domingo, junio 22, 2008

What you don't know can kill you......

"Extremes of wealth and poverty cannot be reconciled with a truly just society. CAPITALISM breeds great inequality that is destructive unless tempered by an intuition for equality, which is the heart of DEMOCRACY."
Bill Moyers: 'Journalism in Profound Crisis' (Video)

The legendary journalist electrifies packed crowd at National Conference for Media Reform.
On Saturday, Bill Moyers electrified an audience of more than 3,500 at the National Conference for Media Reform in Minneapolis. Addressing the packed auditorium, Moyers said the work of the media reform movement has "challenged the stranglehold of mega-media corporations over our press" and fostered "alternative and independent sources of news and information that people can trust."
Watch the video of Moyers' speech to the right
Moyers cited the recent exposés about government propaganda in mainstream media as a symptom of "journalism in profound crisis."
"You couldn't find a more revealing measure of the state of the dominant media today than the continuing ubiquitous presence -- on the air and in print -- of the very pundits and experts, self-selected 'message multipliers' of a disastrous foreign policy, who got it all wrong in the first place," he said.
At the root of this crisis, Moyers said, is media consolidation.
"As conglomerates swallow up newspapers, magazines, publishing houses and broadcast outlets, news organizations are folded into entertainment divisions. The news hole in the print media shrinks to make room for ads, celebrities, nonsense and propaganda, and the news we need to know slips from sight."

THE WAR ON DEMOCRACY

En este documental John Pilger sugiere que, más allá de llevar la democracia a todo el mundo, como siempre proclama el Gobierno de los EUA, en realidad éste está haciendo todo lo posible para obstaculizar su avance. John Pilger realiza entrevistas exclusivas con oficiales del gobierno americanos, incluyendo agentes que revelan por primera vez como la CIA ha desplegado y está desplegando su guerra particular en Latino América. Pilger argumenta que la verdadera democracia popular se encuentra más bien entre los países más pobres de Latino América, cuyos movimientos y avances son ignorados por los medios.

LA DOCTRINA DEL SHOCK POR NAOMI KLEIN

Bueno, la doctrina del choque, como todas las doctrinas, es una filosofía de poder. Es una filosofía sobre cómo lograr sus propios objetivos políticos y económicos. Y es una filosofía que sostiene que la mejor manera, la mejor oportunidad, para imponer ideas radicales de libre-mercado es en el período subsiguiente después de un gran choque. Ahora bien, ese choque podría ser una catástrofe económica. Podría ser un desastre natural. Podría ser un ataque terrorista. Podría ser una guerra. Pero la idea, como acabáis de ver en la película, es que esas crisis, esos desastres, esos choques ablandan a sociedades enteras. Las dislocan. La gente se desorienta. Y se abre una ventana, exactamente como la ventana en la cámara de interrogatorio. Y en esa ventana, se puede introducir lo que los economistas llaman la “terapia de choque económico.” Es una especie de extrema cirugía de países enteros. Es todo de una vez. No es, sabe, una reforma por aquí, otra reforma por allá, sino el tipo de cambio radical que vimos en Rusia en los años noventa, que Paul Bremer trató de imponer en Iraq después de la invasión. De modo que eso es la doctrina del choque.



http://www.youtube.com/watch?v=cvG0gbvZ4tY

VIDEO DE EN CONTEXTO CON LA PREGUNTA: PLANEA BUSH INVADIR IRAN?



http://www.youtube.com/watch?v=_zgmlt0WZco

APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.

HISTORIA DE UN CONFINAMIENTO videooo importantisimo sobre la represion en hidalgo

EL COMPANERO CONCIENTIZA LLAMO ESTA MANIANA PARA DENUNCIAR LA REPRESION QUE ESTA HABIENDO EN ZIMAPAN POR PARTE DE LA PFP:

http://www.youtube.com/watch?v=-iy71zYKOio

APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
REFLEXIONES DE FIDEL CASTRO

LA VERDAD Y LAS DIATRIBAS

Se conoce que en los países industrializados y ricos las personas invierten en alimentos, como promedio, alrededor del 25 por ciento de sus ingresos. Los que pertenecen a los pueblos que fueron mantenidos por aquellos en el subdesarrollo económico, requieren para este fin hasta el 80 por ciento de sus ingresos. Muchos pasan hambre física y sufren enormes diferencias sociales. Las tasas de desempleo son, comonorma, dos o tres veces mayores; la mortalidad infantil se expresa en proporciones todavía más altas, y la perspectiva de vida se reduce hasta dos tercios de la que disfrutan aquellos. El sistema es sencillamente genocida.
En la reflexión que escribí hace tres días, dije: “Nuestro país ha demostrado que puede resistir a todas las presiones y ayudar a otros pueblos.” ¿Puede Europa afirmar lo mismo?
En el informe publicado por la UNESCO ayer 20 de junio, se afirma que Cuba, entre todos los países de América Latina, ocupa el primer lugar tanto en matemáticas y lectura de tercer grado, como en matemáticas y ciencias de sexto grado, entre más de 200 mil niños de 16 países examinados a lo largo de dos años, con más de 100 puntos por encima de la media regional. Es la segunda vez que la UNESCO otorga ese reconocimiento a nuestra patria.
Se comprenderá que ningún país donde los derechos humanos sean sistemáticamente violados alcanzaría tan elevados niveles de conocimiento.
¿Por qué se bloquea a Cuba durante 50 años?
¿Por qué se le calumnia?
¿Por qué se le obstaculiza todo acceso a la información técnica y científica?
¿Por qué se le quiere conducir a un sistema económico y social insostenible, que no ofrece solución alguna a los problemas de la humanidad?
Por algo millones de ciudadanos bolivianos, ecuatorianos, uruguayos, argentinos, brasileños, centroamericanos y otros de América Latina han emigrado a Europa, de donde ahora podrían ser brutalmente devueltos a sus países de origen si no cumplen todos los requisitos que la nueva ley antiinmigrante exige.
Lo que es peor: una cifra varias veces mayor de ciudadanos de México, Centro y Suramérica han emigrado a Estados Unidos cruzando fronteras, muros y mares, sin documentación alguna ni Ley de Ajuste que los privilegie y estimule a emigrar, y de los cuales mueren más de 500 cada año. Adicionalmente, miles perecen cada año en México y Centroamérica, víctimas del crimen organizado, en la disputa por el mercado de drogas de Estados Unidos, cuyo consumo las más altas autoridades de ese país no son capaces ni quieren combatir.
El subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos declaró que el tráfico de personas es el segundo rubro ilegal más lucrativo. Cuando se trata de cubanos, las ganancias son comparables a las del narcotráfico: “Cobran hasta 10 000 dólares por individuo.”
El dinero procede de Estados Unidos. Pienso que México no puede convertirse en paraíso del tráfico de inmigrantes, cuando hasta los propios guardacostas norteamericanos interceptan y devuelven los que son capturados en el mar.
México no está obligado a permitir que le impongan una versión de la política de pies secos y pies mojados.
En Cuba no existe el crimen organizado ni la impunidad para el tráfico de drogas. Lo ha combatido con eficacia sin ensangrentar la nación. Solo por cinismo el gobierno de Estados Unidos no lo reconoce.
No escribí ninguna diatriba contra Europa, dije sencillamente la verdad. Si esta ofende, no es mi culpa.
Por ahorrar espacio, en la reflexión de ayer no mencioné siquiera la exportación de armas, los gastos militares y las aventuras bélicas de la OTAN, a las que se añaden los vuelos secretos y la complicidad de Europa con las torturas del gobierno de Estados Unidos.
Ignoro si alguien fue arrestado en cualquier punto del país por violar alguna ley. Nada tiene que ver con la reflexión que solicitése divulgara sólo por Cuba debate. Relacionar ambas cosas es arbitrario. Utilizaré ese sitio en Internet al ritmo que considere pertinente. No abusaré de la paciencia de nadie. No cobro un centavo, mi trabajo es gratuito.
No soy ni seré nunca jefe de fracción o grupo. No hablo como Primer Secretario del Partido, cargo que delegué hace rato. Ostento como un honor el de Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. No puede deducirse, por tanto, que haya pugnas dentro del Partido. Escribo porque sigo luchando, y lo hago en nombre de las convicciones que defendí toda mi vida.
Fidel Castro Ruz
21 de junio de 2008
Solidaridadconcuba mailing listSolidaridadconcuba@lists.laneta.apc.org

No exageren - Hernández

Solicitará Colombia a Nicaragua entrega de la mexicana Lucía Morett y dos colombianas

Si la fiscalía lo exige, serán pedidas en extradición, dice; las acusan de vínculos con las FARC

Afp

Bogotá, 21 de junio. Colombia pedirá a Nicaragua entregarle a dos colombianas y una mexicana asiladas en ese país en caso de que la fiscalía determine que hay méritos para juzgarlas por vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguró hoy el canciller Fernando Araújo.

“En la medida que la fiscalía actúe y se adelanten los procesos que están en marcha serán solicitadas en extradición”, declaró el funcionario a radio Caracol, al referirse a las colombianas Martha Pérez y Doris Torres, a quienes acusó de pertenecer a la mayor insurgencia colombiana.

Sobre la mexicana Lucía Morett, el canciller dijo que si la fiscalía encuentra que “también hay razones” para procesarla “por actos delictivos en contra de Colombia”, se procederá “a hacer la solicitud correspondiente”, aunque dijo ignorar si Managua y Bogotá tienen tratado de extradición.

Araújo se abstuvo de afirmar si Morett la única sobreviviente de cinco estudiantes mexicanos que estaban en el campamento insurgente en la frontera ecuatoriana, milita en las FARC porque “eso es lo que se está revisando”; el lugar fue atacado por el ejército colombiano el primero de marzo, donde murió el líder rebelde Raúl Reyes y otra veintena de guerrilleros.

“Lo que sí tengo muy claro es que no hay justificación para que la ciudadana mexicana hubiera estado en el campamento del señor Raúl Reyes –número dos de las FARC–, porque allí “se planeaban actividades en contra de los colombianos y nosotros no podemos aceptar que haya personas colaborando con la guerrilla”, sostuvo.

Las mujeres recibieron asilo en Nicaragua tras ser detenidas por las autoridades de Ecuador, luego del ataque colombiano.

En tanto, las FARC emitieron un comunicado en que señalaron que los cautivos en su poder esperan que el gobierno colombiano muestre “voluntad política” para que puedan recuperar la libertad mediante un canje por rebeldes presos, que se estima en unos 500.

El texto, publicado en Internet por la Agencia Bolivariana de Prensa, está firmado por el Bloque Oriental, que dijo tener en su poder a los cautivos cifrándolos en “más de 40”, e indicó que se trata de “oficiales, suboficiales y representantes de la clase política corrupta y del Estado”.

Las FARC aseguraron que hasta la fecha han “entregado en forma unilateral a más de 500 soldados y policías tomados prisioneros en diversos combates”, la mayoría resultado de un acuerdo humanitario suscrito con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

Además de los agentes de la fuerza pública, retienen con fines de canje a la política colombo-francesa Ingrid Betancourt desde febrero de 2002, y a tres estadunidenses contratistas del Departamento de Defensa de su país, acusados por la insurgencia de espías.

A su vez, una fuente de la Iglesia católica informó que la guerrilla entregó este sábado un video como prueba de vida de Sigifredo López, el único sobreviviente de un grupo de 12 ex diputados asesinados en cautiverio hace un año.

El gobierno federal, en plena crisis: AMLO

“Se sostiene únicamente con mentiras”

Alma E. Muñoz (Enviada)

Poza Rica, Ver., 21 de junio. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador señaló que “el actual régimen está en plena crisis, sostenido nada más con engaños, mentiras y la mayoría de los medios de comunicación, pero no tiene el consenso del grueso de la población”.

De gira por este municipio de la zona norte del estado y, posteriormente, en Huauchinango, Puebla, resaltó que “seguirá habiendo presidente legítimo” de México, pese a lo mandatado por el Instituto Federal Electoral, porque “el autodenominado presidente, el pelele de (Felipe) Calderón, no sirve, no funciona.

“Si a mí me quitan el nombramiento de presidente legítimo –remarcó–, entonces ya no va a haber presidente de México, porque el otro, además de espurio, resultó inútil, incapaz, inepto. Entonces, va a tener que seguir habiendo presidente legítimo.”

Y reiteró que “no se va a permitir la privatización del petróleo. Vale más que vaya previéndolo el gobierno usurpador: no lo vamos a permitir”.

–¿Hay riesgo de un albazo? –se le preguntó, en entrevista.

—No, no, no. No es nada más lo que pase en el Congreso, la gente no quiere.

Señaló que se encuentra tranquilo, seguro de que no se entregará la industria petrolera a manos privadas, particularmente extranjeras.

“Política económica, culpable de la grave crisis”

Insistió en criticar la política económica que, sostuvo, “padecen desde hace 25 años los mexicanos y que ahora es culpable de la carestía y la grave crisis”. En estos últimos meses, “desde que están usurpando el gobierno, todo ha subido de precio, pero no ha aumentado el salario de los trabajadores, los ingresos de los campesinos y del pueblo en general, pero sí todos los precios de artículos de consumo”.

López Obrador lamentó que “todo vaya acompañado de una buena dosis de cinismo. Esta es la característica de la derecha. Hace unos días Calderón salió a decir que se iban a congelar precios, pero se trata de productos chatarra. No están (en la lista) la leche, la tortilla, el huevo, el frijol, el arroz y el aceite. Están mermeladas y enlatados. Todo aquello que no se consume”.

Otro grave problema, apuntó, “es el de la inseguridad y la violencia. Nunca se había llegado a extremos como los que se están viviendo en la actualidad en la materia. Y toda esta descomposición que se padece en el país está acompañada de malos ejemplos, corrupción, del estilo de vida que han venido impulsando, en el cual lo más importante es el dinero, por encima de la moral”.

Ahora, pese a lo anterior, “se atreven todavía a plantear que se privatice el petróleo. Son unos irresponsables. Si fueran un poco sensatos estarían pensado que sería la destrucción del país, el acabose en caso de que se concretara, pues habría más pobreza, desempleo, inseguridad y violencia, y hasta los potentados saldrían perjudicados. Tendrían que vivir en casas amuralladas y andar con carros blindados, y eso no sería vida. Pero es mucha el hambre de dinero, la ambición. Eso los obnubila, enajena y atonta”.

Expertos: oligopolios de EU y Europa, atrás del interés por privatizar Pemex

Los grupos de poder mexicanos sólo juegan un papel secundario, coinciden en foro

Elizabeth Velasco C.

Mientras los países productores de petróleo recuperan el control de sus recursos estratégicos –Rusia, Venezuela, Irán, Argentina y otros– y promueven el desarrollo de una política de Estado en materia energética, el gobierno de facto de Felipe Calderón tiene prisa por concretar la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en favor de trasnacionales “voraces” de Estados Unidos y la Unión Europea, movido por intereses oligopólicos, pese a que los grupos de poder mexicanos sólo juegan un papel “secundario”.

A la anterior conclusión llegaron el secretario de Relaciones Exteriores del “gobierno legítimo”, Gustavo Iruegas; el jurista y ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas; el presidente del Centro de Estudios Geopolíticos en Energía y Medio Ambiente, Miguel García Reyes, y Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco durante un foro sobre la reforma energética.

Los especialistas en el tema advirtieron que en estos momentos, en los que continúa en disputa la nación, la “oligarquía, conformada por los muy muy ricos y su gerencia administrativa” encarnada en el gobierno de Calderón, en lugar de defender y promover los intereses de México desarrolla una “política integracionista con fuerzas conservadoras de Estados Unidos y Europa”.

En ese proyecto “entreguista”, manifestó Orozco Garibay, no está el pueblo mexicano, la Constitución es pisoteada por la elite, se “pervierten” las relaciones con el narco, se “trafica con influencias” y la inequidad social es creciente.

“El crecimiento económico en el primer año de Calderón fue de 1.8 por ciento, mientras Venezuela crece 9 por ciento, Argentina siete, Brasil 12 y China 15. ¿Algo pasa? Y es que seguimos como colonia, pero con una dualidad de reyes –Estados Unidos y España–, con virreyes y una aristocracia que está entregando el país.”

De hecho, señaló Iruegas, el gobierno de facto de Calderón tiene prisa por entregar el patrimonio de la nación (los recursos energéticos) y el territorio nacional al convertirlo en área de defensa de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida –recién aprobada por la Cámara de Representantes estadunidense– y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, suscrita durante el gobierno de Vicente Fox.

“Como el gobierno de George W. Bush no admitió la integración que Fox buscaba mediante el acuerdo migratorio, sino que, por el contrario, levantó muros en la frontera, ahora Calderón trata de elevar la oferta con el patrimonio de la nación”, subrayó Iruegas.

“Todo ello por intereses económicos, en los cuales los grupos de poder mexicanos juegan un papel secundario. Ellos entregan para que les den limosna”, destacó, y señaló que sólo la fuerza del pueblo representa una alternativa.

Jaime Cárdenas advirtió que además de que el gobierno panista viola la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005, “porque no protege a la nación frente a amenazas y riesgos del extranjero, ni preserva la soberanía nacional, sino por el contrario quiere entregar la mitad de la renta petrolera al extranjero”, evita una discusión democrática al tratar por todos los medios que no se lleve a cabo la consulta ciudadana sobre su reforma energética.

Orozco advirtió: “no quieren la consulta, porque saben que la opinión pública es contraria a sus intereses de grupo”. Por ello, “Calderón tiene miedo a que hable el pueblo”.

Por su parte, Miguel García Reyes precisó, con cifras, la trascendencia económico-social de Pemex en el desarrollo del país –de cada peso, 40 centavos son de impuestos que el gobierno federal extrae de la paraestatal– y su aportación a la salud, educación, programas sociales, pago de deuda externa, combate a la pobreza y otros, no obstante que “a la fecha no sabemos dónde quedaron más de 30 mil millones de dólares de excedentes petroleros”.

Dio Pemex este año cinco contratos a empresa vinculada a los hermanos Bribiesca Sahagún

Oceanografía no está inhabilitada, por lo que puede participar en licitaciones: Reyes Heroles
La firma de Yáñez Osuna obtuvo mil 429 millones de pesos por servicios de transportación marítima

Israel Rodríguez J.

Sólo en el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó cinco contratos por un valor global de mil 429 millones de pesos a la empresa Oceanografía, presuntamente relacionada con los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox.

Además, asignó otro por 2 mil 680.7 millones a la empresa Cotemar, relacionada con el hundimiento de una embarcación –en octubre pasado– que cobró la vida de un trabajador.

De acuerdo con informes oficiales de la paraestatal, el pasado 9 de enero otorgó a Oceanografía un contrato por 344.4 millones de pesos para servicio de transportación marítima. Posteriormente, el 18 de febrero le asignó otros cuatro, por 288.3, 287.9, 255.6 y 252.9 millones, para el mismo propósito.

Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, fue vinculada con los negocios de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, quienes en su momento admitieron hacer trabajos de gestoría en favor de la naviera, que tiene 40 años en el mercado nacional, según estableció la comisión especial de legisladores que indagó los negocios de los hijastros de Vicente Fox.

Sin embargo, estas acusaciones fueron negadas por Oceanografía, que desconoció categóricamente que los Briebiesca Sahagún sean o hayan sido comisionistas, gestores, asesores, gerentes, accionistas o apoderados de la empresa que representa Alfredo Riverón Calzada.

Por su parte, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, confirmó durante su comparecencia del viernes pasado en la Cámara de Diputados que Oceanografía sigue siendo contratista de la paraestatal, porque no ha sido inhabilitada. “No se le puede impedir participar en licitaciones y ganar, si es el caso”.

Por otro lado, el pasado 4 de enero Pemex otorgó un contrato de 2 mil 680.7 millones de pesos a Cotemar para servicios de plataforma habitacional.

El 11 de octubre de 2007, la embarcación de pasajeros Seba’an, propiedad de la empresa Oceanografía, que transportaba a ocho tripulantes y 168 obreros de las empresas contratistas Cotemar y Mantenimiento Marítimo de México (MMM), naufragó a unas 190 millas al norte de Ciudad del Carmen, en la sonda de Campeche, después de que se suscitó un incendio en el cuarto de máquinas.

En el accidente se ahogó el soldador de Cotemar Gualberto Márquez Jiménez. Este incidente ocasionó que Pemex cancelara a Oceanografía el contrato para transportación de personal, después de que muchos trabajadores se quejaron de las malas condiciones en que se encuentran sus embarcaciones y el sobrecupo con que operan.

Las empresas contratistas como Cotemar también han sido cuestionadas por los empleados, quienes indican que les pagan salarios muy por debajo de los obtenidos por trabajadores de Pemex, en condiciones laborales similares.

Quebranto al erario por $83 mil millones mediante ISOSA, en 2003

Confirman diputados opacidad en la Cuenta Pública del tercer año de gobierno foxista
La empresa formada por Gil Díaz se negó a informar sobre sus cuentas diciendo que maneja “exclusivamente recursos privados”
Los desvíos, también en programa de apoyo a ahorradores

Roberto Garduño

Con retraso de cinco años, al no dictaminarse aún en el pleno de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública 2003 confirma la elevada opacidad en que incurrió la Secretaría de Hacienda en el manejo de los recursos públicos destinados a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) y el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, en el sexenio de Vicente Fox.

Entre ambos rubros, el impacto contable para las finanzas públicas superó los 85 mil millones de pesos, como refiere el proyecto de decreto elaborado en San Lázaro.

La revisión final del gasto en el tercer año del gobierno de Fox también contempla como caso paradigmático el desvío de recursos al Comité Nacional Provida, institución que no comprobó el uso de 27 millones de pesos, de un total de 33, que le otorgaron la Lotería Nacional, por medio del Fideicomiso Transforma México, y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

En la fiscalización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros se hallaron afectaciones como las siguientes:

Disminución de 45 mil 200 millones de pesos de compensaciones al total recaudado de ingresos tributarios y no tributarios; sobre este monto, a la fecha de la revisión no se contó con la justificación suficiente para comprobar que dichos recursos correspondieron en su totalidad a compensaciones por saldo en favor de los contribuyentes.

Disminución de 2 mil 407 millones de pesos, los cuales se aplicaron al gasto no programable, no reportada en el banco de información de la Cuenta Pública; reducción de 8 mil 364 millones, que se destinaron para cubrir mayor costo neto de combustibles en la Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro, de la cual no se contó con las autorizaciones presupuestarias respectivas. Merma de 21 mil 150 millones que se usaron para cubrir la insuficiencia de ingresos por desincorporación de entidades.

Adicionalmente, no se reportaron 6 mil 227 millones en la Cuenta Pública 2003, que corresponden al mejoramiento del balance económico del sector público.

“Con todo ello, se determinó un probable impacto contable de 83 mil 349 millones para el erario, sólo en el caso de ISOSA”, empresa formada por Francisco Gil Díaz cuando era secretario de Hacienda.

Respecto a la recaudación por derechos de trámite aduanero (DTA) por medio de Integradora de Servicios Operativos, se omitió el entero a la Tesorería de la Federación por un monto de 2 mil 595 millones de pesos, “habiéndose destinado al Fideicomiso Aduanas Uno para el pago de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero”.

Sobre el particular, “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no proporcionó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Fideicomiso Aduanas Uno y de ISOSA, argumentado que el SAT participó en la constitución del fideicomiso en su carácter de gestor de negocios, por lo que está legalmente imposibilitado para proporcionar información. Sin embargo, se considera que una negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“ISOSA tampoco proporcionó los datos solicitados, manifestando que es una sociedad anónima de capital variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados.”

En aquel año también se aplicó una auditoría para comprobar que el saneamiento financiero realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al Grupo Financiero Inverlat y al Banco Inverlat se ajustara a la legislación. Pero se descubrió que “el comité técnico del Fobaproba aprobó el saneamiento de dicho grupo financiero, aun cuando carecía de facultades para autorizar y otorgar apoyos a esas asociaciones”.

Asimismo, el comité técnico aprobó la propuesta de The Bank of Nova Scotia para adquirir 55 por ciento de las acciones del citado grupo financiero; sin embargo, la legislación sólo permitía a personas físicas y morales mexicanas adquirir 51 por ciento de títulos de la serie A de un grupo financiero y de un banco.

“En contravención de las reglas de operación del Programa de Capitalización Temporal (Procapte), no se convirtieron oportunamente las obligaciones subordinadas de la institución crediticia por un importe de 2 mil 96 millones de pesos, lo cual representó una pérdida para el Fobaproa, el cual no exigió el cumplimiento de los derechos que le correspondían como fideicomisario en el contrato del fideicomiso de cobranza, en virtud de que no se realizó la afectación de los bienes, derechos y obligaciones del Banco Inverlat”.

Ejemplo de opacidad

Un ejemplo del desorden, favores y beneficios que se otorgaron a diversos sectores vinculados al gobierno panista lo constituye el Comité Nacional Provida:

Se emitieron observaciones por 27 millones 409 mil pesos en la comprobación de los recursos públicos federales que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) otorgó a dicha asociación civil.

Incluso, “en cuanto a los recursos que le transfirió el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional (Transforma México) para la compra de equipo de ultrasonido, se detrminó un sobreprecio de 2 millones 551 mil pesos, equivalentes a 72 por ciento del total de la comprobación presentada al fideicomiso.

“En el caso de los recursos que le concedió Sedeso (por medio de la delegación estatal de Chihuahua), se determinó que una parte fue comprobada a la dependencia federal con una factura que ampara la compra de una incubadora, la cual se presentó también como comprobación a la APBP, por un costo de 92 mil pesos”.

¿Coincidencias petroleras?

Antonio Gershenson

La prensa internacional, de uno de cuyos periódicos se reproduce la información en este diario, publica que se negocian contratos que implicarían el regreso de las principales trasnacionales a Irak, 36 años después de su nacionalización. Las empresas gigantes ExxonMobil, Shell, la francesa Total y British Petroleum, eran las que formaron la Irak Petroleum Company. Llama la atención que los contratos, que benefician también a otra trasnacional que no estuvo cuando la nacionalización, ChevronTexaco, serán para operar los mayores yacimientos y se otorgarán sin concurso. Coincidentemente, las reformas petroleras enviadas al Senado aquí facilitan los contratos sin concurso, al ampliar de manera significativa las causas para eludir esa licitación.

En la información se hace notar que este tipo de contratos sin concurso no son comunes en la industria petrolera. Se quiere justificar diciendo que el trabajo en desiertos y pantanos no puede ser llevado a cabo por cualquier empresa. Nosotros decimos que en México la regla general es que sí se concurse o se licite, y lo otro serían excepciones que deben ser reglamentadas por las leyes. El párrafo segundo del artículo 134 de la Constitución dice:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

Las propuestas de reforma de aquí dicen que puede no hacerse concurso, que si se hace puede no ser público, y otras lindezas. En Irak no le dan tantas vueltas. En cuanto los contratos se firmen, según se anuncia el 30 de junio, simplemente no hay concursos y ya. La información aclara que allá hay más de 40 empresas petroleras en condiciones de participar en concursos y que, obviamente, quedarían fuera con las adjudicaciones directas a las mayores trasnacionales. El Ministerio del Petróleo iraquí declaró que esto se hacía por la necesidad de tecnologías modernas, en lo que el Parlamento aprueba una legislación petrolera en discusión. ¿Suenan familiares algunas de estas palabras?

Otra justificación usada en el caso de Irak es que el petróleo está muy caro, y que con las grandes trasnacionales la producción de ese país, hoy en aproximadamente 2 y medio millones de barriles diarios, podría aumentar a 3 millones, o sea un aumento de medio millón de barriles diarios. ¡Qué coincidencia! Aquí se habla de esa misma cantidad, sólo que sería por un tesorito en el fondo de las aguas profundas del Golfo de México.

Un pretexto adicional para otorgar estos contratos sin concurso es el que las mayores trasnacionales habían desarrollado, sin cobrar, trabajos de capacitación del personal iraquí. Según lo publicado, otras empresas también lo hicieron, pero sin recibir el premio. Aquí, este tipo de trabajos se consideraría parte del cabildeo para obtener un contrato. El hecho es que aquí también se hace algo similar.

También vemos en la información que los mencionados contratos sin concurso formalmente estarán estructurados como contratos de servicios, y se paga a las empresas por su trabajo. Así, no necesitan esperar a que se apruebe la nueva ley. Y que se está negociando el pago a las trasnacionales en petróleo y no en efectivo. Esto nos recuerda los contratos de servicios múltiples del sexenio pasado, y los contratos-riesgo de tiempos de Miguel Alemán, de los que ahora se vuelve a hablar. Son muchas las similitudes a pesar de la gran distancia entre los dos países: cuando en México es el mediodía, en Irak son las 9 de la noche.

Se menciona que el portavoz de ExxonMobil afirmó que el enfoque de su empresa en Irak no era diferente del que tiene de otros países, que en todos los países en los que se les permite operar siguen los mismos patrones. ¿Tendrá eso que ver con tantas coincidencias que encontramos?

Esto nos lleva a reflexionar en qué medida las reformas propuestas al Senado tienen sus raíces en el plano internacional. Y a preguntarnos, ¿cuántas coincidencias pueden serlo, sin dejar de ser simples coincidencias?

El 2006, asignatura pendiente

José Agustín Ortiz Pinchetti

Calderón desespera por legitimarse. Abusa del apoyo de medios y la propaganda pagada: 3 mil 500 millones de pesos en lo que va del año. El 10 por ciento del programa Oportunidades. Sin embargo, no puede lograrlo porque son malas sus causas, como la privatización de Pemex. En el fondo carece de legitimidad de origen: la mitad de la población creyó y cree todavía que no ganó las elecciones. Ser considerado usurpador por 40 millones es un problema crítico. A 18 meses de gestión, no convence a la clase política ni a gran parte del pueblo de que merece el cargo.

Y tiene el tiempo en contra: irán fluyendo investigaciones que pongan en tela de juicio los comicios presidenciales de 2006. Un ejemplo notable y reciente es el trabajo de José Antonio Crespo (2006 hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana). Crespo no intenta demostrar si hubo o no fraude. Simplemente coteja las actas oficiales con el principio de certeza que gobierna las elecciones mexicanas. Realiza un examen monumental de 60 mil actas de escrutinio, que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales, y calcula que hubo inconsistencias graves en número tal que rebasa tres veces la diferencia con la que pretendidamente ganó Calderón a AMLO. Lo grave, destaca, es que las autoridades electorales constataron las irregularidades, pero prefirieron plegarse al PAN y a Fox y validar los comicios. Éstas debieron anularse por la intervención del Presidente, los empresarios, la Iglesia católica y por las graves irregularidades en las propias urnas.

Investigaciones posteriores irán penetrando la verdad. Hay innumerables testimonios, registros y videos. El Poder Judicial ordenó la apertura de un pequeño número de actas: se encontró que había muchísimas boletas faltantes o sobrantes. Ajustes inexplicables en las actas, sin intervención de agentes especializados en fraudes electorales. También hay pruebas de la intervención del sindicato de maestros, comandado por Elba Esther Gordillo, experto en esas tareas.

Las elecciones de 2006 representan una regresión. Hoy nos parece un veranillo el periodo entre 1997 y 2000. Zedillo y sus secretarios de Gobernación demostraron voluntad y oficio para controlar la tendencia ancestral al fraude electoral. Hoy no sólo el IFE, el Trife, la Corte y hasta la CNDH han perdido independencia frente al Ejecutivo. Todos los órganos del Estado. Éste impone su voluntad sobre el pueblo y la ley. Se requiere gran organización popular para volver a poner las cosas en su cauce.

Boletín Informativo ISA núm 455

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para privatizar el petróleo

II. Hambruna (3), por Alejandro Encinas

III. Vivir Mejor: mil usos, por José Luis Piñeyro

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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR SOBRE COMPONENDAS PRI-PAN PARA PRIVATIZAR EL PETRÓLEO

Desde el norte de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar atentos porque con toda seguridad los legisladores del PRI presentarán en el Congreso una iniciativa de reforma energética “empanizada”, con el sello de Acción Nacional.

El presidente legítimo de México no descartó “la posibilidad de que las propuestas priista y la enviada por el presidente pelele, Felipe Calderón, se discutan en agosto, en un periodo extraordinario de sesiones”, pero aclaró que los mexicanos no permitiremos bajo ninguna circunstancia que el petróleo pase a manos de empresas multinacionales: “No se va a permitir la privatización del patrimonio de la Nación, vale más que vayan previéndolo desde el gobierno usurpador, porque no vamos a permitir la privatización de la industria petrolera”, puntualizó.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa que sostuvo con los brigadistas en defensa del petróleo de la importante ciudad petrolera de Poza Rica, el presidente legítimo de México destacó la necesidad de que los legisladores y las cúpulas de las fuerzas políticas nacionales antepongan los intereses del pueblo sobre el interés de particulares y compañías extranjeras.

Más allá de cualquier encuesta o sondeo, hizo énfasis en que el mayor número de los ciudadanos le manifiesta, en los recorridos que realiza por la geografía nacional, su rechazo a la pretensión de depositar el petróleo en manos de extranjeros.

Reiteró que los aproximadamente 200 mil brigadistas, junto con miles de mexicanos, iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país, precisamente cuando los legisladores intenten aprobar un dictamen de la iniciativa privatizadora, sea la presentada por Calderón o por los priistas.

En la reunión informativa con aproximadamente tres mil brigadistas de Poza Rica y municipios aledaños, López Obrador informó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para beneficio de los mexicanos y bajo ningún pretexto los mexicanos permitiremos que sea devuelta al capital privado extranjero.

López Obrador subrayó que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Puso de ejemplo que la mezcla mexicana se cotiza en más de 110 dólares por barril, mientras que la extracción del crudo tiene un costo de apenas cuatro dólares por barril.

México podría convertirse en una potencia energética, si el petróleo es bien administrado y se combate la corrupción en Petróleos Mexicanos, aclaró el dirigente de la izquierda mexicana al informar que el próximo 27 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de México y los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia —un aproximado de 500— una consulta popular sobre la llamada reforma energética.

Al destacar la participación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en los debates que sobre el tema se realizan en el Senado de la República, el presidente legítimo de los mexicanos también mencionó que en la primera quincena de agosto se organizará una consulta ciudadana en los municipios restantes de la República Mexicana.

Informó también que en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del próximo domingo 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, se dará a conocer la logística de la consulta pública, y aseguró que el pueblo de México tiene la obligación y el derecho a expresar su opinión sobre los temas nacionales.

“Es necesario pasar de la democracia representativa a la democracia participativa”, enfatizó posteriormente ante los brigadistas de Huahuchinango, Puebla.

“La patria no se vende, la Patria se defiende”, expresó al proponer la construcción de tres refinerías en el país para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

Sin embargo, aclaró que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, prefieren entregar contratos en las áreas eléctrica y energética a empresas extranjeras, porque son representantes de los intereses de una minoría rapaz”.

Luego, en una segunda entrevista, López Obrador declaró que el nombramiento de presidente legítimo de México se lo confirió el pueblo de México y dijo sentirse bien y con la conciencia tranquila, a pesar de que el Consejo del Instituto Federal Electoral determinó que sea retirada la frase de presidente legítimo en todos los spots televisivos y radiofónicos.

Pero dejó en claro que “si a mí me quitan el nombramiento de presidente legítimo, entonces ya no va a haber presidente en México, porque el otro —Calderón— además de espurio, resultó ser un inútil, incapaz e inepto”.

Sustentó su afirmación en que Calderón autorizó aumentos de precios de alimentos básicos y de consumo generalizado, así como de las tarifas de bienes y servicios. Tan sólo el precio de la tortilla pasó de 6 a 12 y hasta 14 pesos por kilogramo en tan solo 18 meses de mal gobierno carderonista.

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HAMBRUNA (3)
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

México no escapa a los problemas de la crisis alimentaria mundial: escasez en el abasto y aumento en los precios de los alimentos, incrementando la desigualdad y la pobreza en demérito de la calidad de vida de la población en general.

A pesar del fracaso de las políticas neoliberales que desmantelaron el aparato gubernamental de fomento de la producción rural, las medidas anunciadas por Felipe Calderón reiteran las acciones que condujeron al abandono del agro nacional: eliminar aranceles y canalizar subsidios a los grandes agricultores y a las empresas comercializadoras. Los defensores del neoliberalismo sostuvieron que para mantener bajas tasas de inflación era necesario importar alimentos baratos y que no era relevante incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional.

Hoy, pese a las evidencias del equívoco, se insiste en lo mismo. Eliminar aranceles a las importaciones profundizará la dependencia alimentaria del país y no frenará el aumento en los precios, ya que el mercado de alimentos es objeto de la especulación que realizan las empresas transnacionales que controlan el comercio internacional, como lo demuestra el alza de precios en EU, de donde procede 85% de nuestras importaciones de alimentos. Más aún, no sólo no abatirá el alza en los precios, sino que, como reconoce el programa de acciones en apoyo a la economía familiar, los alimentos registrarán un incremento mensual, en especial el maíz, que aumentará su precio hasta en 10% en los próximos meses.

Se establecen además subsidios a la comercialización —no a la producción— hasta por 625 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 185 son apoyos a la pignoración, 150 para fletes, 150 para cubrir el costo de la prima de cobertura en la bolsa de futuros de Chicago, y 100 pesos más de garantía para las empresas comercializadoras, que serán, como en el pasado inmediato, las beneficiarias de estas medidas, pues en tanto los productores nacionales recibirán entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato, empresas como Cargill, Archer Daniel Midland, Minsa y Maseca alcanzarán grandes ganancias a partir del diferencial de precio. Sólo Cargill, que domina 70% del mercado nacional y que realizó compras a futuro por 900 mil toneladas de maíz, obtendrá una ganancia por más de mil 200 millones de pesos por subsidios gubernamentales en seis meses.

Calderón insiste en que no tolerará especuladores ni acaparadores y que se castigará a quienes pretendan lucrar con el hambre de los mexicanos; pero no sólo se transfieren subsidios a las grandes comercializadoras, sino que no se establecen mecanismos de control para evitar que los agricultores subsidiados —dado el aumento en los precios internacionales— exporten sus productos en lugar de garantizar al abasto nacional, lo que distorsiona más estos subsidios cuyo propósito fundamental debiera ser reactivar la producción y garantizar el acceso oportuno a alimentos baratos y de calidad a la población.

La crisis alimentaria exige de nuevas políticas y enfoques que permitan revitalizar la producción agropecuaria, canalizando créditos, insumos, capacitación, desarrollo tecnológico y apoyos diversos a los grandes agricultores y a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que permitan recuperar la economía campesina y el mercado interno; e impulsar iniciativas legales que garanticen la seguridad alimentaria del país, dejando atrás la aplicación de medidas que sólo benefician a los grandes consorcios y que han acreditado su alto costo social.

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VIVIR MEJOR: MIL USOS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

Apenas empieza el bombardeo mediático de Vivir Mejor (VM) en radio, tv y diarios; sin duda, el próximo año electoral el campo de batalla comicial será sometido a una saturación total. Si bien Carlos Salinas usó como arma de votación al programa Solidaridad, éste se quedó corto frente a la euforia publicitaria de Calderón.

Bajo el lema de campaña VM se cobijan acciones en materia de seguridad pública, como sucedió con la inauguración del Centro de Mando de la PFP, además de acciones de seguridad social (otorgamiento de crédito para vivienda), de salud (prevención del consumo de drogas, diabetes y obesidad), entre otras. Es de esperar que dentro de poco se incorpore el logotipo de VM en la generación de empleo, reforestación, educación, etcétera, hasta abarcar todas las secretarías de Estado y organismos públicos encargados de atenuar que no de solucionar esos problemas nacionales (alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y deterioro ambiental), para los cuales no existen políticas de Estado sino transitorias políticas públicas sexenales con una estrecha lógica de partido.

La publicidad gubernamental tendría que ser una herramienta para ensanchar los derechos de las personas. Sólo debería autorizarse transmitir mensajes que contribuyan a cumplir con las funciones de las secretarías de Estado. De qué sirve a la ciudadanía que le informen hasta el cansancio logros alcanzados más en la mente de los gobernantes que en la realidad diaria de los gobernados.

Deberían transmitir mensajes que informen sobre los requisitos para ser beneficiario de un programa social, cuáles son los tiempos para solicitar apoyos agropecuarios, campañas para cuidar el agua y el ambiente, contra la violencia de género y la drogadicción, entre muchas acciones que podría hacer un gobierno democrático en verdad preocupado por la nación.

La publicidad gubernamental cuesta. Sólo para el año 2008, se aprobaron 985.4 millones de pesos para la partida de comunicación social y publicidad. De estos, 85 están asignados al Poder Legislativo para convencernos de que sí trabajan. Los restantes 900 millones fueron aprobados para uso del Presidente; hoy vemos que eran para la campaña publicitaria rumbo al 2009; esa cantidad es casi 250 millones de pesos más que los aprobados en 2006.

Hoy, senadores del PRI y del PRD se dice que están elaborando una reforma para evitar el uso electoral de los programas sociales, parece que no entienden que el principal uso electoral de esos programas es a través de la propaganda del gobierno. Recordemos la repetición hasta el hartazgo de los anuncios foxistas: “Si seguimos por el mismo camino…”. Todo indica que el año venidero, la campaña calderonista de VM y pro PAN va a arrasar con una guerra de alta intensidad para ganar las mentes y los corazones del electorado.

Para evitarlo, hay dos caminos: el primero, más complejo, legislar en materia de publicidad gubernamental; el segundo, menos complicado porque atañe sólo a la Cámara de Diputados es establecer en el Decreto de Presupuesto de 2009 que sólo se autoriza el gasto en publicidad gubernamental cuando los mensajes coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las secretarías de Estado, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los diputados tienen la palabra. Sería una muestra de actitud democrática para impulsar una competencia electoral equilibrada entre los partidos políticos.

Brigada Multidisciplinaria a Chiapas

Ya parte

Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México

23 de junio al 4 de julio

Comunidad Ejidal "Independencia", Mpio. de Tapachula, Chiapas.

Enfrentemos la contrareforma agraria y el TLC que tiene al campo mexicano en la miseria y el olvido

¡Por la defensa del Ejido y la propiedad comunal!

Participan

Estudiantes del CCH-Oriente, CCH-Sur, CCH-Naucalpan; Preparatoria 2, Preparatoria 8; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medicina, Odontología, Economía, Derecho, Filosofía y Letras, Contaduría, Ingeniería, Química, Ciencias Políticas y Sociales; Escuela Nacional de Trabajo Social, Escuela Nacional de Artes Plástica, Facultad de Estudios Superiores – Aragón; IPN, UACM. Médicos y enfermeras trabajadores de base del IMSS

Actividades:

Hablemos sobre la Reforma Agraria y el debate actual del Petróleo y los energéticos.

Implementación de la primera biblioteca rural en apoyo a la juventud y los estudiantes de la zona.

Estudio para la conclusión del proyecto de pavimentación de la zona

Asistencia médica y dental

Apoyo en vivienda y telecomunicaciones

Jornadas culturales y recreativas

¡Por una centralización campesina, que tenga como condición plena independencia política, autonomía y como un arma fundamental la movilización!

Por una alternativa obrera y socialista

¡Luchar, Vencer!

Grupo de Acción Revolucionaria
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net/


Visita la página de los boletines electrónicos en:
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Boletín Informativo ISA núm 454

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Sumario:

I. Lo que el viento, el TEPJF y el IFE se llevaron, por Lorenzo Meyer

II. Acta por acta, por Carmen Aristegui F.

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LO QUE EL VIENTO, EL TEPJF Y EL IFE SE LLEVARON
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 18 de junio de 2008)

Una herencia de desconfianza fue el resultado del proceso electoral del 2006, las élites que debían organizar y vigilar esos comicios no estuvieron a la altura que se requería

Lo que se perdió

En una sociedad tan material, cultural y políticamente dividida como es hoy la mexicana, un mínimo sentido de responsabilidad obligaba a sus élites a ser en extremo cuidadosas con los pocos elementos de unión de sus integrantes. A partir del 2000, uno de esos elementos fue un consenso significativo sobre las reglas formales del juego político, las democráticas. Sin embargo, seis años después, ese consenso desapareció porque los encargados de sostener las reglas no supieron estar a la altura de su responsabilidad y lo que era el gran acuerdo nacional se lo llevó el viento político.

Responsabilidades

Ese viento político nació de las viejas inercias, de los intereses creados, de la indiferencia de una buena parte de la ciudadanía y del miedo, voracidad y cortedad de miras de las minorías rectoras. Lo tan duramente ganado, que funcionó relativamente bien entre 1997-2000 y seis años más tarde se desvaneció, fue el consenso sobre la credibilidad de las instituciones electorales federales mexicanas.

La responsabilidad fundamental por la reaparición de la desconfianza en el voto la tuvieron sus guardianes: el presidente de la República, el Instituto Federal Electoral (IFE) y, desde luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las dos últimas instituciones dotadas en exceso de recursos públicos pero finalmente carentes del sentido de su responsabilidad histórica, ética y profesional.

Lo que buscó y encontró Crespo

La prueba contundente —aritmética, jurídica y moral— de las graves fallas del IFE y del TEPJF se encuentra en el libro que acaba de publicar José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Random House, 2008). Esta obra ya ha sido reseñada por otros colegas en estas mismas páginas, pero su importancia es tal que se justifica volver e insistir sobre sus tesis y su significado político e histórico.

El razonamiento de Crespo para condenar sin apelación al TEPJF, al IFE y a todos los que interesadamente sostuvieron como válidas las decisiones de esas dos instituciones que dieron el triunfo al candidato del PAN en el 2006 es claro. Parte del examen de más de 60 mil actas de escrutinio —que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales en los que se encuentra dividido el país— y tras constatar la cantidad de errores aritméticos que contienen —la inconsistencia entre el total de votantes en la casilla, el total de boletas encontradas en la urna y la votación total emitida, incluidos los votos nulos o por candidatos sin registro más los de los representantes de casilla y funcionarios electorales— llega a la única conclusión posible: con esos datos no es posible saber con la certeza que la ley y el sentido común requieren, quién ganó la elección presidencial del 2006. Y sin certeza, la elección no cumplió su función básica: dotar de legitimidad al jefe del Poder Ejecutivo y a su gobierno.

Dada la pequeña diferencia en votos entre el primer y segundo lugar en la contienda —233 mil 831 sufragios de un total de 41 millones 557 mil 430—, los errores aritméticos de las actas —316 mil 539— superan la diferencia y son determinantes. Pero si a lo encontrado en una mitad de las actas se le añade una proyección sobre de la otra mitad, el gran total es de casi tres veces la diferencia oficial de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo que no se hizo

Entre el IFE y el TEPJF sólo abrieron el 18.5 por ciento de los paquetes impugnados, pero la letra y espíritu de la ley, además de lo espeso del ambiente de sospecha que ya se respiraba, debieron llevar al recuento del otro 81.5 por ciento de los paquetes. De haber ocurrido lo anterior se corría el riesgo de tener que anular la elección. Sólo una decisión tan drástica hubiera podido asegurar el sostenimiento de la credibilidad del resultado ante la oposición, pero finalmente los “guardianes de la legitimidad electoral” optaron por otra vía y a la que no tenían derecho: condenar pero sin consecuencia la intervención de Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial por empañar la elección pero finalmente dar por buena la victoria del candidato del PAN a pesar de la ausencia de certeza.

La negativa de la autoridad electoral a anular la elección o a proceder al recuento de los votos de manera inmediata (pues el paso del tiempo aumentaba las posibilidades de manipulación de esos 41.5 millones de boletas) dejó a las actas de escrutinio como los únicos documentos con valor oficial a los que los estudiosos podían tener acceso para hacer una evaluación objetiva de la elección. Y ésa fue justamente la tarea que se impuso Crespo a partir de que en diciembre del 2006 el IFE puso en línea todas las actas de escrutinio.

Nuestro autor no llevó a cabo el estudio de todos y cada uno de los documentos anteriores porque con la mitad tuvo resultados más que suficientes para sostener su argumento central. En efecto, con el examen del 50 por ciento de la enorme documentación el resultado fue contundente: los errores aritméticos totales pueden llegar a sumar casi tres veces la diferencia que separó al ganador oficial de la elección de su competidor más cercano: AMLO. La tesis de Crespo se resume así: “si [en la democracia] por un voto se gana o se pierde [en condiciones como las del 2006], basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. En tal caso había que volver a llevar a cabo la elección o proceder a examinar todas las irregularidades. Sin embargo, esa conclusión fue rechazada por el TEPJF con lo que su dictamen quedó envuelto en la sospecha y tuvo consecuencias de largo plazo.

Falta imperdonable

Aquí es necesario advertir que Crespo no avala la tesis de AMLO en el sentido de que en el 2006 se cometió un gran fraude, aunque tampoco niega su existencia, simplemente sostiene que en el material que él revisó no hay pruebas contundentes al respecto.

Crespo está dispuesto a explicar la discrepancia en las cifras de las boletas como resultado de meros errores sin pizca de dolo, pero eso no les quita su efecto negativo. Sin embargo, ya no es posible eliminar el dolo como explicación en la decisión del presidente del IFE de dar por ganador a Calderón el 6 de julio ni la aún más importante decisión posterior, final e inapelable, del TEPJF, de dar por válido el triunfo del panista pese a la existencia evidente de datos cuantitativos que hacían imposible sostener lógicamente su decisión.

Las sospechas despertadas por la forma en que fueron nombrados los consejeros del IFE que organizó las elecciones del 2006 y la mediocridad e inconsistencias en el razonamiento de los miembros del TEPJF han significado un retorno a los orígenes. En efecto, en las postrimerías de la época colonial tuvo lugar la primera elección moderna en lo que sería México, y se desarrolló según los lineamientos de la Constitución de Cádiz de 1812. El proceso llevó al triunfo de aquellos candidatos no deseados por el virrey y a partir de entonces todas las elecciones posteriores fueron más o menos manipuladas y no sirvieron ni para descifrar “los sentimientos de la nación” ni para legitimar a la autoridad.

La manipulación electoral terminó por crear un resentimiento tal que el levantamiento encabezado en 1910 por Francisco I. Madero en contra del primer régimen estable del México independiente se pudo justificar con el simple lema de “sufragio efectivo, no reelección”. El siglo XX transcurrió haciendo efectivo únicamente el medio —la no reelección— pero no el fin —el sufragio efectivo.

La largamente esperada aparición de elecciones competidas, libres y en condiciones de relativa equidad en nuestro país, finalmente tuvo lugar entre 1997 y 2003, pero casi de inmediato empezó la regresión. La falta de alternancia en un buen número de estados aunada al frustrado desafuero en 2004-2005 de AMLO —el líder más popular de la oposición— fueron el anuncio de lo que ocurriría después: la recuperación del PRI a nivel estatal y la voluntad de las derechas —Presidencia, PAN, sector empresarial, Iglesia Católica, el duopolio televisivo, la oligarquía sindical— de impedir, a como diera lugar, la alternancia hacia la izquierda.

Ganar a costa de perder el largo plazo

El trabajo de José Antonio Crespo fundamenta, de manera concluyente, la gran falla del 2006. La derecha se mantuvo en el poder y ganó en el corto plazo mediante el “haiga sido como haiga sido”, pero destruyó la única base del consenso democrático de una sociedad dividida. A la larga, no sólo el país, sino hasta la derecha van a salir perdiendo.

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ACTA POR ACTA
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma el 19 de junio de 2008)

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que —como nunca— polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo —entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados— el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.

José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”. Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.

¿Ciudad del silencio? O difusión del miedo

Edna lorena Fuerte
Analista política


A veces los caminos de la justicia parecen agotados y no queda claro por dónde se tiene que buscar para encontrarla; cuando las vías institucionales no han dado resultados, el camino de la difusión y la concienciación suelen ser los más socorridos para contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

El caso de los crímenes de mujeres en nuestra ciudad es un ejemplo. Las autoridades competentes no han dado resultados, entonces los esfuerzos tanto de los grupos de madres de las desaparecidas, como de diversos organismos de la sociedad civil nacional e internacional, se ha encaminado a hacer este llamado a la conciencia de la sociedad mundial.

Auspiciada por Amnistía Internacional se rodó el año pasado la película Bordertown (Ciudad al límite) que ha sido subtitulada para su distribución en español como Ciudad del silencio. Estelarizada por la actriz estadounidense de origen latino Jeniffer López, quien también es productora de la cinta, encarna a una reportera norteamericana encargada de investigar periodísticamente en nuestra ciudad los casos de feminicidios en los que, finalmente y como es de esperarse, se ve involucrada.
Según lo referido por el director de la película, Gregory Nava, su realización se basó en los relatos de las madres y familiares de las desaparecidas, así como en una amplia investigación periodística a partir de la que se creó el guión de este thriller de aventura completamente acoplado al estilo hollywoodense.

Más allá del análisis del contenido de la cinta para valorar su apego a los hechos, lo cierto es que se trata de una película de ficción que ni siquiera ha sido rodada en nuestra ciudad, la mayor parte se realizó en Albuquerque, Nuevo México y en algunas partes de Mexicali. Los datos, personajes, situaciones y conclusiones a las que se llega obedecen a la trama de la misma y no a los hechos reales que, por otro lado, no cuentan aún con la claridad suficiente como para ser reseñados.

Es sumamente importante que se analicen las implicaciones de crear una realidad ficcional con hechos cuya vigencia está aún en manos de autoridades –a pesar de su incompetencia–, luchadores sociales y ONG's que han puesto durante años todo su empeño en que se den a conocer los hechos como son, que se devele la verdad y se consiga justicia para las víctimas y castigo para los victimarios. Y más aún, qué implicaciones tiene una película como ésta ante las actuales condiciones de seguridad pública en que estamos viviendo, qué abona a los ciudadanos de a pie de nuestra ciudad el ir a ver en pantalla grande una historia que supuestamente nos involucra y que nos ofrece un panorama tan desalentador. El punto es si la resolución de una trama de ficción contribuye en algo a desentrañar las problemáticas de la realidad.

El cine es un medio de difusión muy poderoso, el impacto masivo de sus mensajes está directamente relacionado con la esfera sensible de las sociedades, por ello debe ser manejado con la mayor responsabilidad. El clima de violencia generalizada en nuestra ciudad merece un trato mucho más cuidadoso, espacios de discusión social responsables.

No se trata de descartar canales de acción ni la buena voluntad de nadie, sino de analizar puntualmente cuál es el uso que se hace de nuestra historia y para qué, en qué contribuye al bienestar de los juarenses. Cada quién tendrá su propio juicio de esta película cuando la vea y cada uno de nosotros como habitantes de esta ciudad podremos decir de qué manera nos impacta.

Amnistía Internacional le dio un premio a la actriz y productora por su participación en esta cinta pues la considera una valiosa contribución a la protección de los derechos humanos; mi pregunta es por qué no se les premia a las madres que llevan años en pie de lucha y no con un galardón, sino con la justicia. Con el debido respeto a los realizadores, esta columnista no está segura de que la contribución al miedo con una cinta que habla de nuestras calles y colonias populares como si fueran la antesala del infierno, sea una forma de defender los derechos humanos. ¿Verdaderamente somos una ciudad del silencio?

REFLEXIONES DE FIDEL CASTRO

Estados Unidos, Europa ylos derechos humanos

La desprestigiada forma de suspender las sanciones a Cuba que acabade adoptar la Unión Europea el 19 de junio ha sido abordada por 16 despachos internacionales de prensa. No implica en lo absoluto consecuencia económica alguna para nuestro país. Por el contrario,las leyes extra territoriales de Estados Unidos y, por lo tanto, subloqueo económico y financiero continúan plenamente vigentes.
A mi edad y en mi estado de salud, uno no sabe qué tiempo va a vivir,pero desde ahora deseo consignar mi desprecio por la enorme hipocresía que encierra tal decisión. Esto se hace aún más evidente cuando coincide con la brutal medida europea de expulsar a los inmigrantes no autorizados procedentes de los países latinoamericanos, en algunos de los cuales la población en su mayoría es de origen europeo. Los emigrantes son además fruto de la explotación colonial, semicolonial y capitalista.
A Cuba, en nombre de los derechos humanos, le exigen la impunidad de los que pretenden entregar, atados de pies y manos, la patria y el pueblo al imperialismo.
Hasta las propias autoridades de México tienen que reconocer que la mafia de Miami, al servicio del gobierno de Estados Unidos, le arrebató por la fuerza ? o compró? a un importante contingente de agentes migratorios de ese país a decenas de inmigrantes ilegales arrestados en Quintana Roo, entre ellos niños inocentes transportados a la fuerza por riesgosos mares y hasta madres forzadas a emigrar.Los traficantes de personas como los de drogas, que disponen a su antojo del mayor y más codiciado mercado del mundo, han puesto en riesgo la autoridad y la moral que necesita cualquier gobierno para dirigir el Estado, derramando sangre latinoamericana por todas partes,sin contar los que mueren por emigrar a través del humillante muro fronterizo sobre lo que fue territorio de México.
La crisis de los alimentos y de la energía, los cambios climáticos y la inflación acosan a las naciones. La impotencia política reina, la ignorancia y las ilusiones tienden a generalizarse. Ninguno de los gobiernos, y menos aún los de la República Checa y Suecia, que eran renuentes a la decisión de la Unión Europea, podrían responder de forma coherente a las interrogantes que están sobre el tapete.
Mientras tanto, en Cuba los mercenarios y vende patrias al servicio del imperio se halan los pelos y rasgan sus vestiduras en defensa de los derechos de traición e impunidad.
Tengo muchas cosas que decir, mas por hoy basta. No deseo molestar, pero vivo y pienso.
Divulgaré esta Reflexión solo por la vía de Internet hoy viernes 20 de junio de 2008.
Fidel Castro

Solidaridadconcuba mailing listSolidaridadconcuba@lists.laneta.apc.org
Latinoamérica rechaza a una sola voz la ley anti-inmigración aprobada en Europa
Rafael Correa dijo que explorará la "posibilidad de cortar los diálogos" con la UE. "Los países civilizados no podemos hablar con países que han ejercido esa clase de conductas".
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.

Gobiernos, parlamentos e instituciones regionales de América Latina expresaron su rechazo a la ley de inmigración sancionada esta semana por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada "Directiva de Retorno", que criminaliza a los indocumentados y ordena su encarcelamiento.
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
Este viernes, el Mercado Común del Sur (Mercosur) dejó por sentado su rechazo a la Directiva, que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 a los 18 meses y sin derecho a un proceso jurídico. Además, contempla la expulsión de menores no acompañados y la prohibición de regresar a la UE.
Argentina, en su carácter de presidente pro-témpore del mecanismo de integración, emitió un comunicado en el que aseveró que los países del bloque "lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo (el miercoles) de la Directiva de Retorno".
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", añade el texto, a la vez que destaca "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
El gobierno brasileño ya había "lamentado" el miércoles, a través de un comunicado, la medida europea: "Brasil, país que dio acogida a millones de inmigrantes, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", dice el texto.
La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos", añade.
La Cancillería de Chile, por su parte, indicó que también que el Gobierno de Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales.
Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos", agregó el texto.
En el comunicado, Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios".
Izquierda denuncia agresión
Los gobiernos izquierdistas de la región tuvieron duras palabras contra la decisión de los Veintisiete.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró la normativa y expresó que buscarán respuestas claras, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial."De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", dijo y aseveró que si dependiera de su gobierno, "suspendería esas negociaciones" pues "¿acaso vamos a hablar solo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?.
De su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó que "esa ley donde establecen penas de cárcel para los inmigrantes es terrorista" ya que "incluye forma y mecanismos de chantaje para sacar a los inmigrantes de Europa".
"Todo esto se llama terrorismo de Estado y lo están practicando los europeos, y nosotros lógicamente lo condenamos", enfatizó Ortega.
De igual forma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que la decisión de la UE es "una agresión a la humanidad y a la vida".
El Jefe de Estado andino exhortó a los parlamentarios y gobernantes de la UE a ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia". Les recordó que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, sauqeado, humillado, odiado y explotado".
A estas posiciones se suman la del ex presidente cubano Fidel Castro quien este viernes calificó la medida como "brutal" y el mandatario venezolano quien el jueves pasado advirtió a los países que apliquen esta normativa, que suspenderá el suministro de pertóleo.
"Hay que rechazar con toda el alma esta llamada Directiva del Retorno" que criminaliza a los inmigrantes, dijo Chávez.
Derecha también rechaza
Mientras que en Perú, el presidente Alan García, de centroderecha, afirmó que la medida "no es justa", ya que no se puede sancionar a muchos por los delitos de algunos pocos.
García aseveró que con esta política, Europa "le da la espalda a la historia", pues excluye a los inmigrantes que han generado aportes a ese continente.
El madatario peruano dijo que su Gobierno no sólo "defenderá a sus connacionales, sino a todos los latinoamericanos. Por los delitos de unos cuantos no pueden sancionar a los millones de latinoamericanos que existen".
Se prepara una demanda internacional contra la Ley del ISSSTE

* UNT y abogados democráticos exigirán se restituyan derechos a burócratas

México, D.F., 20 de junio (apro-cimac).- Eduardo Miranda, presidente de la Unión Nacional de Juristas, informó hoy que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Red de Abogados por los Derechos Humanos y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras agrupaciones, interpondrán una denuncia contra la ley del ISSSTE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para exigir al gobierno mexicano que restituya los derechos humanos, laborales y sociales de los burócratas. Miranda Esquivel recordó que después de cuatro días de sesiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el nuevo régimen de pensiones, incluido el llamado Pensionissste. La nueva ley, que entró en vigor el 1 de abril de 2007 y contra la que se ampararon 2.5 millones de trabajadores, prevé el aumento en la edad y en el tiempo que deberán cubrir los afiliados para poder jubilarse. Así, las mujeres deberán jubilarse a los 58 años y los hombres a los 60.Con la anterior ley, independientemente de la edad sólo se exigía la cotización de 30 años de servicio en el caso de los varones y 28 años para las mujeres. Los que decidan jubilarse y reúnan ciertos años de servicio o de edad, y que decidan retirarse antes del 2009, podrán hacerlo casi con iguales derechos que con la ley derogada.La Corte también avaló la eliminación de prestaciones como el acceso a centros vacacionales, tiendas económicas y renta de viviendas. Además de la aprobación del monto máximo de diez salarios mínimos de pensión por riesgo de trabajo en caso de incapacidad total.Y entre los artículos que derogó se encuentra la fracción cuarta del décimo transitorio, que establecía nuevas reglas de jubilación, de tal forma que al trabajador se le exigían cuando menos tres años de antigüedad en el último puesto para que se jubilara con ese salario.También dio marcha atrás al artículo 136, que establecía “candados” para pagarle la viudez al cónyuge de las trabajadoras y trabajadores. Igual suerte corrió el artículo 25, que permitía que el instituto suspendiera los servicios a las y los afiliados en caso de que sus patrones, es decir las dependencias, no enviaran las cuotas durante más de un año.Por otro lado, el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz consideró que con el aval de la Corte a la ley del ISSSTE se favoreció a los intereses de las instituciones privadas y con ello el gobierno federal se deslinda de su responsabilidad de garantizar la seguridad social a los afiliados al instituto.Dijo que la determinación de la SCJN abre un espacio a los banqueros para que puedan disponer de los recursos de los derechohabientes, aparte que “fija una posición contraria a la seguridad social y la responsabilidad social del Estado”. Opinó que la resolución de la Suprema Corte, sobre declarar como inconstitucionales sólo cinco artículos de la ley, “no resuelve el grave problema” del ISSSTE.Bajo el nuevo régimen, sostuvo, las mujeres afiliadas al instituto, que representan 54% de la base trabajadora, serán las más perjudicadas, pues de por sí perciben salarios inferiores a los de los varones. Esa diferencia, aclaró, repercutirá en el monto de su jubilación que, por lo mismo, será menor. Sin embargo, el laboralista consideró que la determinación de la Corte “no es un proceso irreversible”. Afirma que el Congreso de la Unión tiene ahora la tarea de revertir esta reforma. “No es un capítulo consumado, evidencia únicamente el interés de la Corte en defender los intereses de las instituciones privadas y deslindar al Estado de su responsabilidad de brindar seguridad social a los trabajadores”.En tanto, Miranda Esquivel reconoció que si bien los burócratas amparados recibieron beneficios, éstos no son suficientes pues no responden a la magnitud del perjuicio de la ley. Sostuvo que la Corte aplicó “justicia por consigna”, es decir, “dejó de escuchar las demandas de los afiliados y de considerar el marco constitucional y conservó su carácter conservador y reaccionario”. Con el presidente de la Unión de Juristas de México coincidió Antonio Vital, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. El dirigente afirmó que la nueva norma “pasa por encima de la Constitución y afecta y desaparece los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de 50 años”.Advirtió: “No sólo afecta a los 2.5 millones de burócratas amparados, sino a los 15 millones de derechohabientes y sus familias, al desaparecer la seguridad social por un sistema de ahorro individual manejado por la banca privada”.

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