sábado, febrero 20, 2010

Autoridad Palestina: Hamas, incapaz de realizar investigaciones confiables sobre las violaciones en el conflicto de Gaza

Comunicado de Prensa

Continúan asesinatos de miembros de la resistencia en Honduras

Julio Funes, miembro del sindicato de acueductos y alcantarillados, y participante de la resistencia contra el golpe de Estado en Honduras, fue asesinado. Organizaciones de Derechos Humanos han reportado 56 crímenes a la fecha y se investigan 105 casos más. teleSUR

http://www.youtube.com/watch?v=xQDQLEmmmdc

El mundo de Toyota al revés

Sabes que el mundo japonés está de cabeza cuando el legendario Toyota es el hazmerreír global.

Por William Pesek

Un nombre que anteriormente era sinónimo de calidad ha caído tan bajo que los estadounidenses están corriendo a comprar autos chatarras de Detroit. Tienes que armar un escándalo que estimule a General Motors y a Ford y alborote a un defensor del consumidor como Ralph Nader de una sola tirada.

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, ha hecho precisamente eso y es hora de que renuncie. Debe irse, no por el más grande y creciente retiro del mercado, sino para que tome responsabilidad por la forma patética en que está manejando la crisis. Gracias a un liderazgo inestable, el valor de mercado de Toyota ha perdido el equivalente al producto interno bruto de Latvia desde el 21 de enero de este año.

Mientras este cuento tan costoso se desarrolla, vale la pena tomar en cuenta algunas lecciones para el Japón corporativo. Analicemos cinco.

El intento de arreglarlo puede ser peor que el problema mismo. Las fallas de diseño suceden. La clave es actuar rápidamente y con audacia, especialmente cuando estás lidiando con tu seguridad personal y cobertura negativa en los periódicos alrededor del mundo. Toyota está atrapado en una crisis de su propia creación.

Hay una percepción de que Toyota arrastró sus pies en sus males de aceleración rápida y sistema de frenos. Y parece muy merecido. El hecho de que el presidente de la compañía haya evitado declaraciones públicas lo llena de culpa. Que el secretario de Transporte, Ray LaHood, esté pasando más tiempo en el micrófono que los altos oficiales de Toyota, demuestra la pobreza con la que la compañía está lidiando con el asunto.

Cuidado al conducir desnudo. Es difícil no llegar a la conclusión de que una de las marcas más confiables se encuentra sin ropa, en el sentido de Warren Buffet.

La referencia aquí es para el comentario citado frecuentemente de Buffet que dice que sólo cuando baja la marea te das cuenta de quién ha estado nadando desnudo. Primero, la crisis de crédito global golpeó a los fabricantes de autos más poderosos mientras la liquidez y la demanda se secaban. Luego vino la crisis del retiro.

Eventualmente, Toyota podría salir del borde. No se trata de pedir prestaciones al gobierno como lo hicieron General Motors y el Grupo Chrysler. ¿Pero quién sabía que la armadora de autos había estado manejando con sus pantalones abajo por todos estos años?

No le hagas el día a tus competidores. Toyota ha dejado de trabajar mientras intenta darle la vuelta a la crisis más grande que ha enfrentado la compañía desde que su abuelo fundó la compañía en 1937. Juzgando por la manera inepta y nada transparente en la que ha manejado las cosas, sus habilidades administrativas no son proporcionales a la reverencia con la que los japoneses consideran su nombre familiar.



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Brasil, el gigante de la discordia

La visión estadounidense es enfrentada por la economía más grande de América Latina. Brasil cree que no es buena idea sancionar a Irán por su programa nuclear.
Brasil le ha dicho a Estados Unidos (EU) y Francia que no va a apoyar sanciones más duras de Naciones Unidas sobre Irán y que seguirá, a pesar de las objeciones de la administración de Obama, buscando mayores intercambios comerciales con el gobierno Islámico.

“No estamos considerando a las sanciones como una buena idea por ahora”, dijo la embajadora María Viotti en entrevista desde Nueva York. “Las negociaciones deben continuar. Si se busca imponer sanciones, se podría bloquear la vía de las negociaciones”.

La resistencia de Brasil para imponer sanciones ejemplifica las dificultades que tendrá que enfrentar EU. En resoluciones previas de la ONU, la unidad se impuso para sancionar a autoridades del gobierno iraní y algunos bancos. Pero Brasil, país que inició en enero un periodo de 2 años en el Consejo de Seguridad conformado por 15 naciones, se podría unir a China, Líbano y Turquía para abstenerse de votar las sanciones.

La administración de Obama está presionando a los gobiernos miembros del Consejo de Seguridad para que apoyen penalizaciones más fuertes. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo el martes que su afirmación de que Irán se está transformando en una “dictadura militar” era “importante para los países que todavía están evaluando” si apoyan las nuevas medidas.

Clinton dijo el año pasado que era una “mala idea” para países latinoamericanos que profundizaran sus relaciones con Irán. Y este mes ha hablado de posibles nuevas sanciones de la ONU dirigidas a las Guardias Revolucionarias de Irán, que están involucradas en el programa nuclear del país y cuyos intereses económicos se extienden.

Viotti dijo el martes que todavía es posible una solución negociada de la disputa sobre el programa nuclear de Irán. Según la embajadora esto se debe a que el gobierno de Teherán no ha rechazado la propuesta de enviar fuera del país uranio para enriquecer la investigación médica. La respuesta de Irán, aunque no es aceptable para EU y sus aliados europeos, no cierra la puerta a la negociación, dijo.

Brasil no acepta la visión de EU que considera como indiscutible la evidencia de que Irán tiene la intención de desarrollar un arma nuclear. Viotti dijo que Brasil se adhiere a la posición del Organismo Internacional de Energía Atómica que dice que Irán tiene que responder a los cuestionamientos sobre el cuál es el propósito de su programa nuclear.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, seguirá buscando engrandecer el comercio con Irán cuando visite Teherán en unos cuántos meses, dijo Viotti.

“Irán es un muy buen mercado para los productos alimenticios”, dijo Viotti. Brasil es la economía más grande de América Latina y el mayor exportador de soja, jugo de naranja, azúcar y otros productos agrícolas.

Irán también está interesado en formar una asociación con el productor de petróleo estatal brasileño Petróleo Brasileiro, según dijo el Ministro de Energía Edison Lobao.

Viotti dijo que una fortalecida relación comercial con Irán pone a Brasil en la posición de negociar una solución, una táctica que, según ella, EU aprueba. La administración de Obama mostró “simpatía” después de que Lula tomó ventaja de la “confianza” iraní en Brasil para debatir los términos de un acuerdo en noviembre, cuando se reunió con el presidente Mahmoud Ahmadineyad, dijo Viotti.

La posición brasileña sobre el tema de Irán demuestra la intención que tiene el país latinoamericano para tener un rol preponderante a nivel mundial, que esté a la altura de su crecimiento económico y la meta de Lula para obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, según Christopher Garman de Eurasia Group, una firma de consultoría de Nueva York.

“Esto es algo que todavía está en camino y no está consolidado”, dijo Garman. “Como resultado, mientras Brasil comience a fijar ciertas posturas, este proceso estará a prueba y error”.

Viotti dijo que Brasil continuará buscando una mayor participación en África y Asia, incluyendo también el conflicto Palestino-Israelí. Brasil quiere asistir a la conferencia sobre Medio Oriente que se hará en Moscú y presionará para tener un mayor rol en el Consejo de Seguridad cuando el momento sea el correcto, dijo.

“Mientras sigamos expandiendo nuestra economía y comercio con un mayor número de países y estemos presentes en África y Asia, nos vamos a interesar en lo que esté pasando allá y trataremos de ayudar a mantener la paz en esas áreas”, dijo Viotti.

(c) 2010, Bloomberg News

Con las manos en Pemex

La corrupción en Petróleos Mexicanos y su relación con las administraciones panistas es el tema del nuevo libro de la periodista Ana Lilia Pérez.

Publicado por Editorial Grijalbo, “Camisas Azules Manos Negras: El Saqueo de Pemex desde Los Pinos” el documento es una investigación que desnuda las relaciones de importantes funcionarios con la paraestatal.

El texto recoge los frutos de nueve años de investigación de la autora quien soporta su información con fuentes vivas y documentos reveladores.

Con autorización de la editorial, Reporte Indigo publica un extracto.



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¿Quién le cree a Calderón?

Pide al partido que lo legitimó en el poder apoyos fiscales a cambio de acuerdos políticos. Dice que los pactan a sus espaldas, pero elogia la lealtad de quien no le informó y los pactó. Promete a Ciudad Juárez no escatimar recursos para el combate a la delincuencia, pero el presupuesto no refleja la urgencia y es asignado a municipios del PAN.

El gobierno de Felipe Calderón está agotado. Asfixiado en sus mentiras, en sus dobles discursos, en la impunidad y la traición a sus principios, el régimen navega con una sola bandera: evitar su naufragio antes de 2012.

La pérdida de credibilidad alcanzó esta semana sus más altos niveles con dos hechos que ponen en evidencia la falta de confiabilidad en el hombre que gobierna hoy los destinos de México.

El primero es el escandaloso caso de Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación que terminó por confesar lo que juró con su firma que era inconfesable. Que subastó los principios del PAN a cambio de 30 monedas fiscales. Que lo hizo “a espaldas” de su jefe el presidente.

Y su premio por pactar en lo oscurito es que el mandatario elogie su lealtad y lo ratifique en su cargo. Aunque el PAN reniegue de que “nos vendió sin consultarnos”.

Aunque el PRD lo ubique como “enemigo” por usar la silla de Bucareli para cuidar las espaldas de un partido que incluso, en apariencia, no es el suyo.

Aunque el PRI ya no le tenga confianza, porque al revelar las condiciones del pacto, los exhibió como mercenarios dispuestos a elevar el IVA al pueblo a cambio de su retorno al poder.

El segundo hecho es el lamentable espectáculo presidencial en Ciudad Juárez, la emblemática urbe convertida en el mejor ejemplo de la impericia oficial para combatir al crimen organizado.

En sus discursos, Felipe Calderón dice que su gobierno apoya con todo la lucha de los juarenses para recuperar su tranquilidad. Que su gobierno no escatimará esfuerzo alguno para devolver la paz a esa ciudad fronteriza y a sus habitantes.

La realidad y el presupuesto desmienten al primer mandatario. Para muestra, ahí están los recursos destinados al combate a la inseguridad.

En entidades panistas sin conflicto evidente de seguridad, como Irapuato, la Secretaría de Seguridad Pública federal elevó en más de 100 por ciento el presupuesto de 2009 a 2010. Para la golpeada y priista Ciudad Juárez, en cambio, la asignación permaneció igual.

Peor aún. Las partidas destinadas a combatir la inseguridad en los municipios son solo eso. Partidas etiquetadas que no pueden ser ejercidas a conveniencia por las autoridades locales. Vienen pregastadas. Y las compras de patrullas, armas y equipos están centralizadas en los cuarteles federales de Genaro García Luna.

Por eso el gobierno de Felipe Calderón se ahoga en el descrédito. Porque a punta de salir a dar dos o tres discursos diarios, de gobernar para la encuesta y para la imagen televisiva, de repetir una y otra vez lo que no se refleja ni en la calle, ni en el presupuesto, ni en la acción de gobierno, se desgastó prematuramente.



Parece que el primer error de la estrategia para liberar a esta ciudad de la violencia está en el diagnóstico. Si éste es equivocado, la cura no funciona.

Por segunda vez en menos de una semana, el presidente Felipe Calderón volvió a explicar a los juarenses sus hipótesis de por qué Ciudad Juárez se convirtió en la urbe más peligrosa del mundo. Sin embargo, al igual que la primera vez, el primer mandatario encontró un auditorio repleto de escépticos. Desafortunadamente, los juarenses, como muchos mexicanos, ya no le creen. Ni a él, ni a su gabinete. “La gente de abajo y de todos lados no creen en nada. Ni en usted, ni en el gobernador, ni en el presidente, menos en los diputados”, dijo uno de los asistentes al jefe del Ejecutivo. Pero no fue esta la única voz de reclamo que se alzó frente a Calderón. Otro de los asistentes expresó: "O pago impuestos, o pago a los trabajadores, o pago la cuota de extorsión". Por la expresión que tenía el presidente en ciertos momentos, parecía aceptar que ya no tenía más argumentos, que debía admitir que la estrategia del gobierno había fracasado rotundamente. ¿Por qué la derrota del gobierno en Ciudad Juárez? ¿Por qué ha aumentado la violencia en Ciudad Juárez? Analicemos.

DIAGNÓSTICOS FALLIDOS

Si un problema no se define bien, lo más seguro es que no sea resuelto. Todos lo sabemos, de la correcta definición de un problema, depende una buena parte de su solución. En cambio, cuando el diagnóstico es incorrecto, no solo no se resuelve el problema, sino que puede agravarse o incluso generar otros. Y esta parece ser la primera razón del fracaso de la estrategia implementada por el gobierno para combatir la inseguridad y la violencia. Los diagnósticos de Fox. Ya desde los inicios de la administración del ex presidente Vicente Fox, el gobierno federal atribuía la violencia a los conflictos entre cárteles. Basta recordar que en el año 2002, la administración foxista envió fuerzas federales de apoyo a Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 27 de enero, casi mil elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en ese entonces bajo el mando de Genaro García Luna y de la Policía Federal Preventiva, llegaron a Nuevo Laredo. Pese a ello, la violencia se recrudeció en esa ciudad. En abril de 2002, Gabriela Hernández, colaboradora del semanario Proceso, consignó que pese a la presencia de las fuerzas federales en Nuevo Laredo, “las bandas de narcotraficantes locales han mantenido una guerra de ajustes de cuentas que lleva ya como saldo 17 ejecutados y que solo en el mes de abril ha originado la desaparición de siete personas”.

Bancomer, el banco más grande de México, y ahora propiedad de extranjeros, se llevó a España unos mil 55 millones de dólares bajo el mecanismo de decretar dividendos para sus accionistas.

Este pago, que se realizó en el tercer trimestre de 2009 y que apenas fue revelado por las autoridades mexicanas el pasado mes de enero, provocó una caída en la inversión extranjera. Es la primera vez que esto ocurre desde 1967.

Y es que el monto repatriado, producto de una decisión tomada desde las oficinas centrales de la filial mexicana en España, significa el 11 por ciento de la inversión foránea de México, una variable clave para el crecimiento de la economía.

Los dólares extraídos de México por Bancomer equivalen también a la mitad de las utilidades estimadas del banco en 2009.

Aunque la decisión es legal –después de todo se trata de dinero producto de una inversión en México del banco español comprado a regiomontanos en 2003–, pone en el tintero una tema que preocupa a las autoridades mexicanas y podría ubicarse en el centro de una controversia.

¿Cómo regular las operaciones de la banca extranjera que domina más de 70 por ciento de este sector a fin de no provocar efectos adversos en la economía?

¿Sobre todo, en tiempos de vacas flacas como los actuales, cuando el crédito es escaso, el país vulnerable y se encamina a una frágil recuperación?

¿En dónde está la línea divisoria entre la decisión –legítima– de la banca extranjera que opera en el país de movilizar fondos fuera de México y su responsabilidad moral de no afectar con estas decisiones al país que le da cobijo?

Además, ¿se debe o no imponer normas a la operación de la banca extranjera cuando la combinación de la escasa competencia bancaria y la falta de regulación ha provocado que México sea la “gallina de los huevos de oro” de estas instituciones del exterior?Y es que a casi una década de la extranjerización de la banca, mientras este sector clave para el ahorro y el crédito vive una jauja de elevadas ganancias, la economía mexicana registra un crecimiento raquítico.

Incluso ha padecido una severa caída, y el nivel de vida del hombre de la calle se encuentra estancado.

¿Es justo que los bancos extranjeros gocen de manga ancha para explotar sin tapujos los variados mecanismos que permiten sacar dinero del país, mientras los usuarios de estos servicios-banca padecen altos costos de crédito, no por la competencia sino, al contrario, por poderes excesivos sobre el mercado financiero tolerados por las autoridades?

Veamos.

TRAS LA PISTA

El primer indicio del inusual movimiento de Bancomer decidido desde los cuarteles generales de la institución financiera en España, lo dio el Banco de México el 29 de noviembre pasado.

Banxico informó de una caída en la inversión extranjera en el tercer trimestre de 2009, por 637 millones de dólares (la primera desde 1967), ocasionada por una salida de capitales de mil 55 millones de dólares.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

Cuidado: los lobos andan sueltos en la pradera


Desfiladero
Jaime Avilés

Dos buenas noticias. Primera: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró en forma definitiva la construcción de una plaza colonial del siglo XVI, estilo Walt Disney, en la reserva ecológica de Ombligo Verde, en Cancún, donde el piadoso alcalde, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, pretendía hacerse un palacio municipal frente a la catedral que de todos modos levantarán allí los Legionarios de Cristo.

La victoria de los grupos ambientalistas de Cancún, encabezados por Tulio Arroyo, coincide con la investigación que la PGR abrió contra Greg, por un préstamo de 10 millones de dólares que al parecer éste aún le debe al empresario Steve Santander. Greg tiene pendiente, además, un proceso judicial por haber cambiado ilegalmente el uso de suelo del malecón de Cancún para vendérselo a la inmobiliaria Roca Capital SA.

Así, la candidatura de Sánchez Martínez al gobierno de Quintana Roo, que lanzaron jubilosos Manuel Camacho y los líderes de PRD, PT y Convergencia, parece haberse esfumado, ya que según la nota de Hugo Martoccia, corresponsal de La Jornada en Cancún, ahora PAN y PRD postularán al panista Carlos Joaquín, sobrino de don Nassim Joaquín, el poderoso comerciante que desde Cozumel funge hace décadas como patriarca del Caribe mexicano.

Segunda: el oportuno diluvio que azotó el valle (ahora lago) de Chalco puso al descubierto que Enrique Peña Nieto, en términos de eficacia y compromiso con los desprotegidos, es más pequeño que su famoso copete, mismo que nunca se le despeinó mientras acudía a las zonas de desastre rodeado de cámaras televisivas, en tanto sus colaboradores entregaban la ayuda de emergencia sólo a aquellos damnificados que aceptaban pegar en sus viviendas una calcomanía con una leyenda humillante: “el gobierno del estado cumple”.

Tal vez por esa frivolidad extrema que caracteriza a Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari ya destapó al veracruzano Fidel Herrera como candidato del PRI al 2012, pero no para que el antiguo partido regrese a Los Pinos, sino para que pierda los comicios y el PAN siga otro sexenio en el poder, como avisó ayer en este diario Luis Javier Garrido, al explicar que el verdadero sentido de las alianzas PAN-PRD, que impulsan Manuel Camacho, Felipe Calderón y Jesús Ortega, es sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera por la Presidencia.

Anteayer, en la Cámara de Diputados, el matrimonio que desde 2006 forman los chuchos y el PAN volvió a hacer de las suyas cuando una mayoría integrada por legisladores perredistas, panistas, priístas y de Convergencia aprobó que Pemex dé a empresas particulares contratos para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos. Únicamente los del Partido del Trabajo y 13 diputados del PRD leales a López Obrador –entre los cuales no estaba Alejandro Encinas– subieron a la tribuna para intentar detener el albazo, que acelera el despojo de los recursos petroleros de todos los mexicanos.

Pero mientras Camacho se reincorpora a las huestes salinistas –hecho que exige prontas definiciones del movimiento de López Obrador, antes que el desaliento termine de cundir entre sus bases–, el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, se transforma en un fantasma, incapaz de contener el aumento exponencial de asaltos a mano armada y a la luz del día en todos los ámbitos de la ciudad.

Las denuncias de abusos policiacos y administrativos en la macrópolis que todavía gobierna Marcelo Ebrard insinúan que empiezan a vislumbrarse riesgos en la continuidad del proyecto alternativo impulsado por la (ex) izquierda desde 1997. Algunos ejemplos. Un joven estudiante (cuyo nombre me guardo por su seguridad) toma un taxi y, por alguna causa, discute con el chofer. Éste lo ataca a tubazos. El joven se queja en la delegación correspondiente, pero el abogado que asesora a la empresa del taxista compra al agente del Ministerio Público y el muchacho herido es enviado a un reclusorio.
Al llegar al presidio, es obligado a “limpiar” las letrinas con la lengua, hasta que su familia consigue 4 mil pesos para salvarlo de tal vejación. Al cabo de 50 días tras las rejas, el joven es absuelto de todos los cargos y recobra la libertad. ¿Quién lo resarcirá por el daño moral que sufrió? Nadie. En cambio, arriba, en la punta de la pirámide social, un grupo de condóminos de Tlalpan, que viven hace muchos años en unos bonitos edificios de Insurgentes Sur, se alarman al ver que su vecino, un magnate que amasó una gran fortuna vendiendo barbacoa, ha resuelto convertir su negocio en una gasolinera, que dará servicio las 24 horas del día.

Los vecinos se organizan y protestan. La ley prohíbe que una gasolinera se construya a 50 metros de un conjunto habitacional. Acuden ante el delegado, perredista por supuesto, y éste les da largas. Envían cartas a Ebrard. Jamás reciben respuesta. Así que salen a la calle a manifestarse, reclamar justicia y ejercer sus derechos constitucionales. ¿Ah, sí? El magnate, Jorge Talavera, dueño del restaurante Don Enrique, los demanda a cada uno por “daño moral”, y les exige el pago de dos millones de pesos por cabeza. Como prueba de los “delitos” que según el ricachón cometieron los inconformes, exhibe ante el juez quincuagésimo octavo civil las crónicas periodísticas que Agustín Salgado publicó en La Jornada, para documentar el desarrollo del conflicto.

Otra. Por debajo de la puerta me echan una carta dirigida a un inquilino anterior y enviada por la firma Profesionales en recuperación SC, que saluda a su destinatario con estas palabras (en enormes mayúsculas): “En 48 horas vamos a ejecutar en este domicilio una acción cobro vía exhorto!!” Luego, en letras más pequeñas, reitera: “Esta ejecución de cobro vía exhorto se ejecutará, con usted de encontrarse presente o con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio”.

La carta, impresa como machote, sigue así: “Fuera de nuestra costumbre, y sólo por usted (!), abriremos de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas a fin darle oportunidad de que liquide su adeudo antes de 48 horas para cancelar el exhorto de cobro. A la fecha su cuenta HSBC presenta un saldo de $25672.84 pesos (pero) si liquida antes de 48 horas le aplicaremos un descuento del 85%”.

Y firma: “Lic. José Luis Ruiz Mateos” (¿familiar del secretario panista de Economía, Gerardo Ruiz Mateos?) Llamo al teléfono 01-800-821-5921 y al 01-800-222-9999, que vienen con la carta, y me atiende un pobre diablo, que se complace en aterrorizarme, diciendo: “tenemos un permiso especial del MP que nos permite (sic) abrir su puerta con ayuda de un cerrajero y escoger los bienes que le vamos a embargar”.

Después, vuelvo a llamar, pero con voz de anciano y confieso que estoy muy asustado porque la carta dice que en 48 horas habrá una ejecución en mi domicilio. El abogado que me oye, en el fondo tiene buen corazón y me aconseja que no me preocupe. “Si usted no ha sido condenado por un juez a pagar la cantidad que adeuda otra persona, no le pueden violar su cerradura, ni entrar a su casa ni embargarle sus bienes”.

Un jurista de excelencia, que en 1995 defendió al tonto del pueblo, me alecciona: “te dicen que te descuentan 85 por ciento para que les firmes un papel en el que reconoces tu deuda. Ellos necesitan tu firma para demandarte y lograr que un juez señale los bienes que te van a embargar. No les hagas caso”. Así que ya lo saben: estos profesionales en recuperación, en realidad, son viles cómplices de los ladrones que reparten tarjetas de crédito a granel, para después despojarnos de todo. Pasen la voz y, de verdad, si quieren regalarse horas de intenso placer leyendo, consíganse Marcas de nacimiento, novela de la canadiense Nancy Huston. No tiene desperdicio.

jamastu@gmail.com

FRAUDE INBURSA TELMEX

FRAUDE INBURSA TELMEX
Mi nombre es María del Rosario Rico Galindo y de la ciudad de Morelia, Michoacán. Me dirijo a ustedes para exponer el fraude perpetrado por las empresas Seguros Inbursa y Teléfonos de México, fraude millonario de que hemos sido objeto ya millones de mexicanos :
Al revisar mi recibo telefónico de enero de este año me encontré con la desagradable sorpresa de que en él se me cargaban $38.00 (treinta y ocho pesos) por concepto del pago de un seguro de vida llamado Inbursa 20.
He de aclarar que soy de esas personas que no siempre revisan minuciosamente el recibo telefónico pues suelo confiar (ilusa de mí) en que las empresas que me hacen cargos por los servicios que haya contratado, ya sea a través de un recibo como el del teléfono o a través de mi tarjeta bancaria, me cobrarán exclusivamente eso: los servicios que he contratado. Así que generalmente veo mi recibo de Telmex por encimita y lo pago.
En enero, sin embargo, hice una revisión más minuciosa que de costumbre de mi recibo telefónico. Cuando vi el cargo por concepto de un Seguro Inbursa 20, llamé  a Telmex. Me respondió una chica amabilísima cuyo nombre no apunté y por supuesto no recuerdo. Me explicó que efectivamente se me estaba haciendo ese cargo porque seguramente yo, o “alguien” de mi familia, o “alguien” que había respondido el teléfono de mi casa a una llamada de la compañía de Seguros Inbursa SA para ofrecer dicho seguro, había accedido telefónicamente a contratarlo.
De inmediato brinqué y le pregunté si eso se puede hacer, es decir, que cualquier persona que conteste el teléfono en mi casa, sea quien sea, tenga la autoridad para contratar un seguro de vida a mi nombre (porque el recibo Telmex está a mi nombre y por lo tanto el seguro de vida Inbursa 20 también lo está),  mediante el simple hecho de responder “sí” a una de esas llamadas con que nos asolean constantemente para vendernos tarjetas de crédito,  seguros, etcétera. Así  nada más, sin firmar ningún papel ni comprobar su identidad. La señorita de Telmex me dijo que efectivamente podía ser, pero que de ser así, esa llamada en que se había accedido a la compra del Seguro Inbursa 20, debía estar grabada.
Le dije entonces que yo no soy abogada y sé muy poco de leyes pero que tengo la certeza de que tiene que ser ilegal que “alguien” (cualquier persona) pueda contratar un seguro de vida en mi nombre, que YO voy a pagar. Le expliqué también que,  independientemente de ello, tengo la certeza absoluta de que nadie de mi familia ha accedido a comprar dicho seguro y que desde luego yo no lo había solicitado nunca. Le pedí encarecidamente que de inmediato procediera a cancelarlo y se me devolviese el dinero que se me había cobrado hasta entonces por él. Le dije también, muy molesta, que me parece inaceptable,  y que es de hecho una acción fraudulenta y abusiva, el que se cobre a través del recibo del teléfono un seguro de vida que nunca se ha solicitado. ¿Cuántos millones de mexicanos están pagando a través de su recibo de Telmex un Seguro Inbursa 20 sin saberlo siquiera?
Amablemente la señorita de Telmex me informó que ella podía gestionar únicamente el reembolso los tres últimos meses de dicho cobro (octubre, noviembre y diciembre de 2009) pero que dicho cargo había iniciado en septiembre y Telmex solamente tiene autorización de “devolver” los tres últimos meses; así que septiembre debía reclamarlo yo directamente a Seguros Inbursa SA.
Le agradecí su amabilidad y le pedí disculpas por los exabruptos que tuve durante nuestra conversación (que fueron varios pero no tantos como los que merecían el caso y mi enojo) y procedí a llamar directamente a la Compañía de Seguros Inbursa SA para reclamar que se me devolviera el pago correspondiente a septiembre de 2009.
En Seguros Inbursa hablé con el señor Ignacio Pérez. Le expuse mi caso y le solicité la devolución del pago de septiembre. Procedió entonces a explicarme las inmensas bondades y los maravillosos beneficios que tiene dicho seguro de vida. Después de un rato lo interrumpí para decirle que todo eso está muy bien, pero que yo no estoy interesada en comprarlo y que mucho menos estoy dispuesta a pagar por algo que no he solicitado y que se me está cobrando con absoluta alevosía.
Entonces el señor Pérez me dijo que con toda seguridad  “alguien” en mi casa había accedido a comprarlo cuando “ellos” llamaron telefónicamente para ofrecerlo. Le pregunté si no soy yo, como titular de la línea telefónica, la única persona legalmente autorizada para aceptar la compra de un Seguro de Vida o de cualquier otro servicio. Le pedí entonces que me demostrara que efectivamente yo accedí en algún momento a la compra de dicho seguro. Que me mostrara una firma mía o una grabación donde yo había accedido a comprarlo. Me dijo que no podía hacerlo pero que con mucho gusto cancelaría mi seguro y que no podía hacer más que eso porque la empresa no podía devolverme el pago de septiembre debido a que éste ya había sido facturado. (¿¿¿¡¡¡¡¡¡!!!!!!!??????).
Le respondí que esa no es una razón válida para no devolverme un dinero que me cobraron sin mi autorización por un seguro que nunca solicité. Le volví a pedir la devolución del cobro que me hicieron en septiembre y volvió a decirme que no podía hacer nada mas que cancelar el seguro;  que devolverme el dinero era imposible. Le pedí que me comunicara con alguna persona de la compañía de seguros que sí pudiese atender a mi demanda y me dijo que la única persona encargada de ello era él y que él no podía hacer nada mas que cancelar el seguro.
Ante esa terrible posición de impotencia en que me dejaba y muy indignada, le expresé mi opinión acerca de la forma de actuar de su compañía de seguros, de la alevosía con que actúan, de su proceder fraudulento y de que este pobre país está como está porque la inseguridad no está solamente en las calles y los asaltos no son únicamente a punta de pistola; que eso que están haciendo ellos, (Inbursa y Telmex) se llama robar, que son unos ladrones (ladrones de cuello blanco) coludidos con las autoridades gubernamentales que nos dejan a los ciudadanos en estado de absoluta indefensión.
Finalmente le expresé que procedería de inmediato a cancelar los seguros que sí tengo contratados con Seguros Inbursa de forma voluntaria (de gastos médicos mayores y de dos automóviles con cobertura total). Colgamos.
Acto seguido llamé a mi agente de seguros, a quien le he comprado los seguros durante los últimos 20 años y quien, hasta ahora, me ha dado un servicio impecable. Le platiqué el asunto y le dije que de ninguna manera era mi intención causarle un inconveniente, pero que, dada la situación, procedería a cancelar mis seguros y a cambiarme de compañía aseguradora. Creo que ella comprendió perfectamente la situación.
Sin embargo, e independientemente de ello, a través de esta carta exijo lo siguiente:
Exijo a Seguros Inbursa SA me sean devueltos los $38.00 (treinta y ocho pesos) que se me cargaron en mi recibo telefónico de Telmex en el mes de septiembre de 2009.
Exijo a Seguros Inbursa SA y a Telmex una disculpa pública a mi a los millones de mexicanos a quienes están robando de esta abusiva y alevosa forma.
Exijo a Seguros Inbursa y a Telmex que de inmediato dejen de cobrar un seguro de vida a personas que no lo han solicitado y devuelvan el dinero a todos aquellos que no contrataron voluntariamente dicho seguro.
Exijo a las autoridades competentes que sancionen al cártel Telmex-Seguros Inbursa SA por el fraude millonario que están llevando a cabo a través del cobro de una póliza de Seguro Inbursa 20 sin autorización de los usuarios. ¿No está el gobierno llevando a cabo una guerra contra el crimen organizado? ¿Existe más organización en el crimen que el hecho de que las autoridades sean avales de un fraude millonario como éste?
Quiero añadir que me he dado a la tarea de averiguar cuántas personas a mi alrededor están pagando el Seguro Inbursa 20 a través de su recibo telefónico sin saberlo y es aproximadamente 1 de cada 3 personas, entre ellas la persona que me vende tortillas en mi localidad, persona de situación económica muy precaria y a quien han hecho dar mil y un vueltas en las oficinas de Telmex para ver si “pueden arreglarle el asunto”.
Estoy indignada. Estoy avergonzada de los empresarios de mi país, en particular de los de Telmex e Inbursa, que roban a la población impunemente mediante acciones ventajosas avaladas por las autoridades gubernamentales. Estoy avergonzada de las autoridades gubernamentales  que dicen luchar contra el crimen organizado pero promueven este tipo de fraudes que son también una forma de crimen organizado cometido por los cárteles de la economía formal, solapados y favorecidos por  leyes  que se aplican a su conveniencia y favorecen exclusivamente a quienes lo tienen todo, en un país en donde la distribución de la riqueza es una de las más desiguales del mundo y la pobreza alcanza a más de la mitad de la población. Estoy realmente indignada.
No puedo enviar esta carta a Seguros Inbursa ni a Telmex porque no aparece en ningún lado de sus páginas una dirección de correo electrónico donde pueda poner mi queja.
En el portal de Internet “apestan.com” aparecen muchas quejas similares a la mía, todas referentes al cobro del Seguro Inbursa 20 a través del recibo telefónico de Telmex, que datan desde el año2006, y a quienes no se ha dado respuesta. ¿Estamos arando en el desierto? ¿Puede algún medio de comunicación prestar oído y denunciar este inmenso y millonario fraude? ¿O es que el Grupo Carso tiene el poder de acallar cualquier voz? Si es así, este país, nuestro país, no tiene remedio.
Atentamente
María del Rosario Rico Galindo
CCP: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, Grupo Carso
Periódicos: La Jornada, El Universal, Excelsior, Reforma, Reporte Índigo
Revistas: Proceso, Este País
Programas de análisis político: Aristegui, Primer Plano

Perder la capacidad de asombro - Epístola 4

La fiesta estaba en todo su esplendor, la música chida, los morros y las morras en traje de luces, el baile y el sudor se unian al gozo compartido.
Los padres felices; sus hijos en casa de gente honorable podían expresar el placer de todo eso sin los costos, pero sobre todo sin los riesgos, de algun antro infame.
A pesar de las evidentes apreturas económicas los jóvenes estudiantes habían decidido hacer a un lado la pobreza, la violencia, la supina guerra al narco con la que los usurpadores pretendían aborregar a los aborregables y organizaron una chida bola.
Adrían bailaba feliz con Brenda. Cuánto tiempo se tardó para que le hiciera caso...
-Ha de haber sido por mi medalla, buey. Pensó, mientras giraba y giraban felices a la música estridente.
Hacia menos de un mes que el mismo gober le había dado un reconocimiento por sus méritos académicos y a algunas chavas eso les encanta.
-Qué chido que fue Brenda. Se dijo.
Poco les duró el gusto de sus 17 años de vida. La sonrisa que adornaba sus juveniles rostros fue cortada por ráfagas de cuernos de chivo recién importados del genocida gabacho.
18 inocentes muertos después, con muros y pisos bañados de un rojo mortal, nos preguntamos si los mexicanos hemos perdido nuestra capacidad de asombro y aún peor, si hemos perdido el ánimo humanista y combativo para estar al lado de las mejores causas.
Arq. Eduardo Bistráin

Una revolución de 200 años que requiere de todos y todas ¡ahora!

Barómetro Internacional

Miguel Ángel del Pozo

La tesis propuesta e impulsada por el Comandante Chávez Frías referente al proceso político-militar y social que tuvo sus comienzos con el proceso revolucionario de la Independencia tiene sus sustentos, consideramos, en varias importantes variables a referir. En primer lugar, es una realidad histórica, además de su propia objetividad factual, cuando el proceso revolucionario que comenzó con Francisco de Miranda y continuó con Simón Bolívar conjuntamente con un importante grupo de dirigentes, algunos militares y otros civiles, buscó alcanzar lo que se denomina como Independencia; esta Independencia tiene dos variables que serían: la primera, la Independencia del territorio venezolano; y, la segunda, que el proceso independentista traspasó fronteras hacia otras regiones geográficas que se encontraban bajo la autoridad de la Corona española; es decir, que el proceso de Independencia que se desarrolló en Venezuela, no se concentró ni se acomodó, solamente, a derrotar los ejércitos coronados por los Borbones en territorio nacional sino que se propuso tesis políticas que se diferenciaban de las tesis políticas que se practicaban en las Europas desde los tiempos del Sacro Imperio Romano-Germánico que buscaba no solo la unidad de un espacio territorial de una Europa no conocida en aquellos tiempos históricos como Europa y que buscaba alcanzar el control no solo de espacios geográficos sino la obediencia de señores denominados “nobles”; esa realidad de imposición feudal-religiosa tuvo su ápice en la Revolución Francesa y su contradicción en las políticas expansionistas de Napoleón Bonaparte.

En ese orden de ideas, el proceso revolucionario independentista propuesto por los Libertadores jamás y nunca buscaron el control político de los espacios geográficos que fueron independizados, en contrario, expresaron la necesidad de la “unidad en la particularidad” como un todo, no solo geográfico, sino, también, político y, quizás, hasta militar. En esa realidad, se debe considerar que lo que hoy es Brasil se encontraba en realidades coloniales propias.

En aquel escenario histórico europeo del cual nos hemos referido en función de comprender las diferencias entre los procesos europeos y los nuestros suramericanos debemos considerar que el proceso histórico que se desarrolló en la hoy conocida como Europa desde el Sacro Imperio Romano-Germánico marcó las relaciones inter-pares durante y desde la Edad Media en un camino evolutivo hacia el proceso político-jurídico del “estado-nación”. Esa realidad histórica europea donde la estructura de la Iglesia Romana fue fundamental como sustento ideológico (por ejemplo, la Inquisición) para legitimar al poder político y viceversa fue moldeando ejercicios de gobiernos verticales que se vieron, violentamente, alterados por los conceptos ideológico-jurídicos de la Revolución Francesa cuando se propuso “destruir” esa verticalidad y transformarla en “la horizontalidad” de la participación de los grupos sociales desechados como “ser social” por aquellas clases tituladas por la supuesta “sangre azul”. Los beneficios de “la horizontalidad” se vieron truncados por diferentes razones de larga y comprobada realidades que tuvieron su sustento en el protagonismo, diferencias de propuestas políticas que se radicalizaron, una unidad-idea subliminal frente a un descuido lógico de lo cotidiano-social que creó un caos permanente que beneficiaría a las fuerzas opuestas a aquel proceso social revolucionario; en última instancia, la claridad ideológica y en los objetivos de las clases que estaban siendo desplazadas por la revolución francesa por la “anarquía y el caos” y la búsqueda de caminos rectos, cortos y violentos de los revolucionarios permitió a las burguesías y la nobleza apoyada por las noblezas europeas enfrentar como una “unidad político-militar” a la “anarquía y el caos” que concluyó en la guillotina.

En línea con el argumento arriba expuesto, cabría la pregunta referente al Gobierno del Presidente Allende de conocer cuáles fueron las contradicciones político-ideológicas que fueron socavando, paulatinamente, el apoyo necesario no solo al Presidente Allende y su Gobierno sino, también, a las políticas que, en democracia y paz, se trataban de impulsar a favor del Soberano. En ese orden, sería prudente conocer aquellas realidades para conocer las contradicciones que se viven en el seno del proceso revolucionario bolivariano.

En ese orden, es evidente, captando y conociendo las entrelíneas del discurso del líder de la Revolución, Comandante Chávez Frías, que hay un exceso de personalismo, un exceso de burocratismo sin conciencia ni de clase ni revolucionaria en el estadio actual de la Revolución Bolivariana y de las propias realidades evolutivas y necesarias del Gobierno presidido por el Presidente Chávez Frías y su Gabinete; esa objetiva realidad es lo que nos lleva a pensar en la profunda ignorancia de las teorías revolucionarias propuestas en los tiempos históricos, pasadas y presentes, y, con su necesario estudio, su objetiva praxis lo que significaría la necesaria perfectibilidad de las políticas revolucionarias propuestas y expuestas desde el Gobierno revolucionario con la necesaria participación del Soberano y sus líderes naturales.

Tratemos de comprender. Una de las más importantes contradicciones que se manifestaron en Chile fueron las profundas diferencias entre grupos político de izquierda que consideraban los tiempos del proceso de la Revolución chilena pacífica según sus propias teorías, según sus propios intereses y según sus propias praxis políticas en contradicción con los objetivos temporales que se desglosaban desde el Palacio de la Moneda. Cabe la pregunta ¿Qué es la unidad revolucionaria cuando se ejerce el poder político, pacífica y democráticamente, y cuántos sacrificios obligan a los liderazgos locales en ese proceso revolucionario?

El otro tema es el de la burocracia. La burocracia es un cuerpo humano sólido y alienado de difícil tratamiento. Las burocracias fundamentales serían: la china, la del Vaticano y la británica. Todas tres con una conciencia nacionalista, claridad de su necesidad como cuerpo gubernamental, su importancia y sus propias contradicciones internas. Hablamos de nuestra burocracia, pero ¿hemos realizado un serio y objetivo estudio para conocer sus características? ¿Cuáles han sido las alteraciones en el seno de la burocracia durante el ejercicio del Poder Revolucionario, legal y democrático, en estos 10 años? ¿Los revolucionarios que se han incorporado al seno de la burocracia estatal se han “aburguesado” por las mieles del Poder y los sueldos? ¿Han seguido estudiando y participan en y con los consejos comunales como voluntarios gubernamentales? ¿Cuál es la objetiva realidad de la burocracia revolucionaria?

El actual estadio de la Revolución Bolivariana, de la implementación de las políticas revolucionarias tanto las aprobadas por el Legislativo como por las decisiones ejecutivas que provienen de Miraflores ¿se discuten a nivel de la burocracia en cada uno de sus centros de trabajo, a nivel de los consejos comunales, por los gobernadores y alcaldes cuando participan en discusiones públicas en las plazas Bolívar de las ciudades y pueblos? La educación de la conciencia no se realiza, solamente, con la participación masiva en manifestaciones y expresiones populares publicas sino que el estudio y la discusión de temas concretos permitirá elevar el nivel de compromiso de aquella burocracia mencionada, su colaboración gracias a la información que pudieran trasmitir a los miembros de los consejos comunales y, por supuesto, la interacción entre la burocracia y los consejos comunales.

El tema del líder y los liderazgos es fundamental para precisar realidades actuales. Históricamente, los liderazgos de Vladimir Ilich Lenin, de Ho Chimin, de Mao Zedong fueron incontestables como incontestable son los liderazgos de Fidel y de Evo, por mención. El líder, además de su responsabilidad como principal dirigente, es el referente con su trabajo, su ejemplo, su mística, su sensibilidad social, su gerencia y su preparación intelectual para los liderazgos y para el Soberano. En esas realidades históricas, nos permitimos referirnos a un caso concreto del liderazgo de Deng Xiaoping. Este líder chino, sin la objetiva altura de Mao Zedong, por su experiencia como Comisario Político del Ejército Popular de Liberación, supo “colegiar” los liderazgos nacionales y locales alrededor del Partido Comunista Chino, es decir, supo consolidar el real significado de la función del partido como eje fundamental para la continuación de la Revolución china con sus propias características y realidades como populosa nación. En ese orden ¿fue comprendido el liderazgo de Salvador Allende por los liderazgos locales y/o estos liderazgos se consumieron en su cotidiano protagonismo?

delpozo14@gmail.com

41 eurodiputados derechistas imponen una condena a Venezuela

Parlamento Europeo

Barómetro Internacional

Ernesto Tamara.

Una minoría derechista del Parlamento Europeo, en nombre de esa institución, votó una resolución que critica el “cierre” del canal de cable venezolano RCTVI y proclama su “honda preocupación” por lo que consideró una “deriva autoritaria” del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Es la segunda vez que el Parlamento Europeo aprueba una moción de condena al gobierno de Venezuela, aunque sólo votaron 41 eurodiputados del total de 736 que componen la cámara.

Los grandes medios de comunicación se apresuraron a comunicar la “gran noticia” sobre la condena del Parlamento Europeo evitando mencionar cuidadosamente que sólo la votaron 41 diputados de 736, y que quienes promovieron la moción eran diputados del Partido Popular Europeo, la extrema derecha parlamentaria.
Quizás por eso mismo no comentaron el homenaje realizada en Madrid a los soldados españoles que combatieron por Hitler en el frente oriental, donde cantaron canciones fascistas y homenajearon de paso al dictador Francisco Franco, y olvidaron mencionar la declaración director de Inteligencia Nacional norteamericana, Dennis Blair, que en una audiencia del Congreso legislativo que Estados Unidos reconoció que la CIA y otras agencias secretas, pueden, con aprobación del Poder Ejecutivo, asesinar a ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo.

El texto del disminuido parlamento europeo reclama a las autoridades venezolanas que den marcha atrás respecto al corte de emisiones de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI) y recuerda al gobierno que "es su obligación respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa", como establecen la Constitución y los tratados internacionales firmados por Venezuela. Lo que olvidaron los eurodiputados es que RCTVI puede salir a transmitir apenas cumpla con las normativas legales.

Los 41 eurodiputados sostienen que el cierre de RCTVI y otras acciones son "medidas diseñadas para obtener el control" y amordazar los medios y cercenan los "derechos democráticos a la libertad de expresión e información". Además denuncian "la deriva autoritaria" de Chávez y le exige "que garantice un trato jurídico igual a todos los medios de comunicación".

El mismo parlamento evitó discutir una moción similar que abordaba la situación de la prensa en Italia, monopolizada por la prensa del primer ministro Silvio Berlusconi, que en estos días enfrenta la denuncia de mafiosos arrepentidos que sostienen que fue financiado por la mafia para su carrera política.

ernestotamara@gmail.com

Recetando placebos - Colombia

Barómetro Internacional

Amylkar D. Acosta M

Hemos sostenido que lo social no ha sido propiamente el fuerte de este gobierno, el cual se hace lenguas sermoneando a diario sobre la “cohesión social” como uno de los pilares de su gestión junto con la “seguridad democrática” y la “confianza inversionista” como él las entiende. La prueba más fehaciente de su desdén por lo social es que en las postrimerías de los ocho años de sus dos períodos consecutivos le explota en sus manos la crisis de la salud, la cual se venía incubando desde tiempo atrás sin que moviera un solo dedo para conjurarla. Esta es una de las razones que aducen quienes cuestionan la pertinencia y la constitucionalidad del Decreto 4075 expedido el 23 de diciembre mediante el cual “se declara el Estado de Emergencia Social”. Este sólo se justifica por hechos sobrevinientes, intempestivos, pues, como lo afirma Mauricio Rojas en su demanda contra el mismo, “los desajustes en el sistema de salud pública, derivados de la Ley 100 de 1993, se venían presentando hace más de 15 años y pese a los diagnósticos de los organismos de control, entes territoriales, del mismo gobierno nacional, no se tomaron las medidas necesarias para su solución” . Esos polvos tenían que traer estos polvos!

Lo que mal empieza mal termina

Lo que mal empieza mal termina, la fusión en uno sólo de los ministerios de salud y del trabajo se dio en detrimento de la atención de uno y otro frente. Los problemas que no se solucionan a tiempo se agudizan, se agravan, tornándose en crónicos y este es el caso de la salud. El gobierno nacional y el Ministerio de Protección social en particular han reaccionado tardíamente ante el virtual colapso de la prestación del servicio de salud. Según el anuncio del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez en la 54ª Cumbre de gobernadores, se trataba de “incorporar los recursos económicos que se requieran para el salvamento financiero de la salud a través de las entidades territoriales . Pero, los 16 decretos expedidos al amparo de la Emergencia Social fueron mucho más allá de la provisión de los recursos para sortear la crisis financiera planteada y el alcance de los mismos toca aspectos muy sensibles de la prestación del servicio de salud. Además de arbitrar nuevos recursos y de buscar agilizar el flujo de los mismos, el gobierno ha introducido cambios sustanciales en la legislación vigente en materia de salud por la puerta falsa de la Emergencia Social.

Un análisis objetivo de los decretos expedidos hasta la fecha nos muestra que, además de insuficientes, el carácter temporal de muchos de los nuevos recursos impide que estos le den sostenibilidad financiera y estabilidad fiscal al sistema de salud. Como es apenas lógico “al no ser estas fuentes permanentes, los problemas de recursos se volverán a presentar en el corto plazo” . El gobierno ha querido salir del paso restringiendo los beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS) y la batería de decretos expedidos apunta a ello. No de otra manera puede interpretarse su redefinición al considerarlo simple y llanamente como un listado que se limita a priorizar “la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y las atenciones de baja complejidad, la medicina y odontología general” , es decir al primer nivel de atención. Sólo “cuando se cuente con la evidencia científica y el costo-efectividad que así lo aconseje” podrá el paciente acceder al manejo especializado, es decir de mediana y alta complejidad”. Este que en el pasado era conocido como no POS, ahora lo catalogan como “prestaciones excepcionales de salud” (PES) y solamente puede ser autorizado por un Comité técnico científico ad hoc creado para el efecto, el cual tendrá la última palabra. Su integración tendrá que esperar la reglamentación de los decretos de emergencia, los cuales pese a este carácter el gobierno se tomará seis meses en hacerlo.

Nivelación por lo bajo

A juicio del Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, “estaba amenazada la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema” y por ello, ante el requerimiento de la Corte Constitucional a través de su Sentencia T – 760 de garantizar la cobertura universal y la igualación de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, el gobierno optó por la línea del menor esfuerzo: la nivelación por lo bajo. Ello es muy propio del estilo de la administración Uribe, la de hacerle el esguince al cumplimiento de la Ley o de las providencias, así sean de los más altos tribunales. No hay duda que “fue recortado el plan de beneficios del sistema de aseguramiento, eliminando las cosas para las cuales se creó el sistema; dejan totalmente desprotegidas a las personas más enfermas y más pobres” . Y el criterio con el que se promueve esta nivelación por lo bajo es el de “priorizar” la atención de primer nivel, la de baja complejidad, so pretexto de que de este modo se lograría ampliar la cobertura en la prestación del servicio. El gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan piloto en Barranquilla “con la implementación del plan de beneficios en salud contemplados en los decretos de emergencia social” . Se trata supuestamente de unificar los servicios prestados a las personas del Sisbén 1, 2 y 3 y a las que pagan su aporte mensual a través de una cotización en salud. Pero, ello no pasa de ser un sofisma; los del régimen contributivo van a ver reducidos ostensiblemente los beneficios que tenían, pues ellos al igual que los del régimen subsidiado tendrán que someterse al viacrucis del trámite del Comité y asumir el copago siempre que se trate de casos de mediana y alta complejidad, todos quedan cortados por la misma tijera. Con sobrada razón afirma Portafolio que no tiene sentido en un sistema de aseguramiento que en un momento dado “aquellas personas que tengan una enfermedad rara y costosa no se les vaya a prestar el servicio, porque es preferible atender a aquellos usuarios que tienen enfermedades más corrientes y baratas” . Este es un falso dilema, el cual se pretende resolver a la manera que Carlos Magno cortó con su invicta espada el nudo gordiano en sus épicas andanzas; a él se le atribuye haber dicho que daba lo mismo cortarlo que desatarlo.

Rodolfo Arango nos recuerda que “la Constitución y los tratados internacionales no admiten razones utilitarias según las cuales la salud de muchos potenciales enfermos vale más que la salud de una persona gravemente enferma, pero costosa para el sistema. Esta solución es de bulto regresiva… Las normas internacionales, vinculantes para el país, prohíben el retroceso en la prestación de derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos la salud, respecto del nivel ya alcanzado” . Y no olvidemos que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en que “el derecho a la salud es fundamental” , de tal modo que no se puede menoscabar su prestación sin desmedro del Estado Social de Derecho, el mismo que este gobierno pretende suplantar con el esperpéntico Estado “de opinión”.

El trancón de la salud

Es de preveer el gran trancón que se va a armar en dicho ente burocrático ante el alud de solicitudes que debe tramitar; el paciente se debate entre la vida y la muerte mientras el Comité de marras delibera. De ahora en adelante, la remisión a una consulta especializada conlleva que el paciente debe asumir total o parcialmente el costo del procedimiento, tratamiento y la medicación. Sólo quien pueda demostrar su insolvencia individual y familiar podrá ver cubierto dicho costo por un nuevo fondo que se creó con tal fin denominado Fondo de Prestaciones Excepcionales (Fonpres) adscrito al Ministerio de Protección. Casi se reduce a los pobres de solemnidad como su población objetivo; de lo contrario, quien lo requiera debe cubrirlo con cargo a su propio peculio, ya sean sus ahorros, sus cesantías o aportes voluntarios a pensión o en última instancia se le ofrecerían facilidades para obtener un crédito a través de cooperativas e incluso de las cajas de compensación familiar. Este procedimiento, además de tortuoso y torticero, desvirtúa la finalidad misma de las cesantías y los aportes a pensiones que es la de servir de respaldo cuando se pierde el empleo. Es de anotar que el Fonpres contará con recursos limitados y al agotarse los mismos deja de operar y apelación a los infiernos.

Es bien sabido que la falta de acceso a la salud es la que ha dado lugar a la proliferación de acciones de tutela como único medio de hacer valer el derecho a la salud, las cuales se han venido incrementando exponencialmente, a tal punto que según la Defensoría del Pueblo un tercio de las tutelas presentadas ante jueces y magistrados son atinentes a reclamos en materia de salud. Por esta vía se ha creado una especie de POS plus . Pues bien, ahora se trata por parte del gobierno de blindar el nuevo POS, que, como ya dijimos, es mucho más reducido en su alcance y de paso se bloquear la posibilidad de que el afectado pueda apelar al recurso de la tutela. Para ello se establecerán unas guías o protocolos de los cuales no se podrá apartar el médico u odontólogo tratante, a riesgo de incurrir en multas hasta de 50 salarios mínimos, por considerar que le está ocasionando daños al “sistema general de seguridad social” . Esta medida, además de intimidatoria, es violatoria del juramento hipocrático de los galenos, pues para ellos primero debe estar la salud del paciente que el “costo-efectividad” que se le impone como camisa de fuerza. Aquí y ahora la medicina ha dejado de ser una profesión liberal por cuenta de este despropósito, para ceñirse a las pautas que le fije el tal Comité y en adelante sólo podrá recetar lo que contemple el Vademécum oficial. Así se explica que los gremios que los representan rehusaran la invitación a Palacio que le formulara el Presidente Uribe con el fin de discutir la reglamentación del paquete de medidas ya tomadas. Bien dijo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (que representa a 48 sociedades con cerca de 30.000 especialistas), que "las medidas contenidas en los decretos, que atentan contra el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de los colombianos y que vulneran la autonomía del ejercicio de los profesionales de la salud". El daño ya estaba hecho y es claro que, como lo sostiene Kelsen, los decretos reglamentarios no se pueden apartar de la letra y del espíritu de los decretos con fuerza de Ley expedidos al amparo del régimen de excepción.

Una reforma regresiva

Roberto Esguerra, Presidente de la Junta de la Asociación de Hospitales y Clínicas, aterrado por lo funesto de decretos expedidos con base en la Emergencia, no titubeó al afirmar que con ellos “condenan a la muerte a víctimas de enfermedades graves que no tienen recursos…son una monstruosidad y es urgente su revocatoria” . Y no lo dice a humo de paja, es que sus declaraciones pasan de la crítica a la denuncia cuando señala el caso concreto de dos pacientes en Medellín “que tienen trasplantes y que requieren una droga para no perderlos y para continuar vivos, la EPS se la negó con base en los decretos” . Cómo serán de nocivos para la salud que Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aseguró que se trata de una reforma improvisada del sistema de salud, que afecta negativamente el derecho a la salud de los colombianos” y remató diciendo ingenuamente que "Es tan regresiva, que no parece una reforma hecha por Álvaro Uribe" . Y es que la carrera de obstáculos deben salvar los pacientes para tener acceso a los servicios de salud, especialmente a los servicios especializados y el traslados de sus costos al usuario son una fórmula sutil de recortar los beneficios del aseguramiento en salud.

Sólo paliativos

Lo cierto es que el gobierno no ha querido entender que estas medidas no van sacar al sector salud del atolladero, pues el problema es estructural y en la base del mismo está el desfase entre el número creciente de afiliados al régimen subsidiado y la reducida masa de aportantes al régimen contributivo. El modelo que sirvió de base a la Ley 100 de 1993 partía de la premisa de que el equilibrio se alcanzaría en la medida que se consiguiera tener un 30% en el régimen subsidiado y un 70% en el contributivo. Pero, cuál es la realidad? Pues, que mientras el régimen subsidiado tiene una cobertura del 50.8% el contributivo a duras penas llega al 38.8% y ello es producto del desempleo que llegó al 12% en el 2009 y a la informalidad que llegó al 57.7%. A ello ha contribuido y de qué manera la flexibilización laboral a través de las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, la cual se concibió con el fementido propósito de generar más empleo. En diciembre del año pasado, según cifras del DANE, el número de desempleados se elevó a los 2´434.000, 335.000 más que en el mismo mes de 2008, eso es una barbaridad! Y para rematar la política asistencialista y demagógica del gobierno ha llevado a que más de 24 millones de colombianos estén en el SISBEN, cuyo carnet se reparte como si fuera una piñata en los consejos comunales sabatinos y ello ha tenido un efecto perverso, porque muchos que se benefician de él y del programa familias en acción pudiendo trabajar y cotizar en salud no lo hacen para no renunciar a dicho beneficio. Mientras tanto sólo 8 millones cotizan y que cobijan a 17 millones de beneficiarios entre familiares y dependientes del afiliado al régimen contributivo. Y de contera, todas las proyecciones se hicieron con base en un crecimiento del PIB del 5%, meta esta que está cada vez más alejada de la realidad, sobre todo después de la recesión del año anterior, el cual pasó raspando la economía . Y, como si lo anterior fuera poco, el modelo económico pro-rico vigente tiene como su contrapartida el crecimiento sin empleo, dado su sesgo a favor del capital y en detrimento del trabajo . Así las cosas, las medidas que está tomando el gobierno es sólo una manera de comprar tiempo y traspasarle la crisis al gobierno que viene, que puede ser el mismo que padecemos. Por ello sostenemos que tan malo es reelegir a Uribe como reelegir sus políticas, sobre todo en el ámbito social.

El caballo volador

Es bien sabido que el Fosyga se nutre de dos fuentes, una de ellas es el remanente de recursos correspondientes al régimen contributivo, la cual es complementada con los asignados a través del presupuesto nacional. En la medida que los afiliados al régimen subsidiado crece más que proporcionalmente a los afiliados al régimen contributivo se produce un descalce, el cual a su vez se traduce en un bache cada vez mayor. A ello se viene a sumar el hecho de que la falta de actualización del POS dio pié para que muchos eventos, procedimientos y medicamentos comunes y corrientes estén por fuera del mismo, los cuales tienen que ser cubiertos por el Fosyga. A través de la Ley 715 del 2001, reglamentaria del Acto legislativo 01 del mismo año, el mismo que le recortó las transferencias a las entidades territoriales, se dispuso trasladar a los departamentos la responsabilidad del pago de los servicios no POS que reclaman los afiliados, generalmente a través de tutelas. Los recursos transferidos por la Nación a los departamentos resultaron insuficientes para ellos cubrir sus obligaciones con las EPS y este fue el detonante de la crisis, pero sólo el iceberg de la crisis estructural que sacude el sistema de salud.

Es archiconocido el relato popular del plebeyo condenado a la pena capital que comparece ante el Rey y este le da la oportunidad de expresar su última voluntad, ante lo cual él le pide un año para enseñarle a volar a su más preciado caballo. El Rey accede a su petición y es devuelto a su celda desde donde entrenaría el caballo hasta ponerlo a volar. El compañero de prisión le pregunta por qué le hizo al Rey semejante propuesta y le hace ver que se ha metido en camisa de once varas. “Eso es imposible, al darse cuenta que te has burlado de él te dará la peor de las muertes”, le dice. El plebeyo, con una sonrisa sarcástica, le replicó: tú no sabes qué puede pasar en un año. Pude ser que escape o que el Rey se enferme y muera, a lo mejor cambien las leyes y me conmuten la pena o, por qué no, en una de esas hasta le enseño a volar al caballo del Rey. A ello está jugando el gobierno, ya con el sol a sus espaldas, cuando el tiempo se le agota para enfrentar la crisis estructural del sistema de salud y estamos en víspera de un proceso electoral.

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La Unión Europea se hunde con el neoliberalismo


Barómetro Internacional

Simón Rodríguez

La Unión Europea no parece querer despertar del sueño dorado de crecimiento económico y bienestar en el que se creía estar viviendo. Sin embargo, la crisis financiera desatada en Estados Unidos hace casi dos años, está pinchando cada una de las burbujas ideales de la UE que ahora debate como asistir a las economías más afectadas sin romper con la moneda única. Para desgracia de los ciudadanos, la Unión Europea es una fortaleza neoliberal y las medidas que se adopten apuntarán siempre al recorte del gasto público, congelación o reducción de sueldos y pensiones, y deterioro de las prestaciones sociales.

Además de que esa es la voluntad de los gobiernos, en su mayoría de derechas, el Tratado de Lisboa, especie de Constitución de la Unión Europea, establece esa concepción económica y política, como la basa fundamental de la comunidad. Y para ello se ha constituido toda una gama de mecanismos para que la economía libre de mercado sea la única aceptada y vigente en la Unión. Esa imposición fue reforzada con la introducción de la moneda única que le quitó soberanía e independencia a los bancos centrales de cada país. Es el Banco Central Europeo quien fija las tasas de interés, la tasa de cambio y la política monetaria de sus socios.

Ahora varios países de la Unión se enfrentan a un ataque especulativo de los llamados “fondos buitres” que ven tambalear las economías de Grecia, España y Portugal, como antes lo hicieron con Islandia y Letonia. Los niveles de endeudamiento de esos países hacen temer una cesación de pago, al tiempo que la esperada reactivación económica se aplaza sin fecha. Así, las medidas económicas que la Unión Europea les está imponiendo a Grecia y España, aunque aparezcan como iniciativas propias de cada país, se encaminan al deterioro de las condiciones sociales. Brutal recorte del gasto público que afectará a la seguridad social, congelación o reducción de salarios de la administración pública, que será seguida por la actividad privada, aumento de la edad para jubilarse y reducción de las pensiones actuales y futuras.

Tras invertir centenares de millones de euros en rescatar a los bancos durante la crisis financiera el pasado año, ahora los recursos serán sacados de los bolsillos de los trabajadores. El gobierno socialista de Grecia, enfrenta ahora una huelga de los trabajadores y funcionarios de la administración pública que rechazan la congelación de sueldos y los recortes presupuestales. Los sindicatos se oponen a los planes para congelar los sueldos del sector público, reducir los bonos adicionales que muchos griegos reciben además de su sueldo base y reemplazar sólo a uno de cada dos funcionarios que dejen el servicio civil. Además, dicen que las reformas tributarias, que también forman parte del plan apoyado por la UE para fortalecer las finanzas griegas, perjudicarán a los pobres.

«Habían prometido que pagarían los ricos, pero en cambio le están quitando el dinero a los pobres», dijo Ilias Iliopoulos, secretario general del sindicato del sector público ADEDY. «Ésta es la política contra la que estamos luchando, no el esfuerzo por salir de la crisis», agregó.

Desde la Unión Europea han advertido que vigilarán la respuesta del gobierno para decidir si aprobaran un paquete de asistencia. Claro que la preocupación no está dirigida a si el gobierno reprime o no las manifestaciones de protestas, sino que cuidarán que no ceda en los planes de recorte del gasto. Los responsables económicos han advertido que Grecia no recibirá ningún apoyo gratis y han instado al gobierno a mantenerse firme en la reducción presupuestaria. La situación en Grecia y su resolución, afectará también a España y Portugal, los otros dos países que le siguen en turno a la hora de reducir el déficit fiscal y que esperan “ayuda” de la Unión Europea. La diferencia quizás esté en que los sindicatos griegos han demostrado más combatividad que sus colegas europeos.

simonrodriguez@gnail.com

Boletín de Prensa del SME

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,
Al pueblo mexicano:
No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.
Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.
La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub.
Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia, se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, que a la letra señala:

“Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”

Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.
En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social.
Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo