miércoles, diciembre 14, 2011

ESTE sera uno de los consejeros del IFE

María Marván, García Ramírez y L. Córdoba, consejeros del IFE

La Junta de Coordinación Política logra acuerdo; serán votados en el pleno de San Lázaro este jueves.

La Jornada en línea

México, DF. María Marván Laborde, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdoba serán consejeros del Instituto Federal Electoral luego de que la Junta de Coordinación Política puso fin a 14 meses de desacuerdo en el tema.

Este jueves se presentará en el pleno para ser votada la terna, que requiere de dos tercios del quórum en San Lázaro.

El acuerdo se logra a un día de que venciera el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


http://youtu.be/nmkpmg9Jlb0


http://youtu.be/58MwMkAApYU

México adeuda más de 360 mil millones

Las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada contrataron deuda por más de 360 mil millones de pesos con cuatro organizaciones financieras internacionales, revelan documentos oficiales. Los proyectos enfocados a la reforestación, educación, cambio climático, vivienda, pequeñas y medianas empresas podrían sumar otros 51 mil 718 millones de pesos antes de concluir el actual sexenio, descubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
México mantiene una deuda con organismos internacionales por 26 mil 478 millones 894 mil 456 dólares (aproximadamente 360 mil 377 millones 753 mil 546 pesos, al tipo de cambio actual). Sus principales acreedores son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Comisión Europea (órgano de gobierno de la Unión Europea), revelan documentos oficiales y datos de las propias instituciones.
Los pasivos se podrían incrementar hasta en 3 mil 800 millones de dólares (51 mil 718 millones de pesos) al terminar el sexenio de Felipe Calderón, indica en entrevista con Contralínea Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Proyectos activos de las cuatro instituciones financieras –así como de Nacional Financiera– indican que a 13 días de que iniciara la administración de Vicente Fox Quesada se firmó el primer acuerdo. El objetivo, desarrollar el Programa de Financiamiento de Vivienda. El compromiso quedó pactado bajo el folio ME0137, del Banco Interamericano de Desarrollo.
El más reciente, con Felipe Calderón Hinojosa al frente del poder Ejecutivo, fue signado el pasado 23 de noviembre, con el Proyecto Eólico Mareña Renovables. El contrato crediticio ME-L1107 fue pactado con el mismo organismo.
Se trata de proyectos enfocados principalmente al apoyo de programas vinculados con el sector agropecuario, de desarrollo social, cambio climático y reducción en consumo de energía. Así, en los 11 años de administración panista se han acumulado 134 préstamos mediante planes que tendrán vigencia de pago hasta por dos décadas más.
Ernesto Ochoa Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la SHCP, explica que la función de esta unidad es mantener las relaciones financieras con el resto del mundo, de manera bilateral y en diferentes foros. Actualmente, indica Ochoa Rodríguez, se mantienen negociaciones crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América del Norte, entre otros. Además, “tenemos la línea abierta con el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. El grueso de los préstamos viene del Banco Mundial y del BID”.

BID, el mayor prestamista
El Banco Interamericano de Desarrollo encabeza la lista de los acreedores del gobierno mexicano. Los 77 créditos que ha otorgado, de diciembre de 2000 a noviembre de 2011, suman 16 mil 526 millones 286 mil 697 dólares (224 mil 922 millones 761 mil 946 pesos, con el tipo de cambio al 30 de noviembre pasado, 13.61 pesos por dólar).
De acuerdo con el padrón de préstamos que clasifica el BID, los montos más importantes pactados con este organismo fueron por 500 millones de dólares, asignados al Primer Programa Global de Crédito para el Desarrollo de Mercados Hipotecarios, y al Programa de Apoyos Directos al Campo; también le fueron otorgados 400 millones de dólares al Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de México III. Así lo indican los datos de su portal de internet y el documento Informes anuales. Informe anual 2010.
Los reportes reflejan que en la actual administración los compromisos se incrementaron en 56.07 por ciento, con 10 mil 588 millones 398 mil 697 dólares (144 mil 108 millones 106 mil pesos). En tanto, durante el gobierno de Fox la deuda ascendió a 5 mil 937 millones 888 mil dólares (80 mil 814 millones 655 mil pesos).
Estrategia de país BID con México. Noviembre 2010–diciembre 2012 es el documento en el que la institución bancaria advierte que el gobierno mexicano se enfrenta a una “contracción económica importante, la pérdida de empleos y un aumento de la informalidad y la pobreza”, como consecuencia de “choques externos”.
Por lo que “ha adoptado un programa que busca mantener un equilibrio entre el impulso contracíclico y las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas. La demanda de financiamiento externo del gobierno de México, que incluye el proveniente de organismos multilaterales, disminuiría en la medida en que el entorno económico se fortalezca.
“La Estrategia del Banco en el país cubrirá los últimos dos años del gobierno del presidente Felipe Calderón y servirá de transición a una nueva estrategia que orientará la relación del Banco con el país, a partir de 2013. Como tal, consistirá en un plan de acción dual que atienda los desafíos para mejorar el crecimiento económico de mediano y largo plazo, así como los retos coyunturales que enfrenta el país”.

Los pasivos con el Banco Mundial
El segundo organismo internacional con el que más se ha comprometido México es el Banco Mundial. La deuda con la institución que preside el estadunidense Robert Zoellick suma 9 mil 860 millones 270 mil dólares (134 millones 198 mil pesos), signados mediante 49 compromisos activos.
Al igual que con el BID, el gobierno calderonista ha sido el que mayores proyectos ha pactado con el Banco Mundial. La suma de los 40 planes de trabajo en un lustro de gobierno alcanza los 9 mil 372 millones 210 mil dólares (127 mil 555 millones 778 pesos). Durante la administración foxista, las cifras en rojo fueron por 488 millones 60 mil dólares (6 mil 642 millones 496 mil 600 pesos) e involucraron 10 planes a efectuar.
Con este banco, las “estrategias” tuvieron que ver con el combate a la pobreza y el financiamiento a la salud. Los “proyectos activos” de este organismo indican que se asignaron 1 mil 503 millones 760 mil dólares al proyecto Respaldo al programa Oportunidades, mediante el contrato P115067, pactados el 9 de abril de 2009.
El programa Financiamiento Adicional para el Soporte de Oportunidades significó el compromiso de 1 mil 250 millones de dólares, signado el 9 de noviembre de 2010. En tanto, el tercer plan más cuantioso, también por 1 mil 250 millones de dólares, fue el Soporte al Sistema de Protección Social en Salud, con el documento P116226.
En febrero pasado, Contralínea entrevistó a Harold Bedoya, gerente de Operaciones del Banco Mundial para México y Colombia, quien aseguró que México es el tercer cliente más importante para la institución de origen estadunidense, por la cartera que se maneja con el país. Sus antecesores son Brasil y China, en orden de importancia (Contralínea, 13 de febrero de 2011).
La Comisión Económica para América y el Caribe coloca a México como uno de los dos países de la región en donde se incrementaron los niveles de pobreza e indigencia entre su población, al igual que Honduras.
El organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó, el pasado 29 de noviembre, que el universo de personas que vivían en pobreza en el país era de 34.8 millones. La cifra registrada en 2010, es de 36.3 millones de habitantes, indica en su informe Panorama social de América Latina y el Caribe 2010.

Deuda, al alza
Los informes institucionales y oficiales muestran que el gobierno mexicano tiene compromisos por una suma de 75 millones de dólares con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, pactados a través de cinco proyectos de 2003 a 2010. Han sido enfocados al desarrollo sustentable y forestal en diversas partes de la república, conforme lo indica el organismo dependiente de la ONU y el documento Informes anuales. Informe anual 2010.
De los planes con la Comisión Europea, sólo se han firmado dos por un monto total de 17 millones 337 mil 759 dólares. Ambos proyectos, indica el documento de Nacional Financiera, llevan el nombre de Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, por 3 millones 337 mil 759 de dólares y Al Invest, por 14 millones de dólares.
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la SHCP, indica que además de los montos ya comprometidos, México espera abrir nuevos créditos antes de que finalice la administración actual.
En las oficinas de Nacional Financiera, el funcionario expone: “Estamos en una etapa de construcción de lo que va a ser la cartera. Nosotros estamos previendo que podamos contratar alrededor de unos 1 mil 500 [millones] con el BID; así como de 1 mil 500 [millones] y 2 mil 300 millones de dólares con el Banco Mundial. Estamos tratando de identificar cuál va a ser la cartera de proyectos. Tenemos que construir una deuda de salida en la que podamos construir los vehículos para incorporar todos esos recursos. Un préstamo de 1 mil 500 millones es muy grande. Lo que tenemos que ver es cómo podemos constituir alrededor de cinco y ocho proyectos para poderlos utilizar como vehículos y que se puedan empezar a trabajar. Los sectores a los que podrían ir dirigidos estos planes son el forestal, educación, cambio climático, vivienda y pequeñas y medianas empresas”.
El servidor público presume: “Tengo en este negocio muchos años: cuatro sexenios. Éstos son temas relativamente continuos, estables, que se evalúan en función de los programas que van a ser los vehículos por los que se van a canalizar los recursos. Esa evaluación es externa, fortalece la objetividad del trabajo y sirve como puente para mantener los trabajos y la transición que en cada administración se da”. Con estas proyecciones, los compromisos que se podrían obtener en 2012, alcanzan pasivos hasta por 3 mil 800 millones de dólares (51 mil 718 millones de pesos).
[RECUADRO 1]
Los 19 mil millones de pesos perdidos
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación documentó que no se tenía el registro de los 19 mil millones de pesos comprometidos con el Banco Mundial. El préstamo fue proporcionado para superar la crisis económica de 2008. Sin embargo, en la fiscalización no se encontró evidencia de los proyectos que debían de desarrollarse con ese dinero (Contralínea, 17 de julio de 2011).
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que “todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, excepto una, ya fueron solventadas. El destino de los recursos ya fue aclarado. El préstamo del que estamos hablando es uno para apoyar políticas públicas que permitieran afrontar la crisis de 2008. Dadas las situaciones de tensión en los mercados de capital, acudimos al Banco Mundial para que nos pudieran apoyar en esta fase crítica”.
Las políticas públicas, agrega, fueron canalizadas a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social y Economía. “Los impactos se vieron desde un principio; es un poco aventurado pensar cuáles hubieran sido los efectos de la crisis mundial sobre la economía mexicana de no haberse instrumentado esas políticas”.
De acuerdo con la Auditoría Superior, los 19 mil 46 millones 196 mil 800 pesos, endosados a México el 3 de diciembre de 2009, fueron etiquetados como Préstamo para Políticas de Desarrollo Económico en Respuesta a la Crisis Mundial.

21 entidades ocultan deuda por 48 mil MDP

Veintiún entidades federativas han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior. Los pasivos más importantes los concentran el Gobierno del Distrito Federal, del perredista Marcelo Ebrard, y la pasada administración del priísta Enrique Peña Nieto, en el Estado de México: más de 95 mil millones, que equivalen al 26.3 por ciento del total.

El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.
En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.
“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales”, detalla el Análisis.
En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.
El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas”.
Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.
Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda
Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.
Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo”.

Los más endeudados
La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica”.
Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual”.
De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.
En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.
El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.

Crisis previsible
En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país”.
Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.
El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.
Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda”.
La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.
Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública”.
[RECUADRO]
Bono cero, nueva vía de endeudamiento
La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.
Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.
Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos”.
El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital”.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.
Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar”.
Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía”. (Mariela Paredes)
Estados que sí reportaron su deuda total
Entidad
Deuda
Jalisco
21,122.9
Sonora
17,287.4
Sinaloa
4,879.3
San Luis Potosí
4,823.5
Nayarit
3,150.9
Aguascalientes
2,603.1
Querétaro
2,219.8
Baja California Sur
2,030.8
Morelos
1,269.6
Campeche
328.6
Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011


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Caso “Vicentillo”: Washington juega a dos cartas

Cada nuevo documento que sale a la luz en el proceso que se sigue al hijo de El Mayo Zambada en Chicago complica la intriga entre las autoridades de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa. ¿Quién dice la verdad? ¿Los abogados de El Vicentillo, que aseguran que hubo un pacto de inmunidad? ¿O los agentes de la DEA, que lo niegan? El más reciente documento dado a conocer, por ejemplo, podría destruir la defensa del presunto narcotraficante… Pero cualquiera que sea la respuesta, el caso es una muestra más de cómo la agencia antinarcóticos estadunidense se mueve descaradamente entre dos aguas.
Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Ismael El Mayo Zambada, con autorización de Joaquín El Chapo Guzmán, ordenó a su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, convertirse en informante de la DEA a fin de obtener beneficios para el cártel de Sinaloa, revelan documentos recientemente presentados ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago.

El viernes 2 el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al juez federal Rubén Castillo –a cargo del caso de El Vicentillo– la declaración que firmó bajo juramento el agente de la DEA Manuel Manny Castanon. En ésta el agente aclara que “no existe” y “nunca hubo” un acuerdo con El Vicentillo para darle inmunidad a cambio de información sobre las operaciones de organizaciones criminales enemigas del cártel de Sinaloa.

Es más, la declaración de Castanon ante la Corte también “desmiente” el argumento de la defensa legal de El Vicentillo de que Humberto Loya Castro, identificado como abogado y confidente de los líderes del cártel de Sinaloa, firmó un acuerdo para hacerse informante de la DEA a cambio de la eliminación de los cargos por narcotráfico que se le imputan.

“A Loya Castro le había dicho Guzmán Loera que Ismael Zambada estaba interesado en que su hijo Zambada Niebla cooperara con la DEA con el propósito de que se hiciera un arreglo de los cargos que tenía pendientes en Estados Unidos”, sostiene Castanon en declaración que se entregó a la corte en Chicago y de la que Proceso tiene copia.

Los documentos que acaba de recibir la oficina del juez Castillo abren más dudas sobre la presunta relación del cártel de Sinaloa (por medio de Loya) con la DEA y parecen derrumbar los argumentos de la defensa de El Vicentillo de que él era informante del gobierno estadunidense.

La copia del acuerdo firmado el 3 de junio de 2005 por Loya para convertirse en informante de la DEA –que también tiene este semanario– expresa claramente que él se comprometía con el gobierno de Estados Unidos a pasar información sobre actividades del narcotráfico en México sin recibir absolutamente nada a cambio. El documento también lo firmaron el fiscal Todd W. Robinson a nombre del gobierno estadunidense y dos testigos.

La declaración de Castanon y el acuerdo firmado con el abogado y confidente de El Chapo y El Mayo son una pequeña parte de los más de 3 mil 500 documentos que entregó el viernes 2 el Departamento de Justicia a la Corte Federal en Chicago.

“Tanto las declaraciones como los documentos dejan en claro que no se le hicieron ni se le autorizaron al acusado (Zambada Niebla) promesas de inmunidad o eliminación de cargos”, destacó Patrick J. Fitzgerald, fiscal federal a cargo del Distrito Norte en su comunicación con el juez Castillo al entregarle la documentación.

En cumplimiento de la orden de la corte federal, Fitzgerald y los demás fiscales a cargo del caso de El Vicentillo, Thomas D. Shakeshaft, Andrew C. Porter, Michael J. Ferrara y Marc L. Krickbaum, recopilaron toda la información en poder del gobierno de Estados Unidos y de las agencias federales presentes en México en la que se mencionara a Zambada Niebla.

La búsqueda resultó en un expediente de más de 3 mil páginas que ahora deberá revisar el juez antes del inicio del juicio en febrero de 2012. “Algunos de los documentos entregados tienen el sello que autoriza su revisión por parte de la corte y de la defensa, pero otros sólo podrán ser revisados por la corte”, aclara Fitzgerald. A estos documentos no tendrán acceso los cuatro abogados que representan a El Vicentillo: Ed Panzer, Alvin Michaelson, George Santangelo y Fernando Gaxiola.

La declaración de Castanon y la copia del acuerdo firmado entre Loya y el gobierno de Estados Unidos, que sí fueron desclasificados por Fitzgerald, parecen ser la herramienta más importante del Departamento de Justicia para enjuiciar y encarcelar a Zambada Niebla.

La famosa reunión

La declaración bajo juramento de Castanon es como una crónica de la presunta relación de los jefes del cártel de Sinaloa con la DEA; por medio de los oficios de Loya Castro a quien el agente estadunidense no menciona por su nombre sino como “CS” (iniciales en inglés de “fuente confidencial”).

Con 12 años de labor como agente de la DEA, Castanon explica que su relación directa con Loya Castro se inició en 2005 cuando fue enviado a trabajar a Hermosillo. Su misión “fue el reclutar a un informante que por años había pasado información a la DEA y a ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas, dependiente del Departamento de Seguridad Interior)”, sostiene Castanon.

Sus jefes le aclararon que Loya era un fugitivo ya que en su contra había un encausamiento por delitos de tráfico de drogas en la Corte Federal del Distrito Sur de California que databa de 1995. Pero esa misma fiscalía, de acuerdo con el documento, autorizó a Castanon “trabajar en el extranjero con un fugitivo de la ley de los Estados Unidos”.

La narración del agente de la DEA establece que fue el 30 de enero de 2009 la primera vez que Loya le habló de la intención de Zambada Niebla de ponerse en contacto con la DEA. La propuesta, según Castanon, fue atractiva porque antes de ir a Hermosillo sus jefes le habían notificado que en Washington y en Chicago se tenían encausamientos contra el hijo de El Mayo por delitos de narcotráfico desde 2003.

Antes de notificarle a Loya que sí había interés en hablar con El Vicentillo, Castanon se había puesto en contacto con su colega Steve Fraga, agente a cargo del caso de Zambada Niebla en Washington para discutir la posibilidad de que el hijo de El Mayo proporcionara información.

Poco después Castanon recibió la orden de sus jefes para que aceptara reunirse con El Vicentillo pero aclarándole que Fraga debía estar presente. El Departamento de Justicia le dijo que no querían que hiciera ningún tipo de promesas a Zambada Niebla.

“La orden fue explorar el tipo de información que pudiera proporcionar para ver si llevaría a otros casos criminales… Que nosotros habláramos poco y más bien lo dejáramos hablar”, matiza el agente de la DEA en su declaración.

El 10 de marzo Loya volvió a hablar con el agente para determinar los posibles lugares del encuentro. Castanon afirma que de entrada se estableció que cualquier tipo de encuentro tendría que llevarse a cabo en la Ciudad de México. El 15 de marzo Castanon contactó a Loya para notificarle que la entrevista sería el 18 de marzo de 2009 en un hotel de la capital mexicana.

“El 17 de marzo aproximadamente a las tres de la tarde llegué a la Ciudad de México acompañado por el agente David Herrod. Luego nos reunimos con el agente Fraga”, relata Castanon.

Pero a su llegada a la capital mexicana David Gaddis, director regional de la DEA en el Distrito Federal, preguntó a Castanon y a Herrod si habían visto una nota del periódico El Porvenir que decía que integrantes de su agencia viajaban a México para reunirse con jefes del narcotráfico. “Gaddis nos dio la orden de cancelar la reunión”, acota Castanon y deja entrever que sus jefes en el DF entendieron que la nota de El Porvenir era una filtración directa del cártel de Sinaloa.

Minutos después de recibir la orden de Gaddis, Castanon se comunicó con Loya Castro para darle la noticia, pero el presunto abogado del cártel de Sinaloa le pidió reunirse en persona para hablar del asunto, petición que aceptó el agente de la DEA a condición de que el encuentro se hiciera en el hotel Sheraton.

“Aproximadamente a las 11 de la noche el agente Herrod y yo nos reunimos con CS en el lobby del hotel. Lo llevamos a la habitación de Herrod y le enseñé el artículo del periódico, le dije que no podíamos reunirnos con Zambada Niebla en ese momento y que el encuentro se cancelaba hasta nuevo aviso.

“CS se puso muy nervioso y nos dijo que la reunión tenía que llevarse a cabo porque él personalmente estaba a cargo de Zambada Niebla. Nos explicó que se había comprometido con Zambada Niebla y con Zambada García a que el encuentro se realizaría”, indica la declaración de Castanon. Los agentes de la DEA le enfatizaron a Loya que sin la autorización de sus jefes no podría celebrarse ningún encuentro con El Vicentillo.

“Aproximadamente a las 12:15 (del 18 de marzo de 2009) el agente Herrod regresó a la habitación del hotel, estaba acompañado por la CS y por Zambada Niebla. Herrod me dijo que la CS había regresado al hotel con Zambada Niebla.

“En español le dije a Zambada Niebla que la DEA no se podía reunir con él hasta que recibiéramos la aprobación. Después hablé con él sobre el artículo del periódico. Zambada Niebla me dijo que había manejado desde Guadalajara y que nadie más que su padre, Guzmán Loera y la CS sabían de la reunión”, puntualiza el agente de la DEA quien agrega que le insistió a El Vicentillo que la reunión no tenía autorización ni valor.

“Zambada respondió que entendía eso, pero que sólo quería decirme en persona que era en serio lo de cooperar con nosotros y que haría lo que fuera necesario para lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

“Habló del encausamiento en su contra en Washington y dijo estar dispuesto a cooperar con el gobierno con tal de que se le anularan los cargos. Le expliqué en qué consisten los procesos de cooperación con la DEA y que para hacerlo teníamos que sentarnos a negociar en varias ocasiones y que en ese momento no teníamos la autorización para reunirnos con él; que además la última palabra sobre qué tipo de acuerdo podríamos establecer tenía que salir de los fiscales y no de mi persona”, acota Castanon. En su relato de la reunión en el Sheraton agrega que se habló de otros posibles encuentros, incluso en un tercer país o en Estados Unidos.

“Terminamos la reunión hablando sobre lugares posibles para celebrar la primera reunión, si es que teníamos una. Le dije que me pondría en contacto con la CS si es que teníamos interés de reunirnos con él. Ahí terminó el encuentro. Al día siguiente me enteré de que Zambada Niebla había sido arrestado en la madrugada por militares mexicanos”, destaca la declaración juramentada de Castanon.

Los primeros datos que la defensa de El Vicentillo presentó a la corte en Chicago y que posteriormente se hicieron públicos sobre la reunión en el Sheraton daban una versión totalmente distinta a la del agente de la DEA (Proceso 1823).

Incluso en la audiencia preparatoria del juicio, celebrada el pasado 27 de octubre, los abogados del hijo de El Mayo insistían en que de la reunión del 18 de marzo de 2009 se generó un acuerdo formal entre la DEA y su cliente, en el cual a El Vicentillo se le prometió inmunidad (Proceso 1826).

“Fuente confidencial”

Respecto al caso de Loya, ni Castanon en su declaración ni Fitzgerald en su notificación al juez Castillo explican por qué lo siguen manteniendo como informante sabiendo que es el contacto directo que tiene Estados Unidos con El Chapo. Sobre todo cuando están rechazando de manera rotunda la inmunidad que les pide El Vicentillo y que según él le prometieron.

Sin dar mayores razones –por lo menos no en los documentos desclasificados– Fitzgerald subraya que en 2008, por recomendación de los supervisores de la DEA sobre el trabajo de Castanon con Loya, se recomendó a la fiscalía de California la anulación de los cargos contra el informante y presunto abogado del cártel de Sinaloa, lo cual fue aprobado de inmediato.

Otro detalle en la declaración de Castanon provoca de manera natural que surjan más dudas respecto a quién está diciendo la verdad en las audiencias preparatorias al juicio de El Vicentillo, extraditado a Estados Unidos el 18 de febrero de 2010.

El agente de la DEA da cuenta de que en una conversación telefónica que sostuvo con Loya en octubre de 2010, éste le aseguró que tanto El Chapo como El Mayo estaban conscientes de que no había ningún acuerdo de inmunidad entre la DEA y El Vicentillo.

Finalmente Castanon presenta ante el juez Castillo el resumen de una serie de llamadas telefónicas que sostuvo con Loya del 14 de agosto al 1 de septiembre de 2011, en las cuales la CS le promete que está dispuesto a reunirse con quien sea necesario para decir la verdad sobre el caso de El Vicentillo, inclusive anota que tiene la disposición de viajar a Estados Unidos.

Pero de pronto Loya Castro le notifica a Castanon que a raíz de una reunión que tuvo el 23 de agosto de 2011 con un abogado descrito como “intermediario entre Zambada García y los abogados de Zambada Niebla”, él ya no estaría dispuesto a platicar con fiscales o jueces estadunidenses a menos que se mantuviera en secreto su identidad o que su declaración fuera etiquetada como confidencial.

Los cárteles, infiltrados en Pemex

Durante las administraciones panistas –sobre todo en la de Felipe Calderón– los cárteles de la droga diversificaron sus negocios ilícitos al punto de infiltrarse en Pemex mediante una compleja trama de complicidades y corruptelas; en ésta participan directivos, contratistas y trabajadores que permiten el robo, el saqueo y la impunidad. Así lo documenta la reportera Ana Lilia Pérez en El cártel negro, que comenzó a circular recientemente. Con autorización de la autora y de Editorial Grijalbo se publican aquí fragmentos de la obra.
El cártel negro, de Ana Lilia Pérez.


CUENCA DE BURGOS (Proceso).- Cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006, en la estación de recolección de gas Cuitláhuac, la número tres de las 150 estaciones del Proyecto Integral Cuenca de Burgos, Rogelio Gutiérrez, empleado del Departamento de Operación de Pozos de Pemex Exploración y Producción (PEP), terminó de llenar la pipa color blanco Freightliner de la compañía Intertrans­ports.

El autotanque número 2135 con placas de circulación 169-DS-9 era conducido por Lenin López, de 35 años de edad, oriun­do de Huimanguillo, Tabasco, avecindado en Reynosa desde que ingresó a trabajar para Manuel Gómez García, el expresidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que en enero de 2003, después de desempeñarse du­rante varios años como gerente del Grupo Gor, fundó su propia compañía.

–Ya están 30 mil litros. ¿Cuántos viajes te faltan?

–No sé todavía –respondió Lenin.

Las pipas contratadas por Pemex para llevar agua a las estacio­nes de recolección de gas ingresaban en el Activo de Producción Burgos Reynosa, con la autorización previa del jefe de turno, quien les recibía la carga y las despachaba hasta la salida. El viaje era relativamente tardado: 30 mil litros de volumen hacían que la pipa se desplazara lento entre las brechas; el regreso debía ser mu­cho más rápido, con el tanque completamente vacío. Era un traji­nar cotidiano de día y de noche, porque en el área entraban pipas que abastecían de agua y salían otras contratadas para transportar el condensado, subproducto de la extracción de gas natural, para llevarlo al centro procesador de Pemex Gas.

(…) Como encargado de la operación de pozos, la función de Ro­gelio Gutiérrez consistía en recibir y registrar en bitácoras las des­cargas de los autotanques, y bombear el condensado de la estación de recolección a los ductos. Ese trabajo lo hacía desde 1996, año en que ingresó a laborar en Pemex asignado, precisamente, al Ac­tivo de Producción Burgos Reynosa, de manera que conocía el área y los procedimientos como la palma de su mano.

Aquella noche parecía que todo funcionaba según los procedi­mientos cotidianos, pero en realidad no era así. En la bolsa dere­cha de su pantalón, el empleado de Pemex traía una pistola Raven Arms modelo P25, número de serie 467829, pavón cromado con cachas de madera, cuatro cartuchos útiles en el cargador y uno en la recámara. Estaba armado en su horario de trabajo porque lo que aquella noche hacía Rogelio era abastecer uno de los cargamentos de condensado que ilegalmente se sacaban de Burgos para traficarse a Estados Unidos, donde los contrabandistas lo vendían a grandes y prestigiadas compañías petroleras, como la BASF alema­na y la Murphy, de origen estadunidense, las cuales empleaban el hidrocarburo para la formulación de gasolinas. Por lo menos desde 2006, en la Unión Americana muchos consumidores adquirieron gasolinas formuladas con materia prima robada a Pemex y trafica­da con la protección de los cárteles de la droga mexicanos.­

La Compañía entra en el negocio

Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas se inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos, que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en te­rritorio estadunidense, a manos de redes internacionales en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) descubrió la participación de la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas, llamada La Compañía.

La Compañía era dirigida por un “triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, el Do­ble X o Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, el Verdu­go, el Licenciado, o Zeta-3, quien asumió el liderazgo de Los Zetas tras la caída de su jefe fundador Arturo Guzmán Decena, Zeta-1, ocurrida en noviembre de 2002 en Matamoros.­

La incursión del cártel en el negocio de los hidrocarburos le sumó considerables ingresos para sostener la costosa estructura con la que entonces controlaba el tráfico de drogas desde Colom­bia y Venezuela hacia México y Estados Unidos. Administraban redes de narcomenudeo, giros negros, tráfico de indocumentados y piratería en casi la mitad del país, todos los estados del Golfo, más Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, parte de Michoacán y el Distrito Federal. E incluso, más allá del territorio mexicano, en los departamentos fronterizos de Guatemala en el sur, y en el norte, en estados como Texas y ciudades importantes como Atlan­ta, Georgia, la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó como epicentro de las operaciones del cártel en el ve­cino país del norte.

(…) Desde 2006, cuando se registraron los primeros robos y las importaciones ilegales a Estados Unidos, el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría en el activo de producción más importante del noreste mexicano. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años.

(…) Se supo que no se trataba de robos aislados ni cometidos por la delincuencia común, sino que los cár­teles de la droga estaban detrás del negocio, un hecho que ya se había puesto de manifiesto en las primeras confrontaciones entre elementos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) y miembros del cártel del Golfo.

(…) En las pocas ocasiones que llegaron a instancias judiciales los flete­ros argumentaron que sus choferes actuaban de forma individual; sin embargo, esos conductores tenían el respaldo jurídico de un abogado que los ponía en la calle en menos de 24 horas. Incluso, a veces, el defensor que representaba al chofer era el mismo que defendía a los empleados de Pemex detenidos infraganti en la sus­tracción ilícita. Uno de esos casos fue precisamente el del carga­mento que cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006 salió en una pipa de Intertransports.

(…) En una espiral de corrupción y complicidades, los robos se hicieron cada día más frecuentes y a cualquier hora del día. En sólo unos meses el mercado exigía tanto producto, que no era suficiente el personal de Pemex que surtía los pedidos. Entonces comenzaron a asaltar las pipas propiedad de la paraestatal y las que esta dependencia contrataba con terceros, para llevar el conden­sado de los tanques de almacenamiento a las terminales y centros de producción.

Desde la llamada frontera chica o ribereña, en Tamaulipas, y hasta Piedras Negras, en Coahuila, a lo largo de caminos y brechas de toda la Cuenca de Burgos los comandos armados, vestidos de negro y encapuchados, permanecían apostados, prestos al atraco, en cuanto el halcón les notificara que el cargamento iba en camino. Los informantes usaban la red de comunicación interna de Pe­mex, que funciona vía radio trunking, un sistema móvil para un grupo privado de usuarios, quienes pueden compartir datos de forma automática y organizada. Para conectarse a esa red interna no basta con tener los aparatos, sino que se requieren los códigos de llamada; los comandos criminales los obtuvieron.

(…) A partir de que comenzaron las primeras sustracciones y envíos a Estados Unidos, el contrabando de condensado creció rápida­mente. Alcanzó tal nivel, que ya en 2007, según cifras internas de Pemex, 40% de todo el hidrocarburo que producía la Cuenca de Burgos se sustraía ilegalmente y se vendía en el merca­do negro, básicamente en territorio estadounidense.

Epílogo

En 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, las to­mas clandestinas montadas dentro de la red de ductos de Pemex alcanzaron el mayor número registrado en la historia de la petro­lera: 323, casi una diaria. Cuatro años después, la cifra se multipli­caba a más de tres tomas en promedio por día. Para 2011, sólo por esa vía el robo de hidrocarburos se había incrementado 300% y quizá mucho más, si consideramos que sólo se contabili­zan las tomas detectadas, mientras que hay otras que no están ubicadas y se ordeñan permanentemente sin posibilidad de ser clausuradas.

Así, el volumen de los hidrocarburos sustraídos a través de esas tomas clandestinas alcanzó niveles exorbitantes. Los núme­ros oficiales que Pemex dio a conocer en septiembre de 2011 revelan que los ordeñadores de ductos (que incluyen oleoductos, poliductos y gasoductos) sustraen en promedio 20 mil barriles de hidrocarburos diariamente. La cifra equivale a más de 3 millo­nes de litros de petrolíferos. Dicho de otra manera, el promedio de la sustracción clandestina asciende a 200 pipas diarias. Se trata particularmente de gasolina, aunque el robo de petróleo crudo –documentado en este libro– también va al alza; son pérdidas patrimoniales que la Comisión de Justicia de la Cámara de Dipu­tados ha calculado en mil 300 millones de pesos mensuales.

(…) En relación con la información que proporciona la paraesta­tal sobre este escabroso tema, hay un dato que llama la atención: la administración de Pemex identifica a Sinaloa como la entidad que a partir de 2010 registró la mayor sustracción de refinados me­diante tomas clandestinas, en municipios como Navolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamúchil, Salvador Alvarado y Los Mochis, entre otros, con una incidencia de 28% en pro­medio de las tomas clandestinas de todo el país.

Como se sabe, Sinaloa es tierra controlada por el cártel del mis­mo nombre y sus grupos afines; curiosamente ésta es la organiza­ción a la que, según las interpretaciones de algunos especialistas de México y Estados Unidos, favorece la guerra de Felipe Calderón.

Otra guerra perdida

También en septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Dipu­tados aprobó endurecer las penas por el robo o aprovechamiento de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados y sus deri­vados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex. Así, mediante reformas al Código Penal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, se esta­bleció como delincuencia organizada el robo a ductos de Pemex.

Considerado ya como delito grave, se aprobaron sanciones de ocho a 12 años de prisión y de mil a 12 mil días de salario míni­mo de multa a quien sustraiga hidrocarburos propiedad de Pemex, y penas de dos años de cárcel y hasta 500 días de salario mínimo de multa a quien posea o resguarde de manera ilícita cualquier hidrocarburo. La penalidad aumenta a 18 años cuando los impli­cados sean trabajadores o funcionarios de la paraestatal.

(…) En realidad, hace mucho que el problema rebasó a las autori­dades. En México hasta las leyes más avanzadas son letra muerta cuando lo que impera es la corrupción. Considérese, por ejemplo, la efectividad real de la PGR en los casos abiertos por robo o sus­tracción de hidrocarburos: sólo cuatro de cada cien han derivado en auto de formal prisión.

Para desfalcar a Pemex con su oro negro, no siempre es necesario mancharse las manos, por lo menos no literalmente. Así lo demostró la directora general de PMI Comercio Internacional –la subsidiaria encargada de las ventas de Pemex en Estados Unidos, Europa y Asia–, Rocío Cárdenas Zubieta, una de las funcionarias de mayor nivel en la paraestatal. Junto con otros tres funcionarios (el sub­director comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el gerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejan­dro Tello Winniczuk; y el encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto), Cárdenas Zubieta operaba una red de corrupción que mediante “descuentos” le vendían gasolina cóquer mexicana a precio de ganga a las trans­nacionales Trafigura y Gunvor, las compañías de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo.

La SFP auditó las ventas que le hizo la representante de la pa­raestatal a las dos compañías de enero de 2008 a enero de 2009, y encontró que esos “descuentos excesivos e injustificados” causa­ron un daño patrimonial de 1.75 millones de dólares y un perjui­cio de 23.3 millones de dólares, calculado el primero a partir de la diferencia entre los ingresos por la venta y los costos del combus­tible; y el segundo a partir del monto que Pemex hubiera recibido de haber vendido la gasolina a un precio adecuado.

Por lo demás, en octubre de 2011 Cárdenas Zubieta fue inhabilitada para servir en la administración pública por 10 años y obli­gada a pagar una multa de 284 millones de pesos.

Esa misma funcionaria participó en otras cuestionadas opera­ciones de los directivos de Pemex, como la operación de compra de acciones de Repsol para aumentar la participación de Pemex, aunque no fue la responsable de aprobarla. Operación que en 2011 puso en jaque al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, al evidenciarse el nivel de discrecionalidad en operaciones de tal magnitud.

Las demoledoras cifras que Pemex hizo públicas en septiembre de 2011 pusieron en evidencia, oficialmente, que el combate al robo de combustibles es otra batalla perdida por Felipe Calderón, una batalla donde lo que está en juego es una gran parte del gasto público del país, 40% del PIB nacional.

Las reformas a la ley apenas se están aprobando, cuando hace tiempo que la mafia se fusionó al quehacer cotidiano de la indus­tria petrolera. La verdad es que el cártel negro despacha la gasolina para nuestros automóviles, el combustóleo con que las ladrilleras cuecen los ladrillos, el asfalto que pavimenta nuestras calles, el die­sel que mueve barcos, la turbosina que impulsa las hélices de los aviones, la industria que crea químicos, hasta el diesel que mueve los tractores con los cuales los campesinos cultivan la caña que lle­va a la mesa el azúcar para endulzar la taza de café de las mañanas.

Entre la acción gubernamental y la situación real hay una dis­tancia de años luz. Los legisladores endurecen penas sin esclarecer primero la maraña de complicidades que hicieron del cártel negro una criatura invencible, que emergió desde las entrañas mismas de la industria del petróleo.

Hasta hace unos años, Pemex era el escaparate del nacionalismo mexicano, de la dedicación de sus trabajadores, del amor a la ca­miseta. La ambición por el dinero fácil lo degradó todo. Hoy son negocios, sólo negocios. Bajo la lógica del business, prácticamente desde el más alto funcionario hasta el más modesto de los obreros está dispuesto a venderle su alma al diablo, o de manera más simple y directa: a alinearse con la maña.

Actualmente, las operaciones ilegales en Pemex alcanzan tal nivel, que cuesta trabajo saber en cuántos de los negocios que oficialmente hace la paraestatal están presentes las operaciones fi­nancieras del crimen organizado.

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  • Estudiantes y ONG exigen justicia durante una marcha realizada en Chilpancingo
Guerrero no puede ser gobernado por un criminal como Aguirre; que se vaya del estado
  • Ayotzinapa está de luto; en ningún momento nos van a callar, ni con sus balas
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Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acompañados de padres de familia, exigieron justicia por la muerte de sus compañerosFoto Óscar Alvarado

Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre. Alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, líderes magisteriales e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Guerrero realizaron una marcha silenciosa por esta ciudad en repudio por el asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes, y en demanda de castigo para los responsables.

Guerrero no puede ser gobernado por un criminal como lo es Ángel Aguirre Rivero, por tanto pedimos su salida del gobierno, exigimos su destitución, que se vaya del estado. El es de los que matan al pueblo, él no es como Zeferino (Torreblanca), que golpeaba; él es un asesino, dijo uno de los dirigentes estudiantiles de ese plantel al término de la protesta, frente a palacio de gobierno.

Minutos después de las 15 horas, el contingente partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de la ciudad, encabezado por la base estudiantil de Ayotzinapa –la mayoría hijos de campesinos–, que portaba dos ataúdes y cartulinas con leyendas como Gobernador asesino; Fuera gobernador represor; Aguirre, asesino de estudiantes; Somos estudiantes, no terroristas.

A las 16:25 la marcha llegó a las puertas del palacio de gobierno, donde uno de los oradores expresó: Ayotzinapa está de luto; no debemos olvidar que los dos compañeros que murieron dieron la vida por luchar por nuestros derechos. No hay que olvidar que las normales rurales se hicieron para los hijos de los campesinos y fueron promovidas por el presidente Lázaro Cárdenas, que tenía ideas socialistas
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El objetivo, desaparecer las normales: CNTE

Durante los gobiernos federales encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) se ha intensificado el ataque contra las escuelas normales del país con la intención de desaparecerlas. Datos proporcionados por maestros disidentes indican que de los 200 mil alumnos normalistas que había inscritos en 2000, para el más reciente ciclo escolar (2009-2010) la matrícula en estas instituciones se redujo a 128 mil. La información, proporcionada por el profesor Pedro Hernández, secretario de organización del comité ejecutivo democrático de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), revela que en nueve años hubo una reducción de más de 200 escuelas normales. De los 655 planteles (incluidos particulares) que había a principios de este siglo, en 2009 existían sólo 450, lo que ha significado una reducción de 3 mil docentes en estas instituciones. El cierre de estas casas de estudio públicas en el país es el siguiente paso para la privatización del sector educativo. El tiro de gracia que (las autoridades federales y la dirigencia del SNTE encabezada por Elba Esther Gordillo) pretenden propinar es el cierre de las normales públicas. Y las primeras son las rurales, subrayó el docente.
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ONG denuncian campaña contra normalistas

El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrido el pasado lunes en Chilpancingo, demuestra que el gobierno del país sigue buscando desaparecer estos centros de estudio a como dé lugar, y le incomoda el carácter crítico de sus egresados, señalaron activistas de organizaciones de derechos humanos, al tiempo que Amnistía Internacional y otros colectivos manifestaron su repudio por este delito y llamaron a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son uno de los más graves abusos que puede cometer cualquier gobierno.

La muerte de los dos jóvenes nos hace sentir indignados, y más viniendo de un gobierno que se jactaba de que no iba a reprimir, sino a dialogar y buscar soluciones a los problemas que se les han planteado, dijo en charla telefónica.

Desde hace años el Estado mexicano quiere desaparecer las normales rurales, porque en ellas han estudiado hijos de campesinos, que tienen una visión objetiva de la realidad que viven los sectores más pobres, y adquieren conocimiento para hablar a su gente con la verdad, afirmó Olivares, quien anunció que se buscará promover un juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
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AMLO no violará normas al efectuar recorrido por el Distrito Federal: PRD

Según un análisis jurídico del PRD, Andrés Manuel López Obrador no incurrirá en ningún acto ilegal al recorrer las delegaciones políticas del Distrito Federal el domingo próximo, cuando se iniciarán formalmente las precampañas de cara a las elecciones de 2012.

Estamos convencidos de que no estamos violando ninguna norma por participar en los tiempos de las precampañas de los otros aspirantes. No hay en esto ningún problema que limite su actividad y pueda ser sujeta a alguna sanción u observación por la autoridad electoral. Pero si la hubiera, que no lo hagan saber en su momento, señala el documento.

En conferencia de prensa, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, explicó que en este periodo, desde luego, no se otorgarán a López Obrador, en su calidad de precandidato único de las izquierdas a la Presidencia de la República, tiempos oficiales en los medios electrónicos, en claro respeto a lo que estipula la ley. Pero en ejercicio de sus derechos, abundó, acompañará a los aspirantes a otros cargos.
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Hermetismo sobre agenda de Poiré; ayer sólo se supo que estaba fuera de México

La agenda de actividades públicas y privadas del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, permanece en hermetismo, salvo los actos que encabeza o en los que es invitado.

Este martes, el responsable de la política interna del país se encontraba fuera de México, pero hasta anoche no se había informado su ubicación.

Información extraoficial señalaba que había viajado a Estados Unidos a tratar asuntos de seguridad. Esta gira, de la que no se ofreció ningún dato, ocurre en momentos en que el gobierno federal sostiene que no tenía conocimiento de las actividades de lavado de dinero que realiza en México la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como mecanismo para identificar a narcotraficantes.

El funcionario federal tampoco se encuentra en el país para atender el conflicto relacionado al ataque armado contra alumnos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
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México, campeón mundial en abusos contra migrantes: ex relator de la ONU

Jorge A. Bustamante, ex relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para migrantes e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, advirtió que México es el campeón mundial en violaciones a derechos humanos de extranjeros que cruzan su territorio, dadas las agresiones, abusos, secuestros y asesinatos contra centroamericanos.

Ese triste campeonato se ha logrado en este sexenio, comentó después de rendir protesta en el Senado como integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Expuso que desde ese nuevo puesto insistirá en la necesidad de resolver la difícil situación que enfrentan los migrantes de otras naciones que pasan por nuestro territorio. La propia comisión ha reportado más de 9 mil casos de violaciones a dichas garantías en poco más de un año, comentó.

Bustamante explicó que la investigación sobre los 72 migrantes asesinados que fueron encontrados en una fosa común en San Fernando, Tamaulipas, aún no está concluida y el gobierno federal se ha demostrado incapaz en éste y otros hallazgos en Monterrey y la ciudad de México.
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La CNDH ya indaga asesinatos, plagios y atentado contra promotores de derechos

Los encargados de los cuerpos de seguridad tienen que rendir cuentas a la sociedad

Fernando Camacho Servín

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga los asesinatos de los activistas Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno, el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, así como el atentado contra Norma Andrade, y si se confirma una actuación irregular de las autoridades podría citar en breve a diversos funcionarios por realizar mal su trabajo, incluidos los policías que tenían que dar seguridad a De la Cruz.

Así lo afirmó Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la comisión, quien advirtió que en años recientes se incrementó de forma preocupante el número de agresiones contra dichos gremios.

El funcionario, quien condenó enérgicamente cualquier asesinato o desaparición forzada contra comunicadores y activistas, advirtió en entrevista que estamos viviendo una situación muy complicada, porque el funcionamiento correcto de un Estado democrático depende de que las leyes se cumplan y las instituciones funcionen
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  • Pide ayuda como ciudadana en peligro
Por seguridad, Norma Andrade se va de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 13 de diciembre. Norma Andrade, vicepresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pidió ayuda al gobernador del estado, César Duarte Jaquez, para salir de Chihuahua definitivamente, informó su hija Malú García.

Los apoyos consisten en cambiar de adscripción de trabajo –ella es maestra de primaria– y para que su casa, adquirida mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le sea permutada a otra ciudad.

Durante un acto oficial efectuado en el Centro Cultural Paso del Norte, la luchadora social y su hija le pidieron a César Duarte hablar en privado. La señora Andrade dijo que no siente que el estado tenga un verdadero compromiso de resolver los homicidios y desapariciones de mujeres y que espera que se le brinde ayuda como ciudadana en peligro.

Al salir de la reunión dijo que tiene mucho miedo, coraje y también tristeza al tener que marcharse de la tierra donde nació y ha vivido.

Dijo que la tarde de ayer tuvieron que desalojar el hotel donde estaban resguardadas luego que los propietarios del inmueble pidieron a personal de Atención a Víctimas del Delito del estado que retiraran a los agentes de la Policía Federal.
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  • Denuncian intento de albazo de diputados de PRI y PAN para aprobar la ley de seguridad

Para PRD y PT, si se discute violentarían acuerdos del Congreso con Movimiento por la Paz

Los grupos parlamentarios de PRI y PAN en la Cámara de Diputados pretenden discutir mañana en el pleno la ley de seguridad nacional, con el argumento de que venció el plazo para aprobarla en comisiones y que, bajo las disposiciones del nuevo reglamento, los diputados en el salón de sesiones deben decidir si la aprueban.

Ayer, en la última página del anexo III de la Gaceta Parlamentaria, la mesa directiva, que preside Emilio Chuayffett (PRI), incluyó entre las minutas vencidas la de la ley de seguridad nacional, que entre sus objetivos pretende regularizar los operativos de militares y marinos en las calles contra el crimen organizado.

Aun cuando la minuta del Senado fue recibida por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2010, la Gaceta señala que la recepción ocurrió el 28 de abril de 2011.

Con esa alteración, la mesa directiva definió como fecha de vencimiento para dictaminar la minuta, el 5 de septiembre.

Al denunciar el intento de albazo, diputados de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo recordaron que si se pretende discutir la minuta del Senado, se pasará por encima del acuerdo asumido por las cámaras con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de abrir a la sociedad la discusión de la ley para que el dictamen incluyera las demandas sociales, y que el trabajo legislativo se realizara en conferencia con los senadores.
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  • De esa forma intentó responder las interrogantes sobre el lavado de dinero realizado por la DEA
Durante décadas agentes extranjeros han operado en el país, admite la SRE

Cuestionada por diputados de PRI, PRD y PT por qué el gobierno de México permitió que la Administración Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) lavara dinero del narcotráfico, la canciller Patricia Espinosa argumentó que por décadas ha sido una práctica la estancia de agentes extranjeros, que cumplen funciones de cooperación e intercambio de información.

Agobiada por las preguntas, Patricia Espinosa adujo que la relación de México con Estados Unidos es la más compleja del planeta, pero más allá de las características económicas, políticas y sociales por el hecho de que los dos países no podemos ir a ningún otro lado.

Al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Patricia Espinosa eludió todas las preguntas sobre las operaciones encubiertas de agentes de la DEA, y sostuvo que el único papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores es supervisar que los agentes estén debidamente acreditados y sus operaciones sean dentro del marco legal, en los acuerdos firmados con Estados Unidos y los tratados multilaterales, como la Convención de Palermo
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Habrá denuncias internacionales si el gobierno vuelve a mentir al SME

El secretario general de la Asociación Internacional Derecho a la Energía, Fermín Paz, señaló en conferencia de prensa, en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que si el gobierno vuelve a mentir en la mesa de negociación con este gremio, para que regresen a laborar los más de 16 mil trabajadores en resistencia, se presentarán denuncias en organismos internacionales contra la administración de Felipe Calderón.
En el lugar, el secretario general del SME, Martín Esparza, y el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, informaron que este miércoles el SME cumplirá 97 años de existencia y los trabajadores lo festejarán con movilizaciones por la solución a su conflicto. Por la mañana, realizarán un mitin en la sede del PAN donde se entregarán un documento a los tres aspirantes a la candidatura de ese partido. A las 15 horas marcharán a la Secretaría de Gobernación y a las 18 horas celebrarán su asamblea general de aniversario en el Monumento a la Revolución, Nos querían tener en la calle y ahí nos van a tener dijeron.
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Astillero
  • Las prisas
  • Guerrero: salvar al jefe
  • Sin derecho a presidir
  • LSN, contratos, IFE
Julio Hernández López

Foto
La Secretaría de Seguridad Pública federal difundió ayer un peritaje en el que, según la dependencia, un agente de la Policía Ministerial vestido de civil sería el responsable de la muerte de uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. En la imagen, policías que participaron en las acciones contra los manifestantesFoto Sebastián Luna

El gobernador de Guerrero se fabricó con rapidez sus expiatorios ángeles caídos. Uno, dos, tres: el procurador, el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario encargado de cumplir las órdenes de limpieza que dice haber recibido del mandatario en fuga y que considera haber cumplido con eficacia. Carretera limpia le habían pedido y carretera limpia entregó el general Arreola, ahora cesado. Pero el hilo de las responsabilidades se rompe por lo más delgado del organigrama y, para no dejar duda de que el fuego rozó las alturas y mantiene viva la amenaza, el entrampado Ángel Aguirre Rivero se deshizo con prontitud de tres de sus principales compañeros de viaje administrativo.

A diferencia de las maniobras de aligeramiento de equipaje tóxico que hizo el ex priísta habilitado como izquierdista, el calderonismo siempre complacido no movió ni una ceja ante las evidencias videográficas, aportadas por el mismo aguirrismo despechado, de que policías federales habían golpeado a estudiantes y habían avivado el encono en el escenario explosivo de Chilpancingo y los estudiantes normalistas en constante y aguerrida protesta. Sin embargo, más allá de los pleitos entre niveles de gobierno y las consecuencias que cada bando busque en términos partidistas y electorales, aún no se conoce con precisión el motivo por el cual se produjo una reacción a todas luces excesiva, con tiradores vestidos de civil y protegidos o cuando menos tolerados por policías de uniforme. ¿Qué fue lo que generó tan impresionante capacidad de fuego, disparos directos a la cabeza de los dos muertos, persecución y golpes? ¿Una decisión cupular de asestar un castigo ejemplar a los manifestantes frecuentes? ¿Provocación e infiltración?

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Dinero
  • Otro tropezón de Peña Nieto
  • Bancos europeos venden las joyas de la corona
  • El moreirazo español
Enrique Galván Ochoa

La imagen de muchacho de la película que ha venido transmitiendo Televisa a lo largo de los últimos años se está haciendo talco. Y no porque los partidos rivales lo estén cuestionando; ni siquiera ha sido necesario que le saquen sus muchos trapitos al sol, como los millonarios contratos de obra pública a sus amigos y la protección al tío, don Raturo. El precandidato priísta Enrique Peña Nieto se ha encargado de mostrarse ante la opinión pública como realmente es y su verdadero rostro dista mucho de la imagen televisiva. Parece afectado por el síndrome de la paloma: a cada paso que da… deja sucio el piso. Ahora se metió con las señoras, con las familias, las agredió sin ninguna explicación. Le preguntaron cuánto cuesta el kilo de tortilla y contestó: No soy la señora de la casa. En millones de hogares la compra del mandado es tarea compartida de la pareja, incluso de la familia entera. Cuando llega la quincena las vemos con su carrito de compras recorriendo los pasillos del súper, porque no alcanza el dinero. Fue una metida de pata doble del ensoberbecido precandidato: por un lado, ofendió a las familias, y por otro, desaprovechó una oportunidad de oro para darle un sofocón al gobierno panista. Su respuesta debió haber sido enfocada al aumento del precio de la tortilla. Cuando Fox llegó al gobierno en el año 2000 el kilo costaba 2.50 pesos, al terminar el infausto sexenio calderonista es de 15 pesos en algunas regiones del país. Sin embargo, para formular una respuesta así, Peña Nieto necesitaría estar informado y ser una persona distinta a la que se está mostrando.
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México SA
  • CNSM: varada en el tiempo
  • Salario y poder adquisitivo
  • Ingreso: peor que en los años 30
Carlos Fernández-Vega

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se quedó varada en el tiempo. Año tras año determina un incremento –por llamarle así– al mini ingreso totalmente alejado de la realidad social del país, y aún más retirado a lo que establece la Constitución. En 2011 su presidente, Basilio González Núñez, cumple dos décadas en el puesto y en ese periodo el salario mínimo reporta un aumento nominal acumulado de 540 por ciento, mientras que la inflación general reporta un avance, también acumulado, de 700 por ciento, con lo que el deterioro del poder adquisitivo es más que notorio.

Pero el citado organismo no sólo olvidó recuperar el poder adquisitivo del mini ingreso, sino que de plano se quedó varado en el tiempo. Por ejemplo, el 12 de julio de 2001 el presidente de la Comisión anunció que “el salario mínimo no desaparecerá, pero es necesario que este indicador deje de funcionar como piso o tope para la fijación de los sueldos contractuales y en la cotización de multas y créditos. A más tardar el próximo 12 de agosto (de 2001) la comisión especial para modernizar el sistema de los salarios mínimos –en la que participan líderes sindicales, empresarios, académicos y otros especialistas del sector laboral– presentará sus conclusiones, que incluyen una recomendación para que de manera paulatina se eliminen las diferencias entre las zonas económicas A, B y C con base en las cuales se paga el mini salario en nuestro país. Uno de los principales objetivos de la comisión será dotar al salario mínimo de una política independiente para que éste no sea más una referencia incluso en la fijación de las percepciones de trabajadores al servicio de los gobiernos locales, estatales y federal” (La Jornada, Fabiola Martínez, 13 de julio de 2001). En ese entonces, el salario mínimo real era de 10.71 pesos, de acuerdo con la estadística de la propia CNSM.
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Celac: bolivarismo, nacionalismo y socialismo

José Steinsleger /II

Antes que partenogénesis de algún gobernante metido a redentor (como diría un patético ropavejero de la historia de México), los fundamentos de la novísima Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) fueron posibles gracias a la amplitud de miras del grupo de estadistas que hoy impulsan hoy la integración y solidaridad de nuestros pueblos, sin el ominoso y frustrante poder disuasivo de las corporaciones imperialistas de Estados Unidos y Canadá.

La hoja de ruta ha sido trazada y, sin dudas, una de las tareas de la Celac consistirá no sólo en la coordinación de esfuerzos para encarar con espíritu soberano la violentísima crisis en curso del capitalismo mundial, sino también en ponderar el alcance y sentido de las palabras del libertador Simón Bolívar tras el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), y su torpedeada continuidad en Tacubaya (1827): “Nosotros no podemos vivir sino de la unión…”

Durante poco menos de 200 años, una copiosa y documentada bibliografía dio cuenta de los hechos y causas que frustraron la unidad política de América Latina. Por ser asunto de fácil consulta, no abundaremos en ellas, y traeremos en cambio la evocación de un ignoto y moderno precursor de la Celac: el argentino Manuel Ugarte (1875-1951), cuyas ideas, durante muchos años, gravitaron entre los revolucionarios de México y América Latina.
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El vértigo de los abismos

Luis Linares Zapata

Desde hace ya algunas semanas, o meses quizá, el señor Calderón desató una campaña para dar respiración artificial a su partido y, de pasada, a su candidato. A imagen y semejanza de su antecesor en el puesto, se lanza a los medios para proporcionar bases y empuje, ciertamente requeridos con urgencia, a sus endebles aspirantes presidenciales. Una, dos, tres veces o más apariciones por noticiero al día pueden hasta parecerles pocas a sus asesores de imagen. Aseguran que, cuantos más golpes de rating puedan conseguir, mejor será el posicionamiento ante la cautiva y vasta audiencia. Y ahí lo tenemos en las pantallas con motivo de cualquier boda, bautismo, inauguración, aniversario o sepelio. Máxime cuando este último pueda ser engalanado con crespones y cañonazos en el Campo Marte. La receta parece infalible: una toma nítida, bien encuadrada y unas cuantas frases positivas de adorno les parecen adecuadas para lograr el cometido. Las mediciones de apoyo popular a la gestión presidencial, muchas facilitadas desde arriba, lo registrarán de inmediato, ¡faltaba más!

La mayor contribución a la campaña del propio Calderón provino, hay que recordar, de las ilegales apariciones del señor Fox ante las cámaras de televisión: No hay que cambiar caballo a mitad del río, aseguraba con esa su vacía mirada hacia las cámaras. Fue él quien empujó la trayectoria del alicaído candidato del PAN cuyos esfuerzos no rebasaban, por entonces, 14 por ciento de las preferencias de voto. Es casi imposible oír, desde las bocinas de la opinocracia, una simple crítica a la corrosiva acción para la vida democrática del país que ocasionó aquel fenómeno difusivo. Se olvidan también de la intervención (tardía) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenándole a Fox retirarse de los medios. Después de un silencio, obligado por el perentorio mandato judicial, el Ejecutivo federal (Fox) volvió, con ímpetu renovado, a publicitar los programas sociales de su gobierno –muchos inexistentes–, aunque ya, en esta segunda etapa, sin su voz, rostro y mensaje. Fue, sin miramientos, una devastadora campaña que costó, a los contribuyentes, unos 3.5 mil millones de pesos. Y ahí se tiene el resultado: seis años de continuidad de un modelo fallido, con más desigualdad, más pobreza, menor desarrollo económico, profunda división y una desatada violencia criminal.
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Si tan sólo leyera la Biblia

Carlos Martínez García

Dice que ha leído la Biblia. No toda, pero sí algunas secciones de ella. Enrique Peña Nieto, en su ya famosa declaración en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, declaró a los reporteros que uno de los libros que han marcado su vida es la Biblia. Con grandes dificultades dio otros dos títulos, pero confundió a los autores.

Ya nadie le preguntó acerca de sus pasajes bíblicos favoritos. Pero aquí, por si no los tiene entre sus selectos, le vamos a sugerir algunos. La Biblia contiene infinidad de temáticas. Una de seguro interés para el candidato del PRI en las elecciones presidenciales de 2012, debería de ser la del ejercicio del poder. Pienso que no nada más podría resultarle útil a Peña Nieto, sino que también a los candidatos que además de él van a contender por la Presidencia de la República.

Tras haber experimentado las crueles condiciones de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel y sus líderes son instruidos por Moisés sobre cómo deberán convivir en la tierra prometida, en la que fluye leche y miel. A las autoridades se les demanda que no reproduzcan el régimen social y político del cual fueron liberados: Juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da (Deuteronomio 16:18-20).
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