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México, DF; 13 de noviembre (Apro).- La noche del viernes 12, Felipe Calderón se mostró ya no como alumno aventajado, sino como el empleado del mes de Estados Unidos. Nada sorprendente en perspectiva de la larga relación subordinada de los gobernantes mexicanos hacia Washington; pero de extrema gravedad por la connotación y consecuencias de lo que anunció.
En una entrevista con el noticiario nacional Evening News with Karie Couric, de la cadena CBS, dio cuenta a los estadounidenses de que en su “guerra al narcotráfico” echó a andar en México un Comando Central de Inteligencia que opera en un búnker simulado en un lugar de la ciudad de México.
Resulta no sólo ofensivo, sino grave que quien se dice presidente de todos los mexicanos menosprecie a sus gobernados y rinda cuentas a los televidentes estadounidenses de la manera en que, según él, está logrando que los narcotraficantes en México “pierdan territorio y mercado”.
En los cuatro años trágicos que van de su presidencia, el ocupante de Los Pinos ha gastado millones de pesos en una intensa propaganda para convencer a los mexicanos de que su decisión de embarcar al país en una sanguinaria confrontación que ha dejado ya más de 30 mil muertos –como si se tratara de una guerra civil– nada tiene que ver con su presidencia huérfana de legitimidad.
Mientras en México oculta y miente con su machacona propaganda, en Estados Unidos se presenta en la televisión para informar a los pagadores de impuestos de ese país que el dinero que le ha dado el Congreso estadounidense como parte de la Iniciativa Mérida “está bien gastado”.
No se puede entender de otra manera el anuncio del Comando Central de Inteligencia, que es una de los componentes de la Iniciativa Mérida, la versión mexicana del Plan Colombia.
Calderón presentó el comando como si fuera uno de sus logros: “Yo quería todos los juguetes; todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales”, dijo según lo publicado por la prensa mexicana el sábado 13.
La gravedad de lo anunciado por Calderón también está en lo que omitió. A decir de esa versión, nada mencionó de la manera en que opera el ahora conocido Comando Central de Inteligencia.
Se trata de la Oficina Binacional de Inteligencia que negoció con Estados Unidos como parte del Plan Mérida para el establecimiento de un centro de inteligencia y espionaje en la propia capital mexicana.
No es la primera vez que agentes de Estados Unidos realizan esas labores en México. Desde mucho antes de Calderón lo habían hecho con la cobertura diplomática y con colaboradores en la política, el sector económico y líderes de opinión mexicanos.
Desde que oficialmente empezó a operar esa oficina binacional, el primero de septiembre pasado, los agentes estadounidenses actúan de forma abierta como si estuvieran en su territorio.
Pero no son sólo las tradicionales agencias de inteligencia, como la CIA, la DEA y el FBI, las que están operando desde el Distrito Federal; por cierto, en un edificio ubicado en el número 265 de la Avenida Paseo de la Reforma, a unos metros de la embajada de Estados Unidos, como se informa en la edición 1776 de la revista Proceso.
En el Comando Central de Inteligencia hay una marcada presencia de los servicios de inteligencia del Pentágono. En otras palabras, la inteligencia militar estadounidense está operando en el país gracias a que Calderón les abrió las puertas, a pesar de la natural resistencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, incluida la Marina Armada de México, que ha sido la más proclive a la cooperación internacional, en especial con Estados Unidos.
Calderón ha cometido uno de los actos más claros de cesión de soberanía. Contrario al discurso neoliberal de los globalizadores, esta vez hay razones suficientes para asegurar que México ha entrado a un punto de no retorno.
Los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos ya están en el mismo corazón político y financiero de México. Sus objetivos van más allá del narcotráfico, incluso de México.
Por ahora, tienen oficinas en Tijuana y Ciudad Juárez. Después se podrán establecer en el centro y el sur del país, siempre con el reconocimiento oficial, tal y como ocurre en Iraq y Afganistán, países ocupados por Estados Unidos.
En México no fue necesaria una intervención militar. Bastó que alguien sirviera de manera útil a los servicios de seguridad e inteligencia estadounidenses, que siempre quisieron operar a sus anchas en México. El empleado del mes tiene contrato hasta diciembre del 2012. Se irá en dos años, los agentes estadounidenses se quedarán mucho más.
Los priístas en San Lázaro MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- Los diferendos en el PRI sobre el combate al narcotráfico afloraron en la discusión del Presupuesto para el próximo año, así como la demanda de 13 mil millones de pesos que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, solicitó para la creación de 18 batallones.
Con el pretexto de que la mayoría de los legisladores priistas quiere ofrecer en sus estados proyectos carreteros y que el sector campesino demandaba 300 mil millones de pesos, de manera oficial se decidió eliminar el dinero que solicitó el general Galván.
Así, todo el trabajo de cabildeo que realizó durante más de dos meses Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y el trabajo de consenso que logró el propio Galván, fue anulado de un plumazo.
Sin embargo, la Sedena no se quedará sin recursos. Si Felipe Calderón mantiene su estrategia de acabar con el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene que entregar los recursos solicitados.
Y ese parece haber sido el acuerdo que Calderón hizo con Galván: seguirlo apoyando, pero fuera del presupuesto.
Para sustentar lo anterior, basta recordar que hace 15 días, elementos del Ejército afinaron la creación de los batallones que atacarán el crimen organizado en zonas urbanas.
El 29 de septiembre, Galván pidió a los legisladores un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos. La Comisión de Defensa Nacional fue magnánima con él: autorizó un recurso adicional por 13 mil 900 millones de pesos.
El dinero es para la creación de 18 batallones con 600 elementos cada uno, los cuales se instalarán en “zonas de alta delincuencia y podrían actuar directamente en la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, se indica en un documento de la Sedena.
Además, en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, “donde hay muchas bandas extorsionando y en crecimiento”, y en Chihuahua y Durango, “donde es el mayor número de ejecuciones y extorsiones a la ciudadanía”.
Tambbién se piensa instalar batallones en el sur de Veracruz y en Tabasco “en las zonas rurales, donde incluso actúan `maras` y gente de otros estados”, y en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, “donde hay nuevas luchas entre grupos de delincuentes”.
Finalmente, en Guerrero, Michoacán y sur del estado de México, “también son afectados por grupos delincuenciales que buscan asentarse en la región”.
De acuerdo con el Ejército, estas unidades son necesarias para “terminar de acotar y capturar a los delincuentes en las áreas y ciudades presas de la delincuencia. Serán de rápido despliegue y acción a corto plazo”.
En su justificación, el Ejército establece que los militares tienen una gran carga de trabajo. Sostienen que antes actuaban en las sierras contra la siembra y trafico de drogas, “y ahora se patrulla en ciudades y poblados de zonas conflictivas, donde los delincuentes amenazan a autoridades y policías municipales”.
Pero además, esos mismos elementos que combaten el narcotráfico tienen que ayudar cuando se declara el Plan DN-III en los estados afectados por los huracanes.
Galván aceptó hacer público su no aceptación del dinero que, dicho sea de paso, fue solicitado con conocimiento y autorización de Felipe Calderón.
Sin embargo los diferendos al interior del PRI hicieron que Calderón obligara Galván a recular. A cambio, le dará el dinero fuera del presupuesto y, hasta donde se sabe, se le entregará al Ejército 9 mil 750 millones de pesos, suficientes para armar los 18 batallones, la compra de los terreros donde se instalarán, la adquisición de armamento y la compra de cuando menos 20 aparatos escáner, que detectan armas, droga, personas o dinero del crimen organizado.
Con esta maniobra, Calderón queda bien con el PRI y con las Fuerzas Armadas y, de paso, hace pensar a la opinión pública que el PRI abandonó al Ejército dándole con esto un golpe con efecto electoral.
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