Las empresas que dominan Wall Street también controlan el Congreso estadunidense. Senadores y diputados reciben, cada uno, millones de dólares en “donación” de Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la aseguradora American International Group y los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Entre los beneficiarios se encuentra el exsenador y ahora presidente Barack Obama. Ésta es una investigación que censuraron los grandes medios de comunicación, rescatada por el Proyecto censurado.
Tal como lo hace Estados Unidos, muchos países han adoptado costosos planes para relanzar la economía, durante y después de la crisis financiera de 2008. Pero, como lo señala el investigador Greg Gordon, la concepción de estos planes y su aplicación en Estados Unidos fueron impuestas al Congreso por los mismos bancos que finalmente han sido los principales beneficiarios, gracias a la ayuda de los parlamentarios que han sido groseramente gratificados con dinero. Podemos identificar algunas personalidades conocidas que se han beneficiado como… Barack Obama.
Senadores y diputados responsables de supervisar la economía de Estados Unidos han recibido millones de dólares de las empresas de Wall Street.
Desde 2001, ocho de las empresas más debilitadas por la crisis han donado 64.2 millones de dólares a los candidatos del Congreso, a los candidatos presidenciales y a los partidos Republicano y Demócrata. En su calidad de senadores, Barack Obama y John McCain recibieron, entre ellos dos, un total de 3.1 millones de dólares.
Los donantes son los bancos de inversión Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la aseguradora American International Group y los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.
Algunos de los beneficiarios más relevantes recibieron contribuciones de compañías que a su vez obtuvieron dinero fiscal aprobado en el paquete gubernamental de ayuda financiera Troubled Asset Relief Program (TARP), aprobado por los mismos miembros del Congreso que ocupaban cargos en los comités encargados de regular al sector financiero y de supervisar la eficacia de este programa de apoyo gubernamental sin precedentes.
En total, los miembros del Comité del Senado sobre Actividades Bancarias, Vivienda y Asuntos Urbanos, Comité de Finanzas del Senado y Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes recibieron 5.2 millones de dólares del TARP en el ciclo electoral 2007-2008.
El presidente Obama recogió por lo menos 4.3 millones de estas compañías para su campaña presidencial. Casi todos los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que en febrero de 2009 supervisaron en audiencias públicas cómo serían gastados los 700 mil millones de dólares del TARP aprobados con urgencia, recibieron contribuciones asociadas a las corporaciones financieras durante el ciclo de elecciones de 2008.
“Podría decirse que la industria de las finanzas consiguió su dinero con el apoyo de los miembros del Congreso que estuvieron dispuestos a mirar hacia otro lado”, dijo Lawrence Jacobs, director del Centro de Estudios Políticos y Gobernabilidad de la Universidad de Minnesota.
Por ejemplo, en 2004, cuando la Comisión de Bolsa y Valores adoptó un cambio importante de la regla permitiendo a los bancos invertir decenas de billones de dólares en dinero prestado en hipotecas desvalorizadas (subprime) y otros juegos aventurados, los comités de actividades bancarias del Congreso no llevaron a cabo ninguna audiencia sobre este descuido.
La inactividad del Congreso impidió regulaciones para prevenir prácticas depredadoras de los prestamistas y también permitió que los agentes de hipotecas ganaran elevadas comisiones por la venta de préstamos hipotecarios de puerta en puerta a compradores de viviendas insolventes.
El periodista Matt Taibbi escribió, en la revista Rolling Stone, que parte de la venta más notoria del gobierno de Estados Unidos a Wall Street se concretó a fines de la década de 1990, cuando “los demócratas, cansados de morir barridos por los republicanos en la arena de la recolección de fondos, decidieron zafarse de su vieja dependencia de las uniones corporativas y grupos de interés y hacerse más amistosos hacia los negocios.
“Wall Street respondió inundando Washington con dinero, comprando aliados en ambos partidos”. De 1998 a 2008, las compañías financieras gastaron 1.7 mil millones de dólares en contribuciones para campañas federales y otros 3.4 mil millones en pagos a cabilderos o miembros de grupos de presión. Las sabias inversiones políticas de los grandes banqueros de Estados Unidos les permitieron desechar con eficacia cualquier control parlamentario significativo de la industria financiera.
En 1999, el senador republicano por Texas Phil Gramm copatrocinó una iniciativa que revocó los aspectos claves de la ley Glass-Steagall Act, que desde la Gran Depresión impedía que los bancos ingresaran al negocio de los seguros.
Al año siguiente, Gramm redactó una nueva legislación arrolladora llamada Commodity Futures Modernization Act, que hizo imposible regular los intercambios de créditos swaps (permuta financiera) y otras operaciones poco seguras.
Así se abrió la puerta para que el aventurismo en los intercambios y negociaciones de títulos de crédito a alto riesgo se imponga como cosa corriente. En 1997 y 1998 –los años iniciales de la reforma de Phil Gramm que destripó la ley Glass-Steagall–, las industrias bancarias, de agentes de bolsa y aseguradoras gastaron 350 millones de dólares en contribuciones políticas y en cabildeo.
La ley ayudó a crear los fracasados monstruos financieros del tamaño del Citigroup, de AIG y del Bank of America, y a la vez ayudó a esas compañías a demoler lentamente a sus competidores más pequeños, dejando a las principales empresas de Wall Street con aún más dinero y poder para cabildear en favor de más desregulación adicional.
A comienzos de 2009, se inventó toda una nueva serie de operaciones del gobierno para inyectar dinero en efectivo a la economía, la mayoría de ellas bajo control totalmente reservado al sector financiero. Taibbi señaló que “mientras el resto de Estados Unidos y la mayor parte del Congreso han estado alardeando sobre el programa urgente de 700 mil millones de dólares de ayuda denominado TARP, los nuevos organismos recientemente creados en el “zoológico” de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) han estado bombeando discretamente, no miles de millones, sino millones de millones de dólares a favor de las empresas privadas (por lo menos, 3 millones de millones de dólares hasta ahora en préstamos, con otros tantos 5.7 billones adicionales en garantías de inversiones privadas)”.
Taibbi continúa: “Esta nueva y secreta actividad de la FED eclipsa totalmente el programa TARP en términos de su influencia en la economía… Nadie sabe quién se está llevando ese dinero o exactamente cuánto está desapareciendo a través de estos nuevos agujeros en el deteriorado casco de la solvencia de Estados Unidos.
“Por otra parte, nadie puede estar seguro de que estas nuevas instituciones sean realmente temporales o si las están poniendo como muletas permanentes del Estado para ayudar a Wall Street, diseñadas para chupar sistemáticamente malas inversiones desde los libros de prestamistas irresponsables.
“La realidad es que la fusión económica mundial y el vaciamiento que le siguió fueron juntos una suerte de revolución, un golpe de Estado. Solidificaron y formalizaron una tendencia política que se ha estado manifestando por décadas: se trata de la toma de posesión gradual del gobierno por parte de una pequeña clase de iniciados conectados, quienes utilizaron el dinero para controlar las elecciones, comprar influencia y debilitar sistemáticamente las regulaciones financieras”, concluyó Taibbi.
El fraude y la crisis continúan profundizándose y se expanden con conflictos de intereses significativos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y gobierno de Estados Unidos. Simon Johnson, economista, exjefe del Fondo Monetario Internacional, dijo: “La industria de las finanzas ha capturado con eficacia a nuestro gobierno”.
Actualización de Lindsay Renick Myer (de Capitol Eye)
Pero esto no es todo con respecto de las colectas del Congreso, que ha estado ocupado en obtener fondos del sector financiero, incluyendo a esas compañías que recibieron miles de millones de dólares en ayuda del gobierno a través del programa TARP.
Desde que se escribió este artículo en febrero de 2010, el sector financiero, por supuesto, ha continuado dando dinero a candidatos, a los comités de partidos y a los comités de acción política. Desde que comenzó 2009, Wall Street ha donado 12.6 millones de dólares, más que cualquier otro sector. Y el 58 por ciento de ese dinero ha ido a los demócratas, marcando quizás un cambio de estrategia política, pues desde el ciclo electoral de 1990, el mundo financiero, los seguros y las inmobiliarias no habían destinado más del 52 por ciento de sus donaciones totales a los demócratas, y desde 1991 a 2006, el sector financiero dio la mayor parte de su dinero a los republicanos.
Muchas de las compañías involucradas en este artículo han enviado a sus altos ejecutivos a atestiguar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y, sin embargo, realmente han superado sus donaciones totales en el primer trimestre de 2009 en comparación con los primeros trimestres de 2007 y 2005.
Esto incluye a JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs (que este año ha sido la número uno en disminuir sus contribuciones, en comparación con el comienzo de 2008), Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo.
Sin embargo, es importante recordar que todavía es muy temprano para el ciclo (del Congreso) y que las contribuciones para campañas generalmente comienzan a fluir con más intensidad en fechas más cercanas a una elección. Al igual que el resto de la industria, ahora estas compañías también apuntaron mayoritariamente a los demócratas como recipiendarios de sus donaciones políticas.
Por supuesto, una gran historia para conocer este año será si los legisladores sufrieron algún golpe en sus finanzas personales, como el común de los mortales de Estados Unidos, o si se beneficiaron personalmente tras sostener a las compañías de Wall Street con dinero en efectivo del contribuyente. Los casos más interesantes serán aquellos concernientes a los miembros de las comisiones encargadas de controlar las actividades bancarias y financieras.
Las mayores amenazas a la seguridad centroamericana son la delincuencia y el crimen organizado. Estos fenómenos se expresan desde hace 10 años en la alta violencia social y delictiva, intensa inseguridad ciudadana, frágiles estados de derecho y aplicación de política de mano dura.
Con el argumento de la modernización de su equipo militar, los gobiernos sustentan el incremento en las adquisiciones. Con excepción de México –que ocupa el cuarto lugar–, los mayores compradores de armas son Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, de acuerdo con el informe de 2009 del Stockholm International Peace Research Institute. Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres indican que Venezuela, después de Chile, es el mayor comprador de armas en América Latina.
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