectores populares, para revertir la tendencia de creciente desilusión.

A su vez, y como segunda decisión estratégica, estaría el estímulo a la participación ciudadana, principalmente en las barriadas de los grandes centros poblaciones (Asunción, zona metropolitana, Ciudad del Este...). La combinación de estas dos variables, permitiría el incremento de la organización de los sectores populares, que desde el primer día han sido la base de sustentación del gobierno de Lugo.

La tercera decisión estratégica, que hoy día comparten casi todos los líderes y militantes de los movimientos sociales y partidos de izquierda, es la creación del «nuevo movimiento político», que se sitúe fuera del bipartidismo (colorado-liberal) y frente a la nueva derecha (Patria Querida), con el objetivo de convertirse en la herramienta política que aspire a suceder a Lugo en el 2013 desde una óptica progresista.

El eslogan gubernamental «El cambio no se detiene», dependerá, por tanto, de decisiones que el Ejecutivo tendrá que tomar tarde o temprano.

Si Lugo se apoya en sus ministros más progresistas y apuesta por una «nueva ecuación democrática», donde se combinen los primeros gérmenes de la «democracia social» y la «democracia participativa», con casi total certeza está asegurado el recambio popular para 2013.

luismiuh@yahoo.com

Video dedicado a Felipe del Sagrado Corazón del niño Jesús Calderón Hinojosa



http://www.youtube.com/watch?v=OJsB7blIRWA

El capitalismo enciende los fuegos de la revolución, más gasolina al fuego

Escrito por Grupo Marxista Revolucionario D.F.

Tras el secuestro de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), un crimen contra la clase trabajadora, el movimiento social y contra todo el pueblo de México; el Gobierno Federal ha encendido la pradera “seca” de la lucha de clases en México, ha avivado el fuego echando gasolina en lugar de agua. El 15 de octubre de 2009, millones de trabajadores y estudiantes salieron a las calles en defensa de uno de los sindicatos más combativos del proletariado mexicano, cuatro días después, estalla la huelga en el Colegio de Bachilleres, por su parte, el charrismo del STUNAM apagando fuegos, defraudando y desilusionando a sus bases no por mucho tiempo, pues más adelante veremos como estas se suman al paro nacional del 11 de noviembre de 2009. La dirección del STUNAM, encabezada por Agustín Rodríguez Fuentes capituló frente al estado patrón al aceptar un aumento salarial del 4%, cuando tan sólo en el mes de septiembre de 2009 la inflación de tres de las 6 familias que componen la Canasta Básica de Alimentos fue del 10.28%, mientras los alimentos hortofrutícolas (frutas y verduras) incrementaron 20.74% sus precios durante el mes de agosto de 2009. Esto de acuerdo con los análisis más optimistas de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero haciendo un sondeo con amas de casa, podemos estimar lo siguiente:
Azúcar 9 a 18El huevo de 12 a 18 pesos Frijol de 15 a 25 pesos La tortilla de 7.50 a 10 pesos El pan de 1 peso a 1.50Carne de res 65 a 75 pesos por kilogramo Carne de pollo Pierna de pollo de 25 a 35 Pechuga de 35 a 50 pesos

Encima de todo nos van a subir de un peso a 1.50 el precio de la tortilla a partir del lunes 23 de noviembre, esto viene de boca de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías.
Hay aumentos en puerta para el gas, gasolina, diesel, luz, transporte público (metro y microbuses, camiones), cuotas ilegales pero que de todos modos te las cobran en las escuelas etcétera, el costo de la vivienda aumentará cerca de 25%. De acuerdo con los dueños de tienditas de la esquina y distribuidores de refrescos, se calcula que aumentarán de un 15% a 25%.
¿En qué tanto por ciento aumentarán los cinturones de miseria a la clase obrera mexicana? ¿De cuánto nos llegará el recibo de luz a consecuencia de este robo contra el pueblo?
Es tiempo de defender el derecho al empleo, la propiedad pública, pasando a expropiar todas las industrias privadas en manos de la oligarquía que ha llevado a la ruina a nuestro pueblo, esta generación sólo conocerá el desempleo, la miseria, la falta de salud y educación por no tener dinero para pagar una escuela privada, por falta de espacios para los estudiantes, por la falta de edificios y personal para dar funcionamiento, por no tener con que pagar una operación, por no tener trabajo y mucho menos posibilidades de conseguir alguno. Es así como Calderón y la burguesía fomentan la miseria y persiguen a los comerciantes ambulantes por el simple hecho de trabajar para llevar un pedazo de pan a sus familias.

LAS TARIFAS DE LUZ Y LAS MENTIRAS DE CALDERÓN
Calderón nos dice que las altas tarifas de luz son responsabilidad de los compañeros de LyFC, ¡sin embargo miente!. Esta es una artimaña para engañarnos, nos quiere dar gato por liebre, la tarifa de luz la impone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de hecho, el SME ha sido un sindicato que ha estado en todas las luchas del pueblo mexicano en defensa de la dignidad de los pueblos, de la tierra, los recursos energéticos y naturales estratégicos del país, del empleo y el salario digno. Esta es la razón por la cual Calderón ha decidido desaparecer LyFC para establecer un régimen político de sistema asalariado, sin derecho a sindicato, sin derecho a C.C.T. vivienda, educación, ni salud digna y gratuita para nuestro pueblo.
El presidente espurio nos miente desde el primer día que lo llevaron al poder los empresarios mexicanos y extranjeros que tienen en la mira toda la industria pública para robar lo que pertenece por derecho constitucional a los mexicanos. Tras la desaparición de todas las empresas públicas que contribuyen al fisco, el presupuesto de egresos federal se verá cada vez más reducido, esto dará más pretextos a Calderón para despedir a cientos de miles y quizá millones de trabajadores más, principalmente de nuestra mina de oro: Petróleos Mexicanos. Pero esto no es exclusivo para las empresas paraestatales, sino también para el sector fabril no estatal. Desde el año de 1982 la industria nacional se ha visto desmantelada de manera paulatina por ser considerada un peligro para los intereses mercantiles del vecino del norte, Estados Unidos. De tener México suficiencia alimentaria, productiva y tecnológica, un mercado se vería cerrado para los monopolios empresariales estadounidenses, japoneses y alemanes. Lo que está en juego no es el nacionalismo, sino el régimen de propiedad, pues bajo el esquema de propiedad pública, las industrias tienen la obligación de donar sus ganancias al pueblo para proyectos educativos, financiar al campo, dar salud gratuita y de calidad. Sin embargo el Estado voraz de la burguesía nacional y extranjera, ha venido desmantelando todos estos sectores quitándoles presupuesto para declararlos inoperantes, deficientes, para desaparecerlos y privatizarlos, pasando de la propiedad de todos, pasan a ser propiedad de unos cuantos en detrimento de la gran mayoría.

El historiador John Womack recibla Medalla 1808 y la cede al SME, "organización valiente"

A continuación, el texto completo de John Womack:


Estimados miembros del Comité de Premiación de Historia.

Estimado jefe de Gobierno, licenciado Marcelo Ebrard.

Estimado doctor Enrique Márquez.

Colegas y amigos:


Agradezco el honor del premio, Medalla 1808, que el comité me otorga. Acepto la distinción, no por pensar que mi trabajo me hiciera merecedor de un premio, sino por el amor que siento para esta gran ciudad, la mayor y más tremenda que yo conozca. Mayor por su grandeza cuando en 1808, preso el rey español en Francia, el Cabildo Metropolitano asumió la representación política de toda la Nueva España en defensa de su soberanía.


Tremenda capital de la nación por la eclosión y crisol de sus profundas e inaceptables contradicciones. Recibo la Medalla 1808 en nombre de tantos personajes y eventos históricos por los cuales siento un profundo e inagotable respeto.


Recuerdo el año de 1973. Una organización, con la cual mantengo una deuda especial, me abrió su archivo histórico para fundar mi investigación del movimiento obrero: me refiero al Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME.


Tengo siempre presente su característica esencial: ser el SME, el sindicato más estratégico, autónomo y responsable del país y siempre actual como fuerza y símbolo de la colectividad de la ciudad de México y de la gran área metropolitana del país.


Incluso su fecha de fundación es simbólica, 1914-1915, bajo la neutralidad del gobierno de la Convención y custodiado por el Ejército Libertador del Sur. Con los revolucionarios del sur mantuvieron una relación de respeto y de apoyo mutuo para garantizar el buen funcionamiento de la capital.


Singular porque de 1915 al presente año, 2009, se mantiene autónomo de los compromisos contraídos por otras organizaciones con las fuerzas políticas y económicas en el poder. Sería de ciegos ocultar lo obvio: que el México contemporáneo exige una reorganización política, profunda y responsable; reorganización que comporta una limpia de todos los extremos del nudo, y no de uno solo.


Los ciudadanos, no sólo de México, sino del mundo entero, clamaron por gobiernos eficaces, no dispendiosos, y más justos; clamamos por transparencia de las directivas de empresas paraestatales y empresas de capital privado-mixto. Transparencia y calidad de estas cúpulas con miembros o camarillas de la representación política y económica, en los partidos y entre los empresarios.


Celebramos bicentenarios y centenarios que cambiaron a México e impulsaron su ingreso a la sociedad de naciones. Mi respeto infinito por la capacidad de los mexicanos para trasformar en beneficio de la mayoría sus momentos de crisis. Tal convicción me mueve a rendir honor y hacer entrega de esta medalla a la organización más importante, más valiente que se formó en esta ciudad durante las guerras revolucionarias a principios del siglo pasado, el SME, que desde sus primeras luchas se distinguió de todos los sindicatos entonces activos, por su ayuda decidida al Ejército Libertador del Sur y que en casos críticos de emplazamiento a huelga siempre actuó con gran sentido de responsabilidad hacia la clase obrera y con la sociedad mexicana.


Confío en estar presente y celebrar personalmente el cambio que arroje luz en torno al oscurantismo que rige la praxis actual del estatismo de tiempos pasados.


Muchas gracias a todos.

John Womack, Jr.


El PAN empeoró la corrupción


El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que elabora la organización Transparencia Internacional, es elocuente: este año México comparte el lugar 89 con Lesotho, Malawi, Ruanda y Moldavia, que hasta hace poco no figuraban en el análisis. Para ellos la puntuación de 3.3 representa un progreso. En cambio, aquí, los gobiernos panistas mantienen vigente la trama priista del contubernio y la componenda, mientras bloquean legal y administrativamente a las instituciones de vigilancia, información y rendición de cuentas.

Lesotho es un pequeño reino montañés cuyos habitantes tienen una esperanza de vida de 37 años y sufren una de las tasas más altas de casos de infección por VIH/sida –23%, sólo detrás de otras naciones africanas, como Suazilandia y Botswana–; sin embargo, obtuvo una calificación de 3.3 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2009, con lo que se ubicó en el mismo nivel que México, según se desprende del informe de la organización Transparencia Internacional, que realiza ese estudio.El IPC se basa en 13 sondeos y encuestas elaboradas por 10 instituciones independientes. La calificación más alta es 10 y la más baja es 0. El IPC se aplica en forma de encuestas sobre la corrupción del sector público de 180 naciones. Se incluyen preguntas relacionadas con el abuso del poder para beneficio privado, sobornos a funcionarios, malversaciones del erario y la eficacia del sector público. Todas las fuentes de datos deben proporcionar una clasificación de los países y medir el alcance global de la corrupción. Esta condición excluye los estudios en que la corrupción se mezcle con otros problemas, como la inestabilidad política, la descen­tralización y el nacionalismo.Con un régimen monárquico parlamentario, Lesotho requiere de la ayuda extranjera para mitigar las hambrunas, ya que en promedio su población sobrevive con 2.65 dólares diarios. Y a pesar de que hasta 1966 consiguió independizarse del Reino Unido, de que no cuenta con una Ley de Transparencia y padeció un golpe militar en 1986, el pequeño país apareció en el IPC en 2005 y desde entonces ha mantenido su promedio de 3.3. México fue tomado en cuenta por Transparencia Internacional desde 2001, el primer año del IPC. Era el inicio del sexenio de Vicente Fox, el primer presidente surgido de la oposición y quien hizo del combate a la corrupción una de sus banderas de campaña. Sin embargo, desde entonces las calificaciones de México han ido cuesta abajo y el actual 3.3 es la peor en nueve años.Los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón no han conseguido nunca una calificación aprobatoria de 6 y tampoco han recuperado al menos el promedio de 3.7 que heredaron del régimen priista, cuya supremacía duró más de 70 años y se caracterizó por la corrupción.

Malos pescadores
Al dar a conocer los resultados del IPC correspondiente a 2009, el martes 17, Transparencia Internacional informó desde sus oficinas en Berlín, Alemania, que la corrupción sigue siendo un desafío mundial, ya que la mayoría de los países obtuvo una calificación inferior a cinco puntos, como México y Lesotho.Ese país, con un territorio de 30 mil 355 kilómetros cuadrados –extensión similar a la del estado de Guanajuato–, apareció sorpresivamente en el índice sobre la corrupción cuando encarceló a funcionarios y representantes de empresas trasnacionales por pactar sobornos que se calculan en 6 millones de dólares, a fin de impulsar un proyecto para proveer de agua potable a zonas desérticas.El Proyecto Hidráulico de la Región Montañosa de Lesotho (LHWP, por sus siglas en inglés) fue considerado por el Banco Mundial como una de las obras más ambiciosas, con un costo de 8 mil millones de dólares. Se trata de un sistema de grandes presas y túneles que llevarían agua a la árida provincia sudafricana de Gauteng y, al mismo tiempo, generarían electricidad para las zonas más desprotegidas.En 2002, cuando aún no era tomado en cuenta por Transparencia Internacional, el gobierno de Lesotho llamó la atención de la prensa europea cuando condenó al director general de LHWP, Efraim Sole, a 18 años de prisión. Además, les impuso multas de varios millones de dólares a empresas vinculadas al proyecto, como la canadiense Acres.El gobierno del país africano prosiguió sus investigaciones, aunque estaba de por medio la más grande obra de infraestructura en su historia, la cual elevaría la calidad de vida en sus comunidades. El juicio contra las empresas y los funcionarios duró dos años. La misma semana que Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del IPC 2009 que ubican a Lesotho con 3.3 de calificación, el diario español El País publicó en su suplemento El País Semanal (edición 1729) una serie de reportajes titulado “20 historias, 20 países, 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Ahí aparece la historia de “el reino de las abuelas”, como llaman a Lesotho, porque al morir los padres, comúnmente de sida, los niños quedan al cuidado de las ancianas.Desde 2002 México cuenta con una Ley Federal de Transparencia que ha sido emulada en Centroamérica y el Caribe. La reciente norma creada en Chile también guarda similitudes con el “sistema mexicano”, como se le conoce internacionalmente. No obstante, como reiteró públicamente el excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero, “las leyes de transparencia no combaten por sí solas la corrupción ni van a acabar con la impunidad. Sostener lo contrario es una falacia”.Lesotho no cuenta con la Ley de Transparencia, pero esta circunstancia, que comparte con la gran mayoría de los países de su continente, no impidió que obtuvieran amplio respaldo del gobierno suizo para investigar una compleja red de cuentas bancarias que se utilizaron para sacar el dinero de los sobornos. También colaboró en este juicio Sudáfrica, en cuyo territorio está enclavado Leso­tho. Como buen vecino, ayudó con toda la documentación que tuvo a su alcance y creó una brigada de más de 100 funcionarios, llamada Los Escorpiones Azules, con el fin de perseguir delitos relacionados con la explotación de sus caudalosos ríos.Precisamente Sudáfrica es otro caso interesante por sus números en el IPC. Durante 46 años, de 1948 a 1995, padeció el aislamiento político, económico y deportivo como consecuencia del apartheid o segregación racial; pero recientemente fue distinguido como el primer país africano que organizará el campeonato mundial de futbol en 2010, y en el último IPC de Transparencia Internacional ocupó el lugar 55, con 4.7 puntos.Ese puntaje es reprobatorio y aun así parece una lejana meta para México. El año que estuvo más cerca fue en 2001, al principio del gobierno foxista, cuando llegó a 3.7, pero en realidad la medición correspondió al año 2000, el último del sexenio del priista Ernesto Zedillo.El 10 de diciembre de 2001 el presidente Vicente Fox anunció en Querétaro que pronto caerían “peces gordos” como consecuencia de la lucha contra la corrupción. Para ello nombró a Francisco Barrio como secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Pero nunca se movieron las redes tendidas por el gobierno federal. No hubo, ni de lejos, peces tan gordos como los que pescó el gobierno de Lesotho, entre ellos quien fue director del ambicioso proyecto LHWP.El caso más importante de corrupción que tuvo en sus manos el foxismo fue el desvío de recursos públicos de Petróleos Mexicanos para apoyar la campaña del candidato presidencial priista, Francisco Labastida Ochoa, en un enredo conocido como el Pemexgate. Tres de los presuntos implicados –los líderes del poderoso sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, así como el otrora director de la paraestatal, Rogelio Montemayor– nunca pisaron la cárcel.El 13 de diciembre de 2001, el zar anticorrupción del foxismo reveló entonces que cuando Carlos Salomón Cámara era director de la Lotería Nacional, entregó a un grupo de vendedores 63 millones 331 mil 179 pesos en forma ilegal. Entre los beneficiados se encontraba uno de sus familiares. No obstante la espectacularidad del anuncio, el golpe no se concretó. La Procuraduría General de la República deslindó al exfuncionario de toda responsabilidad. El asunto ni siquiera llegó a los juzgados.Al siguiente año México bajó un punto en el IPC, al pasar de 3.7 a 3.6. Nunca se ha recuperado.

Transparencia saboteada
Lesotho no es el único país que compartió con México el lugar 89 en la lista de Transparencia Internacional de 2009. En ese escalafón aparecieron también Malawi, Moldavia y Ruanda.La estrepitosa caída de México en la medición de Transparencia Internacional fue la noticia principal en la gran mayoría de los diarios editados en la Ciudad de México el pasado miércoles 18. “Mientras haya tantos trámites habrá mucha oportunidad de corrupción”, dijo al respecto el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Pero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó: “Los jóvenes están aprendiendo que al ser corruptos existe una paga”.Malawi, una excolonia británica, es uno de los países menos desarrollados y más densamente poblados del mundo. Su economía está basada en la agricultura. El gobierno depende completamente del apoyo internacional para satisfacer sus necesidades básicas, y la esperanza de vida de sus habitantes no supera los 45 años. Actualmente cuenta con 39 aeropuertos pero sólo seis de ellos tienen pistas pavimentadas.A pesar de sus difíciles circunstancias económicas, el gobierno de Malawi obtuvo este año su calificación más alta desde que se dio a conocer el IPC en 2001. Esta pequeña nación, colindante con Zambia y Mozambique, consiguió su independencia del Reino Unido el 6 de julio de 1964, hace 45 años. México está por llegar al bicentenario de la Independencia y al centenario de la Revolución.Los países que alcanzaron las mejores calificaciones en el IPC fueron Nueva Zelanda (9.4), Dinamarca (9.3), Singapur (9.2), Suecia (9.2) y Suiza (9.0). Tienen en común la estabilidad política, que han logrado normar los conflictos de intereses y que consolidaron las instituciones destinadas a combatir la corrupción.Hace alrededor de dos meses, el presidente Felipe Calderón propuso al Congreso de la Unión desaparecer tres secretarías de Estado para ahorrar recursos públicos. Una de las elegidas fue la de la Función Pública, encargada de vigilar a los funcionarios y de supervisar el uso del erario, así como de regular las licitaciones en obras de infraestructura.Aunque esta alternativa fue rechazada por el Congreso de la Unión, el mandatario propuso crear una Contraloría General de la República, cuyo titular sería designado por Calderón y despacharía en la residencia oficial de Los Pinos. Pero lo más novedoso, incluso en el ámbito internacional, fue el planteamiento de que la propia Presidencia de la República resolviera cualquier queja o inconformidad que surgiera sobre las licitaciones en materia de infraestructura.Esto contradice las recomendaciones de Transparencia Internacional, según la cual resulta indispensable contar con instituciones sólidas, autónomas y con suficientes recursos públicos para combatir la corrupción.Ruanda, otra de las naciones que apareció con la misma calificación de México, padece altísimas tasas de desnutrición crónica. Aún no se repone de sus sangrientas guerras internas, especialmente del genocidio desencadenado en 1994 y en el que murieron alrededor de 1 millón de personas.En esa época, al presidente Carlos Salinas de Gortari le estallaba en las manos el sueño de llevar a México al llamado primer mundo. Ruanda era un país en conflicto y el genocidio se difundió por la prensa con imágenes e historias atroces. Este año, Ruanda y México obtuvieron la misma calificación en el IPC 2009: 3.3 .Ruanda tiene como único sostén económico su agricultura. México es uno de los socios comerciales de mayor peso de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. De hecho, en 2001, cuando Transparencia Internacional publicó por vez primera el IPC, Ruanda no apareció en él. No obstante, ese mismo año México, que ya estaba a las puertas de la alternancia política luego de más de 70 años de hegemonía priista, alcanzó su calificación más alta: 3.7.Hasta la fecha, el gobierno calderonista no ha informado sobre casos especiales de sobornos. Tampoco ha investigado los expedientes que datan del régimen priista y que permanecen guardados en el Archivo General de la Nación. En la Secretaría de la Función Pública despacha un amigo del presidente, Salvador Vega, quien no tenía experiencia en la persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero, los sobornos o la malversación de recursos públicos. Su trabajo anterior fue legislativo.Moldavia, otra de la naciones que empató con México en el IPC 2009 es un país de Europa Oriental, sin salida al mar y que limita con Rumania y con Ucrania. Hasta 1991 perteneció a la Unión Soviética, aunque siempre fue una de las zonas más pobres en recursos naturales.En México, la otra instancia encargada de vigilar el uso y destino de los recursos públicos es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo vinculado a la Cámara de Diputados, que apenas alcanza a revisar entre 1.5 y 2.0% del erario debido al poco personal y a su bajo presupuesto. Según la clasificación internacional –marcada por los países que ocupan los primeros lugares en el IPC–, los rangos de revisión deberían oscilar entre 5 y 10%.

La impunidad como estrategia política

La corrupción en México crece sin freno de gobierno en gobierno, en binomio con la impunidad. Ambas, corrupción e impunidad, son causa y efecto en sí mismas y son utilizadas para gobernar de acuerdo a los intereses de grupo. A partir de un riguroso análisis jurídico, el abogado Julio Scherer Ibarra explora este fenómeno, que es ya una estrategia consustancial al quehacer público nacional, en el libro Impunidad. La quiebra de la ley. Y ofrece cuatro ejemplos emblemáticos de corrupción impune: el enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel; el conflicto de intereses de Juan Camilo Mouriño; las irregularidades dolosas en la investigación del caso Zhenli Ye Gon, y los actos ilícitos de César Nava a su paso por el jurídico de Pemex. De la obra, que empezará a circular en días próximos bajo el sello de Grijalbo, adelantamos aquí la Introducción y las Consideraciones finales.

JULIO SCHERER IBARRA,

IntroducciónSe dice de la estrategia que es el arte de dirigir. Se dirige un ejército, se dirige un partido; a los estrategas se les enco­mienda un proyecto para destrabar una situación crítica y a ellos se recurre para levantarse en una contienda cerrada. No fue coincidencia que los estrategas de este tiempo azul y los del tiempo tricolor diseñaran la misma política para asegurar a un grupo en el poder. El pensamiento de los estrategas de uno y otro bando ha sido claro y preciso: el poder se conserva gracias a la impunidad. El poder sin contrapeso hace doblemente fuertes a los fuertes. Hay que eliminar a la autoridad que busque con­senso. Lo que cuenta es el poder sin ambages, la arbitrarie­dad en toda su crudeza. El que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad. Así se plantea el principio, después viene la praxis. En los hechos, en la aguerrida lucha de todos los días, ¿cómo hacer de la impunidad un baluarte? Los estrategas saben de eso y discurren con acierto. Así, imaginan una fortaleza, un búnker. En su interior viven y batallan los hombres y mujeres fieles a una creencia, a un modo de hacer política. Seamos impunes, discurren, vivamos por encima de la ley. De esta manera, la impunidad termina en casta, grupo encerrado en sí mismo que gobierna conforme a sus designios. Los impunes, por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política. Como impunes que se piensan, para ellos la ley no existe. En estas condiciones, paradójicamente, la norma actúa contra los débiles, los no impunes, los que comparecen ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los personajes del poder. En la inteligencia de los estrategas queda un punto por resolver: más allá de los avatares que la vida trae consigo, ¿cómo predominar a despecho de los años y las circunstancias de ese misterio que es el destino? Para todo tienen respuesta: importará que al búnker no penetre un solo extraño. Ahí está el secreto. Un caballo de Troya en la fortaleza de la impunidad haría impensable este proyecto y sus consecuencias, el poder efímero que, como tal, de poco sirve. Se trata no solamente de alargar el tiempo y hacer política en función de sus diarias contradicciones, sino de “mandar” con los ojos puestos en los sexenios posteriores. Un sexenio representaría apenas un suspiro; dos, ya sería una larga respiración; tres, la existencia con su vasto horizonte, el largo futuro que permite soñar. Para los de afuera, los no impunes, aquéllos para los que las leyes sí existen, quedan las expectativas y los persistentes enfrentamientos con los discursos del poder y las manifestaciones de la fuerza, siempre al acecho para evitar cualquier tropiezo que pudiera dar al traste con los sueños de grandeza. Todo lo que aquí decimos origina graves consecuencias para la sana convivencia, resumidas en una frase: el paulatino derrumbe del Estado de derecho. De la ley abatida nacen muchas desgracias y de la denegación de la justicia nacen los crímenes, el sufrimiento que trae consigo una sociedad descreída que se encoge y rebela, se rebela y encoge hasta que un día, en la fatiga ya cercana a la desesperación, o en la desesperación, grita: basta.Vicente Fox dio cuerpo y forma a la impunidad flagrante. Sólo el derroche al que le llevó la megabiblioteca daría materia para recordar ese ejemplo de la sinrazón, tributo a la vanidad que privó a la nación de proyectos culturales armados larga y amorosamente. Su relación con Marta Sahagún hizo de uno y de otra la pareja indigna, que figurará en la historia de la megalomanía. De este modo se declararon dueños del futuro de México. En seis años discurriría el primer sexenio azul para Fox, el hombre; luego vendrían otros seis para Marta, la mujer .Felipe Calderón pisa terrenos peligrosos y ya va por ahí, por la ruta de Fox, en pasos mal calculados que pudieran llevarlo a una caída de la que ya no sea posible reponerse. La complicidad con su antecesor se da sin ocultamientos y tiñe a la relación de un cinismo que agravia. La Contraloría de la Federación se encomendó en sus orígenes a Germán Martínez Cázares; hoy es claro que fue sólo una maniobra que culminaría con la exaltación de Martínez como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).Los impunes se comportan como inocentes. Son la ley y la ley no castiga a los de arriba, a los grandes, a los conductores. En el búnker todo se arregla entre correligionarios. En el interior de la fortaleza sólo hay fieles a Dumas: uno para todos y todos para uno. La vida se da en la pareja, siempre dos, y la impunidad reclama su álter ego, única manera de construir el diálogo político, la palabra de dos que ya no pueden separarse. Ese otro yo es el receptor cómplice, perfecto. Así, la corrupción hermana y promueve la impunidad; al final ambas son causa y efecto en sí mismas. Se buscan, se necesitan y terminan por ser iguales. Un impune es un corrupto por su propia naturaleza, sucia la sangre que lo recorre.La guerra contra el narcotráfico es hoy ejemplo de la impunidad y la corrupción que se acompañan. El licenciado Felipe Calderón, al iniciar su sexenio, anunció una batalla contra ese cáncer como su meta más ambiciosa. Con buen ánimo, los discursos sobre el tema pudieron haber sido intachables en teoría, pero ciertamente no se reflejaron en la realidad. Se ha visto que la lucha crucial contra el narcotráfico no puede acontecer sin una guerra de proporciones parecidas contra la corrupción. Qué bien que el jefe del Ejecutivo porte las insignias de general en jefe de las Fuerzas Armadas, pero qué mal que las nobles insignias no las luzca a la hora de castigar a la cauda de funcionarios sin una hoja impecable en el ejercicio de sus cargos. Germán Martínez es ejemplo nítido: incumplió en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y difícilmente pudo cumplir al frente del partido en el poder. La alianza entre los ejecutivos panistas Fox y Calderón es una prueba de la corrupción interna que priva en las filas azules. Vicente Fox y Marta Sahagún nos aturdieron con su megalomanía y estulticia. Desde tiempos de Echeverría no se tenía noticia de un mandatario al que públicamente se le llamara tonto e ignorante. Dijo Fox, en símil insuperable, que él se guiaba por las estrellas, que en ellas leía sus deberes para con la patria. El canto a la incultura lo acompañó siempre, día con día, hasta hacer de su sexenio un malhadado periodo de ocurrencias de mal gusto y frivolidades sin fin. No obstante, es preciso reconocerlo, en la mentalidad de Fox cabía cierta congruencia: es más fácil leer en las estrellas que enterarse de sus deberes en los textos de la Constitución. La lectura en las estrellas se da sin esfuerzo. Basta cerrar los ojos o abrirlos. La lectura de la ley exige esfuerzo, carácter, voluntad de saber.Casos mucho menores, pero irritantes hasta la desmesura, están representados por dos gobernadores insignes en su impudicia y atropello a la civilidad. Se trata de los mandatarios de Puebla y Oaxaca. El desprecio público los sigue, y la impunidad es su fortaleza. No cohabitan los panistas en el interior de esos regímenes priistas, pero no hay duda de que los gobernadores citados han establecido comunicación con el búnker azul. De otra manera no es posible explicarse la permanencia de ese par de sujetos en los cargos que ocupan para desgracia de sus estados.Frustra en grado sumo que los poderes Legislativo y Judicial no hayan hecho valer sus atribuciones para discutir y sancionar el comportamiento de Mario Marín y Ulises Ruiz. Otro tanto debería esperarse del Ejecutivo federal. En este último caso podría pensarse que el asunto no es de su competencia, pero eso llevaría a contradicciones, pues frente al escándalo de Zhenli Ye Gon el Ejecutivo sí actuó. Cuanto decimos acerca de la impunidad lo sabe de sobra el licenciado Felipe Calderón. Cabe recordar que en una conferencia de prensa, celebrada en Estados Unidos a finales de abril de 2008, declaró que la impunidad representa un hecho doloroso para la sociedad mexicana Asimismo, admitió que estamos lejos del principio en que descansa la justicia, que ha de ser pronta, expedita; no lenta y tortuosa, como la padecemos. En esta historia alrededor del panismo y de sus hombres sobresalientes el día de hoy, Vicente Fox y Felipe Calderón, no hay manera de pasar por alto las tribulaciones de la elección de 2006, plagada de irregularidades e ilícitos que se han abierto paso hasta dejar una constancia cierta en el ánimo público. Muchos la llaman “guerra sucia”, que se traduce, sin duda, como “elección sucia”. La impunidad y la corrupción, binomio funesto, maltra­tan al país en su mero corazón. Urge atender ese corazón como a ningún otro órgano del cuerpo social.

Consideraciones finales

El horizonte de la impunidad en México es, desafortunadamente, amplísimo. Esa pasmosa realidad, construida día a día, a lo largo de mucho tiempo, es vasta y parece no tener fin. Cuando nos propusimos hacer un trabajo cuyo tema fuera la impunidad, se pensó ir de lo general a lo particular; del análisis de lo que se entiende por impunidad en términos culturales, legales; del examen de la manera en que ésta se ha desarrollado y los efectos que produce en nuestra sociedad y en nuestra concepción del mundo, hasta la revisión de casos concretos que ejemplifican sus diversas formas. Conforme analizamos la información relacionada con los cuatro ejemplos expuestos, advertimos que lo particular superó a lo general. Los matices, las formas para encubrir las conductas ilegales son tantos y tan sofisticados, que cada caso específico deja de ser un mero ejemplo, un simple caso, para convertirse en un modelo de cómo eludir responsabilidades. La práctica supera a la teoría, y nos damos cuenta de que aún nos falta mucho por saber del tema. La ejecución de la “estrategia impunidad” está rebasando lo que la estructura del Estado puede soportar. Un caso de impunidad es una afrenta grave. Una estrategia de impunidad lo corroe todo. No castigar los ilícitos cometidos agravia en el presente, deja un daño en el pasado y permite el surgimiento de circunstancias para nuevos delitos en el futuro. Tolerar el mal comportamiento es consentir, previamente, el acto indebido. Con la “política” de impunidad que han adoptado los grupos que detentan el poder, están fomentando las condiciones ideales para los próximos ataques al Estado. El impune ha dejado de ser un simple caso aislado. Se ha convertido en un modelo, en un prototipo, en una manera de ser. ¿Cómo pretendemos que las cosas cambien y mejoren, si los que deben ser ejemplo de ese cambio y de esa mejoría no lo hacen? El panorama es sombrío. Muchas son las personas, muchos los grupos que protegen a los Arturo Montiel, a los Mouriño, a los César Nava. Muchos saldrán en su defensa. ¿Los argumentos para exculparlos? Insuficiencia de pruebas; defectos de procedimiento; tecnicismos legales; presunción de inocencia. Aplicación estricta del Estado de derecho, en todo lo que beneficie al infractor; estricto apego a la ley, interpretada como mejor convenga. Hablar de impunidad es una terquedad, porque ella habla de sí misma todos los días. Sin embargo su tono es tan constante que tristemente ya nos acostumbramos a ella. Denunciarla ante las autoridades competentes para investigar es algo tortuoso, laberíntico. De entre los pasajes surge, impetuoso, el Minotauro, el sistema que nos devora. La impunidad sólo desaparecería si se desvanecieran los grupos de poder, si se disolvieran los intereses particulares de quienes nos gobiernan. Frente al poder político y el dinero, la moral se derrumba, anacrónica e inútil.

El siniestro Lozano

Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley o enfrentarse con empresas como Telmex y Televisa, cuando le conviene. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.

Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aún a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, sentó las bases para favorecer a los competidores de Telmex, incluyendo el proyecto de la fibra óptica (ahora en el centro de la confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas), y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho denominado… Javier Lozano y Asociados.Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.

Los conflictos
El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de 1998 a mayo de 1999– sino durante la gestión de Vicente Fox.Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.

El bandazo con Televisa
Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.

Arbitrario... y golpeador

Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.

La “libreta roja”
Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la rea­cción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.

De cuño priista
Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del gobierno de Puebla, encabezado por el priista Melquiades Morales Flores, en el Distrito Federal. En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)

Los mineros
Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista. En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.
Las viudas
Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.
¡Coopelas o cuello!
En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación. Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados. Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía. (Proceso 1719)Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).