sábado, febrero 19, 2011

Wall Street compra diputados y senadores

Las empresas que dominan Wall Street también controlan el Congreso estadunidense. Senadores y diputados reciben, cada uno, millones de dólares en “donación” de Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la aseguradora American International Group y los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Entre los beneficiarios se encuentra el exsenador y ahora presidente Barack Obama. Ésta es una investigación que censuraron los grandes medios de comunicación, rescatada por el Proyecto censurado.

Greg Gordon / Red Voltaire

Tal como lo hace Estados Unidos, muchos países han adoptado costosos planes para relanzar la economía, durante y después de la crisis financiera de 2008. Pero, como lo señala el investigador Greg Gordon, la concepción de estos planes y su aplicación en Estados Unidos fueron impuestas al Congreso por los mismos bancos que finalmente han sido los principales beneficiarios, gracias a la ayuda de los parlamentarios que han sido groseramente gratificados con dinero. Podemos identificar algunas personalidades conocidas que se han beneficiado como… Barack Obama.

Senadores y diputados responsables de supervisar la economía de Estados Unidos han recibido millones de dólares de las empresas de Wall Street.

Desde 2001, ocho de las empresas más debilitadas por la crisis han donado 64.2 millones de dólares a los candidatos del Congreso, a los candidatos presidenciales y a los partidos Republicano y Demócrata. En su calidad de senadores, Barack Obama y John McCain recibieron, entre ellos dos, un total de 3.1 millones de dólares.

Los donantes son los bancos de inversión Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la aseguradora American International Group y los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Algunos de los beneficiarios más relevantes recibieron contribuciones de compañías que a su vez obtuvieron dinero fiscal aprobado en el paquete gubernamental de ayuda financiera Troubled Asset Relief Program (TARP), aprobado por los mismos miembros del Congreso que ocupaban cargos en los comités encargados de regular al sector financiero y de supervisar la eficacia de este programa de apoyo gubernamental sin precedentes.

En total, los miembros del Comité del Senado sobre Actividades Bancarias, Vivienda y Asuntos Urbanos, Comité de Finanzas del Senado y Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes recibieron 5.2 millones de dólares del TARP en el ciclo electoral 2007-2008.

El presidente Obama recogió por lo menos 4.3 millones de estas compañías para su campaña presidencial. Casi todos los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que en febrero de 2009 supervisaron en audiencias públicas cómo serían gastados los 700 mil millones de dólares del TARP aprobados con urgencia, recibieron contribuciones asociadas a las corporaciones financieras durante el ciclo de elecciones de 2008.

“Podría decirse que la industria de las finanzas consiguió su dinero con el apoyo de los miembros del Congreso que estuvieron dispuestos a mirar hacia otro lado”, dijo Lawrence Jacobs, director del Centro de Estudios Políticos y Gobernabilidad de la Universidad de Minnesota.

Por ejemplo, en 2004, cuando la Comisión de Bolsa y Valores adoptó un cambio importante de la regla permitiendo a los bancos invertir decenas de billones de dólares en dinero prestado en hipotecas desvalorizadas (subprime) y otros juegos aventurados, los comités de actividades bancarias del Congreso no llevaron a cabo ninguna audiencia sobre este descuido.

La inactividad del Congreso impidió regulaciones para prevenir prácticas depredadoras de los prestamistas y también permitió que los agentes de hipotecas ganaran elevadas comisiones por la venta de préstamos hipotecarios de puerta en puerta a compradores de viviendas insolventes.

El periodista Matt Taibbi escribió, en la revista Rolling Stone, que parte de la venta más notoria del gobierno de Estados Unidos a Wall Street se concretó a fines de la década de 1990, cuando “los demócratas, cansados de morir barridos por los republicanos en la arena de la recolección de fondos, decidieron zafarse de su vieja dependencia de las uniones corporativas y grupos de interés y hacerse más amistosos hacia los negocios.

“Wall Street respondió inundando Washington con dinero, comprando aliados en ambos partidos”. De 1998 a 2008, las compañías financieras gastaron 1.7 mil millones de dólares en contribuciones para campañas federales y otros 3.4 mil millones en pagos a cabilderos o miembros de grupos de presión. Las sabias inversiones políticas de los grandes banqueros de Estados Unidos les permitieron desechar con eficacia cualquier control parlamentario significativo de la industria financiera.

En 1999, el senador republicano por Texas Phil Gramm copatrocinó una iniciativa que revocó los aspectos claves de la ley Glass-Steagall Act, que desde la Gran Depresión impedía que los bancos ingresaran al negocio de los seguros.

Al año siguiente, Gramm redactó una nueva legislación arrolladora llamada Commodity Futures Modernization Act, que hizo imposible regular los intercambios de créditos swaps (permuta financiera) y otras operaciones poco seguras.

Así se abrió la puerta para que el aventurismo en los intercambios y negociaciones de títulos de crédito a alto riesgo se imponga como cosa corriente. En 1997 y 1998 –los años iniciales de la reforma de Phil Gramm que destripó la ley Glass-Steagall–, las industrias bancarias, de agentes de bolsa y aseguradoras gastaron 350 millones de dólares en contribuciones políticas y en cabildeo.

Gramm, entonces presidente del Comité de Actividades Bancarias del Senado, recogió 2.6 millones de dólares en solamente cinco años. La ley 90-8 fue aprobada en el Senado con el apoyo de 38 demócratas, incluyendo a Joe Biden, John Kerry, Tom Daschle, Dick Durbin y John Edwards.

La ley ayudó a crear los fracasados monstruos financieros del tamaño del Citigroup, de AIG y del Bank of America, y a la vez ayudó a esas compañías a demoler lentamente a sus competidores más pequeños, dejando a las principales empresas de Wall Street con aún más dinero y poder para cabildear en favor de más desregulación adicional.

A comienzos de 2009, se inventó toda una nueva serie de operaciones del gobierno para inyectar dinero en efectivo a la economía, la mayoría de ellas bajo control totalmente reservado al sector financiero. Taibbi señaló que “mientras el resto de Estados Unidos y la mayor parte del Congreso han estado alardeando sobre el programa urgente de 700 mil millones de dólares de ayuda denominado TARP, los nuevos organismos recientemente creados en el “zoológico” de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) han estado bombeando discretamente, no miles de millones, sino millones de millones de dólares a favor de las empresas privadas (por lo menos, 3 millones de millones de dólares hasta ahora en préstamos, con otros tantos 5.7 billones adicionales en garantías de inversiones privadas)”.

Taibbi continúa: “Esta nueva y secreta actividad de la FED eclipsa totalmente el programa TARP en términos de su influencia en la economía… Nadie sabe quién se está llevando ese dinero o exactamente cuánto está desapareciendo a través de estos nuevos agujeros en el deteriorado casco de la solvencia de Estados Unidos.

“Por otra parte, nadie puede estar seguro de que estas nuevas instituciones sean realmente temporales o si las están poniendo como muletas permanentes del Estado para ayudar a Wall Street, diseñadas para chupar sistemáticamente malas inversiones desde los libros de prestamistas irresponsables.

“La realidad es que la fusión económica mundial y el vaciamiento que le siguió fueron juntos una suerte de revolución, un golpe de Estado. Solidificaron y formalizaron una tendencia política que se ha estado manifestando por décadas: se trata de la toma de posesión gradual del gobierno por parte de una pequeña clase de iniciados conectados, quienes utilizaron el dinero para controlar las elecciones, comprar influencia y debilitar sistemáticamente las regulaciones financieras”, concluyó Taibbi.

El fraude y la crisis continúan profundizándose y se expanden con conflictos de intereses significativos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y gobierno de Estados Unidos. Simon Johnson, economista, exjefe del Fondo Monetario Internacional, dijo: “La industria de las finanzas ha capturado con eficacia a nuestro gobierno”.

Actualización de Lindsay Renick Myer (de Capitol Eye)

Incluso, mientras el gobierno federal continúa inventando fórmulas para salvar al sector financiero y dar un impulso a la economía, el gobierno recibe consejos y recomendaciones de las mismas compañías que aceptaron dólares de los contribuyentes y que son, en parte, las principales responsables de la crisis actual.

Pero esto no es todo con respecto de las colectas del Congreso, que ha estado ocupado en obtener fondos del sector financiero, incluyendo a esas compañías que recibieron miles de millones de dólares en ayuda del gobierno a través del programa TARP.

Desde que se escribió este artículo en febrero de 2010, el sector financiero, por supuesto, ha continuado dando dinero a candidatos, a los comités de partidos y a los comités de acción política. Desde que comenzó 2009, Wall Street ha donado 12.6 millones de dólares, más que cualquier otro sector. Y el 58 por ciento de ese dinero ha ido a los demócratas, marcando quizás un cambio de estrategia política, pues desde el ciclo electoral de 1990, el mundo financiero, los seguros y las inmobiliarias no habían destinado más del 52 por ciento de sus donaciones totales a los demócratas, y desde 1991 a 2006, el sector financiero dio la mayor parte de su dinero a los republicanos.

Muchas de las compañías involucradas en este artículo han enviado a sus altos ejecutivos a atestiguar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y, sin embargo, realmente han superado sus donaciones totales en el primer trimestre de 2009 en comparación con los primeros trimestres de 2007 y 2005.

Esto incluye a JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs (que este año ha sido la número uno en disminuir sus contribuciones, en comparación con el comienzo de 2008), Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo.

Sin embargo, es importante recordar que todavía es muy temprano para el ciclo (del Congreso) y que las contribuciones para campañas generalmente comienzan a fluir con más intensidad en fechas más cercanas a una elección. Al igual que el resto de la industria, ahora estas compañías también apuntaron mayoritariamente a los demócratas como recipiendarios de sus donaciones políticas.

Por supuesto, una gran historia para conocer este año será si los legisladores sufrieron algún golpe en sus finanzas personales, como el común de los mortales de Estados Unidos, o si se beneficiaron personalmente tras sostener a las compañías de Wall Street con dinero en efectivo del contribuyente. Los casos más interesantes serán aquellos concernientes a los miembros de las comisiones encargadas de controlar las actividades bancarias y financieras.

Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011

Agencias de EU y Europa aumentan en AL

En México, Centroamérica y el Caribe, el crimen organizado acumuló más poder. Esto se manifiesta en la compra de funcionarios gubernamentales por los grupos delictivos y el auge de la violencia. En esta región, la presencia estadunidense y de las exmetrópolis, como Francia y Gran Bretaña, se manifiesta en un amplio despliegue naval y la intensa acción de sus agencias de seguridad, revela informe de la Fundación Friedrich-Ebert.

Nydia Egremy

En América Latina se observa una situación preocupante por los múltiples y diversos problemas de seguridad, en los que confluyen amenazas de índole global, regional y pública. Esto pone en peligro la estabilidad interna y externa de varios países de la región, e incide especialmente en aquellos que, aunque poseen gobiernos democráticamente legítimos, son institucionalmente débiles en el ejercicio de la gobernabilidad. Así lo estima el Anuario 2010 seguridad regional en América Latina y el Caribe que difundió en enero de 2011 la Fundación Friedrich-Ebert (FFE).

La fragilidad de los sistemas democráticos en América Latina y el Caribe tiene un impacto en la seguridad de los países y, particularmente, en la sociedad civil. La conflictividad se incrementa en la subregión andina con los conflictos entre Venezuela y Colombia –que rompieron relaciones diplomáticas en julio de 2010– y los roces entre Ecuador y Colombia.

Otro factor que tensa las relaciones entre los gobiernos y atiza conflictos es el combate al narcotráfico. Las políticas internas en los países donde este fenómeno se expresa con mayor intensidad, como México y los países del triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), viven fenómenos de “militarización necesaria”, según sus gobernantes. Esto ocurre por la fortaleza de los cárteles, como en México, o por las maras, en Guatemala, Honduras y El Salvador.

La falta de capacidad de reacción y la percepción de vulnerabilidad frente a los retos de la seguridad aumentan la tendencia autoritaria en los sistemas políticos y el retroceso del estado de derecho. Al mismo tiempo, ponen en riesgo las relaciones cívico-militares y favorecen que se legitimen los esfuerzos unilaterales externos de solución. Particularmente, describe el informe, la creciente inseguridad e impunidad ponen en peligro la confianza de los ciudadanos.

El diagnóstico de la FFE, producto de las investigaciones que realizaron sus 10 oficinas en la región, estima que sólo con seguridad se promueve el desarrollo y que las diferentes crisis de seguridad no se resolverán sin la participación de los actores políticos y su cooperación con la sociedad civil. Sólo así estará preparada la región para responder a los desafíos de la seguridad en América Latina y el Caribe.

En general, durante 2009 se observó que las dinámicas geopolíticas en esta región mantuvieron las profundas diferencias ideológicas entre los países en cuanto a sus concepciones de seguridad y defensa. Asimismo, se notó que los sistemas democráticos son muy vulnerables y que el crimen organizado trasnacional es la amenaza más compleja que enfrentan los Estados.

Según el Anuario 2010 de la FFE, los conflictos interestatales tradicionales no evolucionarán a confrontaciones militares. En cambio, sí prevé que se focalicen las tensiones fronterizas, además de que en algunos países, especialmente en Suramérica, se manifieste un rearme importante. En general, el estudio sostiene que se debe fortalecer la democracia en la región y esto pasa, necesariamente, por abordar los temas nuevos y tradicionales de la agenda de seguridad y defensa.


Auge del crimen organizado

El crimen organizado trasnacional se consolida como una de las amenazas más serias a la seguridad y la defensa de América Latina y el Caribe. Aunque no se limita al narcotráfico, esta expresión es la más visible y oculta la magnitud de otros problemas, como el tráfico de migrantes que se vincula con la trata de personas. La acción del narcotráfico impacta en todos los países y, por ello, es un problema de interés inmediato para Estados Unidos.

El Anuario 2010 de la FFE aprecia que ahora, en toda América Latina y el Caribe, están en marcha procesos de alianzas criminales entre elites locales, regionales, incluso nacionales. Los actores del crimen organizado “minan o capturan a los Estados, con lo que reducen su capacidad de controlar el territorio y cumplir sus funciones de provisión de servicios públicos, así como garantizar los derechos de sus ciudadanos”.

Las propuestas viables para fortalecer las instituciones regionales son escasas. El documento cita como un caso interesante el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo modelo de intervención de baja intensidad –desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas– partió de reconocer que el país centroamericano es un Estado débil y se debe fortalecer.

En México, Centroamérica y el Caribe, el crimen organizado acumuló más poder. Esto se manifiesta en la compra de funcionarios gubernamentales por los grupos delictivos y el auge de la violencia, cita el diagnóstico de la FFE. Por ello, los miles de muertos en México que deja la guerra entre cárteles en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, Estados Unidos. Esta localidad “está sitiada por las ejecuciones y hoy se considera la ciudad más peligrosa del mundo”, con homicidios que ascienden a más de 150 por cada 100 mil habitantes.

De igual forma, el estudio señala que El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica están cercados por la delincuencia común y callejera, al tiempo que los gobiernos cambian las leyes para autorizar el empleo de las fuerzas armadas para combatir a las pandillas.


Narcoamenaza contra México

El apartado del Anuario sobre México describe que en la primera década del siglo XXI, la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico se convirtió en la amenaza más importante para la seguridad de la nación y el Estado en México. Este fenómeno evidenció las debilidades del gobierno para hacer efectivo el estado de derecho y combatir con eficacia las actividades de los grandes cárteles respeto de los derechos humanos.

Aumentó el número de ciudades con alta incidencia de actividad criminal, sobre todo en el Norte del país, como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey. Constantemente se descubre que funcionarios de la policía, de los sistemas de justicia y penal, y hasta autoridades políticas de alto nivel y militares están involucrados en casos de corrupción.

El combate al narcotráfico divide las opiniones en México. Hay quienes afirman que las fortalezas del Estado mexicano se impondrán sobre sus debilidades y que el éxito de la estrategia presidencial apenas comienza a verse. Para otros, el esfuerzo gubernamental es un fracaso y el auge del narcotráfico es el indicador principal de la incapacidad del gobierno en otros frentes de la gestión presidencial.

Tal diagnóstico, según el Anuario 2010 de la FFE, se hace desde la hipótesis de que la actual “guerra” es fallida” y no tiene fin. Los que comparten la idea de la “guerra fracasada” emplean como indicador fundamental la violencia entre los seis principales cárteles y el balance de más de 30 mil muertos durante la gestión de Felipe Calderón.

En este tema, es determinante la amplia y compleja agenda de seguridad que México tiene con Estados Unidos. Ambos gobiernos reconocen sus propias responsabilidades, de ahí el diseño de la Iniciativa Mérida en la que ambos países “han logrado sortear los prejuicios nacionalistas”, principalmente en sus Congresos.

Crimen organizado amenaza al Caribe

El documento de la FFE aporta una mirada a una subregión poco analizada en México: el Caribe. Sostiene que la presencia de Estados Unidos es el factor de seguridad más importante en la cuenca caribeña; ahí busca fortalecer la cooperación contra el narcotráfico con la Iniciativa Mérida, que incluye la República Dominicana y Haití.

Esta decisión se apoyó en que, según la agencia antidrogas estadunidense, detectaron que los narcotraficantes colombianos volvieron a emplear la ruta caribeña, debido al cerco naval “que se fortalece en México”, cita el Anuario.

En el Caribe, también predomina la presencia naval de Estados Unidos, que se concreta a través de la Guardia Costera y el Comando Sur. Ambos cuerpos ejercen una tutela de facto que supera la capacidad de cualquier otra fuerza armada subregional (incluidas las de Venezuela, Cuba, Colombia o México). De igual forma, en la cuenca caribeña tienen presencia flotas de guerra, desplegadas permanentemente, de otras potencias globales: Gran Bretaña, Francia u Holanda.

Entre los fenómenos de inseguridad más graves, está la ola criminal. En 2009, un reporte de The Economist señaló que la expansión del tráfico internacional de drogas institucionalizó el comportamiento criminal en los países caribeños, lo que incrementó los crímenes favorecidos por la disponibilidad de armas de fuego.

Este fenómeno afecta particularmente a Jamaica, que presenta la tercera tasa más alta de homicidios a nivel mundial, con más de 60 por cada 100 mil habitantes. Le siguen Haití, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y República Dominicana. La debilidad de los gobiernos locales y sus limitados recursos para hacerles frente los obligan a utilizar intensivamente a las fuerzas armadas, una tendencia similar a la de América Central y México.

Esto ocurre a pesar de que existen experiencias positivas en seguridad y defensa, la mayoría de ellas en el seno de la Comunidad del Caribe, y cuyo rol se centró en atender conflictos electorales graves, así como delimitación de espacios marítimos o disputas por derechos de pesca.

Cuba es un actor fundamental en el Caribe. El Anuario 2010 describe que las fuerzas armadas de ese país permanecen con una capacidad “aceptable” de defensa, sobre todo para hacer frente a las llamadas nuevas amenazas, como el crimen organizado.

Advierte que, “en ningún documento de flujo de drogas, figura esta isla como un corredor importante” y reconoce que sus fuerzas armadas colaboran con la Guardia Costera estadunidense para el control de las drogas y de los migrantes. Sin embargo, señala que su doctrina de defensa mantiene la percepción de que la amenaza fundamental de Cuba es el “imperialismo estadunidense”.

Ingobernabilidad en Centroamérica

Las mayores amenazas a la seguridad centroamericana son la delincuencia y el crimen organizado. Estos fenómenos se expresan desde hace 10 años en la alta violencia social y delictiva, intensa inseguridad ciudadana, frágiles estados de derecho y aplicación de política de mano dura.

De acuerdo con este documento, el panorama de seguridad de Centroamérica se transformó notablemente por los cambios en el perfil de sus presidentes, así como por el golpe de Estado en Honduras (el 28 de junio de 2010).

En El Salvador, Mauricio Funes, postulado por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganó la Presidencia el 15 de marzo de 2009. Su política de seguridad pública se considera conservadora y continuadora de las políticas de mano dura que impulsaron los gobernantes de la Alianza Republicana Nacionalista, el partido que gobernó durante varios años.

El alarmante aumento de los índices de criminalidad llevó a Funes a anunciar la Acción Central de la Policía Nacional Civil en los municipios más importantes del país. Esa política detecta dónde se concentra la violencia y ahí despliega cuerpos combinados del ejército. El 3 de noviembre de ese año, aumentó el número de militares en la policía e instaló retenes En mayo de 2010, dispuso a elementos militares en los centros penales para eliminar “la corrupción interna y la compra de voluntades”.

La elección de Ricardo Martinelli como presidente de Panamá, el 3 de mayo de 2009, dio un giro significativo a la política exterior de ese país en las últimas décadas. Su gobierno se acercó significativamente a la política de Estados Unidos, Colombia y México en el combate al narcotráfico.

En Honduras, el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya sacudió la región y resto de América Latina. Este hecho evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas en el conjunto del hemisferio, además de que dividió la región. Óscar Arias, de Costa Rica, apoyó en un inicio el retorno de Zelaya, pero más tarde ese país y Panamá reconocieron los resultados de la elección en la que triunfó Porfirio Lobo como presidente de Honduras. El triunfo más importante del hondureño fue la reinserción de su país en el Sistema de la Integración Centroamericana en julio de 2010.

Laura Chinchilla ganó la presidencia de Costa Rica el 7 de febrero de 2010. Considerada experta en temas de seguridad, reafirmó su compromiso para abatir la criminalidad mediante acciones preventivas y sociales. También confió en la cooperación con México y Colombia para combatir el narcotráfico.

En América Central, Guatemala es el país con más incremento en los niveles de ingobernabilidad por los constantes cambios de funcionarios del sector seguridad (principalmente el Ministerio de Gobernación). Al igual que El Salvador y Honduras, Guatemala es asolada por la violencia de las maras y la inseguridad, que se agrava frente a la creciente tasa de feminicidios y de homicidios sin precedentes.

Su frontera con México es un espacio de inseguridad en el que han penetrado los cárteles mexicanos para comerciar con la cocaína que proviene de Colombia. El informe de la FFE afirma que este corredor es cada vez más empleado por la efectividad del cerco naval que ha delimitado la Armada de México y que obliga a desembarcar los cargamentos de droga en ese territorio antes de que lleguen a las costas mexicanas.


EU pierde hegemonía

Estados Unidos ya no es la mayor influencia en la región. La política de la administración de Barack Obama hacia América Latina y el Caribe no se diferencia de la que mantuvo su antecesor. A pesar de algunos “ajustes en el estilo”, como una tendencia hacia el multilateralismo y las soluciones concertadas, los temas prioritarios de Washington hacia esta región son el narcotráfico y la migración indocumentada.

Ese interés de Estados Unidos se traduce en México en la búsqueda de mayor cooperación mediante la Iniciativa Mérida. De igual forma, para Centroamérica se traduce en la creciente preocupación de Washington por los “Estados débiles”.

Mientras la política exterior de Estados Unidos se marca con estas variantes, hacia el interior de ese país se observan ciertos indicios de flexibilidad respecto de su política de drogas: varios estados han despenalizado, en diversas medidas y niveles, la posesión y consumo de mariguana. Además, a fines de 2009 se estableció la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental para evaluar la política estadunidense frente a la reducción y prohibición de la demanda de drogas.

Futuro incierto para 2011

Catalina Niño Guarnizo, coeditora del Anuario 2010 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe, de la Fundación Friedrich-Ebert, hace un ejercicio de prospectiva en 2011 para Contralínea. Observa que el crimen organizado –tema clave en México– probablemente se mantenga “fuerte y generando altos niveles de violencia”. Cita como ejemplo el asesinato de dos personas de alto nivel, ocurrido recientemente en Colombia. En su opinión, este hecho evidencia que el narcotráfico vuelve a tener el control en ciertas zonas de aquel país.

Esta dinámica también se presenta en Centroamérica, donde el crimen organizado y el narcotráfico “seguirán afectando a la región”, sobre todo en el triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y en algunas islas del Caribe. Esta situación obedece a la debilidad institucional de algunos de esos países que facilita el negocio que representa la ilegalidad, “por lo que es muy difícil romper el círculo vicioso de corrupción y narcotráfico”, aprecia Niño Guarnizo.

Para 2011, la investigadora considera que es poco probable que haya cambios significativos. Para Suramérica observa que, en términos geopolíticos, las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador se mantendrán estables. Brasil, un país con gran liderazgo político en esa zona, estará en plena consolidación, por lo que las agendas multilaterales en la región avanzarán lentamente.

Para el investigador y politólogo Pablo Celi, es evidente que uno de los efectos de la actual estrategia ha sido el incremento de la violencia, por lo cual tiene poca sostenibilidad como política de seguridad a largo plazo. Por ello, agrega que esto tendrá “efectos de desgaste en su legitimidad y un alto costo político”.

Celi describe que la relación México-Estados Unidos tiene particularidades, aunque también una regularidad en el tiempo que no son comparables con otras en la región ni inciden en otras relaciones bilaterales. Define que los parámetros de esta relación son muy estables, de ahí que sea previsible que se mantenga a pesar de cambios en los gobiernos de cualquiera de los dos países.

Apunta que las relaciones de México con Cuba y Venezuela “son prácticamente nulas”, pues carecen de ámbitos de interés común y no se perciben elementos que las modifiquen sustancialmente. En contraste, el investigador observa que aunque la actual política exterior y de seguridad de Colombia tiene elementos en común con México, actualmente se orientan más en reestructurar su inserción subregional en Suramérica.

Carrera armamentista en América Latina y Caribe

Con el argumento de la modernización de su equipo militar, los gobiernos sustentan el incremento en las adquisiciones. Con excepción de México –que ocupa el cuarto lugar–, los mayores compradores de armas son Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, de acuerdo con el informe de 2009 del Stockholm International Peace Research Institute. Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres indican que Venezuela, después de Chile, es el mayor comprador de armas en América Latina.

A Estados Unidos le preocupa que parte de ese armamento se desvíe hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por esa razón, vino un impasse con el gobierno de Suecia en 2009 para la adquisición de lanzacohetes por Venezuela.

Los principales proveedores de armas para esta región, según el Anuario 2010, son Estados Unidos, Alemania, España y Francia. En Suramérica, se señala a la Federación Rusa, China, Irán y Bielorrusia. Por la tendencia a diversificar su provisión de armamentos, el Anuario advierte que Venezuela desarrolla dinámicas que generan nuevas relaciones de dependencia, particularmente con Rusia.

En 2009, Venezuela cedió a Ecuador seis aviones Mirage 50 que desincorporó de su Fuerza Aérea.

También se debe considerar que en América Latina y el Caribe, hay tres procesos importantes: 1) El desarrollo de industrias militares en la región, donde Brasil es el principal proveedor; 2) La presencia creciente del tema nuclear, como la compra de submarinos de propulsión nuclear por Alemania y Brasil, así como la pretensión de Venezuela e Irán por lanzar proyectos de energía nuclear con fines pacíficos; 3) El del tráfico de armas ligeras que tiene una relación directa con la violencia urbana.

Organismos propios

El Anuario 2010 de la Fundación Friedrich-Ebert también descubre que en algunos gobiernos de América Latina y el Caribe se presenta un proceso de creación de nuevos organismos multilaterales de diálogo político, así como de seguridad y defensa sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Tal es el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), que, atiende desde una visión multilateral, los conflictos entre los países miembros.

Hasta ahora, el CDS abordó problemas que ya trató con anterioridad la diplomacia de alto nivel, con la actuación notable de Brasil, un país “clave” para crear e impulsar la Unasur y el CDS. Sin embargo, destaca que el liderazgo de ese país suscita diferencias con Argentina y Venezuela.

Otras instituciones multilaterales que se multiplican en la región son la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad del Caribe. En medio de ellas, la Organización de Estados Americanos es vista como un organismo que “no ha llevado realmente a una mayor integración” regional.

A futuro, es difícil pronosticar cuál será el desempeño de esos nuevos mecanismos. Algunos observadores regionales, cita el Anuario, señalan que tal proliferación parece ser un indicio de las debilidades de los procesos existentes.

Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011

Sarkozy, Calderón de la Parca y la impunidad

Patriotismo puro-Fisgón


Integrantes de los gremios minero, electricista, de tranviarios y de telefonistas, así como trabajadores de la UNAM, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a la sede de Grupo México, en Polanco, para exigir justicia para los deudos de 65 obreros fallecidos en la explosión en Pasta de Conchos, Coa-huila, en febrero de 2006. Organismos de defensa de los derechos humanos señalan que el gobierno mantiene la protección y encubrimiento para el consorcio, al tiempo que solapa la inseguridad y corrupción en yacimientos de carbón Foto Marco Peláez

Desfiladero
Jaime Avilés

Hoy, poco antes de medianoche, la Tierra terminará de dar su quinta vuelta completa alrededor del Sol, desde que el 19 de febrero de 2006 una injustificable acumulación de gas metano provocó una explosión en la mina Pasta de Conchos a 150 metros bajo tierra. El estallido elevó la temperatura a más de 600 grados centígrados, y el flamazo recorrió los túneles hasta salir por la boca del tiro como un eructo.

Víctimas del desastre, 65 trabajadores murieron en ese momento. Televisa convirtió la tragedia en un espectáculo. Uno de sus levantacejas estelares transmitió día a día, desde el lugar de los hechos, exhortando al pueblo a orar para que los mineros regresaran a sus casas. La teledictadura, que aprovechó el alto rating del tema para ganar millones de pesos, sabía de sobra que no había sobrevivientes. Es imposible respirar un aire tan envenenado.

Humberto Moreira, como gobernador de Coahuila y pensando en su salto a las ligas mayores (hoy es presidente electo del PRI), no dejó de aparecer a cuadro, al tiempo que atendía a cuerpo de rey a sus populares anfitriones. Vicente Fox y su secretario del Trabajo, el yunquista Francisco Javier Salazar, desataron una cacería contra el líder charro del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, para desviar la atención del público.

De este modo, al igual que Moreira y Televisa, protegieron al dueño de Pasta de Conchos, el magnate Germán Larrea, que debió ser detenido y juzgado por negligencia criminal, ya que el gas metano se acumuló dentro del tiro porque estaba descompuesto el sistema de ventilación. Además, sus capataces obligaron a los barreteros a bajar a la mina, pese a que desde varios días atrás éstos reiteraban que la situación era cada vez más peligrosa.

A la fecha, los restos de 63 de aquellos mineros asesinados permanecen bajo los escombros de Pasta de Conchos. Los culpables de su muerte siguen impunes. Germán Larrea ayudó a Fox en el fraude electoral de 2006 a cambio de impunidad absoluta. Felipe Calderón de la Parca se la ratificó en cuanto se sentó en los pináculos. Ahora, Larrea posee también la cadena exhibidora Cinemex, empresa que vende los hotdogs más caros y más malos del mundo.

El trato que Fox le dio a Larrea creó un modelo, que Calderón aplica desde que vive en Los Pinos. A cambio de impunidad, obtuvo el apoyo de Mario Marín y Ulises Ruiz, y de todos los políticos y empresarios involucrados en negocios turbios, incluido el del narcotráfico. Los efectos de esta manera de no gobernar sólo se hicieron visibles cuando ocurrieron hechos tan espantosos como los incendios, ocasionados también por negligencia criminal, en la guardería ABC de Hermosillo y en la tienda Coppel de Culiacán. O con los secuestros y asesinatos masivos de migrantes.

La impunidad ilimitada concedida tan alegremente por Calderón a sus parientes, amigos y socios, destruyó el estado de derecho en la mayor parte del país. Y la patente de corso –el permiso que los reyes de Francia e Inglaterra concedían a sus piratas para que saquearan los barcos de otras naciones– fue extendida, por igual, a las fuerzas armadas, que en regiones dominadas totalmente por el narcotráfico –norte de Chihuahua y sur de Tamaulipas, por poner sólo dos ejemplos– roban, matan, secuestran, torturan, extorsionan y desaparecen personas, y al mismo tiempo transportan y venden droga como cualquier banda criminal, de acuerdo con abundantes y abrumadores testimonios cotidianos.

En los cables de Wikileaks, acertadamente entregados a La Jornada por el colega Julian Assange, los diplomáticos estadunidenses describen como incapacidad del Ejército para enfrentar al crimen organizado la alianza, implícita y explícita, entre cárteles, policías y militares. Pero el caos calderónico ha desbordado ya los esquemas intervencionistas que diseñó Bush y heredó la pareja presidencial de Estados Unidos –Hillary Clinton y Janet Napolitano–, para mantener a la olinarquía mexicana en el poder e impedir que nuestro país emprenda, con Andrés Manuel López Obrador, un camino alternativo como el de Lula en Brasil y el de Evo en Bolivia.

El aparente montaje –¿a cargo de la CIA?– en que dos agentes de la Migraña del Tío Sam fueron atacados en una carretera potosina, será aprovechado por Washington, dicen los que saben, para que México permita que los policías del vecino país circulen armados dentro del nuestro, lo que marcaría el inicio de una invasión militar que parece ya inevitable. Muy atento al desarrollo de este conflicto, el presidente de Francia supone que debe abusar de la creciente y notoria debilidad física, política y moral de Calderón para cobrarle una vieja deuda. Si el hombrecito michoacano ha pagado con la moneda de la impunidad a todos los que lo ayudaron a hacerse pasar por jefe del Estado mexicano, ¿por qué se la niega únicamente a él, nada menos que a él, el marido de Carla Bruni, la ex amante de Mick Jagger, en favor de Florence Cassez?

Transcribo, al respecto, fragmentos de una carta que el famoso crítico teatral del periódico Libération, René Solis, me envió ayer desde Francia. Sarkozy, dice, es definitivamente un genio dioplomático. Su manejo del caso Cassez es una obra maestra. Tras cuatro años de prepotencia, grosería e ineficiencia a diario todavía logra sorprendernos. Es fascinante ver cómo la cosa se ha estado calentando de ambos lados, con los mismos mecanismos que llevan a la guerra.

Y sigue: apostarle todo a la inocencia de Cassez ha sido una tontería mayor de las autoridades francesas (pero) lo que no se entiende desde aquí son los 60 años de cárcel. Parece pesadilla gringa. En Europa hasta los asesinos violadores salen después de 25 años. Y además, aquí, para complicidad por rapto la pena máxima sería de 12 a 15 años de cárcel (entre seis y ocho efectivos). Eso sí, mejor 10 años en Santa Martha Acatitla que cinco en una cárcel de Francia.

GDF: ¿reabrirán gasolineras clausuradas?

El sábado pasado, Desfiladero planteó un acertijo, al comentar que los nuevos dueños de Mexicana de Aviación podrían ser dos políticos panistas que usan lentes pero sólo uno se deja crecer el bigote. A primera hora de la mañana de ese día, el profesor Benjamín Cortés Valadez envió una décima para proponer una respuesta al misterio que permanece en la oscuridad: No es posible ni dudar/ secretario, sin bigote/ Lozano, de SME el azote/ y el que tiene Molinar/ a más de bigote un par/ de buenos antecedentes/ asesino de inocentes/ y Licitación Veintiuno:/ como ellos dos, ninguno/ son los dueños convenientes.

Pero volviendo al tema de la impunidad calderónica, clave de la destrucción del país, los vecinos de Tlalpan que exigen la demolición de una gasolinera en Insurgentes Sur, piden a Marcelo Ebrad que ratifique en su cargo a Diana Ponce, procuradora del Medio Ambiente en el GDF, que durante su gestión ordenó la clausura de 12 negocios del mismo ramo, construidos con licencias otorgadas ilegalmente por Alejandro Nyssen Ocaranza, ex director de Regulación Ambiental, despedido por corrupto.

En la terna que Ebrard presentó a la Asamblea Legislativa para sustituir a la honrada y trabajadora Diana Ponce, figuran Elena Guzmán González, incondicional de Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente y muy cercana a Nyssen Ocaranza; Juan Pedro Machado Arias, abogado defensor de gasolineros, que reabriría todas las estaciones de servicio clausuradas, por chuecas que estén, y el panista y yunquista Miguel Ángel Cancino.

Mañana llega Eduardo Galeano a México. Y pasado mañana regresa Carmen Aristegui. ¡Bienvenidos sean!

Oaxaca

Policías estatales someten a una profesora en el centro histórico de OaxacaFoto Xinhua

Gabino Cué, gobernador de Oaxaca; Felipe Calderón, y Margarita Zavala participaron en la inauguración de una escuela privada en la capital de la entidadFoto Notimex.


El movimiento popular de Oaxaca está echando por tierra la estrategia de engaño del PAN y de la derecha mexicana para hacer creer que con gobiernos de simulación pueden hacer de entidades donde existe una mayor combatividad social su coto privado, y que en este último año se ha sustentado en las alianzas electorales PAN-PRD que le permiten al gobierno panista apoderarse de los gobiernos estatales.

1. La manifestación del martes 15 en Oaxaca por el rápido abandono del gobernador Gabino Cué de las políticas a que se comprometió durante su campaña y por la presencia en la entidad con una serie de actos de provocación de Felipe Calderón –considerado desde hace cuatro años como “persona non grata” para el pueblo oaxaqueño–, al ser reprimida tanto por la Policía Federal de Calderón como por los cuerpos policiacos locales, abrió una nueva fase de la lucha del pueblo oaxaqueño y probablemente de la vida del país.

2. La movilización popular de indignación y de protesta, encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está volviendo a plantear tras la represión la gravedad de la situación en Oaxaca –y en el país–, ahondada por las políticas depredadoras del gobierno calderonista, y a recordar al mundo que en Oaxaca nada ha cambiado.

3. Gabino Cué quedó desenmascarado desde el 1º de diciembre de 2010 en que asumió el cargo, cuando integró su gobierno atendiendo a sus compromisos con el gobierno federal panista y con diversos grupos de la derecha –como el de Elba Esther Gordillo–, y desechó cualquier posible proyecto democrático, hundiéndose en la retórica panista y neoliberal más vacua, cometiendo un primer error de cálculo al menospreciar a los oaxaqueños, sin darse cuenta de que algunos creían que podía haber iniciado un gobierno que sentara un precedente histórico. El harakiri se lo hizo empero este 15 de febrero al pronunciar ante Calderón uno de los discursos más serviles que se recuerden en la historia política de México, que ofendió profundamente a los oaxaqueños, no tan sólo por los elogios cortesanos que hizo a quien junto con Ulises Ruiz los reprimió durante los años cruciales del conflicto (2006-2007), sino también porque abdicó de su cargo y del principio de la autonomía estatal al asumirse como un empleado de Calderón y evidenciar que no tendrá más proyecto que aquel que le dicten los panistas desde Los Pinos.

4. El gobernador oaxaqueño desconoció con su discurso y con sus actos ese día la naturaleza federal del régimen mexicano, asumiendo que no tiene otra propuesta que la misma del gobierno del PAN, que no oculta su pretensión de ensanchar la vía para que los consorcios trasnacionales prosigan el saqueo de los recursos estratégicos de la entidad, de continuar cancelando los derechos sociales de los mexicanos y sobre todo de privatizar la educación, que para él debe estar en manos privadas. La visita del presidente espurio, que fue una mezcla de irresponsabilidad y de prepotencia, y de la cual Cué es corresponsable, tuvo como acto más importante y simbólico la inauguración de una escuela privada llevando del brazo al empresario Alfredo Harp Helú, con el que pretendió enviar un mensaje a Oaxaca y que resultó un bofetón a los maestros oaxaqueños que durante décadas han luchado por la justicia social y ahora son parte fundamental del movimiento.

5. Tan grave como lo anterior es el hecho de que después de tanta barbaridad, y sin darse cuenta de la pendiente en la que se halla, Cué trate ahora de engañar al país pretendiendo encabezar un gobierno democrático, como le dijo a Loret de Mola en Televisa el 16, siendo que: a) llegó al cargo como producto de la alianza entre Calderón y los chuchos del PRD en elecciones en las que los oaxaqueños no tuvieron otra alternativa que la del abstencionismo, b) su gobierno lo integran políticos de los grupos más corruptos de la derecha, incluyendo panistas y miembros del SNTE, c) no tiene más propuesta que la que le dicta Calderón, con lo que no se distingue en nada del gobierno priísta de Ulises Ruiz que le precedió, y d) en nada ha recogido las demandas del pueblo oaxaqueño. Todo lo cual lo confirma en la defensa de su gestión que lleva a cabo en los medios nacionales –que los tiene casi todos a su disposición–, al insistir en hacer suya la demagogia de Los Pinos, como lo hizo al decirle a El Universal del día 17 que el problema de la entidad son los cacicazgos y que él busca la modernización del estado.

6. Los locutores y periodistas mexicanos que durante semanas han hecho el elogio de las movilizaciones populares en el norte de África y el Medio Oriente como la vía para el cambio, no hallan ahora cómo negarle a los oaxaqueños el derecho a decidir su destino, pretendiendo ignorar que el problema del estado no lo constituía un hombre (Ulises Ruiz) sino las políticas de un régimen, sin dejar de lado que quien sostuvo y defendió a Ulises Ruiz fue Felipe Calderón y que la represión, entonces como ahora, la sigue decidiendo el gobierno federal. De ahí que insistan, pretendiendo que no entienden lo que acontece, en que es un lío artificial, a propósito de nada, que no tiene una bandera.

7. La manifestación que reunió a decenas de miles el miércoles 16 en la capital oaxaqueña repudiando la represión y demandándole al gobierno de Gabino Cué un cambio de políticas, evidencia que hay un pueblo en pie de lucha que no se deja engañar. Azael Santiago Chepi (secretario general de la sección 22 del SNTE) reiteró que exigen a Cué sus disculpas, pero que piden hechos, por lo que le exigen la renuncia de tres funcionarios, entre éstos dos secretarios generales del gobierno oaxaqueño que son gente de Elba Esther Gordillo, y éste hasta ahora no ha atinado más que a culpar al gobierno federal de las acciones represivas que provocaron 28 heridos.

8. El gobierno de Calderón tuvo una mala lectura de los acontecimientos, y creyó que su connivencia durante cuatro años con Ulises Ruiz se habría olvidado al apoyar en las elecciones de 2010 a Gabino Cué y que tendría en 2011 un rostro limpio en Oaxaca y vía libre para ahondar las mismas políticas económica y social que le ha impuesto todo este tiempo a la entidad, y ahora debe afrontar la realidad: en Oaxaca nada ha cambiado, y no se ignora ni su responsabilidad en el desastre social ni el hecho de que se halla al servicio de la derecha trasnacional, como tampoco su corresponsabilidad en la represión. De ahí que ahora esté encendiendo los focos rojos de alerta para el panismo porque hay un pueblo en movimiento.

9. El conflicto de Oaxaca, que no es nuevo sino el mismo, ha terminado además por poner en evidencia a las perversas alianzas PAN-PRD, que no buscan un cambio sino consolidar a la extrema derecha en el poder haciendo más fácil la centralización del régimen para imponer las mismas políticas autoritarias, neoliberales y de depredación, pero con gobiernos que quienes las urdieron suponen tienen otra imagen, aunque muy pocos se vayan con la finta. Gabino Cué en Oaxaca, como Rafael Moreno-Valle Rosas en Puebla y Mario López Valdés (alias Malova) en Sinaloa, encabezan administraciones de derecha sometidas al gobierno federal del PAN.

Repudiar intervencionismo

Astillero

*¿Qué hacían los agentes?

*Se enreda la versión original

*La FBI entra en acción

*Repudiar intervencionismo

INCREDULIDAD. Turistas de Montreal, Canadá, observan el lugar donde fue encontrado el cuerpo de una persona con un narcomensaje, mientras que la cabeza se encontraba en el asiento delantero de un auto compacto abandonado fuera de un centro comercial ubicado en la costera Miguel Alemán, en AcapulcoFoto Javier Verdin.


La versión aséptica que originalmente se dio de las circunstancias en que fueron atacados dos agentes estadunidenses cerca de San Luis Potosí se enreda y enturbia en la misma proporción en que los mandos centrales de la potencia invasora aprovechan la coyuntura para afianzar impúdicamente su control sobre la colonia en llamas avivadas.

No era un simple viaje carretero entre la ciudad de México y Monterrey, sino el cumplimiento de una enigmática cita de trabajo con funcionarios estadunidenses en un punto intermedio, San Luis Potosí, y los atacados no iban hacia la capital neoleonesa sino que regresaban al Distrito Federal, y en el contexto de esa extraña reunión de trabajo se haría entrega de un equipo cuyas características y funciones no se han precisado. Demasiadas correcciones al planteamiento original, más la confesión oficial de que en SLP se realizaba una sesión con funcionarios. ¿Qué hacían esos agentes y funcionarios extranjeros en San Luis Potosí? ¿La pareja atacada a la altura del balneario potosino de Ojo Caliente conocía a sus agresores o incluso tuvo o tenía comunicación con ellos? ¿La reacción violenta tuvo que ver con el equipo entregado o por entregar? ¿La agresión se produjo no solamente a sabiendas de que eran policías gringos sino justamente a causa de ello y en razón de los trabajos que habían realizado en esa región? ¿Los atacantes eran narcos o policías mexicanos?

A pesar de todos los puntos oscuros o poco convincentes (la camioneta blindada, por ejemplo, habría quedado a merced de los atacantes porque los seguros de las puertas se desactivaron automáticamente al orillar el vehículo y colocar la palanca de velocidades en parking), la historia del agente asesinado, y su acompañante ya a salvo, se ha convertido en oportuno combustible para incentivar la histeria de la clase política del país de las barras y las estrellas contra el traspatio incendiado a causa de una absurda guerra que pretende frenar el flujo de drogas hacia los consumidores gringos que siguen disfrutando sin problema de las mercancías supuestamente satanizadas. La voz más destacada de la acometida estadunidense es la secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano, quien afirmó ayer que el gobierno de su país está indignado, ultrajado y triste por lo sucedido en SLP y se permitió extender una suerte de amenaza ejecutora implacable: Que nadie se equivoque: los involucrados serán llevados a la justicia, extrañamente confiada en la efectividad judicial mexicana, que según las estadísticas es aplicadamente ínfima, o convencida de que a la memoria del caído habrán de intervenir a sangre y fuego las fuerzas justicieras imperiales para cumplir su misión en tierras baldías.

Un primer apunte de ese libreto de intervencionismo insolente se produjo ayer mismo en San Luis Potosí, a donde llegaron las avanzadas de la FBI para encabezar, en la práctica, a un grupo binacional de investigación. La aceptación calderonista de esas manos extranjeras en un proceso judicial que debería ser soberano es una confesión tajante de la incapacidad institucional nativa y del sometimiento de Los Pinos a las directrices provenientes del país vecino. Toda la enjundia declarativa que Calderón asesta constantemente a públicos cautivos, asegurando que su estrategia de guerra sirve para recuperar espacios públicos y que se está restableciendo la capacidad del Estado mexicano para resolver sus problemas, debería aplicarla al caso de uno más de las decenas de miles de personas caídas en su absurda guerra, sin permitir tutelajes explícitos de policías extranjeros ni la consecuente descalificación tajante del sistema judicial mexicano.

La autorización felipista para el entrometimiento de la FBI merece una repulsa social y política organizada, por la gravedad específica que entraña, pero, sobre todo, porque forma parte de una estrategia anunciada y en curso que busca tomar el control de México a partir del desastre causado por el calderonismo sangriento y destructor, y porque inocula sombríos virus en el proceso electoral de 2012 que ya de por sí tiene encima múltiples amenazas internas (los arrebatos de Los Pinos en busca de conservar a cualquier costo el poder, el abatimiento de los órganos institucionales de organización y calificación electoral, el poderío económico desbordado en ambiciones y el narcotráfico como veto y voto que pocos podrán rechazar, y, ahora, el puño estadunidense que toma posiciones para impedir otra vez sueños de alternancias hacia la izquierda).

Urgente también es el transparentar y redefinir, con pleno respeto a la normatividad mexicana, la acción de los diversos grupos de agentes estadunidenses que a cuenta de Iniciativas Mérida, comités binacionales de trabajo, agregados diplomáticos y otros disfraces,se han convertido ya en un factor incontrolado de expansionismo y una amenaza latente de desestabilizaciones y provocaciones. México no es colonia, ni estado libre asociado; ni la claudicación calderonista significa la aceptación popular de sus tratos entreguistas.

Astillas

En otro flanco internacional, la justicia y la eficacia institucional mexicanas están siendo sometidas a un bombardeo descalificatorio. El caso de la francesa Cassez no pasa obligadamente por la definición de inocencia o culpabilidad, sino por el punto fino del derecho a un juicio justo, a un proceso sin producciones cinematográficas de García Luna ni la integración de un expediente judicial a partir de acomodos o reacomodos... Jesús Ortega está en el centro de las exigencias de redefiniciones en el PRD. Con el estado de México en el centro de las discusiones, crece la exigencia de que el actual presidente de ese partido cese en sus funciones para que no siga impulsando las alianzas electorales con el PAN que tan malos resultados han reportado a la hora de la integración de los equipos de gobierno y del ejercicio práctico (como Oaxaca lo está demostrando de manera contundente)... ¡Feliz fin de semana!

Auditores auditados

Juan Manuel Portal, titular de la ASF.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. 19 de febrero (apro).- Los golpes bajos y los jaloneos iniciaron entre aquellos que buscan ejercer un control sobre el ente “fiscalizador” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es decir la Unidad de Evaluación y Control (UEC).

Ellos saben que “algo” sucede en la ASF, por eso su descontento a las observaciones e indagaciones que la UEC está haciendo a esa dependencia.

Vayamos por partes: para entender qué es lo que ocurre en uno de los organismos más importantes de la Cámara de Diputados que, a su vez, debe servir para que los ciudadanos conozcan de las irregularidades y, en algunos casos, tropelías y corruptelas que se cometen en diversas secretarías

Me refiero a la ASF, un organismo que depende de la Cámara de Diputados que se encarga de revisar si el presupuesto que ésta le autorizó a las secretarías y los poderes Judicial y Legislativo, así como a los órganos autónomos (léase Pemex, IFE, IFAI), se aplica correctamente.

Desde su creación, en 2002, el trabajo de la ASF y sus funcionarios no ha sido cuestionado por el organismo encargado de verificar su labor –la UEC– y tampoco por los grupos parlamentarios, en virtud de que el desempeño ha sido pulcro, aunque cabe aclarar que en una ocasión fue cuestionado con aquella “observación” a un cheque que emitió uno de los hijos de Marta Sahagún (esposa del expresidente Vicente Fox) para que uno de sus amigos pudiera adquirir bienes que estaba “rematando” el gobierno federal.

Sin embargo hoy, por primera vez, el auditor del auditor, es decir la UEC, mantiene dudas razonables sobre algunos funcionarios de la ASF. Además, cuestionó el hecho de que haya aceptado la entrega de 47.7 millones de pesos de parte de uno de los entes auditados (Secretaría de Hacienda), y a las oficinas de la UEC han llegado denuncias serias sobre el desempeño del director de capacitación, a quien han acusado de cobrar 20% de comisión por cada contrato que da a prestadores de servicios externos.

Puede ser que todos estos señalamientos tengan una justificación o un sustento legal, pero por lo pronto a la UEC le han hecho ruido, y así lo ha manifestado en diversos documentos en poder de esta reportera.

La labor del titular de la UEC, Roberto Michel Padilla, ha sido impecable. Desde que llegó como titular de ese ente, el 30 de abril de 2003, y hasta esta fecha, ha trabajado de manera escrupulosa y ha indagado sobre el trabajo realizado por la ASF.

De ahí que resulte preocupante que ahora la UEC de Michel Padilla haya emitido oficios donde relata posibles anomalías en la dependencia encargada de revisar, justamente, el buen funcionamiento de las secretarías y otros órganos.

Tampoco se explica que algunos diputados no estén de acuerdo con las observaciones de la UEC e incluso consideren que es momento de “desaparecer” a este organismo, bajo el argumento de que en ninguna parte del mundo el ente que se encarga de auditar al gobierno federal está sometido a otro organismo para vigilarlo.

De acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la UEC tiene, entre otras, la obligación de “vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF”. Y si Michel Padilla únicamente cumple con sus obligaciones, no se entiende por qué el malestar de algunos legisladores.

En su edición de esta semana, la revista Proceso (número 1789) reveló los oficios en los que Michel Padilla manifiesta sus dudas sobre el desempeño de funcionarios de la ASF (incluso a uno de ellos lo tiene suspendido), y también dio a conocer documentos que fueron entregados a la UEC por el presunto cobro de comisiones.

El tema molestó a algunos legisladores, quienes incluso manifestaron la pretensión de “destituir” al titular de la UEC, que de hacerlo generarían más dudas sobre lo que ocurre en la ASF.

El de la idea fue el diputado del PRI Humberto Lepe Lepe, quien ante algunos integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados consideró que, debido a lo que se publicó en Proceso, era mejor sustituir a Roberto Michel Padilla.

El legislador bajacaliforniano está ligado desde hace varios años a la diputada Beatriz Paredes Rangel, y otro diputado cercano a la coordinadora del PRI en San Lázaro ha comentado que sería bueno “desaparecer” la UEC.

¿Por qué el interés hacia el quehacer de la UEC? Bueno, porque entre los políticos, la ASF es considerada el órgano técnico que hace las auditorías al gobierno federal, mientras que a la UEC se le ve como el ente político. A final de cuentas no es así, aunque, ciertamente, la UEC tiene un gran poder al ser el “auditor del auditor”.

Los golpes bajos hacia la UEC y hacia su titular, Roberto Michel Padilla, tienen, por el momento, otra razón: el relevo.

Michel Padilla llegó a la Unidad el 30 de abril de 2003 y fue electo por ocho años, así que su tiempo concluye oficialmente en dos meses más, aunque puede ser reelecto.

Y quienes pretenden apoderarse o por lo menos influir en la UEC serían quienes hoy utilizan el trabajo de Proceso para descalificar a Michel Padilla y poner en su lugar a alguien afín a ellos o, en su defecto, desaparecer la Unidad.

Pero ni una ni otra cosa sucederá. Primero, porque la UEC forma parte de la estructura de la Cámara de Diputados, y requeriría del apoyo de todos los grupo parlamentarios para su desaparición. Y, en segundo lugar, a los diputados no les conviene destituir a Michel Padilla, no en estos momentos en que se acaba de entregar la cuenta pública de 2009, correspondiente al tercer año de gobierno de Felipe Calderón.

La UEC, además de vigilar el buen desempeño de los funcionarios de la ASF, revisa y desgaja las auditorías realizadas por ese organismo. Y a los diputados les explica, casi con manzanas, lo que la ASF quiere decir en sus voluminosos documentos de cuenta pública.

Pero lo más importante de todo es que no hay un solo elemento que justifique el relevo de Michel Padilla. De hecho, una reelección por un periodo más es lo que más conviene a los legisladores en este momento de revisión de cuenta pública, con una elección presidencial en puerta.

En la Cámara de Diputados se adjudica la paternidad de la ASF al priista Francisco Rojas, debido a que Juan Manuel Portal, el auditor superior de la Federación, se desempeñó al lado del priista en varias dependencias, entre ellas la llamada Secretaría de la Contraloría de la Federación (Secodam) y en Petróleos Mexicanos.

Es claro que hoy la UEC tiene la animadversión de otro de los grupos al interior del PRI, y ante la ya cercana conclusión del periodo de Michel Padilla (30 de abril), se podría pensar que uno más de los grupos políticos del Revolucionario Institucional pretende apoderarse del contrapeso de la ASF, es decir la UEC, incluso si ello implica la reelección del actual titular.

El desenlace lo veremos en los siguientes meses. En tanto, no está de más decir que la ciudadanía debe vigilar al vigilante, denunciar lo que pueda suceder dentro, algo que al parecer los legisladores desconocen, y que también se pidan cuentas a la Auditoría Superior de la Federación.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Niega Segob datos sobre agentes de EU que operan en México

Francisco Blake Mora, titular de la Segob.

Álvaro Delgado


MEXICO, DF, 18 de febrero (apro).- El secretario de Gobernación, Francisco Blake, admitió hoy que agentes de Estados Unidos participan en las diligencias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la agresión a dos elementos policiacos de ese país, cuyo número que opera en México se negó a precisar.
Blake afirmó, también, que la relación entre ambos países no se ha afectado por el atentado contra los dos agentes, uno de los cuales murió, y que la cooperación entre ambos países se da de manera institucional y con pleno espeto a la soberanía de ambos países.
Luego de negar que se autorice a los agentes estadunidenses a que porten armas en territorio de México, el secretario de Gobernación insistió en que la agresión a dos de esos elementos el miércoles 16, en San Luis Potosí, es lamentable y que por ello mantiene comunicación con la secretaria de Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano.
“Hemos asegurado mantener una comunicación estrecha para que la Procuraduría General de la República desarrolle las investigaciones con la cooperación de los países. Lo hacemos de una manera institucional y en el marco de la cooperación, de respeto a la soberanía y a las instituciones de nuestros países”.
Entrevistado luego de firmar el Pacto Nacional a Favor de los Derechos Humanos y la Transparencia en los Tribunales Superiores de Justicia de México, en la capital de la República, el funcionario insistió en que México y Estados Unidos trabajan unidos.
--¿Qué tanto personal de Estados Unidos trabaja en esta investigación?
--Esos detalles ya los tendrá el procurador. Lo que está haciendo la Procuraduría es llevar a cabo las diligencias, en alguna de ellas han sido bajo la presencia de algunos agentes de Estados Unidos, pero cada una de ellas se desahoga por la Procuraduría General de la República.
Blake dijo que la agresión a los dos agentes motiva a ambos países a seguir estrechando la cooperación para seguir combatiendo con determinación, “como lo ha hecho México”, al crimen organizado.
Y negó que ingresen a México agentes estadunidenses armados: “Por supuesto que no. Toda la cooperación y todo el marco de cooperación que hay para la capacitación para la investigación, para procesos que tienen que ver con esta acción de seguridad será en el marco de la ley y el respeto a la soberanía.”
--¿Cuántos elementos de Estados Unidos, como las personas que fueron agredidas en San Luis Potosí, hay en México? Hay muchas dudas, principalmente por parte de senadores.
--Mire, ya le responderemos a los senadores las (dudas) que ellos tengan. Pero lo único que le puedo decir es que vamos a seguir trabajando en la institucionalidad como lo hemos hecho en la cooperación, en la comunicación que ha fluido entre las naciones.
“Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha hecho su parte. Nuestras agencias se encuentran comunicadas, y esa es la forma en que tenemos que seguir combatiendo el crimen, porque el propósito finalmente es la paz, es el orden, es la tranquilidad en algunas regiones de nuestro país”.
--¿Podremos decir definitivamente que no se afectará la relación?
--Por supuesto que no se afectará y no está afectada.

STPS da carpetazo a expediente Pasta de Conchos

La mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

La redacción

MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- Cinco años después del accidente en la mina Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 mineros, “prevalecen las condiciones de peligrosidad” en el filón propiedad de Grupo Minero México, “y no hay evidencia fundamental de que se hayan revertido”, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Por medio de un extenso comunicado, a un día de que se cumplan cinco años del siniestro –este 19 de febrero--, la Secretaría reiteró que “se hizo lo técnica y humanamente posible por rescatar los cuerpos de las víctimas”.
La Secretaría del Trabajo, que encabeza, Javier Lozano Alarcón, señaló, incluso, que debido a la imposibilidad de ingresar a la mina no han concluido las investigaciones para deslindar responsabilidades de carácter penal a los propietarios del filón, encabezados por el empresario Germán Larrea.
El 19 de febrero de 2006, a las 2:30 horas, una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el poblado de San Juan Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, dejó sepultados a 65 mineros, de los cuales sólo dos cadáveres fueron rescatados.
Sobre la negativa a que personal independiente de rescate ingrese a la mina para recuperar los cuerpos de los mineros sepultados bajo los escombros, como lo ha propuesto la organización “Familia Pasta de Conchos”, la STPS señaló que no puede, “de manera irresponsable y populista”, arriesgar vidas al permitir este tipo de trabajos “sin que existan las condiciones de seguridad indispensables”.
“Es penoso –agregó-- que existan personas y grupos que aprovechen este tipo de acontecimientos y se sirvan del dolor e impotencia de los afectados para obtener beneficios personales, sin importarles generar expectativas que a la postre sean de difícil o imposible satisfacción.”
La dependencia federal recordó que “derivado del lamentable accidente” solicitó el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que realizara un estudio que permitiera determinar la viabilidad de recuperar los cuerpos de los 65 mineros atrapados.
El 5 de octubre de 2007, dicha instancia terminó que el ingreso de personas a la mina “compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”.
Destacó que entonces, como ahora, “el riesgo, en las condiciones prevalecientes, es, al menos, cinco veces mayor que en condiciones normales en la minería de carbón, pero, además, por el conocimiento presente que se tiene del grado de deterioro en la zona afectada por el accidente, pueden constituir un peligro aún mayor que el previsto”.
Asimismo, reiteró, “con toda responsabilidad y respeto”, su solidaridad con los deudos de los trabajadores fallecidos, y reafirmó su compromiso por acompañarlos en todos los procesos legales que deben enfrentar hasta ver sus pretensiones satisfechas dentro del marco de la ley.

Oficializa Elías Ayub salida de CFE

Alfredo Elías Ayub, extitular de la CFE.

La Redacción

México, D.F., 18 de febrero (apro).- Alfredo Elías Ayub confirmó su retiro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que se someterá a “un tratamiento intensivo de rehabilitación física”.

En su lugar quedará Antonio Vivanco, quien fuera coordinador de asesores del presidente Felipe Calderón.

Vivanco asumirá la dirección general adjunta de la CFE para sumarse a un proceso de transición.

En una carta enviada a los trabajadores de la CFE, Elías Ayub explica:

“Quiero comentarles que a partir de esta fecha el Maestro Antonio Vivanco Casamadrid se incorpora a la CFE como Director General Adjunto, cargo temporal que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad.

“De esta manera inicia un periodo de transición que permitirá al Mtro. Vivanco involucrarse con los procesos y principales proyectos de la empresa, tras lo cual me separaré del encargo actual a fin de someterme a un tratamiento intensivo de rehabilitación física”.

Cancela Slim publicidad con Televisa

Carlos Slim, empresario.

La Redacción

MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- Las empresas de Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, dejarán de anunciarse en la cadena de televisión Televisa, informó el vocero del consorcio, Arturo Elías Ayub, quien argumentó que la alza de precios de la televisora los orilló a tomar la decisión.

Grupo Carso controla las empresas Teléfonos de México, Telcel, Sanborns y Sears, entre otras.

De acuerdo con declaraciones hechas por Elías Ayub al diario estadunidense The Wall Street Journal, Grupo Carso está dispuesto a considerar su postura si Televisa decide bajar sus tarifas publicitarias.

En México, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, confirmó la decisión de Grupo Carso, sin embargo, consideró que ésta no impactará en los ingresos por publicidad, los cuales, estimó, crecerán un dígito este año.

El año pasado, las empresas de Slim representaron 3.8% de los ingresos por publicidad y casi 1.5% de los ingresos totales de la televisora.

Según estimaciones de la propia Televisa, dejará de percibir unos 75 millones de dólares.

En su edición 1789, la revista Proceso publicó que el grupo de Slim pagó en 2009 alrededor de 2 mil 500 millones de pesos en publicidad televisiva, de los cuales 70% correspondieron a Televisa.

Televisa ha acusado a Slim de ser el principal socio de la empresa de televisión privada Dish, competencia directa de Sky. Sin embargo, éste asegura que sólo presta servicios de cobranza a través del recibo telefónico.

Audio del 4o aniversario de El Chamuco


México es un país gobernado por una mafia







Los empresarios Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim Helú, en disputa por el sector de telecomunicaciones, altamente redituable en términos económicos

Grupo Carso decide suspender su publicidad en la televisora
La decisión costará a la empresa de Azcárraga 1.5% de sus ingresos totales
Según los consorcios, se trata de un diferendo por tarifas de los anuncios
Telmex, Telcel, Sanborns, Sears, entre las firmas que no se promoverán
Desde el pasado martes se interrumpieron las negociaciones, según fuentes

La PGR se deslinda: los homicidios deben aclararlos las autoridades estatales
En un bar de Torreón, un comando mata a cinco personas y lesiona a siete
Detonan granada en centro comercial de Matamoros


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