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jueves, junio 09, 2011
Las canonjías en el Tribunal Superior del DF
Los 350 jueces y magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal costarán al erario más de 27 millones de pesos tan sólo este año. El abultado presupuesto que anualmente recibe el órgano –por encima del de varias secretarías y de las delegaciones políticas– lo mismo paga los altos sueldos y jugosos aguinaldos de los juzgadores que atención médica privada y fiestas de más de medio millón de pesos.
Como una réplica de lo que ocurre a nivel federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) concede altos sueldos y privilegios a magistrados y jueces, que tan sólo este año costarán al erario 27 millones 674 mil pesos.
Cada uno de los magistrados locales implicará el desembolso de 1 millón 278 mil 216 pesos y en cada juez se gastarán entre 787 mil 44 y 876 mil 828 pesos, aun más de lo que se destina al salario del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, quien recibe al año 30 por ciento menos que un magistrado.
Mas esos montos cubrirán únicamente sus sueldos netos, ya que las cifras referidas por el Tribunal no contemplan las prestaciones de las que gozan los impartidores de justicia locales.
Entre éstas se cuentan un aguinaldo de 40 días sobre el salario total (casi el triple de lo que mandata la ley), el pago de una prima quinquenal y una prima vacacional (por dos periodos vacacionales al año), así como la protección de cuatro seguros: de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizado y colectivo de retiro.
Por si la llegaran a necesitar, los juzgadores cuentan también con la protección social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y pueden obtener un crédito para una vivienda a través del fondo de dicha institución (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
Y aunque los 78 magistrados cotizan en el Sistema de Ahorro para el Retiro, cuentan con un fondo de retiro especial, al que en los últimos tres años el TSJDF ha transferido 80 millones de pesos a través de un fideicomiso.
El órgano de impartición de justicia local también se hace cargo de pagar choferes para los magistrados, y para el año pasado, dispuso de una bolsa de 1 millón 158 mil 855 pesos para vales de gasolina. Todo ello con cargo al erario.
Tribunal oneroso
El pasado 24 de mayo, el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, informó que este año sólo se pondrán en marcha dos juzgados de ejecución de sentencia de los 25 que se requieren. De acuerdo con la nota publicada por la agencia de noticias Notimex, el argumento esgrimido por el magistrado presidente fue la falta de recursos.
Sin embargo, el Tribunal es el órgano autónomo del Distrito Federal que mayor presupuesto recibe. Tan sólo este año se le entregaron 3 mil 723 millones 191 mil pesos.
Dicho monto está por encima de lo otorgado a la Asamblea Legislativa (1 mil 171 millones de pesos), a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (855 millones 29 mil pesos) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (281 millones 364 mil pesos).
Los recursos de los que el TSJDF dispone también son superiores a los presupuestos de cada una de las 16 delegaciones capitalinas. Iztapalapa, aun con el mayor presupuesto de todas, recibió 550 millones de pesos menos de lo destinado al Tribunal.
El monto que recibió ese solo órgano también supera lo otorgado por la administración local a las secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y Turismo juntas.
De acuerdo con la información sobre la programación presupuestal del TSJDF, el 85 por ciento del monto se irá a gasto corriente, lo que incluye los sueldos y prestaciones de los juzgadores.
El tabulador sobre percepciones del Tribunal indica que el sueldo neto de cada uno de los 78 magistrados asciende a 106 mil 518 pesos, mientras que los 204 jueces de primera instancia ganan 73 mil 69 pesos y los 68 jueces de paz alcanzan 65 mil 587 pesos cada mes.
Con ello, los juzgadores se ubican entre los servidores públicos que gozan de mayores sueldos en la administración pública local.
El millonario presupuesto que se le otorga al TSJDF también ha pagado viáticos y viajes de los magistrados y jueces. En 2006, una auditoría de la Contraloría del Tribunal reveló la falta de normatividad interna para la asignación y comprobación de los viáticos nacionales e internacionales.
Aunque la auditoría, con folio CTSJDF-008/20059, se dio por solventada, la información disponible al respecto da cuenta de que el 87 por ciento del monto total por concepto de boletos de avión, gastos de alimentación y viáticos se erogó entre 2000 y 2006.
Se trata de 15 millones 914 mil pesos en boletos de avión, 10 millones 315 mil pesos en alimentos y 2 millones 730 mil en viáticos.
A pesar de que los magistrados y jueces gozan de elevados sueldos, los ampara un seguro de gastos médicos mayores y están afiliados al sistema público de salud. Así, utilizan recursos públicos para pagar servicios médicos privados.
En los últimos dos meses de 2008, la empresa The American British Cowdray Medical Center, IAP, fue contratada para ofrecer “servicios de evaluación de salud”. La institución privada, que en México opera el Centro Médico ABC, cobró 8 mil 610 pesos por cada varón y 9 mil 215 por cada mujer auscultados.
Para realizar exámenes médicos básicos, se contrató a la Sociedad de Beneficencia Española, IAP, por 190 mil 791 pesos. Adicionalmente, se establecieron dos contratos con el Corporativo de Asistencia Médica Mexicana, SA de CV, por concepto de “examen diagnóstico individual ejecutivo”, cuyo costo fue de 7 mil 400 pesos por cada juez y magistrado atendido.
Esa empresa fue contratada también en 2009 y 2010 para realizar exámenes médicos básicos a jueces y magistrados, aunque el contrato TSJDF/DERH/25/10 amparó también la revisión médica de magistrados en retiro, funcionarios con nivel de oficial mayor, director general y director ejecutivo del TSJDF.
El contrato, hecho en 2010, establecía precios variables que iban de los 8 mil 414 a los 15 mil 243 pesos, “de acuerdo con el rango de edad y sexo”.
De los dos contratos signados en 2009, el TSJDF/DERH/012/09 estableció un costo por juzgador de 8 mil 395 y el TSJDF/DERH/014/09 estipuló pagos de 8 mil 625 pesos por persona. Ambos contratos fueron hechos en diciembre de ese año.
Vivir del erario… toda la vida
Además de los privilegios que los impartidores de justicia locales tienen durante su encargo, éstos pueden continuar por el resto de sus vidas, ya que la Ley Orgánica del TSJDF prevé pensiones vitalicias para magistrados y jueces ratificados.
En el caso de los magistrados, el artículo 26 de la Ley indica que, durante los dos primeros años de jubilación, la pensión corresponderá al 70 por ciento de sus percepciones mensuales, proporción que se reducirá a 50 por ciento al tercer año y se mantendrá así hasta el final de sus vidas.
Aunque esta canonjía es sólo para quienes hayan ocupado el puesto de magistrados por 15 años o más o para quienes tengan al menos 30 años de trabajo en el Tribunal, la ley no desampara a los magistrados que no consiguen ser ratificados.
Para ellos existe una pensión por dos años, equivalente al 70 por ciento de su sueldo el primer año, y al 50 por ciento durante el segundo.
La norma estipula que se toma como base el ingreso que recibió el juzgador durante su encargo; sin embargo, también contempla que éste se incrementará en la misma proporción en que lo hacen las percepciones de los magistrados en activo.
Los jueces también tienen derecho a una pensión para toda su vida, siempre que hayan sido ratificados, se hayan desempeñado en el cargo cuando menos 15 años y tengan como mínimo dos décadas de trabajo en el TSJDF.
Además de las pensiones, la Ley Orgánica prevé la existencia de un fondo para el retiro de los magistrados, establecido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y administrado a través de un fideicomiso.
El llamado Fondo de Retiro para Magistrados deberá integrarse por las aportaciones que hagan los magistrados del 8 por ciento de su percepción mensual neta durante los primeros seis años de su encargo y del 4 por ciento en los años siguientes y hasta su retiro, conforme a lo que señala la Ley.
Sin embargo, también ha recibido recursos del fideicomiso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, creado desde 1996 para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la entrega de estímulos económicos y la constitución y apoyo de fondos de retiro para el personal del Poder Judicial local.
De acuerdo con los informes de actividades del fideicomiso, entre 2008 y 2010 transfirió 80 millones de pesos al fondo de los magistrados. La ley que regula dicho fideicomiso justifica la entrega de esos recursos dado que uno de sus objetivos es “constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para el personal del Tribunal”.
Bajo esa misma razón, el fideicomiso también ha entregado parte de su capital a un fondo de retiro para personal del Tribunal.
Fiestas con cargo al erario
La información disponible sobre las contrataciones hechas en el TSJDF da cuenta de que el dinero público no se emplea sólo para sueldos y prestaciones de los impartidores de justicia, sino también para que éstos se diviertan.
De acuerdo con el pedido 574088/2008, un hotel de la cadena Hoteles Sheraton, S de RL de CV, fue la sede de los convites de fin de año de jueces y magistrados en 2008 y 2009.
En 2008, también fueron invitados los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal. Aunque no se precisa el costo exacto del evento, éste se cotizó entre 945 mil 418 pesos y 1 millón 28 mil 873 pesos.
Además, ese año se contrató a la empresa Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV, para la presentación de un espectáculo musical en la Plaza de Toros, cuyo costo fue de 759 mil pesos.
En 2009, sólo se pagó una cena baile para los magistrados. El festejo se cotizó entre 650 mil y 750 mil pesos, como consigna la relación de contratos de ese año.
Para que los magistrados, jueces y servidores públicos de mandos medios y superiores celebrasen el fin de 2010, se contrató a Operadora Hotel Centro Histórico, S de RL de CV, por un evento que duró dos días y costó 630 mil pesos.
Para conocer la postura del TSJDF sobre este tipo de gastos y sobre los elevados sueldos de los jueces y magistrados, Contralínea solicitó entrevista con el magistrado presidente, Edgar Elías Azar. Al cierre de edición, el área de Comunicación Social del Tribunal no había dado una respuesta.
Fideicomiso, caja chica del Consejo de la Judicatura del DF
Al igual que el Consejo de la Judicatura Federal, a nivel local el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal administra un fideicomiso llamado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJDF).
Su símil a nivel federal fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por ejercer recursos exentos de fiscalización, lo que calificó como un “régimen de excepción” en la administración pública federal (Contralínea 229).
El FAAJDF funciona de forma semejante, pues sus recursos tampoco se consideran parte del presupuesto del Poder Judicial local, con lo que no están sujetos a supervisión alguna.
De acuerdo con la Ley del FAAJDF, dicho fideicomiso fue constituido en 1996 para operar recursos provenientes de los rendimientos de los depósitos exhibidos en salas, juzgados o cualquier órgano del TSJDF, así como de la mitad de las cauciones por libertad provisional, los sustitutivos de penas y de libertad condicional, y las multas y sanciones económicas.
También participan de sus recursos los montos por concepto de “reparación del daño” no reclamados o a los que la parte ofendida renuncia, al igual que donaciones o aportaciones.
La norma mandata que dichos recursos deberán destinarse a la adquisición, remodelación o renta de inmuebles, equipo y mobiliario para salas, juzgados y oficinas del TSJDF; sin embargo, en los tres últimos ejercicios fiscales no se realizó erogación alguna por esos conceptos.
Por el contrario, rubros como el de “Estímulos económicos al personal del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura”, ambos del Distrito Federal, se vieron favorecidos con 282 millones 706 mil 421 pesos, tan sólo entre 2008 y 2010.
En “Gastos para previsión de contingencias” se ejercieron 1 millón 502 mil 862 pesos, mientras que en honorarios y gastos de la administración del fideicomiso se gastaron 36 millones 344 mil 176 pesos.
Otra erogación significativa ha sido el de “Constitución del Fondo de Retiro para el Personal del Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal”, al que destinaron 36 millones 384 mil 770 pesos, además de 80 millones que se transfirieron al Fondo de Retiro para Magistrados.
Los amos impunes del carbón
En la maraña jurídica y política que envuelve a los empresarios mineros por los accidentes ocurridos durante la administración de Felipe Calderón –incluidos el de Pasta de Conchos y el del Pozo 3 en Sabinas, donde en conjunto murieron alrededor de 80 trabajadores– salen a relucir los nombres de las familias Montemayor y Garza González. Hábiles para tejer alianzas entre sí y con otros empresarios, sus integrantes también son diestros para doblar a las autoridades, que hasta ahora sólo les han aplicado sanciones menores. Ellos todo lo pueden; son los amos de las minas y los pozos de carbón.
MÉXICO, D.F, 8 de junio (Proceso).- Los Montemayor y los González Garza son los principales beneficiarios de las mineras asentadas en la región carbonífera de Coahuila. Ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.
Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.
El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.
Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación del pozo donde murieron los 14 mineros. Por tanto, ella tendrá que enfrentar el litigio, en caso de que prospere la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/dd/2011 abierta por un fiscal federal.
De acuerdo con los peritajes, el accidente se debió a que los trabajadores sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano.
Según el registro de la Dirección General de Minas (DGM), adscrita a la Secretaría de Economía, el Pozo 3 se ubica en un lote de 357 mil 343 hectáreas denominado Santa María I en cuyo interior se encuentran por lo menos una docena de pocitos carboneros.
El expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.
Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite, con la solicitud de folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.
De acuerdo con el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barata: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM). Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.
Los caciques de la minería
El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.
Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.
De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.
Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987, y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.
Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum, S.A. de C.V. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, S.A. de C.V.
En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas. En lo individual, Enrique Edmundo Montemayor Seguy posee dos concesiones mineras para explotar una extensión de 13 mil 726 hectáreas. Una de ellas abarca 2 mil 235 hectáreas; la otra, cuya razón social es Minería y Acarreos, en realidad tiene 10 concesiones para explotar 11 mil 527 hectáreas.
Chuma tiene siete concesiones por una extensión de mil 30 hectáreas. En tanto que Minería Montemayor, S.A. de C.V., cuyos socios son Casimiro Seguy Fernández y Carlos Chavarría Montemayor, tiene títulos que le autorizan explotar mil 440 hectáreas.
Los Montemayor también están asociados en diferentes concesiones con los hermanos Luis y Alfonso González Garza, incluida la del lote Santa María I, donde ocurrió la explosión que causó la muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo.
Conocidos como Los Mupos, los González Garza tienen fundos mineros que rentan en fracciones a operadores de pocitos, el tipo de minería tan rudimentaria como el Pozo 3 de BINSA, que era manipulado por El Chorín, hijo de Alfonso González Garza, y su cónyuge, Hilda Griselda, nieta de Conrado Marines Ortiz, quien fue alcalde de Sabinas y connotado líder campesino del PRI.
Otro de los González Garza, Luis, posee 41 concesiones mineras que le permiten explotar 39 mil 103 hectáreas en la zona carbonífera.
Los Montemayor y Los Mupos son hábiles en la evasión de obligaciones. En los pozos que operan por arrendamiento dentro de sus lotes, por ejemplo, ellos no asumen ninguna responsabilidad; además, suelen cobrar una renta por la extracción del carbón sin cumplir sus obligaciones laborales, de seguridad y ambientales.
También son diestros en escamotear los beneficios sociales a sus trabajadores y en omitir los trámites administrativos ante las instancias federales. Así, por ejemplo, Luis González Garza, S.A. de C.V., empresa que hasta octubre de 2010 no estaba registrada en el IMSS, sí lo está en la Secretaría de Economía, lo cual muestra que opera sin cumplir obligaciones patronales.
La concesión 205068 está a nombre de Alfonso González Garza, pero en realidad la explota Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que, aunque posee derechos sobre la mencionada concesión 218000, no tiene como objeto social la extracción del carbón, sino la compraventa de maquinaria, según su acta constitutiva.
Los otros muertos
La concesión 218000, del Pozo 3 de BINSA, fue otorgada y firmada por Luis Raúl Escudero Chávez, quien en 2002 era titular de la DGM en la Secretaría de Economía. A su vez, su hermano Rubén Escudero Chávez era el gerente de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos cuando ocurrió el siniestro del 19 de febrero de 2006 en el cual murieron 65 trabajadores y 12 resultaron heridos.
Tras el accidente de 2006, la DGM emitió la “suspensión definitiva” SE/5406/2007 –figura jurídica que deja abierta la posibilidad de una reapertura– para la concesión 196623 del lote Rosita y Pasta de Conchos de Industrial Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), subsidiaria de Grupo México.
En el caso del Pozo 3, la dependencia prometió la cancelación de la concesión minera, lo que no ha ocurrido en el caso de Pasta de Conchos, donde la SE emitió sólo una “suspensión definitiva”. Por cierto, dicha “suspensión”, que prohibía cualquier trabajo dentro del fundo minero, no obra en el expediente de la concesión del RPM.
Desde principios de 2009, Rogelio Montemayor Seguy intentó negociar con los deudos de los mineros de Pasta de Conchos el desalojo del predio, donde mantenían un plantón para exigir el rescate de los cuerpos.
Montemayor se ostentaba como accionista de la empresa Transportes Signum, S.A. de C.V., una razón social que, decía, había adquirido la Planta Lavadora de Carbón, ubicada dentro del perímetro de Pasta de Conchos. El obispo Raúl Vera López, quien ha acompañado a las familias de los trabajadores, denunció en marzo de ese año que Montemayor hizo ofertas económicas a los deudos. Como no aceptaron, empezó a intimidarlos.
El 31 de julio de 2009, un grupo de 60 policías estatales, 40 guardias privados y 40 trabajadores irrumpieron en el predio del fundo, rodearon a los deudos de los mineros y los desalojaron. En la refriega resultaron lesionados la viuda Rosa María Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido, así como un menor.
El operativo policiaco se realizó con unas horas de diferencia respecto del desalojo de los huelguistas de Cananea, propiedad de Grupo México, ejecutado por la Policía Federal. En esa ocasión el gobierno federal se desligó del caso y responsabilizó al gobierno de Humberto Moreira.
Entonces se iniciaron las contradicciones. Aunque la “suspensión definitiva” impedía todo tipo de actividades en Pasta de Conchos, el gobierno de Moreira justificó la acción policiaca porque, afirmó, al desalojar a los familiares de los mineros muertos se podía volver a trabajar en el predio.
Tras el accidente en el Pozo 3, los dueños de BINSA intentaron escamotear la raya de los trabajadores muertos a sus familiares, quienes también reclamaban sus cuerpos. Recuerdan que Patricia Garza, esposa de Chuma Montemayor, intentaba callarlos a base de regaños:
“¡Cállate! –le dijo a una de las madres enlutadas–. Los hijos son prestados. Dios los da y Dios los quita.”
La impunidad debe terminar
MÉXICO, D.F., 8 de junio.- Enjuiciar a un presidente no es deseable; pero que un presidente viole la Constitución tampoco es aceptable. Durante el periodo en el que ejercen el cargo, los presidentes sólo pueden ser procesados por traición a la patria y por delitos graves “del orden común”. Sin embargo, la inmunidad no es vitalicia. Este delicado asunto ha venido debatiéndose en las páginas de Proceso, a través de las cuales me pronuncié en el sentido de que el presidente Felipe Calderón sea enjuiciado al término de su mandato por violar el precepto constitucional que regula la forma como el pueblo ejerce su soberanía. No formulé un juicio de valor ni una acusación personal; me basé en una resolución firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde, de manera clara y unánime, se demostró esa violación.
Es sintomático que no se trate de un hecho aislado. El mismo tribunal, en el dictamen de septiembre de 2006 mediante el que declaró presidente electo al ciudadano Felipe Calderón, señaló que el presidente Vicente Fox también alteró el proceso electoral. Como expresidente se ha jactado de esa violación al ordenamiento jurídico, por la que nunca se le llevó a juicio. Estamos ante un fenómeno de impunidad recurrente que debe ser detenido antes de que ocasione más estragos.
A pesar de que la resolución fue emitida y difundida en agosto del año pasado, el presidente la ignoró en el informe que rindió en septiembre al Congreso de la Unión. El presidente debió reconocer su error y ofrecer una disculpa pública. Era lo menos que merecía la sociedad.
Se ha optado por la estrategia de restar importancia al acto jurisdiccional que responsabiliza al presidente de trasgredir la norma suprema. Espero que el Congreso no caiga en ese juego. Se insiste en que para sancionar al presidente es indispensable reformar la Constitución. En efecto, es necesario modificar el sistema de responsabilidades de los presidentes y de sus colaboradores, a quienes se han extendido los beneficios de la inmunidad y de la impunidad. Sin embargo, con los elementos de que se dispone es posible adoptar sanciones para los casos de violaciones a la Constitución, así sea cuando su periodo concluya.
La teoría de la inocuidad constitucional postula que algunas disposiciones carecen de sanción. Cuando además se sostiene que el artículo 41, conforme al cual “el pueblo ejerce su soberanía”, es una expresión declarativa y no una norma vinculante, se priva de sustento a la democracia y se abre la puerta a los excesos del poder. Esa teoría no tiene fundamento lógico ni jurídico.
La Constitución está compuesta por artículos, no por versículos. Los preceptos constitucionales son normas jurídicas de acatamiento inexorable, no normas morales de cumplimiento potestativo. Si se toma en serio el estado de derecho, no es admisible la violación sin consecuencias de la norma suprema. En cuanto a las violaciones demostradas por el Tribunal Electoral, el presidente deberá responder a partir del 1 de diciembre de 2012. Resultaría contradictorio que se exigiera enjuiciar al presidente en funciones y que, al no lograrlo, tampoco se procediera en su contra cuando deje el cargo.
Los precedentes indican que hay un riesgo progresivo de que el presidente vuelva a intervenir en el proceso electoral. Reiterar en 2012 las actuaciones inconstitucionales de 2006 y de 2009 sería un revés para nuestra incipiente democracia. La Cámara de Diputados tiene facultades para evitar que el país desemboque en una vorágine; bastaría con que desde ahora pusiera al Ministerio Público en conocimiento de lo resuelto por el Tribunal Electoral.
Hasta hace unos años las fuerzas de izquierda y el Partido Acción Nacional se caracterizaron por sus exigencias de reformas para garantizar la objetividad electoral. Sería desconcertante que el partido de Manuel Gómez Morín se convirtiera ahora en el defensor de la teoría de la violación sin consecuencias del ordenamiento constitucional, y que solapara desde el poder lo que tantas veces denunció desde la oposición: la vulneración de las reglas electorales.
Los ciudadanos requerimos que cada partido asuma en la Cámara de Diputados la posición con la que se identifique: a favor o en contra de violar la Constitución. El artículo 87 de la carta fundamental faculta a la nación para demandar al presidente por incumplir su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución, y el 51 señala que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación”. A ella le corresponde actuar en nombre de la nación cuando el presidente incumple su juramento.
Lo que se espera de los diputados no es un ataque al presidente. No es una cuestión de hostilidad política, sino un acto de civismo para mostrar a los gobernantes que no pueden seguir violentando la Constitución ni defraudando la democracia. El presidente continúa en la inercia de un poder omnímodo; es necesario que él y sus sucesores sepan que hay una nación cuyos representantes están dispuestos a decir: la impunidad ha terminado.
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