martes, mayo 25, 2010

Break the Addiction


http://www.youtube.com/watch?v=aquaNj9J0l0

OIL RIG DISASTER - HALIBURTON SABOTAGED THE RIG !

Was the disaster on the BP rig off the coast of mexico actually an act of terrorism?

Listen to this report from TruthFrequencyRadio.com to learn more

Is there a split in the Bilderberg Group members.... Was this the work fo Dick Cheyney, with the help of Xe, previously known as Blackwater, in an attempt to prevent The Dutch Royals from tapping into this huge oil field?

http://www.youtube.com/watch?v=NbyEeMS10cs

BECOME A REALITY..ACCIDENTAL?..OR CONSPIRACY?....

"Knowing" movie and the Oil Rig Explosion in the Gulf of Mexico 2010.

This presentation is about a scene in a TV News report of Hollywood movie "KNOWING" in 2009, a report exactly the same mentioned an Oil Rig Explosion in the Gulf of Mexico become reality in April 20, 2010. many speculation and discussion on what reason behind the incident, people want to knew if is it an accident? - the norms and reaction in the headline news pointing a conclusion - the Timing imply a conspiracy theory and sabotage.


http://www.youtube.com/watch?v=hmgeA3dr2uY

Paulette en el copete de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 25 de mayo (apro).- No hay manera de aminorar el escándalo generado por el caso Paulette y menos el impacto en la imagen del priista Enrique Peña Nieto, el gobernador que le apuesta todo a la mediocracia y a la mediocridad. Ni la renuncia de Alberto Bazbaz, tan esperada y anunciada, después de amortiguar el resultado con un fin de semana futbolero. Mucho menos con el contraataque de Peña Nieto al PRD y al PAN que han pedido la reapertura del caso.

¿Por qué el caso se le está enredando a Peña Nieto en el copete?

1. La percepción de la corrupción generalizada en la procuración de justicia del Estado de México encuentra en el caso Paulette el ejemplo con mayor impacto mediático. Víctimas de su propia estrategia, tanto los padres que saturaron los medios electrónicos con sus llamados a encontrar a su hija, como el procurador Bazbaz que ofreció el 31 de marzo una inédita rueda de prensa en vivo y en directo, adelantando de manera inusitada una investigación no concluyente, quedaron atrapados en sus contradicciones y en el giro de 180 grados –de homicidio a accidente involuntario-- que tuvo como precedente una presión política muy clara.

¿Por qué el secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, se convirtió en el principal gestor de los intereses de la familia Gebara para exculpar al padre? ¿Por qué “metieron mano” múltiples intereses políticos y empresariales para obligar a Bazbaz a hacer el ridículo más grande en la historia de los procuradores estatales?

La respuesta está en la mayoría de las redes sociales y en varias encuestas: por la red de corrupción y de intereses que dominan en una Procuraduría tan desprestigiada como la del Estado de México. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué el procurador Bazbaz concluyó que la muerte de Paulette fue un accidente y no un homicidio?, 50% de los participantes opinó que era para “proteger la red de intereses entre el gobierno y los papás”; 24% opinó que “para proteger a Enrique Peña Nieto”; 24% para “proteger a los padres”, y sólo 1% consideró que “porque dijo la verdad” (ver www.jenarovillamil.wordpress.com).

Otra encuesta, levantada por la empresa Ipsos Public Affaire, preguntó a mil ciudadanos entrevistados a domicilio cómo calificaban el trabajo de Enrique Peña Nieto en relación con el caso. El 43% lo consideró “malo” y 37% como “muy malo”. La reprobación suma 80%. Sólo 13% opinó que trabajó “muy bien”. En el caso del procurador Bazbaz, 36% lo calificó de “malo” y 52% de “muy malo”. Ambos rubros suman 88%.

En esa misma encuesta, levantada entre el 7 y 10 de mayo (antes de que se conociera el polémico resultado final de las investigaciones), 75% de los encuestados opinó que el gobierno mexiquense “no quiere resolverlo”, y 12% consideró que el gobierno de Peña Nieto “no puede resolverlo”.

Es muy claro en estos y otros sondeos que ha realizado el gobierno del Estado de México, que el caso Paulette constituye el expediente más delicado y negativo para la administración peñista.

2. En el caso Paulette están involucrados los personajes más polémicos y cuestionados de la red de intereses políticos que forman parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, el caso es un retrato de la fatuidad e ineficacia con la que se maneja la administración mexiquense, encabezada por el precandidato priista más adelantado y “popular”.

Bazbaz fue designado por Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008, en sustitución de Abel Villicaña Estrada. Bazbaz no tenía experiencia política previa. Sus grandes padrinos eran el exprocurador general Eduardo Medina Mora, quien lo incorporó en 2007 a la PGR, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El despacho de Bazbaz trabajó en el traslado de Raúl Salinas de Gortari de la prisión federal del Altiplano (antes Almoloya) al penal estatal, y estuvo también involucrado en el caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.

Su trabajo para la familia Salinas no fue suficiente para que Bazbaz demostrara eficacia. Por el contrario, su primer desafío fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, en septiembre de 2008. La Procuraduría mexiquense nunca aclaró en éste y en otros casos vinculados al crimen organizado las causas de la matanza.

En los dos años de Bazbaz al frente de la Procuraduría, los índices de delincuencia se dispararon: existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; 90% de los 672 crímenes contra mujeres no han sido esclarecidos; 95% de los homicidios registrados en la entidad siguen sin esclarecerse. En las últimas semanas se han registrado tres casos de linchamiento o de intento de “justicia por propia mano” en igual número de municipios mexiquenses. Y se tienen sólo mil 300 policías judiciales para atender a una población que rebasa los 14 millones de habitantes.

Otros índices delictivos han crecido en la entidad. Tan sólo en 2009 los índices de secuestros crecieron 11%, y el robo a carros ha crecido en 35% entre 2008 y 2010, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Durante el 2009, sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.

3. Peña Nieto se quejó este martes por la utilización política del caso Paulette. Sin mencionarlos explícitamente, condenó al PAN y al PRD de pretender “llevar ganancia política hacia su terreno”, y luego lamentó la actitud de la oposición frente a la tragedia.

Es claro que tanto el PAN como el PRD y no pocos adversarios internos del PRI están pendientes de los resbalones del gobierno de Peña Nieto para registrarlos, magnificarlos o denunciarlos. Pero el principal responsable de este fenómeno es el propio gobernador priista. No existen figuras intermedias en su gobierno. Toda la publicidad y difusión del gobierno está orientada a la exaltación de la figura de Enrique Peña Nieto.

El uso y abuso de los medios y del infoentretenimiento para promocionarlo en todos los espacios mediáticos posibles le está jugando una mala pasada al Golden Boy.

El caso Paulette es un boomerang peligroso. Peña Nieto tuvo la oportunidad de revertir este efecto reabriendo el caso y desmantelando las increíbles conclusiones de su exprocurador. Sin embargo, ha preferido la vía de la victimización y el ataque a sus críticos.

¿Realmente Peña Nieto esperaba aplausos después de manosear la tragedia de una pequeña que resultó doble víctima de su familia y de la Procuraduría que negoció los resultados de su muerte?

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

Peña Nieto rechaza reabrir investigación del caso Paulette


MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aceptó hoy transparentar el expediente del caso Paulette, pero se negó a reabrir la investigación.

Además, defendió los resultados del trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia en ese caso y acusó a los partidos de politizar un asunto meramente judicial.

Horas después de que su tercer procurador en menos de cuatro años de gobierno, Alberto Bazbaz, dimitiera al cargo como resultado de la polémica que generó su dictamen final, en el que determinó que la menor murió “por accidente”, Peña Nieto trató de atajar las críticas en una improvisada conferencia de prensa.

A la defensiva frente a la ola de críticas que se han generado por la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México en este caso, Peña Nieto criticó “la actitud que partidos políticos y algunos de sus representantes han tomado frente a esta tragedia”.

Para el mandatario mexiquense, sus opositores y sus críticos han tratado “llevar ganancia política hacia su terreno”. Y advirtió que le instruyó a la Procuraduría que se divulguen los resultados de la investigación para dar una “información amplia y transparente”.

Sin embargo, no informó quién ocupará el cargo que dejó Bazbaz. Antes de este funcionario, al frente de la Procuraduría mexiquense estuvieron Alfonso Navarrete Prida y Abel Villicaña.

Previamente, a eso de las 14:00 horas, mediante un breve comunicado, Bazbaz afirmó que su renuncia se debió a la falta de confianza y de credibilidad que seha generado en torno a su trabajo al frente de la Procuraduría, pero defendió los resultados de la investigación del caso Paulette.

“Para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve; cuando ésta se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad”, afirmó.

Bazbaz señaló que la Procuraduría mexiquense realizó la investigación del fallecimiento de Paulette con el “apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales”, como la Procuraduría General de la República.

Aseguró que “la opinión criminalística” de la PGR fue “coincidente” con los dictámenes periciales de la Procuraduría mexiquense, en el sentido de que “el fallecimiento de la menor fue un accidente”, destacó el ahora exfuncionario.

Bazbaz defendió su investigación porque, dijo, estuvo apegada a derecho, “sin tentaciones autoritarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos”.

La renuncia de Bazbaz se produce cuatro días de que el mismo funcionario diera a conocer los resultados de las investigaciones, en los que determinó que se trató de un “accidente”.

El pasado 31 de marzo, el mismo procurador aseguró, en rueda de prensa, que no tenía duda de que la muerte de Paulette Gebara Farah era producto de un homicidio. “Su presencia en ese lugar fue provocada por alguien más”. Cinco días después cambió de opinión y liberó a los dos padres y dos nanas arraigadas por la Procuraduría.

Por si fuera poco, mes y medio después, Bazbaz dio por cerrado el caso al determinar que la menor murió por “asfixia mecánica por sofocación”, provocada por un “accidente”, sin violencia y sin responsabilidad.

Hasta ahora, ni Bazbaz ni su exjefe, Enrique Peña Nieto han podido explicar cómo fue posible que el cadáver de la menor estuviera durante 9 días en su recámara y en su cama sin que nadie se diera cuenta de su presencia.

Los dirigentes del PAN y del PRD reclamaron juicio político en contra de Bazbaz, al tiempo que sus líderes nacionales demandaron la reapertura del caso. El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, acusó al gobierno de Peña Nieto de haber protagonizado una “manipulación grosera” en torno al caso.

El lunes 24 de mayo, la madre de la menor Paulette, Lisette Farah, demandó de la procuraduría una investigación fidedigna y tener acceso al expediente y a los peritajes que dieron por resultado la muerte por “accidente” de su hija.

En conferencia de prensa, Lisette Farah afirmó: “Es difícil, por un lado, creer, pero me deja tranquila que mi hija no sufrió tanto (como) si fuera algo hecho por el hombre.”

Por su parte, Erika y Martha Casimiro, las nanas de Paulette, exigieron una disculpa pública del procurador por el daño que les ocasionaron las investigaciones. También expresaron su inconformidad con el resultado de la investigación.

- PAN y PRD exigen juicio político contra Bazbaz
- Renuncia de Bazbaz, para no dañar imagen de Peña Nieto: PAN
- Renuncia Bazbaz a la PGJEM

Diego, el general y Amado Carrillo

Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.


Cevallos, Acosta y Carrillo.

J. Cervantes, J. Carrasco y J.G. Olmos

MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.

A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.

Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.

Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:

Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.

De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.

Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.

Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.

Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.

Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.

Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.

“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.

En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.

Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.

Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.

La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.

Las medallas del general

Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.

También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.

Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.

Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.

Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.

Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.

Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.

Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.

Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.

Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).

No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.

Diego, el abogado de los diablos

Diego Fernández de Cevallos no sólo es uno de los políticos más influyentes del país: tiene una prolongada trayectoria como litigante, aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es abogado del narco, empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia atribuye la autoría de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un golpe directo al poder, al gobierno.

Diego Fernández de Cevallos, exsenador.

Ricardo Ravelo

MÉXICO, D.F., 25 de mayo (Proceso).- Hábil en el manejo del llamado “influyentismo político” y en litigar lucrativos asuntos aun cuando vayan contra los intereses del Estado, Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde el viernes 14, se ha visto implicado en varios escándalos por su participación como abogado de personajes relacionados con el narcotráfico.

Y aunque el presidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que detrás del levantón que sufrió Diego Fernández en su finca La Cabaña, en Querétaro, no está el narcotráfico, lo cierto es que El Jefe Diego ha sido señalado en múltiples ocasiones como “empleado de la mafia” y abogado del narco.

Así lo denunció en 2004 el perredista Martí Batres, cuando fungía como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a propósito de una entrevista que concedió Fernández de Cevallos a Televisa. En ella el panista negó ser el artífice de la difusión de los videos con los que se destapó el caso de corrupción en el que se vieron implicados prominentes políticos perredistas y el empresario Carlos Ahumada.

Dijo Batres: “Estamos oyendo a Diego que no es el jefe de la mafia; es el empleado de la mafia y no me refiero simplemente a sus amistades como las que acaba de mencionar, de Juan Collado, asesor de Mario Villanueva, o de Eduardo Fernández, Raúl Salinas o Mario Ruiz Massieu, para poner algunos ejemplos.

“Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los paquetes electorales de 1988 para facilitar el fraude a (Carlos) Salinas… Me refiero, sobre todo, a que Diego Fernández de Cevallos es, y eso es lo más grave, un personaje incrustado ya en la mafia del narcotráfico. Él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez y tengo… el expediente completito.”

Así surgía uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso abogado y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos. No era todo. El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes.

Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac que, según se supo después, consistió en una inversión del cártel de Juárez para lavar dinero del narcotráfico, lo que implicó tanto a políticos como a empresarios.

El espinoso Banco Anáhuac

De acuerdo con el expediente judicial, en el caso de las inversiones del narcotráfico en el Banco Anáhuac salieron perjudicados –porque presuntamente perdieron parte de su fortuna tras la investigación criminal que descubrió los fondos del cártel de Juárez– familiares del expresidente Miguel de la Madrid, entre ellos su hermana Alicia, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas (Proceso 1116).

El escándalo estalló a finales de 1996 a raíz de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino la empresa Grupo Corporativo Anáhuac a causa de un fraude millonario, con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le imputó a uno de sus socios importantes, José Luis Sánchez Pizzini.

Este embrollo criminal y político también salpicó a Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente Ernesto Zedillo que conocía a Bastida, con quien proyectó la construcción de un hotel en la Zona Rosa de la Ciudad de México, aunque según la versión del propio Rodolfo el negocio no se llevó a cabo porque Bastida Gallardo incumplió el contrato al no aportar ni un centavo para la obra.

Fernández de Cevallos fungía también como asesor legal de buena parte de los integrantes del cártel de Juárez que estaban detrás de la operación de la compra del Banco Anáhuac.

Según sus antecedentes, Bastida Gallardo provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, donde se hizo rico traficando con el coyotaje y el contratismo, amparado por Leonardo Rodríguez Alcaine.

Sin embargo, la sospecha lo envolvió –y ese fue el origen de la investigación de la PGR– cuando invirtió alrededor de 10 millones de dólares en la compra de acciones del Banco Anáhuac. En su red de relaciones empresariales y políticas aparecía Juan Zepeda, entre otros, como coinversionista del banco.

Fernández de Cevallos estaba incluido en las indagatorias. El motivo: presuntamente el cártel de Juárez, a través de Bastida, le había pagado cerca de 4 millones de pesos por sus servicios.

Según la investigación, Bastida Gallardo le entregó dos cheques –con los números 76859 y 76860– por un millón 995 mil pesos y dos millones de pesos, respectivamente.

Diego Fernández no negó que recibió los cheques; lo que sí negó es que el narco se los hubiera pagado. Su argumento: “A mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física”, y dijo desconocer si existía o no un nexo entre su cliente Bastida Gallardo y otra persona física en actividades ilícitas.

Añadió: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no recibo, ni quién expide un cheque ni dónde se deposita”.

Como parte de una posterior averiguación previa –PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004– integrada contra el cártel de Juárez rindió declaración Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo. En ella refiere el caso del Banco Anáhuac y afirma que el abogado del grupo que perdió su fortuna en esa inversión fallida fue Diego Fernández de Cevallos.

Así lo manifiesta en su testimonio rendido el 1 de marzo de 2009 ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO):

Por el mes de enero de 1996 empezó mi papá a gestionar la compra de acciones en la Bolsa de Valores, a través de Juan Alberto Zepeda Méndez (contacto de Jorge Bastida, el cliente de Diego Fernández), compra que no se llevó a cabo, ya que éste le ofreció un mejor negocio o inversión en la compra de acciones del Banco Anáhuac, no recuerdo si se iba a ampliar el capital del banco o uno de los socios vendía su parte, siendo este negocio por la cantidad de treinta millones de dólares, el treinta por ciento del valor del banco, incluyendo cuatro vehículos, dos de la marca BMW, uno de ellos blindado, un Porsche gris a nombre de Luis Sánchez Pizzini, y otro más, Mercedes Benz. El negocio terminó de concretarse entre febrero y julio de 1996 dándole mi papá el dinero a Juan Alberto Zepeda Méndez.

Tras la muerte de Amado Carrillo su hijo Vicente declaró que quiso recuperar el dinero de la inversión en Banco Anáhuac para Zepeda Méndez y Juan Hurtado Horcasitas, el sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, quienes le dijeron que el banco tenía problemas por malos manejos desde antes de que nosotros (se refiere al cártel de Juárez) empezáramos la negociación para comprar las acciones.

El hijo de Amado Carrillo también dijo haberse enterado de que el banco que intentó comprar su padre mediante diversos socios había sido intervenido por la CNBV, entonces encabezada por Eduardo Fernández. Le dijeron que este funcionario se había tomado atribuciones que no le correspondían con el fin de afectar al Banco Anáhuac.

Y añadió: Ante este problema se inició una auditoría por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fungiendo como representante legal o abogado el señor Diego Fernández de Cevallos, de la cual supe por otras personas, de las que no recuerdo el nombre, que todo salió favorable al banco…

Causas difíciles

Panistas prominentes y socios en distintos litigios, Diego Fernández de Cevallos y el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparecieron en julio de 1997 como representantes legales de dos empresas –el hospital Santa Mónica y la funeraria García López– donde murió y fue velado, respectivamente, Antonio Flores Montes, nombre falso que se utilizó para ocultar la verdadera identidad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

En ese tiempo, Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, era el jefe del cártel de Juárez y meses antes, después de un supuesto intento fallido por negociar con la Secretaría de la Defensa Nacional el cese de su persecución, se había instalado en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile, para operar sus negocios.

Presuntamente tomó parte en la defensa de importantes figuras del fraude, como Carlos Cabal Peniche; Ángel Rodríguez El Divino; Rogelio Montemayor; Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza Webb y Gerardo de Prevoisin. Y controla también los más influyentes despachos de México.

Según el libro Cien nombres de la transición mexicana, de Alejandro Envila, Diego Fernández y Fernando Gómez Mont fusionaron sus despachos en 1994, a raíz de lo cual crearon Cevallos y Gómez Mont, SA. El autor afirma que en ese tiempo Gómez Mont asesoraba a la PGR cuando el titular de la dependencia era Antonio Lozano Gracia, otro miembro de este grupo.

El secuestro o desaparición de Fernández de Cevallos –el viernes 21 se cumplió una semana– ocurrió en el momento en que el político ejercía mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde 1994 ha impuesto a los titulares de la PGR. Y en noviembre de 2008 fue una pieza clave para la designación de su socio, Fernando Gómez Mont, como secretario de Gobernación (Proceso 1718).

El actual procurador general de la República, Daniel Chávez Chávez, se formó a la sombra de Fernández de Cevallos: fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN de 2000 a 2001.

Por ejemplo, en 2007 Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.

Sin embargo, su desaparición ocurrió en un contexto turbulento: el miércoles 12 –dos días antes– fue detenida y posteriormente liberada Griselda López, excónyuge de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no es descabellado pensar que el crimen organizado haya secuestrado a Diego Fernández: “Los cárteles como el de Sinaloa, que se ha visto tan criticado por la protección que recibe, tienen que recurrir al secuestro para forzar negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos con los hombres del poder”.

–¿Esto quiere decir que Diego Fernández pudiera ser rehén del narcotráfico para exigirle al presidente que cumpla posibles acuerdos con el cártel de Sinaloa o algún otro?

–Esto es probable. El secuestro o desaparición de Diego es un fuerte mensaje para Calderón. Le pegaron en el centro al poder y a su gobierno. Ahora Calderón tendrá que cumplir lo que no ha cumplido, pagar lo que no ha pagado. Ahora le tocó a Diego; mañana puede ser un empresario prominente o incluso un personaje del gabinete… l

Manos vacías, corazón contento

Felipe Calderón en la cena del 19 de mayo en Washington.

MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Felipe Calderón regresó de su primera visita de Estado a Washington con las manos vacías pero el corazón contento debido a los múltiples halagos y atenciones que le prodigó su homólogo estadunidense. En sus propias palabras, Calderón no fue a defender los intereses de México o de los mexicanos, sino a “sellar un pacto de amistad” con Obama.

Por ello, el momento cúspide del encuentro no fue el vacuo, breve y mal pronunciado discurso que Calderón ofreció ante el Congreso de Estados Unidos el jueves 20, sino la fastuosa cena de la noche anterior. Calderón se emocionó tanto con la fiesta organizada por su “nuevo amigo” que llegó al extremo de compararse con el carismático e inteligente presidente del vecino del norte: “¿Qué es lo que tenemos en común el presidente y yo? Somos de la misma generación, casi de la misma edad: 47 y 48 años. Los dos somos abogados. Fuimos a la misma Universidad (Harvard). Estamos casados con esposas hermosas, maravillosas y carismáticas. Las dos son abogadas. Los dos somos zurdos (...) y los dos somos presidentes de países maravillosos”.

Es de subrayarse la obsesión por personalizar al extremo un evento que supuestamente habría de ser un encuentro entre dos Estados representados por sus líderes respectivos, no una velada amistosa entre dos almas gemelas. Es también lamentable el evidente malinchismo que se detecta en las posturas y declaraciones de Calderón. Su formulación de “el presidente y yo” sugiere de manera implícita que el estadunidense es mucho más “presidente” que él. Su afán por equipararse con Obama también revela una profunda inseguridad personal. Por ejemplo, en lugar de enorgullecerse de su verdadera alma máter, la mexicana Escuela Libre de Derecho, decidió enfatizar su breve y mediocre paso por la Universidad de Harvard.

No fue gratuito que los discursos de ambos mandatarios se llenaron con numerosas referencias a la obra de Octavio Paz, uno de los principales teóricos del malinchismo mexicano. A lo largo de su visita al núcleo político de Estados Unidos, y en particular durante la conferencia de prensa ofrecida de manera conjunta con Obama, el semblante de Calderón siempre reflejó la típica inseguridad de quien se encuentra “apantallado” por el poder y el dinero estadunidenses. Durante el festejo del miércoles que estuvo amenizado por Beyoncé, Calderón no se atrevió a bailar una sola pieza con su “hermosa y maravillosa” esposa.

El perfil de los invitados mexicanos a la cena también fue muy revelador. Allí se dieron cita Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre. Sería difícil encontrar cuatro personas más emblemáticas de la clase mediática-empresarial que hoy tiene dominado al pueblo mexicano.

Calderón no se molestó en reunirse con las organizaciones de mexicanos y migrantes que habitan en aquel país y que con gran dignidad luchan y trabajan diariamente para sobrevivir y exigir el respeto de sus derechos. En lugar de expresar su solidaridad con los dirigentes latinos, decidió asistir a la Cámara de Comercio de aquel país para presumir sus reformas a Pemex y ofrecer el país al mejor postor.

Calderón tampoco perdió la oportunidad para admirar y enaltecer las fuerzas militares del imperio. La ceremonia nocturna del miércoles inició con una procesión militar y las simbólicas 21 salvas de honor. Anteriormente, el presidente mexicano había dejado una ofrenda en el Cementerio Nacional de Arlington, donde están enterrados los marines que invadieron el puerto de Veracruz en 1914. Ningún otro presidente desde la Revolución, ni siquiera Carlos Salinas, Vicente Fox o el mismo Díaz Ordaz, se había atrevido a cometer un acto de este tipo, que pone en cuestión tan claramente la historia y el orgullo nacionales.

En declaraciones al Washington Post el miércoles 19 el embajador en Washington, Arturo Sarukhán, manifestó que México busca tener el mismo tipo de relación militar con Estados Unidos que la que aquel país sostiene con Alemania y Francia. En otras palabras, se busca una relación de colaboración total e incluso de sometimiento a Washington en momentos claves de enfrentamiento contra “enemigos comunes”.

El encuentro entre los dos mandatarios concluyó sin novedad alguna. No se anunció ninguna iniciativa o proyecto transformador. Del lado estadunidense, Obama se declaró incapaz de lograr una reforma migratoria integral y se negó a impulsar una prohibición a la venta de armas de asalto. Ni siquiera se comprometió a impugnar formalmente la nueva ley discriminatoria y racista de Arizona. Ante un Calderón humilde y servil, Obama anunció que únicamente “está estudiando” esta última posibilidad.

Por su parte, Calderón aprovechó la ocasión para reafirmar su estéril e inútil “guerra sin cuartel” contra el narcotráfico. También realizó llamados tibios en contra de la ley Arizona y a favor de un mayor control de la venta de armas. Estas últimas fueron declaraciones obligadas pero débiles y pronunciadas sin contundencia o impacto político alguno. Los estadunidenses simplemente no les dieron importancia.

México merece mucho más que los vacuos mea culpa de Obama y la tibia egolatría de Calderón. Cada día queda más claro que ambos gobiernos trabajan en función de intereses palaciegos que de ninguna manera tienen relación con el bienestar del ciudadano común. Es hora de que los pueblos mexicano y estadunidense unan esfuerzos para llenar los enormes vacíos que existen en la relación bilateral. En lugar de esperar que nuestros líderes abran espacios a la ciudadanía, habría que transformar desde abajo hacia arriba la relación entre ambos países. l

www.johnackerman.blogspot.com

PAN: Desánimo y agandalle

La asamblea del 22 de mayo.

MÉXICO, DF, 24 de mayo (apro).- La exdiputada federal María Eugenia Campos, improvisada como animadora, ponía empeño en sus arengas para hacer cálido el ambiente en la Asamblea Nacional del PAN, el sábado 22, pero terminó frustrada.

--¿Qué elecciones vamos a ganar este año? --interrogó desde el atril.

--¡Nuevo León! --le respondió una voz salida de una masa de más de 10 mil panistas.

--¡No! Nuevo León es en 2012. ¿Vamos a ganar Tlaxcala?

La réplica fue el silencio.

--¿Puebla?

Silencio.

--¿Veracruz?

Nadie respondió.

“¡Animo, panistas!”, alentaba la chihuahuense, quien preguntó enseguida si el PAN ganaría las elecciones en Oaxaca y tampoco encontró eco. “¡A ver, panistas, vamos a hacer una ola!”, pidió en un nuevo ensayo para vencer el hastío, pero, salvo un puñado de delegados ubicados en las primeras filas, nadie estaba para festejos.

La muchedumbre, amodorrada, se distraía con las cinco pantallas gigantes instaladas en el centro de convenciones Bancomer, en Santa Fe, en las que, a las 12:40 del día --con casi dos horas de retraso-- llegó Felipe Calderón, en medio de una nube de miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), que desde la víspera tomaron el control de toda la zona.

Calderón hizo dividir en dos el auditorio para, entre vallas metálicas custodiadas por decenas de elementos del EMP, saludar a los panistas durante los 25 minutos que tardó en llegar al podio, en medio de los acordes de una orquesta que tampoco logró entusiasmar a los delegados.

Desmoralizada por las sucesivas derrotas en tres años de gobierno de Calderón, cuya más reciente en Yucatán no augura éxito en las 14 elecciones de julio, y conmocionada por la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, en un contexto de incesante violencia en todo México, la militancia poco ánimo tenía inclusive para la misión que los había convocado: La integración del Consejo Nacional, máximo órgano de dirección del PAN.

Y Calderón tan percibió el ambiente desangelado, casi fúnebre, que en su discurso de 41 minutos trató de dar ánimos y lo logró, sólo transitoriamente, cuando pidió un aplauso para Fernández de Cevallos, a quien él calificó de “vendido” ante Carlos Salinas.

Se refirió, también, a la confrontación interna entre facciones, que explicó la ausencia de panistas como Vicente Fox, Ernesto Ruffo, Ricardo García Cervantes y aun de Germán Martínez, y llamó a “darle la espalda a quienes pretenden dividirnos”

El problema es que Calderón es el principal factor de división en el PAN, como lo demuestra un amplio catálogo de imposiciones, incluyendo la mayoría en el Consejo Nacional integrado en junio de 2007, en León, y otra análoga que trató de hacer en el que le sucedió el sábado, en buena medida gracias al uso de la estructura gubernamental.

La cultura de la “línea”, que ya se ha enraizado en el PAN a partir de Calderón, se materializó en la mayoría de los estados de la República para, mediante la presión a los presidentes estatales, arrancar la mayoría de los 135 consejeros de pase directo y sumarlos a los 15 seguros de la lista del CEN para reunir los 150 que integran la mitad del Consejo Nacional.

Los otros 150 que se eligen entre los 251 propuestos por los estados y los 25 del CEN, de cuyo total cada delegado puede votar por 57, son la razón por la que las facciones internas circulan entre los delegados listas justamente de 57 candidatos a consejeros.

Calderón circuló dos con pocas variaciones entre ellas y en función de las grillas que también existen entre sus incondicionales, pero la indicación era que cada una tenía la aprobación “de Los Pinos” o “del presidente (sic)”, y por tanto se les entregaba a los delegados de estados controlados para votar en ese sentido.

Inclusive, al menos a las delegaciones de Aguascalientes y Puebla, les fue escamoteado a sus delegados el derecho al voto con el argumento de que no lograron quórum, y cuando comenzaba el cómputo de votos, se “cayó el sistema”.

Así, además de que cualquier persona podía votar si contaba con sólo un brazalete, como lo demostró el diario Reforma, el cómputo de votos hecho a mano quedó bajo sospecha de manipulación.

Juan José Rodríguez Prats, asambleísta y quien logró ser consejero nacional, se muestra dolido por los saldos de la Asamblea Nacional: “Se impuso la onda grupera y el agandalle”.

Pero, a pesar de los recursos del poder y de esta “línea” oficial, la facción de Calderón retrocedió y, por sí sola, ya no tiene garantizada la imposición de quien, en diciembre, suceda a César Nava --que es otro michoacano, José González Morfín--, ni tampoco podrá poner a su capricho las reglas para la selección del candidato presidencial.

En asambleas estatales el autodenominado calderonismo recibió dos bofetadas de la militancia: Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia, quedó en el penúltimo lugar de la votación en Durango, y Jorge Manzanera Quintana, el principal operador electoral y político de Calderón, quedó en último lugar.

El propio Calderón sabe que su gobierno está agónico y, tras la entrega del cargo que sin legitimidad ostenta, sólo le queda el PAN para atrincherar a la facción que encabeza. Pero tampoco eso es seguro…

Un signo fatídico para el PAN fue una frase de Nava en el discurso que improvisó frente a la militancia y Calderón: “Es el tiempo de arriar las banderas de la fe y la esperanza, la fe en la victoria y la esperanza en lo mejor por venir.”

Ya se sabe: Arriar es sinónimo de bajar, abatir, recoger, descender.

Apuntes

Este martes 25 de mayo se cumplen tres años de la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reclamados como guerrilleros, un crimen de lesa humanidad como la tortura que el PAN atribuye al gobierno priista de Ivonne Ortega contra los panistas Hugo y Michel Caballero Rodríguez, detenidos desde el sábado 8 de mayo y sujetos a arraigo… En el secuestro de Fernández de Cevallos, que claramente no es sólo por dinero, no habrá final feliz…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Envía EU mil 200 soldados a la frontera para evitar narcoviolencia


WASHINGTON, 25 de mayo (apro).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tomó la decisión de enviar a la frontera con México a mil 200 integrantes de la Guardia Nacional, a fin de contener la posibilidad de contagio de la narcoviolencia que azota a la frontera norte mexicana.

De acuerdo con el influyente diario estadunidense The Washington Post, con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, Obama busca conseguir el respaldo del Partido Republicano para poder empujar en el Congreso federal un proyecto de ley de reforma amplia de inmigración.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos adelantó al rotativo que la Casa Blanca solicitará al Capitolio 500 millones de dólares adicionales del presupuesto dedicado a la Seguridad Fronteriza, para darle forma al plan de sellar la frontera que comparte EU con México, a fin de contener el posible contagio de la violencia que genera el trasiego de drogas, así como el flujo de inmigrantes indocumentados mexicanos y los procedentes de otros países latinoamericanos.

Los 500 millones adicionales del presupuesto proveerán “un fortalecimiento inmediato” para garantizar la seguridad fronteriza, que es tradicionalmente el pedido del Partido Republicano, mismo que en el estado de Arizona logró la aprobación y promulgación de una ley discriminatoria hacia los inmigrantes indocumentados que vivan en esa entidad colindante con el territorio mexicano.

The Washington Post reportó que los mil 200 integrantes de la Guardia Nacional que vigilarían la zona limítrofe se unirán a los 340 efectivos que ya se encuentran custodiando la región sur de la frontera de Estados Unidos.

La misión de los militares de la Guardia Nacional es apoyar las acciones de las agencias federales que se encargan de monitorear los cruces fronterizos para contener la posible entrada de narcotraficantes, drogas e inmigrantes indocumentados.

La decisión de Obama se da a menos de una semana de la visita de Estado que le hizo el presidente Felipe Calderón, quien en su discurso, primero ante la Casa Blanca y posteriormente ante una sesión conjunta del Congreso federal, pidió “no criminalizar” a la inmigración indocumentada, tomando en cuenta que los pueblos de México y Estados Unidos, además de vecinos, son aliados y socios comerciales.

Delante del presidente Calderón, Obama dijo que aunque está de acuerdo y respalda una reforma migratoria amplia para resolver el estatus de residencia en Estados Unidos de 12 millones de inmigrantes indocumentados, no cuenta con los votos que se requieren, sobre todo en el Senado, para sacar adelante una legislación que reforme las leyes migratorias.

En el Capitolio, algunos legisladores republicanos que este martes se reunieron con Obama en el seno del poder legislativo se declararon insatisfechos y sorprendidos con la determinación del mandatario de desplegar a la Guardia Nacional.

Desde hace varias semanas, los gobernadores de los estados que colindan con el territorio de México –California, Arizona, Nuevo México y Texas– le exigieron a Obama desplegar a la Guardia Nacional a lo largo de la zona limítrofe, sobre todo para evitar cualquier posibilidad de que la narcoviolencia que atañe a México cruce a la frontera norte.

Y hace un par de semanas los senadores republicanos del estado de Arizona, John McCain y Jon Kyl, develaron un plan de proyecto de reforma migratoria, en el que, entre otras medidas radicales contra los inmigrantes indocumentados, exigen el despliegue de por lo menos 6 mil soldados de la Guardia Nacional a lo largo de toda la frontera que comparte la Unión Americana con México.

En tanto, en México la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confió en que el despliegue de mil 200 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera sur se traduzca en la canalización de más recursos para prevenir el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo por parte del crimen organizado.

Además, destacó que la responsabilidad compartida debe continuar como la base de los esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera.

"El gobierno de México respeta las decisiones soberanas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subraya que la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera", apuntó la SRE en un comunicado difundido después del anuncio de la Casa Blanca.

Las autoridades mexicanas también dijeron confiar en que el personal de la Guardia Nacional, en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias.

"México está decidido a continuar trabajando en su territorio para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas y para enfrentar y desmantelar a las organizaciones delictivas, así como sus vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas", indicó la Cancillería.

"Como parte de nuestra estrategia conjunta en el combate contra la delincuencia organizada transnacional, hay acciones que nuestros dos países desarrollan conjuntamente, pero hay otras que México y EU desarrollan de manera independiente, en el ámbito de sus respectivos territorios".

Quiéreme, por favor

Felipe Calderón y Barack Obama.

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 24 de mayo.- “Love me, please”, cantaba Yvonne Elliman en una canción que se hizo famosa durante la década de los ochenta. “Quiéreme, por favor”, es lo que Felipe Calderón hubiera querido decirle a Barack Obama durante su visita a Washington. El presidente mexicano probablemente se ha dado cuenta de que no puede librar y ganar la guerra contra el narcotráfico solo. Que necesita más apoyo, más ayuda, más dinero, más helicópteros, más cooperación en cuestiones de inteligencia. Y hasta el momento, a pesar de la retórica de la “corresponsabilidad”, el gobierno estadunidense no ha querido reconocer la seriedad de lo que ocurre dentro de la casa del vecino. Estados Unidos ha visto con buenos ojos que Calderón despliegue al Ejército, extradite capos, confisque cocaína y use todo su capital político para dar la batalla contra el narco e intentar ganarla. Pero, hoy por hoy, está muy lejos aún de cumplir con ese cometido. La violencia aumenta, la brutalidad crece, la ineficacia del Estado mexicano se vuelve cada vez más visible, y esto es algo que ambos gobiernos necesitan reconocer.

Hasta el momento, tanto Calderón como Obama han querido mantener la narrativa prevaleciente. La línea oficial –tanto en la Casa Blanca como en Los Pinos– es que la espiral de violencia es una consecuencia necesaria de la confrontación. Es un síntoma de la desesperación de los cárteles y no una muestra de su fortalecimiento. Es una señal de la descomposición de los adversarios del Estado y no evidencia de su envalentonamiento. Es cierto, como argumenta el presidente, que el 90% de las muertes violentas se debe a la confrontación entre criminales. Es cierto que Washington D.C. tiene un índice de homicidios per cápita mayor al de México. Pero las comparaciones son engañosas por la diferencia cualitativa en el tipo de violencia y en la capacidad del gobierno para responder ante ella. Y además la relativización es un pobre consuelo para los civiles que la padecen, la viven, se vuelven sus víctimas.

En México la violencia se ha vuelto más brutal y más corrosiva para la institucionalidad que en otros sitios con números de homicidios comparables. Allí están los decapitados, los entambados, los quemados, los mutilados, los torturados. La violencia va más allá de las balas; entraña un despliegue frontal de brutalidad y un desafío al Estado mismo. La violencia va más allá del número de muertos; entraña también la forma barbárica en la cual perdieron la vida. Y por ello ha despertado entre todos los mexicanos, tanto ricos como pobres, tanto urbanos como rurales, “un brinco psicológico a una situación de miedo generalizado y una percepción de vulnerabilidad aguda”, como lo argumenta Francisco González en el artículo Mexico’s Drug Wars Get Brutal, publicado en la revista Current History. Felipe Calderón arguye que va ganando todas las batallas, excepto la de la percepción ciudadana. Pero en política la percepción es realidad, y para la mayoría de los mexicanos en este momento la guerra está perdida.

Perdida porque la captura de los líderes de diversos cárteles ha sido equivalente a patear el avispero sin contar con el insecticida suficiente para exterminar a los insectos esparcidos. Perdida porque a pesar del arresto de capos prominentes y la consignación de un número creciente de armas, drogas y dinero, el mercado de la droga y quienes viven y se enriquecen de él sigue allí. Perdida porque la raíz del problema es la penetración de las agencias del Estado por parte de aquellos a quienes persigue. Perdida porque quienes se rehúsan a ser cooptados o silenciados terminan asesinados, como acaba de ocurrir con el candidato panista a una alcaldía en Tamaulipas. El mercado del narcotráfico es demasiado poderoso, demasiado lucrativo, demasiado atractivo en un país donde las condiciones sociales son precarias y las oportunidades para avanzar son casi inexistentes.

A pesar de los esfuerzos de Felipe Calderón, los cárteles han logrado intimidar y crecer y extorsionar y sobrevivir. Las ganancias excepcionales del negocio que controlan les provee el dinero suficiente para comprar conciencias en el sistema, ya sea la de un gobernador o un presidente municipal o un policía o un general. El presidente intenta desesperadamente recuperar la autonomía del Estado cuando éste ya ha sido infiltrado. Cuando ya el narco ha penetrado al gobierno a nivel federal, estatal y local. Cuando quienes se oponen a la colaboración acaban asesinados o silenciados. Cuando los niveles más altos de la autoridad están en la nómina del crimen organizado. El presidente declara que va ganando, al mismo tiempo que la prensa publica que Joaquín El Chapo Guzmán logra obtener reportes de inteligencia del gobierno mexicano y también acceso a documentos de la DEA. Hasta ahora, dada la intersección de violencia y corrupción en México, los cárteles llevan la delantera.

Ante este panorama, Calderón ha rechazado la posibilidad de la legalización de las drogas y también se ha opuesto a resucitar la estrategia de “vive y deja vivir”, preferida por el priismo que optó por pactar antes que confrontar a los capos. Parecería entonces que al presidente sólo le queda la opción del escalamiento. La opción de un surge; un incremento masivo de la presencia militar al estilo del que instrumentó Estados Unidos para contener la violencia en Irak. Pero para realizarlo necesitaría convencer al gobierno de Barack Obama sobre la necesidad de un “Plan México”, basado en las mismas premisas que el “Plan Colombia”. Una estrategia que buscara apoyo estadunidense para simultáneamente golpear al narcotráfico y fortalecer al Estado; descabezar a los cárteles y restablecer un sentido mínimo de seguridad en las ciudades. Quizás porque eso es lo que tiene en mente, Calderón ya empieza a comparar a México con Colombia. Sólo así – elevando el tamaño de la amenaza– podría lograr que Obama empezara a asumir la “corresponsabilidad” en serio. Sólo así podría obtener un compromiso como aquel al que aspiraba Yvonne Elliman cuando cantaba “quiéreme por favor, sólo un poco más; juntos podemos lograrlo”.

Columna Asimetrías. La Huelga de Hambre del SME






25 mayo 2010
“Los triunfos morales reivindican conciencias de los oprimidos, no de los opresores”.

Sergio Aguilar Ortiz.

I

El abogado Aguilar Ortiz, autor de un libro intitulado “Exigencias y comparaciones de aptitudes y actitudes de políticos y funcionarios con poder”, sostiene además que el enemigo mayor de la política es la moral y del político la ética.

Así es como se derrota a un mal político, a una mala política o a un mal gobierno, sostenía no ha mucho William Safire, autor del, entre otros libros, del “Diccionario de Política Estadunidense”. Describe la moral política como “arma punzo-cortante”.

Esos aforismos son atañederos al ayuno colectivo o huelga de hambre que miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas --damnificados por el monstruoso fiat de Felipe Calderón de extinguir a Luz y Fuerza del Centro-- realizan en el zócalo de la capital.

Esa extinción, cuestionable constitucionalmente por muchos juristas de nota, tuvo por móviles reales los intereses creados de la corrupción del poder político panista del Estado, para dispensa discrecional del usufructo del negocio de la fibra óptica.

Esa dispensa discrecional era imposible para esos intereses creados de la corrupción del poder político panista del Estado si no se eliminaba a LyFC y al sindicato del ramo, obligados contractualmente a operar el negocio de la fibra óptica instalada por aquella.

En el mes de huelga, varios ayunantes han sufrido crisis de salud severas, con riesgo altísimo de perder la vida. Un ayuno tan prolongado y documentadamente absoluto –excepto agua-- tiene por secuela inmediata una anemia galopante.

II

Éste ayuno –que los participantes llaman huelga de hambre— tiene por móvil aleatorio protestar por la a todas luces ilegal extinción de LyFC y, al mismo tiempo, ejercer presión moral sobre el señor Calderón para revertir su decreto extintorio.

Un tercer móvil sería el de mantener viva la llama –al parecer bien atizada por la solidaridad que el SME inspira en muchos ciudadanos-- de la lucha por la reivindicación de derechos brutalmente conculcados por el Presidente de Facto.

Un móvil adicional, tal vez no discernido previamente, es el de que la huelga de hambre es un acto de tal dramatismo y sacrificio que activa el detonante del proceso de toma de conciencia social acerca de la opresión en la que vivimos casi todos.

Subráyese que la huelga de hambre no ha merecido del señor Calderón reacciones algunas, aunque su secretario del despacho de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, ha descalificado ese acto de sacrificio heroico de los trabajadores ayunantes.

Pero el señor Lozano, ya es sabido, se distingue por su grotesca proclividad venal por la cancerbería y su jefe, el desubicado (ignora cuál es la realidad del país) don Felipe, son impermeables a las tragedias de los mexicanos, sobre todo de los trabajadores.

Éstos, en enorme desigualdad frente al poder político panista y priísta del Estado mexicano, no tienen alternativas para defender sus derechos sistémicamente conculcados por aquél, que la de incurrir en acciones políticas de gran fuerza moral.

III

En ese andamiaje filosófico, ideológico y político-reivindicatorio se inserta la huelga. Los huelguistas saben que su heroísmo no conmoverá al señor Calderón --cuya prioridad imposponible es la de vender en ganga a México-- ni lo hará rectificar.

Pero los huelguistas también saben que su sacrificio no es en vano. Con su acción despojada de egoísmos han llevado más allá el despertar de la conciencia de los mexicanos de que tener dignidad demanda gran sacrificio. De todos los dignos.

Un sacrificio permanente, al cual son ajenos en todo sentido, los señores Calderón y Lozano, sujetos de una cultura de la arrogancia, la prepotencia, la alevosía y el abuso sofista, tramposo, de sus potestades constitucionales y, sobre todo, de la sinrazón.

La sinrazon del poder –en particular el político panista del Estado— tiene dialéctica propia que, en el caso, es evidentísimo: el gobierno actúa por corrupción como agente subrogado y beneficiario colateral interesado y, por ello, agravia a los gobernados.

Éstos, en un contexto político como el mexicano, de simulación jurídica en gradación variopinta de brutal zafiedad, viven oprimidos por mecanismos de control social y de violencia legal del Estado y sin conciencia de su potencial para liberarse.

Eligen y reeligen, incluso, a sus opresores. Esa situación sólo le deja una alternativa a los trabajadores que defienden sus derechos: la huelga, como herramienta de política. Para que sus derechos dejen de ser conculcados y se les reconozcan.

El heroísmo de los electricistas nos habla de un legado: el poder político real es moral, pero debe cincelarse organizada, colectivamente, para ejercerse en acciones conjuntas y concertadas. Eso es lo que nos enseña ésta huelga.

ffponte@gmail.com

Detrás de la Noticia. Aguas con esos franceses





25 mayo 2010
Para nadie es un secreto que el Gobierno del DF se juega el pellejo con dos obras gigantescas: la llamada Supervía Poniente y el Tranvía del Centro Histórico. Ambas polémicas por sus enormes costos financieros y sociales. Pero defendidas vehementemente como indispensables.

Más allá de cómo concluyen llama la atención que en el controversial proyecto del tranvía esté inscrita en la licitación una empresa muy peculiar, la francesa Alstom. Una de las más poderosas transnacionales del mundo en materia de transporte y generación de energía. Sobre la que oí hablar por vez primera durante una larga estancia en París en el año 98, cuando, a propósito del Mundial, realicé una serie de reportajes sobre la cultura, los medios y la economía franceses. Por esos días seguía vivo el escándalo por corrupción por el que fue sentenciado a tres años de cárcel Pierre Suard, presidente de Alcatel Alstom. Si uno le pica tantito a internet, de entonces a la fecha no hay año en que no se detecte un escándalo de esta megaempresa: en el 2000, en Corea del Sur, cuando sus ejecutivos sobornaron a autoridades coreanas para obtener el contrato de construcción del tren de alta velocidad entre Seúl y Pusan; en el 2002, aquí mero en México en el escándalo por peculado y lavado de dinero que involucró al director de Luz y Fuerza Alfonso Caso Aguilar y al entonces director de Alstom México, el francés Bernard Prieur Lefafrais, quien estuvo retenido por la PGR; del 2003 al 2009 Alstom ha seguido eslabonando al menos una veintena de nuevos escándalos financieros como fraudes fiscales en Estados Unidos, sobornos en Grecia, alteración ilegal de precios en India, corrupción en el contrato del tren bala Buenos Aires-Rosario-Córdoba en Argentina y una larga lista de trastupijes más en países tan diversos como Suiza, Singapur, Brasil y Alemania; tan sólo en este 2010 añádase que tres ejecutivos de Alstom fueron detenidos en Inglaterra por corrupción, que en España hay un pleito por la falta de transparencia de Alstom en el ferrocarril de Jaén y que en Italia cuatro de sus directivos se declararon culpables de soborno apenas en marzo de este 2010. Pero de toda esta relación de ilícitos vale recordar que ya en julio de 2007 la Secretaría de la Función Pública de este país decidió inhabilitar por dos años a Alstom en cualquier proceso de licitaciones públicas por sus probadas prácticas de sobornos.

La pregunta obligada es si los directamente responsables de las obras en el DF conocen o no la increíble y gananciosa historia de Alstom y su currícula desalmada.

EDITORIAL. Y sin embargo ya es tarde.

Año 8, número 3360
Martes 25, mayo del año 2010

Si bien es cierto que mientras no se acabe con la corrupción en la procuración y la administración de la Justicia, será inútil cualquier reforma penal. Como acertadamente ayer dijo Felipe Calderón. Es igualmente cierto que lamentablemente ya es tarde.

Entendiendo que la corrupción no se acaba con mejores sueldos y salarios, sino democratizando al Poder Judicial. De tal suerte que tanto el procurador como los jueces y magistrados sean electos por el Pueblo.

Lo hemos dicho hasta el cansancio desde hace años, pues el compromiso de los que procuran y administran la Justicia debe ser con el Pueblo, no con quien los designa. Ya que es de ahí es de dónde viene la corrupción. Como cascada. De arriba abajo.

Si el tristemente célebre Bazbaz no hubiera sido designado por Peña Nieto, sino electo por el Pueblo, seguro que no se hubiera prestado a tan deplorable y vergonzoso encubrimiento.

Pero lamentablemente ya es tarde. Aunque los integrantes de la procuración y la administración de la Justicia sean electos por el Pueblo, la corrupción seguirá. Ya hay un Poder arriba de todo.

Plata o plomo.

Pareciera inminente en pactar con ellos. No verlo así es no ver por México.

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http://www.diariolibertad.org.mx/diario/index.php
Diario Libertad
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Tel. 01 22 88 17 24 80

Lanza la UNAM estación de radio en Chicago



MÉXICO, D.F., 24 de mayo (apro).- Con el fin de “abrir un canal” de orientación, entretenimiento y desarrollo cultural para la comunidad latina en Chicago, Illinois, la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzó hoy en esa ciudad estadunidense la primera estación radiofónica pública no comercial en español.

El proyecto, denominado Radio Cosmos WDCB, en el 90.9 de Frecuencia Modulada HD2, es encabezado por el campus Chicago de la UNAM, en coordinación con la Universidad DuPage de Chicago, la Fundación Jesús Guadalupe y el Consulado de México en esa ciudad.

El director de UNAM-Chicago, Javier Laguna, informó que Radio Cosmos transmitirá programas “con una amplia variedad” de temas, tanto culturales como de noticias, elaborados en ese campus universitario, así como en Radio UNAM de México.

Agregó que 60% de la cartelera que ofrecerá Radio Cosmos estará conformado por programas de debate, información, entrevistas y diálogos; y 30%, de música culta latinoamericana no comercial, así como de la promoción de las actividades de UNAM-Chicago, indicó.

“Atrás de la radio está también la función de educar e informar y a eso le apuesta la UNAM. Tal vez al principio los radioescuchas en su mayoría le cambien, a los tres segundos, a la estación, pero regresarán y se quedarán más tiempo; eso es poco a poco”, admitió.

La Universidad DuPage es dueña de la señal, a través de la cual se transmitirá el contenido de Radio Cosmos, explicó Fernando Chamizo, director de Radio UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene sedes en Los Ángeles, California San Antonio, Texas; y Chicago, Illinois, así como en Gatineau, Canadá. José Luis Palacios, director del centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, confió en que Radio Cosmos sea, en el futuro cercano, un modelo por imitar en todas las sedes de la máxima casa de estudios en el extranjero.