martes, mayo 13, 2008

MENSAJE PARA LOS JUBILADOS DEL ISSSTE

De manera atenta pero urgente te solicito tu apoyo para poder difundir entre todos los profesores jubilados del ISSSTE, que revisen sus talones de pago pues nos han hecho de manera arbitraria una afiliación para ser usuarios de un SUPÛESTO SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS por la via del fast track ,- concepto 95- es decir..SIMPLEMENTE NOS PELLIZCARON LAS PENSIONES A PARTIR DE ESTE MES DE MAYO.
Urge la cancelacion de este seguro y los profesores se están movilizando a las oficinas del SNTE nacional en la calle de Venezuela 44 en el D:F.
ESTA ES UNA MAS DE LAS ARBITRARIEDADES DE LA DUPLA gordillo yunes. de eso se trataba..
GRACIAS ANTICIPADAS POR TU APOYO
Las personas deben presentarse con una copia del talón de mayo que deben sacar por internet ya que -eso si- nos llegan si bien nos va cada 4 o seis meses, si es que llegan.
La página es www.issstenet.issste.gob.mx.pd.. se supone que el último día, si nos dejamos, será mañana miércoles a las tres de la tarde. La otra sede es el hotel Sevilla Palace.

Ja, y hara caso omiso!

ONG española exigirá respeto de derechos de pueblos indígenas a multinacional Repsol YPF

Varios miembros de la organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam participarán el miércoles en la Junta general de accionistas de la multinacional española Repsol YPF para exigir una política que garantice el respeto a los derechos de pueblos indígenas.
Según un comunicado de la ONG, además de seguir insistiendo para que la empresa apruebe una política transparente y verificable sobre estos derechos, sus voceros harán entrega de las 11 mil firmas de apoyo recogidas entre la ciudadanía.
Los pueblos indígenas denuncian que Repsol YPF vulnera sus derechos. La petrolera, que opera en 14 países de América Latina, asegura tener una política de responsabilidad social corporativa que respeta y garantiza los derechos de estos pueblos.
“Sin embargo, diferentes informes elaborados por Intermón Oxfam y otras organizaciones y nuestro trabajo en terreno, indican que la empresa, en la práctica, no cumple con lo que dice”, denuncia el documento.
Intermón Oxfam pedirá a Repsol YPF que respete los derechos recogidos en la legislación internacional: Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007 por la ONU, de la que España es firmante.
La ONG estima que “hay que reconocer que la empresa ha dado un pequeño paso adelante: Repsol YPF ha elaborado un borrador de política de pueblos indígenas que ha circulado entre diferentes entidades (Intermón Oxfam entre ellas) para que valoremos el contenido del texto”.
Sin embargo “el borrador actual es claramente insuficiente, y así lo hemos manifestado a la empresa petrolera”, enfatiza el comunicado.

TeleSUR - Intermón / sb - SB
unidos en defensa del televidente mexicano

Para ampliar imagen AQUI.

La era del hambre

Erosión creciente

El Chatham House, un think tank británico al que recurren con frecuencia los hombres del poder, presentó recientemente un informe sobre el futuro alimentario que enfrentará el planeta. Su diagnóstico es pesimista: si no se frenan los precios de los alimentos, si no se discuten los temas de oferta y demanda, el porvenir será catastrófico...LONDRES.- En los últimos tres años, los precios globales de los alimentos crecieron hasta en 83%, según reportes del Banco Mundial.El organismo advierte: si esta tendencia continúa las consecuencias serán catastróficas para el planeta. Y explica que en los próximos años habrá hambrunas que golpearán a los pueblos más vulnerables.A pesar de que los altos precios de estos productos no son inusuales en los mercados agrícolas, sí es alarmante que los incrementos se extiendan a los principales alimentos y materias primas, sostiene el organismo.En septiembre de 2005, la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió “resolver el impacto de precios de materias primas volátil, así como apoyar los esfuerzos de países dependientes de dichas materias primas para reestructurar, diversificar y reforzar la competencia de esos sectores”.Tres años más tarde, los precios del maíz, el arroz, la soja y el trigo alcanzaron su mayor nivel, lo mismo que el petróleo y el oro, cuya cotización es la más elevada en la historia contemporánea.El Chatham House de Londres, el prestigioso think tank inglés en materia de estrategias políticas y de desarrollo que consultan con frecuencia los gobiernos de todo el mundo, publicó recientemente un informe en el que hace una evaluación de la crisis que se avecina.Este documento –difundido el pasado 30 de abril bajo el título Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo y firmado por Alex Evans, especialista del Centro de Cooperación Internacional de la New York University, donde preside el Programa sobre Cambio Climático y Bienes Públicos Globales– propone un debate profundo para lograr un desarrollo a nivel internacional y se pronuncia por cambios estructurales.“Aunque a corto plazo la presión recaerá en la demanda, es imprescindible tener en cuenta factores ‘de escasez’ a largo plazo que afectarán la situación, como el cambio climático, la escasez de fuentes hídricas, la seguridad energética y la presión a la tierra”, detalla Evans.De acuerdo al texto, la demanda es el principal factor que dispara los precios de los alimentos. Históricamente, el crecimiento de la demanda para los alimentos era de 1.5% anual; en el último año ese índice aumentó a 2%.Otro elemento que destaca Evans es el rápido crecimiento económico, en particular el de las economías emergentes como las de China e India; así mismo, explica que ese crecimiento correspondería a 50% del factor que ha impulsado el aumento en los precios de los alimentos.Subraya también que los mayores ingresos en las familias de clase media en la mayoría de los países conllevan una modificación de los patrones de consumo de alimentos, como las dietas basadas en carnes y lácteos.Por lo que atañe al papel de los biocombustibles como fuente de demanda para los granos, el informe del Chatham House sostiene que “éstos han sido un elemento significativo” en la tendencia alcista de precios alimenticios. Estados Unidos, por ejemplo, ya destina alrededor de 7 mil millones de dólares anuales para apoyar los combustibles con etanol. Este tipo de combustible consume 20% de los granos de maíz de ese país, promedio que, se estima, aumentará a 32% para 2016, asienta el informe.En Europa, la situación es igual de preocupante. La Unión Europea (UE) propone que para 2020 el 10% del transporte utilice biodiesel, un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.Las proyecciones del grupo de inversión Goldman Sachs, con sede en Nueva York, son todavía más dramáticas: la demanda de alimentos crecerá hasta 2.6% en una década. En ese sentido, el Banco Mundial informó el pasado 27 de marzo que la producción de alimentos deberá crecer otro 50% para 2030 (y 85% para la carne) para satisfacer la creciente demanda.En ese sentido, el lunes 5 la ONU solicitó a Estados Unidos y a la UE reducir la producción de biocombustibles para no empeorar la crisis alimentaria mundial.“Era comprensible en momentos en que los precios de los alimentos eran muchos más bajos y las reservas más grandes, pero no tiene sentido ahora que existe una escasez global de alimentos”, explicó Jeffrey Sachs, el economista estadunidense que asesora al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, después de discutir el tema en el Parlamento Europeo.
Escenarios críticos
Evans también considera en su investigación la oferta de alimentos. A corto plazo, dice, ésta responderá lentamente al incremento de la demanda. Y con respecto a la reducción de las exportaciones de países productores de alimentos como India, Argentina o Kazajstán, sostiene que este aspecto se vuelve problemático cuando los países importadores adquieren grandes volúmenes de alimentos para incrementar sus reservas en caso de escasez.Otro elemento que destaca el think tank británico es la volatilidad de los precios actuales atribuidos a inversores especuladores que buscan garantías en los mercados de materias primas debido a un dólar débil y como consecuencia de las caídas de los mercados de bonos y de capitales accionarios (equity).A corto plazo, afirma Evans, los problemas de precios de alimentos se resolverán gracias a que en el hemisferio norte se registró una buena cosecha de granos; pero a largo plazo, la escasez “se hará sentir de forma significativa”.Y plantea un escenario pesimista: Un aumento prolongado de los precios del petróleo, sumado a sequías masivas provocadas por la falta de agua, el cambio climático y por problemas con las reservas energéticas “harán que en un futuro no muy lejano los países en desarrollo sufran una crisis sin precedentes por los precios de alimentos”.Para el autor de Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo, de todos los flagelos, el de la escasez de agua será “el de mayor preocupación”, ya que la demanda global del líquido se triplicó en los últimos 50 años.En la actualidad, destaca, alrededor de 500 millones de personas viven en países con escasez crónica de agua. Y agrega que probablemente esta cifra aumente a 4 mil millones para 2050.Según el informe, otro factor relevante en la ecuación de precios alimenticios es el fin de reservas acuíferas subterráneas sobreexplotadas en las últimas tres décadas por países como Estados Unidos, Egipto, Pakistán, India y China. Pero el “factor clave” será sin duda la disponibilidad de la tierra.Ante un aumento desmesurado de la demanda de alimentos, arguye Evans, “se deberán cultivar nuevas tierras; en la actualidad las mejores superficies son cultivadas en forma extensiva, lo que resulta funesto para el medio ambiente del planeta”.La Chatham House advierte también que el cambio climático incidirá de manera notable en el precio de los alimentos. Menciona, entre otros aspectos, el descongelamiento de glaciares y las sequías de extensas tierras arables, especialmente en China e India, donde miles de hectáreas dejaron de ser cultivables.Si las temperaturas aumentan entre 1 y 3 grados centígrados, como pronosticó el 17 de noviembre pasado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “las implicaciones serán dramáticas en los precios de alimentos”, afirma el organismo británico.Así mismo, afirma que el cambio climático incrementará el número de personas en peligro de morir por hambruna, y aumentará de 40 a 170 millones el número de desnutridos en el mundo.
Qué hacer
En su informe State of World Aquaculture de diciembre de 2006, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization, FAO), dependiente de la ONU, sostiene que hay otro 12% de tierras disponibles que no han sido deforestadas o sujetas a la erosión o desmineralización. Del total de las tierras que pueden ser cultivadas, 16% están degradadas.El organismo agrega que en 36 países la seguridad alimenticia es crítica; necesitarán de algún tipo de ayuda externa para que su población no padezca hambrunas y muertes masivas. De éstos, 21 se encuentran ubicados en África, aunque no todos están afectados de la misma forma, afirma el organismo.El informe de Chatham House cita que mediante el Programa Mundial de Alimentación (PMA), la ONU proporciona ayuda a 73 millones de personas en 78 países. Su presupuesto para este año es de 2 mil 900 millones de dólares, que resulta insuficiente debido al aumento en los precios de alimentos. Si continúa esta tendencia, el programa precisará 500 millones de dólares para hacer frente al problema de desnutrición en países en desarrollo, menciona el documento elaborado por Evans.El autor explica que frente al incremento en los precios de los alimentos, los países de la UE, así como China, Egipto, México, Perú y Rusia han optado por reducir o eliminar las tarifas de importación.“Sin embargo, parte de esas reducciones se han visto afectadas o se han perdido por la imposición de tarifas de exportación adicionales o cuotas de otros países, algunos de estos productores de gran envergadura, como es el caso de Argentina (donde) las medidas para reducir los precios domésticos provocaron ya malestares sociales. Algo similar ocurrió en México, China, India, Kazajstán, Ucrania y Vietnam”, sostiene el informe.Para el think tank, la cuestión crucial es “cómo incrementará el mundo la oferta de alimentos para satisfacer la enorme demanda”.Y expone: “La comunidad internacional debe trabajar de lleno y rápidamente para determinar de dónde vendrá este incremento de demanda, tanto en términos geográficos como de nuevas técnicas agrícolas y de tecnologías.“La comunidad internacional debe ayudar a los países más pobres para que éstos se beneficien de los altos precios de alimentos. En ese sentido, naciones como Canadá, Rusia, Ucrania, Brasil y Argentina, que son importantes exportadores de alimentos, deberían integrar a largo plazo a países de África donde en la actualidad la producción alimenticia sigue siendo mucho más baja que en otras regiones por falta de inversión, infraestructura, sistemas de transporte y tecnología.”Lo anterior podrá lograrse mediante políticas de inversión y cooperación entre naciones cuyas desigualdades se están reduciendo por primera vez en las últimas décadas, precisa. Y asegura que entre 2003 y 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) de los países del hemisferio sur creció más rápido que en los países en desarrollo, lo que es gratificante para América Latina y África.En 1980, el PIB de países desarrollados era 23 veces mayor que en los países en desarrollo; para 2007 ese producto bajó a 18. “Este es un momento de enormes cambios para las políticas globales de alimentos, tanto en países en desarrollo como en los desarrollados. ¿Qué deberían lograr estas políticas? Antes que nada claridad en la naturaleza de las opciones que enfrenta la población mundial”, destaca Chatham House en su informe.Más: “Hay beneficios importantes en los objetivos para las políticas de alimentos, entre éstos la competitividad para consumidores, la seguridad en la oferta, la conservación medioambiental y medidas para garantizar los cultivos locales. Es vital que los seguidores de las políticas desarrollistas se sumen a este debate y ayuden a delinear los objetivos para un sistema alimenticio viable para el siglo XXI que incluya a todos por igual.”Sin embargo, advierte Evans: si las preguntas más difíciles sobre los objetivos generales para resolver la crisis de precios alimenticios son escondidas bajo la alfombra o no se responden de manera adecuada, “los más pobres del mundo serán mal representados en el debate”, incluso marginados.Enemigo de lo que él llama “falsos debates”, exhorta a los grupos desarrollistas a buscar nuevas alianzas y mecanismos para el intercambio entre naciones: “En ese sentido –dice–, habrá que comenzar a utilizar el término de ‘democracia alimentaria’, en lugar de ‘seguridad alimentaria’. Un aspecto clave a la hora de pensar entre todos una salida a este problema que afectará a los (países) más débiles.”
Cumbres inciertas

Programas contra la pobreza. Recortes

Poco o nada se espera ya de la quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe que se realizará en Perú esta semana. Los investigadores consideran que estas reuniones están prácticamente agotadas por factores como el crecimiento de la UE y su falta de consenso, la atención al terrorismo y la falta de integración regional de América Latina, con el régimen de Chávez en Venezuela y el apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua. Ahora, dicen, la UE no sabe lo que espera de Latinoamérica y viceversa...

BRUSELAS.- Las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), Latinoamérica y el Caribe –cuya quinta edición se realizará este 16 y 17 de mayo en Lima, Perú– están agotadas.“Las cumbres han ido perdiendo gas después de las tres celebradas en Río de Janeiro (1999), Madrid (2002) y Guadalajara (2004). La cumbre de Viena (2006) vivió una clara devaluación de sus objetivos. Este hecho y el desánimo instalado en muchos de los participantes nos deben llevar a reflexionar sobre el futuro de las cumabres”, señala Carlos Malamud, investigador principal de temas latinoamericanos del Real Instituto Elcano de Madrid.En la primera de esas cumbres –celebrada los días 28 y 29 de junio de 1999 en Brasil–, ambas regiones proclamaron una “alianza estratégica” en los ámbitos político, económico y cultural, detallada en los 55 puntos del Plan de Acción que acompaña a la Declaración de Río.Allí, los asistentes se comprometieron, por ejemplo, a impulsar “una cooperación más estrecha en los foros internacionales”, a “fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos”, a “invitar a la sociedad civil a participar en la implementación de iniciativas”, y a “trabajar con miras a la modernización” de los Estados. En este último aspecto, aclararon que se trabajaría “en especial con respecto a los sistemas electorales, la administración de justicia, los sistemas tributarios y las políticas presupuestarias, como mecanismos para la redistribución de la riqueza y de los ingresos generados por el desarrollo económico”.A pesar de la existencia de ese marco teórico, apunta Malamud en un reporte aparecido el 10 de enero pasado, “ambas partes han sido incapaces de dotar de sustancia al que hasta ahora se estima como su mayor producto”.Retomando la opinión de Stephan Sberro, codirector del Instituto de Estudios de Integración Europea del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Malamud estima que “el único resultado concreto” que se puede atribuir a las cumbres es el programa EurosociAL.Ese programa, aprobado en Guadalajara y dotado de un modesto fondo de 30 millones de euros, se creó “para facilitar los intercambios de buenas prácticas” en materia de lucha contra la pobreza, la que alcanza a 194 millones de latinoamericanos, 36.5% de la población total, según datos de 2006 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).No obstante, el pasado 28 de agosto, el gobierno de Suecia anunció un plan que recortó a menos de la mitad la cooperación para el desarrollo de Latinoamérica.Ese país nórdico decidió reducir de 70 a 33 el número de naciones beneficiadas por esos fondos. Así, en su programa “a largo plazo” sólo figura Bolivia y, en lo que respecta a los apoyos a “países en conflicto o post-conflicto”, aparecen Colombia y Guatemala.Quedaron excluidos de tales fondos Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba y el anfitrión de la próxima cumbre, Perú. En conjunto, las naciones mencionadas recibieron 65.6 millones de euros en 2006, según estadísticas de la Dirección para la Cooperación Internacional al Desarrollo de Suecia.“Y esto ocurre en un contexto en el que se decide darle prioridad a combatir la pobreza, pero se elimina a países como El Salvador, Nicaragua y Haití, manteniendo a otros como Serbia y Turquía”, lamenta Malamud.
Agenda doble
El pasado martes 6, durante una rueda de prensa, la comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, defendió la utilidad de las cumbres con el argumento de que “representan una excelente oportunidad para que los líderes se hablen directamente” y “establezcan estrategias” tendentes a solucionar los problemas globales.Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad, opina lo contrario: “La diplomacia de las cumbres parece haber llegado a su fin con la ampliación de la UE el 1 de mayo de 2004, lo cual llevó a 10 presidentes adicionales a la mesa de negociación de la Cumbre de Viena” (del 11 al 13 de mayo de 2006).La cumbre de 1999 convocó a 48 gobernantes, mientras que para la de Lima se espera la asistencia de 60, ya que el 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania a la UE. Lo anterior –abunda Maihold en el reporte ¿Sirve de algo el diálogo político entre la UE y Latinoamérica?, financiado por la Fundación Carolina de España– ha provocado “la pérdida de intimidad entre los mismos presidentes, ya que apenas logran entablar conversaciones más allá de sus encuentros bilaterales”. Menciona que, por otro lado, la celebración, en el marco de la cumbre de Viena, del Primer Foro de Negocios Eurolatinoamericano y de una cumbre alternativa –el encuentro social Enlazando Alternativas–, a la que asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez, así como el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, “dieron un acento diferente a la ya rutinaria diplomacia de cumbres”.Así, continúa Maihold, a raíz del interés de tales mandatarios por influir en los sectores alternativos y tener presencia en los medios de comunicación, se ha establecido una nueva “agenda doble”, que “desvirtúa y quita legitimidad” a las deliberaciones de la cumbre oficial. Malamud sostiene que detrás de todo esto hay una grave falta de “claridad conceptual”: “La UE no tiene claro qué espera de Latinoamérica y viceversa”.Y refiere la anécdota de un hecho que se produjo el 9 de octubre pasado, en Santiago de Chile, durante la última reunión anual del Foro de Biarritz, evento que se creó un año después de la Cumbre de Río para “reflexionar” sobre la relación entre ambas regiones.En la discusión, el ministro de Exteriores argentino, Jorge Taina, comenzó su intervención mencionando el conflicto que sostiene su país con Gran Bretaña respecto a la soberanía de las islas Malvinas.“De este modo, explica Malamud, Taina no sólo mandaba señales equívocas de lo que espera Argentina del diálogo con la UE, sino que también supeditaba la relación birregional, y toda su potencialidad, a la superación de un conflicto que debe resolverse en otras instancias y ante el cual la UE en su conjunto no puede dejar de apoyar la postura británica.”Aunado a ello, añade, los gobiernos latinoamericanos carecen de un “lobby eficiente y eficaz” en Europa. Ello deriva en una incapacidad para “movilizar” a favor de algunas de sus demandas a países europeos con intereses económicos y lazos culturales en la región, como España, Portugal, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. “Hacen la guerra por su cuenta, incluso en Bruselas, lo que resta fuerza a sus posiciones ante las instituciones de la UE”, advierte el académico.
Incertidumbre
José Antonio Sanahuja, director del Departamento de Cooperación y Desarrollo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, también apunta que “en la relación birregional hoy existe malestar, incertidumbre y, a veces, perplejidad”, lo que pone “en duda” su “relevancia y eficacia”.En el referido reporte de la Fundación Carolina, Sanahuja expresa que una de las causas de que eso ocurra es que la actual estrategia hacia Latinoamérica de la UE, que se estableció en 1995 en el documento Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación, obedecía a otra época.Explica que tal estrategia apostaba a la integración latinoamericana a través de la concertación de políticas en la región, y después a los diálogos con otras regiones, así como a una “auténtica” integración del tipo europeo, con un mercado único, mayor igualdad social y fortalecimiento de las instituciones colectivas.Para alcanzar esos objetivos, la UE decidió entablar un diálogo político regional con los países latinoamericanos y sus proyectos de integración (Mercosur, la Comunidad Andina y el Sistema Centroamericano), apoyarlos con programas de cooperación y ofrecerles “acuerdos de asociación” a cambio de un “nivel suficiente” de integración.“La pertinencia y la validez de tal estrategia –expone Sanahuja– están en duda por los cambios que se han dado desde entonces: En el contexto internacional la agenda está marcada por la primacía de la seguridad y ‘la guerra global contra el terrorismo’ que se inicia con los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la nueva agenda de desarrollo definida por los Objetivos del Milenio, que reclama mayor atención hacia los países afectados por el terrorismo trasnacional y el integrismo religioso, o bien hacia los países más pobres.”A escala interna, prosigue el investigador español, la UE atraviesa una “etapa de incertidumbre” respecto a su futuro debido a la ampliación de Europa en 2004 y al “no” de Francia y Holanda a la Constitución Europea al año siguiente, mientras que Latinoamérica atraviesa un nuevo ciclo político con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, y con el debate sobre una vinculación más estrecha con Estados Unidos o la apuesta por la integración sudamericana.Malamud plantea que una paradoja de tal estrategia europea es que los únicos acuerdos de asociación económica, concertación política y cooperación han sido firmados con países individuales: México en 2000 y Chile dos años después.“Sin embargo –dice–, nada indica que la UE vaya a cambiar su estrategia negociadora regional y pase a valorar los acuerdos bilaterales.”
–¿Qué papel juega Hugo Chávez en tal situación? –pregunta el corresponsal.
–La presencia de Chávez se ha convertido en un factor de división, de una manera que nunca había sucedido en el pasado. Si se confirma el ingreso de Venezuela en el Mercosur, la negociación con la UE sería más incierta por el papel negativo que jugaría Chávez. No sólo debilita la existencia de una posición común latinoamericana, sino también hace cada vez más difícil el diálogo con Europa. Gracias al apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua, la posición de Venezuela se ha visto reforzada en estos foros. Y si es difícil que la UE hable con una sola voz, en el caso latinoamericano esto es hoy simplemente imposible. l
Trasnacionales lava cerebros

BRUSELAS.- Detrás de un supuesto “programa educativo” para fomentar el “intercambio de conocimientos” entre empresas y eurodiputados –llamado Plan Europeo de Negocios y Parlamento (PENP)–, opera una oficina privada de cabildeo al servicio de compañías trasnacionales como Cementos Mexicanos (Cemex), Iberdrola, Repsol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Telefónica.

Aunque los responsables del programa lo consideran “neutro” y “objetivo”, el documento que lo presenta indica que su propósito es que los eurodiputados puedan “examinar las mejores prácticas corporativas y la manera en que funcionan sus negocios”, de modo que adquieran una “mejor comprensión de las compañías” y “tomen mejores decisiones” a la hora de legislar.Al PENP están “asociadas” 24 trasnacionales con operaciones en la Unión Europea (UE), varias de ellas con filiales en México. Los beneficios del plan son tales que “al menos” otros 26 consorcios están por asociarse, señala la página de internet del organismo.Dichas trasnacionales tienen acceso privilegiado a los 785 eurodiputados del Parlamento Europeo que pueden legislar en materia de comercio interior.Según los documentos internos del PENP –copia de los cuales obtuvo Proceso–, éste garantiza a los consorcios agremiados “tres o cuatro sesiones con eurodiputados”, que incluyen “juntas de trabajo y participación en reportes parlamentarios”; así mismo, “compartir con ellos estudios, informaciones y conocimientos disponibles relativos a las políticas económicas actuales”.Por otro lado, las trasnacionales pueden “ser anfitrionas de dos o tres encuentros con eurodiputados o altos oficiales del Parlamento Europeo”, quienes son invitados a visitar sus instalaciones bajo la organización del plan. La finalidad: “exponerles los compromisos” de la compañía correspondiente.Cemex, por ejemplo, propone a los eurodiputados visitar sus plantas en Rüdersdor o Kollenbach, en Alemania, o las de Barrington y Rugby, en Gran Bretaña, para mostrarles el uso de combustibles alternativos y la reducción de sus emisiones contaminantes.La protección a la biodiversidad es el tema que Cemex pretende abordar en las visitas a dos canteras en Hampshire, donde aplica técnicas para la recuperación del entorno. Finalmente, en materia de logística y transporte, les propone visitar una plataforma en la región francesa de Marolles sur Seine. Violaciones
En franca violación al mandato de velar por los intereses públicos, la dirección y promoción del PENP la ostentan destacados miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza mayoritaria en el hemiciclo legislativo.El jefe del programa es el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, a quien la izquierda eurolegislativa liga con los poderosos industriales de su país. Pöttering es también jefe de la Asociación Internacional de Negocios y Parlamentos, la organización británica que gestiona el plan europeo. Su registro en Gran Bretaña la clasifica como una “sociedad anónima sin fines de lucro”.Por otro lado, el presidente del Consejo del PENP es el vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Alejo Vidal-Quadras Roca, un antiguo dirigente del Círculo de Empresarios de España.La directora ejecutiva del plan es Natalia Federighi Rincón. Antes de llegar a ese puesto, Federighi fue asistente del eurodiputado español José Ignacio Salafranca Neyra, quien tuvo la jefatura de la misión europea de observación de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006.El pasado 15 de abril hubo una audición pública sobre la transparencia del lobby en la capital de la UE. Ahí, la copresidenta del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, la italiana Mónica Frassoni, acusó al programa de realizar un “simple lavado de cerebro” con la intención de “implantar en los eurodiputados una imagen positiva de las empresas”.El 4 de abril, en una carta de protesta dirigida a Pöttering –copia de la cual obtuvo Proceso–, Frassoni denunció que dicho programa viola disposiciones del Parlamento Europeo. La causa: desde diciembre pasado, el PENP cuenta con una oficina dentro del propio Parlamento Europeo (el despacho 202, en el quinto piso del edificio E).“La Decisión sobre patrocinio del 9 de junio de 1997, consolidada el 1 de mayo de 2004, estipula que ‘los patrocinios del Parlamento Europeo deben ser otorgados solamente a eventos específicos’; en ningún caso éstos pueden ser permanentes”, advierte la eurodiputada.Añade que los patrocinios, según la misma normativa, “no deben significar implicaciones adicionales” ni “tener propósitos comerciales”, por lo que el apoyo del Parlamento Europeo al plan quebranta también sus propias regulaciones financieras. El despacho del PENP no paga renta, dispone de un correo electrónico oficial del Parlamento Europeo y un número telefónico y otro de fax, cuyas facturas salda la misma institución.Por otra parte, pese a que las trasnacionales “asociadas” aportan al programa una cuota anual de 23 mil 500 dólares por concepto de “honorarios”, “parte” de los costos del PENP –como la transportación y el hospedaje de los representantes de las empresas– lo asume el presupuesto parlamentario.Por eso Frassoni demandó a Pöttering “aclaraciones” sobre el plan. Pöttering no contestó, pero el pasado 24 de abril la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo (en donde se reúnen los presidentes de los siete grupos políticos) decidió pedir a quienes se encargan de las cuestiones administrativas y financieras retirar la oficina al programa.
“Lobby” español
Lo anterior no impidió que el pasado 28 de abril el PENP organizara una visita de eurodiputados y congresistas latinoamericanos a la Fundación Telefónica en Lima, Perú, para explicarles su proyecto Proniño, contra el trabajo infantil. Fue una de las actividades oficiales de la Asamblea Eurolatinoamericana, que se reunió en esa capital del 29 de abril al 1 de mayo, en el marco de los eventos previos a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-Latinoamérica que se celebrará del 13 al 17 de mayo.De acuerdo con comunicaciones que obtuvo este semanario, el 26 de marzo Vidal-Quadras –por medio de una carta con el membrete de “vicepresidente” del Parlamento Europeo– solicitó a Salafranca, presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, anunciar a los eurodiputados la “oportunidad” de visitar las instalaciones en Lima de Telefónica, Suez (la compañía francesa de distribución de agua), BBVA y British Petroleum. A ellas se refiere en la carta como “nuestras empresas”.Así lo hizo Salafranca durante la reunión preparatoria de la delegación europea que fue a Perú. El 28 de abril, más de 100 eurodiputados recibieron la invitación en sus correos electrónicos oficiales, que envió el español José Javier Fernández Fernández, el administrador principal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y jefe del Secretariado europeo de la mencionada asamblea.En un archivo adjunto, Fernández incluyó la presentación del programa, además de los datos de contacto “en caso de requerir mayor información o arreglos para la visita”. El 6 de julio de 2007, Telefónica presentó al eurodiputado Salafranca el mismo proyecto, pero en Quito, Ecuador. Lo acompañaron dos diputados locales y dos centroamericanos. Previamente se había efectuado una reunión de la Asamblea Eurolatinoamericana.Los documentos del PENP subrayan que, en esa ocasión, Salafranca expresó que había sido “interesantísimo descubrir cómo la compañía española promueve la abolición del trabajo infantil, a través de educación de calidad y tecnología que provee a las zonas más pobres y de más duro acceso del país”. No mencionó nada sobre las repetidas acusaciones de ONG contra la empresa por violar sistemáticamente los derechos laborales de sus trabajadores latinoamericanos. l
Caso Mouriño, exoneración sospechosa


México, D.F., 12 de mayo (apro).- Aun cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y consideró legales los convenios “multianuales” que firmó a nombre de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación, de 1997 a la fecha, denuncias que obran en el propio Órgano Interno de Control de la paraestatal cuestionan la legalidad de dichos documentos.Xavier López Adame, presidente de la “Comisión de investigación para conocer de la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, informó el pasado 8 de mayo --cinco días antes de que venciera el plazo fijado para entregar su informe final, este martes 13--, que “hasta ahorita no hay ninguna posibilidad de que (Mouriño) haya podido traficar con influencias”.Sin embargo, en entrevista con Proceso, el pasado 29 de abril, López Adame aceptó que un convenio --como fue el caso del objeto de investigación de los diputados--, “definitivamente no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales”; pero más adelante dijo que se pueden exceptuar los casos y recurrir a la adjudicación directa, si ello implica un ahorro al gobierno.“Puede ser el caso de transporte de combustible, bajo esta modalidad los convenios multianuales pueden ser legales, ya que no son directamente con el autotransportista, sino que son convenios regulatorios que no le da un beneficio a una empresa particular; porque no estás contratando anualmente y garantizando alguna parte del presupuesto público”, declaró a Proceso.El pasado 16 de febrero, la revista Contralínea reveló la existencia de 8 convenios entre Pemex-Refinación e Ivancar, sin mediar licitación alguna y donde Juan Camilo Mouriño firma en su calidad de representante legal de la empresa familiar.Inmediatamente, diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), demandaron la creación de una comisión especial que indagara el posible tráfico de influencias en que habría incurrido el actual secretario de Gobernación, pues durante ese tiempo ocupó los cargos de diputado federal y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.El FAP exigió la revisión de contratos entregados por Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero la Cámara de Diputados aprobó su creación a cambio de limitar sólo “la legalidad” de 16 contratos de Pemex-Refinación, y en particular los 8 firmados por Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se negó a participar cuando el PRI y PAN negociaron los términos de la comisión. “El frente no acepta limitantes en términos de qué contratos sí y qué contratos no. Aquí se aprobó un asunto que tiene que ver con una de las empresas de Pemex y además no se toca a la CFE. ¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas?, pues porque Mouriño fue subsecretario de Energía. Decidimos no entrar en una participación subordinada en una comisión que ya sabemos hacia dónde va: la exoneración de Mouriño”, dijo Javier González Garza el 13 de marzo, fecha en que se aprobó la creación de la comisión investigadora.
“Es una comisión tapadera”, afirmó.
En la entrevista con Proceso López Adame, integrante de la fracción del PVEM, dijo que “las afectaciones” que pudieran tener por investigar al secretario de Gobernación “no orientarán el juicio de la comisión”. Es decir, que harían su trabajo de investigación a fondo.Sin embargo, las indagaciones del presidente de la comisión, de los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid; del priista Raul Cervantes; del diputado de Convergencia, Armando García Méndez; y el del Partido Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godínez, se limitaron a llamar a comparecer a dos funcionarios: el director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanes, y el secretario de la Función Pública, Savador Vega Casillas, así como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez. Además, acudieron al Registro Público de la Propiedad de Campeche para solicitar la certificación de las actas constitutivas de Ivancar y Grupo Energético del Sureste, las cuales, por cierto, hacía meses que eran públicas e incluso se habían detallado en diversos medios de información.Durante la entrevista, López Adame repitió los argumentos que tanto Pemex como la SFP expusieron durante sus comparecencias y con los que eludían de toda responsabilidad a Juan Camilo Mouriño.Por ejemplo, al cuestionarlo sobre la legalidad de los convenios --objeto de estudio de la comisión-- y sobre si un convenio puede estar por encima de la ley, respondió:“En 1993 la Secodam (la extinta Secretaría de la Contraloría) dijo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones vigente porque sería retroactiva… Y lo que quiere establecer esta comisión es qué es más barato para Pemex, licitar o la adjudicación directa.”
--Esa fue la opinión de la Secodam, pero desde su punto de vista, ¿un convenio puede estar por encima de la ley? Porque lo que ustedes investigan es la “legalidad” del contrato, no lo que es más barato para Pemex.
--No. Definitivamente un convenio no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales y la retroactividad es un principio constitucional.López Adame se refería a la Ley de Adquisiciones --modificada en 1996--, la cual establece que todos los contratos de obra deben licitarse, a excepción de los casos en que puedan existir pérdidas o costos adicionales para el Estado; y como el convenio marco sobre el cual se basan los contratos entregados a Juan Camilo Mouriño se firmó en 1993, la Secodam determinó que la ley no se puede aplicar retroactivamente.Sin embargo, aunque la Secodam estableció que no se podía obligar a Pemex-Refinación licitar la obra o servicio que contrata, el artículo 134 de la Constitución --que está por encima de la Ley de Adquisiciones y de todo convenio--, en su párrafo segundo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”.El 27 de julio de 2006, motivados por la celebración de convenios iguales que Pemex-Refinación entregó a otras empresas, los entonces diputados federales Sofía Castro, del PRI, y Jesús González Schmall, de Convergencia, denunciaron la ilegalidad de dichos contratos; incluso le remitieron copia al entonces titular del órgano de control interno de Pemex, Gregorio Guerrero Pozas, recién nombrado contralor del Instituto Federal Electoral por los diputados que hoy investigan a Juan Camilo Mouriño.En su argumentación, los exlegisladores presentaron el acuerdo del 3 de marzo de 2003 del consejo de Administración de Pemex, donde se pide dar por terminado el convenio de 1993 que Pemex-Refinación signó con la Canacar y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Transportistas A.C. Curiosamente presenta como argumento la opinión de la Secodam.Pero ambas asociaciones se ampararon y un juez les dio la razón. Esto dio lugar a que Pemex-Refinación tratara de negociar con ellas; solo lo aceptó la Canacar --agrupación a la que pertenece la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño y donde participan 143 empresas, la otra agrupación aglutina sólo a nueve--, a cambio, Pemex-Refinación le ofreció a Canacar el 5 de octubre de 2004 un nuevo convenio que entró en vigor hasta el 26 de enero de 2005, con una vigencia “hasta de cuatro años”, pero sólo si se desistía de las acciones legales emprendidas por los transportistas.Entre los beneficios estaría nuevamente la adjudicación directa y que los contratos o convenios fueran “multianuales”, incluso Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, cuenta con un contrato de este tipo firmado el 1 de junio de 2005 con una vigencia al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 39 millones 646 mil 477.27 pesos, formalizado por Oswaldo Machado, subgerente de Operaciones. La Asociación no aceptó y aún mantiene un litigio con Pemex; pero la paraestatal no justificó las razones de la adjudicación directa, sino hasta el 2 de marzo de 2005.La Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, párrafo III, permite la adjudicación directa sólo cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”.Sin embargo Pemex, en su reunión del Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2004 se comprometió a “elaborar un análisis del costo-beneficio con la participación del Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación pero de la documentación con que se cuenta (dicen los demandantes), no se desprende la existencia de ese análisis”.Pero no sólo eso, Pemex puso como justificación para recurrir a la adjudicación directa para Canacar que el servicio que ellos prestan tiene un costo asociado de 200 millones de dólares al año para el Sistema Nacional de Refinación “debido a que 21 terminales de almacenamiento y distribución, la red aeroportuaria y refinerías del sistema únicamente pueden recibir sus productos por medio terrestre, con un costo social derivado del desabastecimiento y probables bloqueos a instalaciones de Pemex, lo que conllevaría a un riesgo económico, político y social”, se lee en el “Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, fechado el 2 de marzo de 2005.En su demanda, los exlegisladores señalan que la “adjudicación directa la fundamenta (Pemex) en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones y no se acreditan a ciencia cierta los supuestos para inferir pérdidas o costos debidamente justificados y la Gerencia de Transporte Terrestre dictamina sólo con base en especulaciones”.Otro dato que llama la atención es que el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Pemex-Refinación, autorizó el 9 de marzo de 2005, la celebración de convenios mediante adjudicación directa a Canacar, cuando esto se había realizado desde el 26 de enero, “por lo que, al parecer, el Comité únicamente regularizó la adjudicación ya realizada… aunado a que no se rindió en tiempo el informe justificado por parte del Jurídico de Pemex, situación que resulta necesario analizar para conocer qué tanta influencia tuvo esa omisión en la concesión de la suspensión definitiva decretada a favor de la Canacar, con independencia de que se desistieron del juicio de garantías”.Todas estas aseveraciones que los exdiputados realizaron en su denuncia y que soportan con documentos, al parecer no fueron analizado por la comisión Mouriño encargada de investigar “la legalidad” de los contratos.Estos movimientos que realizó Pemex-Refinación y que beneficiaron no sólo a Ivancar, la empresa familiar del secretario de Gobernación, fueron ordenados por el entonces director de esta subsidiaria, Juan Bueno Torio, quien también benefició a empresas de sus familiares con este tipo de contratos.Bueno Torio, hoy senador de la República, fue quien dio la orden para que el citado “convenio marco” se negociara con la Canacar a cambio de que se desistiera del proceso judicial que abrió en contra de Pemex.La comisión Mouriño tiene de plazo el 13 de mayo para entregar su informe final a la Junta de Coordinación Política; los miembros del FAP no participaron en ella por considerarla una “comisión tapadera”.
Desincorporación de Pemex
El Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios
raciel garrido

México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal. El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.
Historias de traición
Alberto Begné

México, D.F., 12 de mayo (apro-cimac).- En menos de lo esperado, en ocho semanas apenas se autoinmolaron dos partidos políticos, ambos de izquierda moderada. Uno, importantísimo; el otro nacido con otra denominación hace 12 años con la bandera avanzada del feminismo.En la escena ha jugado un papel trascendente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avaló la asamblea donde sacaron a golpes a Patricia Mercado; es decir, se avaló la violencia misógina, la violencia irracional, la violencia en fin. Ya no hay remedio y ha quedado en una frase eso de la transición a la democracia.Este tribunal le dio carta de naturalización a un grupo muy definido, el de Alberto Begné, luego de sus componendas con el PRI en Veracruz la pérdida de su origen. Claro que todo comenzó cuando Alternativa Socialdemócrata reconoció las elecciones espurias de 2006, y esperó como aliada a la derecha, que hoy sabemos, es extrema y sin escrúpulos… En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el TEPJF ordenó contar todos los votos, desoyendo que esos que faltaban eran vergonzosos, de los lugares donde se rellenaron las urnas y también hubo violencia. Lo interesante es el paralelismo entre Alberto Begné y Jesús Ortega, ambos sospechosos de sus relaciones con el PRI. Ambos con historias de alianzas con el poder, con historias de traición.Hace más de 22 años, Jesús Ortega, junto con Rafael Aguilar Talamantes, me explicaron que en política se negocia todo, hasta los muertos. Me lo dijeron a propósito de un reportaje que hice en Sinaloa, donde fueron asesinados campesinos que tomaron tierras a instancias del antiguo Partido Socialista de los Trabajadores, origen de Jesús Ortega.Yo vi. La balacera, digo como periodista no me quedaba otra, yo levanté los papeles de un anciano acribillado; yo fui con Ortega y con Graco Ramírez a una reunión donde se dio parte del conflicto y sus consecuencias. Hubo una mujer baleada en la frente, cuyo cuerpo despareció. Aguilar Talamantes era diputado.Me desmintieron todos. Para los políticos, no había muertos, y ese era el eje de la discusión sobre la represión que sufrieron los campesinos. Para Jesús Ortega, se negocian los muertos; esa es la política. Esa es la tesis, la ética, la manera de conducirse, la forma como se arreglan las cosas, los caminos por donde se llega o se mantiene el poder, el aparto, los votos, las asambleas, los consejos partidarios.Y tal vez ese es el drama principal. Una amiga me decía que, en el fondo, todos los partidos políticos y todos sus actores son priistas. Nacieron con el sello de la Revolución mexicana, con el aval de la traición como herencia familiar, como móvil de la sobrevivencia.Es como si estuviéramos viviendo la época de Venustiano Carranza que organiza los batallones rojos para acabar con el levantamiento campesino que hizo la Revolución, y se alegra de los asesinatos de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Es igual, como cuando en el Senado, Jesús Ortega avaló la ley indígena antizapatista.Es semejante a la traición de Adolfo de la Huerta, quien organizó el asalto al poder. Nada más perecido con Alberto Begné y su grupo de golpeadores.Tal vez por eso caen en el vacío algunas declaraciones como las de Alejandro Encinas, referidas a realizar un acuerdo político para salvar lo que queda del PRD, que se mira de lejos como un harapo, desgarrado, sangrante, herido por todas sus partes, donde finalmente nadie gana nada y todas y todos perdemos.El origen de los conflictos en estos dos partidos es la lucha encarnizada por el poder entre hermanos. La lucha por el control partidario, por su dinero y sus bases. A los 19 años, el PRD, la organización política más importante después del control total del partido de Estado, del viejo régimen, de la persecución contra la izquierda, va a dividirse, a esfumarse, a desaparecer del mapa, como se dice.Es una de las más grandes desgracias que sucede a nuestro país. Y el intento, ese que comenzaron Patricia Mercado y Elena Tapia, también fue eso, un intento, de algo distinto que parece terminará igual. La más sabia frase que he escuchado de la feminista Marta Lamas es precisamente esa: la política de los hombres, es eso, la política de los hombres, donde las mujeres nos sentimos extrañas.
saralovera@yahoo.com.mx

Sacando a su chivo espiatorio...si la instruccion salio de Los Pinos!

Un agente de la Policía Federal planeó el asesinato de Millán
Edgar Millán Gómez

* Los Beltrán Leyva lo contrataron; hay cinco detenidos, revela Gerardo Garay, de la División Antidrogas

México, D.F., 12 de mayo (apro).- Un agente de la Policía Federal planeó la ejecución del comandante Edgar Millán Gómez, informó el coordinador de la División Antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, después de dar a conocer que hasta el momento han sido detenidas cinco personas relacionadas con el asesinato, entre ellas dos mujeres.Garay informó que José Antonio Martín Montes Garfias es el agente de la propia Policía Federal que planeó el asesinato de Millán Gómez, por órdenes de los hermanos Beltrán Leyva, miembros del cártel de Sinaloa que comanda Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.El agente Montes Garfias, agregó Garay, estaba adscrito a la plaza de Sinaloa, aunque actualmente contaba con licencia médica. Sin embargo, durante la investigación, la Policía Federal descubrió que mantenía contactos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.En conferencia de prensa explicó que existe la sospecha de que las cinco personas detenidas están relacionadas con la ejecución, del director de la oficina contra el Crimen Organizado, Roberto Velasco Bravo, quien fue asesinado una semana antes que Millán Gómez.Los detenidos son, además del agente Montes Garfias, Juana Virginia González, María Teresa Villanueva Aguirre, José y Jorge Ortega Gallegos y Alejandro Ramírez Báez, éste último identificado como el autor material del homicidio, detenido el jueves pasado, día de la ejecución, junto con María Teresa Villanueva.Garay reveló que la captura se realizó gracias a un radio de radio comunicación que llevaba consigo Ramírez Báez al momento de su detención, y que permitió la ubicar a los hermanos Ortega Gallegos. Posteriormente, las investigaciones llevaron a la localización de Juana Virginia González.Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), el expediente de Juan Carlos Arellano Anica, conocido como El Nica, líder de la banda que asesinó al comandante Edgar Millán Gómez, coordinador de la Policía Federal.El secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, informó que El Nica, está preso en una cárcel capitalina, aunque evitó precisar en cuál. Sin embargo, agregó que en la ficha delictiva de Arellano Anica, se le ubica como el jefe de una banda dedicada al robo con violencia de vehículos y a transeúntes.En conferencia, Ortega Cuevas se negó a abundar en los antecedentes penales de El Nica, con el argumento de que la investigación sobre el atentado está en manos de la PGR.Mencionó que la información que tiene la SSP de este delincuente apodado El Nica ya fue entregada a las autoridades federales para que se anexen a dicho expediente. Ortega Cuevas confirmó que Alejandro Ramírez Báez, alias El Chicote, uno de los sicarios que presuntamente le disparó al comandante Millán Gómez, fue reclutado por la banda de El Nica para que ejecutara al coordinador de la Policía Federal en su casa de la colonia Guerrero.El Chicote vive en la colonia Gabriel Ramos Millán de la delegación Iztacalco. Es el cuarto de cinco hermanos. Desde hace cinco meses regresó a esta colonia después de haber vivido en Estados Unidos.
Rechaza el EPR un diálogo directo con Calderón
Felipe Calderón y José Manuel Durao

* El presidente lamentó la decisión pero refrendó su disposición a platicar

México, D.F., 12 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó un diálogo directo con el gobierno de Felipe Calderón y precisó que los contactos se harán a través de la Comisión de Mediación, compuesta por un grupo de ciudadanos, con el único objetivo de que se investigue y se ubique a sus dos cuadros políticos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca desde el 25 de mayo pasado.En un amplio comunicado, la guerrilla saluda a la Comisión de Mediación y precisa que mientras dure su labor de búsqueda de sus compañeros detenidos-desaparecidos, no realizará acciones de autodefensa. El grupo insurgente criticó duramente al gobierno federal y a sus “voceros” por tratar de difundir la idea de que el EPR quiere negociar porque “está débil” y “siente pasos en la azotea”.En respuesta, el presidente Felipe Calderón deploró la negativa del EPR a un diálogo directo con su gobierno.En conferencia de prensa al lado del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, Calderón insistió en que su gobierno está dispuesto al diálogo por las vías institucional y de la paz.Sostuvo que “es, precisamente, a través de la paz, de las instituciones y de la ley, como los mexicanos debemos dialogar y resolver nuestros problemas, y no a través de la violencia o la ruptura del orden jurídico”.Insistió en que “reitero una disposición clara del gobierno al diálogo, sin renunciar a la obligación constitucional y legal de garantizar el cumplimiento del estado de derecho, sin distingo y sin excepción”.En tanto el EPR rechazó también las condiciones que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, estableció para dialogar, como fue la amenaza de que sus militantes podrían ser detenidos por su responsabilidad en los bombazos a los gaseoductos de Pemex del año pasado.Los eperristas manifiestan que “ni diálogo, ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que se abandone la lucha armada para tener una incorporación a la vida institucional, porque las bases sociales, así como las demandas populares y los conflictos sociales por los cuales se tomó la decisión de la vía armada, no están resueltos, porque precisamente estos caminos y estas instituciones no representan el interés de la sociedad sino el de un puñado de politicastros al servicio de los grandes poderes económicos de dentro y fuera del país”. Advierten que el gobierno calderonista, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), está preparando una “salida” al problema de los dos desaparecidos fabricando “chivos expiatorios menores”, con el fin de no romper el pacto que mantienen para sacar adelante la reforma energética.Sostienen también que se quiere dar la falsa idea de que los dos desaparecidos tenían una orden de aprehensión en su contra y que por eso se les detuvo.Esa especie, sostiene el EPR, es totalmente falsa, pues cuando los familiares acudieron a preguntar por ellos ante las autoridades, éstas dijeron que no sabían nada de ellos y que no los estaban buscando.El grupo armado advirtió que el gobierno está tratando de utilizar grupos supuestamente “guerrilleros” pero que en realidad son falsos, “para infiltrar a organizaciones que hacen un esfuerzo por intentar ser revolucionarios”“¡Cuidado!, los que dicen ser organizaciones revolucionarias son sólo individuos. Como ejemplo, la supuesta organización revolucionaria que existía y causó la detención de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agís”, sostienen en referencia al Ejército Revolucionario Villista.
El EPR saludó con optimismo a la Comisión de Mediación “porque con sus gestiones constituye un esfuerzo colectivo y una esperanza de aliento para varias familias de mexicanos que han quedado en la orfandad, viudas privadas de sus seres queridos, en el desamparo afectivo y material a causa de la despreciable práctica de la detención-desaparición por motivos políticos. Una esperanza para el país de curar la llaga que ocasionan estos crímenes de lesa humanidad”. Ante dicha comisión integrada, entre otros, por el obispo Samuel Ruiz, el historiador Carlos Montemayor y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, manifiestan que mantienen su compromiso y palabra empeñada, “a pesar que la espada de Damocles es blandida sobre nuestras cabezas”.Finalmente lanzaron un llamado de alerta porque aseguran que habrán de presentarse “nuevos crímenes de Estado”. Hicieron un llamado a las diferentes organizaciones políticas, populares, defensoras de los derechos humanos y a las revolucionarias para documentar, denunciar la detención-desaparición de cuanto luchador social se conozca, sobre todo en Oaxaca y Guerrero.“Se debe tener el valor de romper con toda atadura que genera el terrorismo de Estado para acallar estos crímenes de lesa humanidad. La exigencia por la presentación con vida y en libertad de todos los detenidos-desaparecidos del país es una demanda que debe ser abanderada por todos sin importar afiliación partidaria o militancia política e ideológica”, precisó el EPR, el que aseguró que durante los gobiernos de PRI y PAN ha habido unos 800 desaparecidos por razones políticas.
‘Gasolinazo’ con aval de la Corte; rechaza recurso del FAP
Echa abajo obligación de aplicar recursos en infraestructura o medio ambiente


* Echa abajo obligación de aplicar recursos en infraestructura o medio ambiente

México, D.F., 12 de mayo (apro).- El aumento de dos centavos al mes que rige desde enero por el consumo de combustibles fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de rechazar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).Los ministros de la Corte le dieron validez constitucional al aumento gradual del diesel y de las gasolinas Magna y Premium, aprobado por el Congreso en lo que se conoció como el gasolinaza.Sin embargo, los ministros echaron abajo la disposición que condicionaba la entrega de recursos a los estados, el Distrito Federal y municipios como resultado de ese aumento.El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en su artículo 2-A estableció el aumento de los precios de los combustibles al consumidor final.Los ministros del máximo tribunal resolvieron que la ley no viola el principio de proporcionalidad tributaria al establecer una cuota fija por litro, independientemente del tipo de combustible.El argumento de la Corte fue “que pague más quien más consuma”, en referencia al costo superior de la gasolina Premium en relación con la Magna o el diesel.Un grupo de 169 diputados, en su mayoría del FAP, se inconformó con el aumento al considerar que violaba el principio de equidad tributaria.El aumento aprobado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional previó la recaudación de 22 mil millones de pesos para que 80% se destine a los estados y 20% a los municipios.La Corte sólo declaró inconstitucional la parte de la reforma en la que se obligaba a los estados y municipios a gastar los ingresos que recibieran por ese aumento en infraestructura, vial o urbana e hidráulica, y al menos 12.5% en la protección y conservación del medio ambiente.
“Presidente interino” en el PRD, plantea Jesús Ortega
Jesús Ortega alias "El Chucho"

* Propone un Congreso Extraordinario para la refundación del partido

México, D.F., 12 de abril (apro).- Jesús Ortega, aspirante a la dirigencia nacional perredista, propuso hoy que quien gane las internas asuma la presidencia del partido sólo hasta el 13 de septiembre, fecha en que sugiere convocar a un Congreso Extraordinario en el que se discuta la refundación del PRD.En una carta enviada a los también aspirantes Dina Navarro, Alfonso Ramírez Cuéllar, Camilo Valenzuela y Alejandro Encinas, propuso convocar a dicho congreso con miras a su realización los próximos 13, 14 y 15 de septiembre.En ese encuentro se adoptarían acuerdos y resoluciones “que proyecten a nuestro partido, en el marco de los principios de la democracia, igualdad, pluralidad, libertad y tolerancia, hacia un gran frente político electoral que posibilite, bajo un mismo registro electoral, la coexistencia de partidos y tendencias que, como en la coalición Por el Bien de Todos y otras experiencias en el mundo, nos permitan, en la lucha por el gobierno, compartir objetivos y respetar diferencias”.Sostuvo que en ese debate se deberá incluir a los partidos del Trabajo, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata, así como “a otras organizaciones y ciudadanos que piensan en el fortalecimiento de la izquierda”, en un acto con miras a la refundación del PRD. “Se trata de una acción de fondo que evite la división, que mantenga la unidad en la pluralidad y que cancele la disputa miserable por el registro partidario”, indicó en la misiva.Destacó que esa medida permitirá al PRD elegir a una “representación legal y colegiada”, mecanismo que evitaría privilegiar la selección de candidatos. “Este Congreso es para la transformación y la reconstrucción de nuestro partido. Nos obliga a la responsabilidad y a la generosidad; a sobreponer a nuestros objetivos personales, aunque legítimos, el interés superior del partido y el del futuro de la izquierda mexicana”. Señaló que en esta etapa de transición, el próximo “presidente interino” estaría en el cargo hasta la realización del Congreso Extraordinario.Ahí, comentó, “deberá ratificar, en mi opinión, el nombre y el emblema de nuestra organización, y es obvio que nombraría a la nueva representación legal y colegiada del PRD”.Sobre el tema, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, confió en que “habrá un acuerdo político de estabilidad” y en que Encinas acepte la propuesta del dirigente de Nueva Izquierda (NI).
Hacia el debate nacional
En entrevista al término de la reunión semanal entre el Frente Amplio Progresista (FAP) y el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador, anticipó que ya “se pulió la posición política” que se llevará este martes a la Cámara de Senadores en el marco del debate nacional en defensa del petróleo.Consideró que frente al perfil de los representantes del FAP --Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el historiador Lorenzo Meyer y José Agustín Ortiz Pinchetti--, el gobierno federal y el PAN-PRI decidieron enviar “una batería pesada”, por lo que anticipó una discusión intensa. “No quiero usar lenguaje de gallero, pero sí quiero decir quién tiene mejores representantes. No desdeño a nadie, pero la voz del ingeniero Cárdenas representa al fundador del PRD, al hijo del general Lázaro Cárdenas del Río y a un experto en temas del petróleo; Meyer representa la voz de los intelectuales con vocación de izquierda, y Ortiz Pinchetti es un destacado abogado, el brazo principal de Andrés Manuel López Obrador, y mucho de lo que diga será la opinión que (el excandidato presidencial) no pueda dar personalmente”.El coordinador de los senadores del PT, Alejandro González Yánez, informó que el próximo viernes se depurará la lista de los próximos participantes en el debate energético, debido a que la respuesta a la convocatoria del FAP rebasó las expectativas.Y el lunes próximo, en una nueva reunión con López Obrador, se aprobará dicha relación de expositores. Confirmó que el exprocurador general de la República, exsecretario general del PRI e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio García Ramírez, aceptó la invitación para participar en el debate, la próxima semana. El comentaría sobre la inconstitucionalidad de las iniciativas de reforma energética del presidente Felipe Calderón. Refirió que también se acordó intensificar el trabajo de los brigadistas casa por casa, pues no sólo se quiere “ganar el debate con contundencia”, sino también formar una opinión entre los ciudadanos de rechazo al proyecto calderonista. Carlos Navarrete también informó que los grupos parlamentarios del FAP harán un esfuerzo extraordinario para aportar recursos destinados a la renta de una pantalla gigante, sillas y toldos, que se instalarán este martes en el Zócalo de la Ciudad de México para que quien lo desee pueda seguir “en vivo” el debate petrolero.

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Neoliberalismo vapuleado en inauguración de cumbre social en Perú

Por: Prensa Latina (PL)

Lima, 13 mayo (PL) El fuerte rechazo social al neoliberalismo se hizo escuchar hoy en la inauguración de una Cumbre Social paralela a la V reunión de gobernantes de América Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE).

La coordinadora del encuentro, Rosa Guillén, dijo en su discurso que los debates de la Cumbre Social apuntan a plantear propuestas concretas frente al neoliberalismo, para cimentar la certeza de que otro mundo es posible.

Planteó la necesidad de dejar de lado ese sistema, ahora que el llamado Consenso de Washington, que se propuso imponerlo, fracasó en su propuesta privatizadora, de regresión de la reforma agraria, de sobreexplotación y exclusión.

Condenó el neoliberalismo por ser un régimen en el que el capital se apropia de toda forma de trabajo y elimina la atención estatal de los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, y tiene secuelas de racismo y otros flagelos sociales, así como de destrucción del planeta.

El sistema vigente obliga a los latinoamericanos a la emigración, que conlleva explotación y exposición de las mujeres y los niños a la trata de personas.

Guillén llamó a construir una nueva sociedad generadora de igualdad, justicia y solidaridad y dijo que los pueblos tienen alternativas reales y posibles frente al neolieberalismo.

Tras destacar la importancia de tratar el tema de la soberanía alimentaria, propugnó también otra forma de integración, que cautele la soberanía.

Otro orador del acto inaugural, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, principal fuerza de oposición política de Colombia, dijo que el neoliberalismo pasará a la historia como una vergüenza de la humanidad.

Esa política, instrumento de un proceso de recolonización que impone relaciones cada vez más parecidas a las de la época colonial, sólo podrá llegar hasta donde se lo permitan el valor y la resistencia de los pueblos.

Robledo dijo también que la globalización neoliberal es sólo otro nombre del papel dominante de Estados Unidos, y lamentó que Europa no asuma un rol distinto al de Washington ni establezca relaciones fraternas con América Latina.

Señaló que el comportamiento de las transnacionales europeas en la región es cada vez más parecido al de las norteamericanas.

Indicó que la Unión Europea pretende aplicar en un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones el mismo molde negativo de los tratados de libre comercio que impone Estados Unidos. El legislador colombiano propugnó una integración de todas las naciones, de beneficio recíproco y con respeto a la soberanía y protección del mercado de cada país.

Sobre los principios que deben regir la reforma energética en México

Ante el inicio de los foros de debate sobre la reforma energética en el Senado de la República, que hemos reconocido como un triunfo de la civilidad, deseamos referirnos al primer tema establecido.

Al convocar a un debate sobre la reforma energética y los principios que deben regirla se reconoce que dicha reforma no puede limitarse sólo a la industria petrolera, sino aludir a otros componentes del sector energético: a la necesaria diversificación de las fuentes primarias de energía, a la situación internacional del petróleo y, desde luego, a las consecuencias ambientales. Ignorar estos factores conducirá a orientaciones de política erradas.

Para la industria petrolera, los mexicanos conocemos bien los principios que deben regir su reforma. El primero es, sin duda, el de preservar la exclusividad del Estado sobre la propiedad, el dominio y la gestión de la industria en exploración, explotación, refinación y petroquímica básica. Sólo esa exclusividad –establecida en la Constitución– permite que la renta petrolera sea utilizada como impulso central del desarrollo económico y social del país.

Un segundo principio, de similar jerarquía, es el de orientar la reforma de la industria petrolera a garantizar el abasto de la demanda nacional. Este suministro debe ser oportuno, suficiente y de calidad, con precios al alcance de los consumidores. Es preciso también racionalizar la demanda, eliminando el desperdicio y fomentando la eficiencia y el ahorro, con consecuencias ambientales positivas. Al mismo tiempo, debe corregirse el sesgo exportador abusivo que se ha impuesto a la industria en décadas pasadas.

En tercer lugar debe darse alta prioridad a recuperar y seguir ampliando la capacidad tecnológica de la industria petrolera, fomentando las actividades de investigación y desarrollo por medio de trabajos conjuntos de las entidades nacionales de investigación coordinadas, en esta materia, por el Instituto Mexicano del Petróleo.

Atentamente.

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer


El Gobierno Mexicano le cede la política alimenticia a los maniáticos del Fondo Mundial para la Vida Salvaje.

11 de mayo (LPAC) —El gobierno mexicano de Felipe Calderón le ha cedido de facto el control sobre la toma de decisiones de vida o muerte relacionadas a los recursos hidráulicos y la producción de alimentos a no otro sino al Fondo Mundial para la vida salvaje de la corona británica (el WWF por sus siglas en inglés), el cual esta comprometido a la destrucción de la agricultura y a la despoblación maltusiana a nivel mundial. Esto, a pesar del hecho de que México – al igual que otras 40 naciones – ha enfrentado protestas entre los pobres, ante el alza disparada de precios y el encogimiento de la producción de alimentos.

El WWF es conocido por su logotipo de un oso panda, pero recientemente ha promovido en su página web un símbolo mucho mas apto: el murciélago vampiro, el cual se les invita a los participantes a "adoptar", por la modesta contribución de 25, 50 o 100 dólares.

La servil sumisión del Gobierno Mexicano a las política imperial británica sobre los alimentos y reducción de población – como un emperador Maximiliano moderno—fue expuesta en su respuesta a las iniciativas organizativas del comité Pro-PLHINO, una organización con sede en el noroeste de México, la cual esta haciendo un llamado por la implementación inmediata del vital Plan Hidráulico del Noroeste (PHLINO). Una delegación del Comité Pro-PLHINO se reunió el 19 de abril en Monterrey, México con el estadista Lyndon LaRouche, quien ha apoyado el proyecto del PHLINO como algo inmediatamente necesario para incrementar la producción de alimentos y empleo en México, especialmente ante la actual intención racista de los Estados Unidos de deportar millones de Mexicanos al otro lado de la frontera.

Las reveladoras respuestas del gobierno de Calderón al comité Pro-PLHINO fueron las siguientes.

En respuesta a una carta del Comité al Presidente Calderón solicitando una reunión para discutir la urgencia del PLHINO, ante la actual crisis internacional; la oficina del Presidente turnó el asunto a la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, la cual encabeza el notable ideólogo Luis Luege Tamargo, argumentando que era la que estaba en cargo de todos esos asuntos.

De manera similar, una asignación multimillonaria hecha por el Congreso Mexicano para un estudio de viabilidad del PLHINO -- una respuesta masiva de la población a favor de la propuesta del Comité Pro-PLHINO — ha sido canalizada por el gobierno a la misma burocracia de la Conagua.

Luege, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el partido gobernante, es abiertamente hostil a la idea del PLHINO, y ha jurado que será saboteado a través de un amplio estudio de impacto ambiental que "probará" que puede dañar el eco-sistema. Antes de estar al frente de la Conagua, Luege era Ministro de Ambiente y recursos naturales de la administración anterior de Vicente Fox. En ese puesto, hizo equipo con el WWF en México y con el multibillonario de las telecomunicaciones, Carlos Slim, para promover cualquier tipo de proyecto lunático ambientalista, solo mientras este fuera para detener el desarrollo tecnológico, especialmente entre el sector productivo de alimentos de México.

En verdad cree Calderón que se va a salir con la suya al ceder los ya menguantes suministros alimenticios de México al amante de vampiros, el WWF? El probablemente debiera considerar el destino que cayó sobre su predecesor histórico – enemigo de Benito Juárez y Abraham Lincoln – Maximiliano el emperador Habsburgo.
Y algunas notas de www.larouchepac.com

Enlaces desde el Senado

Entrevista de la compañera Clarita a Manuel Camacho Solis y Pablo Gómez en el Senado de la República en el marco del Debate Energético



Primer Enlace de la compañera Clarita desde el Senado de la República



Radio AMLO Rompiendo el Cerco Informativo

Sigan las transmisiones por www.radioamlo.org y/o radioamlo.blogspot.com
Propuestas y desdenes marcan primer debate energético

En el primer día de discusiones, Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que esta iniciativa energética permite violar la Constitución, y Martínez acusó a sus detractores de “nacionalistas falsarios”.

México, DF. Esta mañana dio inicio el debate sobre la reforma energética en el Senado. En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas habla con José Agustín Ortiz Pinchetti. Notimex
México, DF. Hoy inició el debate sobre la reforma energética. En la imagen, los panistas Santiago Creel (corbata azul), Germán Martínez (corbata gris) y Gustavo Madero. Notimex

*Iniciativa energética permite violar la Constitución: CCS
México, DF. La tarde de este martes concluyó la primera ronda de debates sobre la reforma energética, con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional; José Agustín Ortiz Pinchetti, integrante del llamado gobierno legítimo; Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional; el historiador Lorenzo Meyer; el economista David Ibarra; el ex titular del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Carlos Elizondo, y el presidente del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez.
A lo largo de la discusión, en la que además intervinieron legisladores de varios partidos, los ponentes plantearon posturas encontradas sobre qué hacer con la industria petrolera nacional.
Así, por ejemplo, mientras que
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano afirmó que la propuesta de reforma petrolera presentada por el Ejecutivo en el mes pasado no propone reformar la Constitución, pero “simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación”, Carlos Elizondo le respondió que la Constitución se puede modificar, y que lo que hay que pensar es cómo hacer para que Petróleos Mexicanos (Pemex) sirva a los mexicanos.
El economista
David Ibarra, por su parte, llamó a rescatar Pemex, pues eso es el "salvamento de una empresa, no en el sentido de los negocios, sino como el componente vivo de la lucha emancipadora de los mexicanos".
En un sentido similar se pronunciaron
Lorenzo Meyer y José Agustín Ortiz Pinchetti.
El historiador llamó a repensar si se quiere que México sea un país exportador de petróleo, en vez de usarlo para apoyar el desarrollo nacional, y señaló que señaló, tiene ahora la necesidad y oportunidad de vivir un nacionalismo defensivo y “hacer de Pemex una empresa que sea motivo de verdadero orgullo nacional”, en provecho de los mexicanos.
Ortiz Pinchetti, que dijo hablar en nombre del llamado "gobierno legítimo de México" que encabeza Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la corrupción es el verdadero lastre de petróleos mexicanos, el que hay que combatir.