El día de ayer estuvo en el Debate de la Reforma Energética que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
jueves, julio 17, 2008
DIAGNOSTICO FATALISTA SOBRE ESCENARIO ENERGETICO
Debate petrolero en el senado de la republica, grupo parlamentario del PRD
http://www.youtube.com/watch?v=wzQYWGFdCoM
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Los perdones fiscales del panismoZósimo Camacho
Con apenas dos años al frente de la SHCP, el chicago boy Agustín Carstens otorga el perdón fiscal a tres prominentes empresarios; uno de ellos es asesorado por el abogado Pedro Solís Cámara, cuñado del propio secretario de Hacienda. La lista de los perdonados discrecionalmente por las administraciones panistas se incrementa a 12 personas.
Agustín Carstens se ha convertido en el funcionario que reparte más perdones fiscales, de manera discrecional, en los 19 meses que lleva al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hasta principios de julio había decidido sobreseer –luego de intensas negociaciones– los expedientes abiertos contra tres empresarios supuestamente evasores de impuestos. Dos de ellos: Alfredo Miguel Afif, del grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del Grupo Tebo.De acuerdo con funcionarios de la SHCP –quienes solicitaron mantener bajo reserva su identidad, pero que se han acreditado plenamente ante Fortuna– las negociaciones en favor del texano-mexicano Alfredo Miguel Afif y su hermano Javier, fueron encabezadas por el abogado Pedro Solís Cámara, esposo de la hermana del secretario de Hacienda Agustín Carstens. Para confirmar esta información se buscó insistentemente al abogado fiscalista por conducto de su secretaria, pero nunca autorizaron la entrevista.Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel Afif, de nombre José Miguel, confirmó la intervención de Pedro Solís Cámara en las negociaciones con Hacienda. “Me reuní con este abogado y le platiqué todo el caso. Él me ayudó en hacer a recomendación para que solucionara el problema”, dice.Los tres perdones fiscales realizados durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón se suman a los nueve otorgados por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.Los secretarios de las últimas tres administraciones priistas no condonaron, de manera discrecional, a nadie. Fue hasta la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, y de Gil Díaz a la SHCP, cuando se invocó el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para sobreseer los expedientes abiertos contra nueve personas y cancelar las órdenes de aprehensión.De acuerdo con la respuesta de la SHCP a la solicitud de información 0000600100707 –formulada por Fortuna– “de enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”.Sin embargo, la dependencia gubernamental se negó a proporcionar los nombres de los beneficiados del sobreseimiento, así como el monto total del dinero involucrado.El Comité de Información de la SHCP –integrado por Héctor de la Cruz Ostos, director de Recursos Humanos; Rafael Sandoval Giles, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, y Suhaila María Núñez Elías, titular del Órgano Interno de Control– adujo que, de revelar la información de expedientes concluidos, estaría violando los secretos comercial, fiscal, bancario y fiduciario. Así, la dependencia reservó “en todas sus partes” y por 12 años los expedientes solicitados por Fortuna.De acuerdo con fuentes de la SHCP, los perdonados por el foxismo serían: David Peñaloza, de Trituradores Basálticos, Tribasa; Alonso Ancira, de Altos Hornos de México (AHMSA); Xavier Autrey, también de AHMSA y Satmex; y, entre otros empresarios, Manuel Rodríguez Arreguí, del Consorcio Azucarero Escorpión, Caze, y posteriormente subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, también habrían sido perdonados personajes de la farándula como Adalberto Javier Ramones Martínez –Adal Ramones–; Verónica Judith Sainz Castro –Verónica Castro–, y Silvia Pinal Hidalgo –Silvia Pinal–.El perdón fiscal otorgado a Alfredo Miguel Afif por parte de Agustín Carstens –entusiasta promotor de nuevos gravámenes para contribuyentes cautivos, como el Impuesto Empresarial de Tasa Única– habría sido a cambio de que el texano-mexicano cediera los negocios que SACSA, empresa del grupo Miguel, mantenía en el aeropuerto de Toluca.El despacho que formalmente defiende a los Miguel es Alonso, Concha y Compañía. Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel, José Miguel –en entrevista– confirma que las gestiones ante el secretario Agustín Carstens en su favor han sido realizadas por Pedro Solís Cámara, cuñado del propio titular de la SHCP.La relación entre los Miguel y los Solís Cámara no es nueva. Cuando Fernando Solís Cámara se desempeñaba como vocero de la campaña de Francisco Labastida a la Presidencia de la República, SACSA –la empresa de los Miguel– prestó una de sus unidades para el traslado del candidato priista.Ahora, gracias a las gestiones de Pedro Solís Cámara, a los Miguel se les han sobreseído tres expedientes por evasión de impuestos.Oficio de papel –columna del periodista Miguel Badillo– dio a conocer el 23 de junio pasado los nuevos perdones fiscales del panismo y el papel que desempeñaba en uno de ellos el abogado y cuñado del secretario de Hacienda. Badillo señaló que serían sobreseídos tres expedientes contra los Miguel Afif y uno contra Bardor Kaess. El 27 de junio Abel Barajas publicó en el diario Reforma que serían sobreseídos cuatro expedientes contra los Miguel. El monto de la defraudación ascendería a 140 millones de pesos.Otro de los perdones concedidos es a la odontóloga Lourdes Bardor, el cual podría poner punto final al caso del desmembrado Grupo Tebo, iniciado en el sexenio de Vicente Fox. Presa durante los últimos cinco años, la doctora fue la única integrante de la familia Bardor y del Consejo de Administración del Grupo Tebo que pisó la cárcel. Los demás aún se encuentran prófugos.De acuerdo con el expediente 337/02-EE1 de la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales e Interpol del Área de Enlace Externo de la Procuraduría General de la República, los directivos de Tebo que se encuentran prófugos son: Samuel Bardor Kaess, Teodoro Bardor Kudisch, Rita Kaess Schneider y Miguel Marbán Aguilar.Los casos de sobreseimiento de expedientes, a petición del secretario de Hacienda, durante el gobierno de Vicente Fox, tuvieron lugar entre octubre de 2004 y julio de 2006. De acuerdo con la respuesta de la SHCP a una segunda solicitud de información de Fortuna (0000600148607), dos perdones se otorgaron el 4 de octubre de 2004; uno, el 10 de mayo de 2005; uno, el 17 de mayo de 2005; tres, el 16 de junio de 2005; uno, el 4 de julio de 2005, y el último, el 28 de julio de 2006.El asidero jurídico de la facultad discrecional del secretario de Hacienda para perdonar a los evasores fiscales se encuentra el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación: “(…) los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.Para el analista económico Mario Di Costanzo, secretario de la “hacienda pública del gobierno legítimo”, el perdón fiscal es “un instrumento que reafirma toda la discrecionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda para la administración tributaria; el talón de Aquiles del sistema tributario mexicano es, precisamente, la discrecionalidad”.Sin embargo, argumenta Di Costanzo, con el perdón fiscal también se estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que “cuando se condona una deuda fiscal, se genera una pérdida para el país: se está adquiriendo una deuda, puesto que hay recursos que no se cobraron”.Lamenta que en estas decisiones el Poder Legislativo se encuentre al margen. “Debiera de ser la Cámara de Diputados la que, año con año y después de que Hacienda presentara un análisis de a quién y qué se está perdonando, diera su afirmativa o su negativa, porque finalmente son recursos públicos que se dejan de ingresar a las arcas nacionales. Es un daño patrimonial que, al menos, debería de estar sancionado por la propia Auditoría Superior de la Federación y por la Cámara de Diputados”.Agrega que aunque la figura conocida popularmente como perdón fiscal se estableció para “generar inversión”, actualmente “la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para perdonar, sin que el Congreso lo sepa, se ocupa para darle un tratamiento preferencial a ciertos grupos y empresas”.Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Antonio Soto, reconoce que las reformas fiscales aprobadas por el Poder Legislativo el año pasado no acabaron con la discrecionalidad de la SHCP. “Hubo artículos que no se modificaron en nada. Sólo se modificaron algunos. El perdón fiscal se quedó y persiste la discrecionalidad. El secretario de Hacienda o altos funcionarios pueden decir: ‘A ti te perdono y a ti no’. A unos los meten a la cárcel, mientras que otros viven en un paraíso fiscal personalizado”.El legislador por el Partido de la Revolución Democrática considera que el gobierno federal no desea modificar el artículo 92 del Código Fiscal Federal, “porque quiere guardar ese nicho de perdón, para favorecer o castigar empresarios”.A decir del diputado por el Partido Revolucionario Institucional Ismael Ordaz Martínez, también secretario de la Comisión de Hacienda, “no existe ningún sobreseimiento. Que haya una condonación de impuestos no está en el marco jurídico. Yo no veo nada… no hay sobreseimiento de impuestos”.Sin embargo, al inquirirle acerca del artículo 92 del Código Fiscal Federal, recapacita: “Es el marco legal al que estamos sujetos; pero claro que no deben haber excepciones. Las reglas actuales deben verificarse”.En la bancada parlamentaria del Partido Acción Nacional no hubo quien aceptara referirse al tema del perdón fiscal. Tampoco la Secretaría de Hacienda fijó posición al respecto.
Sobreseimientos concedidos por la SHCP en el foxismo
Sobreseimientos concedidos por la SHCP en el foxismo
Rescatar la educación mexicana de manos del gobierno entreguista y del sindicalismo corrupto
Pedro Echeverría V.
1. Es realmente alarmante la situación que atraviesa la educación nacional. Con un presidente de la República (ilegítimo), una secretaria de Educación que no tiene la menor idea de su encargo y una dirección sindical nacional absolutamente corrupta, nuestra pobre educación pública acelera cada vez más su desplome. No sólo los informes internacionales colocan a México en la cola de los demás países en calidad, inversión educativa, investigación; también es claramente observable cuando con una actitud reflexiva y crítica alguna persona se dedica a investigar los que sucede. Los profesores que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están ubicados en el camino correcto al mantener de manera consecuente sus batallas por la transformación educativa y sindical. Por ahora parece ser el único camino consecuente, el de la lucha, para poner de pie la educación que está de cabeza. Se requieren más propuestas educativas que rompan con todas aquellas subordinadas a los intereses de los grupos económicos internacionales que dominan en el país.
2. Así como Perú, Bolivia o Venezuela, México es una nación con una enorme riqueza cultural. En la parte central, en el sur y sureste de su territorio, durante dos mil años, se desarrolló parte de la gran cultura mesoamericana que se extendió hasta Guatemala, El Salvador, Belice y en algunas porciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se trata de una enorme región cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basó en una serie de valores. Durante los siglos del XVI a XVIII, México vivió 300 años de conquista y colonización española y, a partir del segundo decenio de siglo XIX, como la mayoría de los países de América Latina, logró su independencia de España, pero las garras del capitalismo europeo y yanqui, portando una nueva cultura, se afianzaron en nuestro país. De todas maneras, aunque México jamás haya logrado su autonomía total –como seguramente tampoco la mayoría de los países del mundo- esos cambios culturales le dieron una enorme fortaleza y solidez.
3. México, al lograr su independencia, atravesó por un largo período de inestabilidad en busca de un proyecto de nación. Al iniciase el siglo XX vivía en medio de una feroz dictadura de 35 años de los terratenientes, de los militares, de la Iglesia y de los inversionistas extranjeros, europeos y yanquis. La educación escolar privada era recibida por una minoría de privilegiados que les sirvió muy bien para someter con mayor eficacia a los esclavos miserables y oprimidos de un pueblo con un 90 por ciento de analfabetismo. Fue necesario el triunfo de una gran revolución burguesa, la Revolución Mexicana de 1910-1917, para que se implantara por la fuerza la educación pública en todo el país. La Revolución, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, tuvo que luchar contra los caciques, hacendados terrateniente y el clero para que pudieran abrirse escuelas rurales, así como para iniciar la batalla contra el analfabetismo. Esa lucha, por lo que se conoció como conciencia nacional, fue ejemplar.
4. Fue así como, partir de 1921 (cuando José Vasconcelos fundó la SEP y se inició la gran campaña de “identidad nacional”) se crearon escuelas y “casas del pueblo” y, poco después, normales rurales. La realidad es que podría decirse que la educación ha tenido tres grandes etapas fundamentales: 1. La que va de 1921 a 1940 que puede ser la rural revolucionaria; 2. La de 1940 hasta 1976 que es la urbana capitalista, y 3. De 1976 hasta 2007 que corresponde a la globalización imperialista. Cada período o etapa educativa ha correspondido estrictamente al modelo económico y político que se ha impuesto en el país obedeciendo siempre a los cambios internacionales, sobre todo a partir de 1940 y la segunda guerra mundial. Es erróneo pensar que el proceso educativo mexicano sólo obedeció a la realidad nacional. Dado que la economía del país, por lo menos desde 1940 ha sido muy dominada por el gobierno e inversionistas yanquis y esa dependencia ha impuesto modelos económicos y valores culturales, la educación se subordinó.
5. La muy baja capacidad y la poca conciencia de los funcionarios públicos ha sido importante, así como la presencia del sindicalismo al servicio de líderes magisteriales corruptos con su enorme poder, juntos, han contribuido al estancamiento y la caída de la educación mexicana; sin embargo hay otros fenómenos –al parecer de mucho mayor peso- que han determinado el rumbo y los retrasos educativos. Muchos países, como México, vivieron un tanto aislados del contexto internacional hasta la Segunda Guerra y del surgimiento de organizaciones internacionales como la ONU; por eso pudieron aplicar políticas que obedecían a sus dinámicas internas. Luego de los acuerdos internacionales, la suscripción de “apoyos” y préstamos, así como de objetivos y programas educativos que obedecían a intereses de los más poderosos países capitalistas, llevaron a cambios esenciales a los que México no pudo, ni quiso, aislarse. Más bien aquellas recomendaciones internacionales se vieron como muy modernas.
6. La educación mexicana en sus primeros años – de 1921 a 1940- respondió al enorme impulso de la revolución agraria y antiimperialista que buscaba repartir latifundios, defender el patrimonio nacional, acabar con los prejuicios religiosos, organizar a los indígenas y campesinos para el trabajo y propagar una vida sana y libre. Casi el 80 por ciento de la población vivía en el campo, producía para él y por eso recibía una educación que respondía a esas necesidades campiranas. Los planes, los programas, las asignaturas, giraban en torno al trabajo y a las necesidades de los hombres del campo. Las ideas de los funcionarios de gobierno y de los profesores obedecían a las necesidades de la agricultura. El profesor, el cura y el médico rural llegaron a representar la esperanza de los indígenas y campesinos. Aunque no todo era maravilloso porque los terratenientes, caciques y funcionarios corruptos buscaban siempre favorecerse, las comunidades vivieron muy lejos del consumismo capitalista urbano.
7. A partir de los años 40, durante el gobierno de Ávila Camacho, se empezaron a registrar cambios educativos radicales que obedecieron (esencialmente) a circunstancias internacionales. En México cambió la orientación política del gobierno; en 1943 se transformó el texto del artículo 3 constitucional quitándole el objetivo “educación socialista” para ponerle “educación democrática”. Asumió Torres Bodet la secretaría de Educación y se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE). Al concluir la guerra se creó la ONU y en 1946 se instrumentó la UNESCO para “recomendar” o imponer en la práctica, políticas educativas en el mundo. Al mismo tiempo las políticas de inversiones extranjeras fueron capitalizando el campo en beneficio de un sector de inversionistas, mientras se abandonaba a los campesinos a su suerte. Paralelamente se apoyaba el crecimiento de las ciudades. Dado que las órdenes educativas siempre surgieron de la SEP, los planes y programas se adecuaron a lo nuevo.
8. Mientras el campo fue siendo abandonado por falta de inversiones y empleo, las ciudades crecieron aceleradamente al mismo ritmo en que las inversiones en la industria, el comercio, las carreteras y los transportes se hacían mayores. Los grandes empresarios y los poderosos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, en estrecha alianza con los inversionistas yanquis, se enriquecieron enormemente en unos cuantos años. Los planes y los programas educativos, así como la orientación de los profesores, se fueron adecuando a las necesidades de las ciudades. Los valores educativos fueron cambiando al mismo ritmo en que se abandonaba el campo y la agricultura. La corrupción dentro del sindicato de maestros (SNTE) creció. No fueron los profesores, sino los objetivos educativos de la SEP los que impusieron la nueva orientación educativa. No fueron los profesores los que por su gusto abandonaron el campo y la educación a los campesinos, sino la nueva realidad citadina hizo cambiar todo.
9. La educación en México recibió un gran impulso educativo en los años sesenta con el Plan de Once Años de Torres Bodet (1959/70 en la época lópezmateista y el segundo empuje de la época echeverrista (CCH, UAM, Bachilleres); fueron sólo querer poner al día a la educación nacional que requería el capitalismo para su desarrollo. La realidad es que lo único que se buscaba era capacitar mano de obra para integrarla a la producción y al mismo tiempo frenar la gran demanda educativa nacional en la escuela primaria de los sesenta y media superior y superior de los setenta. En aquellos sexenios lo gobiernos priístas pudieron frenar en parte el descontento, aunque el movimiento de 1968 anunció que algo grave pasaba. En los hechos la política educativa de Echeverría buscó recuperar el apoyo que el gobierno perdió en 1968 y, aunque logró el de los intelectuales Benítez, Fuentes, Paz, el presidente LEA salió con la mancha de la guerra sucia de 1971/74.
10. La tercera etapa -1976-2008- pertenece al proyecto neoliberal privatizador que se inicia con la gran producción petrolera, su profunda crisis en 1981 y la firma en 1982 de la vergonzosa carta de intención entre el gobierno mexicano y los bancos financieros internacionales. En ese año México inició su entrega total como país al permitir la supervisión de una serie de cláusulas que esos bancos internacionales impusieron. La educación de ahora sólo responde a los intereses el gran capital internacional que mediante la reconversión industrial impone la competitividad subordinada. La universidades han impuesto en sus planes y programas la rentabilidad económica para beneficio de empleadores. Si bien la educación como producto de la revolución terminó en 1940, a partir de los ochenta ya no queda nada que responda a intereses nacionales. A partir de 1982 con la imposición del neoliberalismo político y económico, la educación pública comenzó a desplomarse para dar paso a la educación privada.
11. Con el proyecto de privatización que se inicia con el presidente De la Madrid, que se profundiza con los mandatarios Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, se ha impuesto, como adelante he dicho, la competitividad subordinada y la reconversión industrial en la educación. Se busca identificar a la sociedad con los empleadores que son quienes en los hechos imponen el proyecto educativo. Logran que los profesores y los investigadores se supediten a criterios de mercado, a lo que se llama criterios de rentabilidad económica. Con el argumento de que todos los egresados deben lograr empleo se orientan todas las carreras universitarias a las necesidades del mercado laboral y se abandona lo humanístico. Con la individualizada carrera magisterial y los contratos de investigación con empresas privadas, se hizo a un lado la lucha colectiva y las batallas sindicales por conquistas comunes. Se dio un golpe a las organizaciones de trabajo, a las asambleas y las acciones colectivas para apoyar el individualismo.
12. En México desde 1984, junto con la firma del Tratado de Libre Comercio, se creó el CENEVAL con el argumento de que las evaluaciones ayuden a unificar programas y conocimientos con otros países. El centro de evaluación se convirtió en un gran negocio multimillonario privado al mismo tiempo que ha servido para rechazar de la escuela pública a millones de estudiantes y, al mismo tiempo encaminarlos a los negocios de los colegios privados. El CENEVAL que las luchas estudiantil expulsaron de la UNAM se impuso en el país vía SEP y universidades de provincia. La calificación que desde ha dos decenios conocemos de la educación pública mexicana la coloca en los últimos lugares del mundo. La educación mexicana seguirá desplomándose si los estudiantes y profesores no le ponen un freno a esas políticas educativas entreguistas de todos los gobiernos neoliberales y privatizadores. La batalla por una buena educación es tarea de todo el pueblo y, para ello tenemos que trabajar. Para construir un proyecto de educación pública, gratuita, laica, obligatoria y popular.
pedroe@cablered.net.mx
Pedro Echeverría V.
1. Es realmente alarmante la situación que atraviesa la educación nacional. Con un presidente de la República (ilegítimo), una secretaria de Educación que no tiene la menor idea de su encargo y una dirección sindical nacional absolutamente corrupta, nuestra pobre educación pública acelera cada vez más su desplome. No sólo los informes internacionales colocan a México en la cola de los demás países en calidad, inversión educativa, investigación; también es claramente observable cuando con una actitud reflexiva y crítica alguna persona se dedica a investigar los que sucede. Los profesores que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están ubicados en el camino correcto al mantener de manera consecuente sus batallas por la transformación educativa y sindical. Por ahora parece ser el único camino consecuente, el de la lucha, para poner de pie la educación que está de cabeza. Se requieren más propuestas educativas que rompan con todas aquellas subordinadas a los intereses de los grupos económicos internacionales que dominan en el país.
2. Así como Perú, Bolivia o Venezuela, México es una nación con una enorme riqueza cultural. En la parte central, en el sur y sureste de su territorio, durante dos mil años, se desarrolló parte de la gran cultura mesoamericana que se extendió hasta Guatemala, El Salvador, Belice y en algunas porciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se trata de una enorme región cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basó en una serie de valores. Durante los siglos del XVI a XVIII, México vivió 300 años de conquista y colonización española y, a partir del segundo decenio de siglo XIX, como la mayoría de los países de América Latina, logró su independencia de España, pero las garras del capitalismo europeo y yanqui, portando una nueva cultura, se afianzaron en nuestro país. De todas maneras, aunque México jamás haya logrado su autonomía total –como seguramente tampoco la mayoría de los países del mundo- esos cambios culturales le dieron una enorme fortaleza y solidez.
3. México, al lograr su independencia, atravesó por un largo período de inestabilidad en busca de un proyecto de nación. Al iniciase el siglo XX vivía en medio de una feroz dictadura de 35 años de los terratenientes, de los militares, de la Iglesia y de los inversionistas extranjeros, europeos y yanquis. La educación escolar privada era recibida por una minoría de privilegiados que les sirvió muy bien para someter con mayor eficacia a los esclavos miserables y oprimidos de un pueblo con un 90 por ciento de analfabetismo. Fue necesario el triunfo de una gran revolución burguesa, la Revolución Mexicana de 1910-1917, para que se implantara por la fuerza la educación pública en todo el país. La Revolución, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, tuvo que luchar contra los caciques, hacendados terrateniente y el clero para que pudieran abrirse escuelas rurales, así como para iniciar la batalla contra el analfabetismo. Esa lucha, por lo que se conoció como conciencia nacional, fue ejemplar.
4. Fue así como, partir de 1921 (cuando José Vasconcelos fundó la SEP y se inició la gran campaña de “identidad nacional”) se crearon escuelas y “casas del pueblo” y, poco después, normales rurales. La realidad es que podría decirse que la educación ha tenido tres grandes etapas fundamentales: 1. La que va de 1921 a 1940 que puede ser la rural revolucionaria; 2. La de 1940 hasta 1976 que es la urbana capitalista, y 3. De 1976 hasta 2007 que corresponde a la globalización imperialista. Cada período o etapa educativa ha correspondido estrictamente al modelo económico y político que se ha impuesto en el país obedeciendo siempre a los cambios internacionales, sobre todo a partir de 1940 y la segunda guerra mundial. Es erróneo pensar que el proceso educativo mexicano sólo obedeció a la realidad nacional. Dado que la economía del país, por lo menos desde 1940 ha sido muy dominada por el gobierno e inversionistas yanquis y esa dependencia ha impuesto modelos económicos y valores culturales, la educación se subordinó.
5. La muy baja capacidad y la poca conciencia de los funcionarios públicos ha sido importante, así como la presencia del sindicalismo al servicio de líderes magisteriales corruptos con su enorme poder, juntos, han contribuido al estancamiento y la caída de la educación mexicana; sin embargo hay otros fenómenos –al parecer de mucho mayor peso- que han determinado el rumbo y los retrasos educativos. Muchos países, como México, vivieron un tanto aislados del contexto internacional hasta la Segunda Guerra y del surgimiento de organizaciones internacionales como la ONU; por eso pudieron aplicar políticas que obedecían a sus dinámicas internas. Luego de los acuerdos internacionales, la suscripción de “apoyos” y préstamos, así como de objetivos y programas educativos que obedecían a intereses de los más poderosos países capitalistas, llevaron a cambios esenciales a los que México no pudo, ni quiso, aislarse. Más bien aquellas recomendaciones internacionales se vieron como muy modernas.
6. La educación mexicana en sus primeros años – de 1921 a 1940- respondió al enorme impulso de la revolución agraria y antiimperialista que buscaba repartir latifundios, defender el patrimonio nacional, acabar con los prejuicios religiosos, organizar a los indígenas y campesinos para el trabajo y propagar una vida sana y libre. Casi el 80 por ciento de la población vivía en el campo, producía para él y por eso recibía una educación que respondía a esas necesidades campiranas. Los planes, los programas, las asignaturas, giraban en torno al trabajo y a las necesidades de los hombres del campo. Las ideas de los funcionarios de gobierno y de los profesores obedecían a las necesidades de la agricultura. El profesor, el cura y el médico rural llegaron a representar la esperanza de los indígenas y campesinos. Aunque no todo era maravilloso porque los terratenientes, caciques y funcionarios corruptos buscaban siempre favorecerse, las comunidades vivieron muy lejos del consumismo capitalista urbano.
7. A partir de los años 40, durante el gobierno de Ávila Camacho, se empezaron a registrar cambios educativos radicales que obedecieron (esencialmente) a circunstancias internacionales. En México cambió la orientación política del gobierno; en 1943 se transformó el texto del artículo 3 constitucional quitándole el objetivo “educación socialista” para ponerle “educación democrática”. Asumió Torres Bodet la secretaría de Educación y se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE). Al concluir la guerra se creó la ONU y en 1946 se instrumentó la UNESCO para “recomendar” o imponer en la práctica, políticas educativas en el mundo. Al mismo tiempo las políticas de inversiones extranjeras fueron capitalizando el campo en beneficio de un sector de inversionistas, mientras se abandonaba a los campesinos a su suerte. Paralelamente se apoyaba el crecimiento de las ciudades. Dado que las órdenes educativas siempre surgieron de la SEP, los planes y programas se adecuaron a lo nuevo.
8. Mientras el campo fue siendo abandonado por falta de inversiones y empleo, las ciudades crecieron aceleradamente al mismo ritmo en que las inversiones en la industria, el comercio, las carreteras y los transportes se hacían mayores. Los grandes empresarios y los poderosos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, en estrecha alianza con los inversionistas yanquis, se enriquecieron enormemente en unos cuantos años. Los planes y los programas educativos, así como la orientación de los profesores, se fueron adecuando a las necesidades de las ciudades. Los valores educativos fueron cambiando al mismo ritmo en que se abandonaba el campo y la agricultura. La corrupción dentro del sindicato de maestros (SNTE) creció. No fueron los profesores, sino los objetivos educativos de la SEP los que impusieron la nueva orientación educativa. No fueron los profesores los que por su gusto abandonaron el campo y la educación a los campesinos, sino la nueva realidad citadina hizo cambiar todo.
9. La educación en México recibió un gran impulso educativo en los años sesenta con el Plan de Once Años de Torres Bodet (1959/70 en la época lópezmateista y el segundo empuje de la época echeverrista (CCH, UAM, Bachilleres); fueron sólo querer poner al día a la educación nacional que requería el capitalismo para su desarrollo. La realidad es que lo único que se buscaba era capacitar mano de obra para integrarla a la producción y al mismo tiempo frenar la gran demanda educativa nacional en la escuela primaria de los sesenta y media superior y superior de los setenta. En aquellos sexenios lo gobiernos priístas pudieron frenar en parte el descontento, aunque el movimiento de 1968 anunció que algo grave pasaba. En los hechos la política educativa de Echeverría buscó recuperar el apoyo que el gobierno perdió en 1968 y, aunque logró el de los intelectuales Benítez, Fuentes, Paz, el presidente LEA salió con la mancha de la guerra sucia de 1971/74.
10. La tercera etapa -1976-2008- pertenece al proyecto neoliberal privatizador que se inicia con la gran producción petrolera, su profunda crisis en 1981 y la firma en 1982 de la vergonzosa carta de intención entre el gobierno mexicano y los bancos financieros internacionales. En ese año México inició su entrega total como país al permitir la supervisión de una serie de cláusulas que esos bancos internacionales impusieron. La educación de ahora sólo responde a los intereses el gran capital internacional que mediante la reconversión industrial impone la competitividad subordinada. La universidades han impuesto en sus planes y programas la rentabilidad económica para beneficio de empleadores. Si bien la educación como producto de la revolución terminó en 1940, a partir de los ochenta ya no queda nada que responda a intereses nacionales. A partir de 1982 con la imposición del neoliberalismo político y económico, la educación pública comenzó a desplomarse para dar paso a la educación privada.
11. Con el proyecto de privatización que se inicia con el presidente De la Madrid, que se profundiza con los mandatarios Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, se ha impuesto, como adelante he dicho, la competitividad subordinada y la reconversión industrial en la educación. Se busca identificar a la sociedad con los empleadores que son quienes en los hechos imponen el proyecto educativo. Logran que los profesores y los investigadores se supediten a criterios de mercado, a lo que se llama criterios de rentabilidad económica. Con el argumento de que todos los egresados deben lograr empleo se orientan todas las carreras universitarias a las necesidades del mercado laboral y se abandona lo humanístico. Con la individualizada carrera magisterial y los contratos de investigación con empresas privadas, se hizo a un lado la lucha colectiva y las batallas sindicales por conquistas comunes. Se dio un golpe a las organizaciones de trabajo, a las asambleas y las acciones colectivas para apoyar el individualismo.
12. En México desde 1984, junto con la firma del Tratado de Libre Comercio, se creó el CENEVAL con el argumento de que las evaluaciones ayuden a unificar programas y conocimientos con otros países. El centro de evaluación se convirtió en un gran negocio multimillonario privado al mismo tiempo que ha servido para rechazar de la escuela pública a millones de estudiantes y, al mismo tiempo encaminarlos a los negocios de los colegios privados. El CENEVAL que las luchas estudiantil expulsaron de la UNAM se impuso en el país vía SEP y universidades de provincia. La calificación que desde ha dos decenios conocemos de la educación pública mexicana la coloca en los últimos lugares del mundo. La educación mexicana seguirá desplomándose si los estudiantes y profesores no le ponen un freno a esas políticas educativas entreguistas de todos los gobiernos neoliberales y privatizadores. La batalla por una buena educación es tarea de todo el pueblo y, para ello tenemos que trabajar. Para construir un proyecto de educación pública, gratuita, laica, obligatoria y popular.
pedroe@cablered.net.mx
Evalúa Bush, detener ejecución de mexicanos
Revisa petición de la ONUWASHINGTON, 16 de julio (apro)- El gobierno de George W. Bush aclaró que “evalúa” el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que ordenó al gobierno estadunidense detener la ejecución de cinco mexicanos sentenciados a la pena capital.La decisión de la CIJ “es algo que estamos evaluando ahora”, declaró Dana Perino, vocera de la Casa Blanca, quien calificó como “preliminar” el fallo de la Corte, ante la que apeló el gobierno de Felipe Calderón para intentar bloquear la ejecución de los mexicanos en Estados Unidos.La CIJ ordenó al gobierno de Bush hacer todo lo necesario para detener el cumplimiento de la pena capital que se impuso a los mexicanos, acusados y sentenciados en el estado de Texas; como parte de las “medidas provisionales” que interpuso el gobierno de Calderón.Con un resultado de siete votos a favor y cinco en contra, la decisión de la CIJ exige al gobierno estadunidense hacer lo necesario “para garantizar que los cinco mexicanos no sean ejecutados, mientras siga pendiente el fallo” final sobre la demanda interpretativa pedida por el gobierno de México a favor de sus connacionales sentenciados en Estados Unidos.Ante el tribunal dependiente de las Naciones Unidas, el gobierno de México interpuso la petición de interpretación del fallo del “Caso Avena” que se emitió en 2004 por la misma CIJ, que exhortó al gobierno de Estados Unidos a revisar y reconsiderar la aplicación de la sentencia de pena de muerte que se dictaminó a 51 mexicanos, en presunta violación a sus derechos consulares estipulados en la Convención de Viena, ratificada por Estados Unidos.El pasado 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determino que el “Caso Avena” no es directamente aplicable a una ley nacional en una Corte Estatal. Esto, en respuesta directa a la orden ejecutiva que dio el presidente Bush, para que en su país se revisaran los casos de los mas de 50 mexicanos sentenciados a la pena capital, con base en el argumento de que se violaron sus derechos consulares estipulados por la Convención de Viena.El “Caso Avena” que abordó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, es el nombre jurídico asignado al caso del mexicano José Ernesto Medellín, condenado a la pena de muerte en el estado de Texas desde 1994, por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993.El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anulo la decisión de la CIJ que dictaminó en 2004 para ordenar a las cortes estatales de la Unión Americana, reabrir los expedientes de la sentencia de muerte de los más de 50 mexicanos, bajo la presunción de que se violaron sus derechos consulares.Expertos en asuntos judiciales internacionales sostuvieron que, por el precedente que estableció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el pasado 25 de marzo por el “Caso Avena”, hay pocas posibilidades de que el gobierno de Estados Unidos acate el nuevo pedido de la CIJ. La ejecución de Medellín esta programada para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas.
Exige la Permanente sanción para Televisa y TV Azteca
Legisladores contra el duopolioMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprobó y lamentó la distorsión de la imagen de Santiago Creel, presidente del Senado, en un noticiero de Televisa, y exhortó a la Secretaría de Gobernación a que sancione y vigile la conducta de esta televisora y de TV Azteca.El exhorto fue hecho a través de un punto de acuerdo –el cual dio a conocer la agencia Apro--, que propuso la senadora panista Adriana González Carrillo.Al punto de acuerdo, se le incorporó el exhorto a TV Azteca “ya que por la información vertida en sus noticiarios, es claro su distanciamiento de la verdad y manipulación de la información, tratando de sacar provecho de la situación”.Antes de ser aprobado el punto de acuerdo, los senadores Pablo Gómez, del PRD, Adriana González, del PAN,y el diputado priista Raúl Cervantes, exabogado de Televisa, incorporaron el exhorto a TV Azteca y le demandaron a Televisa que tenga un trato equitativo en la información que proporcione sobre el Congreso de la Unión.El pasado 2 de julio, en los noticieros matutinos de Televisa, la imagen del senador panista Santiago Creel fue “borrada”, según la televisora, por un “error” de edición, lo que le valió un “extrañamiento” de la Dirección General de Radio y Televisión, de la Secretaría de Gobernación, y el rechazo unánime de legisladores de todos los partidos, quienes consideraron que se trató de un acto de censura.
sondeo
¿Por qué crees que borró Televisa de su noticiario matutino la imagen de Santiago Creel?
a) Error de edición¿Por qué crees que borró Televisa de su noticiario matutino la imagen de Santiago Creel?
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b) Acto de censura
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Rechaza el PRI capital extranjero en Pemex
El capo Beltroni Se desmarca del PANMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- El coordinador de la fracción legislativa del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, delineó hoy la propuesta de su partido sobre reforma energética.Adelantó que la iniciativa incluye la modernización del régimen corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex); mantiene la posibilidad de permitir la inversión privada en ductos, almacenaje, y en refinación; acelerar el proceso de exploración para reponer las reservas que se están agotando, y otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a la paraestatal.Un día después de confirmarse el acercamiento entre las dirigencias del PRD, PAN y PRI para discutir una reforma de consenso, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la Ley Orgánica de Pemex debe incorporar la obligatoriedad de apoyar a las empresas nacionales, por encima de las extranjeras. Este fue uno de los puntos de coincidencia en el décimo noveno foro, realizado el pasado martes 15 de julio.En forma un tanto ambigua, Beltrones dejó entrever la posibilidad de que se permita la participación de inversión privada en refinación:“El manejo debe llevarlo el Estado mexicano y no exclusivamente debe hacerlo Pemex, sino podrían llevarlo a cabo filiales o empresas paraestatales modernas, cien por ciento mexicanas, que sean capaces de manejar el monopolio, que es de carácter presupuestal.”Algunos observadores señalaron que esta posición es muy cercana a la “tercera vía” que planteó el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien propuso la creación de empresas estatales, con capital privado y público, que trabajen con Pemex.Sobre la propuesta de autonomía de gestión en un plazo de 11 años, expresada en las iniciativas de Calderón, Beltrones opinó que esto es “una vacilada”.“Si tenemos que corregir inmediatamente, es necesario un plazo menor para alcanzar a fortalecer a la empresa mexicana”, afirmó.Beltrones saludó la convocatoria de Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente sustituto del PRD, para sostener un encuentro la próxima semana entre las tres dirigencias partidistas, pero recordó que son los grupos legislativos del PRI los que trabajarán en la reforma.“El PRI, en sus grupos del Senado y de la Cámara de Diputados, sigue trabajando en una ruta que termina el 22 de julio”, fecha en la que culminarán los 22 foros de debate sobre la reforma energética, explicó.
Demanda Encinas elección extraordinaria
Conflicto sin finMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- Al señalar que no construirá acuerdos con los "defraudadores", Alejandro Encinas se pronunció por una jornada extraordinaria –como lo establece la normatividad–, en caso de que se anulen los resultados de la elección interna del pasado 16 de marzo.El exjefe de Gobierno del Distrito Federal afirmó que si la Comisión Nacional de Garantías cancela el proceso, él respetará la decisión. No obstante, dijo, debe cumplirse con lo que marca la normatividad y convocar a elecciones extraordinarias a más tardar 30 días después de la resolución y realizarse como fecha límite 45 días después.Encinas descartó la posibilidad de que Guadalupe Acosta Naranjo se perpetúe como presidente nacional del PRD. Lo que ha hecho, apuntó, es “vergonzoso, obviamente en la lógica de quedarse ocupando un puesto que no ganó, que no merece y que lamentablemente empaña, porque uno de los principales defraudadores hoy está con esa responsabilidad".El candidato de la corriente Izquierda Unida sostuvo que “si se quiere ver hacia delante deberán replantearse los términos de la conformación actual de los órganos de dirección del partido”.En tanto, sin precisar la hora ni cuándo se realizará la sesión para resolver la elección interna del PRD, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, Ernestina Godoy, manifestó que se terminará con la simulación, pese a que no pudo hacerse una limpieza a fondo de las elecciones en ese partido político."Terminemos con la simulación, un partido de izquierda no puede seguir actuando así", concluyó.
Ordena IFAI a PEMEX entregar copias de contratos firmados con los Mouriño
MÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) enviará al corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) un extrañamiento por haberse negado a entregar copias de los 108 contratos firmados con las empresas propiedad de la familia del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.Según consta en una investigación hecha por el comisionado Alonso Gómez-Robledo Verduzco, hay pruebas fehacientes de que los expedientes pueden localizarse dentro de las oficinas del corporativo de Pemex, sin embargo, los directivos manifestaron en principio que éstos no estaban bajo su poder.En una resolución aprobada por unanimidad durante la sesión pública de este miércoles, los comisionados del IFAI ordenaron a Pemex buscar adecuadamente dentro de sus archivos los contratos firmados con las empresas Transportes Invancar SA de CV, y Grupo GES, con el fin de ponerlos en manos de la ciudadana que los solicitó, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, a partir del momento en que reciba la notificación en su contra.Una persona de nombre María Luisa Masías solicitó copias de dichos documentos, tres de los cuales generaron polémica durante este año, cuando el líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, y, posteriormente, el diario El Universal revelaron que los contratos habían sido firmados por Juan Camilo Mouriño como representante legal de Invancar, cuando, al mismo tiempo, era subsecretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox.Ante la solicitud de acceso a la información, la reacción de Pemex fue negar que tuviera esos archivos. Luego, al abrirse un juicio ante el IFAI insistió en que no estaban en su poder y sugirió, incluso, que se buscara en Pemex-Refinación, ya que cada una de las divisiones cuenta con sus propias oficinas independientes de transparenciaSin embargo, en la investigación hecha por el comisionado Gómez-Robledo Verduzco –de 125 páginas-- consta que en el corporativo de Pemex sí deben contar con esos archivos por dos razones fundamentales:Los contratos fueron firmados por el gerente jurídico de Pemex, José Antonio Prado Carranza, quien trabaja dentro del corporativo y, además, nunca buscaron en el registro que por normatividad deber llevarse en la Gerencia Jurídica de Convenio de Contratación.A lo largo de la investigación se fueron desglosando una serie de inconsistencias cometidas por la paraestatal al no emprender una búsqueda exhaustiva en sus oficinas y registros, aun cuando esas son parte de sus obligaciones al momento de responder a una solicitud de acceso a la información pública.
Interceptan minisubmarino con droga en costas de Oaxaca
El minisubmarino fue interceptado en las costas de OaxacaMÉXICO, D.F., 16 de julio (apro).- En las costas de Oaxaca fue interceptado este miércoles un minisubmarino de uso particular que transportaba droga, al parecer cocaína.La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) señaló en un comunicado que, gracias al trabajo de inteligencia proporcionado por agencias nacionales e internacionales, unidades de la Armada lograron asegurar la embarcación.Fuerzas especiales y equipo aéreo realizaron esta mañana la localización, persecución y aseguramiento de una embarcación tipo minisubmarino, sospechosa de transportar droga, anotó la dependencia."Los hechos se desencadenaron al recibir información de inteligencia sobre el avistamiento de un objeto de color verde, de aproximadamente diez metros de largo, el cual navegaba a 200 kilómetros al sur del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. "El mando naval correspondiente inmediatamente implementó la operación de interceptación acorde al tipo de blanco y a las condiciones de mar en el área de avistamiento", señaló la Secretaría.Al ubicar el blanco, un helicóptero naval aprovechó que el minisubmarino subió a la superficie y fue entonces cuando se efectuó una “operación de inserción vertical vía soga rápida”, y sorprendió a sus tripulantes, quienes fueron detenidos y conducidos vía helicóptero al puerto de Huatulco.El 19 de octubre de 2004, la Armada de México y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos aseguraron en alta mar, aproximadamente a mil 574 kilómetros al suroeste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el barco pesquero de nombre "Baturro IV", de bandera mexicana, por transportar cocaína, que fue localizada en uno de los compartimientos de combustible.Supuestamente la embarcación realizaba actividades de pesca de tiburón sin redes, lo que despertó las sospechas del guardacostas estadunidense, por lo que se efectuó una inspección. Al detectar la presencia de cocaína se dio aviso a la Armada de México y detuvieron el buque que fue conducido al puerto de Manzanillo, Colima, para su revisión.La tripulación, integrada por nueve personas, todas de nacionalidad mexicana, junto con el cargamento, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.
Amenazan indígenas zapotecas con boicotear la Guelaguetza oficial
OAXACA, Oax., 16 de julio (apro).- Indígenas zapotecas amenazaron con boicotear la Guelaguetza oficial y bloquear la supercarretera Oaxaca-México, para presionar a los gobiernos estatal y federal a que atiendan las demandas de los habitantes de ocho pueblos de los Ozolotepec que desde junio pasado se encuentran incomunicados por los derrumbes ocasionados a causa de las lluvias.Así lo denunciaron representantes municipales de Santa María Ozolotepec y San Juan Ozolotepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, quienes agregaron que el “gobierno si tiene para fiestas para los turistas y no tiene dinero para reparar los caminos de los pueblos indígenas”.Las autoridades de Santa Cruz, San Esteban, San Gregorio, San Miguel, San Pablo y San Antonio Ozolotepec, así como San José Cieneguilla, todos pertenecientes a Santa María Ozolotepec y Santa Catarina Xanaguía de San Juan Ozolotepec, denunciaron que ya acudieron a Caminos y Aeropistas de Oaxaca y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que en ambas dependencias les cerraron las puertas.Desesperados por la indolencia gubernamental, los agentes municipales, encabezados por Martínez Reyes Martínez, Silvano Aniceto Santiago Salgado y Alejo García Melchor, manifestaron que en sus asambleas comunitarias lanzaron un ultimátum a las autoridades estatales y federales para que atiendan sus demandas o, de lo contrario, boicotearan la Guelaguetza oficial y la supercarretera México-Oaxaca.Según los pobladores, alrededor de siete mil habitantes de esa región de la Sierra Sur se encuentran casi incomunicados por los derrumbes que dejaron las lluvias del dos de junio a la fecha.Mencionaron que en algunos lugares pueden pasar cierto tipo de vehículos, pero que en otros la gente tiene que caminar hasta cinco horas para salir a la cabecera municipal a comprar alimentos, recibir atención médica o realizar trámites oficiales.Explicaron que tan solo Santa Cruz Ozolotepec a Santa María Ozolotepec, hay 30 kilómetros de distancia, razón por la que mil 800 habitantes tiene que realizar ese recorrido a pie para alcanzar algún beneficio.Así mismo, se quejaron del presidente municipal de Santa María Ozolotepec, Arturo García Martínez, quien no hace nada por sus agencias municipales porque en el mes de abril, la asamblea comunitaria lo desconoció por negarse a entregarles lo que les corresponde de los ramos 28 y 33.Se quejaron que con esos recursos se compró un autobús de pasaje, sin embargo, con el estado que guardan los caminos no funciona.De igual forma, denunciaron que a pesar de que existe un módulo de maquinaria en esa región, los presidentes municipales de San Sebastián Río Hondo, Santo Domingo Ozolotepec, San Juan Ozolotepec y Santa María Ozolotepec, prefieren rentarla a otros pueblos con un costo de 800 y mil pesos la hora.
Emprenderán acciones de resistencia civil contra depredación del Cerro de la Silla
MONTERREY, N.L., 16 de julio (apro).- Activistas defensores del medio ambiente y de los derechos humanos efectuarán un plantón de una semana frente al Palacio de Gobierno y emprenderán huelgas de hambre escalonadas, en protesta por la construcción del Arco Vial Sureste que construirá el gobierno de Nuevo León en una parte del Cerro de la Silla.Ximena Peredo, defensora de los derechos humanos y organizadora de la manifestación, señaló que las acciones de resistencia pacífica, denominadas “Gran campamento por la defensa del Cerro de la Silla”, comenzarán el domingo 20 y se prolongarán hasta el domingo 27, con carpas instaladas en la Macroplaza, donde realizarán actividades culturales, recreativas y ecológicas.Con estas acciones, los participantes buscarán concienciar a la ciudadanía sobre el grave “ecocidio” que implicará la construcción, en la sierra del Cerro de la Silla, del Arco Vial, en cuyo entorno se edificarán más de mil viviendas. Dichos terrenos son ocupados actualmente por especies de flora y fauna endémicas y en peligro de extinción.“Este plantón está apoyado, espontáneamente, por gente que está indignada con el proyecto”, afirmó Ximena Peredo.Para reforzar la manifestación, las personas que así lo deseen pueden inscribirse en las acciones de ayuno escalonado, las cuales consistirán en dejar de probar alimento a lo largo de 24 horas, como una medida de reproche al “crimen ecológico” que será cometido si se cumplen los planes del gobierno estatal.Estarán presentes vecinos de la comunidad La Tinaja, del municipio de Santiago, que han formado un grupo opositor del arco vial. En horario aún por definir, serán ellos los encargados de declarar abiertas las acciones de protesta, dijo la también editorialista y escritora.El lunes 21, los manifestantes se trasladarán al Congreso del estado, ubicado también en la Macroplaza, para exigirle a los diputados que eliminen el Decreto 75, suscrito por la actual legislatura, que permite que sean construidas obras en está área natural protegida, con el argumento de que es “de utilidad pública”, dijo la ecologista.“Esta sierra que se pretende devastar, forma parte de una barrera protectora que cubre al área metropolitana de la contaminación que emite la refinería de Pemex, en el municipio de Cadereyta. Recoge también toda la brisa marina que procede del Golfo de México.“Es una zona estratégica que provee servicios ambientales muy importantes para la ciudad, además de que el Cerro de la Silla es un símbolo emblemático de nuestra cultura regiomontana. Da mucha pena ver que hay proyectos que pretenden aniquilarlo”, explicó la activista.Se espera la presencia de organismos como Centro de Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Comité Probienestar, Alianza de Usuarios y Servicios Públicos, La Otra Campaña, Movimiento Ciudadano Proambientalista, Movimiento de La Huasteca y otras agrupaciones que se han sumado.Es inminente la construcción del Arco Vial Sureste, ya que la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le entregó la semana pasada al gobierno de Nuevo León la certificación de cambio de uso de suelo.La Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del estado se apresta a lanzar las licitaciones para la construcción de la vialidad que conectará, por el oriente, la carretera a Reynosa, en el municipio de Juárez, con la carretera nacional, hacia el sur, en Monterrey.La obra, que costará 2 mil 500 millones de pesos, contempla la creación de una vialidad de 1.9 kilómetros, por la cara sur del Cerro de la Silla (la parte que no es visible desde el área metropolitana) y contempla un túnel de 1.8 kilómetros en la sierra del monumento natural.El proyecto prevé la construcción de un núcleo habitacional en el área de esta nueva vía.
La represión está presente
Julio Pimentel Ramírez
II
Al tiempo que el gobierno federal realiza una intensa campaña de medios para convencer a la sociedad de que su paquete de reformas para PEMEX no son privatizadoras y de que se le va ganando la guerra a la narcoviolencia, el país continúa transitando hacia una crisis económica que se profundiza a cada día, en grandes partes del territorio nacional impera la ley del más fuerte y sanguinario, todo esto mientras la estrategia que criminaliza la protesta social, la pobreza y a los excluidos, se traduce en actos de represión y violación de los derechos humanos.
La cotidianidad de la violencia, en la que las cifras diarias de asesinatos, muchos de ellos con particular saña, difumina tras el tono rojizo de la sangre la realidad de lo que está ocurriendo: la degradación de las instituciones de procuración e impartición de justicia así como de las de orden político, sin obviar la de otras estructuras de poder y lo que es tanto o más grave, la de las relaciones sociales (el crimen como espectáculo) y la de la vida humana en general.
Si bien muchos de los asesinados durante los últimos 18 meses son personas vinculadas a actividades del crimen organizado (lo que no exime al Estado de la obligación de investigar los hechos y castigar a los responsables), se denuncia que los llamados daños "colaterales" van en aumento y con frecuencia son víctimas de la violencia seres inocentes, menores de edad incluidos.
Retomando el tema de la criminalización de la protesta social, cuestión que es ignorada por la mayoría de los medios de comunicación, vemos que organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido victimas de desaparición forzada, delito de lesa humanidad.
En lo que va de la administración calderonista se han incrementado los casos de desaparecidos o "levantados" (muchos de éstos últimos probablemente sean cometidos por bandas delincuenciales, pero en otras hay sospechas fundadas de que intervinieron elementos policiacos o militares, lo que eleva la responsabilidad del Estado). Cabe reiterar que decenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como "levantones", para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentes.
Diversas fuentes hablan de que superan las 300 las personas de las que se ignora su paradero, sumiendo con ello en el dolor y la incertidumbre a sus familiares. Las características del delito y la forma oscura de actuar de las autoridades dificultan elaborar con precisión una lista que incluya tanto a los afectados como a las circunstancias reales en que ocurrieron los hechos.
En los casos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones sociales y políticas populares, lo mismo se encuentran militantes de agrupaciones armadas que defensores de derechos humanos y activistas de zonas rurales marginadas.
Según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos en los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).
llos son: de Guerrero Jorge Gabriel Cerón, Baltasar López Pita y Rafael Bautista Ramírez, quienes permanecen desaparecidos desde el 14 de abril, 9 y 25 de mayo de 2007, respectivamente. Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos en Nuevo León entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más.
Otros detenidos desaparecidos son: Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR; Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero; las indígenas triqui Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y Lauro Juárez, indígena chatino. También se encuentran en esta relación Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste. Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo, fueron detenidos desaparecidos en Ocosingo, Chiapas. Y hay más.
II
Al tiempo que el gobierno federal realiza una intensa campaña de medios para convencer a la sociedad de que su paquete de reformas para PEMEX no son privatizadoras y de que se le va ganando la guerra a la narcoviolencia, el país continúa transitando hacia una crisis económica que se profundiza a cada día, en grandes partes del territorio nacional impera la ley del más fuerte y sanguinario, todo esto mientras la estrategia que criminaliza la protesta social, la pobreza y a los excluidos, se traduce en actos de represión y violación de los derechos humanos.
La cotidianidad de la violencia, en la que las cifras diarias de asesinatos, muchos de ellos con particular saña, difumina tras el tono rojizo de la sangre la realidad de lo que está ocurriendo: la degradación de las instituciones de procuración e impartición de justicia así como de las de orden político, sin obviar la de otras estructuras de poder y lo que es tanto o más grave, la de las relaciones sociales (el crimen como espectáculo) y la de la vida humana en general.
Si bien muchos de los asesinados durante los últimos 18 meses son personas vinculadas a actividades del crimen organizado (lo que no exime al Estado de la obligación de investigar los hechos y castigar a los responsables), se denuncia que los llamados daños "colaterales" van en aumento y con frecuencia son víctimas de la violencia seres inocentes, menores de edad incluidos.
Retomando el tema de la criminalización de la protesta social, cuestión que es ignorada por la mayoría de los medios de comunicación, vemos que organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido victimas de desaparición forzada, delito de lesa humanidad.
En lo que va de la administración calderonista se han incrementado los casos de desaparecidos o "levantados" (muchos de éstos últimos probablemente sean cometidos por bandas delincuenciales, pero en otras hay sospechas fundadas de que intervinieron elementos policiacos o militares, lo que eleva la responsabilidad del Estado). Cabe reiterar que decenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como "levantones", para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentes.
Diversas fuentes hablan de que superan las 300 las personas de las que se ignora su paradero, sumiendo con ello en el dolor y la incertidumbre a sus familiares. Las características del delito y la forma oscura de actuar de las autoridades dificultan elaborar con precisión una lista que incluya tanto a los afectados como a las circunstancias reales en que ocurrieron los hechos.
En los casos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones sociales y políticas populares, lo mismo se encuentran militantes de agrupaciones armadas que defensores de derechos humanos y activistas de zonas rurales marginadas.
Según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos en los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).
llos son: de Guerrero Jorge Gabriel Cerón, Baltasar López Pita y Rafael Bautista Ramírez, quienes permanecen desaparecidos desde el 14 de abril, 9 y 25 de mayo de 2007, respectivamente. Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos en Nuevo León entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más.
Otros detenidos desaparecidos son: Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR; Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero; las indígenas triqui Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y Lauro Juárez, indígena chatino. También se encuentran en esta relación Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste. Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo, fueron detenidos desaparecidos en Ocosingo, Chiapas. Y hay más.
NO debe cerrar
El gobierno Legítimo rechaza el cierre del único hospital psiquiátrico del país, expresó la titular de Salud, Asa Cristina Laurell
La salud mental y la psiquiatría es una de las áreas más desatendidas del sistema público de salud en México, a pesar de que las enfermedades mentales representan una problemática muy frecuente en la población y el Hospital Juan N. Navarro es el único hospital psiquiátrico infantil del país, pero desde el sexenio pasado se ha intentado cerrarlo con la promesa de abrir otro con mejores instalaciones y equipamiento, manifestó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.
Mencionó que la Secretaría de Salud del gobierno usurpador ha informado que utilizará el terreno donde está el citado nosocomio –ubicado en la delegación Tlalpan— para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología y construir un estacionamiento.
La referida dependencia ofrece trasladar el hospital Juan N. Navarro a un inmueble anteriormente utilizado por la Secretaría de Educación Pública que sería remodelado, pero es obvio que las instalaciones de la SEP no cumplen con las condiciones adecuadas para funcionar como centro terapéutico y hospital psiquiátrico, ya que existen normas precisas al respecto, aseguró.
Con dicho antecedente, alertó, se pondría incluso en peligro la vida de los pacientes, por la falta de instalaciones adecuadas.
Ante la insistencia de familiares de los pacientes y el personal del hospital de conocer el proyecto detallado de remodelación de estas instalaciones, la Secretaría de Salud sólo ha respondido con señalamientos generales, aclaró.
“Si la Secretaría tuviera la disposición de mejorar la atención a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos ha tenido mucho tiempo para hacerlo”, estimó al resaltar que “existen razones para pensar que el cierre del hospital es un paso más en la adopción de una política de salud mental donde los medicamentos sustituyen a la terapia y las familias suplan al cuidado institucional cuando éste sea necesario”.
Hizo énfasis en que los pacientes psiquiátricos son un grupo vulnerable en la sociedad y debe ser responsabilidad de la autoridad proporcionarles la terapia que requieren.
Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Así lo establece la Constitución y “habría que recordar que el riesgo de vida de un paciente psiquiátrico puede ser igualmente grande que de un paciente con cáncer”, puntualizó.
Después de meses de cerrazón, denunció, la Secretaría de Salud pretende ahora desalojar el hospital usando la fuerza pública y amenazando a los familiares de los pacientes y a los trabajadores que están defendiendo este centro de terapia psiquiátrico.
“Estamos ante un caso más de criminalización de la opinión disidente, de los “otros”. Se agrava este hecho porque se trata de un grupo que desde antes está discriminado”, acusó.
Asa Cristina Laurell dio a conocer que el Gobierno Legítimo se solidariza con los defensores del hospital Juan N. Navarro y exige que se cumpla el derecho a la protección de la salud de sus pacientes.
La salud mental y la psiquiatría es una de las áreas más desatendidas del sistema público de salud en México, a pesar de que las enfermedades mentales representan una problemática muy frecuente en la población y el Hospital Juan N. Navarro es el único hospital psiquiátrico infantil del país, pero desde el sexenio pasado se ha intentado cerrarlo con la promesa de abrir otro con mejores instalaciones y equipamiento, manifestó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.
Mencionó que la Secretaría de Salud del gobierno usurpador ha informado que utilizará el terreno donde está el citado nosocomio –ubicado en la delegación Tlalpan— para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología y construir un estacionamiento.
La referida dependencia ofrece trasladar el hospital Juan N. Navarro a un inmueble anteriormente utilizado por la Secretaría de Educación Pública que sería remodelado, pero es obvio que las instalaciones de la SEP no cumplen con las condiciones adecuadas para funcionar como centro terapéutico y hospital psiquiátrico, ya que existen normas precisas al respecto, aseguró.
Con dicho antecedente, alertó, se pondría incluso en peligro la vida de los pacientes, por la falta de instalaciones adecuadas.
Ante la insistencia de familiares de los pacientes y el personal del hospital de conocer el proyecto detallado de remodelación de estas instalaciones, la Secretaría de Salud sólo ha respondido con señalamientos generales, aclaró.
“Si la Secretaría tuviera la disposición de mejorar la atención a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos ha tenido mucho tiempo para hacerlo”, estimó al resaltar que “existen razones para pensar que el cierre del hospital es un paso más en la adopción de una política de salud mental donde los medicamentos sustituyen a la terapia y las familias suplan al cuidado institucional cuando éste sea necesario”.
Hizo énfasis en que los pacientes psiquiátricos son un grupo vulnerable en la sociedad y debe ser responsabilidad de la autoridad proporcionarles la terapia que requieren.
Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Así lo establece la Constitución y “habría que recordar que el riesgo de vida de un paciente psiquiátrico puede ser igualmente grande que de un paciente con cáncer”, puntualizó.
Después de meses de cerrazón, denunció, la Secretaría de Salud pretende ahora desalojar el hospital usando la fuerza pública y amenazando a los familiares de los pacientes y a los trabajadores que están defendiendo este centro de terapia psiquiátrico.
“Estamos ante un caso más de criminalización de la opinión disidente, de los “otros”. Se agrava este hecho porque se trata de un grupo que desde antes está discriminado”, acusó.
Asa Cristina Laurell dio a conocer que el Gobierno Legítimo se solidariza con los defensores del hospital Juan N. Navarro y exige que se cumpla el derecho a la protección de la salud de sus pacientes.
Cierra EU pinza del “Plan México”
Por Lilia Arellano
Estado de los Estados
Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Tomas Macaulay
Texas rechaza sentencia de la CIJ
108 contratos de Mouriño con Pemex
Fija PAN condiciones de negociación
Adelanta PRI bases de sus propuestas
La pinza en torno a la Iniciativa Mérida o “Plan México” se va cerrando. A raíz de que en el estado de Sinaloa fueron encontrados autos-bomba en una zona residencial de Culiacán, como los que presuntamente utilizan organizaciones terroristas en Medio Oriente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que eso confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo.
De esta forma, las autoridades de México y del vecino país recaban elementos que justifiquen cada vez el intervencionismo norteamericano en territorio mexicano para, según ellos, “combatir las amenazas del tráfico de drogas, el crimen trasnacional y el terrorismo en el hemisferio”.
A pesar de que desde hace más de un año, durante la 46 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Austin, Texas, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que la Comisión Permanente del Congreso Mexicano le demandaría a Felipe Calderón información precisa y clara sobre lo que se negoció con Estados Unidos, a la fecha y no obstante que el Congreso norteamericano y la administración de George W. Bush dieron hace apenas unos días oficialmente su visto bueno a la rebautizada “Iniciativa Mérida”, aún los legisladores mexicanos desconocen a ciencia cierta de qué se trata y la opacidad impera en torno a este delicado tema de seguridad nacional.
Si bien es cierto que el estado de Sinaloa vive los días más violentos de sus últimas dos décadas, al grado de que el promedio de ejecutados cada 24 horas llegó a 7.2 personas, el hallazgo de artefactos explosivos en casas de seguridad en Culiacán no debe ser pretexto para hablar de “narcoterrorismo” en México.
Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hizo en este sentido un llamado a la prudencia a las autoridades estadounidense para no calificarlo de tal forma y dijo que hablar de terrorismo en nuestro país “nos llevaría a una situación sumamente delicada”.
El general del Ejército precisó que es la primera vez que se conoce en México la utilización de artefactos de control remoto para hacer estallar automóviles, pero insistió en que la palabra terrorismo tiene una connotación muy distinta.
Dijo que se considera terrorismo “cuando va en contra de la población civil en general; por el momento sólo puede decirse que son actos de “sabotaje” que están ejecutando entre sí bandas criminales”.
El legislador señaló que la Comisión de la Defensa Nacional se reunirá la semana próxima para analizar este caso y solicitar información adicional a las autoridades específicas.
Mientras eso pasa, el hecho está siendo utilizado por las autoridades de los Estados Unidos para justificar la aprobación del “Plan México” o Iniciativa Mérida y el intervencionismo de ese país en territorio mexicano.
Un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado aseguró que la utilización de carros-bomba en México, localizados en una exclusiva zona residencial de Culiacán, Sinaloa, en donde se ubican grupos vinculados a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus ahora rivales, los hermanos Beltrán Leyva, “confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”.
Dicho funcionario explicó que “los cilindros de gas son de uso común, y el área de afectación es mayor que una bomba molotov.
Actualmente en Irán, Irak, Colombia y Londres estos carros-bomba son utilizados por Al-Qaeda, pero los manuales de la organización están en Internet o son enseñados por entrenadores en Medio Oriente”.
También indicó que “el empleo de cilindros de gas muestra la habilidad de usar materiales comunes disponibles de baja tecnología y, por tanto, de bajo costo, logrando afectar más que los millones invertidos en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, provocando que se busque invertir en vehículos y equipo personal de los oficiales con mayor blindaje”.
Sobre el particular, legisladores de la oposición han llamado la atención y reprobado el hecho de que ante el fracaso total de la “estrategia” contra el crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón claudique ante el gobierno de Estados Unidos, transgreda la soberanía del país y ponga en riesgo las instituciones del Estado mexicano.
Rechaza Texas sentencia de CIJ
A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el estado de Texas ejecutará a cinco mexicanos que están en el corredor de la muerte, confirmó el portavoz del gobernador Rick Perry, Robert Black.
Este funcionario advirtió que el gobierno de Texas no considera siquiera la sentencia de la CIJ que le solicita que detenga las ejecuciones previstas de cinco ciudadanos mexicanos.
Black sentenció que ese tribunal no tiene jurisdicción en Texas, por lo que su sentencia “no cambia nada”. Así, a pesar de que el gobierno mexicano reclamó ante la justicia internacional en nombre de sus cinco ciudadanos porqué las autoridades estadounidenses no les informaron de sus derechos consulares y de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Washington que suspenda la ejecución en espera de una aclaración solicitada por México sobre la obligación de Estados Unidos de revisar sus condenas, Black argumentó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya determinó que la CIJ, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene jurisdicción en el país.
Sin embargo, Estados Unidos, al igual que México, es uno de las 15 naciones que firmaron la carta para pertenecer a la Corte Internacional de Justicia, encargada de resolver conflictos entre estados, y cuyas sentencias están basadas en la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, las autoridades de Estados Unidos están obligadas a obedecer cualquier sentencia de la CIJ en asuntos en los cuales sea parte, por lo que las declaraciones del vocero del gobernador texano no se apegan al orden internacional y sólo muestra la prepotencia que caracteriza a los funcionarios de ese estado.
Más contratos de Mouriño
Hace poco más de un mes la Comisión Mouriño de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de las acusaciones de tráfico de influencias y las presuntas violaciones a la ley en los contratos firmados entre Pemex Refinación y la empresa Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del funcionario.
En esa ocasión, los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) decidieron no participar en los trabajos de dicha comisión a la que acusaron de ser sólo una “tapadera” y que sólo sirvió para exculpar al funcionario.
El tiempo parece darles la razón a los diputados del FAP pues este miércoles Petróleos Méxicanos (Pemex) informó que además de los 16 contratos firmados con dicha empresa existen otros 108 contratos firmados con la empresa ESGES, también propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño.
Pemex precisó que entre la empresa ESGES S.A. de C. V., y Pemex “sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia, 37 contratos de suministro y “34 contratos de crédito”. Pemex refinación anexó detalles de esos 108 contratos en los que explica que son con estaciones de servicio o gasolineras.
Pero, claro, los legisladores federales no pudieron encontrar ni siquiera un elemento que hiciera presumir el tráfico de influencias del empresario español en funciones de secretario de Gobernación.
Ponen partidos condiciones
A pesar de que será hasta la próxima semana cuando Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Paredes y Germán Martínez, líderes de las tres principales fuerzas políticas del país: PRD, PRI y PAN, respectivamente, se reúnan para negociar una reforma energética condensada, tanto los panistas como los priístas ya adelantaron cuáles serán las bases y las condiciones de las que partirán para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la modernización de Petróleos Mexicanos, aun y cuando el rector de la UNAM, José Narro, les hizo un llamado para que eviten la polarización y no se lleve a cabo una reforma en la materia a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos.
Cristián Castaño Contreras, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio a conocer este miércoles que la bancada del PAN fijó tres puntos básicos e irrenunciables en el marco del diálogo y las negociaciones.
Dijo que para su partido “es irrenunciable” que en el país pueda refinarse el petróleo mediante alianzas que permitan revertir la actual importación de gasolina a un 700 u 800 por ciento más caras; estableció que un segundo punto son los contratos con incentivos que, dijo, son diferentes a los contratos de riesgo, con lo que según los albiazules se garantizaría una buena productividad de las empresas y sin riesgo en ningún momento de perder el control en la renta petrolera; el tercer punto expuesto por el legislador de Acción Nacional se refiere precisamente al tema de los ductos y a la transportación”.
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada de ese instituto político en la Cámara Alta, adelantó cuatro grandes rubros de la propuesta de su partido sobre Pemex.
En primer lugar se refirió a la modernización del régimen corporativo de la paraestatal, en donde, subrayó “debe incluirse la obligatoriedad legal de darle un contenido nacional a todas las licitaciones y suministros de insumos a la principal petrolera del país”.
En segundo término, se pronunció por la participación de filiales o empresas paraestatales, cien por ciento mexicanas, en los procesos de refinación, ductos y almacenajes, sin que el Estado pierda el control de los mismos.
En tercer lugar, dijo que debe imprimírsele mayor velocidad a la exploración en nuestro país para reponer con la urgencia necesaria, las reservas que han perdido en los últimos años, por la inacción del gobierno.
En cuarto término, el sonorense también se refirió al capítulo relacionado con la autonomía de gestión, autonomía presupuestal y ley de derechos adecuada a la modernidad.
La propuesta de los priístas se contrapone a lo planteado por Felipe Calderón quien habla de una autonomía presupuestal a lograrse en 11 años.
Beltrones comentó sobre el particular que “eso de los 11 años a nosotros nos parece una vacilada, que tendremos que corregir inmediatamente, ya que la autonomía presupuestal debe ser en un plazo mucho menor, para que alcance a fortalecer a la empresa mexicana en manos del Estado y para reponer sus reservas petroleras”.
La propuesta del PRI en materia energética será presentada cuando finalicen los foros en el Senado de la República, el 22 de julio.
Después de conocer las preguntas que se harán en la consulta del 27 de julio, Beltrones dijo que la propuesta de su partido debería tener el apoyo del PRD, porque “vamos en ese sentido”.
Por otra parte, al entregar al Senado de la República las conclusiones del foro petrolero que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector José Narro consideró que la reforma de Pemex debe hacerse pero no a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos, y dijo que es indiscutible que la modernización de la paraestatal es necesaria por lo que deberá darse con el consenso de todos.
Narro Robles sostuvo: “reforma sí pero no a cuenta de una batalla de la que resulten ganadores efímeros y derrotados persistentes; reforma sí, pero para beneficiar a la mayoría y no para beneficio de unos cuantos”.
El rector universitario también distribuyó entre los coordinadores parlamentarios información documental y digitalizada de lo que la UNAM ha recabado durante décadas sobre el sector petrolero.
Narro Robles también avaló la consulta ciudadana del Gobierno del Distrito Federal y destacó que en la formulación de las preguntas participó la maestra Beatriz Velásquez, académica de la Universidad.
De los pasillos
Felipe Calderón aceptó las propuestas de Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino para que Manuel Mondragón sea el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y Miguel Mancera el nuevo procurador general de Justicia del Distrito Federal.
El “carnal” Marcelo se comprometió por su parte a anteponer el trabajo conjunto con las autoridades federales para salvaguardar la seguridad pública, por encima de las diferencias políticas. Veremos.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, advirtió que el PRD deberá realizar de inmediato nuevos comicios si anulan los resultados de la elección interna y no esperar hasta después de las elecciones federales del 2009… A fin de que presente una “radiografía” del crimen organizado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fue citado a comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública el próximo 31 de julio… Los golpes al bolsillo de los mexicanos no paran. Ahora tocó el turno al precio del gas natural que a partir del mes de agosto aumentará en forma gradual para los hogares y pequeños y medianos empresarios. lilia_arellano@yahoo.com
Estado de los Estados
Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Tomas Macaulay
Texas rechaza sentencia de la CIJ
108 contratos de Mouriño con Pemex
Fija PAN condiciones de negociación
Adelanta PRI bases de sus propuestas
La pinza en torno a la Iniciativa Mérida o “Plan México” se va cerrando. A raíz de que en el estado de Sinaloa fueron encontrados autos-bomba en una zona residencial de Culiacán, como los que presuntamente utilizan organizaciones terroristas en Medio Oriente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que eso confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo.
De esta forma, las autoridades de México y del vecino país recaban elementos que justifiquen cada vez el intervencionismo norteamericano en territorio mexicano para, según ellos, “combatir las amenazas del tráfico de drogas, el crimen trasnacional y el terrorismo en el hemisferio”.
A pesar de que desde hace más de un año, durante la 46 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Austin, Texas, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que la Comisión Permanente del Congreso Mexicano le demandaría a Felipe Calderón información precisa y clara sobre lo que se negoció con Estados Unidos, a la fecha y no obstante que el Congreso norteamericano y la administración de George W. Bush dieron hace apenas unos días oficialmente su visto bueno a la rebautizada “Iniciativa Mérida”, aún los legisladores mexicanos desconocen a ciencia cierta de qué se trata y la opacidad impera en torno a este delicado tema de seguridad nacional.
Si bien es cierto que el estado de Sinaloa vive los días más violentos de sus últimas dos décadas, al grado de que el promedio de ejecutados cada 24 horas llegó a 7.2 personas, el hallazgo de artefactos explosivos en casas de seguridad en Culiacán no debe ser pretexto para hablar de “narcoterrorismo” en México.
Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, hizo en este sentido un llamado a la prudencia a las autoridades estadounidense para no calificarlo de tal forma y dijo que hablar de terrorismo en nuestro país “nos llevaría a una situación sumamente delicada”.
El general del Ejército precisó que es la primera vez que se conoce en México la utilización de artefactos de control remoto para hacer estallar automóviles, pero insistió en que la palabra terrorismo tiene una connotación muy distinta.
Dijo que se considera terrorismo “cuando va en contra de la población civil en general; por el momento sólo puede decirse que son actos de “sabotaje” que están ejecutando entre sí bandas criminales”.
El legislador señaló que la Comisión de la Defensa Nacional se reunirá la semana próxima para analizar este caso y solicitar información adicional a las autoridades específicas.
Mientras eso pasa, el hecho está siendo utilizado por las autoridades de los Estados Unidos para justificar la aprobación del “Plan México” o Iniciativa Mérida y el intervencionismo de ese país en territorio mexicano.
Un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado aseguró que la utilización de carros-bomba en México, localizados en una exclusiva zona residencial de Culiacán, Sinaloa, en donde se ubican grupos vinculados a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus ahora rivales, los hermanos Beltrán Leyva, “confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”.
Dicho funcionario explicó que “los cilindros de gas son de uso común, y el área de afectación es mayor que una bomba molotov.
Actualmente en Irán, Irak, Colombia y Londres estos carros-bomba son utilizados por Al-Qaeda, pero los manuales de la organización están en Internet o son enseñados por entrenadores en Medio Oriente”.
También indicó que “el empleo de cilindros de gas muestra la habilidad de usar materiales comunes disponibles de baja tecnología y, por tanto, de bajo costo, logrando afectar más que los millones invertidos en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, provocando que se busque invertir en vehículos y equipo personal de los oficiales con mayor blindaje”.
Sobre el particular, legisladores de la oposición han llamado la atención y reprobado el hecho de que ante el fracaso total de la “estrategia” contra el crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón claudique ante el gobierno de Estados Unidos, transgreda la soberanía del país y ponga en riesgo las instituciones del Estado mexicano.
Rechaza Texas sentencia de CIJ
A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el estado de Texas ejecutará a cinco mexicanos que están en el corredor de la muerte, confirmó el portavoz del gobernador Rick Perry, Robert Black.
Este funcionario advirtió que el gobierno de Texas no considera siquiera la sentencia de la CIJ que le solicita que detenga las ejecuciones previstas de cinco ciudadanos mexicanos.
Black sentenció que ese tribunal no tiene jurisdicción en Texas, por lo que su sentencia “no cambia nada”. Así, a pesar de que el gobierno mexicano reclamó ante la justicia internacional en nombre de sus cinco ciudadanos porqué las autoridades estadounidenses no les informaron de sus derechos consulares y de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Washington que suspenda la ejecución en espera de una aclaración solicitada por México sobre la obligación de Estados Unidos de revisar sus condenas, Black argumentó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya determinó que la CIJ, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene jurisdicción en el país.
Sin embargo, Estados Unidos, al igual que México, es uno de las 15 naciones que firmaron la carta para pertenecer a la Corte Internacional de Justicia, encargada de resolver conflictos entre estados, y cuyas sentencias están basadas en la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, las autoridades de Estados Unidos están obligadas a obedecer cualquier sentencia de la CIJ en asuntos en los cuales sea parte, por lo que las declaraciones del vocero del gobernador texano no se apegan al orden internacional y sólo muestra la prepotencia que caracteriza a los funcionarios de ese estado.
Más contratos de Mouriño
Hace poco más de un mes la Comisión Mouriño de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de las acusaciones de tráfico de influencias y las presuntas violaciones a la ley en los contratos firmados entre Pemex Refinación y la empresa Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del funcionario.
En esa ocasión, los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) decidieron no participar en los trabajos de dicha comisión a la que acusaron de ser sólo una “tapadera” y que sólo sirvió para exculpar al funcionario.
El tiempo parece darles la razón a los diputados del FAP pues este miércoles Petróleos Méxicanos (Pemex) informó que además de los 16 contratos firmados con dicha empresa existen otros 108 contratos firmados con la empresa ESGES, también propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño.
Pemex precisó que entre la empresa ESGES S.A. de C. V., y Pemex “sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia, 37 contratos de suministro y “34 contratos de crédito”. Pemex refinación anexó detalles de esos 108 contratos en los que explica que son con estaciones de servicio o gasolineras.
Pero, claro, los legisladores federales no pudieron encontrar ni siquiera un elemento que hiciera presumir el tráfico de influencias del empresario español en funciones de secretario de Gobernación.
Ponen partidos condiciones
A pesar de que será hasta la próxima semana cuando Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Paredes y Germán Martínez, líderes de las tres principales fuerzas políticas del país: PRD, PRI y PAN, respectivamente, se reúnan para negociar una reforma energética condensada, tanto los panistas como los priístas ya adelantaron cuáles serán las bases y las condiciones de las que partirán para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la modernización de Petróleos Mexicanos, aun y cuando el rector de la UNAM, José Narro, les hizo un llamado para que eviten la polarización y no se lleve a cabo una reforma en la materia a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos.
Cristián Castaño Contreras, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio a conocer este miércoles que la bancada del PAN fijó tres puntos básicos e irrenunciables en el marco del diálogo y las negociaciones.
Dijo que para su partido “es irrenunciable” que en el país pueda refinarse el petróleo mediante alianzas que permitan revertir la actual importación de gasolina a un 700 u 800 por ciento más caras; estableció que un segundo punto son los contratos con incentivos que, dijo, son diferentes a los contratos de riesgo, con lo que según los albiazules se garantizaría una buena productividad de las empresas y sin riesgo en ningún momento de perder el control en la renta petrolera; el tercer punto expuesto por el legislador de Acción Nacional se refiere precisamente al tema de los ductos y a la transportación”.
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada de ese instituto político en la Cámara Alta, adelantó cuatro grandes rubros de la propuesta de su partido sobre Pemex.
En primer lugar se refirió a la modernización del régimen corporativo de la paraestatal, en donde, subrayó “debe incluirse la obligatoriedad legal de darle un contenido nacional a todas las licitaciones y suministros de insumos a la principal petrolera del país”.
En segundo término, se pronunció por la participación de filiales o empresas paraestatales, cien por ciento mexicanas, en los procesos de refinación, ductos y almacenajes, sin que el Estado pierda el control de los mismos.
En tercer lugar, dijo que debe imprimírsele mayor velocidad a la exploración en nuestro país para reponer con la urgencia necesaria, las reservas que han perdido en los últimos años, por la inacción del gobierno.
En cuarto término, el sonorense también se refirió al capítulo relacionado con la autonomía de gestión, autonomía presupuestal y ley de derechos adecuada a la modernidad.
La propuesta de los priístas se contrapone a lo planteado por Felipe Calderón quien habla de una autonomía presupuestal a lograrse en 11 años.
Beltrones comentó sobre el particular que “eso de los 11 años a nosotros nos parece una vacilada, que tendremos que corregir inmediatamente, ya que la autonomía presupuestal debe ser en un plazo mucho menor, para que alcance a fortalecer a la empresa mexicana en manos del Estado y para reponer sus reservas petroleras”.
La propuesta del PRI en materia energética será presentada cuando finalicen los foros en el Senado de la República, el 22 de julio.
Después de conocer las preguntas que se harán en la consulta del 27 de julio, Beltrones dijo que la propuesta de su partido debería tener el apoyo del PRD, porque “vamos en ese sentido”.
Por otra parte, al entregar al Senado de la República las conclusiones del foro petrolero que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector José Narro consideró que la reforma de Pemex debe hacerse pero no a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos, y dijo que es indiscutible que la modernización de la paraestatal es necesaria por lo que deberá darse con el consenso de todos.
Narro Robles sostuvo: “reforma sí pero no a cuenta de una batalla de la que resulten ganadores efímeros y derrotados persistentes; reforma sí, pero para beneficiar a la mayoría y no para beneficio de unos cuantos”.
El rector universitario también distribuyó entre los coordinadores parlamentarios información documental y digitalizada de lo que la UNAM ha recabado durante décadas sobre el sector petrolero.
Narro Robles también avaló la consulta ciudadana del Gobierno del Distrito Federal y destacó que en la formulación de las preguntas participó la maestra Beatriz Velásquez, académica de la Universidad.
De los pasillos
Felipe Calderón aceptó las propuestas de Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino para que Manuel Mondragón sea el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y Miguel Mancera el nuevo procurador general de Justicia del Distrito Federal.
El “carnal” Marcelo se comprometió por su parte a anteponer el trabajo conjunto con las autoridades federales para salvaguardar la seguridad pública, por encima de las diferencias políticas. Veremos.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, advirtió que el PRD deberá realizar de inmediato nuevos comicios si anulan los resultados de la elección interna y no esperar hasta después de las elecciones federales del 2009… A fin de que presente una “radiografía” del crimen organizado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fue citado a comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública el próximo 31 de julio… Los golpes al bolsillo de los mexicanos no paran. Ahora tocó el turno al precio del gas natural que a partir del mes de agosto aumentará en forma gradual para los hogares y pequeños y medianos empresarios. lilia_arellano@yahoo.com
Venezuela donará 500.000 bombillas económicas a pobres en EEUU
Reuters
Después de la calefacción, las bombillas. El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó el martes en Washington un programa de donación de medio millón de bombillas que consumen menos energía a familias de bajos ingresos de Estados Unidos.
La nueva iniciativa se realizará a través de Citgo Petroleum Corporation, la filial en Estados Unidos de la estatal petrolera venezolana PDVSA, que empezó un programa de distribución de calefacción gratuita a pobres en varias ciudades estadounidenses en el 2005.
"Juntos, Citgo y (la ONG) Citizens Energy van a proveer casi medio millón de bombillos ahorradores a hogares que cumplan los requisitos en Houston, Corpus Christi, ambas en Texas, y Lake Charles, en Louisiana," dijo la embajada de Venezuela en comunicado.
Unos 23.000 hogares serán beneficiados por el programa, que podría ahorrar casi 15 millones de dólares y reducir el uso energético en casi 165 millones de kilovatio-horas, agregó.
En la capital estadounidense, el programa se va a concentrar en 1.500 hogares con 30.000 bombillas de bajo consumo de energía durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
El Gobierno de Hugo Chávez, un feroz crítico de las políticas de Washington, invierte más de 100 millones de dólares al año en programas sociales en Estados Unidos por medio de Citgo, dijo el presidente de la empresa, Alejandro Granado.
"El programa (ahorrará) dinero a los beneficiarios, quienes luchan para estirar su salario hasta fin de mes," afirmó Granado.
El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Alvarez, dijo que el proyecto fue inspirado en un programa venezolano que sustituyó más de 60 millones de bombillas en el país.
Chávez calificó el programa de calefacción anterior como "ayuda humanitaria," pese a que el ingreso per cápita en Venezuela es un décimo del de Estados Unidos.
El periódico conservador The Wall Street Journal criticó el programa porque ayuda "a un tirano antiestadounidense a cuestas del pueblo venezolano." Otros, incluso legisladores, dieron la bienvenida a la iniciativa.
Venezuela y Estados Unidos han mantenido tensas relaciones diplomáticas en los últimos años. Pese a eso, el Gobierno de Chávez exporta el 15 por ciento del petróleo que consume Estados Unidos, que a su vez es el principal cliente de crudo del país sudamericano.
Después de la calefacción, las bombillas. El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó el martes en Washington un programa de donación de medio millón de bombillas que consumen menos energía a familias de bajos ingresos de Estados Unidos.
La nueva iniciativa se realizará a través de Citgo Petroleum Corporation, la filial en Estados Unidos de la estatal petrolera venezolana PDVSA, que empezó un programa de distribución de calefacción gratuita a pobres en varias ciudades estadounidenses en el 2005.
"Juntos, Citgo y (la ONG) Citizens Energy van a proveer casi medio millón de bombillos ahorradores a hogares que cumplan los requisitos en Houston, Corpus Christi, ambas en Texas, y Lake Charles, en Louisiana," dijo la embajada de Venezuela en comunicado.
Unos 23.000 hogares serán beneficiados por el programa, que podría ahorrar casi 15 millones de dólares y reducir el uso energético en casi 165 millones de kilovatio-horas, agregó.
En la capital estadounidense, el programa se va a concentrar en 1.500 hogares con 30.000 bombillas de bajo consumo de energía durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
El Gobierno de Hugo Chávez, un feroz crítico de las políticas de Washington, invierte más de 100 millones de dólares al año en programas sociales en Estados Unidos por medio de Citgo, dijo el presidente de la empresa, Alejandro Granado.
"El programa (ahorrará) dinero a los beneficiarios, quienes luchan para estirar su salario hasta fin de mes," afirmó Granado.
El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Alvarez, dijo que el proyecto fue inspirado en un programa venezolano que sustituyó más de 60 millones de bombillas en el país.
Chávez calificó el programa de calefacción anterior como "ayuda humanitaria," pese a que el ingreso per cápita en Venezuela es un décimo del de Estados Unidos.
El periódico conservador The Wall Street Journal criticó el programa porque ayuda "a un tirano antiestadounidense a cuestas del pueblo venezolano." Otros, incluso legisladores, dieron la bienvenida a la iniciativa.
Venezuela y Estados Unidos han mantenido tensas relaciones diplomáticas en los últimos años. Pese a eso, el Gobierno de Chávez exporta el 15 por ciento del petróleo que consume Estados Unidos, que a su vez es el principal cliente de crudo del país sudamericano.
Por nerviosismo
Okrim Al Qasal
Según explica Álvaro Uribe, un alto oficial de su intachable Ejército utilizó un emblema de la Cruz Roja durante el rescate/fuga/liberación de Ingrid Betancourt, tres gringos y unos cuantos soldados de los que nadie sabe el nombre porque no son ni colombofranceses ni estadounidenses, si no simplemente colombianos.
El militar lo hizo, según Uribe, "por nerviosismo".
Analicemos la verosimilitud de la expresión "por nerviosismo" dentro del contexto del operativo:
El alto oficial, probablemente varios días antes del operativo, por nerviosismo encargó que se hiciera un emblema de la Cruz Roja.
Recogió el encargo y quién sabe si pagó por él, pero lo hizo por nerviosismo.
Por nerviosismo, metió el emblema en su equipaje militar.
Por nerviosismo lo sacó en el momento preciso y se lo colocó en la pechera.
Actuó en todo momento como un miembro de la Cruz Roja, por descontado por nerviosismo.
¿Suena creíble?
Ahora prueben a sustituir la expresión "por nerviosismo" por "premeditadamente" en las frases anteriores, a ver cuál encaja mejor en las circunstancias del rescate:
El alto oficial, probablemente varios días antes del operativo, premeditadamente encargó que se hiciera un emblema de la Cruz Roja.
Recogió el encargo y qúién sabe si pagó por él, pero lo hizo premeditadamente.
Premeditadamente, metió el emblema en su equipaje militar.
Premeditadamente lo sacó en el momento preciso y se lo colocó en la pechera.
Actuó en todo momento como un miembro de la Cruz Roja, por descontado premeditadamente.
Después del éxito de la operación, por nerviosismo, perdón, premeditadamente, los editores que manipularon las imágenes del rescate cuidadosamente eliminaron cualquier escena en la que apareciera dicho emblema.
Un pequeño instante se les escapó y tras recibir un aviso de algún miembro del Ejército colombiano ávido de recompensas y capaz de vender a su madre por dinero, CNN mostró la prueba de que el malvado terrorista fariano César decía la verdad, y el probo y humanitario gobierno de Colombia había vuelto a mentir.
Total, los que quedan en la selva ya son puros colombianos, nada de europeos ni norteamericanos, de modo que si las FARC desconfían desde ahora de cualquier institución humanitaria, o hasta les disparan al divisarlos, o dejan que los retenidos se pudran por siempre ante la duda de si los están entregando a la Cruz Roja o a las Águilas Negras, ¿qué importa?
Uribe y su gobierno ya obtuvieron lo que planificaron. Premeditadamente.
Según explica Álvaro Uribe, un alto oficial de su intachable Ejército utilizó un emblema de la Cruz Roja durante el rescate/fuga/liberación de Ingrid Betancourt, tres gringos y unos cuantos soldados de los que nadie sabe el nombre porque no son ni colombofranceses ni estadounidenses, si no simplemente colombianos.
El militar lo hizo, según Uribe, "por nerviosismo".
Analicemos la verosimilitud de la expresión "por nerviosismo" dentro del contexto del operativo:
El alto oficial, probablemente varios días antes del operativo, por nerviosismo encargó que se hiciera un emblema de la Cruz Roja.
Recogió el encargo y quién sabe si pagó por él, pero lo hizo por nerviosismo.
Por nerviosismo, metió el emblema en su equipaje militar.
Por nerviosismo lo sacó en el momento preciso y se lo colocó en la pechera.
Actuó en todo momento como un miembro de la Cruz Roja, por descontado por nerviosismo.
¿Suena creíble?
Ahora prueben a sustituir la expresión "por nerviosismo" por "premeditadamente" en las frases anteriores, a ver cuál encaja mejor en las circunstancias del rescate:
El alto oficial, probablemente varios días antes del operativo, premeditadamente encargó que se hiciera un emblema de la Cruz Roja.
Recogió el encargo y qúién sabe si pagó por él, pero lo hizo premeditadamente.
Premeditadamente, metió el emblema en su equipaje militar.
Premeditadamente lo sacó en el momento preciso y se lo colocó en la pechera.
Actuó en todo momento como un miembro de la Cruz Roja, por descontado premeditadamente.
Después del éxito de la operación, por nerviosismo, perdón, premeditadamente, los editores que manipularon las imágenes del rescate cuidadosamente eliminaron cualquier escena en la que apareciera dicho emblema.
Un pequeño instante se les escapó y tras recibir un aviso de algún miembro del Ejército colombiano ávido de recompensas y capaz de vender a su madre por dinero, CNN mostró la prueba de que el malvado terrorista fariano César decía la verdad, y el probo y humanitario gobierno de Colombia había vuelto a mentir.
Total, los que quedan en la selva ya son puros colombianos, nada de europeos ni norteamericanos, de modo que si las FARC desconfían desde ahora de cualquier institución humanitaria, o hasta les disparan al divisarlos, o dejan que los retenidos se pudran por siempre ante la duda de si los están entregando a la Cruz Roja o a las Águilas Negras, ¿qué importa?
Uribe y su gobierno ya obtuvieron lo que planificaron. Premeditadamente.
Uribe admite que se utilizó el emblema de la Cruz Roja en la Operación Jaque
Un presidente vinculado al narcotráfico, viola el territorio de otro país y comete una masacre, utiliza los emblemas de la Cruz Roja indebidamente, lo cual es considerado crimen de guerra, y luego en ambos casos suelta una bola de mentiras. ¿Y qué, no hay sanciones? ¿Así se queda la cosa? Bueno, pues seguirá haciendo todo tipo de violaciones y ya. Para qué leyes, para qué tratados, para qué tanta organización internacional, tanta Ginebra y tanto rollo. Si basta con que Estados Unidos esté detrás para que se cometan todo tipo de crímenes y violaciones.
Se disculpa ante el organismo y asume “la responsabilidad política por este error”
Asume la responsabilidad, ¿y luego? ¿qué significa eso? ¿palabras? ¿Cómo se asume la responsabilidad? Si una persona asesina a otra y asume su responsabilidad eso significa que se va a la cárcel, ¿o no? ¿En este caso qué?
El líder de las FARC niega que la guerrilla esté debilitada y llama a continuar la lucha
Afp, Dpa, Reuters y Notimex
Bogotá, 16 de julio. El presidente colombiano Álvaro Uribe admitió hoy que se utilizó el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante el reciente rescate de 15 rehenes que estaban en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y anunció que iniciará una investigación, al tiempo que su gobierno presentó sus disculpas al organismo humanitario por conducto de las fuerzas armadas.
El mandatario atribuyó la situación a un oficial que se puso “nervioso” por las circunstancias del operativo, por lo que “sacó un pedazo de tela con los símbolos de la cruz roja que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco”, luego que el helicóptero del ejército aterrizó en una zona de fuerte presencia guerrillera.
Es decir, el oficial tenía tal "nerviosismo" que dijo: "Ah, ahora que me acuerdo creo que traigo unos símbolos de la cruz roja en el bolsillo", ¿y cómo los consiguió antes? Es que es increíble que un presidente haga esas declaraciones, deveras, no puede ser que los colombianos crean eso, no se puede creer.
“Lamentamos que esto haya ocurrido”, dijo el presidente al comentar un reporte de la cadena de televisión estadunidense CNN que aseguró que la inteligencia colombiana utilizó el símbolo del CICR para engañar a los rebeldes.
CNN aseguró haber conocido fotografías y un video inéditos, a través de una fuente castrense, en los que se aprecia a un militar usando una pechera con la insignia del organismo humanitario en lo que, dijo la televisora, constituiría un “crimen de guerra”.
“El nombre de este alto oficial se mantendrá en reserva para preservarle la vida y además no queremos afectar su carrera”, dijo Uribe en alusión al militar que utilizó el emblema de la Cruz Roja. Añadió que el gobierno se enteró de esto después de que uno de los oficiales que participó en el operativo lo confesó a sus superiores.
Es decir, a este "alto oficial" que se puso "nervioso" cometió un crimen de guerra, no quieren afectarle su carrera. No tiene madre eso.
“Como jefe constitucional de las fuerzas armadas y responsable de la Operación Jaque, asumo la responsabilidad política por este error”, apuntó Uribe.
Con eso no se resuelve nada, ya han cometido masacres y así seguirá éste "asumiendo la responsabilidad política", repetimos ¿qué significa eso?
El vicepresidente colombiano Francisco Santos había desestimado los informes de prensa al respecto, pero ante la declaración del presidente admitiendo el hecho, explicó que de parte del gobierno “habrá una investigación” del caso, y dijo estar convencido de que “no hubo ninguna usurpación de un emblema tan importante como el del CICR”.
Cómo ¿no hubo? Pero sí ya el presidente aceptó que el oficial usó el emblema sin permiso de la CICR. ¿Eso no es usurpación? Es que son como loros, repiten un absurdo con un descaro, que no se puede creer.
Justificó que se trató de una operación “absolutamente limpia” en que se “engañó al enemigo” haciéndole creer que se trataba de una misión humanitaria internacional de traslado de rehenes, y que “el gobierno tiene una relación con el CICR de confidencialidad”, construida durante años, y que las fuerzas armadas reconocen su labor y “cuáles son sus fronteras”.
Uribe insistió en que lamentaba esta situación al informar que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos, se reunieron esta mañana con el representante del organismo humanitario internacional “para darle las explicaciones y presentarle las disculpas”.
Hasta ahora los altos mandos militares habían negado el uso de símbolos de organismos humanitarios en el operativo del 2 de julio, en que fue rescatada la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadunidenses y 11 militares y policías colombianos. Incluso el comandante del ejército, general Mario Montoya, lo negó públicamente horas después del rescate, ante el propio presidente Uribe.
Es decir, todos MINTIERON.
Medios de prensa locales también citaron que durante el operativo se utilizaron helicópteros con colores blanco y rojo, similares a los utilizados por el CICR, así como de símbolos de la cadena Telesur. Un escenario muy parecido a las acciones de liberación de seis rehenes por las FARC ante delegados de Venezuela y el CICR, en enero y febrero pasados.
El fiscal general, Mario Iguarán, declaró que en la operación militar no se atacó ni se hizo daño al adversario, por lo que no puede hablarse del delito de perfidia. “Quienes alegan que pudo haberse incurrido en el delito de perfidia, que sería una violación al Derecho Internacional Humanitario y a las normas colombianas, hay que decir que en principio la fiscalía no lo ve”.
A su vez, el líder de las FARC, Alfonso Cano, negó que esa guerrilla se haya debilitado por los recientes golpes militares sufridos y la muerte de varios de sus comandantes, de acuerdo con una carta divulgada por el sitio en Internet del frente Antonio Nariño, del grupo rebelde.
Señaló que “han caído guerrilleros porque así es la lucha, pero también su generosa sangre derramada es evidencia de nuestro total compromiso con el pueblo”, y que otros camaradas han cubierto las trincheras “y muchos más continúan llegando a sus filas”. Llamó a los cuadros a continuar la lucha acorde con los planes aprobados, de la guerra de guerrillas móviles.
En tanto, se informó que 346 personas fueron sometidas a tortura en Colombia entre 2004 y 2007, de las cuales 234 fueron posteriormente asesinadas, en acciones atribuidas a agentes del Estado y a los grupos armados ilegales, según la Coalición contra la Tortura.
En otro orden, el ex embajador colombiano en Argentina, Jaime Bermúdez, fue nombrado nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, en remplazo de Fernando Araújo, quien dimitió, informó el gobierno.
Araújo presentó este miércoles renuncia al cargo sin argumentar razón alguna, y agradeció al presidente Álvaro Uribe el haberle permitido formar parte de su gobierno.
La decisión del ahora ex canciller estaba prevista, toda vez que desde hace 15 días se conoció extraoficialmente su intención de dejar el cargo.
Se disculpa ante el organismo y asume “la responsabilidad política por este error”
Asume la responsabilidad, ¿y luego? ¿qué significa eso? ¿palabras? ¿Cómo se asume la responsabilidad? Si una persona asesina a otra y asume su responsabilidad eso significa que se va a la cárcel, ¿o no? ¿En este caso qué?
El líder de las FARC niega que la guerrilla esté debilitada y llama a continuar la lucha
Afp, Dpa, Reuters y Notimex
Bogotá, 16 de julio. El presidente colombiano Álvaro Uribe admitió hoy que se utilizó el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante el reciente rescate de 15 rehenes que estaban en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y anunció que iniciará una investigación, al tiempo que su gobierno presentó sus disculpas al organismo humanitario por conducto de las fuerzas armadas.
El mandatario atribuyó la situación a un oficial que se puso “nervioso” por las circunstancias del operativo, por lo que “sacó un pedazo de tela con los símbolos de la cruz roja que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco”, luego que el helicóptero del ejército aterrizó en una zona de fuerte presencia guerrillera.
Es decir, el oficial tenía tal "nerviosismo" que dijo: "Ah, ahora que me acuerdo creo que traigo unos símbolos de la cruz roja en el bolsillo", ¿y cómo los consiguió antes? Es que es increíble que un presidente haga esas declaraciones, deveras, no puede ser que los colombianos crean eso, no se puede creer.
“Lamentamos que esto haya ocurrido”, dijo el presidente al comentar un reporte de la cadena de televisión estadunidense CNN que aseguró que la inteligencia colombiana utilizó el símbolo del CICR para engañar a los rebeldes.
CNN aseguró haber conocido fotografías y un video inéditos, a través de una fuente castrense, en los que se aprecia a un militar usando una pechera con la insignia del organismo humanitario en lo que, dijo la televisora, constituiría un “crimen de guerra”.
“El nombre de este alto oficial se mantendrá en reserva para preservarle la vida y además no queremos afectar su carrera”, dijo Uribe en alusión al militar que utilizó el emblema de la Cruz Roja. Añadió que el gobierno se enteró de esto después de que uno de los oficiales que participó en el operativo lo confesó a sus superiores.
Es decir, a este "alto oficial" que se puso "nervioso" cometió un crimen de guerra, no quieren afectarle su carrera. No tiene madre eso.
“Como jefe constitucional de las fuerzas armadas y responsable de la Operación Jaque, asumo la responsabilidad política por este error”, apuntó Uribe.
Con eso no se resuelve nada, ya han cometido masacres y así seguirá éste "asumiendo la responsabilidad política", repetimos ¿qué significa eso?
El vicepresidente colombiano Francisco Santos había desestimado los informes de prensa al respecto, pero ante la declaración del presidente admitiendo el hecho, explicó que de parte del gobierno “habrá una investigación” del caso, y dijo estar convencido de que “no hubo ninguna usurpación de un emblema tan importante como el del CICR”.
Cómo ¿no hubo? Pero sí ya el presidente aceptó que el oficial usó el emblema sin permiso de la CICR. ¿Eso no es usurpación? Es que son como loros, repiten un absurdo con un descaro, que no se puede creer.
Justificó que se trató de una operación “absolutamente limpia” en que se “engañó al enemigo” haciéndole creer que se trataba de una misión humanitaria internacional de traslado de rehenes, y que “el gobierno tiene una relación con el CICR de confidencialidad”, construida durante años, y que las fuerzas armadas reconocen su labor y “cuáles son sus fronteras”.
Uribe insistió en que lamentaba esta situación al informar que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los altos mandos, se reunieron esta mañana con el representante del organismo humanitario internacional “para darle las explicaciones y presentarle las disculpas”.
Hasta ahora los altos mandos militares habían negado el uso de símbolos de organismos humanitarios en el operativo del 2 de julio, en que fue rescatada la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadunidenses y 11 militares y policías colombianos. Incluso el comandante del ejército, general Mario Montoya, lo negó públicamente horas después del rescate, ante el propio presidente Uribe.
Es decir, todos MINTIERON.
Medios de prensa locales también citaron que durante el operativo se utilizaron helicópteros con colores blanco y rojo, similares a los utilizados por el CICR, así como de símbolos de la cadena Telesur. Un escenario muy parecido a las acciones de liberación de seis rehenes por las FARC ante delegados de Venezuela y el CICR, en enero y febrero pasados.
El fiscal general, Mario Iguarán, declaró que en la operación militar no se atacó ni se hizo daño al adversario, por lo que no puede hablarse del delito de perfidia. “Quienes alegan que pudo haberse incurrido en el delito de perfidia, que sería una violación al Derecho Internacional Humanitario y a las normas colombianas, hay que decir que en principio la fiscalía no lo ve”.
A su vez, el líder de las FARC, Alfonso Cano, negó que esa guerrilla se haya debilitado por los recientes golpes militares sufridos y la muerte de varios de sus comandantes, de acuerdo con una carta divulgada por el sitio en Internet del frente Antonio Nariño, del grupo rebelde.
Señaló que “han caído guerrilleros porque así es la lucha, pero también su generosa sangre derramada es evidencia de nuestro total compromiso con el pueblo”, y que otros camaradas han cubierto las trincheras “y muchos más continúan llegando a sus filas”. Llamó a los cuadros a continuar la lucha acorde con los planes aprobados, de la guerra de guerrillas móviles.
En tanto, se informó que 346 personas fueron sometidas a tortura en Colombia entre 2004 y 2007, de las cuales 234 fueron posteriormente asesinadas, en acciones atribuidas a agentes del Estado y a los grupos armados ilegales, según la Coalición contra la Tortura.
En otro orden, el ex embajador colombiano en Argentina, Jaime Bermúdez, fue nombrado nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, en remplazo de Fernando Araújo, quien dimitió, informó el gobierno.
Araújo presentó este miércoles renuncia al cargo sin argumentar razón alguna, y agradeció al presidente Álvaro Uribe el haberle permitido formar parte de su gobierno.
La decisión del ahora ex canciller estaba prevista, toda vez que desde hace 15 días se conoció extraoficialmente su intención de dejar el cargo.
Colombia: la guerra y la paz
Ángel Guerra Cabrera
El rechazo del pueblo colombiano a la persistencia de un conflicto armado de décadas a un costo humano intolerable sustenta el imperativo de buscar una solución política verdadera. Es tal la secuela de desgarramiento y enajenación social de la guerra que muchos dispensan a Álvaro Uribe sus inauditos desmanes con la ilusión de que pongan fin a la matanza. Sólo ilusión, pues está demostrado que por vía militar ni el gobierno ni la guerrilla conseguirán una victoria decisiva por más que aquel haya asestado duros golpes en los últimos meses a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor de las organizaciones guerrilleras, pero no la única. Uribe, envalentonado, ordenó una ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Reitera así la regla terrorista de Estado de exterminio al opositor, armado o pacífico, que unida a la obscena injusticia social descrita en mi artículo anterior reproduce la resistencia armada popular (La Jornada, 10/7/08). Total, Washington y la oligarquía desean la continuación del pingüe negocio de la guerra, más después de los dividendos mediáticos de la Operación Jaque. Así que toca a las guerrillas y al movimiento popular la responsabilidad histórica de organizar juntos la gran contraofensiva política por una paz negociada, justa y duradera, que no será viable sólo con los insurgentes y el gobierno como interlocutores.
Aunque mediáticamente sean invisibles, en Colombia existen cientos de luchas de indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores que resisten pacíficamente al neoliberalismo de guerra y sufren una represión feroz, pese a que no comparten el uso de las armas como vía para transformar la sociedad. También está el Polo Democrático Alternativo en el campo de la izquierda electoral. La paz negociada no puede lograrse sin estos actores, que han exigido participar en todo el proceso, desde la elaboración de la agenda hasta su conclusión, basados en el concepto de que aquella es una construcción democrática cuyo sujeto y beneficiario principal debe ser el pueblo colombiano.
Será un proceso político largo, por fases, con rupturas y retrocesos, en el que pasos osados de las guerrillas, como liberar a los rehenes, pueden arrebatar a Uribe la iniciativa estratégica, que no es inamovible. En esa perspectiva, presionarlo a reconocer la indispensable beligerancia de los insurgentes, aceptar el cese del fuego, liberar a los presos políticos, terminar con las masacres y asesinatos políticos, desmantelar en serio sus bandas narcoparamilitares y adoptar otras medidas de distensión para crear desde abajo el clima y los espacios de encuentro del gran consenso nacional por la paz. El desarme de los alzados no puede ser la meta inicial, sino el resultado del fin exitoso del proceso, después de aprobada por representantes populares electos una nueva Constitución que devuelva al pueblo los derechos políticos, sociales, económicos y ambientales que le han sido conculcados y creadas todas las garantías para la reinserción de los guerrilleros en la vida política. El acatamiento expreso de las Convenciones de Ginebra por ambos contendientes es indispensable.
La construcción de la paz desde y por el pueblo mismo forzará a Estados Unidos y a la oligarquía a aceptar y avanzar en la negociación, haciéndoles más difícil burlar los acuerdos como en procesos anteriores. Contará con el apoyo decidido de Fidel Castro, Hugo Chávez y seguramente de otros gobiernos latinoamericanos, cuya actuación como garantes del proceso es crucial, acompañados de los movimientos populares de la región.
Un proceso de masas por la paz pondrá en crisis la creciente injerencia de Washington y su proyecto de utilizar perentoriamente la guerra en Colombia como ariete contra Venezuela, Ecuador, los movimientos populares y la independencia y unidad de América Latina. Así de grande es el desafío para las FARC, el ELN y las otras fuerzas populares colombianas. Ahora o nunca.
El rechazo del pueblo colombiano a la persistencia de un conflicto armado de décadas a un costo humano intolerable sustenta el imperativo de buscar una solución política verdadera. Es tal la secuela de desgarramiento y enajenación social de la guerra que muchos dispensan a Álvaro Uribe sus inauditos desmanes con la ilusión de que pongan fin a la matanza. Sólo ilusión, pues está demostrado que por vía militar ni el gobierno ni la guerrilla conseguirán una victoria decisiva por más que aquel haya asestado duros golpes en los últimos meses a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor de las organizaciones guerrilleras, pero no la única. Uribe, envalentonado, ordenó una ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Reitera así la regla terrorista de Estado de exterminio al opositor, armado o pacífico, que unida a la obscena injusticia social descrita en mi artículo anterior reproduce la resistencia armada popular (La Jornada, 10/7/08). Total, Washington y la oligarquía desean la continuación del pingüe negocio de la guerra, más después de los dividendos mediáticos de la Operación Jaque. Así que toca a las guerrillas y al movimiento popular la responsabilidad histórica de organizar juntos la gran contraofensiva política por una paz negociada, justa y duradera, que no será viable sólo con los insurgentes y el gobierno como interlocutores.
Aunque mediáticamente sean invisibles, en Colombia existen cientos de luchas de indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores que resisten pacíficamente al neoliberalismo de guerra y sufren una represión feroz, pese a que no comparten el uso de las armas como vía para transformar la sociedad. También está el Polo Democrático Alternativo en el campo de la izquierda electoral. La paz negociada no puede lograrse sin estos actores, que han exigido participar en todo el proceso, desde la elaboración de la agenda hasta su conclusión, basados en el concepto de que aquella es una construcción democrática cuyo sujeto y beneficiario principal debe ser el pueblo colombiano.
Será un proceso político largo, por fases, con rupturas y retrocesos, en el que pasos osados de las guerrillas, como liberar a los rehenes, pueden arrebatar a Uribe la iniciativa estratégica, que no es inamovible. En esa perspectiva, presionarlo a reconocer la indispensable beligerancia de los insurgentes, aceptar el cese del fuego, liberar a los presos políticos, terminar con las masacres y asesinatos políticos, desmantelar en serio sus bandas narcoparamilitares y adoptar otras medidas de distensión para crear desde abajo el clima y los espacios de encuentro del gran consenso nacional por la paz. El desarme de los alzados no puede ser la meta inicial, sino el resultado del fin exitoso del proceso, después de aprobada por representantes populares electos una nueva Constitución que devuelva al pueblo los derechos políticos, sociales, económicos y ambientales que le han sido conculcados y creadas todas las garantías para la reinserción de los guerrilleros en la vida política. El acatamiento expreso de las Convenciones de Ginebra por ambos contendientes es indispensable.
La construcción de la paz desde y por el pueblo mismo forzará a Estados Unidos y a la oligarquía a aceptar y avanzar en la negociación, haciéndoles más difícil burlar los acuerdos como en procesos anteriores. Contará con el apoyo decidido de Fidel Castro, Hugo Chávez y seguramente de otros gobiernos latinoamericanos, cuya actuación como garantes del proceso es crucial, acompañados de los movimientos populares de la región.
Un proceso de masas por la paz pondrá en crisis la creciente injerencia de Washington y su proyecto de utilizar perentoriamente la guerra en Colombia como ariete contra Venezuela, Ecuador, los movimientos populares y la independencia y unidad de América Latina. Así de grande es el desafío para las FARC, el ELN y las otras fuerzas populares colombianas. Ahora o nunca.
Sorpresas subyacentes o el verdadero gasolinazo
Javier Jiménez Espriú/ IV
En el debate nacional sobre el sector energético –léase restructuración de Pemex–, me ha tocado intercambiar opiniones con mexicanos con cuyas posturas difiero, pero cuya honestidad reconozco. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la actitud de nuestro gobierno, que mañosamente sostiene un discurso contrario a lo que su propuesta de reforma plantea.
El gobierno dice no cambiar la Constitución, pero su propuesta la transgrede; dice fortalecer a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento y lo condena a ser mero administrador de contratos; dice no privatizar, pero su propuesta cede a la iniciativa privada mercados enteros. En suma, nuestro gobierno tergiversa, miente, engaña.
Para ilustrar mi argumento hoy tocaré un asunto que ha pasado desapercibido en el debate nacional, pero que tendrá, de darse, un impacto sustancial. Está entre lo que llamo en las propuestas: “de las sorpresas subyacentes o el verdadero gasolinazo”.
Según el discurso oficial, el único cambio en materia de productos refinados –gasolinas– será la posibilidad de que particulares establezcan refinerías que la “maquilen” para Pemex, a lo que muchos hemos expresado total desacuerdo. Pero ahí no queda todo, un análisis cuidadoso de las reformas planteadas descubre que además, éstas implican, nada menos, que la apertura total del mercado nacional de gasolinas a las petroleras internacionales.
Analicemos los textos. El artículo 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo planteado por el Ejecutivo excluye el transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas de la industria petrolera reservada al Estado –actividades actualmente incluidas en su área de exclusividad. En forma consistente, el artículo 4 de la iniciativa expresamente señala que “... los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo –obviamente la gasolina entre ellos– y de petroquímicos básicos”.
Si el sector privado, previo permiso –mismo que como todo acto de gobierno no podrá negarse infundadamente–, podrá realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas, Exxon, por ejemplo, tendrá todo el derecho de importar gasolinas de Estados Unidos y transportarlas, almacenarlas y distribuirlas en México. Esto no sólo quiere decir que podrá competir con Pemex en la venta de gasolinas, sino también que esta actividad, que ya no sería exclusiva del Estado, estará sujeta a la legislación antimonopolios, lo que le prohibirá a Pemex cualquier medida –como los subsidios– que implique “competencia desleal”.
Este aspecto está reconocido en la iniciativa presidencial, cuando en las reformas planteadas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía se establece que a ésta corresponderá “expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo... así como las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo”.
¿Si no se estuviera abriendo el mercado de gasolinas, cómo se podrían dar las condiciones de competencia efectiva a las que se refiere el párrafo transcrito? La iniciativa abre el mercado de gasolinas a las petroleras privadas y establece una regulación tarifaria que tiende a asegurar que Pemex no les hará “competencia desleal”.
Esto sólo puede darse de dos maneras: (I) eliminando los subsidios que hoy existen a las gasolinas, lo que provocaría considerables espirales inflacionarias, u (II) ofreciendo el subsidio gubernamental por igual a Pemex, a Exxon, a Shell o a cualquier empresa que empiece a competir con Pemex en México, lo que resultaría inaceptable. ¡Ya nada más nos falta subsidiar las ventas de gasolina de las petroleras internacionales!
La apertura del mercado de gasolinas a las petroleras privadas no se ha analizado en detalle en el debate, debido a que el gobierno no ha sido transparente respecto al mismo y lo tiene escondido en las letras pequeñas de la iniciativa. Independientemente de la opinión que se tenga frente a este asunto, pasar como bola rápida un tema que tanto impactará a la economía nacional no le debiera resultar aceptable a ningún mexicano.
Entraré en algunos detalles en el próximo artículo.
En el debate nacional sobre el sector energético –léase restructuración de Pemex–, me ha tocado intercambiar opiniones con mexicanos con cuyas posturas difiero, pero cuya honestidad reconozco. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la actitud de nuestro gobierno, que mañosamente sostiene un discurso contrario a lo que su propuesta de reforma plantea.
El gobierno dice no cambiar la Constitución, pero su propuesta la transgrede; dice fortalecer a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento y lo condena a ser mero administrador de contratos; dice no privatizar, pero su propuesta cede a la iniciativa privada mercados enteros. En suma, nuestro gobierno tergiversa, miente, engaña.
Para ilustrar mi argumento hoy tocaré un asunto que ha pasado desapercibido en el debate nacional, pero que tendrá, de darse, un impacto sustancial. Está entre lo que llamo en las propuestas: “de las sorpresas subyacentes o el verdadero gasolinazo”.
Según el discurso oficial, el único cambio en materia de productos refinados –gasolinas– será la posibilidad de que particulares establezcan refinerías que la “maquilen” para Pemex, a lo que muchos hemos expresado total desacuerdo. Pero ahí no queda todo, un análisis cuidadoso de las reformas planteadas descubre que además, éstas implican, nada menos, que la apertura total del mercado nacional de gasolinas a las petroleras internacionales.
Analicemos los textos. El artículo 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo planteado por el Ejecutivo excluye el transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas de la industria petrolera reservada al Estado –actividades actualmente incluidas en su área de exclusividad. En forma consistente, el artículo 4 de la iniciativa expresamente señala que “... los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo –obviamente la gasolina entre ellos– y de petroquímicos básicos”.
Si el sector privado, previo permiso –mismo que como todo acto de gobierno no podrá negarse infundadamente–, podrá realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas, Exxon, por ejemplo, tendrá todo el derecho de importar gasolinas de Estados Unidos y transportarlas, almacenarlas y distribuirlas en México. Esto no sólo quiere decir que podrá competir con Pemex en la venta de gasolinas, sino también que esta actividad, que ya no sería exclusiva del Estado, estará sujeta a la legislación antimonopolios, lo que le prohibirá a Pemex cualquier medida –como los subsidios– que implique “competencia desleal”.
Este aspecto está reconocido en la iniciativa presidencial, cuando en las reformas planteadas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía se establece que a ésta corresponderá “expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo... así como las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo”.
¿Si no se estuviera abriendo el mercado de gasolinas, cómo se podrían dar las condiciones de competencia efectiva a las que se refiere el párrafo transcrito? La iniciativa abre el mercado de gasolinas a las petroleras privadas y establece una regulación tarifaria que tiende a asegurar que Pemex no les hará “competencia desleal”.
Esto sólo puede darse de dos maneras: (I) eliminando los subsidios que hoy existen a las gasolinas, lo que provocaría considerables espirales inflacionarias, u (II) ofreciendo el subsidio gubernamental por igual a Pemex, a Exxon, a Shell o a cualquier empresa que empiece a competir con Pemex en México, lo que resultaría inaceptable. ¡Ya nada más nos falta subsidiar las ventas de gasolina de las petroleras internacionales!
La apertura del mercado de gasolinas a las petroleras privadas no se ha analizado en detalle en el debate, debido a que el gobierno no ha sido transparente respecto al mismo y lo tiene escondido en las letras pequeñas de la iniciativa. Independientemente de la opinión que se tenga frente a este asunto, pasar como bola rápida un tema que tanto impactará a la economía nacional no le debiera resultar aceptable a ningún mexicano.
Entraré en algunos detalles en el próximo artículo.
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