Autor: Nydia Egremy
15 Enero 2009
Contra el discurso único, los medios independientes investigan y publican historias que rechazan los grandes medios.
Ocultar la verdad o no relatar las historias que revelan la puja entre intereses, sean privados o gubernamentales, es una práctica común de la prensa corporativa en todo el planeta. Sin embargo, esa política de silenciar información decisiva para los ciudadanos ha generado un movimiento de contrainformación. Así, para suplir ese ocultamiento informativo, surgió el Proyecto Censurado.
Año con año, dicho informe revela 25 historias periodísticas que omitieron los grandes medios. En su edición 2008 –que se puede consultar en el portal www.voltairenet.org–, retoma, por ejemplo, una investigación que descubre la cifra real de civiles iraquíes asesinados por la ocupación militar estadunidense: más de 1 millón.
También publica reportajes sobre la militarización que se gesta detrás del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en México, el resurgimiento de las guerras sucias de Estados Unidos en América Latina, así como la confiscación de los bienes de quienes se manifiestan contra la guerra en Irak.
Proyecto Censurado surgió en 1976, cuando el académico Carl Jensen decidió trabajar con un grupo de estudiantes y profesores de su universidad, la Sonoma State de California, para emitir un primer informe público de las noticias silenciadas por la prensa. Después de 32 años, ese programa continúa ahora bajo la dirección de Peter Phillips. Reúne a organizaciones civiles y ciudadanos, quienes cada año seleccionan las historias que censuró la “gran prensa”.
The New York Times, The Washington Post, CNN, Noticias Fox y las principales agencias de noticias conforman una telaraña mediática universal que decide qué información se excluye, explican Phillips y Andrew Roth, otro periodista del Proyecto Censurado. “En Estados Unidos tenemos tal concentración de la propiedad de los medios en tan pocas manos que no se divulgan las noticias que afectan a los poderosos”, manifiesta Phillips en el informe de 2008. En su opinión, esos medios corporativos mantienen una actitud “claramente hostil” hacia el presidente venezolano Hugo Chávez Frías.
Así quedó de manifiesto cuando el científico social Justen Delacour revisó las páginas de opinión de los 25 periódicos más importantes de Estados Unidos, publicadas en el primer semestre de 2005. En su análisis, él expresó que esos medios “tergiversan a diario las acciones de los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador y otros países”.
Por su parte, Stephen Lendman, coautor con Laura Carlsen y Constance Fogal del reportaje EU, Canadá y México militarizan el TLCAN, que publicó el Centro para la Política Internacional, precisa que en América del Norte ya funciona “una fuerza trinacional militarizada” a partir de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Asegura también que “sus acuerdos asignan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías frontera, encuadrando todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos”.
Stephen Lendman describe a Contralínea que la política de la ASPAN “es terrible y más lo que ocurre en torno a ese tema de manera secreta”. Considera que “los medios independientes son nuestra salvación, incluyendo el The Global Research News Hour”, un espacio electrónico que coordina con Michel Chossudovsky, economista canadiense y crítico de la globalización.
Al mismo tiempo, Lendman expresa su “preocupación por las fuerzas que quieren controlar internet, herir a los medios independientes, silenciar o censurarnos”. Este investigador graduado en Harvard fue, por seis años, investigador de mercadotecnia para importantes corporaciones estadunidenses, hasta que decidió dedicar todo su esfuerzo a causas progresistas, como divulgar noticias que omite la prensa. Respecto del acoso contra la prensa independiente, en Estados Unidos y en otros países, Lendman aclara a los periodistas mexicanos que vería sólo “un pequeño cambio o ninguno bajo (el régimen de) Obama”.
Cabe destacar que todas las historias que saca a la luz Proyecto Censurado se publicaron en medios alternativos, como Citizen’s Watch, Alternet, After Downing Street, Salón, Democracy Now!, The Nation, Peacework, In These Times, Rense, Rock Creek Free Press, Truthout, Upside Down World, Global Research, The Electronic Intifada, entre otros. Algunas de esas historias, muy pocas, las retomaron medios de más alcance, como Vanity Fair.
América Latina, bajo censura
La política de exclusión informativa que practican los medios corporativos se evidencia al conocer las noticias sobre América Latina que revela el informe del Proyecto Censurado. Las inquietantes historias que ocurren en esta región son, después de las que atañen a la ocupación militar de Irak y Afganistán, las más censuradas en medios estadunidenses. Por ejemplo, la nueva Ley Migratoria para los trabajadores invitados (guest workers), que a juicio de Charles Rangel, senador demócrata por Harlem, es “la cosa más cercana a la esclavitud que nunca he visto”.
Así lo reporta la investigación periodística de Mary Brauer, Sarah Reynolds, Felicia Mello y Chidanand Rajghatta, titulada Guest Workers Inc; fraude y tráfico humano. Los reclutadores de estos trabajadores los convierten en “víctimas del cebo y de cambios de esquema que los obligan a pedir enormes sumas de dinero a altas tasas de interés (a menudo, hipotecando los hogares familiares) para aterrizar a corto plazo y a menudo en los trabajos de bajos salarios, siempre por menos tiempo y una paga más baja que la prometida. Frecuentemente, los jefes poseen los documentos que mantienen atrapados a estos trabajadores y les impiden saltar a otro empleo”.
Esa forma de esclavitud laboral salió a la luz en marzo de 2008 durante el juicio colectivo llamado “de acción de clase” que entablaron más de 500 trabajadores de astilleros –todos provenientes de la India– contra Signal International, la subsidiaria de Northrop Grumman en Luisiana y Mississippi, por cargos de trabajos forzados, tráfico humano, fraude y violaciones a los derechos humanos.
Wes Enzinna y Benjamin Dangl son autores del reportaje ILEA: ¿resurgen las guerras sucias de EU en América Latina?, otra de las noticias censuradas en 2008. Trata de la amenaza para la paz y la democracia que representa el resurgimiento del antiguo militarismo estadunidense en América Latina tras la creación, en El Salvador y con una base satélite en Perú, de la Academia Internacional de Aplicación del Derecho (ILEA, por sus siglas en inglés).
Esa institución –subsidiada por recursos del gobierno estadunidense y dotada de inmunidad ante eventuales cargos de crímenes contra la humanidad– impartirá “técnicas de contraterrorismo a un promedio anual de 1 mil 500 oficiales de policía, fiscales y otros funcionarios de combate al crimen en el continente”.
Para los salvadoreños, la ILEA es una nueva Escuela de las Américas (EA) destinada a entrenar policías, indican los periodistas. Tal suspicacia se explica por la política de secretismo en torno al funcionamiento, programas académicos y lista de graduados, igual como ocurrió con los exalumnos de la EA hasta que el sacerdote Roy Burgeois, fundador de Observadores de la Escuela de las Américas, reconoció en sus egresados a líderes de escuadrones de la muerte y grupos de contrainsurgencia.
El reportaje cita que los graduados de la ILEA son anfitriones en otras instalaciones de entrenamiento de policías y militares creadas por agencias estadunidenses, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el servicio de inmigración y aduanas (ICE) y la Agencia de Control de Drogas (DEA).
Otra noticia acallada es la privatización del agua y la forma en que se libra la guerra global contra el terrorismo en El Salvador. Los periodistas Jason Wallach, Wes Enzinna, Chris Damon y Jacob Wheeler denuncian la represión policiaca contra los líderes y residentes de la comunidad de Santa Eduviges, ocurrida en julio de 2007, cuando protestaron contra la privatización de los sistemas de abastecimiento y distribución del líquido en aquel país centroamericano.
También se inconformaron porque los diputados de la derecha buscaban poner bajo control particular la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, con lo que el agua dejaría de ser un bien público.
Terror y beneficio
La invasión y ocupación militar de Irak por Estados Unidos, que comenzó en 2003, causó más de 1.2 millones de civiles muertos. Esa cifra es muy superior a la que a cuentagotas brinda el gobierno estadunidense, según el estudio del grupo británico Opinion Research Business (ORB), que realizó 2 mil 414 entrevistas en 18 provincias iraquíes. Esa investigación encontró que más de una de cada cinco personas consultadas tuvo, por lo menos, una muerte en su hogar como resultado del conflicto.
El reportaje describe cómo los denominados Soldados de Invierno –más de 100 veteranos de Irak que atestiguaron su participación en lo que llamaron “producción de situaciones de atrocidad”– se manifestaron en marzo de 2008. Informa, a su vez, que esos veteranos de Irak, cuyo trabajo se enfoca a denunciar la brutalidad de la ocupación, atestiguaron matanzas, reclutamientos forzados y la incapacidad de la sociedad para responder a una potencia de fuego abrumadora, “garantizando así que sufrirá y morirá una gran cantidad de civiles”.
En ese mismo contexto transita otra historia silenciada: la que descubre que el FBI otorga licencias para “tirar a matar”, escrita por Matthew Rothschild. De acuerdo con el reportaje, “más de 23 mil representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el Departamento de Seguridad Interior para recolectar y proporcionar información sobre las amistades de los estadunidenses.
“Hay evidencia de que InfraGard puede estar más cerca de un Programa Corporativo de Información Total (TIPS en inglés), que se convertiría en ojos y oídos del FBI en todas esas corporaciones privadas”, de acuerdo con la Unión de Libertades Civiles Americanas.
En esa lógica, InfraGard reúne ya 11 mil miembros en lo que Robert Mueller el director del FBI describió como “11 mil socios en nuestra misión de proteger a Estados Unidos; es la primera línea de defensa en el sector privado”.
Por otra parte, el reportaje Confiscando los bienes de los manifestantes contra la guerra, del académico Michel Chossudovsky y de Matthew Rothschild, narra que George W. Bush firmó dos órdenes ejecutivas que facultan al Departamento del Tesoro para apoderarse de los bienes de toda persona “percibida directa o indirectamente como una amenaza para las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente”.
La primera orden, titulada “Bloqueo de propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Irak” y que se firmó el 17 de julio de 2007, permite confiscar activos de los ciudadanos y organizaciones estadunidenses que “planteen un riesgo a las operaciones” de ese país en Irak.
De acuerdo con esta información periodística –que tampoco recogió algún medio corporativo–, el 1 de agosto de ese año Bush publicó otra orden similar titulada “Bloqueo de la propiedad de personas que minan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticas”. Ambas medidas eluden el derecho constitucional al debido proceso, además de autorizar la congelación de activos de “un esposo o de un niño dependiente” de cualquier persona cuyos bienes se incauten.
Finalmente, Psicólogos cómplices de la tortura CIA es el título de una investigación periodística de Mark Benjamin, Katherine Eban y Democracy Now!, que rescata denuncias públicas desde 2005 por la participación de sicólogos que trabajaban con militares estadunidenses y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para “desarrollar métodos brutales de interrogación”. Tras la publicación del reportaje, la Asociación de Psicólogos Americanos examinó la situación.
Periodistas: el blanco
Red Voltaire, el medio electrónico que dirige Thierry Meyssan y se difunde en más de 120 países, es un blanco del sabotaje de la administración de Bush. Aún así, dio cuenta, el 17 de septiembre de 2008, de la historia de Amy Goodman, presentadora de Democracy Now!, titulada ¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?, que describe la represión de la policía contra periodistas durante la Convención Nacional Republicana, el 1 de septiembre, como “una auténtica amenaza a la democracia” por el gobierno de su país.
Goodman sostiene que esa política se extiende contra todos los comunicadores, pues días antes el grupo Video soy testigo sufrió una redada y el grupo de documentalistas del Colectivo Glass Bead fue detenido y obligado a desalojar su oficina.
Gastón Pardo, corresponsal de la Red Voltaire en México, opina respecto de los retos que enfrenta el periodismo independiente: “Vamos a luchar contra tres mitos fundamentales de la historia contemporánea. Uno de ellos es el del triunfo asegurado, que en las coordenadas del proyecto neoliberal resulta que todo lo que ellos hacen es exitoso, así como lo que divulga su prensa; todos los que están fuera de ese modelo son los que fracasan, son los perdedores. Para combatirlo, vamos a asumir la defensa de los medios informativos que están en problemas, como los casos de Contralínea y Kaos en la Red, que frecuentemente jackean cuando se coloca un material que está en la lista establecida por el poder imperial para que no aparezca”.
Pardo agrega que la telaraña de medios alternativos que conforma la Red Voltaire constituirá una Internacional de la Contrainformación que busca la libre expresión de una opinión y de hechos periodísticamente presentados. “Nos oponemos al pensamiento único que es idiotizante. Nos proponemos reestablecer la dignidad de la información, y ahí contamos con Contralínea y Fortuna, cuya presencia –estamos seguros– en la red ha ganado lectores de Italia, Portugal, España, Argentina y Chile, además de los mexicanos”.
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