martes, junio 14, 2011

Publican diario inédito del “Che” Guevara en Cuba

El texto narra desde la llegada de la embarcación Granma a la isla hasta el triunfo de la revolución. Será presentado este martes, día en que el argentino habría cumplido 83 años.
La Habana. El rostro del revolucionario Ernesto Che Guevara, pintado en la fachada de una casa. AP

La Habana. En Cuba se publicó el diario inédito del argentino Ernesto Che Guevara durante su campaña guerrillera en la Sierra Maestra (1956-1958), y que será presentado el martes en el día que cumpliría 83 años, anunciaron este lunes los editores.

Titulado Diario de un combatiente recoge "momentos irrepetibles de la lucha armada en Cuba, desde la llegada del yate Granma", el 2 de diciembre de 1956, hasta el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro, el 1 de enero de 1959, "narradas por quien fuera uno de sus principales protagonistas", se lee en la contraportada del libro.

"El alto valor testimonial y humano que emana de su lectura propicia un acercamiento a las percepciones del Che sobre la realidad de la isla, su cultura, identidad y contexto político", añadió.

Publicado por la editorial australiana Ocean Press/Ocean Sur, el libro fue preparado por el Centro de Estudios Che Guevara -que dirige la viuda Aleida March-, encargado de salvaguardar su obra y legado.

Hasta ahora, el diario mundialmente conocido del Che es el de su campaña en Bolivia, donde murió el 9 de octubre de 1967 ejecutado por un militar boliviano, tras ser capturado un día antes.

Nacido en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, Guevara conoció a Castro en la capital mexicana en 1956 y se incorporó a la expedición del yate Granma, que partió de México con 82 hombres a bordo para hacer la revolución.

En la guerrilla de la Sierra Maestra, fue el primero en ser ascendido a comandante (máximo grado militar) por Castro, y tras el triunfo ocupó los cargos de ministro de Industrias y presidente del Banco Nacional.

En 1960 publicó una especie de manual La guerra de Guerrillas y en 1963 Pasajes de la guerra revolucionaria, una reseña de la lucha en la Sierra Maestra.

En 1965 abandonó la isla con un centenar de soldados para fomentar una guerrilla en el entonces Congo Belga, pero fracasó y regresó a Cuba para preparar la campaña guerrillera en Bolivia.

Sus restos fueron hallados por un equipo forense cubano-argentino en 1997 y trasladados a Cuba, donde reposan en un memorial en Santa Clara, 280 km al este de La Habana, junto a otros compañeros de esa guerrilla.

El hombre más rico de Israel y sus negocios navieros con Irán

Bajo la Lupa
Sammy Ofer en una conferencia de prensa en enero de 1999; el magnate naviero israelí fue encontrado muerto en su casa el pasado 3 de junioFoto Reuters.


La extraña muerte del empresario naviero rumano-israelí Sammy Ofer –el hombre más rico de Israel, quien con su familia posee un emporio mayor a 10 mil millones de dólares presuntamente amasados bajo la protección del Mossad, los temibles servicios de espionaje sionista– es un tema obligado en los salones políticos de la capital libanesa, donde ahora me encuentro, por haber develado la hipocresía y los dédalos de las transacciones clandestinas de Israel con Irán.

Aunque a sus 89 años de edad Sammy Ofer ya vivía horas adicionales, su muerte sucede a dos semanas de la exhumación por Estados Unidos (sic) de sus suculentos cuan truculentos negocios navieros con la teocracia chiíta de Irán, que implican la venta clandestina de un barco, además de una fértil colaboración marítima y el atraco (literal) de barcos judíos en los puertos de la antigua Persia.

Tobias Buck, del Financial Times (29/5/11 y 3/6/11), expone la feroz (sic) controversia de los negocios clandestinos con Irán de los hermanos Ofer, Yuli y Sammy (el fallecido), quienes controlaban uno de los mayores y más poderosos (sic) conglomerados en Israel, con intereses desde las navieras hasta los bancos (¡súper sic!) y la industria química.

Según Forbes, Yuli y Sammy, mediante su controvertida empresa Ofer Brothers Group, son los hombres más ricos de Israel.

Este no es un asunto banal. Que conste que no se trata de cualquier mortal, sino del corazón naviero (la empresa Zim), comercial, industrial (la empresa Israel Chemicals) y bancario (Mizrahi Tefahot) de Israel, delatado por Estados Unidos en sus transacciones clandestinas con Irán.

¿Gozaba de la tácita bendición del Mossad y del gobierno de la dupla Netanyahu-Lieberman o se les escapó increíblemente a ambos?

¿A través de qué banco se realizó la transacción clandestina?

¿No incurrió, acaso, tal banco, hasta ahora anónimo, en el mismo delito que la naviera israelí Zim?

¿Habrá sido el mismo banco controvertido Mizrahi Tefahot, propiedad de Yuli y Sammy, el lubricador de la venta clandestina de un barco a Irán? Por cierto, el banco Mizrahi Tefahot cuenta con una oficina en México.

Aquí se abrió un boquetazo que será difícil obliterar.

Las telarañas del emporio empresarial de Yuli y Sammy alcanzaban los bienes raíces, las refinerías (sic) y los semiconductores. ¿Los negocios de los hermanos Ofer con Irán se habrán confinado exclusivamente al ámbito naviero?

Tobias Buck expone que la exhumación de los negocios clandestinos del conglomerado más importante de Israel con Irán colocó a la opinión pública israelí en estado de choque (sic) y detonó la indignación ciudadana cuando el gobierno fariseo de la dupla Netanyahu-Lieberman se ha caracterizado como el abogado ardiente (sic) de mayores sanciones estrictas al régimen de Teherán. ¡Cómo cierto tipo de gobiernos le toma el pelo a sus ingenuos ciudadanos!

Ahora resulta que los barcos de la empresa naviera Zim, mediante Tanker Pacific Management (con sede en Singapur) y Samama (con sede en Mónaco) –¡para lo que sirven los paraísos navieros fiscales: verdaderos piratas de la posmodernidad!–, realizaban viajes regulares (sic) a los puertos iraníes para transportar petróleo y productos refinados. ¡Vaya refinación!

En su defensa, íntimos de la familia Ofer declararon a la prensa israelí que su gobierno (¡súper sic!) estaba enterado del transporte de sus barcos a Irán.

Más allá del mefitismo que exhala el macabro historial de sus adquisiciones en el más depurado estilo de las privatizaciones de la piratería neoliberal, la familia rumana-israelí de los Hirschkowitz (alias Ofer) expandió su insaciable imperio naviero hasta los cruceros del amor en el Caribe mediante la compra de la polémica Royal Caribbean Cruise Lines.

El polémico Meir Dagan, anterior jefe del Mossad, salió a la defensa de los hermanos Ofer y adujo que no se habían quebrantado las leyes internacionales.

Lo real es que Israel cayó en la propia trampa de su retórica mendazmente iranofóbica. Hace un mes, el mismo Dagan había encendido las pasiones al haber sentenciado que una guerra de Israel contra Irán representaba una estupidez, lo cual es más que cierto.

Ningún secreto: desde septiembre de 2008, según Wikileaks (Haaretz, 5/6/11), Estados Unidos había advertido a Israel sobre los negocios clandestinos de sus empresas privadas con Irán, mientras los hermanos Ofer justifican haber recibido la autorización (sic) del gobierno israelí.

Nada de qué asustarse de parte de los mercaderes nada escrupulosos de Israel, que no pocas veces usa a sus pletóricas mafias trasnacionales –una de sus especialidades conductuales que constituyen un poder paralelo encubierto por el Mossad– para operar asuntos metalegales en los basureros reciclables y los caños globales de desagüe, que no solamente adelantan las jugadas del ajedrez geopolítico, sino que, además, arrojan jugosos dividendos, por encima de sus supuestas lealtades legales.

Se trata de un esquema nauseabundamente inmundo que suele operar Israel a través de sus mafias en Asia Central y los Balcanes (v.gr. Marc Rich, presunto asociado de los banqueros esclavistas Rothschild y su presunto hombre de paja George Soros, quien deambula con travestismo de filántropo) y Latinoamérica (v.gr. el Irán-contras en México y los mercaderes de armas desde Guatemala hasta Colombia).

Pocos países del planeta manejan sublimemente los nexos mafiosos trasnacionales como Israel, los cuales se han vuelto una de sus actividades principales desde el Irán-contras, pasando por el banquero defraudador global Bernie Madoff hasta los hermanos Ofer.

Vale recordar que el Irán-contras (triangulación criminal de Estados Unidos, Israel e Irán de trueques de cocaína por armas clandestinas a los contras de Nicaragua) fue operado por el argentino-israelí Andrés Newman Holzer (Bajo la Lupa, 9/11/05): cuñado del ex subcanciller venezolano-israelí naturalizado mexicano Andrés Rozental Gutman, éste a su vez medio hermano de Jorge Castañeda Gutman (miembro del consejo de administración del fraudulento banco Stanford, blanqueador del cártel de Juárez).

¿Que tipo de reingeniería cerebral ha de suceder en los andamiajes mentales maniqueos cuando los autonombrados buenos realizan subterráneamente suculentos negocios y clandestinamente ilegales con los maldecidos y malditos iraníes?

El problema no es de los pueblos ni de sus etnias ni sus religiones, muy respetables en última instancia, sino de su mendaz cuan viciosa propaganda gubernamental, que es puesta en la picota por sus actividades criminales.

Tampoco hay que desgarrarse las vestiduras. Para quienes hemos (con)vivido con las múltiples etnias y religiones del Medio Oriente, no ignoramos la relevante presencia de las comunidades judías en Estambul (alrededor de 20 mil) y en Teherán (más de 25 mil).

A diferencia de ciertos ignorantes con ínfulas de intelectuales en Latinoamérica, quienes propagan enfermizamente el fundamentalismo israelí, en los mundos árabe e islámico los verdaderos conocedores de la región saben diferenciar entre la muy respetable religión judía y el nefario sionismo jázaro que tantas calamidades ha infligido al Medio Oriente, en particular, y al planeta, en general: sobre todo en el ámbito financierista global, que ha alcanzado el paroxismo de la insanidad mental.

Honduras: "sale barato dar un golpe de Estado", Cejil

La resistencia zelayista en junio de 2009.

Juan José Dalton

SAN SALVADOR, 13 junio (apro).- El retorno de Honduras al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido la “piedra en el zapato” de su 41 Asamblea General que concluyó en San Salvador el pasado 7 de junio, y en la que tuvo como eje principal de discusión el tema de la seguridad pública que tanto abate, especialmente a la región centroamericana, calificada por expertos internacionales, incluso, por militares estadounidenses, como una zona más letal, incluso, que Irak y Afganistán.

El tema hondureño atraviesa la vida regional por todos sus ángulos: seguridad, democracia, desarrollo y derechos humanos están íntimamente ligados, tal como se expresó en el magno evento de la OEA.

Honduras, una nación pobre que vive de las exportaciones de plátano y de las remesas familiares que sus residentes en Estados Unidos envían mensualmente a sus parientes, fue suspendida de la OEA después de que un grupo de militares le diera un golpe de Estado al presidente constitucional Manuel Zelaya en junio de 2009.

Zelaya fue sacado en pijama y a punta de fusil de la residencia presidencial, puesto en un avión y enviado a Corta Rica, el 28 de junio de 2009.

Tras el golpe se desencadenó la represión que tuvo como resultados principales el asesinato de más de una docena de periodistas y un sinnúmero de líderes populares, así como otras formas de amenazas a la vida y al Estado de Derecho.

Una de las directoras del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la mexicana Alejandra Nuño, explicó a Apro la actual problemática de Honduras, que fue admitida en la OEA a escasos días de la realización de su 41 Asamblea General.

El retorno de Honduras al seno de la OEA tiene contento a muchos, tal como se demostró en la Asamblea General, cuando habló al pleno el presidente hondureño Porfirio Lobo, quien fue recibido con prolongados aplausos y ovaciones. Pero también ha despertado preocupaciones, dudas y enojos entre las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos de Honduras y a nivel internacional.

Bajos estándares de la OEA

“Vemos con muchísima preocupación y lamentamos que la OEA haya tenido un estándar tan bajo para reincorporar a Honduras al seno de la organización”, explica Nuño de Cejil.

La experta argumenta que actualmente en Honduras no han cambiado mucho las cosas desde el golpe de Estado: “Tenemos un sistema judicial con un pleno de la Corte Suprema de Justicia que avaló el golpe de Estado. Tenemos un Congreso legislativo en el que se le otorgó el cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti (quien ejerció como presidente de facto), aunque ello no exista en la Constitución, pero con lo que se le otorga la inmunidad”.

Asimismo manifestó que “tenemos un Fiscal General que toleró el golpe de Estado y que sigue en funciones; igual que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Es decir, tenemos una institucionalidad que auspició y toleró el golpe de Estado. Pero si ello no fuera suficiente, tenemos al jefe militar que dio el golpe de Estado en la empresa nacional de telecomunicaciones de Honduras (Hondutel), el general Romeo Vásquez Velázquez, así como a varios militares asumiendo en el gabinete del presidente Porfirio Lobo”.

La preocupación de la comunidad de derechos humanos es tan grande que el pasado 30 de mayo, después de suscribirse el llamado Acuerdo de Cartagena, en Colombia, que propició el retorno del derrocado ex presidente Manuel Zelaya a su país, unas 20 organizaciones humanitarias emitieron un documento en el que destacan que ven “con preocupación la omisión de temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en Honduras, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo (de Cartagena)”.

El Acuerdo de Cartagena, fue firmado el 22 de mayo pasado por el presidente Lobo y por el exmandatario Zelaya, con los auspicios de Colombia y Venezuela. Lobo, quien asumió en enero de 2010, estaba de “manos atadas” frente a la comunidad internacional debido al golpe de estado contra Zelaya.

“Después del golpe de Estado, tenemos a 13 comunicadores sociales o periodistas asesinados; existen decenas de comunicadores sociales protegidos con medidas cautelares emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); tenemos también persecución y asesinatos hacia líderes campesinos e indígenas; por ejemplo, unos 20 asesinados en la zona del Aguam, al norte de Honduras”, detalló Nuño.

“Otra cosa gravísima, es el asesinato después del golpe de Estado de 34 personas de la comunidad lésbico-gay... Estas personas han sido perseguidas y lesionadas sin que las autoridades hayan procesado ni investigado a sus responsables. Tenemos el caso de una persona que está asilada en otro país, quien de milagro salvó su vida en un atentado en el que sufrió 20 puñaladas”, agregó.

El mensaje

Honduras fue un precedente. Tras el golpe de Estado en esta nación centroamericana se levantaron voces de protesta y acciones para aislar al régimen golpista. Estados Unidos le quitó las visas para viajar a su país a los responsables del cuartelazo; los vecinos de Honduras le cerraron sus fronteras para el comercio y en la OEA se le suspendió la membresía, así como en el Sistema de Integración Centroamericana (Sica).

Tras el golpe en Honduras hubo una intentona de golpe de Estado en Ecuador. El Salvador denunció amenazas y hasta el propio Porfirio Lobo dijo sentirse amenazado por sus intentos de pacificar Honduras.

La directiva de Cejil apuntó categóricamente: “El mensaje del retorno de Honduras al seno de la comunidad, sin cumplir con las medidas mínimas para restablecer el Estado de Derecho, es este: Das un golpe de estado y no pasa nada... en pocos meses todo vuelve a la normalidad”.

“En este año se celebra el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, en la que se establecían las consecuencias que tenía el quebranto de la institucionalidad democrática en un país. Ahora nos preguntamos: ¿Cuál es la lección aprendida?... Porque el mensaje ha sido este: ¡Sale fácil y es barato dar un golpe de Estado en Latinoamérica”, finalizó Nuño.

Con Calderón, 63 periodistas asesinados y desaparecidos

En el gobierno de Felipe Calderón, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos. Ésta se recordará como la administración que llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de Irak. En poco más de una década de gestiones panistas, 93 comunicadores victimados y desaparecidos. El crímen más reciente, ocurrido a fines de mayo en Veracruz.

Mariela Paredes / Nancy Flores

Los 84 días de incertidumbre para la familia de Noél López Olguín culminaron en dolor. Desaparecido desde el 8 de marzo pasado, el cuerpo del periodista de 47 años fue localizado en una fosa clandestina el 31 de mayo, en el rancho Los Tres Hermanos, ejido Malacate, Jáltipan, Veracruz.

A López Olguín le tocó inaugurar las listas de los comunicadores desaparecidos y asesinados en 2011. Ambos registros acusan el México que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles nacionales e internacionales califican como país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al menos 63 reporteros han sido víctimas de la violencia: 52 asesinados y 11 desaparecidos.

La pérdida de quien laboraba en los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad se suma, a su vez, a otros 92 crímenes en contra de periodistas perpetrados en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), también llamados gobiernos de la “transición democrática”.

En poco más de una década del panismo, 78 comunicadores han sido asesinados y 15 más, desaparecidos, indican datos oficiales y estadísticas de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea. Ante estas cifras, es urgente atender la situación que vive el gremio peridístico en México, asegura Brisa Solís.

La directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) considera que la responsabilidad es compartida: “Tiene que haber una mejor calidad periodística, verificar bien las fuentes, tiene que haber una solidaridad dentro del gremio; y en el otro nivel [de la procuración de justicia], por supuesto, las instancias de gobierno tendrían que hacer su labor de manera más integral”.

El agravamiento de la situación es inocultable. Mientras Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, afirma que “México ha devenido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, la organización Reporteros sin Fronteras acusa que este país es el más peligroso en el mundo para ejercer la profesión, por encima incluso de Irak.

Tan sólo entre enero de 2010 y mayo de 2011 se han registrado 16 asesinatos y cuatro desapariciones de reporteros. De continuar esta tendencia, al terminar 2011 podrían haber ocurrido nueve homicidios más, a razón de 10.4 periodistas asesinados anualmente en este país.

Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) critica que las medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección a la libertad de expresión no representan un cambio en esta problemática, que ha costado la vida a decenas de comunicadores.

“El problema es estructural, tiene que ver con la procuración, con la impartición y con la administración de la justicia. Todos los eslabones del sistema de la justicia mexicana adolecen de rigor jurídico, de integridad en muchos casos, entonces no se presta o no se genera un clima de legalidad.”

El defensor agrega que, “lamentablemente, no hay un cambio favorable. Lo que uno percibe, lo que uno constata es que el clima de enrarecimiento es constante, generalizado y desafortunadamente no disminuye. Lo más lamentable del caso y lo que provoca este clima, este ambiente, no es otra cosa más que el tema de la impunidad. De cada 100 delitos solamente se llegan a consignar y a sentenciar dos, es decir, el premio a la transgresión de la ley es la impunidad porque el 98 por ciento de quienes transgreden la ley se salen con la suya”.

En materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010. Además, está catalogado como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.

El problema que padece la prensa es de corresponsabilidad, asegura Darío Ramírez, representante en México de Artículo 19. “No hay un malo, no hay un enemigo en sí. Hay muchos [enemigos] y se manifiestan de diferente manera. Es evidente que el Estado tiene cumplir con sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar [a los periodistas]. Los medios tienen la necesidad de fortalecer el periodismo, y también la sociedad: mientras que la sociedad no proteja a sus periodistas, a sus mensajeros, mientras no reconozcamos que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación”.


Saldos del panismo

En la actual administración calderonista, la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas ha aumentado en 241.8 por ciento respecto de la administración de Fox. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios de comunicadores anuales.

La información consultada por Contralínea indica que las entidades federativas en las que se han perpetrado más asesinatos son: Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Mientras, Michoacán se coloca como el estado con mayor número de periodistas desaparecidos.

Aunado a ello, la CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– ocurrieron en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

Y aunque el presidente de la República afirme que la violencia contra la prensa y la sociedad no es responsabilidad de su gobierno, sino del crimen organizado, los ataques –que van desde las amenazas, la cancelación unilateral de la publicidad oficial, los hostigamientos, hasta las agresiones físicas– son cometidos, en su mayoría, por autoridades federales, estatales y locales, refieren la CNDH, Cencos, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

El 49.03 por ciento de los ataques son cometidos por representantes de los gobiernos en sus tres niveles; el 26.45 por ciento, por el crimen organizado, y del 11.61 por ciento restante se desconoce la identidad de los perpetradores, indica el informe La violencia en México y el derecho a la información, elaborado en 2010 por Artículo 19 y Cencos.

De acuerdo con ese mismo informe, hasta ahora no habría evidencias de la participación de los agentes del Estado en tres modalidades de agresión: asesinatos, desapariciones y secuestros. Los crímenes contra los periodistas, sin embargo, se inscriben en el contexto derivado de la principal estrategia de la administración federal: la “guerra” contra las drogas.

Para el gobierno, la forma de combatir el narcotráfico es con la confrontación directa y esa estrategia, explica Balbina Flores, ha resultado en el asesinato de más de 40 mil civiles, entre ellos los comunicadores. “Pero el gobierno no piensa cambiarlo, y lo ha dicho públicamente, hasta el cansancio, en los últimos meses. Entonces no podemos más que decir que esto no va a cambiar”.

La representante en México de Reporteros sin Fronteras señala que las medidas que ha tomado la administración federal para la protección del ejercicio periodístico son insuficientes. “Han mostrado ineficacia en su aplicación. Concretamente podemos hablar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace cinco años, ha tenido tres fiscales y que, hasta este momento, no hemos conocido de la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas”.

Informes elaborados por la CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa Comisión ha documentado entre 2005 y lo que va de 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron el 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, el 21.76 por ciento; de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 17.61 por ciento; y de las procuradurías generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, el 6.75 por ciento respectivamente.

La organización internacional Freedom House, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, considera en su evaluación 2011 que México es un país “parcialmente libre” para la práctica periodística.


Agresiones, en la impunidad

La situación que vive el gremio periodístico en México gira en torno a siete problemas específicos, refiere la panista Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados: impunidad en el sistema judicial, colusión de las autoridades con los agresores, infiltración del crimen organizado en las esferas del poder público, falta de voluntad política para resolver los casos, falta de eficacia en las averiguaciones previas, falta de preparación de los cuadros policiales y falta de solidaridad entre medios de comunicación.

La legisladora afirma que es en los estados donde la situación es más lamentable: los casos están congelados. “La impunidad es una constante”. En el ámbito federal las cosas no parecen distintas: de los 99 casos que atendió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) desde su creación –en 2006– hasta noviembre de 2009 sólo cuatro fueron consignados ante las autoridades judiciales.

El resto se resolvió de la siguiente manera: en 39, la Fiscalía se declaró incompetente; 25 se archivaron; en 16, determinó el no ejercicio de la acción penal; 15 se elevaron a averiguación previa.

Capacidad limitada de respuesta, inacción frente a los homicidios de periodistas e incumplimiento de los objetivos que le dieron origen forman parte de las autocríticas que se hiciera la Fiscalía al evaluar su propio trabajo en su informe de 2010. El 5 de julio de ese año, la FEADP fue “sustituida” por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.


Acciones para inhibir el flagelo

En México, considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, organizaciones civiles y gobierno proponen acciones para inhibir los riesgos:

  • Secretaría de Gobernación. En diciembre de 2010, conformó el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas. Este órgano pretende implementar medidas de prevención y protección para quienes ejercen esta profesión. Hasta la fecha, sin resultados.
  • Artículo 19 y Cencos. Mantienen el proyecto Campaña permanente de protección a periodistas en México (www.libertad-expresion.org.mx), iniciativa que reúne a 13 organizaciones de defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas. Mediante informes, medidas de protección y monitoreo de los casos de agravio, ambas organizaciones buscan favorecer condiciones más seguras de trabajo.
  • Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. Este Frente, conformado el 10 de diciembre de 2009, es una iniciativa de trabajadores de los medios para enfrentar solidariamente el riesgo que implica el ejercicio periodístico y la restricción de la libertad de expresión.

Las acciones de la CNDH

En entrevista con Contralínea, Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene cuatro líneas específicas para auxiliar a los profesionales de la comunicación.

Una de ellas es la Cartilla de derechos y deberes de las personas, documento que plasma los principios básicos con los que se debe regir la conducta social. Si cada miembro de la sociedad actúa con legalidad, la violencia en general, y en consecuencia la violencia hacia los medios, podría cesar, explica Elizundia Treviño.

Otra línea se refiere a las medidas cautelares, que van desde un botón de pánico hasta escoltas y vehículos blindados para proteger a quienes por su condición de periodistas se encuentran vulnerables. No obstante, las facultades de esta Comisión únicamente le permiten emitir medidas, el otorgarlas queda en manos de las autoridades federales, estatales o locales, según corresponda.

La tercera se refiere a la creación de un observatorio en materia de agravio a periodistas, portal que permitirá registrar geográficamente y en tiempo real las agresiones en contra del gremio. Elinzundia Treviño explica que esta herramienta pretende ser un sistema de alerta temprana e identificar los focos rojos.

Aunque aún no se puede precisar la fecha oficial de su implementación y los detalles son hasta ahora confidenciales, el observatorio ya se encuentra en periodo de pruebas.

La cuarta línea no sólo es de la CNDH, sino también de Artículo 19. Ambas instituciones trabajan en la creación de un “libro verde” que, a decir de Elinzundia Treviño, “es una guía en caso de conflicto bélico para la labor de los periodistas, de tal forma que haya reglas por medio de las cuales los periodistas puedan ejercer su función y estén debidamente protegidos”.

Esta última iniciativa se basa en The green book, una guía general de procedimientos en situación de guerra y conflictos armados, elaborado por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en acuerdo con los medios de comunicación.

“México, Estado fallido en materia de comunicación”

“Estamos ante un Estado fallido en el campo de la comunicación”, asegura el doctor Javier Esteinou Madrid. El investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, critica que, desde la Revolución Mexicana, el Estado ha sido incapaz de respetar las garantías constitucionales en materia de la comunicación.

No fue capaz de construir un derecho de respuesta, de réplica; un acceso a los medios por parte de la población; tampoco, de poner límites a los poderes fácticos, debilitar los monopolios, defender a los periodistas, proteger a las radios comunitarias, observa.

En 90 años de la historia de la radio y en 60 años de la televisión, la clase política tampoco ha sido capaz de construir un nuevo modelo de comunicación que haga frente a los problemas estructurales de México. El país, detalla, está inmerso en una profunda crisis, que no es coyuntural ni es el asunto del narcotráfico ni de la inseguridad.

“El modelo global de sociedad está en crisis y ya no funciona. Para poder resolver esto nada más existen dos vías: una, la civilizada que requiere discusión, deliberación y alternativas, para lo cual se requieren procesos de comunicación; la otra es la violenta, la anárquica, la agresiva del caos social.”

No obstante, la clase política no ha permitido construir salidas comunicativas y, con esto, es a la vía violenta a la que se le está dejando la responsabilidad de resolver los problemas, a la del México bronco, señala el académico.

En este contexto, el uso de las redes sociales ha abierto nuevas formas de comunicación. Lejos de actuar como los medios electrónicos tradicionales que se resisten a dar espacio a la réplica, apelan al modelo de la retroalimentación. Además, poco a poco su ascenso modificará la forma de hacer periodismo no sólo en México, sino en el mundo.

Para el doctor Esteinou Madrid, hay un cisma con el uso de las nuevas tecnologías a partir de las redes sociales, porque “ha surgido el verdadero proceso histórico de la comunicación que nunca antes se había dado a nivel colectivo”.

Agrega que el uso de internet, no obstante que sea selectivo, permite a los actores interactuar entre sí: un emisor se puede convertir en un receptor y viceversa. “Estamos ante un nuevo modelo que sí se caracteriza por ser bilateral, no unilateral como los medios electrónicos tradicionales”.

El investigador considera que la televisión, la radio y la prensa escrita están “acorralados” en cuanto a su modelo antiguo: ya no les funciona más. “El sistema antiguo que no introduce las nuevas tecnologías ya no llama la atención, ya no es consumido o visto o escuchado por su auditorio; por lo tanto, decae y muere”.

Observa que el periodismo de investigación será parte esencial del futuro mediático, pues construye un conocimiento más profundo y por lo tanto un anclaje mucho más orgánico con la realidad, a diferencia de las “notas de maquinazo” que se elaboran rápidamente y de los mensajes inmediatos que se difunden en internet sobre un acontecimiento de interés social.

  • Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. El 25 de marzo de 2011, 715 medios de comunicación firmaron dicho Acuerdo, que sugiere, entre otros puntos, la protección a periodistas y solidarización ante cualquier amenaza contra los medios.
  • Cárteles lavan 2 billones de pesos en plena “guerra”

    Los cárteles mexicanos habrían lavado más de 2 billones de pesos en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico, revelan estimaciones del estadunidense Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas. Mientras ese monto equivale al 59.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, los decomisos de capitales –por apenas 5 mil millones– representan el 0.25 por ciento del dinero blanqueado

    Nancy Flores / Tercera parte

    Más de 2 billones de pesos habrían sido lavados en el sistema financiero y el sector empresarial de México en el periodo de enero de 2007 a junio de 2011, descubren los cálculos vigentes del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

    Dicho Centro estima que las ganancias anuales de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares sólo por ventas de narcóticos ilegales, refieren los departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad Nacional en su solicitud de presupuesto 2011 para la lucha interinstitucional contra la delincuencia y las drogas (FY 2011. Interagency crime and drug enforcement).

    La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante los cuatro años y seis meses que lleva la “guerra” contra el narcotráfico, encabezada por el panista Felipe Calderón Hinojosa. Esto es 939 mil 600 millones de pesos, a un tipo de cambio de 11.6 pesos por 1 dólar. En el segundo caso, el monto lavado ascendería a 175 mil 500 millones de dólares o 2 billones 35 mil 800 millones de pesos.

    Esa última cantidad representa el 59.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (de 3 billones 438 mil 895 millones de pesos) que la Cámara de Diputados aprobó el 15 de noviembre de 2010.

    Las estimaciones podrían ser menores de lo que en realidad ganan los criminales mexicanos, puesto que sólo se refieren a los ingresos obtenidos en el mercado de drogas ilegales estadunidense. Sin embargo, los tentáculos de los cárteles no se limitan a ese país: llegan hasta los mercados de Europa y Asia.

    Las drogas ilegales son un negocio para muchos grupos importantes no sólo en México, sino en el mundo, dice Ignacio López Pérez, doctor en sociología y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agrega que “hay mucha hipocresía” y doble moral en la “guerra” contra el narcotráfico, pues en Estados Unidos ya hay estados donde se están legalizando las drogas. En total, son 14 entidades de ese país que permiten el “uso terapéutico” de la mariguana.

    La mayor parte de los multimillonarios fondos que lavan los traficantes mexicanos proviene de la venta de drogas en las grandes áreas metropolitanas estadunidenses, sobre todo de Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein, el 9 de marzo pasado, durante la Audiencia sobre Lavado y Contrabando de Dinero al Otro Lado de la Frontera Suroeste.


    Sistema financiero, cómplice

    Los miles de millones de pesos producto de los estupefacientes habrían penetrado las instituciones financieras del país y, con ello, la economía nacional formal. “Las ganancias que los criminales obtienen del comercio de drogas ilícitas en Estados Unidos son la principal fuente de los fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”, señala el International narcotics control strategy report 2011, del Departamento de Estado.

    El informe indica que la corrupción, el secuestro, el tráfico de armas y personas son otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquean en las instituciones financieras (bancos, casas de cambio, casas de bolsa).

    La combinación de un sofisticado sector financiero, un gran sector informal de cajas de ahorro y la insuficiente aplicación de los controles reglamentarios complica aún más el problema del lavado de dinero en México, refiere el Departamento de Estado en su reporte más reciente.

    Las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo involucran la economía mexicana, también la de Estados Unidos, explica David Ordaz. El maestro en sistemas penales comparados, problemas sociales y prevención del delito por la Universidad de Barcelona e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales detalla que el crimen organizado implica un esquema mundial que inyecta mucho dinero a las economías nacionales.

    El blanqueo de capitales, dice, se hace desde los grandes consorcios empresariales por medio de transferencias y triangulaciones financieras sofisticadas en las bolsas de valores, “no en las tienditas de abarrotes”.

    Las autoridades estadunidenses, sin embargo, aún sostienen que el trasiego de dinero en efectivo es uno de los métodos más usados por los criminales mexicanos. Con ello, pretenden que se crea que el crimen organizado vulnera permanentemente la frontera más vigilada del mundo.

    “El contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”, señala el International narcotics control strategy report 2011 en su “Volume II: Money laundering and financial crimes”.

    El doctor en derecho Daniel Márquez señala que la estrategia antinarcóticos debería atender con seriedad el problema del lavado de dinero. Para el investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es necesario que se transparente el patrimonio de todos los políticos y se fiscalicen sus fortunas y sus relaciones.

    También, que se revisen los contratos y todas las actividades de las empresas formales y, ante todo, se auditen los negocios de los bancos y las instituciones financieras. “Vamos a abrir todo esto, vamos a ver qué hay detrás, quién ha estado mandando dinero a Suiza, a las Islas Caimán, a todo este tipo de lugares (paraísos fiscales). Hagamos algo inteligente”.


    Incautaciones, signo de impunidad

    En México, la economía de las drogas es de tal magnitud que las ganancias estimadas equivalen a 35.5 veces el presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011, que asciende a 57 mil 567 millones de pesos.

    Si a ese programa social le destinaran 2 billones de pesos –cifra similar al dinero blanqueado por los cárteles en lo que va de la “guerra”–, 205 millones 900 mil familias (cifra que supera la población mexicana total) obtendrían subsidios: el Oportunidades 2011 beneficiará a 5 millones 800 mil familias que viven en condiciones de pobreza, indica la Secretaría de Desarrollo Social.

    A pesar de la dimensión del problema, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se mantiene impune. De acuerdo con datos de la embajada de Estados Unidos –país que financia la “guerra” antinarcóticos en México a través de la Iniciativa Mérida–, de 2007 a 2010 sólo se incautaron 5 mil 274 millones 500 mil pesos: 386 millones 300 mil pesos y 421 millones 400 mil dólares, que equivalen a 4 mil 888 millones 240 mil pesos.

    El monto representa apenas el 0.25 por ciento de los más de 2 billones de pesos que se habrían lavado en ese mismo periodo. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, los recursos incautados a las mafias mexicanas implican 10 tipos de monedas: pesos mexicanos, dólares estadunidenses, euros, quetzales, dólares canadienses, pesos colombianos, lempiras, pesos argentinos, yenes, dólares de Hong Kong.

    A pesar de que las autoridades estadunidenses alertan que el lavado de dinero se realiza con mayor frecuencia en el circuito financiero, todos los operativos han sido contra el trasiego a granel. El caso más relevante sigue siendo el de Zhenli Ye Gon, a quien se le incautaron 205 millones de dólares el 15 de marzo de 2007.

    De enero de ese año a marzo de 2011, la Procuraduría General sólo detuvo y consignó a 179 personas por ese ilícito, indica la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700039411. Agrega que en total se consignaron 361 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Además, como lo informó Contralínea (edición 188, 27 de junio de 2010), el Consejo de la Judicatura sólo ha dictado 53 sentencias de última instancia por lavado de dinero entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. Esta tendencia de impunidad no parece cambiar. El International narcotics control strategy report 2011 refiere que el sistema de justicia mexicano dictó 17 condenas de primera instancia contra 37 individuos entre septiembre 2009 y julio 2010.

    Con la guerra, los únicos resultados son las 40 mil vidas perdidas, 40 mil familias destrozadas, porque los delitos del crimen organizado, secuestro, lavado de dinero “para el gobierno parecen no existir”, critica el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

    El académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, dice que, ante esa impunidad, “hoy podemos, incluso, aventurar un balance final de este sexenio: la guerra contra la delincuencia organizada en México, durante el gobierno calderonista, nunca existió”.

    “Cuando el Ejército o la policía detienen, normalmente se trata de burreros, pequeños traficantes, pero no dañan las estructuras [de los cárteles]; éstas siguen intactas igual que sus finanzas”, acusa López Medrano.


    Juegos y sorteos, la mina del lavado

    Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consultadas por Contralínea revelan que los juegos y sorteos son el sector donde más dinero se lava en México, porque ni siquiera las casas de apuestas establecidas están obligadas a conocer a su cliente.

    Del 1 de octubre de 2005 al 30 de noviembre de 2010, la Procuraduría General de la República inició 770 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en ese sector, refiere la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700162310.

    “Los casinos son sensibles a este problema porque los permisos de la Secretaría de Gobernación no los obligan a identificar a sus clientes ni les indican qué hacer en caso de que se sospeche que lavan dinero”, indican las fuentes de Hacienda.

    Agregan que además de utilizar los sorteos, juegos de azar y casinos para instrumentar esquemas de blanqueo de capitales, los criminales mexicanos también recurren a los cheques de viajero, las tarjetas de crédito y de prepago, las compras de grandes lotes de joyas.

    La misma preocupación de las autoridades hacendarias mexicanas la comparte el Departamento de Estado estadunidense. En su International narcotics control strategy report 2011 observa que “la Secretaría de Gobernación emite licencias temporales para las loterías nacionales, casinos, carreras de caballos y apuestas en deportes, pero las operaciones de éstos, así como de abogados, contadores, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y piedras y los mensajeros, no están sujetas a requisitos de información antilavado”.

    Respecto de la vulnerabilidad del sector financiero, las fuentes de la Secretaría de Hacienda dicen que sólo se limitan a los centros cambiarios, pero que ya se está proponiendo sacarlos de la supervisión del Servicio de Administración Tributaria y que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que los regule y fiscalice.

    Pugna por la Unidad de Inteligencia Financiera

    El supuesto uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que habría investigado a varios políticos mexicanos con fines electorales y no de combate a la criminalidad– habría llevado a una negociación de alto nivel en diciembre de 2010 entre panistas y priistas.

    Entonces, el presidente Felipe Calderón y un grupo de senadores encabezado por Manlio Fabio Beltrones habrían acordado desaparecer la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según trascendió a la prensa nacional.

    Para ello, el 30 de marzo de 2011, el Senado de la República presentó un proyecto de reforma contra el lavado de dinero que facultará a la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir este delito, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo federal, que mantenía la responsabilidad central en la SHCP.

    Sin embargo, fuentes de primer nivel de la Secretaría de Hacienda afirman que la UIF no puede desaparecer ni cambiar sus atribuciones porque México se enfrentaría a graves problemas ante la comunidad internacional.

    Y es que, aseguran, los estándares internacionales exigen a los países contar con una unidad nacional central para recibir los reportes de las operaciones preocupantes, relevantes e inusuales que registra el sistema financiero.

    Las relaciones internacionales de México podrían verse mermadas si la UIF desaparece, porque es ésta justamente la unidad central, refieren. Los informantes agregan que el Grupo de Acción Financiera podría descalificar al país si se diera ese cambio.

    Fuente: Contralínea 237 / 12 de junio de 2011

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