400 jueces y magistrados del DF, en el banquillo de los acusados

Más de 800 miembros del Poder Judicial del Distrito Federal han sido denunciados ante la Procuraduría General de Justicia local en los últimos seis años, básicamente por los delitos de prevaricación y retardo o negación en la impartición de justicia. De ellos, 400 son jueces y 12, magistrados. Únicamente 23 han sido consignados. A nivel interno, de las 140 sanciones aplicadas por la contraloría del Poder Judicial capitalino desde 2005, sólo dos han sido para jueces. Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal y exconsejero de la judicatura local, señala que las exiguas sanciones que se imponen a los juzgadores exhiben los intereses gremiales y la falta de rendición de cuentas que persisten en el Poder Judicial.

Una de las quejas actualmente pendiente de resolución en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) es la que el 16 de mayo pasado presentó Irma Paz Contreras Yáñez, en la que denuncia el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del magistrado José Cruz Estrada.

De acuerdo con la abogada de 27 años, quien se desempeñaba como secretaria proyectista de Cruz Estrada en la Tercera Sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el magistrado le habría hecho insinuaciones sexuales durante una comida de fin de año.

Irma Contreras asegura que el 11 de diciembre de 2009 acudió a un restaurante en la colonia Polanco para celebrar el fin de año con sus compañeros de trabajo y con el magistrado; pero a la cita únicamente se habría presentado Cruz Estrada. De acuerdo con la denunciante, en ese momento el funcionario le dijo que ninguno de sus compañeros llegaría. Durante la comida, el magistrado le hizo insinuaciones de carácter sexual, sugiriéndole que ella conservaría su puesto siempre y cuando accediera a sus proposiciones. También le habría dicho que tenía que celebrarle su ratificación, que estaba por definirse. A decir de la afectada, el magistrado además la habría besado a la fuerza: “No sabía qué hacer, estaba conmocionada”.

Al reincorporarse al trabajo, luego de las vacaciones decembrinas, el magistrado presuntamente volvió a hacerle insinuaciones cuando ella acudía a su oficina a revisar los proyectos de sentencia que elaboraba. Para entonces, Cruz Estrada ya había sido ratificado en su cargo y a razón de ello le habría dicho que seguía esperando que “lo festejara”. Irma Contreras afirma que ante los supuestos comentarios del magistrado prefería mantenerse callada, por temor a perder su empleo.

A finales de febrero de 2010, el juzgador habría pasado del supuesto acoso al “hostigamiento laboral”. Primero, se habría quejado del trabajo de la proyectista –que hasta entonces no había sido objetado, a decir de la denunciante–. Posteriormente, le habría dejado de asignar proyectos e incluso habría pedido que le quitaran su lugar de estacionamiento.

El 10 de junio de 2010, el magistrado aparentemente le pidió su renuncia. “Yo ya no te necesito a ti, ni a tus servicios profesionales, ya ves lo que pasa por no cumplir con lo que quedamos”, asegura la abogada que le dijo éste.

La joven refiere que primero lo cuestionó, pero al ver que su decisión era irrevocable le pidió tiempo para encontrar un nuevo puesto. El magistrado habría accedido, sin que los supuestos hostigamientos cesaran. Para diciembre de 2010, de nueva cuenta Cruz Estrada le habría pedido que firmara su renuncia, pero ella se habría negado. A principios de 2011, la petición del magistrado supuestamente se repitió y ella dijo que no existían motivos para forzarla a dejar su puesto.

De enero a mediados de abril, la supuesta hostilidad laboral persistió: no le eran turnados expedientes. Luego, comenzaron a darle trabajo, pero en una condición de desventaja respecto de sus compañeros. La situación habría llegado a su límite el viernes 13 de mayo pasado, cuando el director jurídico del TSJDF, Ángel Velázquez, le pidió que firmara su renuncia, ya que de otra forma no tendría más posibilidad de trabajar posteriormente en la institución. La reunión se habría dado en la oficina del magistrado y en presencia de éste y de otras dos personas. Irma Contreras asegura que se negó. El lunes siguiente, le fue impedido el paso a su lugar de trabajo. Hasta entonces, la abogada no había hecho público el supuesto acoso sexual del magistrado, pero ese mismo día acudió al CJDF para interponer su queja y solicitar su cambio de adscripción.

La Ley Orgánica del TSJDF estipula en su artículo 211 que toda queja o denuncia que se presente en contra de un servidor público de la administración de justicia deberá sentenciarse “inexcusablemente” en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La queja interpuesta por Irma Contreras lleva más de tres meses sin resolverse. En la misma situación se encuentra el procedimiento administrativo iniciado en su contra, supuestamente por “pérdida de confianza”. La abogada señala que no se ha respetado su garantía de audiencia y que ni siquiera se le ha notificado de forma oficial. Incluso solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como consta en la queja presentada el pasado 23 de junio, cuya copia tiene este semanario.

Contralínea buscó a Cruz Estrada para conocer su versión sobre el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del que se le acusa. El magistrado declinó hacer comentario alguno al respecto. También se buscó al director jurídico del Tribunal, Ángel Velázquez, para conocer las razones por las que se inició un procedimiento administrativo contra Irma Contreras, ya que a decir de ella la pérdida de confianza tiene que acreditarse a través de un procedimiento legal, lo que hasta ahora no se ha hecho. El área de comunicación social del Tribunal no dio ninguna información con respecto del caso de Irma Contreras. Tampoco, una respuesta a la petición de entrevista con el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, quien a su vez está al frente del órgano encargado de la disciplina en el Poder Judicial local.

A más de tres meses de que presentara su queja, Irma Contreras se lamenta de que no existan mecanismos eficaces para atender situaciones similares. Asegura que no se trata de un caso aislado: “Es uno de miles que existen en el Tribunal; pero las mujeres tienen miedo a perder su trabajo, al escándalo, a que no les crean, porque no hay mecanismos prontos y expeditos como se necesita en estos casos”.

Juzgadores juzgados

En el ámbito interno, las instancias encargadas de vigilar a los servidores públicos del Poder Judicial capitalino son el CJDF y la Contraloría del TSJDF.

Aunque se trata de información pública, la Comisión de Disciplina Judicial del CJDF no difunde datos sobre los funcionarios sancionados. La Contraloría resguarda en su portal electrónico los procedimientos administrativos que derivaron en sanciones de 2005 a 2010.

De acuerdo con dicha información, ninguna sanción ha alcanzado a los máximos juzgadores a nivel local. En el caso de los jueces, únicamente dos (uno de ellos interino) han sido penalizados en ese periodo.

Aunque ello se podría explicar debido a que no han habido motivos para sancionarlos, datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sugieren una situación distinta: en los últimos seis años 859 servidores públicos del Poder Judicial fueron denunciados penalmente, incluidos una docena de magistrados, 247 jueces civiles y 153 jueces penales.

Los delitos más comunes son la prevaricación y la negación o retardo en la impartición de justicia. Pero también figuran 18 casos de jueces denunciados por abuso de autoridad; 10 por ejercicio ilegal del servicio público; siete por aceptar sobornos; cuatro por discriminación; tres por fraude; y dos por amenazas y sendas acusaciones por extorsión, falsificación de documentos públicos, daño en propiedad ajena y acoso sexual. También han sido acusados penalmente los actuarios, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas y empleados administrativos del TSJDF.

A través de una solicitud de información, la PJGDF indica a Contralínea que de 2006 a junio pasado, 243 actuarios, 150 secretarios de acuerdos, cinco proyectistas, y 49 trabajadores administrativos, fueron denunciados ante dicha instancia. Del total de imputados, la cuarta parte es por el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Los jueces civiles son los más proclives a ser acusados por este delito, con 114 casos denunciados en seis años.

Las denuncias relativas a la denegación, retardo o administración de la justicia suman 252, le siguen en incidencia el abuso de autoridad con 79 casos, la mayoría de actuarios. El ejercicio ilegal del servicio público se denunció en 35 ocasiones, que involucra a jueces, actuarios, secretarios proyectistas y de acuerdos y personal administrativo.

Por cohecho se presentaron 27 imputaciones; 17 por falsedad; 11 por robo, siete por fraude; cinco por falsificación de documentos; cuatro por extorsión; cuatro por lesiones; y cuatro por tráfico de influencias.

Otras acusaciones involucran a un juez penal por tortura; a un secretario de acuerdos por tentativa de homicidio; a otro por peculado; a uno por abandono del servicio público; y a un empleado administrativo por usurpación de profesión. La PGJDF refiere que de estas denuncias sólo en 23 casos fueron consignados. Aunque se trata de procesos concluidos, la instancia no indica los nombres ni cargos de los consignados.

El diputado federal y exconsejero de la judicatura local, Jaime Cárdenas Gracia, califica estos datos de “inaceptables”, ya que demuestran la crisis del sistema judicial en la que prevalecen “vicios” en las prácticas judiciales e impera la falta de profesionalismo de los jueces.

Disciplina interna, sometida a intereses gremiales

La mayoría de los servidores públicos del Poder Judicial que recibieron alguna penalización de la Contraloría ocupan cargos de actuarios, secretarios de acuerdo y proyectistas. De los 140 trabajadores sancionados, más de la mitad fue por no presentar su declaración patrimonial.

Cárdenas Gracia, quien fuera consejero de la judicatura local entre 2007 y 2008, recuerda que durante el tiempo que ocupó el cargo sólo procedía alrededor del 5 por ciento de las quejas o denuncias presentadas. Y de este ínfimo porcentaje, hasta la mitad de los casos se impugnaban mediante amparos que lograban revocar las decisiones del CJDF.

A decir del diputado federal, las exiguas sanciones se explican por los “intereses gremiales” que persisten en el Poder Judicial. El legislador critica que el “sentido corporativo” de los funcionarios judiciales se traslada a su órgano de vigilancia y disciplina, pues el CJDF está compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial (incluso el presidente del TSJDF funge también como presidente del CJDF). En este sentido, Cárdenas Gracia señala que los juzgadores actúan como “juez y parte” al ser los encargados de atender las faltas disciplinarias de sus pares.

Los datos de la Contraloría revelan que 140 servidores públicos fueron sancionados de 2005 a 2010, la mayoría de ellos por no presentar su declaración patrimonial, lo que amerita la inhabilitación en el cargo por un año. Quienes más penalizaciones recibieron fueron los proyectistas, pero 39 de los 49 casos registrados corresponden a inhabilitaciones por no presentar sus declaraciones patrimoniales. Le siguen en incidencia los secretarios de acuerdos, cuya sanción más recurrente es la inhabilitación por un año.

Una docena de actuarios fueron penalizados en esos cinco años, nueve de ellos por no presentar su declaración patrimonial. La pena más grave fue una inhabilitación por 10 años (el periodo máximo previsto en la ley) y una sanción económica.

La resolución del expediente PAD-064/2008 no detalla el cargo de la persona ni la causa de la sanción, que exclusivamente se atribuye a faltas al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativo a incumplimientos en el servicio público. Otro caso relevante es el consignado en el expediente PAD-005/2005, que resultó en la destitución y sanción económica de un chofer y un trabajador administrativo.

Juzgar a los juzgadores, el brete del Poder Judicial

Desde las reformas al Poder Judicial de 1994, los consejos de la judicatura, federal y locales, son los encargados de la vigilancia, la disciplina y la administración de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, poco se conoce el trabajo de estos órganos, dado el hermetismo que prevalece en el Poder Judicial.

En marzo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer, por primera vez y públicamente, los datos sobre los servidores públicos del Poder Judicial federal sancionados en los dos últimos años. A este inusitado hecho siguieron otras acciones igualmente inusuales, como hacer pública la negativa de ratificación en el cargo a un magistrado, quien fue sancionado por acosar laboralmente a una subalterna. Otro caso emblemático fue la suspensión de un juez, después de que la Procuraduría General de la República acusara a su secretario de acuerdos de enriquecimiento ilícito.

En opinión de Pedro Raúl Suárez, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, este tipo de acciones son utilizadas para “aparentar la impartición de justicia, pero lo cierto es que no: ellos mismos se cubren las espaldas”. El abogado acusa que el “contubernio” entre los funcionarios judiciales, tanto a nivel local como federal, explica el porqué son pocos los jueces y magistrados sancionados.

Para el exconsejero Cárdenas Gracia, se trata de uno de los asuntos nodales que deben modificarse inmediatamente, ya que la actual composición del CJDF establece que cuatro de sus siete consejeros provengan del ámbito judicial, incluido su presidente. El doctor en derecho recuerda que en el Poder Judicial persiste el nepotismo, lo que abona a que prevalezca un sentido “corporativo” y “gremial” en su interior. Otra falla que percibe es el sistema de sanciones. Explica que al tratarse de penalizaciones progresivas, algunas acciones pueden quedar impunes, ya que una falta cometida por primera vez puede saldarse sólo con una amonestación. Tal es el caso de Carlos Gabriel Cruz Sandoval, quien en 2005 fue sancionado por incumplimiento en el servicio público durante su encargo como secretario particular del entonces presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez. La penalización que ameritó su falta fue una amonestación pública. Actualmente, Cruz Sandoval se desempeña como director de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones.

Cárdenas Gracia añade que se trata de sanciones que se adecúan a los criterios emitidos por el Poder Judicial federal. De este modo, jueces y magistrados dictan criterios diseñados en protegerse a sí mismos en caso de que tales criterios les sean aplicados. “Es una ley que no está hecha para sancionar, sino para protegerlos [a los impartidores de justicia]”.

¿Patear el pesebre?

Los datos de la PGJDF muestran que los delitos por los que más se inculpa penalmente a los funcionarios judiciales son los relativos a la impartición de justicia, función central del Poder Judicial. Se trata de la prevaricación y la negación o retardo en los procesos judiciales, que representan el 64 por ciento del total de denuncias presentadas en los últimos seis años.

El abogado Pedro Raúl Suárez bosqueja un panorama de indefensión para los ciudadanos sometidos a un proceso judicial, ya que “no solamente te acusan de un delito sino que también tienes como enemigo al juez, cuando debe ser imparcial [y] aplicar la ley nada más. Pero no, estamos en una situación de desventaja completa”.

Para el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas no son ajenos los casos en que los impartidores de justicia cometen faltas durante los procesos. Sin embargo, asegura que muchas veces éstas se eluden, ya que la prioridad para los litigantes es que el enjuiciado obtenga su libertad o pruebe su inocencia. De este modo, faltas que pueden ser motivo de sanción de servidores públicos permanecen en la impunidad.

Suárez agrega que tampoco la denuncia es ninguna garantía, toda vez que quienes conocen las quejas y se encargan de resolverlas son sus pares. “Te encuentras en un cajón donde las propias autoridades son quienes juzgan y pueden sancionar a las personas que están bajo su responsabilidad”.

Cuestionado sobre la posibilidad de modificar el mecanismo actual a través del cual se sanciona a los miembros del Poder Judicial, Suárez se muestra reservado: en su opinión, el interés de los funcionarios judiciales por ascender los hace mantener un “contubernio”. Y concluye: “no pueden patear el pesebre”.

Cuestionar el trabajo de los jueces, atentado contra la estabilidad: CJF

En un hecho inusitado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial federal, ha salido en defensa de los juzgadores.

En un comunicado emitido el 6 de septiembre pasado, el CJF asegura que “en todo momento” revisa la actuación de jueces y magistrados federales, así como de sus auxiliares. Asimismo, afirma que atiende todas las quejas sustentadas que se presenten en contra de ellos.

El inusual mensaje se dio luego de que Felipe Calderón criticara a los juzgadores involucrados en el caso de Néstor Moreno Díaz, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de aceptar sobornos y que fue puesto en libertad por un juez de distrito.

Sin referirse al mandatario por su nombre, el CJF expresa su rechazo a que se hagan señalamientos contra los impartidores de justicia sin contar con pruebas.

Además de defender su rol de juzgar e imponer las sanciones necesarias “con la energía que corresponde”, el CJF ha dicho que “cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”.

Fuente: Revista Contralínea 250 / 11 de septiembre de 2011

Trasnacionales pagan en Francia impuestos que les perdonan en México

AstraZeneca, Danone y Accor, compañías de origen francés, son “incentivadas”fiscalmente desde la administración de Vicente Fox. La actual, de Felipe Calderón, mantiene los privilegios, que ya suman –en 10 años– más de 100 millones de pesos. Estas trasnacionales, beneficiadas en México con el programa de “estímulos” del Conacyt, propusieron en Francia un incremento a los impuestos que pagan por sus actividades económicas. El objetivo: “atenuar” el “déficit económico” y el “empeoramiento de la deuda pública” del país galo

Érika Ramírez

Empresas multimillonarias francesas –que solicitaron al gobierno de Nicolás Sarkozy incrementar el cobro de impuestos para amortiguar la crisis económica de Francia– son condonadas fiscalmente en México por el gobierno federal. El monto perdonado por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón supera los 100 millones de pesos, revelan documentos oficiales.

Se trata de las firmas AstraZeneca, “incentivada” con más de 86 millones de pesos; Danone, “apoyada” con 22 millones de pesos; y Accor, con 5.7 millones de pesos. Todo, a través del Programa de Estímulos Fiscales, operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde 2001.

En una “publicación exclusiva” del semanario Le Nouvel Observateur, 16 firmas galas propusieron el establecimiento de una “contribución excepcional”, para amortiguar la caída económica en Francia. En tanto, en México, los argumentos esgrimidos por los gobiernos abanderados por el Partido Acción Nacional para “apoyar” a estas compañías trasnacionales –así como a otras firmas multinacionales y “nacionales”– son: atraer la inversión, impulsar el avance tecnológico y generar de empleos.

Miguel Chávez Lomelí, director de Negocios de Innovación del Conacyt, indica –en entrevista con Contralínea– que el origen de la empresa no está contemplado en el marco regulatorio de organismo para el otorgamiento de los apoyos, en tanto se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es decir, la institución no discrimina entre empresas “nacionales” o trasnacionales.

Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal por el Partido del Trabajo y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, critica la entrega de este tipo de estímulos a las firmas trasnacionales, pues “refleja que en México las empresas hacen lo que quieren con el gobierno”. Este no es un asunto de “ilegalidad” sino de “inmoralidad”. Los “resquicios en las leyes nacionales permiten que esto pase”.

Franceses, solicitan aumento de impuestos

El pasado 23 de agosto, los representantes de las marcas: L’Oréal, Veolia Environnement, Accor, Fimalac, Publicis, Total, Société Générale, Le Nouvel Observateur, Leonardo & Co France, Danone, Orange, Volvo, AstraZeneca, Jaïna Capital, Air France-KLM, Areva, y Peugeot hicieron pública la propuesta realizada al gobierno de Nicolás Sarkozy de “contribuir” en el fortalecimiento de la economía nacional, que atraviesa un momento de “déficit fiscal e incremento de la deuda pública”.

Solicitaron, a través del semanario francés, el establecimiento de una “contribución excepcional”, traducida en un incremento de impuestos “calculados en proporciones razonables, a fin de evitar los efectos económicos adversos, como la fuga de capitales y la evasión fiscal mayor”. La misiva indica que los empresarios multimillonarios son “conscientes” de que han sido beneficiados “de un modelo francés y un entorno europeo [con el] que estamos comprometidos y queremos ayudar a preservar. Esta contribución no es una solución en sí misma: tiene que ser parte de un esfuerzo más amplio para la reforma, tanto en los gastos como en los ingresos”.

Clasificada como información “exclusiva” de Le Nouvel Observateur, los directivos de dichas firmas argumentan: “En el momento en que el déficit fiscal y las perspectivas de empeoramiento de la deuda pública amenazan el futuro de Francia y de Europa, cuando el gobierno pide a todos un esfuerzo de solidaridad, aparece la obligación de contribuir”.

Los ejecutivos galos sólo siguen los pasos de quienes han acumulado grandes fortunas. La primera iniciativa ya la había promovido el estadunidense Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, de acuerdo con la lista que publica la revista Forbes.

Di Costanzo Armenta refiere que en Europa “es muy mal visto” que las empresas grandes eludan impuestos. “Si las matrices de muchas empresas supieran lo que hacen en México, sería un escándalo”. El Régimen de Consolidación Fiscal, agrega, “ayuda” a que muchas evadan, por lo que en la Cámara de Diputados ya hay dos iniciativas para que esta situación se acabe. “Esto daña mucho al fisco mexicano, por lo que se debería cerrar la puerta. Sin embargo, aquí les da mucho miedo ir en contra de las grandes empresas”.

AstraZeneca, la más favorecida

Los padrones de beneficiarios de los programas Estímulos Fiscales y Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, del periodo 2001-2010, revelan que el organismo promueve la “condonación de impuestos” para los laboratorios AstraZeneca, la compañía de lácteos Danone y la empresa de negocios turísticos Accor.

De la revisión de cada año fiscal, publicado en el Diario oficial de la federación, se desprende que la empresa farmacéutica AstraZeneca obtuvo incentivos por 86 millones 442 mil 517 pesos, de 2004 a 2010. Los documentos oficiales evidencian que 2007 fue el mejor año para la firma, ya que le fueron autorizados “estímulos” por 13 millones 588 mil 428 pesos. Este ciclo económico tuvo como propuesta más ambiciosa la clasificada como AST961231B69-2007-7, por 1 millón 842 mil 591 pesos, sin que exista un registro del por qué le fueron aprobados los incentivos.

La revista Forbes –especializada en negocios y finanzas– documenta que este laboratorio opera con un capital anual de 65.55 billones anuales, y sus ventas ascienden a 33.64 billones de dólares. Enlistada entre “las compañías más grandes del mundo”, AztraZeneca ocupa la posición 129, de 2 mil, dedicada al “descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción en seis áreas de salud: cardiovascular, infección gastrointestinal, neurociencias, oncología, enfermedades respiratorias e inflamación”.

Danone, expansión mundial

La compañía dedicada al procesamiento de lácteos, fundada en 1899, es la segunda empresa de origen francés más “motivada” por el gobierno mexicano. Listados del Conacyt revelan que en sólo tres años obtuvo “estímulos” por 22 millones 284 mil 218 pesos. Éstos fueron aprobados en 2005, por 4 millones 222 mil 24 pesos; 2007, 7 millones 460 mil 247 pesos; y 2008, 10 millones 601 mil 946 pesos. En éste último año, en que le fueron concedidos los incentivos, su plan con mayores recursos condonados fue por 5 millones 256 mil 774 pesos. Los expedientes del Conacyt no muestran la información que avale la aprobación del proyecto.

Grupo Danone ocupa el lugar 218 en la lista de Forbes. La trasnacional “opera en cuatro líneas de negocio, que incluyen productos lácteos frescos, aguas, alimentación para niños y nutrición médica”. Sus principales marcas son: Danone, Actimel, Activia, Danacol, Vitalínea, Evian, Volvic, Aqua, Bonafont, Font Vella y Lanjarón. En la nutrición para bebés, la línea de negocio incluye a Blédina, Gallia, Nutricia, Cow & Gate, Milupa, Mellin y Dumex. Del negocio de nutrición: Nutricia, Nutrini, Nutrison, Fortimel, FortiCare, Fortisip, Neocate, Infatrini, entre otras.

El 31 de diciembre de 2009, la sociedad adquirió el 26.85 por ciento de la firma canadiense especializada en ciencias biológicas, Micropharma. Un año más tarde, Danone y la firma rusa de producción alimenticia, Unimilk, anunciaron la finalización de la fusión de sus negocios en los productos lácteos frescos.

Accor, en el turismo mexicano

Encargada de desarrollar en México productos como Ticket Restaurante, Ticket Vale Despensas, Ticket Vale Gasolina, Ticket Vale Uniforme, Ticket Car, Ticket Alimentación, la empresa inició en 2007 con los negocios en el sector turístico con la promoción de hoteles, agencias de viajes y casinos.

Accor que tiene en México 30 años de presencia, fue apoyada fiscalmente con 5 millones 759 mil 501 pesos, indican los padrones del Conacyt. Su proyecto más favorecido implica un monto de 3 millones 644 mil 960 pesos, otorgado en el periodo de transición gubernamental de Vicente Fox a Felipe Calderón, en 2006. Se trata del folio ASE930924SS7-2006-1, que no muestra en los documentos oficiales el concepto por el que le fue autorizada la operación fiscal, la cual fue publicada el 15 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Accor opera con 65 mil 170 empleados a nivel mundial y sus ventas ascienden a 7.96 billones de dólares. Su capacidad de habitaciones, en el sector turístico, llega a 500 mil habitaciones en más de 4 mil hoteles, en 90 países. Las marcas en sus hoteles son: Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etaphotel, Formule 1 y Motel 6. En su sección de servicios, está involucrado en el diseño, desarrollo y suministro de las soluciones en el ámbito de los empleados públicos y los beneficios, incentivos, gestión de gastos para clientes corporativos e instituciones públicas, como lo señala Forbes.

Mexicanos más ricos

De la revisión de fortunas en la lista de negocios y compañías de Forbes, México tiene hombres de negocios siguen el ejemplo de sus homólogos franceses para solicitar “estímulos” fiscales en México. Sus fortunas superan o se acercan a la de Liliane Bettencourt, dueña de la marca L’Oréal, una de las empresarias que solicitaron el incremento de impuestos en Francia.

Sus nombres: Carlos Slim Helú, propietario mayoritario de la empresa telefónica más importante en México, Telmex, y el hombre más rico del mundo; Germán Larrea Mota Velasco, director y propietario de uno de los principales grupos mineros del país, Grupo México; y Alberto Bailleres González, propietario de Industrias Peñoles.

Carlos Slim acumula un capital de 74 mil millones de dólares, que supera por 314 por ciento la fortuna de Liliane Bettencourt, con 23 mil 500 millones de dólares. A sus 71 años de edad, es dueño de Grupo Carso, Telmex, America Móvil, inversionista del diario The New York Times, y propietario del Museo Soumaya. Los empresarios mineros Germán Larrea Mota Velasco y Alberto Bailleres González acumulan un patrimonio menor al de la dueña de L’Oréal, en un 32 y 50 por ciento, respectivamente.

El Conacyt aprueba “conforme a la ley”

Miguel Chávez Lomelí, director de Negocios de Innovación del Conacyt, asegura que el Programa de Estímulos Fiscales –derogado en 2008 para dar paso al Programa Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación– cumple con lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

El funcionario explica que sus beneficiarios son empresas, laboratorios, instituciones o personas físicas que están inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología, para efectos de cualquier beneficio del Conacyt, sin que se tenga una “relación” con las matrices que pudieran tener en otro país.

“Para efectos de la legislación nacional, solamente pueden obtener recursos aquellas empresas que, mediante concurso, son evaluadas positivamente y en función de la disponibilidad de recursos directos o indirectos. Todo el apoyo que se entrega tiene que cumplir con lo que prevé la ley, las reglas de operación, las convocatorias y los términos. Las compañías que reciben algún beneficio se enmarcan en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las evaluaciones se basan en las capacidades técnicas de las propuestas y en las del proponente”.

Chávez Lomelí agrega que “el origen de la empresa no está en el marco regulatorio del Conacyt, porque la definición legal de éste y de todos los programas del organismo es que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas”.

El Conacyt es el organismo del gobierno federal encargado de elaborar la política nacional de ciencia y tecnología. Durante el gobierno de Vicente Fox fue dirigido por Jaime Parada Ávila (2001-2005) y Gustavo Chapela Castañares (2005-2006). Felipe Calderón nombró director de la institución al guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, quien se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2011. Desde hace seis meses, la dirección está a cargo de Enrique Villa Rivera, exdirector del Instituto Politécnico Nacional.

Se solicitó entrevista con los representantes de las trasnacionales en México: Mónica Castelazo, jefa de Comunicación Organizacional de AstraZeneca; Sergio Fuster, director de mercadotecnia de Danone México; Carine Caudmont, gerente de Comunicación y Responsabilidad Social en Accor-Edenred México, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.

[TEXTO PARA TWITTER: AstraZeneca, Danone y Accor proponen en Francia pagar más impuestos. En México deja de pagar 100 MDP]

Edición de Proceso “desaparece” de Monterrey, Puebla, Durango y León

Verónica Espinosa y Luis Lozano

MÉXICO, D.F. (apro).- La edición 1819 de la revista Proceso, actualmente en circulación, fue comprada maisvamente en las ciudades de Monterrey, Durango, Puebla y León, presuntamente para evitar su circulación.

En las cuatro regiones, la operación de compra del semanario se dio en circunstancias similares: personajes desconocidos para los voceadores preguntaban cuántos ejemplares tenían de la revista e inusualmente compraban la dotación completa.

De acuerdo con cifras preliminares, entre la tarde del domingo y la tarde del lunes, en Monterrey adquirieron alrededor de 2 mil 500 ejemplares, en Puebla, 2 mil 100, en León y Durango, mil en cada una.

La portada de Proceso destaca como su asunto principal un reportaje sobre el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, que titula “Una historia siniestra” y que lo acompaña con una foto de dicho personaje de cuyas ligas con funcionarios, políticos y jerarcas católicos se va sabiendo.

La foto principal del reportaje escrito por los periodistas Jesusa Cevantes y Álvaro Delgado, que se despliega a partir de la página 6 y que tiene como cabeza principal: El gran corruptor y sus corrompidos, ubica en el centro al cardenal Norberto Rivera Carrera y a su lado al arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, ambos flanqueados, a su derecha por Rojas Cardona y a su izquierda por el actual senador panista Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Otros personajes que aparecen en esa foto son Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN y Arturo Rojas Cardona, presidente de la empresa “Entretenimiento de México” y hermano del Zar de los Casinos, asi como David Aguilar Romero, director de comunicación social del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla.

La presunta “desaparición” de la revista fue tema en las redes sociales. En Durango, Rafael Herrera Piedra, estratega de medios y primo del actual gobernador, Jorge Herrera Caldera, publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje en relación a la revista: “¿Quién es (son) el (los) personajes que están comprando masivamente la edición de hoy domingo de la revista Proceso?”, cuestionó.

Acto seguido, señaló que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la página 6 de la edición 1819, en la que se publica el reportaje de Cervantes y Delgado.

Aunque el personaje principal del reportaje es el Zar de los Casinos, en él se refiere el papel que el senador por Durango, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, jugó en el presunto financiamiento a la campaña de Gustavo Madero para la dirigencia nacional del PAN; el duranguense era el enlace para la entrega de recursos económicos por parte de Juan José Rojas Cardona.

En esta ciudad, varios estanquillos de la capital del estado en los que se vende la revista Proceso se quedaron sin ejemplares de la edición 1819 momentos después de que se puso a la venta: la razón, una presunta compra masiva por parte de personajes desconocidos.

Durante un recorrido realizado la tarde del domingo y la mañana del lunes se pudo comprobar que establecimientos como La Estrella, Sanborns y La Revista de Cristal –tres de los principales distribuidores del Centro Histórico- ya no tenían disponible el número.

Sin embargo, el ejemplar sí pudo conseguirse en sitios como El Palacio de la Revista, otro de los principales centro de venta de Proceso, y en tiendas de conveniencia como Oxxo y Extra, donde su venta se dio de manera normal.

Consultados por Agencia Proceso, los dependientes de los establecimientos en que la revista se agotó rápidamente, dijeron no haberse dado cuenta de quiénes compraron los ejemplares. “Se estuvo vendiendo toda la mañana, vinieron varias personas”, dijo el responsable de “La Estrella”.

En Sanborns, el responsable de la caja reconoció que aunque la revista frecuentemente se agota, el comportamiento de venta no fue el normal: “regularmente la gente empieza a comprarla el domingo en la noche o lunes por la mañana”. A las 3 de la tarde del primero de esos días, ya estaba agotada.

Desde el sexenio pasado, fueron comunes los incidentes de este tipo. Medios como La Jornada y El Universal, así como la propia revista Proceso, han sido víctimas de boicots para evitar su circulación.

El martes 10 de junio de 2008 no fue posible comprar la versión impresa de El Universal en la que se narraba el presunto alojamiento a las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek en una finca propiedad del narcotraficante Sergio Villarreal, “El Grande”.

El 24 de febrero de 2009 ocurrió lo mismo con La Jornada. Aquel día, aparecían publicadas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quién afirmaba que la mayoría de los medios locales de comunicación estaban “maiceados” por el ex gobernador, Ismael Hernández Deras.

Igual ocurrió con el número 1609 de Proceso, en 2007, cuando los ejemplares no se pudieron encontrar en los estanquillos locales. En aquella ocasión, el impreso tenía incluido el reportaje de Patricia Dávila titulado “La boda de El Chapo”.

En aquel ejemplar, se menciona al senador Dorador Pérez Gavilán como el responsable de colocar la corona a la princesa real en el certamen de belleza en que Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue nombrada reina de belleza del municipio de Canelas.

Mientras, en León, los ejemplares de Proceso también comenzaron a “desaparecer” de puestos de periódicos y tiendas departamentales donde se expenden desde el domingo 11, como es el caso de las dos sucursales de Sanborn’s en las plazas León y Mayor.

Reportes de varios voceadores indican que desde la mañana del lunes 12 fue imposible encontrar un solo ejemplar en los puestos del centro.

En la foto donde destacan el cardenal Rivera y el arzobispo Berlié, también se encuentra David Aguilar Romero, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de León.

Aguilar Romero aparece identificado como “politólogo panista de Rojas”, justo a un lado del senador duranguense Rodolfo Dorador Pérez, y delante de Arturo Rojas Cardona, presidente de Entretenimiento México.

El actual funcionario de la administración municipal leonesa no fue localizado este día por los reporteros que lo buscaron para entrevistarlo sobre sus vínculos con esos personajes. Tampoco el alcalde Ricardo Sheffield habló del asunto y, literalmente, huyó de los representantes de los medios.

Ayer, durante la homilía dominical en catedral, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago afirmó que la proliferación de casinos en México no sólo conlleva el riesgo de la violencia –luego de la tragedia ocurrida en el Royale de Monterrey, Nuevo León–, sino que también se presta a otros negocios ilícitos, como el lavado de dinero y la prostitución.

Martín Rábago pidió revisar hasta qué punto es conveniente la apertura de este tipo de establecimientos de apuestas, o que sigan operando los que actualmente funcionan en todo el territorio nacional.

En Monterrey, se repitió la compra masiva de ejemplares. El reportaje principal de la revista se centra en las relaciones que el Zar de los Casinos ha tejido con la clase política y gobernante de Nuevo León.

Finalmente, en Puebla, de la que no existen referencias en el texto, la adquisición masiva de ejemplares rebasó los dos mil.

El Zar de los Casinos, socio del PAN

Juan José Rojas Cardona.

Álvaro Delgado

MEXICO, D.F. (apro).- La revista Proceso publica esta semana una fotografía de inobjetable calibre periodístico: Juan José Rojas Cardona, “El zar de los casinos”, posa junto al cardenal Norberto Rivera, máximo jerarca de la Iglesia católica en México, y a un grupo de panistas encabezados por el senador Rodolfo Dorador, un político incondicional de Felipe Calderón y Gustavo Madero.
La imagen es simbólica: El poder económico corrupto y corruptor de Rojas Cardona, dueño de numerosos casinos de lujo en México, en connivencia con el poder de la Iglesia católica que encarna Norberto Rivera y el poder político que representa el senador Dorador, coordinador de la campaña de Madero a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN).
En la fotografía, publicada en páginas interiores del semanario, aparece otro alto jerarca del clero, el arzobispo de Mérida, Emilio Berlié –afamado por haber sido capellán de los Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana–, y junto a él está Arturo Rojas Cardona –hermano de Juan José–, a cuyo nombre están los permisos de la Secretaría de Gobernación para operar casas de juego y también numerosos empresas.
Forman parte del elenco que posó para la foto, además, otros tres panistas: Iván Paul Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros (RNM), el padrón electoral del PAN –un instrumento estratégico para la elección de dirigentes y candidatos–; José Serrano Montoya, socio de los Rojas Cardona y su operador político, y David Aguilar Romero, vocero de Ricardo Sheffield, alcalde de León, Guanajuato.
Sheffield debe saber de la relación de Aguilar Romero con “El zar de los casinos”, y si no lo sabe es peor, sobre todo luego de que el periodista Arnoldo Cuéllar reveló en el portal guanajuatense Zona Franca que asistió a una cena en apoyo a Miguel Márquez, el precandidato de Juan Manuel Oliva a la candidatura del PAN a la gubernatura, a pesar de que su jefe respalda a Josefina Vázquez Mota.
La relación no es fortuita, porque la mecánica de Rojas Cardona es colocar a sus personeros en partidos y gobiernos para hacerles “regalitos” que luego deben pagar a través, por ejemplo, de los permisos para instalar casas de juego.
Madero asegura, por su parte, no conocer la liga de Rojas Cardona con Garza Téllez, a quien nombró encargado del padrón del PAN por la amistad que tiene con su padre, según declaró a este reportero a través de Raúl Reynoso, su vocero, y no porque haya financiado su campaña por la presidencia del PAN.
Como se publica en Proceso esta semana, entre los panistas de la cúpula se sabe que Madero recibió apoyo económico y en especie de los Rojas Cardona, por lo menos el préstamo de un avión, vehículos y diseño de su propaganda de campaña por Tango Publicidad y Medios México, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es Gerardo Alberto Rojas Cardona, que posee 99 de las 100 acciones, y el minoritario –con una sola acción– es el panista José Serrano, operador clave del clan en la política nacional.
Junto con Serrano, quien es propietario de la empresa Latin Power Music –que representa a grupos musicales y de producción de videos–, los Rojas Cardona han financiado al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y a su antecesor, Adalberto Madero, y de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgador Almaguer, actual delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Pero, también, han recibido favores de los Rojas Cardona los senadores Guillermo Anaya Llamas, compadre de Calderón, y Ulises Ramírez, allegado también a éste, así como Francisco García Cabeza de Vaca, exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, y actual director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett).
Es obvio que la entrega de dinero a estos panistas producto del juego no es gratuito y eso debe ser parte de la investigación que deberá hacerse en el caso de Larrazábal, el alcalde regiomontano que rechazó la petición del PAN de solicitar licencia, pero también una indagación debe involucrar a políticos de todos los niveles y de todos los partidos que también han recibido dinero sucio.
Lo que seguramente ocurrirá es que, en el mejor de los casos, Larrazábal será expulsado del PAN para sepultar el asunto y evitar que la ruta del dinero sucio llegue hasta Calderón y su campaña en 2006…

Apuntes

El 13 de septiembre de 2001 escribí un artículo sobre el ataque terrorista a Estados Unidos que titulé “El imperio no es inocente”. A una década de distancia sigo pensando lo mismo y, sólo por razones de espacio, comparto unos párrafos de ese artículo, que en Twiter transmitiré íntegro: “El espectáculo atroz producto de los atentados en Estados Unidos acredita, una vez más, que la irracionalidad humana no conoce límites y que el odio incita a la revancha. La guerra del nuevo milenio, es obvio, ya comenzó. Las miles de víctimas, por las que es preciso condolerse, serán ahora justificación del país más poderoso del planeta para reactivar la industria de guerra y catalizar su ansia de sangre contra el enemigo que le estaba haciendo falta al desaparecer el comunismo. Nada bueno han dejado las guerras a lo largo de la historia y nada positivo puede esperarse de la que ahora inicia, en respuesta a la bárbara carnicería del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pittsburgh. Y lo deseable sería que, como postulaba el patriota cubano José Martí, las tumbas sean altares de la paz. Lamentablemente es manifiesto que no hay espacio para la cordura en Estados Unidos, cuyo gobierno ya ha hecho una virtual declaratoria de guerra a un enemigo de rostro hasta ahora difuso…”

Comentarios: delgado@proceso.com.mx Twiter: @alvaro_delgado

De cómo abdicó de su padre, del panismo y de la ética…

Militante del PAN de 1945 a 1991, Jorge Eugenio Ortiz 
Gallegos fue protagonista y testigo de la evolución de ese partido, fundado por Manuel Gómez Morín. Amigo personal de Luis Calderón Vega, padre del presidente Felipe Calderón, asegura que el actual mandatario pasará a la historia como un neopanista pragmático que sacrificó los valores éticos del partido con tal de conseguir el poder sin importar los costos. La editorial Grijalbo está por poner en circulación la obra póstuma del ensayista y poeta, La mancha azul, en la que retrata a varios de los personajes que, encumbrados a través del panismo, dieron la espalda a la doctrina que alentó a una sacrificada militancia de oposición por más de cuatro décadas. Con autorización de la editorial, proceso.com.mx reproduce fragmentos del libro.

Felipe Calderón. El extraviado....

Jorge Eugenio Ortíz Gallegos

MÉXICO D.F. (Proceso).- Después de su renuncia en 1981, seguí en contacto por correspondencia con Luis (Calderón Vega) y lo visité varias veces en su casa en Morelia. Desde Kenya le mandé una fotografía donde aparece mi guía Kikuyo, mostrando uno de sus libros, tal vez Retorno a la tierra. El 14 de febrero de 1984 me escribió que le habían amputado una pierna, pero se encontraba con la misma vida espiritual. Murió en 1989, aquejado por hemiplejías que fueron impidiéndole la movilidad, hasta el extremo de ser conducido en silla de ruedas.

No he podido encontrar su libro Carta a mis hijos. El cisma del PAN 1975. En carta manuscrita del 20 de marzo de 1984, me decía: “No sé si me atreva a publicarlo, pues pienso que hacerlo perjudicará más las posibilidades de mis hijos panistas”.
En enero de 1991, una vez terminados los asuntos del orden del día de la junta del Comité Nacional del PAN en las oficinas de la calle de Ángel Urraza, Luis H. Álvarez presentó la propuesta, que hicimos varios miembros del comité, de hacer un homenaje a don Luis Calderón Vega, muerto dos años antes.
Felipe Calderón Hinojosa, que no tenía derecho de estar en el Comité Nacional, ya que como jefe de la juventud panista debió de retirarse a los 26 años, golpeó la mesa inmediatamente para lanzarse contra las personas sugeridas para hablar en el homenaje: José González Torres, quien había sido presidente del partido y candidato a la Presidencia de la República, y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que había sido por todos conocido como el gran amigo de Luis Calderón Vega.
Varios miembros del comité insistieron a Felipe que el homenaje a su padre era necesario para rendir tributo al gran panista que fue, aunque hubiera renunciado al partido en 1981. Felipe volvió a golpear la mesa cuando habló el diputado Fernando Canales Clariond tratando de convencerlo. Luis H. Álvarez dio por terminada la sesión.
Inmediatamente apareció doña María del Carmen Hinojosa viuda de Calderón, que había estado escuchando todo en la sala de espera del partido, y me abrazó. Todos los miembros del comité le fueron dando, uno a uno, el pésame.

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El fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno, fue asesinado en 1979, y quedó como dirigente David Díaz Cid. Entrenaba a los jóvenes con un lenguaje y requisitos extraños, como si fueran un grupo militar, en vez de cívico. Organizaban huelgas en la Universidad de Puebla antigua, muy cerca de la oficina que yo tenía instalada en los bajos de la calle de Arronte. Los antiguos fundadores del PAN en Puebla, encabezados por los hermanos Jesús y David Bravo y Cid de León, estaban en contra de los muchachos pertenecientes al Yunque. Y, en 1987, yo viajaba un sábado al mes a la ciudad de Puebla para dirimir diferencias entre los dos grupos.
De acuerdo con Luis H. Álvarez, presidente del PAN, se fijó un sábado para celebrar la asamblea general que eligiese al comité panista en la ciudad de Puebla. Debían participar únicamente los miembros del partido. Pero, el día de la elección, se presentó Luis H. Álvarez y dejó que entrara una fila invasora de muchachos que no estaban en el padrón. Traté de evitarlo, pero me llamó la atención diciendo: “Jorge Eugenio Ortiz no tiene autoridad en esto. Aquí el que manda es el jefe del partido, que soy yo”.
Así se consumó el control del Yunque en Puebla.

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Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), recibí el encargo de entrevistar al licenciado Luis Felipe Bravo Mena a mediados de 1987, entonces analista de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Luis H. Álvarez quería contratarlo como ideólogo del PAN. No aceptó, alegando que no podíamos pagarle lo que ganaba en la Coparmex y que el PAN no tenía futuro político, porque el pueblo se había cansado de idealismos.
No sólo eso. En el boletín de la Coparmex a su cargo, escribió textualmente:
“La clientela electoral del PAN ya se aburrió del discurso panista. Ya no motiva la denuncia del fraude, la corrupción y la crisis. La nueva dirigencia nacional del PAN resultó ‘anticlimática’, y se ha producido gran confusión entre sus militantes. Los resultados prácticos de las batallas de 1985 y 1986 dejaron muy lastimada la moral de ese partido, y el nuevo CEN ha dejado que ese desánimo cunda entre activistas y simpatizantes.”
Sin embargo, poco después aceptó recibir dinero que no provenía de la tesorería del PAN y trabajar como asesor ideológico de Manuel Clouthier, candidato del PAN a la Presidencia de la República (1988). Fue después candidato a la presidencia municipal de Naucalpan (1990), diputado federal plurinominal (1991-1994), candidato a gobernador del Estado de México (1993), senador (1994-2000), presidente del partido (1999-2005), embajador ante la Santa Sede (2005-2008) y ahora secretario particular del presidente Felipe Calderón. Tenía razón: el PAN se había cansado de idealismos.

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Federico Ling Altamirano fue un gran amigo mío en la diputación de la Legislatura 1985-1988. Estuvo al margen de los cabestreos de su hermano Alfredo, jefe del PAN en Guanajuato y miembro del Yunque. El 9 de octubre de 1987 tuve un accidente en mi automóvil, cuando iba de Abasolo para entroncar rumbo a Irapuato, y quedé inconsciente, con la cabeza rota, a la orilla de la carretera.
Alfredo, como un buen samaritano que pasaba, se detuvo, me recogió y me llevó a la casa de un amigo panista y médico que me atendió y me puso una venda en la cabeza. Pero no se volvió a acordar de mí ni reportó el accidente al partido.
El que me llamó por teléfono fue Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces secretario de Programación y Presupuesto. Me preguntó cómo me sentía y le contesté que estaba reponiéndome. Mencionó que un amigo le había informado del accidente y que podía contar con él.

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¿Cómo es que Luis H. Álvarez, el de las caminatas y el ayuno al estilo Gandhi, había llegado a alcalde de Chihuahua en 1983? No una, sino muchas veces había figurado como candidato a alcalde, diputado y a senador, con resultados adversos. Súbitamente, en julio de 1983, se reconocieron en Chihuahua siete ayuntamientos y cuatro diputaciones locales al PAN.
Miguel de la Madrid estaba en su primer año de gobierno, después de haber hecho una campaña por “la renovación moral de la sociedad”; y, en el estilo sexenal del PRI, el presidente siempre pretendía aparecer como demócrata en los inicios de su gestión. Pero, además, ha de tenerse en cuenta que, unos meses antes, en diciembre de 1982, Ciudad Juárez fue el escenario de una reunión cupular de empresarios irritados y decididos a enfrentarse al régimen que en septiembre de 1982 había expropiado la banca.
En el hotel Colonial, bajo el nombre de “México los ochentas”, se animó por varios días la reflexión y la decisión generalizada de que los empresarios debían unirse al PAN para disputarle al gobierno los terrenos de la política. Eloy Vallina Garza aparecía entonces como el líder empresarial de Chihuahua y estaba en conflicto con el gobierno federal con motivo de las explotaciones forestales para su planta productora de celulosa. Habló con Miguel de la Madrid acerca de la significativa reunión empresarial, y así llegó Luis H. a presidente municipal de Chihuahua.
Así comenzaron, con altas y bajas, los nuevos tiempos opositores del PAN. Con el empuje de los empresarios resentidos, la simpatía de priistas descontentos con la expropiación y otras arbitrariedades del presidente José López Portillo, y la instalación de la costumbre de los diálogos, iniciada por “México los ochentas”, comenzaron a concertarse arreglos de ventaja mutua para las tres partes: la iniciativa privada, la política oficial y la política del PAN.
A lo largo de ese año de 1986, en repetidas ocasiones, el entonces presidente del partido Pablo Emilio (Madero) y otros dirigentes abordaron a Luis H. para que aceptase figurar como candidato a la presidencia del partido en las elecciones internas que se celebrarían en febrero de 1987. Y en formales reuniones de precandidatos Luis H. rechazó repetidamente la invitación. Sin embargo, súbitamente registró su candidatura a tiempo de triunfar en la elección y asumir la jefatura en febrero de 1987. Fue reelegido en 1990.
Durante el doble período que presidió, el sentido pragmático y la negociación encajaron a la medida de las cualidades de Luis H. Él encabezó la era de la concesión de puestos de poder, la era del disfraz, el ocultamiento o el pleno olvido de los propósitos, tesis y postulados históricos del PAN.
A partir de entonces, jamás volvieron a ser consideradas en la lucha oposicionista del PAN las conclusiones de las convenciones nacionales y estatales. Los textos fueron arrinconados, puestos en ignorancia o en olvido y sustituidos por la colaboración en los proyectos del partido oficial y de sus gobernantes, particularmente en aquellas medidas y reformas electorales y económicas que convenían al régimen, aunque se apartaban o contrariaban la doctrina tradicional.
Luis H. cambió el rumbo. Subordinó los intereses de fondo a la consecución inmediata de puestos políticos, con frecuencia empleos sobresalientes que no eran de origen electoral, sino de simple concesión, de nombramiento de colaboradores que pasaron del PAN a incorporarse a las burocracias federales o estatales. Los resultados están a la vista.

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La “necesaria subordinación de la política a la ética”, de la que hiciera gala Felipe Calderón Hinojosa en 1996, quedó agregada al inagotable empedrado de los verbalismos políticos definidos por el gaucho Martín Fierro como gritos de pájaros teros:
De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos: en un lao pegan los gritos y en otro tienen los güevos.
Ha pasado a la historia como uno más de los dirigentes pragmáticos, influenciado y dirigido por grupos empresariales asociados a los gobernantes del partido oficial. Desmemoriado o falsificador jamás invocó siquiera el pensamiento de su padre, don Luis Calderón Vega, cofundador y extraordinario artesano de la obra del PAN de los primeros 40 años. Se traicionó a sí mismo en ambivalencias y en entreguismos al régimen oficialista.
Ha quedado en la historia de la institución panista como uno más de los sometidos por la urgencia imperativa de “la prisa por el poder”, en fiel seguimiento del estilo negociador que iniciara el tristemente neopanista Luis H. Álvarez a partir de su inicio como presidente del partido en 1987.

Diez años antes y después al 11/9: de la unipolaridad a la multipolaridad

Bajo la Lupa

Una neoyorquina coloca un listón blanco con un mensaje en honor a la víctimas de los atentados del 11-S, en la reja de la capilla de Saint Paul, en Broadway, a dos calles de la zona cero.

Alfredo Jalife-Rahme

Si se toma como punto fijo de inflexión los polémicos atentados del 11/9 y se vislumbran tanto los 10 años previos como los 10 posteriores, en un abordaje geoestratégico se aprecia la travesía de Estados Unidos (EU) del mundo unipolar al presente mundo multipolar (aún balbuceante).

El 11/9 alteró dramáticamente tanto la política doméstica de EU (Seguridad del Hogar, muralla de la ignominia en la transfrontera mexicana salpicada del Plan Mérida; la inminente incrustación al Comando Norte, etcétera) como la exterior: guerra preventiva de los neoconservadores straussianos ligados al Proyecto por un Nuevo (sic) Siglo Estadunidense (PNAC, por sus siglas en inglés), eminentemente israelocéntrico, que reclamaba un nuevo (sic) Pearl Habor, un evento catalizador catastrófico (¿habrá sido ello el 11/9?).

En 1991, 10 años antes del 11/9, EU se consolida como la superpotencia unipolar mediante cuatro hechos: 1) disolución de la URSS, 2) guerra en los Balcanes con el fin de aniquilar definitivamente a Rusia y avanzar tanto a la OTAN como a la Unión Europea a las entrañas del Transcáucaso y del mar Caspio (pletórico en hidrocarburos), 3) primera guerra contra Irak y 4) implementación de la desregulada globalización financierista con el fin de capturar las joyas estratégicas del planeta (ver El lado oscuro de la globalización, descargable gratuitamente en www.alfredojalife.com).

Sin enemigos al frente –mientras Rusia agonizaba y China todavía ni siquiera era admitida a la disfuncional OMC–, EU triunfaba militarmente en los Balcanes y en su primera guerra contra Irak (con abundantes hidrocarburos) y desplegaba su neoliberalismo global con pocas resistencias en la periferia.

La unipolaridad sentaba sus reales en ese lapso apotéosico, sucesora del fenecido orden mundial de la bipolaridad nuclear que había durado 46 años, y se trasmutaba en un ominoso financierismo global que conseguía los mismos objetivos geoestratégicos que las triunfales invasiones militares.

La desregulada globalización financierista, engendro de la unipolaridad, exhibió sus limitaciones con la quiebra de LTCM, firma especulativa de derivados financieros manejada por dos premios Nobel (¡para lo que sirven!) y el mayor árbitro de bonos del mundo.

Debido a la opacidad del sistema financiero israelí-anglosajón (ver Bajo la Lupa, 7/9/11) todavía no se exhuma el monto real de la quiebra de LTCM, lo cual, a mi juicio, exhibió la lenta agonía financierista de EU a partir de 1998.

Como la URSS, su enemigo desparecido siete años antes, EU iniciaba su lenta implosión en el silencio y el ocultamiento de sus cifras.

No es gratuito que en ese lapso hayan pululado una serie de ultrabélicas publicaciones disuasivas: El choque de las civilizaciones, de Samuel Huntington; La próxima guerra, de Caspar Weinberger (con prólogo de Maggie Thatcher); Una ruptura limpia (sic): una estrategia para garantizar el reino (en alusión paleobíblica a Israel), del grupo PNAC, etcétera.

Si se acepta la hipótesis operativa del suceso seminal de la quiebra de LTCM, ergo, el punto de inflexión del 11/9 era inevitable.

Si Osama Bin Laden (anterior operador de la CIA en Afganistán contra la URSS en la década de 1980), no hubiese existido con las huestes de Al Qaeda el 11/9, entonces habría que haberlos inventado para las imperativas necesidades narrativas de la propaganda de la superpotencia unipolar, con un cáncer maligno financierista en su seno que todavía no expandía sus metástasis, obligada por las circunstancias a capturar militarmente las joyas estratégicas de Afganistán e Irak.

En mi libro Los 11 frentes antes y después del 11/9: la guerra multidimensional (también descargable gratuitamente) evoco cómo las crisis financieras de EU (quiebra de LTCM, estallido de la burbuja Internet Nasdaq en 2000, disolución de la gasera texana Enron, bajo el paraguas bushiano) y de sus satélites (desfonde neoliberal en Argentina) desembocan ineluctablemente en que el 11/9 haya sido un auto-atentado y/o perpetrado por los operadores jihadistas de la CIA; da igual cuando el resultado es el mismo: la ultramilitarización global de la superpotencia unipolar herida de muerte financierista que requiere de las pócimas de hidrocarburos del Medio Oriente para intentar rellenar sus agujeros negros contables y, de paso, impedir su libre acceso a China e India.

Sea quien fuere el autor intelectual del derrumbe de las torres gemelas (conste que siempre he pertenecido al campo de los asépticamente escépticos, como Santo Tomás), sin contar la extraña implosión de la tercera torre por la tarde y sin aviones –además de que varios de los indiciados en las fotos montadas del FBI están vivos en cierto país del Medio Oriente–, en términos rigurosamente objetivos, el 11/9 desemboca en la doble invasión de la OTAN a Afganistán, dos meses después, y a Irak (la segunda guerra del nepotismo de los Bush), 18 meses más tarde.

En contraste con los 10 años triunfantes previos al 11/9, la década posterior no fue exitosa: la dupla anglosajona se empantana en Afganistán (rebosante de litio y metales raros) ni puede capturar los hidrocarburos de Irak donde la superpotencia unipolar es derrotada por las patrióticas guerrillas islámicas (de la confesión de sus militares y estrategas).

Un año después de la fallida invasión anglosajona a Irak, en la primavera de 2004, emerge el barómetro del nuevo orden mundial: derrumbe del dólar, inversamente proporcional al ascenso irresistible del oro/plata y el petróleo/gas.

Durante la invasión anglosajona a Irak en la primavera del 2003, el oro andaba en 200 dólares la onza, hoy, 10 años después al 11/9, ha roto la barrera de los mil 900. El alza espectacular de la plata (de la que México es el primer productor estéril mundial porque nada se queda aquí) ha sido similar. El petróleo oscilaba entonces entre 8 y 20 dólares el barril y hoy se ubica en 111 (en la variedad Brent).

Sin contar la derrota de Georgia –apuntalada por EU, Gran Bretaña e Israel–, en Osetia del Sur (Transcáucaso), aplastada por Rusia que ya había resucitado entre los muertos gracias al alza notable de los hidrocarburos, ya no se diga, las dos debacles de Israel (la única potencia nuclear, además de clandestina, del Medio Oriente) frente a dos guerrillas islámicas en Líbano (Hezbolá) y Gaza (Hamas), ¿cuáles fueron las consecuencias de las dos derrotas humillantes de EU en Afganistán e Irak, dos engendros del 11/9? Pues el advenimiento de los BRIC y el incipiente nuevo orden multipolar.

Diez años más tarde al 11/9, la crisis financierista de EU, muy bien ocultada y que detonó desde la quiebra de LTCM en 1998, se ha acentuado a los dos lados del Atlántico (doble crisis del dólar y el euro) cuando la desregulada globalización financierista neoliberal del G-7 (y sus caricaturas tropicales) se encuentra a la deriva.

Visto estrictamente con una mirada geostratégica de 20 años, el 11/9 fue un accidente y/o una iatrogenia y/o un obstáculo y/o una coartada que no pudo alterar el orden natural de las cosas, como solían explicar juiciosamente los clásicos griegos.

La anormalidad no fue el 11/9, sino la unipolaridad del aberrante orden mundial que retorna a su equilibrio con la multipolaridad que pregonan los BRIC.

Contra el fatalismo

El Despertar

José Agustín Ortiz Pinchetti

La democracia mexicana está en la mitad del camino entre su nacimiento y su muerte por esclerosis múltiple. En 1991 publiqué La democracia que viene; hoy podría escribir La democracia que ya llegaba pero se regresó. Entre 1997 y el año 2000 brilló la esperanza. Pero los gobiernos panistas tan ineptos como tramposos impidieron en 2006 la segunda alternancia que hubiera consolidado el nuevo régimen. A consecuencia de las traiciones y desvíos de priístas y panistas las cosas están tan mal que expertos caritativos han clasificado a México como un Estado fallido.

El proyecto vigente impuesto por la oligarquía en su beneficio está agotado. Corresponde el turno a los reformistas. Roberto Mangabeira ha presentado una propuesta para reorganizar la economía de mercado, la democracia política y la sociedad libre, desde una perspectiva progresista y original. La clave sería dar poder y capacitación a los ciudadanos comunes. En México el proyecto de Morena tiene afinidades con él. Además su organización implantada en todo el país está a punto de emerger.

A Calderón y al PAN lo que les preocupa es impedir la alternancia: preparan ataques mortíferos contra el PRI e impulsan la división de la izquierda. Seguirán con la inercia actual sin percatarse del agudizamiento de la crisis.

El PRI propone algo más grandioso que un proyecto alternativo. Nada menos quieren restaurar un pasado inexistente. Quieren regresar al poder para ejercerlo a plenitud. No utilizarán la violencia sino la mercadotecnia. Quieren que el país se convierta en estatua de sal y que se olvide de lo desastroso de los últimos tres regímenes priístas. No proponen un cambio de retórica. Ni es cierto que lo encabecen políticos jóvenes y modernos. Si se revisa su nómina comprobaremos que 90 por ciento de sus líderes mayores tienen 20 años o más en la farándula. ¿Renovación ética? Ni de chiste. Aunque hay priístas honrados, la mayoría conforman una alegre cleptocracia. El PRI no ha cambiado. Tampoco tienen un programa. Prometerán lo que la gente quiera oír, sin la intención de cumplir. Su candidato a la Presidencia puede ser inteligente, pero no ha exhibido una sola idea original. Ahora Peña Nieto nos propone rescatar al país, cuando ni siquiera puede rescatar a Cuautitlán.

Pero el PRI y sus asesores consideran el triunfo inevitable. Se basan en la certeza de que el pueblo de México padece amnesia y estulticia. Están seguros de que inducido por la televisión votará por ellos. De hecho en 2012 veremos si la nación padece el complejo de la abnegada mujer mexicana. Si la gente dice ya basta y se enfurece lo suficiente, el PRI y toda su miseria no podrán regresar. Son los ciudadanos quienes tendrán que decidir y no basta que quieran votar por el cambio sino que se organicen para promover y defender la esperanza de un nuevo rumbo.

jaorpin@yahoo.com.mx

Tarifas eléctricas y corrupción

Antonio Gershenson

En otras empresas públicas hay aumentos de precios, pero sólo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay recibos locos, que siguen durante años y no los corrigen ni les interesa hacerlo. Al contrario, buscan formas para presionar al consumidor, sin que les importe que sea una vivienda de una unidad habitacional y les llegara un recibo de 5 mil pesos. No les importa que sea un problema nacional y de años, y le echan la culpa a la ex Luz y Fuerza del Centro. Debían corregir, pero no les importa el público, de él quieren sacar el dinero que va a dar en beneficio de las trasnacionales y de los altos funcionarios corruptos.

Reproducimos algunos títulos de La Jornada en los últimos días. En 90 días suben 28% las quejas de consumidores contra la CFE, En la indefensión, usuarios de luz enfrentan alzas hasta de 114 mil %, Se extiende el descontento por las altas tarifas de electricidad. También se plantea crear en la Cámara de Diputados una comisión para regular tarifas y acabar con abusos de la CFE.

Muchos consumidores se quejan también de fallas, no sólo apagones, sino cambios de voltaje que dañan equipos eléctricos. Y se quejan también de la pésima atención al público, por personal que no conoce la red.

En Guerrero, el jueves salió una marcha de pobladores de Costa Chica y de La Montaña, al Distrito Federal, en protesta contra las tarifas muy caras. El gobernador del estado dijo que le constaba que las tarifas eran muy altas (las regiones son muy deprimidas, además); que había incluso un recibo de 800 mil pesos. No es posible que en esas regiones se aplique la tarifa de alto consumo. En Villahermosa, Tabasco, pobladores retuvieron a dos trabajadores de la CFE que estaban cortando el servicio. ¿No que era culpa de Luz y Fuerza del Centro?

Llegan al DF pobladores de Guerrero, y otros se manifiestan en varias ciudades del estado. En Oaxaca, en el istmo, cientos de afectados se concentran frente a la oficina de la CFE en Matías Romero y bloquean la carretera transístmica. También van miles de manifestantes a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Asimismo, en Comitán y cerca de Palenque. También en Morelos.

Hay dos grandes causas de fugas de dinero de la CFE, que podrían ser pretexto para los altísimos precios. La primera son los productores independientes de energía (PIE). Sus plantas operan con gas natural, que de una u otra manera lo paga la CFE. Además, les hace una serie de pagos hasta por respirar y, claro, sale carísimo.

Ya hemos señalado que los funcionarios dan preferencia a estos particulares, dejando sin funcionar o funcionando sólo parcialmente las plantas de la propia CFE. Y lo más grave es que dejan con bajo funcionamiento a las plantas hidroeléctricas de la CFE. Entonces, se llena el vaso de la planta, y cuando llegan fuertes lluvias, se sobrellenan vasos y los funcionarios ordenan que se abran las compuertas y causan, o agravan, inundaciones, incluso destruyendo casas, siembras, etcétera.

La otra gran causa de fuga de dinero de la CFE es la corrupción. Arrestan a Néstor Moreno Díaz, que aparece en procesos de Estados Unidos por recibir corrupción en dinero y en especie (un coche Ferrari y un yate). Y también hay cargos a Arturo Hernández, antecesor de Moreno en su puesto de recibidor de mordidas, sin arresto. Que se le va a acusar de enriquecimiento ilícito. Pero si se causó daño a la CFE, lo cual no sólo es evidente sino que se menciona, ¿por qué no se le acusa también de daños a la nación y otros cargos similares?

Luego salen con que lo tenían que soltar, y lo sueltan. Luego, que siempre no... pero ya se había escapado. ¿Era tan difícil seguir estrechamente al acusado, al soltarlo, para que no se fugara?

Y si puede estar cometiendo estos delitos durante años sin que nadie de sus superiores se dé cuenta, ni los acuse de nada, ¿qué tan arriba debe o debió alcanzar el reparto del botín?

Creo que debemos resumir las principales alternativas a esta situación. Ya lo mostramos en el artículo de hace dos semanas: sí se puede generar electricidad de manera muy eficiente en la región central, con combustóleo desulfurado. Se trata de plantas que trabajan a muy alta temperatura y presión, en el caso concreto que mencionamos, con 44 por ciento de eficiencia.

Para el servicio por colonias o por subestaciones, se requiere una estructura de unidades regionales profesional, no contratando a empresas privadas cuyo personal trabaja sin conocer partes importantes de la red eléctrica de esta parte del país.

Debe haber números de teléfono para cada unidad local reparadora, de modo que el contacto sea inmediato, y la asistencia del personal, también.

Debe haber un equipo calificado, encabezado por profesionales, para atender la red en su conjunto (incluyendo líneas aéreas, y cables subterráneos que la CFE no conoce).

La información del público debe ser empleada como base para ampliar el conocimiento por los técnicos y profesionales del sector eléctrico, para superar a fondo los problemas.

Las tarifas, en especial las domésticas y las que se aplican a pequeños servicios y comercios, deben ser sencillas (eliminando tarifas de salto como la tarifa de alto consumo). Se debe montar una amplia red de oficinas con personal que conozca el servicio. Los recibos locos, resultado de un salto, por ejemplo, de 10 veces hacia arriba, deben rastrearse hasta su origen, para eliminar las causas.

Dar plena vida al párrafo del artículo 27 de la Constitución: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

Finalmente, la corrupción de funcionarios debe ser considerada delito grave, con todos los agravantes de los delitos organizados, en los casos en que la participación no se compruebe como individual.

antonio.gershenson@gmail.com

¿Patente de corso? ¿Impunidad?

Javier Jiménez Espriú

El director de Pemex está más organizado que el crimen organizado. Cuando menos y donde menos lo esperamos surge el siguiente atentado. Nos trae, a quienes hemos hecho de la defensa de Pemex una vocación y un deber nacionalista, a mal traer. No nos da cuartel, no nos deja momento de reposo. Tiende un velo para tapar otro, pero todos son igualmente graves y desoladores.

Aún no termina la polémica de los inconstitucionales contratos integrales asignados a una empresa inglesa mediocre y a una mexicana de gran tradición petrolera –seis años de antigüedad–, cuando nos enteramos de que ahora invierte más de 20 mil millones de pesos en Repsol, para mejorar el desempeño de la dirección corporativa de la empresa española, o para decirlo en términos castizos: para remover a un director general que no es del agrado de la constructora española Sacyr. ¿Qué no 20 mil millones es mucho dinero como para gastarlos en cumplir un caprichito de Sacyr?

¿No sería más propio que se dedicara a mejorar el desempeño de Pemex, de la que lo nombraron –no sé por qué– director, y limpiarla de corrupción y de ineficiencia? Así, sin gastar tanto dinero, ganaríamos mucho más. Pero eso no es todo. El señor director comprometió además el voto de Pemex en el consejo y en la asamblea de Repsol, para varios años, con una empresa constructora de aquel país, cuyo presidente quiere defenestrar al de Repsol, y cuyos intereses pueden ser muy diferentes a los de nuestra petrolera nacional. Esto es, cuando menos, inexplicable.

¿En qué líos está metido el director y quiere meter a Pemex? Ya hay en España la especie de que se trata de un fraude a la ley, que pretenden perpetrar Pemex y la constructora española. ¿Qué compromisos está adquiriendo y cuáles son los beneficios de la paraestatal, o los de él? ¿Irá a ser el representante en México de la constructora una vez que lo sustituyan en Pemex? ¿Tiene derecho el director de Pemex a sacar de la bolsa de nuestra empresa esa cantidad y usarla sin controles, o con la opacidad que rodea a esta nueva aventura? ¿Está comprometiendo la apertura de Pemex con sus socios de la constructora ibérica?

¿Qué pasa con la empresa off shore que se supone será la compradora de las acciones de Repsol? ¿Qué nos puede decir la Auditoría Superior de la Federación del control de estas operaciones?

El secretario de Energía declaró que están tan bien las finanzas de Pemex, que ya podemos pensar en salir a buscar negocios fuera. Ahora sí, no entiendo nada. ¡Ya no está en números rojos la paraestatal! Ya podemos ir al extranjero de compras. Supongo entonces que tendremos para el mantenimiento adecuado en Pemex, para reconfigurar nuestras refinerías, para hacer la nueva, o mejor las nuevas, ya que el déficit de gasolinas aumenta. En fin, ¡jauja en Pemex!

Pero no, soy más irónico que ingenuo y sé que aquí se seguirá, si lo permitimos, desmantelando la paraestatal, entregando la renta petrolera a los contratistas y esforzándose día con día para romper las cerraduras constitucionales y abrir Pemex en todas sus líneas, sin necesidad de violar, como hasta ahora, la Carta Magna.

Pareciera que el director de Pemex goza de inmunidad, cuando lo que sucede es que actúa con impunidad, con una patente de corso, como sucedió también con la empresa Pemex III –otro fraude a la ley para evitar el engorroso proceso de las licitaciones–, que recibió el contrato para construir la Estela de Luz del bicentenario y lo transfirió sin licitación a una constructora privada, convirtiéndose en un intermediario cuya única aportación fue la evasión de la ley.

En fin, este comentario tiene más preguntas que afirmaciones –y faltan muchas más–, porque ante la nebulosidad de lo que se presenta, las afirmaciones que para mí tengo son, por el momento, especulaciones y temores que surgen de las amargas experiencias que nos ha dejado la breve pero enormemente dañina administración actual.

jimenezespriu@prodigy.net.mx