viernes, mayo 07, 2010

UGANDA: OUT OF THE WILD



Story Synopsis

In the lush mountains of western Uganda, tourists come to the dense forests in search of rare and exotic animals. What they don’t anticipate is coming in contact with some of the world’s rarest diseases.

That’s what recently happened to an American tourist who came down with a mysterious and deadly disease after visiting a cave known for its bats.

“We’re still not exactly sure how she acquired the infection,” says Dr. Stuart Nichol of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “We know that she did enter the mouth of the cave but didn’t go very deep into the cave.”

A team from the CDC found that she’d contracted Marburg virus -- a hemorrhagic fever that causes extensive internal bleeding. Hers was the first case to reach the United States.

During the same period, another outbreak of hemorrhagic fever was devastating a remote village in the same region. It was discovered to be a new strain of the Ebola virus, which scientists believe was transmitted to humans who ate infected bush meat.

“Uganda is a really good example of a hot spot for where these diseases arise,” says Dr. Ali Khan of the CDC. “The infections due to animals represent 75 percent of all the emerging infectious diseases, and so if you’re really going to tackle these diseases, you can’t just focus on people. You need to focus on the animals, you need to focus on the environment, and on the interface where those come together to decrease infectious diseases worldwide.”

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En México, "holocausto" centroamericano



SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.

Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.

Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.

El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.

El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.

Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.

Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.

Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.

Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.

El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.

Los firmantes exponen su frustración:

“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”

Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.

Súplicas a “Los Zetas”

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.

El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.

“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.

Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.

En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.

“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.

Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.

“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”

Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.

Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.

Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.

Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.

Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.

A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.

Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.

Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.

Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.

“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.

Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.

Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.

El poder de una empresa

La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.

En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.

En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.

De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.

Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.

De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.

Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.

“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.

La ruta del acoso

Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:

“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.

Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.

El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.

El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.

El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.

Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.

“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.

Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.

En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.

Peña Nieto y el doble juego de Sedesol

Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Marcela Turati


MÉXICO, D.F., 5 de mayo (apro).- Al delegado de la Sedesol en el Estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, perteneciente a una de las familias panistas de abolengo, no sólo se le acusa de tolerar múltiples irregularidades con licitaciones y contratos de obra otorgados por la dependencia. También se le imputa un doble juego político que, con los programas sociales, favorece las aspiraciones de Peña Nieto. Algunos afirman que, cuando en dos ocasiones ha estado a punto de ser removido, sendos derrames de aguas negras en la entidad lo han sacado a flote, aunque para otros la explicación es que cuenta con un poderoso padrino político.

Unos dicen que al panista Gustavo Arturo Vicencio Acevedo las aguas negras lo han salvado dos veces de perder su empleo y que ha “nadado de muertito” en su cargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de México.

Otros dicen que goza de la protección de un poderoso padrino que ha sido como un pararrayos de posibles desgracias.

Los señalamientos contra el delegado –quien es hijo del panista de cepa Astolfo Vicencio Tovar, consejero vitalicio del PAN– son múltiples: contratar a empresas insolventes para el programa Piso Firme y no denunciar penalmente a las que incumplen contratos, “arreglos” de licitaciones, rasuramiento de cheques destinados a las encargadas de las Estancias Infantiles y despido de subalternos por revanchismo político.

Algunos de los ilícitos constan en oficios internos de la secretaría y en denuncias penales, o son señalamientos públicos de excolaboradores y declaraciones de los involucrados directos en varias de las irregularidades.

Una muestra es el oficio interno de la Sedesol (folio 500-2733, fechado el 31 de agosto de 2009) que la entonces abogada general de la dependencia, Adriana Campos, envió al entonces secretario Ernesto Cordero y al subsecretario Luis Mejía, en el que documentaba los ilícitos cometidos por la delegación mexiquense en el programa Piso Firme 2008 y 2009, entre los que consignó licitaciones amañadas o inexistentes.

Una de las irregularidades encontradas en el manejo de los recursos en 2008 –según el oficio del cual Proceso tiene una copia– consiste en que la delegación no guardaba en sus archivos documentación de siete procedimientos de licitaciones que había otorgado.

Tampoco había expedientes de licitaciones de 2009, y varios contratos –como los adjudicados a Diapmaco, Mexicana de Atlacomulco, S.A. de C.V., y a Coningar, Construcciones, S.A. de C.V.– se firmaron antes de quedar cerrados los concursos y de que hubiera una declaración sobre los ganadores de los mismos. De la última firma ni siquiera quedó constancia de los “avances de obra” por los cuales le pagaron.

El documento menciona que a Edificaciones ATCO, S.A. de C.V., se le consideró vencedora de una licitación en la que el concurso se declaró desierto, y que se le entregó un anticipo 2% mayor al establecido por la ley (200 mil pesos más).

Una semana después de que la abogada presentó los resultados de sus investigaciones, los municipios de Tlalnepantla y Atizapán se inundaron de aguas sucias por la rotura de un colector, y Vicencio salió al rescate de los damnificados.

El 19 de noviembre de 2009, un empresario interpuso la primera denuncia penal en contra del funcionario que él designó como enlace en las obras de Piso Firme. Esta semana otro empresario interpondrá la segunda. Ambos ganaron obras en el municipio Villa Victoria y aseguran haber sido víctimas de la corrupción.

La historia es así: En Villa Victoria la delegación contrató a Aridelco de México, S.A. de C.V. –una empresa con medio año de vida– para incrementar las viviendas de los más pobres, y le pagó 2 millones 800 mil pesos (el 30% del costo de la obra). Los pisos no se construyeron y, según verificó la Unidad del Abogado General y la Transparencia de la Sedesol, la delegación no levantó denuncia penal a pesar del desfalco.

La asignación de la obra le extrañó al propio dueño de la empresa, el arquitecto Pedro Antonio Delgado Aguilar, quien explicó a Proceso en entrevista: “Pienso que Aridelco no podía participar en el concurso (del piso) porque no tiene historial de experiencia y su capital social es de 100 mil pesos, mientras que las bases (de la licitación) dicen que debía tener un capital equivalente al monto de la obra, que era de 10 millones de pesos”.

La historia que refirió constituye un enredo de irregularidades: La señora Marcela Galván, relacionada con la empresa Meb Contratistas, ofreció a Delgado y a su socio 180 mil pesos para que le vendieran la empresa porque había arreglado con el jefe de finanzas de la Sedesol-Edomex, Marco Antonio García Sánchez, que otorgaría un contrato para Meb y otro para Aridelco.

Pero la Sedesol depositó el dinero destinado a la obra en la cuenta de Aridelco antes de que se celebrara la compraventa, y, cuando el arquitecto se enteró, el dinero otorgado a su empresa ya había sido gastado por Galván y su socio, y los pisos no fueron construidos.

El arquitecto Delgado se trasladó a las oficinas centrales de Sedesol para explicar las irregularidades y declararse inocente. Sin embargo, allí le aseguraron que la delegación no había puesto ninguna denuncia en su contra. Esta semana, Delgado Aguilar demandará a la delegación mexiquense con el fin de protegerse.

Para deshacer el entuerto, la delegación le asignó la misma obra (“sin licitación de por medio”, acota el documento de la abogada) a Origen, Constructores y Acarreo, firma que no dejó fianza por los 6 millones 195 mil pesos que le pagaron de adelanto, que incumplía todos los requisitos y que tampoco concluyó las obras.

Al respecto, el dueño de la empresa –un hombre que pidió el anonimato porque tiene otros contratos con el gobierno– externó que le fue imposible cumplir porque el funcionario García Sánchez, enlace entre contratistas y el delegado, además de pedirle la “mochada reglamentaria” de 3.5% del costo de la obra, le quitó 525 mil pesos más por “comisiones”. Esto, declaró, lo llevó a la bancarrota.

“Lo acusé con el delegado, y el delegado me dijo que iba a ver el asunto y nunca me volvió a recibir”, agregó el quejoso, quien presentó ante la PGR la denuncia 1515/2009 por los hechos. En ese momento fue informado de que había una denuncia penal previa en la Mesa 1 de Toluca contra funcionarios de la secretaría.

De ser comprobadas judicialmente las imputaciones, esta sería la segunda ocasión en que se documentaría que los funcionarios de una delegación de la Sedesol extorsionan a los contratistas del programa Piso Firme, además de que, en el presente caso, el secretario Cordero y el subsecretario Mejía sabiendo de los ilícitos, no los sancionaron.

A raíz de que, en septiembre de 2009, Proceso reveló la corrupción en la delegación de Guerrero, fueron removidos y se encuentran bajo investigación el entonces delegado Luz Antonio González Justo y su subdelegado, José Cruz Rétiz.

La evidencia documental revela que Cordero fue enterado de los ilícitos en Edomex cuatro meses antes de ser nombrado secretario de Hacienda, pero –“negligente”– heredó el problema a su sucesor, Heriberto Félix.

La historia de Vicencio

Vicencio Acevedo es delegado de la Sedesol en el Estado de México desde el sexenio de Vicente Fox. Su cargo se considera como uno de los premios otorgados durante la transición a las familias panistas de abolengo, como son los Vicencio, cofundadores del PAN en la entidad. Otro Vicencio es delegado en Jalisco.

Antes de entrar a la Sedesol, Vicencio Acevedo fue diputado federal por dos periodos y ocupó cargos en el PAN, por lo que conoce bien a Felipe Calderón, de quien gusta decir que es su amigo y protector.

Un trabajador de oficinas centrales de la Sedesol señala que, desde 2008, dentro de la dependencia ya había quejas en contra de Vicencio, una de las cuales provino de la encargada nacional de Estancias Infantiles, Lía Limón, quien se quejó de su desempeño ante el secretario Cordero.

Dos amas de casa mexiquenses, dueñas de estancias infantiles afiliadas a la secretaría, dijeron a este semanario que la delegación retrasa de 15 a 21 días la entrega de los subsidios para la manutención de los niños, que a veces los cheques llegan ‘rasurados’ y que los funcionarios las tienen amenazadas de quitarles los permisos si denuncian las irregularidades.

“Algunas compañeras tienen la situación de que les llegan sus recibos de pago por los 30 niños que atienden, pero sólo reciben el pago por 25, y aunque te das a la tarea de preguntar a la delegación por qué los descontaron, no te explican ni te lo reembolsan, y tú terminas pagando. En diciembre, en la delegación nos dijeron a qué lugar podíamos ir a comprar facturas falsas de los gastos que no pudimos comprobar. ¡Ellos mismos nos mandaron a hacer el ilícito!”, exclamó una entrevistada.

Los problemas mayores para Vicencio comenzaron el 3 de agosto de 2009, cuando despidió al coordinador de programas, el también panista Eric Alan Castillo Vargas, quien acusó al delegado de haberlo removido por pertenecer a una corriente partidista opuesta a la suya. Entonces comenzó una racha de protestas de adultos mayores, marchas de funcionarios y militantes de Acción Nacional en apoyo al despedido, y declaraciones de prensa de varios panistas. La mayoría de los empleados del área de Adultos Mayores, simpatizantes de Castillo, fueron despedidos.

En un escrito que entregó a Proceso, Castillo se quejó de la “ingratitud” que Vicencio manifiesta hacia los “trabajadores militantes que han mostrado compromiso” con el PAN, y lo acusó de haber apoyado en las elecciones de 2009 la campaña del PRD en el Valle de Chalco contratando brigadistas con fondos del Programa de Empleo Temporal.

En cambio, una candidata a alcaldesa por el PAN durante las elecciones del año pasado relató que en una reunión de varios candidatos perdedores fue común el enojo hacia el delegado, quien, sospechan, operó para el PRI.

“Dejó que las estructuras de desarrollo social de los municipios las ocuparan priistas; los dejó que usaran los programas; parecía que trabajaba en contra del PAN. Nunca pudimos entrevistarnos con él porque no nos recibió. Quienes fuimos candidatos en Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Ecaptepec coincidimos en que los programas se usaron para presionar el voto a favor del PRI, y el delegado no hizo nada para impedirlo”, aseguró la excandidata, quien pidió el anonimato.

Otro funcionario mexiquense vinculado al PAN expresó sobre él: “Pareciera que no está haciendo estructura para el gobierno federal; yo pensaría que la hace para Peña Nieto, porque Peña Nieto es el que cacarea los programas sociales de la Sedesol. No está claro su juego. Como que está haciendo doble juego para colocarse, pero es muy raro, porque no trabaja con nadie, no hace equipo con los otros delegados federales”.

Los allegados del delegado afirman que es el único panista mexiquense con la trayectoria, la honestidad y la visibilidad suficientes para competir por la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2011. Y otro excolaborador de los que ha despedido refiere que desde 2005 creó un grupo de funcionarios amigos, denominado Círculo Azul, que trabaja para construirle la candidatura.

Sin embargo, a pesar de su linaje, no tiene la postulación asegurada.

Un empleado de las oficinas centrales cuenta que, el año pasado, en la secretaría tenían preparada la remoción del delegado, pero que “un político” la frenó, aunque no sabe si fue Calderón, el secretario Cordero, César Nava o Peña Nieto.

El funcionario que más sabía de sus movimientos y del cumplimiento de las metas de los programas sociales, Gerardo Iturbe, quien era el enlace entre las oficinas centrales y la delegación, fue removido aparentemente a petición del delegado.

A principios de este año corrió otro fuerte rumor de que el delegado sería removido, pero, otra vez, se rompió el canal de aguas negras que inundó Chalco, Ecatepec y Neza, y Vicencio salió a flote.

Peña Nieto apoya con recursos públicos al PRI, denuncia el PAN

Peña Nieto, una denuncia más.

La redacción


MÉXICO, D.F., 7 de mayo (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) presentará ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una denuncia en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN acusó al gobernador mexiquense de “distraer” recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier López Zavala.

El PAN, que en Puebla buscará la victoria con la candidatura de Rafael Moreno Valle, en coalición con el PRD, Convergencia y Nueva Alianza, señaló que Peña Nieto viajó el jueves pasado a Puebla a un acto proselitista de López Zavala en el helicóptero del gobierno del Estado de México.

Por si fuera poco, el mandatario mexiquense acudió al acto de campaña del candidato priista en horas y días hábiles.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer que la denuncia ante la Fepade será presentada por su representante en el Instituto Federal Electoral (IFE), Roberto Gil Zuarth.

Televisa, el gran negocio

Fachada de Televisa San Ángel.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 4 de mayo (apro).- El negocio más importante de telecomunicaciones de este año --y quizá del sexenio-- iniciará esta semana su periodo final: entre el 6 y el 7 de mayo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) recibirá las ofertas de las empresas que participarán en las licitaciones para telefonía móvil con servicios de banda ancha.

Se trata del arranque del cuádruple play en México y que convertirá al ganador de esta pugna por las bandas 1.7 y 1.9 Ghz en el consorcio más importante para dar servicios de Internet, audio, video y telefonía móvil.

Desde la discusión del Presupuesto de Ingresos de 2010, en octubre del año pasado, fue un escándalo sin mayores consecuencias políticas que la mayoría de diputados y senadores aprobara exentar durante dos años el pago de derechos al ganador de la licitación de estas bandas del espectro radioeléctrico.

Sin embargo, quedó muy claro que esta condonación fiscal –estimada en más de 5 mil 600 millones de pesos-- beneficiaba al nuevo competidor de la telefonía móvil en México: Televisa.

Y para confirmar esta apreciación, el 16 de febrero de este año, Televisa anunció una alianza con Nextel por mil 600 millones de dólares para que ambas compañías pugnaran por obtener hasta 80 Mhz en la licitación de esta banda.

Así, se tomaba en cuenta que Nextel era la única compañía que podía rivalizar con Televisa en alcanzar esta licitación.

Por ese motivo, el vicepresidente de Finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, artífice de la transformación del consorcio televisivo en un conglomerado de telecomunicaciones, advirtió que la compra de hasta 30% de Nextel sólo se concretaría si la empresa que controla 70% de las frecuencias de televisión abierta concesionada ganaba también la licitación de telefonía móvil convergente con banda ancha.

Finalmente, la sociedad entre Televisa y Nextel fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia (CFC). Y desde ese momento quedó claro que todo estaba preparado para incrementar el emporio de Televisa.

Para marzo de este año, de las 27 empresas que se inscribieron en la licitación anunciada por Cofetel, 20 renunciaron a la puja.

Según la Cofetel, sólo quedarán en la recta final las siguientes empresas:

--Radio Dipsa, filial de Telcel, propiedad de Carlos Slim, que sólo puede aspirar a un máximo de 10 Mhz.

--Telefónica Movistar, la filial de la empresa española Telefónica, dirigida en México por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Esta empresa sólo puede aspirar a un máximo de 30 Mhz y los especialistas especulan que no peleará más porque la licitación de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está orientada para beneficiar a la compañía ibérica.

--Grupo Salinas, del dueño de Unefon, Iusacell y Televisión Azteca, que rompió lanzas contra la licitación al denunciar que las bases constituían “un regalo para Televisa”.

--Megacable, la tercera compañía más grande de televisión por cable en México, asociada a Televisa en el cartel de cableras conocida comercialmente con el nombre de Yoo. Se maneja la posibilidad de que esta compañía establezca una alianza con el Grupo Hevi.

--Axtel-Avantel, las dos telefónicas asociadas que pretenden enfrentar a la ‘mega-alianza’ Televisa-Nextel, y al gigante de Telcel.

--Y Nextel-Televisa, la alianza más importante que se ha anunciado en los últimos tres años.

Si Televisa y su socio Nextel salen beneficiados, se confirmará entonces lo que desde el año pasado era muy claro: el gobierno de Felipe Calderón optó por su alianza de mutuo beneficio con la empresa de Emilio Azcárraga Jean para garantizar una cobertura mediática favorable hacia el 2012.

Este fenómeno explica también por qué el gobierno de Calderón le ordenó al PAN que se retirara de última hora en la dictaminación de la “reforma integral” a las leyes federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, que se quedaron una vez más en el límite, el pasado 27 de abril, a unas cuantas horas que culminara el periodo ordinario de sesiones.

Lo más escandaloso es que no sólo este negocio está orientado para beneficiar a Televisa. El propio ISSSTE benefició con un jugoso contrato por mil 793 millones de pesos a la empresa telefónica Bestel, filial también de Televisa, para que instalara la red privada de este instituto.

Telmex, de Carlos Slim, se amparó ante los resultados de esta licitación acusando al ISSSTE de claro favoritismo hacia Bestel.

Luego la jueza federal Ana Luisa Priego aceptó la demanda de amparo de Telmex, pero todo parece indicar que nada frenará este regalote para Televisa.

¿Y así habla aún Calderón de enfrentar a los monopolios?

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

Ley de Seguridad Nacional, la discordia

Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 7 de mayo (apro).- Si resulta cierto el dicho de los senadores Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Gustavo Madero, del PAN, de que no habrá marcha atrás en lo que ellos aprobaron como Ley de Seguridad Nacional, e incluso que el tema se negoció con el gobierno federal, entonces sólo se pueden concluir dos cosas:

La primera, no habrá nueva Ley de Seguridad Nacional y, segundo --aunque con más de una implicación--, que el gobierno federal, las fuerzas castrenses, PRI y PAN están divididos; aparte de que Beltrones sigue apostándole al apoyo a Felipe Calderón para ciertos temas, y con ello reposicionarse en su lucha por la candidatura presidencial de su partido, mientras que el gobernador mexiquense, el también priista Enrique Peña Nieto, tratará de sacar ventaja de ello ante los legisladores y otra parte del sector castrense.

Cómo podrá darse una nueva ley si los senadores hicieron exactamente lo contrario de lo que les pedían los militares.

Así, mientras los senadores modificaron en los puntos cruciales la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y acordada con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, los diputados decidieron detenerla, ya que no fue del agrado de “todas” las fuerzas castrenses.

Apenas el pasado jueves, tanto Beltrones como Madero dijeron que no darán marcha atrás a lo modificado por ellos como lo relativo al fuero castrense; es decir, que la participación de un militar en “errores de operativo” en la lucha contra el crimen organizado sea juzgada por “los tribunales constituidos”, esto es, por juzgados civiles, y no sólo los militares.

Tampoco darán marcha atrás a su negativa para que el Ejército tenga facultades de investigación para realizar cateos y allanamientos.

Del otro lado, el de los diputados, sostienen que no aceptarán la minuta tal cual, debido a que contraviene las propias leyes orgánicas, tanto de la Armada (Marina), como del Ejército, que resulta “inconstitucional” y que pretende subordinar a los militares a las policías locales.

Si las diferencias entre senadores y diputados son tan grandes, difícilmente saldrá una nueva ley.

Y segundo, ambas posiciones --la de los senadores y la de los diputados, así como la aseveración de que fue el propio general Galván Galván quien estuvo al tanto en todo momento de los cambios que se le hacían a la propuesta inicial en la casona de Xicotencatl, mientras que otro sector hacía lo propio, pero en San Lázaro para manifestar su descontento-- sólo implican que la división, en todos los frentes, existe.

Y es que mientras el senador panista Gustavo Madero dice que no habrá marcha atrás, su homóloga en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, insiste en que antes de avalar lo hecho por los senadores hablarán con los militares.

Además, si Beltrones, quien encabeza la fracción del PRI en el Senado, defiende contra todo su minuta, entre los diputados de su partido, gente tan decisiva como el exdirector del Cisen y exencargado de la entonces Policía Federal Preventiva, además de presidente de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, Ardelio Vargas, sostiene públicamente que la ley aprobada bloquea el trabajo de los militares en la lucha contra el crimen organizado.

En cuanto al efecto político que estas acciones tendrán, aún no está claro, pues Beltrones, quien operó para que Felipe Calderón pudiera ingresar al recinto legislativo de San Lázaro y rendir protesta el 1 de diciembre de 2006, nuevamente parece respaldarlo negociando la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y discutida, en sus cambios, con el propio Galván Galván.

Uno podría creer que Beltrones, cabeza y operador de los senadores priistas, contaba con el respaldo de las fuerzas castrenses, pues supuestamente Galván habría estado en todo el proceso de discusión, pero también con el apoyo del propio Calderón, pues aceptó discutir y aprobar la iniciativa.

Todo estaría claro si dentro de los propios mandos castrenses no hubiera también división.

Si realmente existiera un solo pensamiento y con capacidad suficiente para imponerse ante el resto, entonces se podría decir que Beltrones tiene el apoyo castrense, pero el malestar dado a conocer a través de distintos medios de una parte de los militares hace percibir otra realidad.

Si no, ¿por qué entonces en la Cámara de Diputados --donde uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, Enrique Peña Nieto, tiene gran ascendencia-- un grupo de militares presionó y logró frenar la aprobación de lo operado por el propio Beltrones?

Esto, lo único que demuestra, es que en la desgracia de la violencia y enfrentamientos que se viven en el país, a los políticos lo único que les sigue importante es cómo sacar beneficio de todo, cómo lograr posicionarse políticamente rumbo al 2012.

El tema de si la ley aprobada por el Senado brinda realmente o no, a las Fuerzas Armadas, las herramientas para frenar al crimen organizado, o si respeta o vulnera los derechos humanos de los civiles, es otra discusión.

Aquí simplemente lo que se vislumbra es una lucha de poder al interior de cada uno de los sectores involucrados.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

La elección de Oaxaca

Peña Nieto y Ulises Ruiz.

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 5 de mayo (apro).- Es muy probable que la elección de Oaxaca sea la más disputada e importante de las 12 que este año se realizarán en todo el país. Y lo es por razones de estrategia política para todos los partidos, pues es el único estado donde la alianza entre el PRD, el PT y el PAN tiene posibilidad de ganar; en tanto, para el PRI representa la oportunidad de acabar con ese experimento electoral y posicionarse con todo para el 2012.

La elección en Oaxaca es emblemática en muchos sentidos para la vida política nacional. Más allá de los regionalismos en los que se suele caer cuando se habla de una elección estatal –como decir, por ejemplo: “es el experimento o el laboratorio político para todo el país”–, en el caso de los comicios en esta entidad hay elementos para considerar que el resultado es fundamental para los actores y partidos involucrados.

En Oaxaca nació, hace seis años, la primera coalición de partidos antagónicos ideológicamente, cuando se unieron PRD, PAN, Convergencia y PT, con el agregado apoyo de la maestra Elba Esther Gordillo, que apoyaron a Gabino Cué contra el priista Ulises Ruiz, quien al final logró un triunfo cuestionado. Hoy esos mismos partidos vuelven a enfrentarse casi con los mismos actores: de parte de la alianza opositora repite Cué, mientras que el candidato del PRI-PVEM es Eviel Pérez Magaña.

Aunque para el PRI el gobernador Ulises Ruiz ya no es un activo político, sino todo lo contrario, por los cuestionamientos a nivel nacional e internacional, que lo ponen como un violador a las garantías y derechos humanos de los oaxaqueños, no puede dejar al abandono esta elección y perder miles de votos rumbo a la contienda presidencial del 2012. Es por ello que en días próximos Enrique Peña Nieto estará en Oaxaca para apoyar a Eviel Pérez Magaña.

Personalmente, para Ulises Ruiz ganar la elección en su estado es de vida o muerte política. Si pierde, de inmediato estaría sujeto a juicios políticos y judiciales, ya que antes, durante y después del conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, utilizó la fuerza del estado para reprimir a los integrantes de un movimiento social que exigía su renuncia. Casi todas las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, como la ONU, Human Rigths Watch, Amnistía Internacional y la comunidad europea, entre otras, han calificado a Ulises Ruiz como un gobernante represor.

A nivel nacional, mientras tanto, todas las agrupaciones civiles lo responsabilizan de decenas de muertes, cientos de detenidos y algunos desaparecidos, así como de ataques de grupos parapoliciacos o paramilitares. El gobernador oaxaqueño necesita del manto protector de su posible heredero y también del PRI nacional, al que ha apoyado financieramente desde que empezó su debacle en 2000 y, sobre todo, desde que llegó al gobierno del estado haciendo uso de los recursos públicos para pagar la nómica y las deudas dejadas por su mentor político, Roberto Madrazo, tras su derrota en la contienda presidencial de 2006.

La derrota para Ulises Ruiz sería la señal de arranque para el inicio de juicios dentro y fuera del país por tribunales judiciales y de derechos humanos. En el caso de la alianza que encabeza Gabino Cué, para los partidos que la conforman es esencial ganar en Oaxaca. Y lo es porque los posicionaría en un mejor nivel de contienda para los dos años que vienen, sobre todo por las derrotas que han tenido en varias entidades donde gobernaban.

PAN y PRD, principalmente, le apostaron a una alianza para poner un alto al PRI, que en los dos años anteriores recuperó buena parte de su poder en todo el país y en el Congreso de la Unión. A pesar de las críticas por la contradicción ideológica y programática que significaba una coalición, mantuvieron su voluntad y se unieron en varios estados para lanzar candidaturas comunes. Pero de acuerdo con diversas encuestas en casi todas las elecciones, sólo en Oaxaca tienen posibilidad de ganar.

Ganarle al PRI en Oaxaca significaría para las dirigencias del PAN y el PRD una bocanada de oxígeno y un poco de aliento. Pero no sólo es importante para esos partidos una derrota del priista Eviel Pérez Magaña, también lo es para la sociedad civil de Oaxaca, ya que representaría la posibilidad de llevar a juicio a Ulises Ruiz y a varios de sus colaboradores por los abusos cometidos en su administración, y cerrar uno de los capítulos más lamentables de la historia oaxaqueña. Nunca antes un movimiento social como el de la APPO había sido tan castigado como ocurrió en 2006, cuando Ulises Ruiz desató una persecución contra todos y cada uno de sus miembros, llegando al uso de grupos parapoliciacos o paramilitares que actuaron bajo el amparo de la indolencia oficial.

La violencia generada ese año puso en la tablita al gobernador, pero fue salvado por la misma situación política, ya que ni al gobierno de Vicente Fox ni al PRI les convenía que Ulises Ruiz renunciara, dejando que creciera un movimiento social como la APPO, en plena contienda presidencial. La sociedad oaxaqueña tuvo que pagar los altos costos de 26 muertos, más de medio millar de detenidos y una decena de desaparecidos. La herida provocada entonces aún no cierra. Sólo un juicio imparcial y honesto sobre Ulises Ruiz y sus colaboradores podría hacer cicatrizar esta herida, pero ello no ocurrirá si el PRI gana el próximo 4 de julio. Por estas circunstancias es que la elección en Oaxaca es particularmente importante. La violencia es una amenaza en medio de este juego en el que nadie quiere perder.

La maternidad, asunto de vida y libertad

Sala de maternidad en un hospital.

Sara Lovera


MÉXICO, D.F., 6 de mayo (apro).- El tema de la maternidad está a debate desde que el movimiento feminista de los años setenta develó todas sus contradicciones y dificultades. Sin embargo, la reproducción es el elemento central de la sobrevivencia de la humanidad como tal.

En 2010 tenemos todos los estudios que muestran estas contradicciones. Por una parte, el desarrollo del capitalismo salvaje ha producido, como en ningún momento de la historia humana, la disminución de las familias ante los embates de la caída de los recursos materiales y simbólicos para traer hijos a este mundo aterrador.

La elección entonces ha sido propiciar a través de leyes, discursos y políticas públicas, la libertad: ser madre o no ser madre se ha ubicado claramente en la decisión de cada individua o pareja.

El debate, los argumentos y todo lo que ello significa está plagado de innumerables manipulaciones. Es así como se reguló (en México en los años veinte) la libertad de abortar si el embarazo es resultado de una violación. Ahora la estrategia de los poderosos –casi todos hombres– es negar esta libertad.

Paradójicamente se intenta, sin conseguirlo, elevar la maternidad a una cuestión de interés público, como si las personas no existieran, pero lo peor es que de acuerdo con los estudios económicos, las mujeres no pueden realmente elegir.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), igual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han llegado a la conclusión de que la falta de políticas públicas que permitan conciliar el trabajo en el hogar y los cuidados maternos con el ámbito laboral, han conducido a las mujeres a tener menos hijos.

Las mujeres en México no pueden desarrollar eso que idealmente se llama maternidad. Todavía son insultantes las cifras de muerte materna, entre otras razones a causa del aborto clandestino.

Es por ello que el descenso del número de hijos por mujer fue brutal en los últimos 30 años, pero el Estado y todas sus agencias siguen ignorando esta trama de la vida. Se vuelve simulación cualquier aliciente para ser madre y ahora se pretende considerar a la maternidad como un asunto de todos y todas. Es absurdo.

Existen otras realidades, que no se leen. Se sabe que hasta una quinta parte de las mujeres en edad reproductiva son infértiles, es decir que no pueden tener hijos. Algunas de ellas quisieran tenerlos y se ha disparado por ello el negocio de la fertilidad in vitro, la compra o negociación de semen y el sometimiento a innumerables pruebas. La ciencia ayuda en ello y muchas mujeres han podido, finamente, embarazarse.

También es su derecho.

Negar el aborto desde el Estado o la esterilización forzada es de idéntico cuño. Se violan sus derechos más elementales. La esterilización forzada sucedió en México de manera escandalosa en los años ochenta, tema que fue documentado profundamente.

Un estado que quiso resolver rápidamente, sin ética ni derecho el “problema demográfico”, esterilizó a cerca de dos millones de mujeres. Aún nadie los juzga por ello. Las pruebas existen.

Otra vez no hay congruencia entre el discurso y la realidad. Lo que se frena es la libertad de decisión de las personas. Lo que no ven quienes tienen el poder. Y para colmo se establecen debates y más debates sobre la vida de las mujeres: o “máquinas de reproducción” o “cuerpos manipulados”.

De la maternidad a la hora de tomar decisiones, nadie se acuerda y se le ponen toda clase de trabas. Ellas, nosotras, nos volvemos tubos de ensayo político y económico.

Es así como la atención a la humanidad deja de tener sentido. Un nuevo debate sobre la maternidad, que desean regular los estados, está en puerta. ¿Maternidad subrogada?

Aunque no dio tiempo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para llegar a una conclusión, es en esa Asamblea donde está puesta una iniciativa de la legisladora Marisela Contreras para regular el alquiler de vientres y contribuir a ampliar las decisiones personales sobre ser o no ser madre. Asunto de derechos humanos, de toma de decisiones, de la vida y la libertad de las personas, especialmente mujeres.

El negocio del alquiler de vientres o maternidad subrogada es ya parte de las economías y se ancla en los avances de la técnica médica. Científicamente posible, que con el óvulo y el esperma de una pareja tener un hijo o hija en el vientre de otra mujer. Esta posibilidad tiene hasta 15 millones de consultas en el ciberespacio; hay clínicas, médicos, abogados, agencias, todo. Es muy posible que se esté frente a una práctica clandestina que puede poner en riesgo la vida, la vida real y que, además, no paguen impuestos.

La propuesta hecha en noviembre del año pasado, con un foro de discusión de por medio, ya ha recibido la negativa de los mismos sectores que se han escandalizado por el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de aborto en el Distrito Federal, las sociedades de convivencia, la muerte asistida y la educación sexual para los jóvenes.

Todos estos temas de la realidad que se regulan para crear derechos en un espacio transparente, son siempre polémicos por el tufo militarista y autoritario que crece en México.

Hoy el “alquiler de vientres” o la maternidad subrogada son legales en Estados Unidos, Rusia, Canadá, Holanda, Grecia, Brasil, Tailandia, Israel, Hungría, Corea del Sur e Inglaterra. Es decir, en los países más disímbolos.

Su práctica clandestina, por demanda y deseo, por decisiones (porque cuesta entre 15 y 30 mil dólares), ya forma parte de todos los negocios que florecen al lado de las prohibiciones arbitrarias y autoritarias.

En el Distrito Federal, donde, al menos en leyes y discursos, lo que crece es la libertad individual para dar consistencia al derecho o los derechos colectivos, es un hito en la historia de México, a pesar de todos los detractores de distintos signos y por causas muy semejantes, casi siempre económicas.

Como en el tema del aborto clandestino, el que se quiere eternizar, yo me pregunto quiénes estarán atrás del “alquiler de vientres”. ¿Qué cadena de hospitales? ¿Qué riquezas acumuladas para seguir negando el aumento salarial? ¿Quiénes, pues, están detrás de tanta absurdez? Me pregunto: ¿cuál será el destino de esta propuesta fundada en los avances científicos y cómo y quiénes serán capaces de argumentar y entrarle?

Por lo pronto el Tribunal Superior de Justicia de la capital ya ha considerado que es conveniente, tanto como la comunidad médica lo ha hecho en España, donde el debate tiene como 10 años y sigue la prohibición, quizá por ello el negocio se hace en la India.

Los argumentos tienen que ver con algo que éste régimen no conoce: la libertad y la vida.

saralovera@yahoo.com.mx

El Papa y los creyentes

El Papa Benedicto XVI.

Sabina Berman
MÉXICO, D.F., 5 de mayo.- Entre el Papa y los católicos occidentales de hoy hay una brecha. La misma brecha que entre el Rabino Superior de Jerusalén y los judíos de hoy. El siglo XX. El siglo XX y sus revoluciones, cuyos logros el ciudadano occidental disfruta cotidianamente y que en su momento fueron, una tras otra, rechazadas por las ortodoxias religiosas. Y aún ahora, tercamente, lo son.

Digamos la revolución darwinista, para recontar las revoluciones del siglo XX en orden de aparición. La revolución que enhebró un relato de la creación y el sustento de la diversidad de la vida incomparablemente más rico y fiable que ningún otro del que hayamos sido capaces los seres humanos. Un relato que a lo largo del siglo XX se fue detallando y volviendo más seguro y más útil. Que ha ido esfumando nuestra separación intelectual de la Naturaleza. Y que nos guía en este siglo para descubrir formas de relación con la Naturaleza no destructivas.

¿Dónde puede uno todavía escuchar refutaciones de la teoría de la evolución? En las ortodoxias religiosas. ¿Dónde puede uno escuchar diatribas contra la educación científica? ¿Dónde se discute vivamente si ha de experimentarse con células madre? Ahí donde el clero o la sinagoga meten su mano. Digamos la revolución de las mujeres, que elevó hacia la igualdad a una mitad rezagada de la población. Que ensanchó la libertad de esa mitad. La libertad: la suma de las opciones de vida. Y que para el siglo XXI se propone cumplir su promesa de equidad.

En el siglo XXI hay mujeres pilotos de avión, cirujanas, matemáticas, ruleteras, jefas de Estado y toreras. Sólo una misa o un rezo judío, por quién sabe qué misterio de la santa testosterona, no pueden ser presididos por una mujer; y sólo hay dos estructuras de poder en Occidente donde, por definición, ningún puesto, por humilde que sea, puede ser ocupado por una antropoide femenina: las jerarquías del catolicismo y del judaísmo ortodoxo.

Digamos la revolución sexual, que aflojó las prohibiciones al cuerpo humano, originalmente formuladas por el terror a la reproducción excesiva y las enfermedades sexuales. Para planear la maternidad el siglo XX encontró anticoncepciones diversas. Para las enfermedades sexuales halló remedios. Hoy podemos hacer el amor por placer y sin peligro alguno.

Pongámonos serios. La noción de que la sexualidad ha de ser para la reproducción, y sólo para la reproducción, viene de ese pasado donde la sexualidad sí podía tener consecuencias incontrolables. Sostenerlo en el siglo XXI es pura necedad. Pero es una necedad odiosa cuando las ortodoxias se infiltran ahí donde la ignorancia es densa para prohibir, desde las leyes civiles, el aborto y la anticoncepción y regresar, forzadamente, y sin un para qué, a poblaciones enteras al siglo XIX. Tal es el desajuste del catolicismo con la realidad, que ha prohibido el uso del condón, un pedazo de látex, ahí donde la sexualidad desprotegida sí es mortal.

En África buena parte de la responsabilidad por la terrible epidemia del sida es de este Papa y de su antecesor, Juan Pablo II, al prohibir el condón. Digamos el ascenso de los derechos humanos individuales. La certeza de que cada ser humano tiene derechos inalienables. La crisis de hoy de la Iglesia católica, aun si se ve como el Papa la ha querido ver, limitada al encubrimiento de los curas pederastas, delata cómo la Iglesia no ha tomado en serio hasta hoy el derecho de niños y adolescentes a no ser víctimas del abuso.

Ha visto como un mal menor el dolor de las víctimas. Lo ha contrastado con el mal mayor de dañar la reputación de sus sacerdotes pecadores. Y solamente el reclamo generalizado de Occidente lo ha hecho reconsiderar en algo que Occidente da por sentado desde hace décadas. El abuso de los más débiles es un crimen.

Lo cierto es que los creyentes de Occidente han ido abandonando las ortodoxias, y de los que aún acudimos a sus templos, muchos lo hacemos con una herida en la conciencia. Una herida, una brecha, un descreimiento, no en Dios, sino en las normas que las ortodoxias proponen para la vida. Normas que demasiado a menudo nada tienen que ver con el afán de religar la conciencia del creyente con una conciencia más amplia, que es para lo que un creyente se integra a una comunidad religiosa.

Normas que los creyentes llamamos con cariño tradición; o costumbres pintorescas; o, por fin, misterios. Pero que han convertido a las religiones en bodegas de costumbres estorbosas, a menudo antidemocráticas, a veces injuriantes. Y que no son sino la acumulación de rezagos y terquedades de las burocracias de la religión. Este descreimiento del creyente en misa; este parpadeo de incredulidad del creyente durante los rezos; este el verdadero cisma entre los creyentes y los líderes religiosos de nuestro tiempo. Esta ruptura que no curará el Papa sencillamente expulsando a los pederastas del sacerdocio.

Cito a Hans Küng, de su carta a los obispos y fieles católicos. “No callen. Al callar ante tantos errores acumulan ustedes culpas interiores... (En estos tiempos de crisis) no manden a Roma su devoción incondicional, sino reclamos de reformas”.

La casa de García Luna

Astillero
La casa de García Luna

Legítima indagación periodística

Informar, más que detener

Más jinetes apocalípticos


HISTÓRICO. Unas 80 toneladas de fenil acetato de etilo fueron decomisadas en la aduena de Manzanillo. El precursor químico es utilizado para prducir drogas sintéticas como crack, cristal y éxtasis. El cargamento provenía de ChinaFoto PGR.

Julio Hernández López


El vicepresidente policiaco del país, Genaro García Luna, debe explicar los mecanismos financieros que le permitieron estrenar una ostentosa casa a la que con ánimos de legítima indagación periodística llegó este miércoles un trío de miembros del equipo de la revista electrónica Reporte Índigo que de inmediato fueron detenidos y, luego de una retención de horas, puestos en libertad pero sujetos a investigación bajo la tesis de que podrían estar maquinando un atentado contra el poderoso secretario federal de seguridad pública.

Cierto es que funcionarios de tal relevancia y exposición al peligro como lo es el citado García Luna deben contar con el beneficio de la discreción respecto a datos personales y familiares que pudieran facilitar la realización de actos criminales en su contra por parte de los cruentos grupos delincuenciales a los que enfrentan. Sin entrar en valoraciones respecto a la eficacia e imparcialidad de su trabajo, es evidente que la revelación del domicilio y el entorno familiar del máximo mandamás policiaco del país aumenta sus riesgos y vulnerabilidad, aunque ha de señalarse, por otra parte, que muchos de los actos contra este tipo de funcionarios son facilitados por sus propios círculos íntimos (conocedores a la perfección de los detalles rutinarios de sus mandos), ayudados los criminales deseosos de venganza por los ayudantes y guardaespaldas de esos jefes ayunos de lealtades verdaderas.

Sin embargo, en el caso de la residencia de García Luna pueden observarse ingredientes turbios que el titular de la SSP debería ser el primero en esforzarse por aclarar. Para empezar, ha de decirse que la ubicación física de la casa del secretario no es ninguna novedad, pues desde 2009 se sabe de la calle y la colonia en que García Luna llegó a instalar una prosperidad económica que no corresponde con el historial de legítimas ganancias que como alto burócrata federal ha tenido ni con los recursos que antes de esa etapa hubiera acumulado o adquirido por vías particulares. Tan sabido es el domicilio del estratégico alfil policiaco-militar de Felipe Calderón, y tan subsistentes son las dudas sobre el origen de los recursos con que fue lograda esa residencia, que el 27 de marzo de 2009 ya habían sido detenidos otros dos indagadores periodísticos, esa vez pertenecientes a la nómina reporteril de Tvc, el canal de televisión por cable que pretendía conocer más acerca de la denuncia que sobre el caso había hecho la misma revista electrónica, Reporte Índigo, dirigida por Ramón Alberto Garza.

Entonces, como ahora, el interés periodístico es legítimo y no lesiona ninguna fibra de discrecionalidad por cuanto el tema ha sido planteado públicamente desde más de un año atrás: ¿con qué dinero pudo el ingeniero García Luna dar ese notable paso inmobiliario hacia delante? Ya se han difundido algunas explicaciones oficiales que hablan de créditos adquiridos, venta gananciosa de la anterior casa y otras suertes monetarias, pero nada ha sido lo suficientemente claro y contundente como para disipar la razonable duda que rodea el tema de esa adquisición residencial que sigue y seguirá produciendo preguntas y especulaciones, sobre todo si a la explicable investigación periodística se contesta con rudeza intimidatoria, deteniendo a reporteros en lugar de poner a la vista los datos firmes que den certeza a todo mundo de que el principalísimo jefe de las operaciones policiacas contra el narcotráfico no recibe beneficios ilegítimos de esas tareas.

Astillas

Con música de fondo de Mikis Theodorakis, el peso y la bolsa de México bailaron ayer la misma danza mundial de los reacomodos económicos que no terminan. Por más que la administración federal mexicana se congratule de la presunta derrota que habría asestado a cinco jinetes del Apocalipsis, en el horizonte persisten sombras y fantasmas de fácil materialización. Altas han de ser, por ejemplo, las posibilidades de que ni la policía ni el Ejército puedan impedir que la violencia de la lucha entre y contra narcotraficantes cruce la frontera y provoque incidentes rápidamente utilizables por los halcones gringos, pues Los Pinos decidió ayer el envío de mil marinos (su cuerpo de elite, la última reserva armada de confianza, según los criterios del comandante supremo) a los puntos fronterizos de Tamaulipas. En tanto, de Estados Unidos se multiplican los avisos de alerta a viajeros para que no visiten puntos conflictivos de México, que cada vez son más. Y, dígase lo que se diga en términos retóricos, la acometida de Arizona contra el paisanaje continúa adelante, lo que podría afectar los vitales envíos de remesas que indocumentados hacen a sus familiares... Lo dijo en Panamá el subsecretario estadunidense de Estado para asuntos de América Latina, Arturo Valenzuela, pero obviamente es aplicable en todos sus términos a México: el narcotráfico permanecerá mientras haya consumo o, dicho de otra manera, “es un tema que no va a desaparecer hasta que no desaparezca la demanda”. Además, el funcionario gringo señaló que ese problema “no se puede arreglar sólo con políticas de fuerza”... La cúpula de los legionarios de Cristo pretende “redefinir” el sentido de los duros mensajes vaticanos en su contra. Para empezar, se busca exonerar a los actuales directivos, bajo el poco creíble argumento de que ellos no sabían nada de lo que hacía su hasta hace poco venerado guía... Fóxitl Gálvez registró ayer su candidatura a gobernadora de Hidalgo sin la participación de representantes del Partido del Trabajo, a pesar de cierta resistencia de líderes locales de esta organización a la orden nacional de zafarse de la alianza perreánica en aquella entidad... Y,. mientras Enrique Peña Nieto continúa con su campaña presidencial fundada en el apoyo económico y electoral a candidatos a gobernador, esta vez con los aspirantes en Puebla y Tlaxcala, Javier López Zavala y Mariano González Zarur, a los que reunió en la capital poblana junto a otros destacados priístas, ¡feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

La nueva propiedad de García Luna


http://www.youtube.com/watch?v=n2NmI4pquhI

CAMBIOS RECIENTES A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL , POR EL SENADOR MONREAL.


Columna Asimetrías. Migración




07 mayo 2010
“Todo mundo critica la Ley Arizona, porque criticar es fácil; resolver el problema es lo difícil y eso nadie en México ni en Estados Unidos lo quiere hacer”.

Maura González.

I

Tiene razón doña Maura, quien se identifica como académica estadunidense de ascendencia mexicana especializada, precisamente, en los asuntos de la emigración de ciudadanos de México a USAmérica y los inmigrados en dicho país.

En México, la reacción a la promulgación de la citada ley SB1070 –o Ley Arizona—ha perdido de vista las causales de ese ordenamiento legal en territorio arizoniano y por la cual se penaliza, en lo formal, a los extranjeros sin visas de visitantes o de trabajo.

Esa ley ha sido comprendida en México sin incorporar en dicho registro el contexto tanto histórico como actual, confundiéndose incluso el efecto –la ley misma— con sus causales, las que ninguno de los críticos alude o menciona.

Entre esos críticos se incluye al propio Presidente de Facto, Felipe Calderón, quien como es sabido se ha desempeñado en el servicio público como agente de los intereses estratégicos de corporaciones trasnacionales de USAmérica, España y Canadá.

El señor Calderón –a quien no pocos millones de sus conciudadanos consideran un mandatario espurio— sugirió a los mexicanos a abstenerse de visitar Arizona. No vayan, urgió, a donde los tratan mal. E. g., nos emigremos en pos de empleo.

Esa sugerencia, sin embargo, es típica. Incluso hasta los académicos mexicanos –con notorias excepciones— han denunciado la susodicha ley y propuesto como solución, al igual que don Felipe, buscar apoyos al rechazo de los mexicanos a tal legislación.

II

Hágase la pertinente salvedad de que, por supuesto, esa es una ley xenófoba –y francamente racista-- y tiene móviles que van desde un subyacente desprecio por los mexicanos y su cultura hasta el oportunismo político y la demagogia electorera.

Añádase que esa ley es una expresión que analizada desde cualesquier prismas filosóficos, ideológicos, políticos, morales y éticos expresa una proclividad del poder político no sólo de Arizona sino también de USAmérica por el nazi-fascismo.

Es de esperarse, quizá en vano, que al visitar el señor Calderón a su homólogo USAmericano, Barack Obama, a mediados del mes que corre, proponga en el Congreso de ese país fórmulas viables, definitivas, para atender las causas del problema.

Y las causas de la emigración y, por tanto, la inmigración mexicana en USAmérica es la naturaleza antisocial –antipueblo— de la forma de organización económica y política prevaleciente en México. Allí se localiza el meollo mismo de éste asunto.
Dígase de otro jaez, caro leyente, que la causa de la emigración al norte y la presencia de millones de connacionales inmigrados en el país vecino es la inviabilidad del modelo económico “mexicano” y el sistema político que impide modificar o renovar a aquél.

El modelo económico no es uno cincelado por la propia experiencia histórica de los mexicanos, sino impuesto sin consultarle al pueblo de México desde 1982 –al iniciarse el sexenio de Miguel de la Madrid— y reforzado en el gobierno de Carlos Salinas.

III

Ese reforzamiento ocurrió al adoptar el Estado mexicano el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, típico enser de dominación mediante el cual se cedió la planta productiva de México a intereses de las trasnacionales estadunidenses.

Y no sólo eso. Mediante el llamado Consenso de Washington se impuso, por fiat del señor Salinas, un plan de cesión de las potestades rectoras del Estado mexicano en materia incluso de planificación económica a esas trasnacionales estadunidenses.


Ello ha beneficiado a tales trasnacionales del país vecino, así como a las de España, Canadá y otros Estados asiáticos y europeos, pero ha alterado de manera tan monstruosa las relaciones de producción y las fuerzas productivas. El Estado mexicano se castró a sí mismo. Y continúa castrado, como apéndice de hecho del Estado estadunidense.

Y al ocurrir eso, una consecuencia ha sido el desempleo, la anarquía y el caos, la inseguridad, una guerra fraticida –con casi 25 mil mexicanos muertos--, la incertidumbre y la desesperanza y, su secuencia previsible, la emigración a USAmérica.

Dada esa realidad, lo que emerge es una nítida percepción: los señores De la Madrid y Salinas actuaron como agentes de intereses de consorcios trasnacionales gringos Don Carlos, sábese, hasta cobraba subrogadamente comisión a inversionistas extranjeros.

Los consorcios trasnacionales influyen de tal guisa en el poder político del Estado USAmericano que éste impone sus políticas a otros Estados como el mexicano, sin consideración estratégica alguna por sus consecuencias, como desempleo y migración.

¿Y cómo impone el Estado estadunidense al Estado mexicano esas políticas protectoras de los intereses que representa? Haciendo que los mandatarios de México se plieguen, por cualesquier motivos (crematísticos o ideológicos) a sus designios.

Al plegarse a los designios de Washington, los mandatarios mexicanos se convierten en cómplices aviesos, si no es que agentes y operadores de los intereses USAmericanos, los cuales defienden. Ello se vió con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y, hoy, con don Felipe.

ffponte@gmail.com

Vitral. De El Sásabe a Phoenix




07 mayo 2010
El Sásabe es un pequeño poblado en la frontera entre Sonora y Arizona. Vive de migrantes. Debe tener tres pequeños y descuidados hoteles. En cada cuarto pueden estar entre 10 y 15 migrantes hacinados que esperan el “pase” a la frontera, para después entrar al desierto con todos los riesgos imaginables, y llegar como puedan a Phoenix. Cada vez más niños y adolescentes intentan cruzar para alcanzar a sus padres, hermanos o amigos.

Para llegar a Sásabe hay que recorrer 100 km de terracería. Los migrantes viajan evitando que los polleros se aprovechen aún más de ellos sin perder de vista que los retenes del Ejército pueden ser otra bronca interminable. Los migrantes son mayoritariamente mexicanos, pero cada vez hay más guatemaltecos, salvadoreños y sobre todo hondureños.

En El Sásabe la única autoridad son los polleros. Son amenazantes y desafiantes. Controlan todo. Desde las tiendas de ropa para abrigarse en las frías noches del desierto, hasta la comida y el “alojamiento” en hoteles. Esta zona tiene como 6 km de barda. Hay una garita que divide la barda por la cual si pasa un vehículo cada 5 minutos es mucho, nada que ver con Tijuana-San Isidro.

Para llegar a Phoenix hay que caminar y caminar. Hay que evitar a la migra y a los animales de la zona. Los migrantes además de recorrer el país, en el caso de los centroamericanos el suyo y el nuestro, entran bajo el riesgo de la vida o la muerte. Muchos se pierden y no se sabe nunca más nada de ellos. Los polleros asumen su “responsabilidad” hasta cierto punto, después dejan a los migrantes. Asumen que por ello cobraron entre 2 mil 500 y 3 mil dólares; se habla de que la cuota ha subido hasta los 4 mil dólares.

El cruce por El Sásabe se ha convertido en lugar estratégico porque la zona de las Californias está cada vez más vigilada. La migración está dejando desde hace unos años el mar para irse hacia el centro. Los gobiernos de México y EU saben todo lo que sucede en este poblado que da la impresión de que salió de la nada. Por esta zona de la frontera no sólo pasan hombres y mujeres, pasan armas, droga y está incrementándose la trata de personas.

Está difícil que la señora Brewer no sepa esto y más. Debiera conocer la dinámica del estado que gobierna en su frontera con México. La ley SB1070 busca de forma demagógica y electorera frenar lo que es imposible y para prueba El Sásabe. La migración es un asunto integral. La ley lo único que está logrando es desatar odios, discriminación y racismo en una nación que tiene su razón de ser en la migración. El flujo de personas seguirá entre otras razones porque México sigue en lo económico en lo mismo. Como nos dijo un migrante “después del trabajo de llegar hasta acá, a ver cómo le hacen para sacarme”.

¡OUUUCHCHCH! A estas alturas la cuestión no es si va o no. El problema es que si va no nos vaya a caer de nuevo el chauistle futbolero.

El mundo al revés. Pederastia vs educación sexual





07 mayo 2010
El mundo al revés

Habrá que celebrar que el secretario de Educación Publica saliera a la defensa de la educación sexual, y sobre todo de la educación laica, en especial después de 10 años de retroceso en las políticas públicas que vienen imponiendo los gobiernos panistas. Esto ocurre luego de las escandalosas declaraciones que hizo Felipe Arizmendi contra los libros de educación sexual de la SEP culpándolos del "libertinaje sexual" y hasta de las dificultades que experimentan los curas y los padres de familia para "respetar a los niños". El obispo de San Cristóbal de las Casas me envió un artículo como reacción a la colaboración anterior de este diario en la que hice una crítica severa a sus declaraciones. El documento reitera su posición inicial y cantinflea con el tema del laicismo, lo defiende y ataca simultáneamente: “ la educación sexual que se cimenta en la moral natural no es dogmatismo religioso y no implica la violación al laicismo, ni a la necesaria separación entre Iglesia y Estado (…) La vivencia de la fe cristiana, que no compete a la escuela oficial, ayuda a dar a la sexualidad el lugar sublime que Dios le dio, como expresión de amor total”.

Pero en la defensa de la laicidad del Estado, Alonso Lujambio fue contundente: "Estos libros hablan, específicamente, de manera responsable, de la muy particular naturaleza de la sexualidad humana, precisamente para generar las condiciones que propicien que los niños y las niñas asuman responsable y cabalmente las consecuencias de sus actos". También sugirió "que la educación sexual fuera integral, que se agregue un componente moral. Sin embargo no es responsabilidad del sistema de educación pública proveer de valores morales a los estudiantes, sino de información práctica. Ni la Iglesia ni la SEP son quienes para decidir los valores sexuales que se deben inculcar a los niños. Lo mejor que pueden hacer los profesores es informar sobre los riesgos y ventajas de las diversas prácticas sexuales y responder de manera neutral y libre de valores religiosos ante las diferentes inquietudes de los estudiantes; lo que decida hacer cada quien con esa información es algo que ni el gobierno ni la Iglesia pueden ni deben controlar".

Pero, ¿qué está haciendo la SEP ante el abuso sexual contra menores? El grave problema con los funcionarios mexicanos es que nunca van más allá de las declaraciones políticamente correctas, y en muchas ocasiones actúan traicionándolas en lugar de ejecutarlas: no parece interesarles la seguridad de los menores, no se comprometen, no hay voluntad política para cambiar las cosas ni para invertir en la instrumentación de programas ni en la creación de estrategias efectivas ni en la profesionalización de los servidores públicos ni en acciones que de veras mejoren la calidad de la educación, y de la educación sexual, en particular. Recientemente José Bonilla, abogado de menores que fueron víctimas de abuso sexual y presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia, dio a conocer que la Legión de Cristo lo ha estado amenazando e intimidando y lamentó que al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, no le interesen esos casos: "Él tiene toda la información, hay un proceso (de su caso) en la dependencia y no hemos recibido ninguna comunicación. Además, hace días el secretario dijo que esos casos iban más allá de su competencia. Ese comentario es lamentable".

Porque está claro que las decisiones de alta política pueden jugar un papel trascendente cuando se miran horizontes amplios y se asume la responsabilidad de Estado. Tal es el caso de Alemania ante la pederastia sacerdotal. Luego de que 300 ex estudiantes católicos hicieran denuncias de abuso sexual y físico, la canciller Angela Merkel dijo que el escándalo de abusos sexuales por sacerdotes que sacude la tierra del papa Benedicto XVI es un gran reto para la sociedad alemana y advirtió que la única forma de lidiar con ello es "averiguar la verdad sobre todo lo que ha sucedido (...) El daño sufrido por las víctimas nunca podrá ser reparado totalmente". Y en una reunión de arranque de mesas de trabajo gubernamentales para atender el problema, la ministra de Familia dijo que lo importante es analizar los sucesos y formular medidas para hacer el abuso sexual contra niños prácticamente imposible. La ministra de Justicia manifestó que se estudiarán las formas de reconocer legalmente el sufrimiento que se causó a las víctimas. Schavan, ministra de Educación, señaló a su vez que la meta principal es hacer justicia a los afectados y mejorar en forma considerable la prevención contra el abuso sexual infantil en escuelas e instalaciones eclesiásticas.

La diferencia en la respuesta del Estado es abismal, porque en México la ética de Estado hace mucho que brilla por su ausencia.

gabriela.afluentes@gmail.com

EDITORIAL. De la batalla perdida.

Año 8, número 3342
Viernes 07, mayo del año 2010

Como no lleven hasta la frontera a uno de sus súper héroes, lo que se duda que pueda suceder, pues sus personajes de tiras cómicas vienen siendo más o menos lo mismo que Jesús y el espíritu santo, la batalla contra el narcotráfico está más que perdida.

Los EEUU son la principal Nación consumidora de drogas de todo tipo; y se antoja difícil que ellos vayan a poder ayudarnos a eliminarlas, cuando ellos han convenientemente fracasado.

Y se dice que ellos convenientemente han fracasado, porque al no poder controlarlas, decidieron de alguna manera asociarse con los Barones de las drogas.

Y son sus mismos policías los que se encargan de que todo funcione en orden; claro que mediante su módica cooperación.

Que es exactamente lo que quieren hacer aquí en nuestro México, es decir, llevarse su buena tajada de las drogas que entran a nuestro vilipendiado suelo.

Pues la tirada de ellos es controlar la frontera para que por ahí pase toda la droga, especialmente la marihuana, de la que son grandes productores y piensan exportarla con fines médicos.

Y de la heroína que traen de Afganistán (la guerra allá no es por la democracia, sino por las drogas, los afganos son sus competidores) de la cual son casi los exclusivos distribuidores.

Pero las drogas seguirán en las calles, eso que no se dude.

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San Salvador Atenco y la IMPUNIDAD

Por Ricardo Andrade Jardí

Han pasado ya cuatro años de la agresión represiva contra el pueblo de San Salvador Atenco. Pueblo en que se asesinó, entre otros compañeros, al bailarín y estudiante de Economía Alexis Benhumea. Crimen que, por supuesto —como varios millares más— sigue impune.
Los ejidatarios, opositores a que se construyera en sus tierras de cultivo un aeropuerto, hoy están condenados a más de cien años de prisión. Y, sin embargo, ninguna “autoridad de gobierno” ha sido procesada por el asesinato de Alexis ni por la brutal represión. Que entre otras cosas consintió en que policías introdujeran los cañones de las pistolas en las vaginas de las detenidas. Así actuó la PFP y la Policía del Estado de México. Pero nuestros “morales” jueces nos hacen saber que protestar es un delito, que defender un pedazo de tierra conquistado por la Revolución de 1910, debe pagarse con todo el rigor de la ley, “su ley”, en tanto el abuso debe dejarse como ejemplo para que todo campesino que se oponga, digamos, a la siembra del maíz transgénico de MONSANTO, sepa lo que le espera: terminar en los oscuros calabozos del “estado de derecho” que la oligarquía ha ido construyendo para garantizarse IMPUNIDAD, para ellos, y la injusticia para el resto.
La represión contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) era ya el anuncio de lo que la decadencia del sistema nos depara. La lógica de destrucción que ha supuesto el neoliberalismo castigará por mínima que sea a la resistencia.
Es una dialéctica. El conflicto está latente y a cada ejercicio de opresión irán naciendo subjetividades de resistencia que el sistema decadente intentará sofocar lo más pronto posible.
La pretendida guerra contra el crimen organizado —en realidad inexistente, pues al crimen organizado no se le combate con balas, sino impidiendo el blanqueo del dinero y cortando todas las formas de suministro logístico y financiero que le permiten operar— es una estrategia que en realidad pretende criminalizar, no sólo la protesta, sino a la ciudadanía por medio del terror.
El ejército y la Policía Federal en regiones como ciudad Juárez ejercen una presión represiva que impide el libre tránsito de ciudadanos; pero los sicarios siguen circulando con una IMPUNIDAD casi absoluta, para imponer el miedo.
La falta de acción jurídica contra la actuación de las fuerzas represivas del Estado (federal y estatal) con los ejidatarios de San Salvador Atenco y en los actos represivos de hace cuatro años contra un pueblo en legitima defensa de sus tierras es una criminal aberración, impulsada por el ala derecha del PRIAN, que no debe quedar en la IMPUNIDAD. Pero sabemos también que en el México del PRIAN no es la justicia lo que prevalece, sino la injusticia. Por eso ser un blanqueador del dinero del narcotráfico es ser un exitoso banquero rescatado con dinero público. Pero ser un campesino que defiende su parcela es considerado por el stablishment un peligroso criminal al que hay que condenar a siglos de prisión y a su familia condenarla a pagar los millonarios rescates bancarios para seguir reforzando la desigualdad social que tan buenos resultados tiene para el neoliberalismo.

British Petroleum: contaminador multimillonario

Por Amy Goodman

A menos de una semana de que la plataforma petrolera Deepwater Horizon de British Petroleum explotó en el Golfo de México, dejando un saldo de 11 trabajadores muertos y desatando lo que podría ser el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos, la empresa anunció ganancias de más de 6 mil millones de dólares para el primer trimestre de 2010, más del doble de las ganancias obtenidas en el mismo período del año anterior. La analista de la industria petrolera Antonia Juhasz advirtió: “BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Sus ingresos de 327 mil millones de dólares en 2009 son suficientes para clasificar a BP como la tercera empresa más grande del país. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas”. El poder y la riqueza que detentan BP y otras gigantes petroleras no tienen prácticamente parangón en el mundo, y plantean una amenaza a las vidas de los trabajadores, al medio ambiente y a nuestras perspectivas de democracia.
Hace sesenta años, BP se llamaba Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC, por sus siglas en inglés). Un gobierno iraní popular y progresista había pedido a la AIOC, un monopolio en su mayor parte de propiedad británica, que compartiera más de sus ganancias del petróleo iraní con el pueblo de Irán. La AIOC se negó, lo que provocó que Irán nacionalizara su industria petrolera. Esto no le cayó bien a Estados Unidos, por lo que la CIA organizó un golpe de Estado contra el Primer Ministro Mohammed Mossadegh. Luego de que fuera derrocado, la AIOC cambió su nombre a British Petroleum, recuperó gran parte de su monopolio y a los iraníes se les impuso la cruel dictadura del Shah de Irán, sembrando la semilla de la revolución iraní de 1979, la subsiguiente “crisis de los rehenes” y el conflicto político que atormenta a Irán hasta nuestros días.
En 2000, British Petroleum cambió su imagen y pasó a llamarse BP, adoptó un logo con flores verdes y amarillas y comenzó a asediar al público estadounidense con una campaña publicitaria que afirmaba que estaba avanzando “más allá del petróleo”. Sin embargo, el crecimiento agresivo de BP, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente. En 2005, la refinería de BP de la ciudad de Texas explotó, dejando un saldo de 15 muertos y 170 heridos. En 2006, un oleoducto de BP en Alaska derramó 200.000 galones de crudo, provocando lo que la Agencia de Protección Ambiental denomina “el mayor derrame ocurrido en North Slope, [Alaska]”. BP recibió una multa de 60 millones de dólares por ambos desastres. Luego, en 2009, la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a BP por otros 87 millones de dólares por la explosión de la refinería. La Secretaria de Trabajo Hilda Solis dijo: “BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución…La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley”. BP respondió impugnando formalmente todas las acusaciones de la OSHA.
El Presidente Barack Obama dijo sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México: “BP es responsable de este derrame; BP pagará la cuenta”. Riki Ott no está segua. Es toxicóloga marina y ex pescadora de Alaska, y fue una de las primeras personas en responder al desastre petrolero del Exxon Valdez en 1989. Exxon desplegó un ejército de abogados para demorar y revocar las demandas legales de la gente que resultó perjudicada física y/o financieramente por el derrame del Valdez. “La industria hace todo lo que puede para limitar su responsabilidad, BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa”, me dijo.
El periódico Press-Register, de Mobile, Alabama informó que el Fiscal General de Alabama, Tory King, le dijo a BP que “dejara de hacer circular acuerdos extrajudiciales entre la población costera de Alabama”. Aparentemente, BP le estaba pidiendo a los propietarios de botes pesqueros que buscaban trabajo en la mitigación del derrame que renunciaran al derecho de demandar a BP en el futuro. A pesar de la promesa del portavoz de BP de que las renuncias no serían utilizadas, el artículo afirmaba: “King dijo el domingo que aún le preocupaba que, al aceptar los acuerdos propuestos por BP de hasta 5.000 dólares, la gente perdiera su derecho a demandar”.
Incluso aunque BP no engañe a las víctimas para que renuncien al derecho a demandar, la Ley de Contaminación con Petróleo de 1990, si bien exige a los contaminadores que paguen los costos reales de limpieza, pone un tope de 75 millones de dólares a la responsabilidad financiera adicional de un derrame. Teniendo en cuenta que millones de personas sufrirán el impacto del derrame mediante la pérdida de pesca y turismo, y por la cadena de impactos en las industrias vinculadas, 75 millones es una mísera suma.
Por este motivo el Senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para elevar el tope de la responsabilidad económica por daños y perjuicios a 10 mil millones de dólares, y denominó al proyecto de ley “Ley de Prevención del Rescate de las Grandes Petroleras”. Riki Ott está de gira por Nueva Orleáns y la Costa del Golfo, educando a las personas acerca de los efectos tóxicos del derrame, y ayudándolas a prepararse para la larga batalla que tienen por delante para lograr que BP sea responsabilizada.
BP seguramente continuará con sus prácticas sucias y tratará de evitar ser responsabilizada a nivel judicial, en la prensa y en las playas manchadas de petróleo. BP: estate bien preparada.
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Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.