jueves, marzo 22, 2012
Presenta López Obrador ante el IFE su solicitud de registro como candidato presidencial
* Palabras de Andrés Manuel López Obrador después de entregar ante el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, su solicitud de registro como candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano . Consejeros del Instituto Federal Electoral.
De conformidad con lo que establece la ley, estamos solicitando el registro de mí candidatura para participar en las elecciones y lograr, si así lo deciden los mexicanos, la Presidencia de la República.
Como aquí se ha dicho, y creo que es de dominio público, México atraviesa por uno de los peores momentos de su historia, por eso estas elecciones van a ser muy importantes.
Ahora más que nunca los ciudadanos vamos a elegir. La palabra elegir va a adquirir todo su significado, se va a decidir sobre el destino del pueblo y de la nación.
Hay, como se sabe y se sabrá cada vez más, dos opciones, dos alternativas, dos caminos: O más de lo mismo o un cambio verdadero.
El pueblo libremente tendrá que decidir. Nosotros representamos la posibilidad de un cambio verdadero, queremos sacar al país del estancamiento económico, sobre todo sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo, del temor, de la inseguridad, de la violencia, por la vía pacífica y por los cauces electorales.
No apostamos a transformar al país por la vía violenta, pensamos que se puede lograr la transformación de México de manera pacífica, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico.
Por eso, ustedes, como autoridades electorales, tienen una gran responsabilidad y espero que estén a la altura de las circunstancias.
Que no se repita lo que sucedió en el 2006, que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos. Que se respete la voluntad del pueblo. Que tengan ustedes la capacidad, con la ley en la mano, de garantizar elecciones limpias y libres.
Ese es el propósito que se debe lograr en estas elecciones tan importantes para el pueblo de México.
Dos cosas se deben de cuidar, lo digo de manera respetuosa, sin venir a dar lecciones de democracia a este Instituto, para garantizar las elecciones libres y limpias en nuestro país.
Es fundamental cuidar que no se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a partidos y candidatos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se compren los votos, que no se compren lealtades, que no se compren conciencias. Que sea el pueblo libremente el que decida por qué partido y por qué candidato va a sufragar.
Lo segundo, que es fundamental y determinante, que haya equidad en los medios de comunicación, que eviten ustedes la tentación que algunos medios de comunicación de suplantar el derecho que tienen los mexicanos de elegir libremente a sus autoridades.
Que no quieran los medios de comunicación, en particular la televisión, imponer al próximo presidente de México, mediante la publicidad y la mercadotecnia.
Esos dos aspectos considero que son fundamentales lo demás es añadido. Ojalá no se pierda el tiempo en trámites burocráticos y atiendan ustedes lo sustancial.
Repito: Cuidar que no se utilice el dinero público, el dinero ilícito en las campañas, y que se garantice equidad en los medios de comunicación.
A mí me da mucho gusto estar por segunda ocasión en esta ceremonia de registro, para volver a ser candidato a la Presidencia y vamos de nuevo a participar y vamos de nuevo a ganar la Presidencia de la República.
Muchas gracias ciudadanos Consejeros.
Como aquí lo expresó el dirigente del Movimiento Ciudadano, nosotros siempre vamos a respetar la legalidad. Siempre he sostenido que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Estamos por una auténtica, una verdadera legalidad.
Muchísimas gracias.
Instrucciones para escribir en "El País" sobre América Latina
http://youtu.be/ck70OxRt3lU
Basado en un texto de Daniel Plotkyn en el blog La pupila insomne / La República
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/03/18/instrucciones-para-un-intelec...
#AMLO2012
Mentiras y verdades sobre Siria. Cuatro mentiras de la OTAN
Thierry Meyssan
1. Según la OTAN y sus aliados del Golfo, masivas manifestaciones vienen desarrollándose en Siria desde hace 8 meses en demanda de más libertades y del retiro del presidente Bachar el-Assad.
Falso. Sólo en algunas ciudades, y al llamado de predicadores sauditas y egipcios a través de Al-Jazzera, se produjeron algunas manifestaciones contra el presidente Bachar el-Assad y lo cierto es que esas manifestaciones reunieron, cuando más, un total de 100 000 personas. En dichas manifestaciones no se pedía más libertad sino la instauración de un régimen islámico. Si se exigía la dimisión del presidente al-Assad no era por causa de su política sino porque los manifestantes apoyaban una corriente sectaria del sunnismo, la corriente takfiri, y afirman que Bachar el-Assad es un hereje –porque es alauita– sin derecho por lo tanto a ejercer el poder en un país musulmán que, según la corriente takfiri, sólo puede ser gobernado legítimamente por un sunnita perteneciente a la misma escuela teológica que la corriente takfiri.
México cede a EU riqueza petrolera
El acuerdo para la explotación de pozos transfronterizos de hidrocarburos firmado entre México y Estados Unidos pone en juego el 50 por ciento de las reservas del país, según los propios cálculos de Pemex. El documento “marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana”, considera experto. Con su próxima entrada en vigor, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. El potencial de la zona ya fue mapeado por la paraestatal, con un costo para el erario mexicano de 50 mil millones de pesos. 
En las aguas profundas del Golfo de México se localizaría el 50 por ciento del oro negro del país. Se trata de los recursos prospectivos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha calculado en la zona, de acuerdo con su boletín informativo 19/2012, y que ahora se podrían compartir con Estados Unidos a través de los llamados pozos transfronterizos.
Y es que tras cuatro años de intensas presiones políticas del Departamento de Estado estadunidense y al margen del Congreso de la Unión mexicano, los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.
Para Sergio Suárez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el denominado tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. [Con éste] se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantener la de gas, al abrir indebidamente paso a las trasnacionales en una actividad exclusiva de Pemex”.
Entre otras cosas, el Acuerdo establece en su artículo 7 que si se localiza un yacimiento transfronterizo sin que haya sido aprobado un acuerdo de unificación por las partes, cada país “deberá adoptar medidas para facilitar la explotación del yacimiento transfronterizo como una unidad transfronteriza…”.
En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó “reservas a nivel 3P (probadas, con un nivel de 10 por ciento de certidumbre) por 822 millones de barriles”.
De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50 mil millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el boletín 19/2012. En esta se calcula recursos prospectivos por 29 mil 500 millones de barriles.
Con la entrada en vigor del Acuerdo, signado el 20 de febrero pasado, todos los mapas exploratorios serían entregados a su contraparte: los artículos 4 y 5 estipulan que si cualquiera de los dos países tiene conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de una manifestación de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, la parte deberá de notificarlo por escrito a su homóloga en un lapso de hasta dos meses después del hallazgo. A partir de esta notificación y en el mes siguiente deberán de proporcionar la totalidad de la información geológica relevante, así como entregar toda la información disponible que posean.
México cuenta con mapas elaborados durante los dos sexenios panistas respecto de las reservas prospectivas en las cuatro regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Entre otras cosas, las cláusulas de confidencialidad que se establecen en el Acuerdo podrían ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información.
Fabio Barbosa Cano, investigador en el Iiec, considera “inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos; situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados”.
El artículo 2 del Acuerdo establece que es “confidencial cualquier información o datos, incluyendo información geológica de cualquier tipo, clase o naturaleza, ya sea escrita u oral, revelada por una de las partes a la otra, que no está públicamente disponible y cuya información o datos han sido identificados por la parte transmisora como confidencial”.
Sergio Suárez –doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España– señala que ya se identificaron y mapearon siete provincias petroleras.
De éstas destaca “Cinturón Plegado Perdido. Si bien no han comprobado la existencia de yacimientos, la ubican como el área de mayor prospectiva para Pemex, por estimar que es la continuación de descubrimientos de crudo ligero del lado estadunidense. Las demás provincias serán explotadas por empresas trasnacionales vía contratos incentivados, al contar con la seguridad jurídica y un acuerdo internacional respectivo para trabajar en zonas marítimas mexicanas del Golfo de México.
“En consecuencia, culmina así el objetivo central de la reforma petrolera de 2008: dar cierre al proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana.”
“Pemex perderá”
Este año “la estrategia exploratoria en aguas profundas privilegiará las provincias geológicas propensas a contener aceite, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido y la provincia Salina del Bravo en la parte Norte de la porción mexicana del Golfo de México”, refiere la paraestatal en su boletín 19/2012.
Este año “la estrategia exploratoria en aguas profundas privilegiará las provincias geológicas propensas a contener aceite, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido y la provincia Salina del Bravo en la parte Norte de la porción mexicana del Golfo de México”, refiere la paraestatal en su boletín 19/2012.
El maestro Fabio Barbosa Cano prevé que el Senado aprobará el Acuerdo casi sin discusión, pero aclara que éste no es la culminación de un proceso: “Apenas establece normas generales. La sociedad mexicana tiene que mantenerse vigilante cuando se descubra el primer yacimiento transfronterizo, para conocer cuál es la evaluación sobre reservas formulada por las partes, basada en la información geológica específica; cuál es la producción esperada y qué porcentajes de las reservas y de la producción corresponderán a cada país, qué mecanismos existen para que técnicos independientes puedan revisar la información”.
El experto en reservas petroleras considera que “la tendencia más probable es que si se descubren yacimientos no sólo al cruzar la línea fronteriza, sino incluso cerca de la frontera, como es el caso de las localizaciones Trión y Maximino, se utilizará la infraestructura de proceso ya existente a unos 40-50 kilómetros al Norte en las instalaciones que opera [la empresa de hidrocarburos Royal Dutch] Shell, para trasladar la nueva producción mexicana a las refinerías en Houston, Texas”.
El maestro en ciencias Antonio Gershenson opina que México llega a este Acuerdo bilateral sin ninguna ventaja. “Primero fueron desmantelando la planta calificada de Pemex, ingenieros y similares, con el pretexto de que ya no tenían [materia de trabajo]; le fueron encargando a particulares cada vez más [trabajos]. En las aguas profundas [operan] puras empresas extranjeras. Y ahora con el Acuerdo de la frontera marítima, mandan a Pemex a asociarse sin medios propios, y en una zona en la que el ciento por ciento de las perforaciones realizadas, su procesamiento y transporte está del lado estadunidense”.
Sin embargo, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que el Acuerdo es benéfico para el país, porque “reduce los riesgos de pérdidas”.
En entrevista, asegura que la distribución del petróleo extraído de los yacimientos transfronterizos se hará en partes iguales para México y Estados Unidos. Respecto de las empresas contratadas tanto para los trabajos de exploración y explotación, indica que éstas son confiables. “Cualquier manejo deshonesto las haría perder mucho, pues son empresas internacionalmente conocidas que perderían más por un acto deshonesto que por las ganancias que de ello pudieran generar. Serían vetadas internacionalmente”.
“Revertir el destino fatal”
El maestro Fabio Barbosa indica que la ruta trazada por el Acuerdo bilateral no es “fatalmente el único destino de la producción mexicana en la Región Norte: un gobierno nacionalista, preocupado por la transformación industrial de las materias primas y el impulso al empleo en Tamaulipas y el Norte de Veracruz, puede diseñar otros esquemas de desarrollo de los eventuales campos; por ejemplo, el empleo de una unidad flotante de almacenamiento y proceso, como las que ya operan en la Sonda de Campeche y las innumerables que Brasil ha instalado en sus campos”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó la versión de Petróleos Mexicanos. Al cierre de edición, aún se gestionaba la respuesta del gerente de Comunicación Social, Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza.
Congreso debe discutir a profundidad el Acuerdo
Congreso debe discutir a profundidad el Acuerdo
El abogado Humberto Hernández Haddad considera necesario que los legisladores discutan a profundidad el Acuerdo bilateral sobre yacimientos transfronterizos, que signaron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, el 20 de febrero de 2012.
“La Cámara de Senadores tiene que ser muy prudente y muy cuidadosa en conocer a profundidad los contenidos y alcances de ese tratado, que pueden hacer de la cuenca económica del Golfo de México una gran cuenca de armonía y desarrollo de México y Estados Unidos si se hacen bien las cosas; o si no se hacen bien, la pueden convertir en un pozo muy profundo de inagotables controversias y litigios internacionales. Eso es lo que deben de tener en claro los que van a dictaminar y votar ese tratado, que permitiría la explotación de yacimientos petroleros submarinos transfronterizos por parte de empresas privadas, con el consentimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos y la designación de una autoridad ejecutiva que administraría la extracción de hidrocarburos en esos yacimientos transfronterizos, conforme lo indica en sus 25 artículos dicho tratado”.
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Isla Bermeja, en el limbo 22 mil millones de barriles de petróleo
Debido a que no se ha encontrado la isla Bermeja que marcaría las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, el país ya no dispondrá de un aproximado de 22 mil millones de barriles de petróleo, ahora en manos de Estados Unidos. A pesar de ello, ni el Ejecutivo federal ni los funcionarios que firmaron los acuerdos sobre la delimitación de las fronteras marítimas han comparecido ante autoridades legislativas. En 2008, un exfuncionario de la SRE señaló ante senadores que encontró la isla hundida; sin embargo, no se le pidieron datos precisos ni detalles sobre la expedición. En riesgo, el futuro del petróleo mexicano, considera excónsul mexicano experto en el tema.
Han pasado casi 40 meses desde que terminó el plazo que dio el Senado de la República -mediante un Punto De Acuerdo, firmado el 21 de octubre de 2008-, para que el Ejecutivo federal informara detalladamente en qué situación se encontraba la isla Bermeja, por medio de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE) y Marina (Semar). 
Han pasado casi 40 meses desde que terminó el plazo que dio el Senado de la República -mediante un Punto De Acuerdo, firmado el 21 de octubre de 2008-, para que el Ejecutivo federal informara detalladamente en qué situación se encontraba la isla Bermeja, por medio de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE) y Marina (Semar).
En el primera parte del Punto de Acuerdo se solicita al Ejecutivo que “explique puntualmente el misterio que se guarda sobre la inmersión sospechosa de la isla Bermeja, que estuvo localizada en el Golfo de México, latitud 22° 33’ Norte y longitud 91° 22’ Oeste, y en la que se localizaron más de 22 mil 500 millones de barriles de hidrocarburo en sus alrededores, por existir sospecha en que funcionarios mexicanos contaban con información privilegiada sobre la riqueza que se encuentra en su fondo marino”.
El plazo que otorgaron los senadores fue de 30 días a partir de la firma del Punto de Acuerdo. A dos años y cuatro meses de que terminó dicho plazo, el Ejecutivo federal no ha dado ninguna respuesta.
El documento firmado por seis senadores panistas −Luis Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio, Felipe González González y Jaime Díaz Ochoa− exige a la Semar que inspeccione, de nueva cuenta, la zona en que se ubicó la isla Bermeja.
También recomienda que se utilicen instrumentos de alta tecnología con la finalidad de conocer el estado y grado de deterioro geológico del lugar donde se localizaba la isla, “ya que existen sospechas sobradas que su inmersión fue provocada por la influencia del hombre” (sic).
En su edición de julio de 2005, Contralínea entrevistó al investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); entonces explicaba la importancia de la localización de la isla: “Nos permitiría arrojar la frontera de México más al Norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al Sur con base en las islas Dernier”. Es decir, los yacimientos petroleros más importantes estarían del lado mexicano.
Los responsables
Los responsables
El 9 de junio de 2000, el gobierno mexicano firmó con el de Estados Unidos el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas. Éste fue aprobado por el Senado el 28 de noviembre de ese año, y hasta el 17 de enero de 2001 entró en vigor.
En su artículo 4, el tratado prevé una moratoria, la cual indica que, debido a que existen posibles yacimientos de petróleo y gas natural en la zona, ambos países no podrán autorizar ni permitir la perforación y explotación de petróleo y gas en un periodo de 10 años, el cual comenzó con la entrada en vigor del tratado y terminó en enero de 2011.
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó –en respuesta a la solicitud de información 0000500037011, presentada por el ciudadano David Óscar Velázquez Coria– que “la moratoria sobre la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido por ambos Estados, prevista en el artículo VI (1) del Tratado de 2000, se prorrogó hasta el 17 de enero de 2014, sin perjuicio de otra renovación, de conformidad con lo establecido en el artículo IV (3) del Tratado de 2000”.
También conocido como el Tratado Clinton-Zedillo- fue signado por la excanciller de México, Rosario Green Macías, y la exsecrataria de Estado de Estados Unidos, Madeleine K Albright, representantes de México y Estados Unidos, respectivamente.
Pero el negociador principal del Tratado fue Juan Rebolledo Gout, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte a la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la Presidencia; hoy funge como vicepresidente de Relaciones Exteriores de la minera Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota.
Así consta en el acta del Senado para analizar las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, del 15 de noviembre de 2000.
Ese día se reunieron en el piso cinco de la Torre del Caballito, aproximadamente a las 13:00 horas, los senadores Silvia Hernández Enríquez, Óscar Cantón Zetina, Laura Alicia Garza Galindo y Luis Aldana Prieto, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Nordhausen González, Adalberto Madero Quiroga y Luis Rico Samaniego, del Partido Acción Nacional (PAN), con parte del equipo negociador del Tratado.
Además, Rebolledo Gout, “eje y cabeza del equipo negociador por parte del Ejecutivo federal”, como lo mencionó la senadora Hernández Enríquez; el contralmirante Santos Gómez Leyva, jefe de la Sección 111 de la Armada de México; José Antonio Ceballos, director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos; el embajador Jorge Palacios; Guadalupe López Chávez, directora general de Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y Juventino Martínez, geógrafo del Inegi. A los nueve días de esa reunión, el Senado aprobó el Tratado.
“Quienes tienen la respuesta sobre el caso de la isla Bermeja son Juan Rebolledo Gout, en su carácter de jefe negociador por parte de México, en el Tratado que se firmó en 2000; y quien era en ese entonces el consultor jurídico de la SRE, Miguel Ángel González Félix”, dice a Contralínea Humberto Hernández Haddad, excónsul de México en Texas y experto en el tema.
Miguel Ángel González Félix fue consultor jurídico de la SRE en el sexenio de Zedillo, lo cual le permitió presidir las negociaciones del Tratado Clinton-Zedillo, en 2000. Una vez terminado el sexenio y ya con el PAN en el poder pasó a ser coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Actualmente está casado con Ana María Salazar Slack, quien trabajó en el Pentágono como subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En el Octavo Foro de la Reforma Energética, realizado el 5 de junio de 2008 y presidido por el exsecretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa-, González Félix señaló que había encontrado la isla Bermeja.
“Respecto a la isla Bermeja […] quiero comentarles que la Semar y el Inegi estuvieron con Global Telecommunications System, donde podría haber estado la isla Bermeja, y en efecto se encontró el promontorio; pero éste se encontró, más o menos, abajo del mar, en esta altura, 40 o 50 metros.”
A pesar de ello, nadie le pidió una explicación sobre cómo llegó a la isla, las coordenadas donde la encontró, el mecanismo técnico que utilizó o evidencias que demostraran el hallazgo.
En dicho foro también expresó que al ya no estar sobre la superficie, la Bermeja no puede ser considerada una isla. Por lo tanto, no podría ser tomada en cuenta para definir las fronteras marítimas de México.
Fue hasta cuatro meses después cuando los senadores que presentaron el Punto de Acuerdo para que compareciera el Ejecutivo federal, a través de sus secretarías de Estado, explicaron “que un fenómeno natural de tal magnitud no puede pasar desapercibido, más aún cuando se han considerado que alrededor de la misma [isla Bermeja] se encuentran vastos recursos petroleros por el orden de 22 mil 500 millones de barriles de crudo” (sic).
También señalaron que “existe un secuestro de una porción insular de nuestro México, secuestro que autoridades de alto nivel en sexenios pasados conocieron y que ocultaron la información de los verdaderos responsables de esa mutilación por voraces malos funcionarios de antaño. Hoy más que nunca necesitamos conocer con puntual exactitud qué sucedió con este hecho tan lamentable, sin rasgarnos las vestiduras”.
Hernández Haddad coincide con los senadores y agrega que Rebolledo Gout y González Félix, además de ser figuras clave en la negociación, “deberán aportar la información técnica precisa sobre qué pasó con la isla Bermeja y las causas de su supuesto hundimiento. En este tema se juega el futuro del petróleo mexicano que alimentará la economía nacional del siglo XXI”.
Expediciones
El 5 de septiembre de 1997 se realizó una expedición por parte de la Semar en busca de la isla Bermeja. El buque oceanográfico Onjuku no la encontró, tal y como lo reportó el contralmirante Néstor Yee Amador, en ese entonces director general de Oceanografía Naval de la Semar.
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Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales
Pemex sacó del país más de 1 billón 200 mil millones de pesos a través del Grupo PMI: 10 empresas privadas de la paraestatal, constituidas y operadas con recursos públicos en el extranjero, algunas de ellas en paraísos fiscales. El monto –revelado por la Auditoría Superior de la Federación– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total de la petrolera. El dinero no se puede considerar parte de las finanzas públicas de México, según el director Juan José Suárez Coppel.
Petróleos Mexicanos (Pemex) envió al extranjero, e incluso a paraísos fiscales, 1 billón 212 mil 227 millones de pesos en 2010, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de ese ejercicio, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.
La salida del multimillonario capital –que se habría realizado a través de inversiones, transferencias financieras y compra-venta de productos petrolíferos– implica al Grupo PMI: 10 empresas privadas que la paraestatal creó en el extranjero a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, y que a nombre de ésta comercializan el petróleo y sus derivados y contratan deuda en los mercados internacionales.
El monto –al que se hace referencia sólo una vez en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T4I-02-0740, como “universo seleccionado”– equivale al 70.1 por ciento del pasivo total que la paraestatal publicó el 28 de febrero pasado en su Reporte de resultados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2011, por 1 billón 728 mil 213 millones de pesos.
Del informe de la Auditoría Superior se desprende que los recursos se habrían manejado en cuentas bancarias “particulares” de las empresas “privadas no paraestatales” PMI Holdings, BV; PMI Holdings Petróleos España, SRL; PMI Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Marine, Ltd; PMI Services North America, Inc; Pemex Services Europe, Ltd; Pemex Internacional España, SL; PMI Holdings North America, Inc, y PMI Services, BV. Todas ellas propiedad directa o indirecta de Pemex y bajo la coordinación de su filial PMI Comercio Internacional.
El billón de pesos implicaría operaciones de ventas de petróleo, costos de ventas, compras de insumos (por ejemplo, de las gasolinas que se importan a México), inversiones en el extranjero, dividendos cobrados, inversiones con instituciones financieras, obligaciones fiscales, participación en resultados de las inversiones en el extranjero, costos asociados, capital social, utilidades generadas por los accionistas, intereses ganados por inversiones, dividendos pagados, intereses ganados de préstamos realizados entre las propias compañías PMI, gastos de administración y de venta, flujo de efectivo y contratación de créditos.
La triangulación del dinero
La ruta del dinero trazada por la paraestatal tiene su origen en México: de aquí salen los recursos económicos (para inversiones, transferencias, adquisiciones y pagos) y en especie (los petrolíferos que se comercializan en el extranjero). Y su destino va desde los paraísos fiscales de Islas Caimán, Irlanda y Holanda, hasta Inglaterra, España, India, China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente.
La conexión con los primeros dos paraísos fiscales se realiza a través de una onceava “empresa privada”, propiedad de la paraestatal: Pemex Finance, Ltd, constituida el 18 de noviembre de 1998 en Islas Caimán y que contrata deuda en los mercados internacionales. Sus adeudos los respalda con las cuentas por cobrar por la venta en el extranjero del petróleo mexicano. Esta compañía se relaciona comercialmente con PMI Services y PMI Holdings –ambas con sede en Holanda– y PMI Nortemérica, radicada en México.
Además de asentarse en territorios con leyes fiscales muy laxas, las tres primeras empresas no paraestatales tienen como característica en común que son sociedades unimembres, sin oficinas ni empleados (un esquema empresarial similar al que recurren trasnacionales para evadir impuestos y lavar dinero, de acuerdo con el instituto Global Financial Integrity). PMI Norteamérica tampoco tiene empleados y sus oficinas se localizan en la Torre de Pemex y en Estados Unidos.
Para operar ese billón de pesos, la paraestatal habría recurrido a la triangulación de recursos. PMI Services y Pemex Finance son “clientes designados” de la subsidiaria PMI Comercio Internacional, y como tales tienen la capacidad para negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira. Ambas se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros (como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc), pero también a PMI Norteamérica.
Ello, porque “el 1 de diciembre de 1998 PMI Comercio Internacional celebró con Pemex Finance, PMI Services y [la subsidiaria] Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”. En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.
Además, la relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.
Para estos fines, la caimanera Pemex Finance, la holandesa PMI Holdings y PMI Comercio Internacional comparten la titularidad de una cuenta bancaria collection account, donde se depositan todos los pagos de los clientes del petróleo mexicano.
Aunado a ello, la labor de PMI Services consiste en prestar servicios a Pemex Finance en la selección de las cuentas por cobrar presentes y futuras, como parte del mecanismo del programa de financiamiento estructurado de esa última, revela la auditoría. En 2010, PMI Services “presentó una utilidad neta de 709 mil dólares, equivalentes a 8 millones 765 mil pesos, superior en 31.3 por ciento comparado con 2009, originado por el margen que cobra por esos servicios”.
Parte del dinero también habría alcanzado a Irlanda, a través de PMI Trading y PMI Marine. El vínculo más relevante en estos se establece con la primera compañía, constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos en ese paraíso fiscal, desde donde se ejecutan todas las importaciones de gasolina y productos petrolíferos a México, por ejemplo.
En 2010 estas operaciones ascendieron a 299 mil 754 millones de pesos. Pero en este sexenio, el dinero que habrá pasado por esa “no paraestatal” sumará 1 billón 700 mil millones de pesos: 237 mil 132 millones en 2007; 328 mil 636 millones en 2008; 197 mil 484 millones en 2009; y 286 mil 34 millones en 2011, de acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011). Además se espera que en 2012 se gasten otros 280 mil millones de pesos por importaciones.
A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, PMI Trading también ejecuta todas las exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación. Esto, porque firmó un contrato con la subsidiaria para la compra-venta, en el cual la segunda se obliga a vender a la primera la totalidad de los productos disponibles para la exportación.
No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociadora, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.
Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; como también en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.
Los otros países
Otros territorios involucrados en el manejo del billón de pesos en 2010 son Inglaterra, donde radica PMI Services Europe; España, sede de PMI Holdings Petróleos España y Pemex Internacional España; Estados Unidos, que alberga a PMI Services North America y PMI Holdings North America.
En Estados Unidos, además, se realizaron transacciones de compra-venta de productos petrolíferos. Al igual que en la India, China, Canadá, Singapur, Aruba y el lejano Oriente, naciones consideradas entre los principales clientes del petróleo mexicano.
El sistema financiero internacional
Para mover poco más de 1 billón 212 mil millones de pesos al margen del presupuesto público en ese ejercicio, la paraestatal no actuó sólo a través de sus empresas “privadas” extranjeras, también involucró al sistema financiero internacional. Y el JP Morgan Chase Bank fue una de las instituciones más importantes para Pemex y el Grupo PMI en este intrincado esquema.En diciembre de 2010, correspondiente a la Cuenta Pública fiscalizada por la Auditoría Superior, siete de las 10 compañías PMI suscribieron un acuerdo para crear una tesorería centralizada, que quedó en poder de la holandesa PMI Holdings. Ésta creó varias cuentas de cheques en dólares en el JP Morgan, con sede en Nueva York para tal propósito.
La bolsa centralizada involucra a las tenedoras de acciones PMI Holdings Petróleos España y PMI Holdings; a dos comercializadoras, PMI Norteamérica y PMI Trading; y tres prestadoras de servicios, PMI Services North America, PMI Holdings North America y PMI Services.
En su informe, la Auditoría Superior revela que la filial “PMI Comercio Internacional mencionó que, en un principio, se había sugerido la posibilidad de que cualquiera de las compañías PMI Comercio Internacional o PMI Holdings desempeñara las actividades de tesorero del proyecto. Sin embargo, concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas, en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor flexibilidad para desempeñar las funciones y propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacional, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal”.
Los objetivos del proyecto también conocido como In-house bank son: el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros que tuvieran disponibles las empresas del Grupo PMI, mediante los diferenciales entre las tasas activas y pasivas; la utilización de recursos internos en la expansión e inversiones en activos fijos y nuevos negocios a futuro por parte de PMI Holdings; mayor control en el efectivo de las empresas del Grupo PMI; recuperación de las pérdidas fiscales reportadas al cierre de 2009 por PMI Holdings; y menor cobro de comisiones por operaciones de cuentas bancarias.
De acuerdo con el informe de auditoría, la filial PMI Comercio Internacional eligió para este proyecto a JP Morgan. A mediados de febrero pasado, la Comisión del Mercado de Valores de Canadá demandó a esta institución financiera junto con otras cinco (Citigroup; Deutsche Bank; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC; Royal Bank of Scotland, y UBS) por la presunta manipulación del índice Líbor.
Según la autoridad canadiense, para maximizar sus beneficios estos seis bancos habrían alterado de manera “artificial e ilegal” el tipo de interés del mercado interbancario de Londres, utilizado como referente internacional en materia de préstamos.
Antes del proyecto de la tesorería centralizada, el JP Morgan Chase Bank ya participaba de algunos movimientos financieros del Grupo PMI. En esa institución, PMI Norteamérica tenía una de sus tres cuentas de cheques en dólares (las otras dos, en el Scotiabank Inverlat y en el BBVA Bancomer). Esta compañía privada, constituida con recursos públicos por la paraestatal, también habría hecho inversiones time deposit en el Bank of Tokyo Mitsubishi, el Bayerische Landesbank y el Standard & Chartered Bank.
Además, el Grupo PMI habría recurrido al Bank of New York Mellon, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho y Santander, instituciones a las que Pemex y sus subsidiarias recurren para sus operaciones en el extranjero, de acuerdo con la respuesta a la solicitud ciudadana de información 1857200095509.
Privatización del erario
Aunque su origen son las arcas públicas de la paraestatal, los recursos pierden su carácter de patrimonio nacional una vez que se encuentran en el exterior. Y es que, a decir del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, éstos forman parte de la bolsa privada de PMI.
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Opacidad en recursos para sindicato petrolero
Pemex y su sindicato se encuentran en la lista de instituciones que recurren a todas las instancias posibles para evitar cumplir con las resoluciones del Ifai, dictadas bajo el principio de máxima transparencia. Mediante instrumentos legales, la organización sindical ha impedido que la paraestatal entregue copias de los cheques que le da con cargo al erario y que no necesariamente corresponden a las cuotas sindicales; también, que informe el gasto del transporte de personal y los seguros de viajero para trabajadores, que se contratan dos veces sin justificación. Ni siquiera el reciente fallo de la Suprema Corte terminará con la opacidad, reconoce la presidenta del Ifai. Peschard indica que los particulares, como el STPRM, tienen garantizado su derecho de recurrir al juicio de amparo. 
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podrá seguir amparándose para evitar que la información del dinero que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea publicada, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello, porque se trata de un particular y no está obligado a rendir cuentas del uso que le da a los recursos económicos y en especie que le entrega la paraestatal, una vez que éstos salen de las arcas públicas. 
En la sesión celebrada el 12 de octubre de 2011, el Ifai resolvió como sobreseído el recurso de revisión. Jaqueline Peschard explica que “si se sobreseyó quiere decir que le dieron la información, entonces se quedó sin materia o que estuvo mal planteada”.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podrá seguir amparándose para evitar que la información del dinero que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea publicada, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello, porque se trata de un particular y no está obligado a rendir cuentas del uso que le da a los recursos económicos y en especie que le entrega la paraestatal, una vez que éstos salen de las arcas públicas.
Este razonamiento parecería contrario a lo establecido el 5 de marzo de 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala resolvió que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) son definitivas e inatacables.
No obstante, Jaqueline Peschard, comisionada presidenta del Ifai, explica a Contralínea que “los particulares sí se van a poder seguir amparando, porque es un derecho fundamental. Entonces, el Sindicato [de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana] lo podrá seguir haciendo y los particulares, aun cuando sean personas morales, van a continuar amparándose y eso sí está previsto por la ley. Pero los sujetos obligados a los que nosotros les instruimos que den la información, ésos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación está diciendo: tú no puedes litigar en contra de una resolución del Ifai, porque son resoluciones que te obligan de manera definitiva”.
Peschard considera que la resolución es muy relevante, no sólo para el Instituto, sino sobre todo para el acceso a la información. “Esta sentencia significa que se cumplan los términos de la Constitución y que el acceso a la información debe ser ágil, expedito”.
Ocultan recursos públicos al Sindicato
Ocultan recursos públicos al Sindicato
Información del Ifai indica que de los 17 amparos que los sujetos obligados han promovido entre 2004 y 2012, cuatro son de Pemex. Además, de 2007 a 2011 el STPRM se amparó al menos en 25 ocasiones para impedir que la paraestatal entregara información sobre asuntos que le concernían, indicó el diario Reforma el 16 de enero pasado.
Uno de esos casos es el de las solicitudes de Norma Monroy, una activista petrolera que pidió desde hace cuatro años copias certificadas de todos los documentos que amparen la entrega de recursos (económicos o en especie) que Pemex ha entregado al Sindicato en el periodo de 2000 a 2007. A pesar de que se trata de recursos públicos, la paraestatal y el STPRM se han amparado y, con ello, ha impedido que la información se conozca.
“Como ciudadana llegué al Ifai desde 2007, y ando, desde entonces, en un peregrinar. Pedí, entre otras cosas, los cheques certificados con todo el dinero que Petróleos Mexicanos le ha dado al Sindicato, y he recorrido hasta la fecha, los juzgados 16 y 14 [en materia de amparo].”
Monroy narra que durante una de las citas que tuvo con la excomisionada del Ifai, y entonces ponente de su caso, María Marván, le fueron requeridas pruebas de que los recursos que salen de Pemex con destino al Sindicato no sólo son por cuotas. “Yo tengo los convenios. Ellos justifican que los recursos son para la celebración del 1 de mayo [Día Internacional del Trabajo], pero ya tiene mucho tiempo, desde [el gobierno de Ernesto] Zedillo, que no se desfila y menos lo hace el sindicato petrolero. También el 18 de marzo [Día de la Expropiación Petrolera] se les entregan 80 millones de pesos; cuando viene la revisión contractual, se les otorgan 180 millones para gastos, y todo eso lo paga Pemex. Es mentira que se lo tiene que dar al Sindicato [para cumplir objetivos]. Todo esto está en convenios, más aparte el Pemexgate. Por eso estoy pidiendo [cuentas] del dinero que ha salido de 2000 a la fecha, y se amparan tanto el Sindicato como Pemex”.
Entre otras cosas, la paraestatal debía de haber entregado a Monroy copias de los cheques certificados que tanto el corporativo como las subsidiarias hubieran dado a los dirigentes petroleros, encabezados por el priísta Carlos Romero Deschamps. Así lo resolvió el Ifai, pero eso no se ha cumplido.
Los gastos excesivos
El hermetismo y la opacidad con que se tratan los asuntos relacionados con las erogaciones sindicales también se evidencian con el caso de Aldo José Luis Cifuentes de la Madrid, agremiado desde hace 21 años al STPRM, Sección 39, con sede en la localidad de Santa Catalina, municipio de Huauchinango, Puebla.
A través del sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), el 30 de marzo de 2011 solicitó (folio 1857200043811) a Pemex copia de los contratos y convenios administrativos sindicales de transporte de personal de las 36 secciones; los cheques emitidos por la paraestatal; los recibos de las empresas beneficiadas con dichos contratos; los documentos que avalan la constitución de las empresas que constan en Pemex; y de los contratos de las compañías que aseguran al personal durante el traslado.
“Lo hacemos porque son recursos públicos, son recursos de la nación”, señala el petrolero. La respuesta de Pemex fue solicitar una prórroga el 2 de mayo de 2011 para continuar con la búsqueda de la información. Un mes después (el 2 de junio), Pemex notificó a Cifuentes de la Madrid la disponibilidad de la información y el 27 del mismo mes, el Infomex recibió el pago por el envío de los documentos solicitados.
El 11 de julio se notificó que la información “ha sido enviada” al solicitante. Sin embargo, adjunto a la notificación se incluyó un archivo en el que se comunicaba que en sesión ordinaria, del 23 de junio de 2011, el Comité de Información de Pemex acordó la suspensión concedida al STPRM por el juicio de amparo 614/2011, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Así, la resolución concedió la “suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto a fin de que las autoridades responsables no hagan entrega al tercero perjudicado; es decir, al solicitante de la información que le fue autorizada mediante el oficio SRHRL-CGG-1334/2011, relativo a la solicitud de información 1857200043811”.
Ante la contradicción de la respuesta recibida por Pemex, Cifuentes de la Madrid apeló al recurso de revisión que el Infomex sugiere para estos casos. El 1 de agosto de 2011, interpuso dicho recurso. Veintiún días después se notificó a Petróleos Mexicanos que se admite el recurso y se le otorgan siete días hábiles para manifestarse.
En la sesión celebrada el 12 de octubre de 2011, el Ifai resolvió como sobreseído el recurso de revisión. Jaqueline Peschard explica que “si se sobreseyó quiere decir que le dieron la información, entonces se quedó sin materia o que estuvo mal planteada”.Aclara que de ser el segundo caso, lo que aplica es que el Instituto, en un nuevo recurso, “vea si es información del patrimonio del Sindicato y eso está amparado justamente, porque es un privado. En ese caso, nosotros no podemos abrir esa información. El Sindicato no es sujeto de la ley”.
Cifuentes de la Madrid y otros trabajadores consultados indican que el interés por conocer esta información radica en que tanto la paraestatal como el STPRM efectúan un doble pago por un mismo servicio. Se paga dos veces el seguro que cubre los gastos que se pudieran generar por accidentes que ocurran durante el traslado al lugar de trabajo.
Las opciones legales
Las opciones legales
Jacqueline Peschard reconoce que entre los casos de amparo más recurrentes que involucran a Pemex están aquellos originados por solicitudes de información sobre recursos que van al Sindicato de Trabajadores Petroleros. “En esos casos, con mucha frecuencia, cuando se pide [conocer] cuántos recursos se le transfirieron de Pemex al Sindicato, nosotros hemos señalado que son recursos públicos. El artículo 12 de la Ley de Transparencia indica que todos los recursos públicos, todo lo que sea del erario, tienen que decirse a dónde va y cuánto es; el monto, y a quién se le destina”.
La comisionada presidenta del Ifai ejemplifica: “Si en el contrato colectivo se señala que se les va a dar ayuda para vacaciones o para construcción de vivienda, nosotros consideramos que son recursos públicos que van a un tercero y eso se tiene que transparentar. Entonces, el Sindicato siempre se ampara”.
En estos temas, señala Peschard, “lo más controversial ha sido cuando se pide, por ejemplo, cuáles son los recursos que se van al Sindicato por concepto de cuotas sindicales, pero esa aportación la descuenta Pemex de la nómina. Hemos señalado que se aplica el mismo criterio. Unos jueces dijeron que sí se debe dar el recurso, otros que no, porque aunque lo da Pemex al Sindicato, eso es parte del patrimonio del trabajador, porque es de su sueldo que se le descuenta”.
Añade que otros casos recurrentes de amparo “son los que tienen que ver con los contratos de Pemex con terceros, con empresas que le van a ofrecer algún tipo de servicio o para la construcción. Ahí lo que nosotros hemos encontrado es que uno de los principios y obligaciones de transparencia es que todo lo que tenga que ver con contratos, convenios, licitaciones, etcétera, al final son recursos públicos y son obligaciones de transparencia”.
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La CFE, tarifas y corrupción al alza
Obstinados en defender lo indefendible, el presidente Felipe Calderón y sus funcionarios se encuentran contra las cuerdas en el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha calificado de corrupta e inoperante y, prácticamente, en quiebra.
Ahora sucede que la “empresa de clase mundial” tuvo pérdidas al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos en contrasentido de sus famélicas utilidades que apenas alcanzaron los 809 millones. Sus pasivos totales llegan casi a 600 mil millones de pesos.
Aunado a este sombrío panorama financiero hay que sumar el altísimo costo social que ha traído el ilegal y arbitrario cobro “estimado” que se ha hecho a millones de usuarios, no sólo de la zona centro sino de todo el país, ocasionándoles considerables quebrantos en su economía familiar, al ponerlos en la encrucijada de optar por comer o pagar la luz.
La tesis oficial de que con el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) habría cobros más justos, un servicio más eficiente y considerables ahorros al erario nacional, se ha desmoronado en el atril de los discursos y buenos deseos calderonistas.
En el escenario real todo está peor que antes: la ASF comprobó que por lo menos a 47 por ciento de los usuarios del Valle de México (antes atendidos por LFC) se les ha hecho cobros “estimados” del consumo eléctrico, por lo que sus recibos, antes de cientos de pesos a pagar, se dispararon a miles. Si se considera que hay aproximadamente 6 millones y medio de clientes en este rango de error de la CFE, son más de 3 millones los afectados.
A esta calamidad administrativa hay que sumarle la nula capacidad de respuesta de la CFE para atender las quejas de usuarios, ya no digamos por la inconformidad justificada en el ilegal cobro en los recibos, sino en la atención a las fallas constantes en el servicio; a diario siguen volando mufas en el Centro Histórico; es común escuchar en noticieros de radio las quejas de la gente, porque se les deja sin luz por días; o nada dicen los altos funcionarios de la Comisión ni de la Secretaría de Energía sobre el robo que se han hecho del cableado de cobre, sustituido por el de aluminio (pésimo conductor de energía eléctrica) y que imposibilita la transmisión de voz, datos e imagen a través de la fibra óptica.
La opacidad y corrupción con que se sigue manejando la CFE son tabúes para la administración de Calderón. Y la consecuencia directa de esto es la atención pésima que dan a usuarios las empresas contratistas favoritas de los funcionarios corruptos, como el exdirector operativo Néstor Moreno Díaz, que al igual que muchos otros prevaricadores se hicieron millonarios sin ser llamados a cuentas por la justicia.
Del lado sindical, la complicidad también tiene fuertes nexos de “hermandad” con funcionarios de la CFE. Por muchos años, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez (director de operaciones de la CFE hasta abril de 2007) fueron los que palomearon licitaciones y contratos en la paraestatal, con la anuencia de su jefe, Alfredo Elías Ayub. Hernández Álvarez fue por un largo tiempo el hombre de confianza del exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera. En 2007 Hernández se jubiló y cedió los bártulos de los negocios a Moreno Díaz. Con la llegada al relevo del SUTERM de Víctor Fuentes del Villar, nada cambió y, por el contrario, las empresas contratistas han operado a sus anchas (sobre todo tras el cierre de LFC) con la aprobación del líder que a cambio se lleva un porcentaje de manos de funcionarios de la CFE: el famoso 2 por ciento de la cláusula por desplazamiento laboral, sin importrle con esto lesionar la materia de trabajo de sus agremiados.
Cuando los medios cuestionan al presidente y al director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, sobre los altos cobros que enfrentan los usuarios y la situación financiera de la empresa, echan mano de las más absurdas galimatías; de acuerdo con Calderón, si bien la población “paga mucho”, lo que debe hacer es disminuir su consumo “para ayudar a bajar el subsidio que paga el gobierno”. Para él si usted, yo o cualquier persona tiene un enfermo en casa que requiere un equipo de diálisis o un respirador, debe de bajar su consumo, claro, a cuenta y riesgo de que el enfermo se muera. Ya el irresponsable superintendente de la CFE (José Bernal Segura) le cortó la luz al hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche, lo que ocasionó como “daño colateral” la muerte de un bebé (hijo de Keneth Cervera y Rosario Caamal). ¿Qué acaso no es la electricidad un derecho constitucional de todo mexicano?
Pero del lado de Vivanco también se cuecen las habas y castañas de la contradicción: de acuerdo con el director de la CFE, ésta goza de una oronda “robustez financiera”. Y ni qué decir sobre lo cobros excesivos, que a su parecer son debido a que “se está cobrando donde antes no se cobraba”. Y, “hay una mejor medición; ahora estás pagando lo que consumes”. ¿Y entonces por qué los cobros estimados?, ¿acaso millones de consumidores están equivocados o no pagaban?
Las millonarias pérdidas de la paraestatal a su cargo, también pasan para Vivanco Casamadrid como el día y la noche: de forma natural. Seguramente imagina que las cifras adversas son parte de ataques ficticios de los enemigos del Partido Acción Nacional, que quieren hacer quedar mal a la “empresa de clase mundial”, prácticamente en la quiebra, justo a donde la han llevado funcionarios corruptos como Elías Ayub, quien sueña con retornar a su cargo, de ganar Enrique Peña Nieto la Presidencia, no por algo su maestro y protector fue por años el exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, nada menos que tío del candidato puntero a Los Pinos.
Y otro responsable que debería ser investigado por la ASF es el exdirector de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, a quien pusiera al frente de la entidad Calderón, y que a la par de Elías Ayub también implantó una red de corrupción con sus funcionarios, ahora se sabe que con el fin de dar la puntilla a la paraestatal y de paso tratar de acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a dos años y cuatro meses del ilegal decreto de extinción –que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores–, sigue de pie dando la lucha al lado del pueblo de México y, por supuesto, de los millones de usuarios indignados en todo el país.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Caos en administración del patrimonio inmobiliario
El gobierno de Felipe Calderón administró caóticamente el patrimonio público federal; el inventario de bienes inmuebles está incompleto, miles de no están valuados, otros miles éstos no tienen la documentación que los acredite como propiedad gubernamental y otros tantos ni siquiera aparecen en los registros. Todo ello, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, tiene al patrimonio nacional en incertidumbre jurídica. 
Todo ello, junto con las islas, presas, playas y carreteras que aún no se privatizan, son patrimonio nacional e incluso algunos de la humanidad, de acuerdo con la clasificación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
México es uno de los países del continente con más inmuebles históricos, que además de ser costosas joyas arquitectónicas únicas en su tipo, son herencia histórica de la nación, desde las hermosas y costosísimas catedrales barrocas, neoclásicas o góticas, las iglesias con primorosos retablos y techos bañados en oro, los monumentales palacios de virreyes y condes que hoy, en su mayoría, albergan museos, oficinas públicas o colegios.
Todo ello, junto con las islas, presas, playas y carreteras que aún no se privatizan, son patrimonio nacional e incluso algunos de la humanidad, de acuerdo con la clasificación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.Su administración corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública.
Conforme los preceptos básicos de la administración, para disponer un bien mueble o inmueble, lo primero es saber su valor, contar con los planos correspondientes y su inscripción ante el registro público correspondiente. Pero, en el caso de los bienes patrimoniales de carácter federal, la realidad es otra: durante todo el sexenio, la administración de Felipe Calderón, a través del Indaabin administró los bienes nacionales sin tener precisión del número ni valor de éstos, así lo revela la Auditoría Superior de la Federación, en recientes auditorías a ese instituto.
No obstante, en tal circunstancia, se dieron de baja o se transfirieron una gran cantidad de inmuebles sin que se tenga claridad de lo que ocurrió con éstos.
El diputado federal Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, identifica como “un gravísimo foco rojo en materia administrativa” el manejo que el Indaabin hizo del patrimonio nacional. Explica que “lo que ocurre con el Indaabin es lo mismo que ocurrió con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que el gobierno ni siquiera sabía lo que tenía y así comenzaron a echar mano de esos inmuebles y activos sin que al final se supiera su destino”.
Gasto y lastre
Gasto y lastre
En 2000 la recién llegada administración de Vicente Fox detectó que había numerosos bienes muebles e inmuebles “ociosos o desaprovechados”, y, según se dijo, su control, vigilancia, mantenimiento, conservación y protección generaba altos costos, en detrimento de los recursos económicos del Estado.
No se sabía el número exacto de los bienes inmuebles que integraban el patrimonio; en muchos casos no se contaba con la documentación que acreditara su propiedad y, por ende, no se tenía seguridad jurídica sobre ese patrimonio.
Para ordenar y regularizar todo ello, en 2004, se creó el Indaabin, que ejercería las atribuciones de la Ley General de Bienes Nacionales, diseñaría los ordenamientos jurídicos en materia de avalúos, justipreciaciones de rentas, inventarios, registro y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales, además de la protección, adquisición, enajenación y afectación de los inmuebles.
Para su operación se invirtió en promedio más de 100 millones de pesos anuales.
Sin embargo el lastre continuó, aun cuando el gasto se incrementó significativamente. En 2010, por ejemplo, de un presupuesto original de 115 millones 427 mil pesos se incrementó hasta 298 millones 898 mil 900 que se gastaron en servicios personales, recursos materiales, financieros y de inversión.
Más bienes para la Iglesia
Más bienes para la Iglesia
De la administración de Fox a la de Felipe Calderón el patrimonio inmobiliario federal disminuyó en 0.4 por ciento en promedio anual al pasar de 103 mil 781 inmuebles en 2005, a 101 mil 595, en 2010.
No hay claridad de cuál fue el destino de esos más de 2 mil inmuebles, ése es uno de los puntos que Contralínea plantearía al Indaabin en la solicitud de entrevista que se solicitó a su titular, José Luis López Díaz Barriga. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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¡Respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón
Oprobioso, ominoso, vergonzoso, todos los adjetivos caben para describir el rol de García Luna en el caso Cassez. Y ahí está, muerto de la risa, quitado de la pena. Es el intocable del sexenio.
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A ver si así...-Hernández
Suprema Corte-Fisgón
Jueces y parte-Helguera
Justicia impresentable
Ayer, por mayoría de tres votos contra dos, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la liberación de Florence Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro–, como proponía el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. Ante la negativa, la resolución sobre el amparo solicitado por la defensa de la acusada quedó en suspenso, y corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero presentar, en semanas o meses próximos, un nuevo proyecto de dictamen.Más allá del resultado de la discusión judicial de ayer, en el curso de la misma se hizo manifiesta la situación de catástrofe que atraviesa el sistema de justicia en el país. El reconocimiento, por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, de atropellos diversos a los derechos de la inculpada durante su detención y durante el proceso en su contra es un golpe demoledor a la cadena de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y salvaguardar el estado de derecho: desde los funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), que escenificaron la falsa captura de Cassez y violentaron sus derechos a la asistencia consular y a ser presentada ante el Ministerio Público, hasta los juzgadores que avalaron dicha práctica y dieron curso a un proceso judicial viciado de origen.
En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían tenido lugar. Sólo en el contexto de una legalidad bastante imperfecta sería concebible y explicable que los atropellos cometidos por la AFI, la PGR y los jueces hubiesen pasado tantos años sin ser investigados y sancionados. Por desgracia, en el México contemporáneo las perspectivas de esclarecimiento y de castigo por estas faltas han sido nulas hasta ahora, y antes bien se ha premiado a los responsables, si se toma en cuenta el papel protagónico que ocupa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –quien al momento de la detención de Cassez se desempeñaba como director de la AFI–, en el gabinete presidencial y en el diseño y aplicación de la contraproducente estrategia de seguridad en curso.
Ante tal circunstancia, el mero reconocimiento por los magistrados del máximo tribunal de los vicios policiales y judiciales detectados en el caso Cassez resulta insuficiente, sobre todo porque distan mucho de ser aislados: los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y la fabricación de culpables forman parte de un deterioro estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
No resulta ocioso preguntarse cuántos reclusos y reclusas enfrentan actualmente sentencias derivadas de procesos tanto o más irregulares que el de Cassez, sin posibilidad de acceder a los reflectores mediáticos y a la proyección internacional que tuvo la ciudadana francesa, y qué porcentaje de la población penitenciaria del país habría podido apelar a la liberación inmediata como resultado de esas irregularidades, en caso de que el proyecto de Zaldívar hubiese prosperado.
Lo menos que cabría esperar, una vez que cuatro de los cinco ministros de la primera sala han aceptado la comisión de graves faltas de autoridades policiacas y judiciales, es que éstas sean debidamente investigadas y los responsables sancionados conforme a derecho.
Al desaseo exhibido por las deliberaciones del caso Cassez en el máximo tribunal del país ha de agregarse la inaceptable intromisión del Ejecutivo federal en los asuntos del Poder Judicial para que sus máximos exponentes rechazaran la liberación de la sentenciada. El reclamo lanzado ayer por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, al Ejecutivo federal, de que ese organismo está obligado a garantizar el derecho de todos
y de que la ley no puede cumplirse a capricho
constituye una respuesta procedente y necesaria al comportamiento del gobierno federal en lo que toca al caso comentado, pero también una contundente descalificación al desempeño de la actual administración durante el último lustro en materia de justicia.
En suma, con independencia del derrotero que tome el caso Cassez en semanas y meses próximos, la discusión de ayer dio cuenta de la descomposición de una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y que se ha vuelto un factor de desaliento y cinismo y en una faceta impresentable de México ante el mundo.
La trama continúa
La francesa Florence Cassez en imagen de marzo de 2006, durante su proceso por secuestro en el Reclusorio Oriente.Secuelas de un montaje
*Frente al Ejecutivo, el ministro manifiesta su repudio "al abuso del poder"
*La ley no se cumple a capricho; ¡respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón
*Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, afirma en el 206 natalicio de Juuárez
Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo federal, durante el discurso que pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en la ceremonia conmemorativa por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrada en Palacio Nacional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Juan Silva Meza, manifestó ayer su rechazo a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho, luego de exigir respeto a la división de poderes y a las instituciones.
Al participar en la ceremonia por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez, antes de que la Corte resolviera sobre el caso Florence Cassez, subrayó su repudio al abuso de poder, que es el paso previo al autoritarismo y la impunidad.
En medio de las presiones que han recibido los ministros por el tema de la ciudadana francesa sentenciada a 70 años de prisión por secuestro, Silva Meza resaltó que los jueces sólo deben sumisión a la Constitución.
Frente al presidente Felipe Calderón, quien encabezó la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente de la Suprema Corte resaltó: necesitamos que funcionen con normalidad las instituciones de la República. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la República, que es la legalidad
.
El ministro pidió seguir la templanza y la fortaleza moral de Juárez. Entendamos que en momento difíciles y extraordinarios, debemos apegarnos a la ley, como fórmula de paz y de certidumbre
, enfatizó.
Subrayó que hoy los jueces, magistrados y ministros están atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, los cuales exigen que el nuestro sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad
.
Señaló que en el país se realiza un intenso proceso de transformación constitucional y que los integrantes del Poder Judicial atenderán el producto de esa gestación.
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*Espera que
la verdadse restablezca pronto
*El Ejecutivo tiene que corregir
agravios
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