sábado, octubre 02, 2010

Cinito del Sábado: "Rojo amanecer"

Te invitamos a ver el "Cinito del Sábado", en esta ocasión con una película para conmemorar la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968, del director mexicano Jorge Fons, del año 1989:

"Rojo amanecer"


Sinopsis:
En un departamento del multifamiliar "Chihuahua", en el conjunto habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México; son los días de mayor efervescencia del movimiento estudiantil de 1968; la mañana del 2 de Octubre una familia de clase media (padre burócrata, madre ama de casa, abuelo ex-militar jubilado, dos hijos preparatorianos y dos chiquillos de primaria), se prepara para un día normal; al transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión política más sangrienta que ha existido en el México moderno.


Echeverría, el "inocente" de San Jerónimo

En el libro Conversaciones en San Jerónimo, basado en una serie de entrevistas hechas por el periodista Salvador del Río, Luis Echeverría vuelve a alegar inocencia en torno a la matanza de la Plaza de las Tres Culturas –cuyo 42 aniversario se cumplió este sábado 2 de octubre- , a la masacre del Jueves de Corpus, a la guerra sucia y a las desapariciones forzadas… Para el expresidente, toda la responsabilidad recae en el complot organizado en aquellos años por el comunismo internacional.

Superada la acusación penal en su contra por genocidio pero con una demanda civil en puerta, el expresidente Luis Echeverría Álvarez reclama lo imposible: la exoneración histórica.

Echeverría dio su “respuesta esperada” en el libro Conversaciones en San Jerónimo (Libros para Todos, 2009), en el que se dice ajeno a las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, al grupo paramilitar Los Halcones, a la guerra sucia y a los desaparecidos políticos; además deslinda al Ejército de todos esos hechos.

Las víctimas fueron, según Echeverría, resultado de su propia intolerancia o de la incapacidad de las autoridades capitalinas de entonces para controlar la violencia. Las desapariciones de personas fueron cometidas por “elementos secundarios, de mínima significación” del gobierno o de plano ocurrieron porque algunos “se fueron de braceros a Estados Unidos”.

Esa es la versión con la que quiere “ir más allá de la verdad jurídica” que en marzo del año pasado lo exoneró del delito de genocidio, del que lo acusó la desparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y por el que desde noviembre de 2006 estuvo dos años y cuatro meses en prisión domiciliaria.

Próximo a cumplir 89 años Echeverría se refiere a las “razones profundas” de la represión estudiantil de 1968 y 1971 en el libro que lleva el subtítulo Luis Echeverría: la respuesta esperada y que fue redactado a partir de entrevistas realizadas entre 2004 y 2009 por el periodista Salvador del Río.

El expresidente, sin embargo, tiene que dar otras respuestas ante los tribunales. Esta vez del orden civil.

Fuerzas Armadas; impunidad garantizada

El gobierno de Estados Unidos decidió liberar este año 36 millones de dólares para la Iniciativa Mérida (condicionados al abatimiento de la impunidad del Ejército) aunque mantiene congelados otros 26 para el próximo año, pese a que un informe elaborado por el Departamento de Estado documenta las numerosas violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de las cuales permanecen sin castigo.

WASHINGTON, 2 de octubre (Proceso).- En la lucha desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico el Ejercito Mexicano presuntamente ha cometido más de 2 mil 500 violaciones a los derechos humanos; de ellas solamente 40 son atendidas actualmente por los tribunales militares, según un informe del gobierno de Estados Unidos.

El reporte del Departamento de Estado –que se entregó al Congreso estadunidense– indica que los casos sometidos a cortes marciales son de soldados que asesinaron, violaron o torturaron y lo hicieron cuando estaban ebrios o drogados.

“De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actualmente 40 soldados se encuentran bajo proceso en tribunales militares por denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar durante el gobierno de Calderón”, destaca el documento titulado Reporte México-Iniciativa Mérida.

“Los casos bajo investigación no están disponibles para el público por determinación de las leyes mexicanas”, advierte el reporte, cuya elaboración y envío al Congreso se hizo para notificarle que “se liberaban” 36 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, como parte del apoyo de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico.

Para “liberar” el dinero el informe sostiene que, pese a las constantes denuncias de ciudadanos mexicanos, las fuerzas armadas están mejorando su labor para garantizar la defensa de los derechos humanos (Proceso 1767).

En el documento –del que este semanario tiene una copia– el Departamento de Estado notifica al Congreso, por ejemplo, que 15 soldados y cuatro oficiales mexicanos están siendo procesados judicialmente ante un tribunal militar “por violencia” que resultó en “un homicidio” durante un “incidente” que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en Sinaloa de Leyva.

“Un destacamento de solados que estaba apostado al lado de un camino en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, y que fueron reportados que se encontraban en estado de ebriedad y drogados, abrieron fuego contra una camioneta que transportaba a tres adultos y cinco niños matando en el acto a una mujer y a una niña de tres años”, destaca el reporte.

Condena a México por militares que violaron a indígenas

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, informaron organismos de derechos humanos.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), resaltaron que las sentencias fueron notificadas este viernes y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas” quienes han mantenido su denuncia desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Las organizaciones civiles, que representan legalmente a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, destacaron que en las sentencias la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal interamericano también estimó que el México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, por lo que “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Las medidas ordenadas, se apunta, tienen que ver con la reparación del daño, la investigación de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares agresores en el fuero civil, así como procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
La Corte ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir, así como atención médica y psicológica para las víctimas y sus familiares, además de que ordenó la construcción de un centro de salud en las comunidades de donde Inés y Valentina son originarias.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un breve comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano.
En su comunicado, la Secretaría señala que en el litigio el Estado mexicano “reconoció, entre otros aspectos su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada en el momento de la presentación de la denuncia penal”.
Asimismo, informó que en el desahogo del proceso judicial el Estado mexicano entregó los expedientes de los casos a los jueces de la Corte Interamericana, pero no menciona que las averiguaciones previas estaban radicadas en el fuero militar.
Tras señalar supuestos avances en el “sistema de salud y de procuración y administración de justicia”, y en la entrada en vigor de legislación a favor de la mujer, la Segob puntualizó que “el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”.
Asimismo, reiteró su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”.

Video: Alfredo Jalife y Ana Lilia Pèrez en la Presentaciòn del Libro Camisas Azules Manos Negras


http://www.youtube.com/watch?v=cwE-EYcyUqs

http://www.youtube.com/watch?v=jkCvnlIk-3s

Justicia al estilo Macedo de la Concha

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- Colocado en el centro de las críticas al Estado mexicano por violar los derechos humanos, lo mismo en la guerra sucia que en la “guerra al narcotráfico”, el Ejército mexicano no respeta la dignidad ni de los suyos.

La próxima semana, un Consejo de Guerra habrá de decidir la suerte del general de brigada Ricardo Martínez Perea, quien desde 2001 cumple una pena de 15 años de prisión acusado de supuesta protección al cártel del Golfo.

Como suele ocurrir en los consejos de guerra, que se integran al arbitrio de la cúpula militar, los jueces castrenses que habrán de resolver la demanda de reconocimiento de inocencia presentada por el general Martínez Perea, tendrán dificultades para actuar con independencia y hacer justicia.

Los jueces designados por el Supremo Tribunal Militar para resolver la demanda sólo tienen dos opciones: rechazar o validar la acusación contra del último general de brigada táctico del Ejército; es decir, no Diplomado de Estado Mayor (DEM).

En términos prácticos, los jueces tendrán que decidir si echan abajo la acusación que enderezó uno de sus exjefes, el generado retirado Rafael Macedo de la Concha, quien al momento de la detención de Martínez Perea era el procurador General de la República, cargo del orden civil al que lo llevó el expresidente Vicente Fox desde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).

El cargo contra el general de brigada resultó del operativo en el que fue capturado Gilberto García Mena, El June, detenido a principios de 2001 en Tamaulipas, acusado de ser lugarteniente del entonces capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido dos años después y extraditado a Estados Unidos en 2007.

La acusación sorprendió porque Martínez Perea había sido reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por su historial de incautación y detenciones de narcotraficantes. Tal vez cometió “un error”: incautar droga de quien no debía.

Macedo de la Concha lo puede saber, en tanto que él inició el proceso judicial. Fuera del servicio público en lo que va de este sexenio, ahora se le menciona como eventual secretario de Seguridad Pública o procurador de Justicia de Veracruz en el gobierno del priista Javier Duarte, quien aún debe asegurar la gubernatura en los tribunales electorales.

La presencia del exprocurador no es la única peculiaridad del proceso. Como ya es costumbre en el Ministerio Público civil y militar en los casos de delincuencia organizada, los cargos contra Martínez Perea son de oídas. A partir de ahí, las irregularidades no han dejado de acumularse.

Durante todo el proceso, que derivó en una condena de 15 años, los testigos de oídas nunca se presentaron a declarar. Como consecuencia, el general de brigada no sabe ni quiénes son sus acusadores.

Peor aún, los propios testigos ofrecidos por la PGJM –los dos policías judiciales militares responsables del informe incriminatorio contra el general de brigada– admitieron públicamente durante un Consejo de Guerra que no habían investigado para elaborar el reporte.

Una más. Los detenidos en Guardados de Abajo, Tamaulipas, donde el Ejército detuvo al June, nunca identificaron al general como supuesto protector. Todo eso lo hizo saber el general Martínez Perea el pasado miércoles al Consejo de Guerra que lo escuchó antes de emitir su fallo, programado para el próximo 8 de octubre.

En su argumentación, el general procesado lanzó también una advertencia: en la actual “guerra a las drogas” lo mismo le puede pasar a cualquiera de los generales, jefes, oficiales o tropa al ser acusados, sin pruebas, de servir al narcotráfico.

Fuera de los militares verdaderamente implicados con la delincuencia organizada, basta con que un elemento caiga de la gracia del superior, se entere de lo que no debía o en sus servicios afecte a quienes gozan de la protección. Los casos dentro del Ejército no son pocos.

jcarrasco@proceso.com.mx

Elecciones y vecinos en conflicto

Obama y Calderón. Malentendidos.

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 3 de octubre.- Los ciclos electorales en México y Estados Unidos han tenido un efecto negativo sobre la conducción del diálogo gubernamental entre los dos países. En ocasiones lo han diferido; en otras han exagerado la dimensión y consecuencias de ciertos problemas; en otras han propiciado que un eslogan fácil sustituya la reflexión seria. Tales observaciones vienen al caso cuando se trata de entender las diversas circunstancias que, en mayor o menor grado, han contribuido a llegar al último tramo del gobierno de Felipe Calderón en medio de malentendidos con Estados Unidos.

En los primeros meses que siguieron a la llegada al poder de Calderón la situación en Estados Unidos estuvo caracterizada por un debilitamiento anticipado de la figura presidencial. Bush fue lo que se llama un lame duck desde comienzos de 2007. La caída de su popularidad fue vertiginosa; los funcionarios de mayor confianza comenzaron a abandonar sus puestos en el gabinete; la mayoría demócrata en el Congreso ejerció suficiente presión para que renunciara el fiscal general, conocido por su cercanía con Bush; los medios de comunicación se comportaron como si se estuviera ya en periodo electoral; las noticias más visibles se referían a quienes aspiraban a ser candidatos, sus posibilidades, aciertos y debilidades, mientras la imagen del presidente se iba diluyendo.

Esa situación contribuye a explicar la ausencia que, desde sus primeros momentos, tuvo el tema de la relación con Estados Unidos en la política exterior de Calderón. Era comprensible que no hubiese interés en fijar grandes líneas de política con quien, al parecer, estaba ya dejando el poder. El problema fue que, de hecho, faltaban casi dos años para que Bush abandonara la presidencia, y fue con su administración, sin que se hubiesen trazado las grandes líneas de la relación que se quería establecer, que se pusieron en marcha las negociaciones para la Iniciativa Mérida, el acuerdo en materia de seguridad que ha dado el tono a la relación México-Estados Unidos durante los últimos cuatro años.

Los resultados de las elecciones del 2008 dieron un vuelco histórico a la vida política en Estados Unidos. El nuevo presidente llegó en medio de una gravísima recesión económica que recordó a muchos los momentos de la Gran Depresión. De inmediato debió tomar decisiones, necesariamente polémicas, para reanimar la economía, lo que, aunado a dos guerras en el frente externo, auguraba un periodo de luchas y tensiones internas muy difíciles.

Era obvio que las relaciones con México no eran prioridad. Tocaba al gobierno mexicano conducir una diplomacia agresiva para llamar la atención sobre la necesidad de hacer de las relaciones con el vecino del sur –importante socio comercial, origen de millones de trabajadores que laboran en Estados Unidos, territorio estratégico para la seguridad de América del Norte– una parte esencial de los proyectos para la recuperación económica y la estabilidad a largo plazo de esta parte del mundo. Esa diplomacia no tuvo lugar; en este espacio hemos discutido en diversas ocasiones los motivos y errores que explican esa ausencia.

En todo caso, a dos años de haberse iniciado la presidencia de Barack Obama, van a tener lugar en Estados Unidos las elecciones intermedias, las cuales impactan negativamente la relación con México. Dichas elecciones, en las que se elige a varios gobernadores, el total de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, ocurren en un ambiente de hostilidad y polarización pocas veces visto en la historia reciente de Estados Unidos.

Allí está, en primer lugar, la irritación contra Obama. No sólo debido a que es el primer presidente afroamericano, lo cual no perdonan los grupos más retrógrados de los estados del sur y medio oeste, sino a su ideario político, al que se oponen fervientemente todos los republicanos.

Lo lento de la recuperación económica, que sigue dejando sin resolver el problema del desempleo, da los argumentos para criticar una política económica que no produce los resultados esperados, y, según el punto de vista conservador, ha introducido una indeseable participación del gobierno en la economía, así como tendencias “socializantes” provenientes de un presidente al que acusan de “comunista”. Otras acusaciones, exageradas por los medios de comunicación, se refieren a las dudas sobre su lugar de nacimiento y sobre su pertenencia a la religión musulmana.

Tal es el ambiente que sirve de telón de fondo al descontento y las acusaciones, cuya intensidad no se había visto anteriormente, en contra de los trabajadores indocumentados. El llamado a establecer mayor control sobre la frontera, detener la migración e impedir que la violencia del lado mexicano cruce a Estados Unidos es, en estos momentos, tema central de las campañas electorales. Se puede afirmar que ningún candidato puede arriesgarse a estar abiertamente en contra de tales demandas; hacerlo supondría poner en peligro su elección.

Es probable que los sentimientos antimexicanos desaparezcan o disminuyan notablemente al terminar las elecciones. Para entonces, el problema será que comienza el proceso electoral en México. Al igual que ocurrió con Bush hace tres años, el presidente Calderón empieza a ser un lame duck cuyas acciones son vistas y valoradas en función de lo que ocurra en 2012.

En el ambiente preelectoral mexicano, la relación con Estados Unidos puede olvidarse o ser utilizada para subir el atractivo de los candidatos. Ponerse defensivo o ser antiyanqui ha sido hasta ahora más benéfico políticamente que hacer análisis sobre la relación que sería deseable construir entre los dos países a largo plazo. Así, los ciclos electorales, aquí y allá, pueden ahondar el distanciamiento y profundizar los malentendidos para seguir siendo vecinos en conflicto.

Los tropiezos de Calderón

Godoy Toscano en San Lázaro.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- A una semana de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría el desafuero de Julio César Godoy Toscano por el conocido “michoacanazo”, el gobierno de Felipe Calderón cumplió su amenaza.

Esta tarde la PGR entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la solicitud para despojar de su fuero al hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que apenas protestó como el diputado número 500 el pasado 23 de septiembre.

Hace una semana, se detalló en este espacio la forma en que el expediente del aún legislador “viajó” por gran parte del país, debido a que diversos jueces primero otorgaban amparos a Godoy Toscano y, segundo, porque otros jueces negaban al gobierno de Calderón la entrega de una nueva orden de aprehensión contra Julio César.

Después de tanto andar con el expediente, finalmente a la PGR “llegó” una denuncia anónima el 27 de agosto de 2010, donde involucraba al diputado de tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que esta “denuncia anónima” apareció en las oficinas judiciales justo dos días después de que un Tribunal Colegiado había exonerado en definitiva a Godoy Toscano de la acusación de junio de 2009. Esto quiere decir que la orden de aprensión es nueva y por otros delitos distintos a los de 2009, que motivaron la persecución del legislador durante un año.

De nuevo hacemos la referencia sólo para ilustrar cómo, al tropezar las pretensiones de Calderón con resoluciones en su contra, recurre a la estrategia mediática, prepara el terreno y luego asesta el golpe.

El jueves 30 de septiembre, a una semana de que el PRD en la Cámara de Diputados y Godoy Toscano pusieron en ridículo a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón emprendió una acción mediática: convocó la PGR a conferencia de prensa para anunciar que denunciaría ante la Judicatura Federal al juez que amparó a Godoy para que se le restituyeran sus derechos política y así tomar protesta como diputado federal.

El anuncio lo pudo haber hecho mediante un comunicado, pero el gobierno calderonista prefirió que se convocara a la prensa y exponer nuevamente al diputado ante los medios.

Ese mismo jueves, de gira por Michoacán, Calderón dijo que es el estado donde el crimen organizado a crecido con mayor celeridad. De hecho, ahí fue donde Calderón arrancó “su guerra” contra el narcotráfico, luego de que elementos del Ejército fueron emboscados por un grupo delictivo.

Así, mientras Calderón ubicaba a Michoacán como una de las entidades más peligrosas para vivir, pues ahí es donde esta asentado el crimen organizado y crece con mayor rapidez la delincuencia, por otro, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunciaba una demanda contra un juez de ese mismo estado, que había concedido el amparo a un diputado michoacano, por cierto, hermano del gobernador de esa entidad.

Así, de un día para otro, Michoacán se convirtió en la entidad que acaparó los reflectores, incluso más que la peligrosa Chihuahua. Luego, vino el golpe de la PGR, solicitar el juicio de desafuero para juzgar a Godoy Toscano.

Todo esto se da en medio de un proceso electoral que arrancará próximamente y culminará el año que entra con la elección del nuevo gobernador en Michoacán, entidad de la que es originaria la familia Calderón y estado que pretendió gobernar Felipe Calderón y perdió de manera rotunda, pues ni sus paisanos lo quieren como gobernante; una entidad que hoy pretende gobernar la hermana “del Presidente de la República”, de un país en donde “al Presidente” nunca se le dice que no cuando algo quiere.

Quizá por todo esto es que el PRD asegura que el desafuero de Godoy Toscano, más que un asunto jurídico, es un tema político.

Así lo sostiene el propio inculpado y así lo hace parecer el cúmulo de errores que diversos jueces le han ido marcando al gobierno de Calderón, cuando a un año de que encarceló a 35 servidores públicos, no ha podido sostener la acusación en su contra, por lo que 34 ya están libres y exonerados.

La semana pasada se dijo en este espacio que no se pretende defender o culpar a Godoy Toscano, pues los medios de información no son jueces; únicamente indagan asuntos de interés nacional, de abusos, corrupción y todo aquello en donde quienes ostentan el poder abusan de él. Esto se reitera.

Pero quienes sí afirman que todo esto tiene que ver con el proceso electoral de Michoacán y el capricho de la hermana del Presidente de la República, es el PRD.

Tan convencidos están de ello que Jesús Zambrano, uno de los integrantes más respetados al interior del PRD, exigió a Calderón “que cese la persecución política”.

Incluso, a través de un comunicado, le pidió que “no confunda sus filias familiares muy entendibles por el afecto hacia su hermana Luisa María, con su función de Estado, con su alta responsabilidad a la que está obligado frente a todos los mexicanos”.

Sea persecución política, jurídica, de seguridad pública, o cómo le quieran llamar, lo cierto es que el “michoacanazo” no esta cerrado, no sólo por el ridículo en que han quedado la PGR y la SSP, sino también porque, todo parece indicar que el tema va unido a la elección del próximo gobernador.

Para Calderón, Michoacán es una espina política que trae clavada desde hace varios años, y parece que su hermana pretende sacarla para reivindicar en las próximas elecciones el desaire que los michoacanos hicieron a la familia calderón.

Mjcervantes@proceso.com.mx

La educación y los festejos

El desfile conmemorativo del Bicentenario.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 1 de octubre.- En la polémica sobre la irrelevancia o la oportunidad de celebrar el Bicentenario de la Independencia, entre los festejos y la parafernalia de sus gastos, en medio de la superficialidad del recuento cronológico que todo mundo conoce por la educación de efemérides en la que se sustenta la formación ciudadana, se ha perdido la idea de que una conmemoración histórica de esta magnitud debiera ser vista como un mecanismo de aprendizaje social.

Muy por el contrario, el Bicentenario de la Independencia –hecho histórico que ha quedado limitado al máximo en los actuales libros de texto de educación básica– se redujo en el programa gubernamental a la simpleza de un festejo.

Mal papel está jugando el encargado de estas festividades, el secretario de Educación Pública, porque perdió la oportunidad de propiciar una reflexión sobre la situación histórica del país generando programas de aprendizaje en las escuelas alrededor del significado de ese periodo crucial, lo cual hubiera sido un acontecimiento pedagógico único. Además de que parece concentrado sólo en responder a los ataques de sus otrora principales aliados (el SNTE), y en justificar los enormes gastos y el nulo impacto que todo esto tiene para el sistema educativo nacional.

Lo curioso es que fue patente el cinismo que mostró el secretario Alonso Lujambio ante la Comisión del Senado de la República (20/09) al referirse a la erogación de recursos públicos para las festividades del Bicentenario. ¿Cómo es posible que se justifique que, en un solo día de espectáculo y fiesta (27 carros de oropel, unos cuantos conciertos musicales y la pirotecnia), se hayan gastado 667 millones de pesos, y que esa erogación se considere cualquier cosa? ¿Qué se aprendió en las escuelas con esa conducta? Nada, en realidad, pero sí fue patente la ligereza con la que se manejan asuntos públicos de relevancia como los educativos.

Mientras en diversas partes del mundo se discute sobre los nuevos contenidos necesarios para la formación de niños y jóvenes, se ponen en marcha sucesivas reformas curriculares, se crean universidades y centros de investigación, se elevan los presupuestos para la educación y la ciencia, aquí, en este país, la SEP se concentra en negociar la gordura de los niños con las empresas de comida chatarra, en pelearse con los burócratas del peor sindicato del país (el SNTE), y en tratar de mantenerse ante los reflectores para ganar en imagen mientras el sistema educativo nacional se hunde en el peor momento que ha tenido en toda su historia.

Otro aniversario tuvo, en cambio, mucha más sustancia: el centenario de la UNAM. En esta institución se propició la reflexión sobre el significado y el impacto que ha tenido su historia emblemática, se organizaron eventos para sustentar la crítica nacional y global sobre los problemas actuales con prominentes figuras intelectuales, se dio cuenta de las condiciones coyunturales que están conduciendo al país a un verdadero desastre y, al mismo tiempo, estuvieron presentes el orgullo y

la vivacidad de su comunidad. Aquí no hubo invitados, sino protagonistas. Fue una conmemoración auténtica y muy sentida desde muchos y diversos ámbitos, y no una fiesta. Entre la conmemoración y la festividad hay cuestiones de fondo, y mucha falta hace ahora comprender sus diferencias.

Por un vientre libre

Protesta en contra de la penalización del aborto.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 30 de septiembre (apro).- Desde hace 20 años, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en Argentina, se acordó realizar, cada 28 de septiembre, una jornada de reflexión y lucha en busca de la despenalización del aborto en América Latina, tomando en cuenta que, por sus características, el aborto clandestino significa la muerte y secuelas inadmisibles en la salud de millones de mujeres.

Aunque para todo hay asignaciones eufemísticas y se habla de lograr interrupciones legales del embarazo, en lugar de aborto; de abortos seguros, como el contexto de la demanda, y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.

Como principal argumento, en 1990 se planteó el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Hoy, no obstante, se trata de un problema de la democracia, un problema de justicia e impunidad.

Los jueces, como se ha documentado en Guanajuato, condenan a las mujeres hasta por 25 años, argumentando que la interrupción del embarazo es un delito equiparado a homicidio en grado de parentesco.

No sabemos cuántas mujeres están enfrentando procesos por esta torcedura legal, que fue puesta en los códigos penales como un recurso que agrava el abuso de la autoridad familiar cuando se comete homicidio, principalmente en menores o mujeres. Las abogadas están a favor de mantener este tipo delictivo, pero no de la torcedura mañosa que se aplica.

Este recurso torcido puede significar mayores desgracias a las mujeres. Se sabe que este tipo penal existe en 19 entidades del país, incluido el Distrito Federal, y ya se hace un estudio profundo para saber dónde más se ha torcido la ley que se utiliza para castigar a las mujeres, quienes en uso de sus derechos interrumpen su embarazo por alguna de las siete causas de no penalización que establecen nuestros diferentes códigos penales en la República Mexicana.

Con frecuencia, en el caso del aborto se olvida que desde 1929 hay excepciones para no criminalizar esta acción. En el Distrito Federal el aborto no es delito cuando se interrumpe el embarazo antes de cumplir 12 semanas la concepción, simplemente por voluntad de la involucrada, lo que ha salvado ya miles de vidas.

Este martes 28 las mujeres del país hicieron una jornada de denuncia, porque hay evidencia de que hay un retroceso, en virtud de legislaciones estatales en 16 entidades del país que buscan nuevas formas de penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, principalmente a las más pobres; de perseguirlas y condenarlas.

Parar el retroceso es vital. En América Latina el atraso, desigualdad e injusticia se unen a la negativa a liberar y ampliar las posibilidades de interrupción legal del embarazo. Hay zonas de Mesoamérica donde está totalmente prohibido, no hay excepción que lo permita.

De ahí las campañas de salud sexual y reproductiva, para que gobiernos y sociedades se sensibilicen ante la problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una de cada ocho muertes maternas es resultado de un aborto inseguro. Y agrega que siete mujeres mueren cada hora en algún país en vías de desarrollo a causa de complicaciones post-aborto.

Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, lo que significa que pobreza, desigualdad y ausencia de democracia conducen a esta injusticia, donde la vida de las mujeres es la que está en juego.

Se calcula que el aborto inducido --en forma clandestina y condiciones inseguras-- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Datos investigados por el Colegio de México y difundidos por el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres revelan que en México los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500 mil abortos en 1990 a 870 mil en 2006.

La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada mil mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo. La derecha y su avance en zonas de poder son responsables de estos hechos.

Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto obtiene atención hospitalaria, o sea que las otras cinco mujeres no buscan hospital o se les niega el servicio y recurren a la clandestinidad. Del año 2000 a la fecha, en promedio 500 mujeres en México son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.

Se trata, pues, de un hecho que pone en riesgo muchas vidas, una cuestión que debiera no existir. Se trata con claridad de muertes evitables. El derecho a la salud garantizado en la Constitución se viola. La igualdad entre mujeres y hombres, signado por las naciones del mundo, es una mentira.

Con ello, el retroceso en 16 entidades del país y las demandas pendientes son de una urgencia que lacera la esperanza de que un día en México se pueda hablar de laicismo y democracia, ambos elementos base, contexto de las luchas libertarias de nuestras antepasadas.

En el Distrito Federal, hace poco más de tres años se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. La constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente al avance, la embestida conservadora no se hizo esperar: gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), subordinados a la jerarquía católica, promovieron contrarreformas en las constituciones de 16 estados del país para perseguir y penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.

Las contrarreformas no sólo imponen a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sino que institucionalizan la violencia contra los derechos reproductivos d elas mismas, profundizan la injusticia y la impunidad, y ponen en riesgo el uso de métodos anticonceptivos, especialmente los dispositivos conocidos como DIU y la anticoncepción de emergencia.

El texto del Pacto, que se leyó el pasado martes 28, también denuncia que las contrarreformas frenan el avance científico en la investigación con embriones y células madre, una imposición moral religiosa conservadora, con lo que se vulnera el carácter laico del Estado mexicano; además, se profundiza el déficit democrático por razón de género.

Es decir, en la práctica, en esta sociedad fundada en una Constitución, producto de una gesta histórica en la que perdieron la vida un millón de mexicanas y mexicanos, sólo en el caso de este derecho, el de interrumpir legalmente el embarazo, se evidencia el carácter patriarcal de un sistema en el que las mujeres –más de la mitad de la población– se someten a un Estado que viola la ley, una sociedad que lo permite y un mundo global que se dedica a elaborar bonitos proyectos y convenios, campañas, que no consiguen nada para las mayorías empobrecidas, sino que se convierten en guardianes del capital y sus intereses.

Son las campañas financiadas por los grandes capitales, mientras que en mi país se mueren las mujeres, muchas de esas 500 que ingresan todos los días a los hospitales. Una cruzada contra la desigualdad social es lo que urge.

saralovera@yahoo.com.mx

¿Dónde está hoy la sociedad civil organizada?

Los simulacros en la actualidad.

Lourdes Morales Canales

MÉXICO, DF, 29 de septiembre (apro).- El 19 de septiembre pasado se cumplieron 25 años del terremoto de 1985, fenómeno que destruyó la mitad de la Ciudad de México, y que cimbró al país y al sistema político mexicano en su conjunto.

Esta fecha, para muchos, es considerada como el momento en que “la sociedad rebasó al gobierno” en capacidad de respuesta, organización, movilización y solidaridad.

De manera espontánea y frente a la parálisis gubernamental, las brigadas ciudadanas recolectaron medicamentos, improvisaron albergues, movieron escombros y organizaron la vigilancia de las calles y casas desalojadas, salvando vidas y evitando, hasta donde se pudo, el despojo.

De esta organización emergente surgieron las primeras agrupaciones ciudadanas autónomas y no corporativas que se transformaron en las articuladoras de las demandas para solucionar el problema de la vivienda en la capital mexicana.

Estas se sumaron a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que, por su naturaleza y trabajo, eran de carácter autónomo y, por lo general, opositoras al gobierno.

Antes, sólo el movimiento del 1968, sin duda influenciado por el contexto internacional, había generado tal impacto en cuanto a la articulación de la protesta social en contra del autoritarismo, la exclusión y la represión del gobierno.

Las consecuencias fueron episodios sombríos como la guerra sucia y la proliferación, desde la clandestinidad, de diversos movimientos guerrilleros que buscaban no una “mediación entre estructuras hegemónicas”, sino un cambio profundo en el sistema político y en la sociedad en general.

A pesar de esto, fue un momento clave en el cual las demandas de una sociedad reprimida y amordazada ocuparon el primer lugar en la agenda nacional, obligando al gobierno a abrir espacios políticos y hasta a reconocer la legalidad del Partido Comunista Mexicano.

Desde entonces y hasta ahora, el camino de la sociedad civil organizada ha tenido momentos de protagonismo importante generando cambios estructurales. El crecimiento de las organizaciones civiles fue, en la década de los ochenta y noventa, casi exponencial.

Con todo y la dificultad que representa el cuantificarlas (por su naturaleza, vocación y nivel de autonomía), se estima que mientras en 1993 existían unas 12 mil 485 organizaciones, en 1998 sumaban casi 22 mil en todo el país. De todas ellas, sólo un porcentaje reducido (no más de 3 mil) eran de carácter social y civil.

Este crecimiento no se podría entender sin el proceso de liberalización económica con la privatización de las empresas y la pulverización de los sindicatos, los ciclos de crisis, el fortalecimiento de los monopolios y el aumento de la brecha social.

Aunque tampoco podría entenderse sin la relevancia del movimiento zapatista, otro “despertar”, sólo que ahora primordialmente indígena y campesino, en el cual las mismas demandas sociales de democratización, justicia, inclusión social e igualdad volvieron a ocupar el primer lugar en la agenda nacional.

A partir del movimiento zapatista se hicieron reformas político-electorales, aumentó la pluralidad partidista, se crearon organismos autónomos y descentralizados y se canalizaron todas las energías en la transición a la democracia electoral.

En el 2001, toda la propuesta de un movimiento político que buscaba una nueva forma de relación entre ciudadanos, instituciones y gobierno, un nuevo pacto social, pareció quedar resumido, si no es que limitado, a una reforma al artículo segundo de la Constitución.

Con la transición electoral, el tema indígena quedó olvidado o al menos relegado.

Más tarde, en este 2010, ya se tenía un registro de unas 20 mil organizaciones civiles, de las que buena parte carece de alguna figura jurídica.

De ellas, al menos 12 mil 100 grupos no lucrativos y de servicios que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), condición que les da la posibilidad de recibir fondos federales para sus proyectos.

Por cierto, la mayoría de las ONG se concentran en el Distrito Federal, Veracruz y Estado de México. Este número es mucho mayor de lo que se tenía registrado en las décadas anteriores, sin embargo, es todavía muy escaso si se compara con el tejido asociativo que existe en países como Francia (225 mil 600) y Suiza (100 mil), o con países con un pasado autoritario y con procesos de transición electoral similares al mexicano, como Chile (83 mil 300 organizaciones, según el PNUD) o Argentina (78 mil 392).

Diversos pasajes recientes nos hacen pensar que la sociedad civil mexicana no atraviesa su momento más brillante en términos de impacto y articulación de demandas.

Por dar algunos ejemplos: la aprobación del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la pérdida del poder adquisitivo, la masacre de migrantes indocumentados, la creciente inseguridad y el baño de sangre que vive a diario el país con la llamada “guerra al narcotráfico” hubieran generado en países con mayor tejido asociativo indignación y movilización ciudadana, pero sobretodo articulación eficiente de demandas.

En México, hay indignación de un día, sobre todo mediática, pero no hay proyecto político ni cambio estructural.

Una posible explicación de esta fragmentación de intereses está en la inseguridad. Sí, el miedo paraliza y rompe lazos de solidaridad.

Ya lo detectaba la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública 2008 al mencionar que 84% de la población no confía en su vecino (casi 10% más que lo registrado en 2005). Sin embargo, ¿dónde está hoy la sociedad civil organizada?, ¿no es momento de volver a decir “ya basta”?

La mayoría de las organizaciones han tomado el camino del impacto vía mediatización, protagonismo, reformismo o acompañamiento institucional. Los resultados en su mayoría son positivos pero insuficientes o limitados, por lo cual habría que cuestionarse si en el fondo se ha perdido o no la brújula de la adecuada articulación y canalización de las demandas sociales con la consiguiente propuesta.

Otra posible explicación está en la falta de indignación y el excesivo individualismo. Pero motivos para indignarse hay muchos y a diario, y los desastres naturales muestran que la sociedad no ha perdido del todo su capacidad de crear lazos solidarios.

Por ello, habría que preguntarse ¿indignarse para qué? El chispazo de la indignación no es suficiente sin proyecto político, puesto que en otros lugares del país, como en Oaxaca durante la crisis del 2006, se vieron las consecuencias de una movilización ciudadana sin proyecto político.

En las democracias consolidadas se ha probado que no es posible gobernar sólo desde la administración pública, ya que se requiere más Estado y, por lo tanto, más sociedad civil.

Sin embargo, a 25 años del “despertar de la sociedad civil mexicana” vale la pena cuestionarse cuál es el proyecto político que desde la sociedad, y no desde el gobierno, se quiere para un país que requiere más igualdad, más justicia, más seguridad, y cuál es el camino que se propone para alcanzar esas metas.

Los superconsejeros del IFE

La sesión en el IFE.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 30 de septiembre.- No sería exagerado afirmar que el perfil de los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), a ser nombrados antes del 30 de octubre, determinará el destino de la democracia en el país durante la siguiente década. Los nuevos funcionarios se convertirán rápidamente en una suerte de “superconsejeros”, ya que permanecerán en sus cargos durante nueve años, hasta finales de 2019. Ellos atestiguarán la salida de todos y cada uno de los actuales integrantes del Consejo General y serán los primeros consejeros en la historia en organizar dos elecciones presidenciales, las de 2012 y 2018.

Así, el actual proceso de selección cobra una mayor importancia que el que tuvo lugar en junio de 2008, cuando fueron elegidos Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero para miniperiodos de cinco años que vencerán en 2013. Este proceso incluso podría llegar a ser más trascendente que el de principios de febrero de 2008, cuando fueron designados el actual consejero presidente y dos consejeros electorales más.

Tendrían que llegar tres verdaderos demócratas para que hubiera alguna posibilidad de recuperación de la confianza en las instituciones electorales del país. El IFE cuenta con vastas responsabilidades de regulación del espacio público-electoral y con un enorme potencial institucional para reconstruir la democracia del país. Del éxito o fracaso del IFE en los próximos años dependerá que en algún momento futuro lleguemos a tener un gobierno federal realmente interesado en atender las necesidades más básicas de la población.

El pasado 20 de septiembre, Ulises Beltrán informó que 14% de los mexicanos no cree que “las condiciones de desigualdad y pobreza pueden resolverse actualmente poco a poco en forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. El mismo día, El Universal nos informó que 29% de los ciudadanos encuestados piensa que la democracia no “es la forma de gobierno más adecuada para el futuro”, sino que “sería mejor otra forma de gobierno”. Asimismo, 74% cree que “el sistema político actual de México está mal”.

Sin duda, las condiciones para un nuevo estallido social están listas. Una revuelta armada en favor de la justicia tendría un universo potencial de varios millones de mexicanos. Y si la revuelta social no fuera armada, sino pacífica, el apoyo fácilmente podría duplicarse y quizá incluir a los insatisfechos con el sistema político.

La concreción de un IFE independiente fue un eje central de la transición democrática. Hoy el fortalecimiento de este instituto sería una de las tareas claves para conquistar la paz social y auspiciar una genuina participación ciudadana. Sin embargo, todo parece indicar que una vez más los partidos privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de las capacidades de los nuevos consejeros. Adicionalmente, lo más probable es que la izquierda vuelva a quedar sin representación alguna, lo cual implicaría una peligrosa ausencia de pluralidad en el seno del Consejo General.

Frente a esta situación, algunos analistas han llegado a proponer que se excluya a los partidos políticos del proceso de selección y que los nombramientos se encarguen a una comisión de ciudadanos independientes. Un sistema similar existe en Ecuador y otros países latinoamericanos.

La propuesta, aunque es atractiva, plantea dos grandes dificultades. Por un lado, para la selección de los integrantes de la comisión ciudadana nos enfrentaríamos exactamente a los mismos problemas de cuotas y lealtades. Las negociaciones palaciegas simplemente se trasladarían desde el proceso de designación de los consejeros electorales al proceso de nombramiento de los ciudadanos integrantes de esta comisión.

Por otro lado, la propuesta también emerge de una visión equivocada del perfil del consejero electoral. La historia nos ha demostrado que los mejores consejeros no son necesariamente aquellos con la mejor preparación “técnica” o quienes cuenten con mayor “carisma mediático ciudadano”, sino quienes verdaderamente aseguren la necesaria pluralidad del Consejo General y se conduzcan de forma autónoma. Necesitamos consejeros con principios tan firmes como diversos, sin padrinos políticos o sociales, y dispuestos a defender el espacio público-electoral a toda costa.

Lo mejor entonces no es imaginar un proceso idealizado para encontrar un conjunto de “ángeles guardianes” de la democracia, sino un procedimiento práctico que corte de tajo el vínculo entre consejeros y partidos, que abra paso a personajes verdaderamente “incontrolables” desde el poder.

Para lograr este fin habría que considerar un retorno al mecanismo democrático por excelencia: la lotería. Una selección completamente al azar de los nuevos consejeros entre los candidatos que cumplan con una serie de requisitos mínimos acabaría con las humillantes pasarelas y sucios cabildeos de los anteriores procesos. Se abriría la posibilidad a la llegada de consejeros electorales sin compromiso alguno con los políticos, los partidos o los poderes fácticos.

Si se adoptara esta fórmula, por lo menos podríamos dar el beneficio de la duda a los nuevos consejeros. De otra forma, una vez más los ciudadanos tendríamos la obligación cívica de mantenernos radicalmente escépticos con respecto a las intenciones y acciones de los nuevos integrantes del Consejo General. l

www.johnackerman.blogspot.com

La (in)dependencia de México

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 29 de septiembre.- En su cuarto informe de gobierno, el presidente Calderón afirmó que “la recesión fue muy severa; sin embargo, hoy nuestra economía se está recuperando”.

Ya durante los últimos dos años, el presidente no ha perdido ocasión para afirmar que “la recesión se ha debido a nuestra estrecha relación con Estados Unidos” y que en la medida en que Estados Unidos emerja de su crisis económica, nos arrastrará a nosotros fuera de la nuestra.

Tiene razón el presidente. Nuestra dependencia del país del norte es el factor principal de nuestra economía. Al norte van el 80% de nuestras exportaciones y del norte nos llegan el 80% de nuestras importaciones.

Lo que nunca ha explicado el presidente Calderón es por qué él no ha hecho nada para remediarlo. Lo que no ha explicado es por qué le ha parecido suficiente señalar el origen de la enfermedad sin emprender la cura. Lo que ha dejado sin explicar en su cuarto informe de gobierno es por qué, siendo un mandatario del siglo XXI, un siglo definido por la globalización de las economías nacionales, sigue anunciando su pasividad en esta cuestión, como si fuera la declaración de inocencia propia de un santo contemplativo.

Y tampoco es casual que los partidos de oposición no se lo hayan reclamado. O que la prensa deje pasar el asunto. Y es que la dependencia que tiene México de Estados Unidos la vivimos como una fatalidad tan fija como nuestra ubicación geográfica.

Vaya otra evidencia de cómo la dependencia respecto al norte nos parece a los mexicanos genética, o casi. En una serie de programas transmitidos por Foro TV, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín formularon a seis posibles candidatos a la Presidencia de México en 2012 preguntas concretas sobre sus proyectos. Preguntas y respuestas resultaron interesantes, pero al abordar el mundo exterior, la pregunta, siempre formulada por el excanciller, se volvía estrecha como un embudo. “¿Mirarías al sur o al norte, a Latinoamérica o a Estados Unidos?”.

La mayor parte de los entrevistados contestaron que a ambas partes. Entonces Castañeda explicaba que eso sería ideal, “pero en el mundo real es necesario escoger: al norte o al sur”. Sin argumentar, los invitados escogieron, y siempre escogieron el norte. Aunque dos de ellos se permitieron proponer que un cierto porcentaje de tiempo desviarían la mirada hacia el sur.

Pareció que de verdad hablaban de mirar con un par de ojos hacia arriba o hacia abajo. Cierto: un par de ojos no pueden mirar al mismo tiempo hacia el techo y hacia el piso, ni siquiera un par estrábico. Pero lo cierto es que no hablaban de mirar con un par de ojos, sino con un numeroso y bien preparado equipo de funcionarios y embajadores.

La experiencia de Brasil debiera ser esclarecedora para México de cómo no sólo se puede mirar al norte y al sur al mismo tiempo, sino de cómo se puede mirar en redondo, al norte y al este y al oeste y al sur, y a lo distante y a lo cercano.

Sin mermar su comercio con Estados Unidos, Brasil se alió tácitamente con otras tres economías grandes y emergentes: Rusia, India y China. Gracias a su pertenencia al llamado BRIC, llegada la recesión estadunidense, Brasil siguió creciendo.

Y al mismo tiempo Brasil construyó y lidera el Unasur, que ha enganchado su economía a las de los otros países sudamericanos. Por cierto, en el Unasur Brasil se ha convertido en la potencia integradora. Hoy mismo construye refinerías en Bolivia, Perú y Ecuador, lo que beneficiará a Brasil y a cada uno de estos países, por lo pronto subdesarrollados.

El presidente Lula ha comprendido nuestros tiempos tal vez mejor que ningún estadista. Hoy se trata de mirar en redondo, porque el mundo se ha vuelto más redondo que nunca. Hoy la independencia de un país se cifra en la multiplicación de sus dependencias.

Por eso Lula le sonríe igual a Hugo Chávez que a Barack Obama; a Vladimir Putin que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la nueva ideología, el juego económico no es ya de suma cero –alguien pierde para que otro gane–: en el mundo globalizado se piensa en relaciones de mutuo beneficio.

China, con su milenaria tradición aislacionista, es otro caso que debemos atender desde México. Puestos ante un espejo, México y China en el siglo XXI son dos países perfectamente inversos.

China ha invadido con sus productos todo el globo, en tanto vigila con severidad lo que entra por sus fronteras. México, en cambio, deja ingresar todo, sin distingo y sin atender el riesgo de que la industria y la cultura locales sean arrasadas, como ha sucedido, en tanto carece de un proyecto para multiplicar sus relaciones comerciales con otros países.

A 200 años de nuestra independencia de España, hoy dependemos todavía de un país extranjero, ahora de Estados Unidos. Pero la forma de independizarnos no está en señalar una y otra vez la herida de nuestra subordinación y luego sentarnos a padecerla. Nuestra independencia pasará, si es que pasa, por multiplicar, en redondo, nuestras dependencias con el redondo mundo.

Peña Nieto-La Gaviota: La otra cara del romance pactado

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Algo tienen los publicistas de Enrique Peña Nieto que no contrastan las versiones que pretenden difundir en revistas del corazón como Caras, de Televisa, o la española Hola! o Quién, del Grupo Expansión, sobre el “romance genuino” entre el gobernador mexiquense y la actriz de Televisa, Angélica Rivera.

Ahora ambos aparecen en la portada de la revista de socialités de la empresa de Emilio Acárraga Jean. El despliegue es delirante: 25 páginas para informarnos que se casarán el 27 de noviembre y que su amor no es un spot ni un infomercial a cuenta del erario del gobierno del estado de México. Por supuesto, con la difusión de esta entrevista pretenden desviar el interés sobre las reformas electorales en el estado de México que representan un retroceso democrático de dos décadas.

La entrevista busca “aclarar” lo que tanto se ha señalado sobre el reality. En el segundo párrafo del publirreportaje se pretende desmentir lo que ha ganado en la percepción pública: que esta relación forma parte del montaje publicitario para “vender” una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces propias ni mucha trayectoria.

“Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial para 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa, son algunos de los argumentos sin fundamentos que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance”, advierte la nota firmada por Lucía Alarcón Zamacona.

Sin embargo, las incongruencias son claras en la “versión rosa” de una relación que debería estar en el ámbito privado, pero que tanto Peña Nieto como Televisa y Angélica Rivera han insistido en ventilar como si fuera un asunto digno de paparazzis.

En la revista Caras, Angélica Rivera y Peña Nieto dan una versión distinta a la que promovieron en la revista Hola!, en su edición del 30 de diciembre de 2009. En ambas aparecen como pareja de portada promoviendo el único tema que se les viene en mente: su futura boda.

El texto del publirreportaje de Hola! (donde pagaron 12 páginas para difundir la visita de Peña Nieto y Rivera a El Vaticano y su “boda inminente”) relata esta versión de su romance:

“Superados los momentos difíciles y con los papeles que la declaraban soltera de nuevo en la mano, Angélica encontró un año más tarde nuevamente el amor en el atractivo político Enrique Peña Nieto, cuando él la buscó para que fuera la imagen de la campaña del estado de México (subrayado propio) ‘Los 300 Compromisos Cumplidos’. Así se conocieron y, poco después, se enamoraron”.

El guionista de este reality amoroso no leyó esta versión. En la última edición de la revista Caras, Rivera relata que así fue su incorporación al proyecto publicitario de Peña Nieto:

“Pasaron como dos años, me puse a trabajar, terminé la telenovela Destilando Amor y, de repente, me hablaron para que fuera la comunicadora del estado de México. Todo fue muy rápido, me llamaron de Televisa porque querían que estuviera en el proyecto; ‘hola, con mucho gusto’, se va a hacer esto y hasta ahí quedó. Hice los comerciales y la comunicación; y nos fue muy bien. El me habló por teléfono para darme las gracias y para invitarme a cenar. Yo no salía con nadie, estaba dedicada a mi casa, no tuve ese tiempo de una mujer soltera que iba a conocer a alguien”.

¿Quién la mandó a llamar: Peña Nieto o Televisa? ¿Son lo mismo? Las contradicciones se relacionan con una historia poco conocida: en realidad, el artífice de que Angélica Rivera llegara a la campaña promocional del gobierno del estado de México fue el publicista Juan Carlos Limón García, de la empresa ByPower, que no pertenece a Televisa.

A recomendación de un amigo de Limón García, Angélica Rivera acudió en abril de 2008 a ByPower para pactar una cita con Enrique Peña Nieto. El quería tomar el control de su campaña publicitaria. Al enterarse, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un “contrato de exclusividad” con la empresa. Por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trata del gobernador priista, principal cliente de la televisora.

Más allá del montaje, lo que resulta grotesco es que Peña Nieto exhiba su vida privada como si él fuera un personaje de la farándula y que él mismo permita esta intrusión a algo íntimo. Además de Caras y de Hola!, el gobernador priista también apareció el 6 de febrero de 2009 en la portada de la revista Quién!, abrazado de “La Gaviota”. Se autopromovió como “la pareja más atractiva de México”. Ni más ni menos.

www.jenarovillamil.wordpress.com

Injusticia presidencial

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional

MÉXICO, D.F., 28 de septiembre.- El domingo 19 El Diario de Juárez publicó un editorial en el que convocó a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez” a que les expliquen “qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.

El posicionamiento provocó la reacción de Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien respondió enérgicamente: “No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”, y reclamó que “la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”.

El editorial fue una forma muy heterodoxa, impactante e inusual de posicionar a un medio de comunicación frente a un evento trascendente para él mismo y para la comunidad juarense; pero más allá de la forma, el mensaje, los señalamientos y hasta la disposición a negociar no son para nada atípicos respecto de lo que han hecho otros medios de comunicación y el mismo gobierno federal que tanto se indignó.

En particular, el señalamiento de la inexistencia de una autoridad capaz de mantener el orden y hacer prevalecer el estado de derecho ha sido común en todos los comunicadores y medios que han enfrentado situaciones similares.

Tras la liberación de los tres periodistas secuestrados por el crimen organizado en Gómez Palacio, Durango, el pasado 2 de agosto, Denise Maerker escribió en su colaboración de El Universal: “El secuestro ocurrió en territorio liberado. Sí, pero de cualquier autoridad legítima”.

A su vez, el diario Noroeste de Sinaloa, luego del ataque que sufrió en sus instalaciones de Mazatlán, señaló en un editorial desplegado en la primera plana, como nota principal, el jueves 2: “…el ataque sufrido por esta casa editora (…) es un claro síntoma del grave deterioro del estado de derecho en Sinaloa, donde el ciudadano común ve cómo cada día van siendo constreñidos y anulados muchos de sus derechos por la ineficacia e ineficiencia de las autoridades de todos los niveles (…) En esas condiciones, por supuesto que se torna mucho muy difícil ejercer el periodismo con la responsabilidad y profesionalismo que esta tarea reclama”.

En la forma hay una gran diferencia con el posicionamiento de El Diario, pero en el mensaje no tanta: “Ustedes son (publicó El Diario refiriéndose a los jefes de la delincuencia organizada), en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.

Mencionó nuevamente el “vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad…”.

Sin embargo, por las declaraciones de Poiré, lo que más irritó al gobierno federal fue la disposición de El Diario para “pactar, promover una tregua o negociar” con la delincuencia organizada, a pesar de que la propia autoridad federal había negociado en el caso de los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango.

El 26 de julio, el crimen organizado secuestró a Héctor Gordoa, jefe de información del programa Punto de Partida, que conduce Denise Maerker; a Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; y a Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna. Ese mismo día, de acuerdo con lo publicado por Milenio, edición del 28 de julio, los comunicadores (bajo presión de los secuestradores) hablaron con sus medios y les expresaron que “la condición de sus captores para liberarlos era que transmitieran tres videos del narcoblog en el noticiario del mediodía del canal local de Grupo Milenio”.

Según el mismo diario, “a la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de la Laguna, en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición”.

Es decir, se aceptó la solicitud de los secuestradores, con la esperanza de que éstos cumplieran su parte: liberar a los rehenes.

Esto es claramente pactar con la delincuencia organizada.

Por su parte, Denise Maerker suspendió el 29 de julio la transmisión de su programa Punto de Partida, tras un mensaje en el que advirtió: “No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos, sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico”.

El 2 de agosto, en la ya mencionada colaboración de Denise en El Universal, manifestó: “A Héctor lo soltaron el jueves en la mañana porque querían que hiciera una nota donde destacara que el video que llevó al arraigo de la directora del penal de Gómez Palacio estaba truqueado. Esa ‘información’ debía salir en Punto de Partida en la noche, así como una entrevista con él para que contara ‘lo bien’ que lo habían tratado. Se quedaron con los camarógrafos de Televisa y Milenio para asegurarse de que cumpliríamos con esa exigencia. Nadie, ni Héctor ni ningún negociador de Televisa ni de Milenio, prometió nunca que se cumpliría con esa exigencia”.

Y aclaró: “La decisión de Televisa fue inmediata: ni esta vez ni nunca se iba a negociar el contenido de un programa porque alguien tenía de rehén a un compañero nuestro”.

Esto significa que Televisa no está de acuerdo en negociar el contenido de un programa, aunque en otros aspectos sí esté dispuesta a negociar.

El lunes 20, en su colaboración semanal en El Universal, Denise Maerker reveló: “Que quede bien claro, la actuación de la Policía Federal fue determinante para que los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio recobraran su libertad sanos y salvos. Lo fue durante la negociación con los secuestradores gracias a su equipo especializado en manejo de crisis”.

Es decir, la Policía Federal estuvo al tanto o quizá hasta fue el negociador en este caso.

Y algo similar ha ocurrido en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. El 21 de mayo, su hijo mayor emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades mantenerse al margen del caso a fin de favorecer el proceso de negociación para liberarlo. De inmediato, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró: “El gobierno será muy respetuoso respecto a las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito. Todos estamos obligados a generar un ambiente propicio para que esto se desenvuelva con absoluto respeto a la vida de don Diego y con el absoluto respeto que hoy maneja su familia”. El gobierno no negoció, pero respaldó las negociaciones de la familia y aceptó las condiciones de los secuestradores.

No son los medios de comunicación o las familias de los secuestrados los únicos que pactan con el crimen organizado.

El jueves 23, el periódico regiomontano El Norte publicó en su primera plana una información sobre las cuotas que el crimen organizado cobra a los transportistas, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, por permitirles transitar por la carretera Monterrey-Altamira. Se incluyó allí la declaración de un transportista que, al ser cuestionado sobre cómo le hacían para transitar de noche por la carretera Reynosa-Ciudad Victoria, respondió: “¿Cómo le hacemos? Pues preguntando a quién se le debe pedir permiso, y, una vez que nos autorizan a viajar de noche, nos dan una clave por si nos detienen más adelante, que sepan que ya estamos autorizados para circular por ahí”.

Los ejemplos de acuerdos tácitos o explícitos con el crimen organizado para evitar ser víctimas de su violencia son múltiples; están presentes en la decisión de los medios de comunicación tamaulipecos de no publicar ninguna información sobre los hechos violentos que ocurren en su entidad; en la de los empresarios que aceptan pagar las cuotas para seguir operando, etcétera.

En su mensaje a los “señores” del crimen organizado, después de pedirles señalar qué quieren que El Diario de Ciudad Juárez publique o deje de publicar, aclaró: “Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.

Así, en consonancia con la actitud que han asumido otros comunicadores, políticos, empresarios y ciudadanos amenazados, El Diario reconoce su disposición a “pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”.

Pero en esta ocasión el gobierno federal no sólo no respetó la decisión de la publicación ni apoyó “el manejo de la crisis”, sino que le reclamó su proceder.

El editorial no es ortodoxo y su posición es cuestionable; pero el trato gubernamental es desigual, incongruente e injusto, pues además, sin información suficiente, pretendió desvirtuar el atentado contra la libertad de expresión al retomar las versiones de que el asesinato del periodista fue un delito del orden común.

Informa AMLO que solicitará licencia como militante del PRD para apoyar a un candidato a gobernador de las fuerzas progresistas

Donato Guerra, estado de México
Sábado 02 de octubre de 2010

* La decisión se tomará si la dirigencia nacional de su partido concreta una alianza electoral con el PAN en el estado de México, explica

* Detalla que enviará un escrito a los integrantes del Consejo Nacional del CEN del sol azteca, para explicarles que está en desacuerdo con un eventual pacto electoral entre el PAN y el PRD

* El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador exige a los dirigentes perredistas que se quiten la careta

Desde la región Mazahua, Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará licencia como militante del PRD para apoyar a un candidato a gobernador de las fuerzas progresistas, si la dirigencia nacional de su partido concreta una alianza electoral con el PAN en el estado de México.

El presidente legítimo de México detalló que enviará un escrito a los integrantes del Consejo Nacional, órgano de dirección que está por encima del Comité Ejecutivo Nacional, para explicarles que está en desacuerdo con un eventual pacto electoral entre el PAN y el PRD y comunicarles que pedirá permiso, “porque vamos a apoyar al candidato” de otro partido político.

El presidente legítimo de México exigió a los dirigentes perredistas que se quiten la careta y que expliquen a la opinión pública sobre los acuerdos suscritos con el presidente espurio Felipe Calderón.

En el tercer día de la segunda semana de recorrido por los 125 municipios del estado de México, afirmó que el abanderado postulado por las fuerzas progresistas y de izquierda derrotará en las urnas a cualquiera de los representantes del PAN, del PRI y hasta de los “paleros” del PRD.

Se construirá un pacto con los ciudadanos y los dirigentes municipales del PRD, Pt y Convergencia para postular a un candidato del pueblo y para el pueblo, añadió.

Ante senadores y diputados federales, afirmó que el interés del pueblo del estado de México está por encima del interés de cualquier partido político y recordó que las fuerzas políticas son un instrumento al servicio del pueblo y ya no hay compromiso alguno cuando dejan de serlo.

Tanto en Villa Victoria, Villa Allende y Donato Guerra, así como en Amanalco de Becerra y Valle de Bravo, sostuvo que los dirigentes del partido del sol azteca “ya se empataron, se asociaron con Felipe Calderón. Pero ¡allá ellos!”.

Durante la jornada de este día, López Obrador aseguró que el gobernador mexiquense, Enrique Peña, está envuelto en la publicidad televisiva, que se financia con el presupuesto público, pero es un mandatario mediocre y ladrón, que se ha convertido en el candidato presidencial de la mafia de la política, con el ex presidente Carlos Salinas como jefe de campaña.

A manera de telenovela, con falsas campañas publicitarias en radio y televisión, Peña pretende hacer creer a la opinión pública que todo está bien en la entidad, cuando en realidad aumentaron los índices de pobreza en la mayor parte de los 125 municipios, hay un notorio abandono de las actividades productivas y se desató la ola de violencia.

El presidente legítimo de los mexicanos mencionó que el gobernador presume en su campaña publicitaria de la construcción de un importante número de vías de comunicación, sin embargo omite aclarar que se trata de autopistas de peaje, concesionadas a empresas españolas.

En cambio, las carreteras libres que comunican a los municipios están destruidas o llenas de baches, porque no reciben mantenimiento alguno, abundó.

En todas las asambleas informativas mostró una fotografía de Peña con Salinas, unidos en un abrazo y aseguró: ¡Aquí están el candidato de la mafia y su padrino político!

Recordó que Peña, en su calidad de abanderado de los 30 barones del dinero, respaldó la determinación injusta del presidente espurio Felipe Calderón de lanzar a la calle a más de 44 mil trabajadores electricistas de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.

También mencionó que está en contra de las alianzas electorales del PRD con el PAN, porque el partido albiazul, junto con el PRI, impusieron a Salinas y a Calderón en la Presidencia de la República, así como aprobaron el Fobaproa y aumentos a los impuestos y a los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y la energía eléctrica.

Por si fuera poco, afirmó que el PAN le robó la Presidencia de la República en el 2006 y sólo que “no tuviésemos vergüenza avalaríamos” las alianzas con un partido de la derecha.

Para mañana domingo, el presidente legítimo estará en Luvianos, Amatepec, Tlatlaya y Tejupilco. ●●●●●

Fuente: Gobierno Legítimo

¿Se prohíbe que AMLO sea candidato en 2010?

Desfiladero

Si en México existiera un verdadero gobierno, Gastón Azcárraga estaría preso, acusado de estafarle mil 500 millones de pesos a Banorte, mil millones al Banco Nacional de Comercio Exterior y 20 por ciento de sus salarios de cuatro años a los pilotos de Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea de nuestro país hasta que Vicente Fox se la regaló en 2005 para que la saqueara, la llevara a la quiebra y la dejara en los huesos.

Si en México hubiera instituciones que protegieran los intereses de los ciudadanos, también estaría en la cárcel el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, cuyo hermano, Javier, fue miembro del consejo de administración de Mexicana y cómplice de Azcárraga.

Si en México quedara en pie un vestigio del estado de derecho, los ex titulares de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Luis Téllez también estarían sujetos a proceso, como sospechosos de asociación delictiva con Gastón Azcárraga, ya que éste inició el desmantelamiento de la aerolínea durante las gestiones de ambos funcionarios.

Pero el aparato judicial está en manos del hampa y Azcárraga disfruta de su impunidad, mientras los pilotos, con más de 30 años de antigüedad laboral en promedio se encuentran en completo desamparo, y 8 mil empleados, entre sobrecargos, mecánicos y personal de tierra, perdieron su trabajo y sus ahorros, y decenas de miles de personas más que prestaban servicios a la industria turística en los puntos de las rutas de Mexicana, se quedaron sin visitantes y deberán cerrar sus negocios.

¿Quién va a salir en defensa de este conglomerado de víctimas? Nadie. El timonel y los navegantes de ese barco en pleno naufragio que llaman gobierno federal sólo piensan en conservar el poder a toda costa después de julio de 2012 y el pavor que sienten frente a la posibilidad de perderlo explica sus desesperadas acciones de esta semana pródiga en medidas y propuestas absurdas.

El plan de la mafia que nos oprime quedó claro en estos días y se puede resumir en tres puntos. Uno: el presupuesto de egresos de 2011 privilegiará las alianzas de Felipe Calderón con los actores políticos que lo ayuden a llevar a cabo un nuevo fraude electoral. Ejemplo, la SEP recortará 2 por ciento los gastos de educación básica, 20 por ciento los de cultura, 13 por ciento los de bachilleres y uno por ciento los de las universidades estatales, pero aumentará en 900 millones de pesos el subsidio que le otorga anualmente al sindicato nacional de maestros regenteado por Elba Esther Gordillo.

Dos: a pesar de todos los recursos que Tv Azteca interponga en su contra –y que han sido considerados válidos por diversos juzgados del país—, el gobierno le obsequiará 30 por ciento del espectro radioeléctrico a Televisa a cambio de 180 millones de pesos y apoyo total en 2012, mientras a la televisora del Ajusco, por cederle otra porción similar de ese mismo espectro, le exige la suma de 5 mil millones de pesos.

Tres: dado que tiene amplias posibilidades de alzarse con la victoria en 2012, Andrés Manuel López Obrador no podrá ser candidato presidencial bajo ningún concepto. Así lo proclamó entre líneas la sentencia del tribunal federal electoral, que obligó al IFE a retirar los mensajes que el Partido del Trabajo transmite en radio y televisión y que tienen por protagonista al máximo dirigente opositor del país, en los cuales éste explica los 10 puntos básicos de su programa político.

La ridícula, aberrante e injustificable decisión adoptada por los magistrados que preside María del Carmen Alanís, arguye que los mensajes de López Obrador le restan equidad al proceso electoral, cuando no hay ningún proceso comicial en curso y el tabasqueño no está llamando a votar por nadie. La moraleja es obvia: Peña Nieto puede cacarear en todos los canales las 24 horas del día, pero la mafia no permitirá que vuelva a figurar en las boletas el hombre al que más temen. En consecuencia, las redes ciudadanas deberán prepararse para combatir, una vez más, esta evidente redición de la maniobra que Vicente Fox intentó en 2004 con el desafuero.

Además, la del tribunal electoral no es una medida aislada. Pocos días antes que Maca y sus secuaces la dieran a conocer, en la ciudad de México, el gobierno panista de la delegación Benito Juárez anunció que a partir del próximo sábado grupos de ciudadanos interesados en practicar tai-chi y otras actividades recreativas ocuparán los espacios públicos que desde hace cuatro años, semana a semana, utilizan en parques y plazas cuatro círculos de reflexión que apoyan a López Obrador.

Estos grupos de estudio se llaman Buzón Ciudadano, San Simón Ticumac, Camellón por la IV República y La Moderna. Sus dirigentes convocan a todos los círculos obradoristas que puedan asistir, a la reunión que celebrarán el sábado 16 de octubre, a las 12 horas, en el parque de la colonia Postal, para rechazar la intentona de discriminación panista y preparar movilizaciones conjuntas.

¿Una televisión para Slim?

Hasta no ver no creer, pero los senadores han alcanzado al parecer un acuerdo para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, que obligaría al Estado a garantizar la existencia, por lo menos, de una red pública de radio abierta y otra de televisión, en ambos casos con cobertura nacional. Entre otras cosas, permitiría, por ejemplo, que las comunidades urbanas, rurales e indígenas tengan derecho a operar frecuencias radiales usando cualquier tipo de tecnología, y se financien con donativos, venta de productos y servicios, patrocinios y comercialización de 5 por ciento de su tiempo aire.

Todo esto y más lo explicó el pasado miércoles, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, durante un foro al que también fue invitado este columnista por parte del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier que sigue destruyendo el municipio de Cerro de San Pedro.

Sotelo informó en el auditorio Ponciano Arriaga que, de todas las estaciones de televisión que hay en México, Televisa controla 80 por ciento y Tv Azteca 13; si los números no mienten, el duopolio domina 93 por ciento de los canales existentes y 90 por ciento de la publicidad comercial que éstos exhiben, mientras 14 familias explotan 76 por ciento de las radiodifusoras y cuatro grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total de las emisoras (47.8 por ciento).

La reforma, por lo demás, abriría la posibilidad de que Teléfonos de México, que llega a 95 por ciento de los hogares del país, tuviera su propia cadena de televisión. Dado el abierto rompimiento de Carlos Slim con el usurpador de Los Pinos y ante la guerra sin cuartel que le ha declarado Televisa, cabría suponer que, en caso de convertirse en propietario de una cadena televisiva más grande que la de Chapultepec 18 y la del Ajusco juntas, el empresario de origen libanés podría darse el lujo de negarle su apoyo al copete de Peña Nieto o al pelele sustituto que tenga a bien designar Calderón, pero no adelantemos vísperas.

El próximo sábado se publicará aquí la dirección de una página en Internet para que se entrelacen las personas interesadas en montar una nueva obra de teatro de calle del autor de esta columna. Cada grupo actoral deberá estar compuesto al menos por ocho integrantes, con ganas de cantar, y de los cuales uno tendrá que tocar el acordeón. La idea es estrenar el espectáculo en las plazas públicas el 20 de noviembre a las seis de la tarde. Si les late, escriban desde ya...