domingo, abril 15, 2012

La Cumbre de las guayaberas


Obama, el primer Presidente negro de Estados Unidos -sin dudas inteligente, bien instruido y buen comunicador-, hizo pensar a no poca gente que era un émulo de Abraham Lincoln y Martin Luther King.

Hace cinco siglos una Bula Papal, aplicando conceptos de la época, asignó alrededor de 40 millones de kilómetros cuadrados de tierra, aguas interiores y costas a dos pequeños y belicosos reinos de la península Ibérica.

Ingleses, franceses, holandeses y otros importantes Estados feudales fueron excluidos del reparto. Interminables guerras no tardaron en desatarse, millones de africanos fueron convertidos en esclavos a lo largo de cuatro siglos y las culturas autóctonas, algunas de ellas más avanzadas que las de la propia Europa, fueron deshechas.

Hace 64 años fue creada la repudiable OEA. No es posible pasar por alto el grotesco papel de esa institución. Un elevado número de personas, que tal vez sumen cientos de miles, fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas como consecuencia de sus acuerdos para justificar el golpe contra las reformas de Jacobo Árbenz en Guatemala, organizado por la Agencia Central de Inteligencia yanki. Centroamérica y el Caribe, incluida la pequeña isla de Granada, fueron víctima de la furia intervencionista de Estados Unidos a través de la OEA.

Más grave todavía fue su nefasto papel en el ámbito de Suramérica.

El neoliberalismo, como doctrina oficial del imperialismo, cobró inusitada fuerza en la década del 70 cuando el Gobierno de Richard Nixon decidió frustrar el triunfo electoral de Salvador Allende en Chile. Una etapa verdaderamente siniestra en la historia de América Latina se iniciaba. Dos altos jefes de las Fuerzas Armadas chilenas, leales a la Constitución, fueron asesinados y Augusto Pinochet impuesto en la jefatura del Estado, tras una represión sin precedentes en la que numerosas personas seleccionadas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas.

La Constitución de Uruguay, un país que se había mantenido durante muchos años en el marco de la institucionalidad, fue barrida.

Los golpes militares y la represión se extendieron a casi todos los países vecinos. La línea de transporte aéreo cubana fue objeto de brutales sabotajes. Un avión fue destruido en pleno vuelo con todos sus pasajeros. Reagan liberó al autor más importante del monstruoso crimen de una prisión en Venezuela, y lo envió a El Salvador a organizar el intercambio de drogas por dinero para la guerra sucia contra Nicaragua, que costó decenas de miles de muertos y mutilados.

Bush padre y Bush hijo, protegieron y exoneraron de culpa a los implicados en estos crímenes. Sería interminable la lista de fechorías y actos terroristas cometidos contra las actividades económicas de Cuba a lo largo de medio siglo.

Hoy, viernes 13, escuché valientes palabras pronunciadas por varios de los oradores que intervinieron en la reunión de cancilleres de la llamada Cumbre de Cartagena. El tema de los derechos soberanos de Argentina sobre las Malvinas -cuya economía es brutalmente golpeada al privarla de los valiosos recursos energéticos y marítimos de esas islas-, fue abordado con firmeza. El canciller venezolano Nicolás Maduro, al finalizar la reunión de hoy, declaró con profunda ironía que del Consenso de Washington se pasó al Consenso sin Washington.

Ahora tenemos la Cumbre de las guayaberas. El río Yayabo y su nombre indio, totalmente reivindicado, pasarán a la historia.

Abril 13 de 2012

9 y 40 p.m.

Realidades edulcoradas que se alejan

La ministra de relaciones exteriores, Maria Ángela Holguín, su homólogo argentino, Héctor Timerman, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jose Miguel Insulza. EFE / END.


Me asombró hoy escuchar el discurso de José Miguel Insulza en Cartagena. Pensaba que quien hablaba en nombre de la OEA, se ocuparía al menos de reclamar el respeto a la soberanía de los países de este hemisferio que a lo largo de siglos fueron colonizados y cruelmente explotados por las potencias coloniales.

¿Por qué no dijo una sola palabra sobre las Islas Malvinas ni exigió el respeto de los derechos soberanos de la hermana nación Argentina?

La Cumbre de Cartagena tiene escenas que no serán fáciles de olvidar. Es cierto que la misma implicó un enorme esfuerzo. A pesar de las horas transcurridas no tenemos idea de lo ocurrido en el almuerzo con que Santos intentó reponer el colosal desgaste de energía que los participantes invirtieron en esa cita.

Para quien resulte entretenido, pocas veces en su vida tendrá oportunidad de ver los rostros de más de 30 líderes políticos enfrentados a las cámaras de televisión, desde que se bajaban del carro, hasta que en un heroico esfuerzo final tras vencer el largo y alfombrado pasillo, ascendían los diez o doce escaloncitos a la altura del escenario donde sonriente y feliz los esperaba el anfitrión. En eso no valía juventud, edad, pies planos, rótulas operadas o dificultades en una o las dos piernas. Estaban obligados a seguir hasta la cúspide. Ricos o pobres debían cumplir el ceremonial.

Curiosamente Obama fue el único que aprovechó ese trayecto para hacer un entrenamiento deportivo. Como iba solo le resultó más fácil: adopto una pose deportiva y subió los escalones trotando.

Las mujeres, como acompañantes o Jefes de Estado, son las que mejor lo hicieron. Una vez más demostraron que las cosas en el mundo marcharían mejor si ellas se ocuparan de los asuntos políticos. Tal vez habría menos guerra, aunque nadie puede estar seguro de eso.

Cualquiera diría que, por obvias razones políticas, la figura que peor impresión me causaría sería Obama. Sin embargo no fue así. Lo observé pensativo y a veces bastante ausente. Era como si durmiera con los ojos abiertos. No se conoce cuánto descansó antes de llegar a Cartagena, con qué generales habló, qué problemas ocupaban su mente. Si estaría pensando en Siria, Afganistán, Irak, Corea del Norte o Irán. Con seguridad, desde luego, en las elecciones, las jugadas del Tea Party y los planes tenebrosos de Mitt Romney. A última hora, poco antes de la Cumbre, decidió que las contribuciones de los más ricos deban alcanzar por lo menos el 30% de sus ingresos como ocurría antes de Bush hijo. Desde luego que eso le permite presentarse frente a la derecha republicana con una imagen más diáfana de su sentido de justicia.

Pero el problema es otro: la enorme deuda acumulada por el gobierno Federal que rebasa los 15 millones de millones de dólares, lo cual demanda recursos que suman no menos de 5 millones de millones de dólares. El impuesto a los más ricos aportará alrededor de 50 000 millones de dólares en diez años, mientras la necesidad de dinero se eleva a 5 millones de millones. Recibiría por tanto un dólar por cada 100 de los que necesita. El cálculo está al alcance de un alumno con 8 grados de escolaridad.

Recordemos bien lo que reclamó Dilma Rousseff: “relaciones ‘de igual a igual’ con Brasil y el resto de América Latina”.

“La zona euro ha reaccionado a la crisis económica a través de una expansión monetaria, provocando un ‘tsunami’ que aprecia la moneda brasileña y afecta la competitividad de la industria nacional”, declaró.

A Dilma Rousseff, una mujer capaz e inteligente, no se le escapan esas realidades y sabe plantearlas con autoridad y dignidad.

Obama, acostumbrado a decir la última palabra, sabe que la economía de Brasil surge con impresionante fuerza que asociada a las economías como las de Venezuela, Argentina, China, Rusia, Sudáfrica y otras de América Latina y el mundo, trazarían el futuro del desarrollo mundial.

El problema de los problemas es la tarea de preservar la paz de los riesgos crecientes de una guerra que con el poder destructivo de las armas modernas ponen la humanidad al borde del abismo.

Veo que las reuniones en Cartagena se prolongan y las realidades edulcoradas se alejan. De las guayaberas obsequiadas a Obama no se habló. Alguien tendrá que encargarse de indemnizar al diseñador de Cartagena Edgar Gómez.

Abril 14 de 2012

9 y 58 p.m.

Contencioso iraní: "La era de las guerras de divisas" entre el G7 y los Brics, según Chris Cook

Bajo la Lupa
En la imagen, un trabajador petrolero de la región kurda de Iraq. Chris Cook, ex director de International Petroleum Exchange, considera que las sanciones petroleras en Medio Oriente han beneficiado a China y a otros consumidores.


Quienes saben, comentan que la teocracia jomeinista de Irán se ha replegado en dos ocasiones para no ser motivo de una guerra con Estados Unidos (EU): la primera, en 2003, según mis fuentes europeas, cuando la fauna de neoconservadores straussianos (quienes controlaban a la dupla Dick Cheney/Baby Bush) inició su aventura militar fallida en Iraq, frontera con Irán, lo cual obligó al régimen de Teherán a buscar una salida negociada con EU por conducto de Suiza y llevó al cese de su proyecto nuclear pacífico; la segunda, según mis fuentes rusas, en 2006, cuando Irán deseaba lanzar su mercado bursátil petrolero en la isla Kish (ver Bajo la Lupa; 15/02 y 24/5/06) en el golfo Pérsico, el cual estaba a cargo nada menos que de Chris Cook, lo que hubiera trastocado las geofinanzas del oro negro dominadas por la dupla anglosajona (Léase: Las dos plazas de Nueva York y Londres; ver mi libro Los cinco precios del petróleo, Editorial Cadmo & Europa, 2006).

¿Se replegará tácticamente en forma inteligente por tercera vez en un lapso de nueve años la teocracia jomeinista –en sus negociaciones con el P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania) en Estambul– para abortar el inminente ataque nuclear unilateral de Israel que puede desencadenar una tercera guerra mundial?

El problema es cronológicamente geoestratégico: EU/ OTAN, los Brics e Irán no son los mismos nueve años más tarde, cuando el orden mundial se ha permutado radicalmente. Y esto lo saben todos los actores involucrados.

Se puede estar o no de acuerdo con Cook (Asia Times; 12/4/12), ex director de International Petroleum Exchange (mercado de futuros de energía de Londres, adquirido por Intercontinental Exchange, que cambió a ICE Futures), pero su punto de vista diferente obliga a la reflexión.

Luego de su reseña interesante a partir de la invasión anglosajona a Iraq y sus consecuencias en Libia y en Irán, Chris Cook sugiere en forma impactante que las guerras de divisas del 2007 cambiaron al mundo.

La hipótesis es fascinante: entramos a una nueva era de la política y la diplomacia, la era de la guerra de las divisas.

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Brasil: los problemas de la apuesta por China

La diversificación del comercio de Brasil le permitió a ese país sortear la crisis mundial y crecer incluso en un contexto adverso. Se convirtió en la economía más fuerte de América Latina al alejarse de Estados Unidos y apostar a otros gigantes, como China. Sin embargo, ahora la solidez de su estructura económica se pondrá a prueba con la desaceleración del país asiático, en quien confió como primer socio a nivel mundial.

Río de Janeiro, Brasil. En la última década China pasó a ser el primer socio comercial e inversor extranjero de Brasil. Pero esta aparente tabla de salvación, en tiempos de crisis global, podría acentuar viejos problemas de la economía más grande de América Latina.
China le ganó, en 2009, a Estados Unidos el título de mayor socio comercial brasileño. Apenas dos años después, el intercambio bilateral ascendió a los 77 mil millones de dólares, con un saldo a favor de Brasil de 11 mil 500 millones de dólares.
Ese fue un salto “brutal”, de acuerdo con el director de la Cámara de Comercio e Industria Brasil-China (CCIBC), Kevin Tang, si se considera que en 2000 comercio entre ambos países llegaba apenas a los 2 mil 500 millones de dólares.
La nación asiática también comenzó a invertir a lo grande en Brasil, una tendencia que se repite en Chile y en otros países de América Latina.
Un estudio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX-Brasil) muestra inclusive flujos inversores mayores que las cifras oficiales.
De acuerdo con el Banco Central de Brasil, las inversiones extranjeras directas procedentes de China sumaron 3 mil millones de dólares entre 2005 y 2011. Según datos no oficiales obtenidos por APEX-Brasil, el flujo de inversiones en sectores productivos entre 2009 y 2011 fue de casi 17 mil millones de dólares, al considerar recursos canalizados a través de Hong Kong y otras vías indirectas.
Tanto en lo que compra como en lo que invierte, el interés de China es el mismo que la ha movido a incrementar su presencia en otras regiones. Con una población de 1 mil 300 millones de personas (la mayor a nivel mundial), tiene una avidez creciente de materias primas y busca garantizar a futuro su abastecimiento básico, con una dependencia mínima de importaciones desde un sólo país.
El estudio de APEX-Brasil, La internacionalización de la economía china, la dimensión de la inversión directa, indica que las inversiones que “comenzaron a intensificarse en el periodo poscrisis financiera global”, se concentran en sectores intensivos de recursos naturales como el petróleo y la siderurgia.
La crisis financiera global que se extendió desde 2008 no frenó ese proceso. Al contrario, “es posible sugerir que la crisis haya creado la oportunidad de la adquisición de activos depreciados”, analiza el estudio publicado en marzo de 2012.
La mayoría de las inversiones chinas en Brasil “buscan el establecimiento de ofertas para la exportación a su país de productos básicos, de los que somos grandes productores, como la soya, el mineral de hierro y petróleo”, explica a la agencia de noticiasInter Press Service (IPS) el economista Rodrigo Branco, de la Fundación Centro de Estudios del Comercio Exterior (Funcex).

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“Ser negro es una lucha muy dura”


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Gobierno federal gasta 10.8 mil MDP en armas

En este año electoral, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar dispone de 4 mil millones de pesos, casi el 40 por ciento del gasto total del sexenio en este rubro. Las compras de armamento son calificadas como discrecionales por la Auditoría Superior porque, además de adjudicarse directamente, involucran los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Entre 2007 y 2012, el gobierno federal habrá destinado más de 10 mil 800 millones de pesos a la carrera armamentista que sostiene con los cárteles del narcotráfico, 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario. Tan sólo entre julio y diciembre del año pasado se erogaron 3 mil 700 millones de pesos del fondo de compras a la industria bélica extranjera

En plena contienda electoral por la Presidencia de la República, el gobierno federal echará mano de, al menos, 4 mil 68 millones de pesos con la “justificación” de comprar armamento y destinarlo a su “guerra” contra el narcotráfico. Los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a menos de seis meses de haber sido depositados en ese fondo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, entre octubre y diciembre de 2011, la institución que encabeza el general Guillermo Galván Galván destinó al Fideicomiso 2 mil 933 millones 849 mil pesos y con ello aseguró una bolsa de 4 mil millones para el actual ejercicio, revelan informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nueve meses antes había ingresado otros 1 mil 443 millones de pesos, que se manejarán al margen del Presupuesto Público por tratarse de una figura fiduciaria, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en revisiones a las cuentas públicas pasadas.

El monto que se erogará en armamento en estos meses representa el 37.6 por ciento del gasto total del Fideicomiso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A finales de noviembre próximo, éste sumará al menos 10 mil 814 millones 187 mil pesos, que equivalen a 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario (por 4 mil 83 millones de pesos), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las familias en condición de pobreza alimentaria.
A pesar de que se trata de un presupuesto multimillonario, la Sedena no convocará a licitaciones públicas para las “adquisiciones de bienes, tales como equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y obra pública”. Éstas se dan en el marco de “operaciones de orden interior o seguridad nacional, de carácter contingente o urgente”, única referencia que da la dependencia.
Además, la información de las compras se encuentra blindada por los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha considerado en su revisión a la Cuenta Pública 2009 que se trata de erogaciones discrecionales.

Gastos no transparentados

Creado ex profeso para adquirir equipo bélico, el Fideicomiso recibió la aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos el 13 de junio de 2007, y con ésta se formalizó su constitución en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil.
De entonces a la fecha se han erogado 7 mil 627 millones 762 mil pesos, revelan los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para los ejercicios trimestrales del periodo 2007-2011, elaborados por la Secretaría de Hacienda. De este multimillonario monto, el mayor gasto se realizó entre junio y diciembre de 2011: 3 mil 797 millones 802 mil pesos, que representan el 49.7 por ciento de ese total.
De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las órdenes de compra de armas y equipo bélico las da el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna adquisición ha sido ni será licitada: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.
Las erogaciones de junio a diciembre de 2007 ascendieron 85 millones 414 mil pesos. En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil y se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.
Como lo ha informado Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indicó que no se garantizaron los principios de cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrató por la vía fiduciaria.
No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refirió que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas (Contralínea 236, 5 de junio de 2011).
Datos oficiales de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).
Los proveedores
Hasta ahora, los más de 7 mil 600 millones que se han ejercido del Fideicomiso han favorecido a la industria bélica mundial. Las proveedoras de la Defensa Nacional son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.
Otras corporaciones que surten de armas a la milicia mexicana son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.
Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
Aumentar el gasto
El gasto en equipo bélico ha involucrado el traspaso al Fideicomiso de dinero público no presupuestado por la Cámara de Diputados. En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la dependencia. En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.
La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.
En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.
Con estos antecedentes, en 2012 el fondo para compra de armamento podría aumentar otros miles de millones de pesos, mismos que se ejercerían al margen del presupuesto y sin licitar en medio del ambiente electoral.
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Gobierno federal gasta 16 mil 500 MDP en publicidad

El gobierno federal sobreejerció más de 9 mil millones de pesos en materia de publicidad durante el periodo 2005-2010. Aunque el Congreso había autorizado un gasto total de 6 mil 945 millones en esos años, las administraciones panistas terminaron gastando más de 16 mil 500 millones. Los gobiernos de las 32 entidades de la república también incurrieron en sobreejercicios. Destaca, en primer lugar, el Distrito Federal, seguido de Chihuahua y Sonora, revela informe de Fundar y Artículo 19.

La administración federal sobreejerció más de 9 mil millones de pesos de los que le fueron autorizados por el Congreso en materia de publicidad durante el último periodo 2005 – 2010. De las irregularidades en este rubro también participaron gobiernos estatales, algunos de los cuales duplicaron las partidas aprobadas. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (dedicado al monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada) y Artículo 19 (organización para la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión e información en más de 50 países en el mundo) documentan lo anterior en el informe Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas; diagnóstico 2011.
El estudio revela diversas irregularidades en materia de acceso a la información y evidencia el uso de la publicidad oficial al margen de los marcos legales estatales y federales, así como erogaciones millonarias que duplican las partidas establecidas para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De 2005 a 2010 se presupuestaron 6 mil 945 millones de pesos en total para publicidad oficial a nivel federal en los Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, el presupuesto ejercido en ese mismo periodo fue de más de 16 mil 566 millones de pesos: 9 mil 621 millones habrían sido sobrejercidos para ese tipo de gastos.
Once entidades (34.4 por ciento) no proporcionaron información alguna; 11 (34.4 por ciento) la dieron incompleta y sin precisar; ocho (25 por ciento) informaron con un nivel de detalle aceptable; y sólo dos entidades (6.2 por ciento) dieron toda la información requerida en la solicitud de esas dos organizaciones: “El gasto total ejercido por el gobierno del estado en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo los medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido”.
El Distrito Federal seguido de Chihuahua y Sonora fueron las tres entidades que registraron el gasto más elevado en publicidad oficial de 2005 a 2010. La primera con 1 mil 833 millones 600 mil pesos, la segunda con 1 mil 340 millones 300 mil y la tercera con 1 mil 282 millones 200 mil pesos. Sonora, particularmente, erogó el 89.57 por ciento de estos recursos en tan sólo un año: 2006.
Pero, Nayarit, Campeche y Morelos figuran también entre las entidades con las erogaciones más altas por este mismo concepto. El gasto per cápita de Nayarit es de 312 pesos y el de Campeche y Morelos, de 115 pesos.
Colima, Sonora y el Estado de México resultaron los mejor evaluados. Los dos primeros cumplen satisfactoriamente con cuatro de los cuatro parámetros estimados: gasto en publicidad oficial desglosado por campaña o concepto, gasto desglosado por proveedor, gasto por tipo de medio y gasto por año. El último, el Estado de México, cumple con tres de los cuatro parámetros; pero no da información desglosada sobre el tipo de medio contratado.
Los resultados que arroja el estudio revelan que cerca del 35 por ciento de las entidades no proporcionó datos al respecto y sólo el 6 por ciento transparentó toda la información solicitada por concepto de gasto en publicidad oficial. Prevalece la opacidad y la falta de libre acceso a la información de interés público.
El estudio de Fundar y Artículo 19 no sólo pone en evidencia a las entidades con mayores erogaciones en publicidad oficial. También refleja el índice de acceso a la información; hasta ahora seis de los 32 estados no cuentan con el sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), sino que tienen sistemas de transparencia propios. En algunos casos esto hace menos asequible la consulta de datos, advierte el informe.
La opacidad en la rendición de cuentas sobre el gasto de recursos públicos prevalece en el 34 por ciento de las entidades. En los 11 que no proporcionaron datos al respecto, se argumentó alguno de los siguientes motivos: inexistencia de la información o reserva de ésta; se pidieron de manera repetida aclaraciones o se declaró incompetencia de las dependencias a las que se les solicitó la información, o bien se remitió a los solicitantes a la Cuenta Pública, donde no existía la información o se les proporcionaron direcciones de internet que no funcionaban.
Si bien queda en evidencia que el gasto en publicidad oficial del gobierno federal ha crecido 238.5 por ciento, respecto de lo originalmente presupuestado, y a nivel estatal se ha duplicado hasta en un 215.17 por ciento en tan sólo 18 entidades, también revela la irregularidad en el uso de publicidad al margen de la ley. La publicidad oficial, herramienta para propiciar el libre flujo de información entre gobiernos y gobernantes estaría sirviendo a intereses particulares, lo que desvirtúa su finalidad principal.
La Asociación por los Derechos Civiles (organización argentina no gubernamental enfocada a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas), en su estudio Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, especifica que “la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover –explícita o implícitamente– los intereses de ningún partido ni del gobierno”.
A decir de Jesús Cantú Escalante, integrante de la Escuela deGraduados en Administración Pública yPolítica Pública delInstitutoTecnológico de Monterrey, en otros países, como España, se prohíbe la publicidad cuando ensalza la actuación del gobierno, es decir, “lo que no está permitido es lo que estamos viendo hoy en México”, sentencia Cantú, e insiste en que “el uso de la publicidad oficial para la difusión de los logros del gobierno se tiene que prohibir absolutamente”.
El artículo 134 constitucional establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De acuerdo con Cantú Escalante, es necesario crear un órgano con autonomía institucional para regular y vigilar el buen uso del espacio radioeléctrico y de todas las telecomunicaciones.
Paulina Gutiérrez, oficial del Programa de Acceso a la Información Pública de Artículo 19, puntualiza que justamente la falta de autonomía es un problema grave en materia de acceso a la información. Señala que “aunque existe un marco normativo hay muy malas prácticas. Le ponen muchas trabas al solicitante y ha habido institutos que han confirmado la reserva de información, eso es gravísimo. A veces demuestra la poca autonomía de los institutos con los gobiernos”. Órganos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos estarían haciendo una labor insuficiente para garantizar el derecho a informarse de la sociedad mexicana.
Además, el uso indebido de la publicidad oficial está vinculado a la situación hostil que vive el gremio periodístico en el país. De acuerdo con Justin Dupuy, coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, el uso viciado de la publicidad oficial conduce a una censura indirecta. “La censura sutil ejerce presión económica entre los medios de comunicación y los gobiernos, lo cual conduce a un problema de libertad de expresión”.
La distribución adecuada de publicidad oficial entre los medios es un tema que necesita ser regulado. “El modelo de reparto de recursos que se hace para los partidos políticos podría aplicarse a la publicidad oficial. En función del rating y de la audiencia se podrían destinar con mayor transparencia los recursos. Tenemos el viejo estilo de te recorto recursos si me pegas o te aumento recursos y publicidad si me tratas bien. Eso daña la libertad de expresión”, señala Ricardo Raphael, profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Los resultados que arroja el diagnostico Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas si bien revelan que las erogaciones por concepto de publicidad oficial se han duplicado en al menos cinco años, también deja en evidencia la falta de homogeneidad en los procesos de transparencia en México, y el empleo de recursos para fines de promoción personal. Acceder a información de interés público es un trámite largo al que pocas instancias responderán favorablemente y cuya respuesta no necesariamente contestará satisfactoriamente las demandas ciudadanas.
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El PAN, en proceso de descomposición

El PAN, en estado de descomposición

Apenas un día después de que la candidata panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, pidiera una tregua a los miembros de su partido en aras de alcanzar el triunfo electoral, Vicente Fox soltó con desparpajo su expresión de que sólo un “milagrito” impediría el triunfo del candidato del PRI, de cuyo equipo de campaña parece formar parte, en un hecho que es considerado ya como un acto de traición de quien fue el primer presidente de origen panista. Pero el incidente va más allá: refleja el acelerado proceso de descomposición interna del actual partido en el gobierno.

Vicente Fox, expresidente de México.


Rogelio Sada Zambrano es categórico: “Traidor” es el calificativo que merece Vicente Fox por dar como ganador al priista Enrique Peña Nieto sobre Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es una traición a Acción Nacional y una traición a Josefina. Sería más congruente que él renuncie a Acción Nacional. Como miembro del PAN que es, me parece de una bajeza sublime.”

Emblema del panismo norteño y del empresariado rebelde –en 1985 renunció a la dirección del consorcio regiomontano Vitro cuando el gobierno de Miguel de la Madrid le quiso imponer una “fina mordaza de cristal” a su libertad de expresión–, asegura que el interés económico guía la traición de Fox, a quien él apoyó para ser el primer presidente de la República procedente del PAN.

“Es un acto de acomodo de sus intereses”, afirma Sada Zambrano, en entrevista con el reportero en su oficina de Monterrey, Nuevo León, el jueves 12, unas horas antes de reunir a un millar de ciudadanos apartidistas con Vázquez Mota.

Y subraya: “Es muy fácil irle al que parece ser ganador, porque satisface un acomodo futuro en un equipo político y porque puede brindar beneficios de índole económica. Esta declaración de Fox responde a un interés personal malsano”.

No es la primera vez que Fox anticipa la derrota del PAN y da como ganador a Peña Nieto: En septiembre de 2010, declaró al diario El Universal que el PRI ganaría las presidenciales –“los dados dicen eso, los dados y los datos”–, y dos meses después, en noviembre, cuando firmó a nombre del Centro Fox un convenio con el entonces gobernador priista, lo presentó como el “futuro presidente de México”.

Una semana después de ese encuentro, en entrevista con Mario Campos, en Antena Radio, identificó a Peña Nieto como “una nueva generación que está tratando de hacer las cosas de otra manera” en el PRI, lo que ratificó, en junio del año pasado, con el diario Nuevo Día, de Puerto Rico.

“Hoy los mexicanos entendemos y valoramos nuestra democracia. Si el PRI regresa al poder, como sinceramente creo que sucederá, será porque ha aprendido su lección. Hay una nueva generación de priistas cuyos miembros crecieron en un ambiente democrático. Enrique Peña Nieto pertenece a esa generación.”

Apenas en diciembre del año pasado, Fox defendió a Peña Nieto del escarnio por no haber podido identificar los tres libros que han marcado su vida y hasta calificó de “soberbio” al escritor Carlos Fuentes por llamar ignorante al priista.

Eso sí, Fox se ufanó de haber ganado dos elecciones presidenciales: La de 2000 y la de 2006, y tan reivindicó como suyo el triunfo que, el 2 de junio de 2007, en la Asamblea Nacional del PAN, en León, Guanajuato, se dirigió a Calderón y le dijo: “mi pre-si-den-te”.

Ahora el vaticinio de Fox del triunfo de Peña Nieto se da a dos semanas de iniciada la campaña, a tres días de que Vázquez Mota sumó a su equipo a allegados a Felipe Calderón –lo que ha sido interpretado como una imposición– y a unas horas del llamado de ésta a una tregua en los pleitos en el PAN.

“Ayúdenme a cerrar cualquier conflicto interno en el partido, hagamos una tregua por la unidad y por la victoria”, clamó Vázquez Mota, el martes 10, ante los operadores electorales del PAN, encabezados por el gobernador con licencia Juan Manuel Oliva.

Pero las declaraciones de Fox a favor de Peña Nieto y su crítica reiterada contra la “guerra” de Calderón son apenas uno de los numerosos conflictos que existen en el seno del PAN en prácticamente todos los estados del país y que lo han convertido en el partido más internamente belicoso: Las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) superan las 40 mil en el sexenio.

La descomposición del PAN la ha conocido Vázquez Mota en los estados que ha visitado en las semanas recientes, como Baja California, Yucatán, Nuevo León y Tamaulipas, así como Veracruz –cuya visita pospuso–, donde los desgarramientos mantienen desarticuladas las acciones de campaña.

El ambiente envenenado en el PAN es peor al que hubo hace seis años, evoca el diputado federal Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, testigo del conflicto entre Calderón y Manuel Espino, presidente de ese partido.

“Pero Espino, con todo lo que se diga de él, fue muy tajante y dijo: Órale, a la campaña. Se sentó con Felipe, Alberto Cárdenas y Santiago Creel. Dio el espacio. Hoy no lo hicimos a plenitud, lo hicimos poquito o a medias. Eso fue lo que nos abrió ese bachecito.”

Y ya deben cesar los pleitos. “Hay que ponerse a trabajar, escoger la esquina para repartir propaganda y sacar adelante la campaña”.

–Se ve complicado…

–Muy complicado, muy complicado.

Corruptos con Josefina

En Nuevo León, las riñas se profundizaron a raíz del ataque criminal al casino Royale, que dejó al descubierto la colusión de prominentes panistas con Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, incluido el propio presidente del PAN, Gustavo Madero, señalado de haber sido financiado por este empresario.

Justo por la impunidad de panistas, como los exalcaldes de Monterrey Adalberto Madero y Fernando Larrazabal, es que Sada Zambrano renunció al PAN, en una carta que envió al presidente nacional de ese partido.

En la carta, Sada Zambrano recuerda “la indiferencia o colusión” de Germán Martínez y César Nava, expresidentes del PAN, para expulsar por corrupción a Adalberto, primo de Gustavo Madero, quien impulsó las candidaturas, entre otros, de Larrazabal y Raúl Gracia, identificados como los causantes de manipular el padrón interno.

“Ha sido decepcionante el que a propuesta suya y en bloque, señor Madero, haya usted propuesto precisamente a los ‘causantes’ como candidatos a los cargos más ostensibles y de mayor responsabilidad del Poder Legislativo Federal. Así, además de brindar impunidad a los causantes, ha pasado usted a ser cómplice de no sé qué fuerzas ocultas al premiar precisamente a dichos ‘causantes’.”

Sada Zambrano le dice a Madero “que el señor Fernando Larrazabal ha estado vinculado, derivado de la conducta de su hermano Jonás y su protegido Miguel Ángel García, al escandaloso caso del casino Red. Este escándalo, sin lugar a dudas, ha desprestigiado severamente al PAN”.

En su primera visita a Monterrey como candidata, el jueves 12, Vázquez Mota no pudo evitar reunirse con Larrazabal, primero en la fotografía de campaña, que su equipo pretendió negar, y más tarde en el mitin celebrado en el parque de beisbol, donde se tomaron de las manos.

Sada Zambrano, sin embargo, lamenta que otros prominentes personajes de mala fama del PAN estén cercanos a Vázquez Mota, como Diego Fernández de Cevallos, el excandidato presidencial que fue invitado especial en el arranque de la campaña de la candidata. “No me gusta la compañía”.

–¿Por qué no le gusta?

–No me gusta esa compañía de Josefina, como tampoco me gusta la compañía de Germán Martínez ni de Juan Molinar Horcasitas. Pero supongo que un candidato a la Presidencia tendrá que dejarse rodear por miles de personajes.

Midiendo cada una de sus palabras, Sada Zambrano asegura que “existen muchos colados indebidos en ese equipo de campaña”, al que debe darse “una sacudida de personajes que no tienen una buena fama pública”, pero aclara: “Incomparablemente son menos corruptos que el Grupo Atlacomulco”.

–Pero corruptos al fin…

–Bueno, sí.

Los diferendos de Sada Zambrano son con personajes del calibre de Fernández de Cevallos, a quien acusa de haber claudicado en la búsqueda de la Presidencia de la República, en 1994, cuando él se integró a un grupo denominado “PAN 2000”, en el que participaban, entre otros, Carlos Medina Plascencia, Ernesto Ruffo, Luis Felipe Bravo Mena y Luis H. Álvarez.

“Nos reuníamos con frecuencia para opinar y sugerir lateralmente, porque nunca fuimos miembros de su campaña traicionada por Diego Fernández de Cevallos. Es increíble que aún sea militante de Acción Nacional. Intencionalmente dejó la posibilidad de llegar a la Presidencia.”

–¿Campaña traicionada, dice usted?

–No tengo comprobación física, pero tengo la personal convicción de que definitivamente la dejó caer (…) ¿Motivos? No los sabemos.

Pero como Ruffo y Medina Plascencia, aún militantes, Sada apoya a Vázquez Mota con redes de la sociedad civil. “Es evidente que desde las esferas más altas, Acción Nacional perdió el derrotero y no está apoyando aquello que Manuel Gómez Morín y otros fundadores anhelaban: Un partido subrayadamente honesto”.

Unidad, por sobrevivencia

En Yucatán, donde el miércoles 11 se reunió en Mérida con ciudadanos y encabezó un colorido mitin en el remoto municipio indígena de Chemax –donde en 1988 Manuel Clouthier inició su campaña presidencial–, Vázquez Mota también encontró la honda división del panismo.

En el hotel Fiesta Americana se reunió con 130 ciudadanos en un salón habilitado como un set de televisión y con formato igual al usado por los programas de chismes o el “Diálogo Ciudadano” que implementó Calderón, cuyo conductor fue el exfuncionario Jorge Camacho, auxiliado de edecanes.

Más tarde comió con miembros de la sociedad civil en el auditorio de la Cámara de Comercio (Canaco) local, entre cuyos invitados estaban prominentes personajes del sector privado, que en otro momento apoyaron a la gobernadora priista, Ivonne Ortega, como Gabriela Xacur, dueña de 63 franquicias.

En esa reunión coincidieron el exgobernador Patricio Patrón y su enemiga política Ana Rosa Payán, la exalcaldesa que renunció al PAN en enero de 2007, luego del fraude que documentó, y quien fue ovacionada en ambos encuentros que ella organizó.

A la propia Payán le ha sido impedido su reingreso al PAN por quienes aquí lo controlan, identificados con la facción de Calderón, pero también por miembros del CEN: “Hay quienes piensan que quienes nos fuimos debemos estar condenados al ostracismo, en vez de pensar en la suma de esfuerzos, en dar vuelta a la página. Se anclan. Es muy fácil meter la cabeza como el avestruz y no ver los problemas, que no se solucionan y por eso han ido creciendo”.

–Ante eso, ¿el llamado de la candidata a la unidad puede tener éxito?

–Lo veo difícil, pero no imposible. Difícil por lo que hemos vivido en el pasado, no imposible porque tiene que haber ante todo algo que no es muy común, que es el sentido común.

Amiga de Vázquez Mota desde los ochenta, Payán cree que los panistas yucatecos deben procurar la unidad “hasta por sobrevivencia. Mucha gente está con un cargo en el gobierno federal y, viéndolo de manera pragmática, qué van a hacer cuando termine y no tengan trabajo. Hasta por eso”.

Además de la confrontación de ella con el grupo de Patrón Laviada, éste tiene pleito con el de Luis Correa Mena y éste a su vez con Benito Rosel, lo que condujo a la pérdida de la gubernatura en 2007, a raíz de lo cual se creyó que el PAN se recompondría.

No sólo no ocurrió, sino que se profundizaron las pugnas que, en el caso de Payán, han implicado obstáculos para impedirle participar por un rigor extremo: “¿Y qué pasó con Larrazabal? Ahí sí fueron totalmente abiertos y lo designaron. Yo no estoy metida en los casinos ni en la venta de quesos. A lo mejor ahí está mi error”.

“Mapaches” exitosos

Los que también parecen estar “metidos” en los casinos, como Larrazabal, son panistas de Coahuila, como el senador Guillermo Anaya, señalado como uno de los artífices del fraude electoral que el exembajador Jorge Zermeño asegura fue cometido en su contra en la elección interna para senador.

En la queja que desestimó la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), y que Zermeño impugnó ante el TEPJF, se describen numerosas prácticas de defraudación electoral, entre ellas evidencias de la manipulación del padrón para favorecer a Luis Fernando Salazar, quien ganó la candidatura a senador con el apoyo de Anaya.

En una grabación que obtuvo el reportero se escucha que apuntan no sólo cómo se validan las afiliaciones para controlar el padrón interno y ganar elecciones, sino la confesión del senador Rodolfo Dorador de que él designó al director del Registro Nacional de Miembros (RNM), Iván Garza Téllez, allegado al Zar de los Casinos.

Exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Salazar le pide apoyo a Rodolfo Dorador, quien fue coordinador de la campaña de Madero, para garantizar la afiliación de adherentes y controlar la elección.

“Es que estoy en coordinación ahí con Memo, metimos un huevo de gente y lo que queríamos era activarlas. Primero, que no nos fueran a sacar el año que entra para tener todas las canicas”, le dice Salazar a Dorador, quien le garantiza que no habrá problema.

–Iván Garza es el director del Registro Nacional de Miembros. Fue el que pusimos, ahi discúlpanos –alardea Dorador.

–Ah, pendejo, te la mamaste, güey.

–¿Cómo te parece?

–Te la mamaste, güey. No, sí lo conozco, güey, claro, cabrón.

–Ah, pues Iván Garza es el director del Registro Nacional de Miembros, güey. Por eso te decía que tenían que ir a México. Ahi discúlpanos el nombramiento.

La impugnación de Zermeño, como la que también interpuso Luis Gurza Jaidar, precandidato a diputado por el distrito 6 de Torreón, involucra, entre otras evidencias, el cruce del padrón interno con programas sociales como Oportunidades, cuya coordinadora estatal, Alma Huitrón, y el diputado local Fernando Simón Gutiérrez operaron para beneficiar a Salazar.

Esta manipulación del padrón consta, también, en una conversación entre ambos personajes, de la que se concluye que ambos operaron a favor de Salazar, por lo que el propio Gurza Jaidar, junto con Tomasa Vives y Rodolfo Walls presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahora el protector de Salazar, Guillermo Anaya, es el responsable nacional de detección y movilización de simpatizantes de la campaña de Vázquez Mota, pese a que en la elección interna apoyó a Ernesto Cordero, sumado también al equipo de la candidata presidencial.

Vázquez Mota suspendió su visita a Veracruz, prevista para el Sábado de Gloria, en parte porque hizo crisis su campaña y también por la anulación de la elección de senador, pese a lo cual el CEN se empeñó en designar a Fernando Yunes Márquez, hijo del expriista Miguel Ángel Yunes Linares.

–¿Qué le deben a Yunes?

–Ese es el quid del asunto. Es sabido que él ha amenazado que si no ponen a su hijo, si no lo sostenían, él se iba del partido. Se lo dijo a la candidata, se lo dijo a Roberto Gil Zuarth directamente, además de muchos otros. Yo creo que hay algo más, un acuerdo más allá de eso.

–Si es él candidato, ¿habrá unidad del panismo?

–No.

La descomposición del PAN alcanza también al Distrito Federal, cuya coordinadora de la campaña, Kenia López Rabadán, fue una precandidata a jefe delegacional de Cuajimalpa, y cuya elección –afirma– fue peor a las anuladas de Chihuahua y Veracruz: “Es la más sucia y la más impugnada del país”.

El Instituto Federal Electoral, fiscal de papel

El Poder Legislativo le otorgó al IFE mayores atribuciones para vigilar los gastos de campaña de los candidatos en este proceso electoral. La mala noticia es que esa fiscalización sólo puede realizarse a cabalidad un año después de la jornada comicial del 1 de julio próximo. Y peor aún: si se detectaran rebases de los topes (de lo que acusan a Enrique Peña Nieto) o aportaciones ilegítimas no habría nada que hacer. La ley no prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por esa razón.
Sesión en el IFE.


La campaña presidencial del candidato priista Enrique Peña Nieto se ha distinguido de las demás por un mayor uso de recursos financieros.

Pero a 15 días de iniciadas las campañas –faltan 75 para que concluyan– sería difícil demostrar que el PRI hubiera rebasado los topes legales de gasto, hubiera excedido el monto fijado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para gastos de campaña o que el financiamiento que recibe de fuentes privadas fuera mayor al permitido por la ley.

Aun si Peña Nieto o cualquiera de los otros candidatos se excediera en esos gastos, rebasara el tope máximo o infringiera la legislación electoral y recibiera aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros– resulta que eso se sabrá con exactitud… un año después de la jornada electoral del próximo 1 de julio.

Es decir, mucho después de que el candidato triunfador haya tomado posesión del cargo. Así es por ley. Y se ve en el calendario oficial del proceso de fiscalización 2012-2013 elaborado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE.

Según éste, si bien el 15 de junio próximo los partidos políticos están obligados a entregar un informe preliminar de campaña, el 8 de octubre –tres meses después de la elección– es la fecha límite para que todos los partidos entreguen el informe final.

Luego viene todo un proceso de notificación de errores y omisiones de parte de la UFRPP y las correspondientes respuestas de los partidos, que concluye el 28 de junio de 2013 con el dictamen y resolución de parte de la Unidad de Fiscalización, mismo que finalmente se presentará ante el Consejo General del IFE el 3 de julio del próximo año.

Es decir, ya tendrá siete meses despachando en Los Pinos el nuevo inquilino, aun cuando haya llegado ahí por medio de tropelías, abusos e ilícitos en el manejo del dinero durante la campaña.

A toro pasado

Si bien la reforma electoral de 2007-2008 le dio mayores atribuciones al IFE en materia de fiscalización –como el hecho de que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no serán obstáculo para las labores del instituto–, éste sigue con las manos atadas: la revisión de los ingresos y los gastos de los partidos y el uso que le dan a los recursos sigue analizándose a partir de lo que los propios partidos informen.

Pero por ley, los partidos informan tiempo después de que ocurrió la jornada electoral.

“Es un gran problema y un gran déficit del modelo de fiscalización en México –que no del IFE, pues así lo decidió el Legislativo–, el que la revisión de las cuentas, la investigación sobre el uso de los recursos, se haga con mucha posterioridad a la realización de los comicios”, dice a Proceso el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello.

Pero lo peor, afirma, es que “esa fiscalización ex post, si bien tiene consecuencias jurídicas no tiene efectos para la elección propiamente dicha.

“Tiene consecuencias que implican sanciones, desde la amonestación pública hasta la eventual pérdida del registro de un partido. También puede haber sanciones económicas para quienes hubieran podido financiar indebidamente”, explica.

De hecho, agrega, “con la reforma electoral 2007-2008 el número de sujetos sancionables aumenta. Antes sólo se podía sancionar a un partido, como pasó con los Amigos de Fox y el Pemexgate, casos en los que empresas hicieron aportaciones a un partido o a una campaña, cuando estaba prohibido.

“Ahora también una persona moral o una persona física prohibida para hacer aportaciones podría ser sancionada.”

Insiste: más allá de las sanciones, no hay efectos electorales. “Para decirlo en pocas palabras: el rebase en el tope de gastos de campaña no tiene como consecuencia la nulidad en la elección. Y eso genera un incentivo perverso: por el caso de Amigos de Fox, que es emblemático, se sancionó con casi 500 millones de pesos a los partidos que postularon a quien resultó presidente de la República.

“Pues sí, pero hasta allí. El presidente siguió y terminó su encargo.”

Lamenta Córdova Vianello que no seamos todavía “una sociedad en la que un contexto de exigencia política pueda traer la renuncia de quien llegó a la Presidencia cometiendo ilícitos, como pasó en Brasil con Fernando Collor de Melo, que debió dejar el cargo en octubre de 1992, a dos años y siete meses de haberlo asumido, acusado del delito de corrupción (…) desde su campaña presidencial.

“¿Por qué no tiene efectos una fiscalización exhaustiva como la que realiza el IFE, pero que tarda más tiempo? Pues por el principio jurídico de definitividad”, dice e ilustra con este ejemplo:

“Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentencia la anulación de una elección, pero lo hace al día siguiente de que tomó posesión el que fue electo, esa sentencia carece de valor jurídico porque ya se consumó el acto de toma de posesión de quien ganó la elección.”

El incentivo perverso que crea la fiscalización ex post es claro, remata el consejero, pues los candidatos presidenciales y sus partidos saben que aun incurriendo en irregularidades en el uso de sus recursos mantendrán el puesto ganado en la elección; se harán acreedores a una sanción, pero el resultado de la elección, la elección misma, nunca se anulará.

Definitivamente, dice Córdova, “hay que repensar todo esto. Si hay alguien que es electo, que toma posesión, pero se descubre que lo hizo con recursos ilícitos” debería eventualmente ser separado del cargo.

“El problema es que eso implica una modificación, constitucional inclusive, del orden jurídico electoral”, concluye.

Con las manos amarradas

Ha sido notorio el mayor uso de recursos en la campaña de Enrique Peña Nieto, el candidato priista. El PRI es el partido que más anuncios espectaculares ha instalado, más bardas ha pintado y más mantas, volantes y pancartas con la imagen de su candidato ha repartido y colocado.

También es mucho más nutrido el equipo que cotidianamente acompaña a Peña Nieto en sus actos proselitistas. Se le ha visto mayor capacidad de movilización o acarreo. Y sin duda tiene el mejor equipo técnico y de producción en la elaboración de sus mensajes para radio y televisión.

Eso, por supuesto, cuesta. Ergo, Peña y el PRI son los que más han gastado. Y todo eso entra dentro de los topes de gastos de campaña y de las aportaciones particulares.

El candidato presidencial del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, así como su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, han sido enfáticos y vehementes en señalar públicamente que la campaña de Peña Nieto ha rebasado con mucho el tope de campaña; que incluso le pedirán al IFE una auditoría de esos gastos.

Peña Nieto y su coordinador de campaña, Luis Videgaray, en tanto, niegan que hayan rebasado los topes. Que se lo demuestren López Obrador y Monreal, han dicho.

“Hasta donde yo sé, la autoridad electoral no ha recibido ninguna acusación de rebase de topes de gastos de campaña. Esto, de presentarse la queja ante el IFE, eventualmente podría iniciar un procedimiento especial y demás, pero por la naturaleza misma de los procedimientos legales el asunto no se resolvería en breve”, dice Córdova Vianello.

“Y por otro lado –agrega– es más probable que se declarara improcedente esa queja o denuncia, porque al final del día son los informes de gastos de campaña los que tienen la finalidad de determinar el rebase o no de topes de gastos de campaña, no estos procedimientos.”

Fuera de la duda de si el PRI ha rebasado el tope de gastos, lo que sí es un hecho es que es el que más recursos ha utilizado.

En principio porque es el que más dinero recibe y recibirá del IFE y de fuentes privadas. En el primer caso porque es el partido con mayor porcentaje de votos en la elección anterior; en el segundo, porque es el que más militantes y simpatizantes tiene y el de más posibilidades para generar recursos propios.

Para gastos de campaña –de presidente, diputados y senadores– dispone oficialmente de 537.3 millones de pesos, contra 424.8 millones que recibirá el PAN y 225.7 millones el PRD, por citar a los tres partidos más grandes.

Es decir que el PRI recibirá 112.5 millones más que el PAN y 311.6 millones más que el PRD. El presupuesto del PRI, sólo para gastos de campaña –los otros dos rubros que conforman el financiamiento son las partidas para “actividades ordinarias” y las “actividades específicas”– es de casi 1.3 veces el monto asignado al PAN y de casi 2.4 veces lo que recibirá el PRD.

Aunque de esa cantidad cada partido tiene para la campaña de su candidato presidencial un tope máximo de gastos, igual para todos, de poco más de 336.1 millones de pesos.

Pero eso es sólo la parte de financiamiento público. Los partidos además pueden allegarse recursos por otras vías: cuotas obligatorias y voluntarias de sus afiliados, dinero propio de los candidatos, aportaciones de simpatizantes, autofinanciamientos –rifas, sorteos, espectáculos, venta de libros, conferencias o colectas– y rendimientos derivados de sus inversiones financieras.

Aunque lo recaudado por esas vías no debe ser mayor de 10% del tope máximo de gastos de campaña, es decir: no más de 33 millones 611 mil 208 pesos, pues la ley obliga a que el financiamiento público debe privilegiarse sobre el privado.

Otro tope que la autoridad establece es el de las aportaciones individuales. Ninguna persona física o moral autorizada para ello podrá dar al partido o a la campaña más de 1 millón 680 mil 560 pesos en todo el año. Esa cantidad es 5% del tope máximo de las aportaciones de financiamiento por parte de los simpatizantes o 0.5% del tope de gastos total para la campaña presidencial.

Una de las restricciones que ahora impone la ley es sobre el manejo de efectivo: Ninguna cantidad que se aporte en un mes, y que supere los 200 días de salario mínimo, podrá hacerse en efectivo; tendrá que hacerse por cheque o transferencia bancaria. Y toda aportación, así sea menor a ese tope, deberá estar respaldada documentalmente. Lo único que está excluido de ese respaldo es lo que se recaba mediante colectas en la vía pública.

–¿Son suficientes todos esos topes y todas esas restricciones para impedir que entre dinero ilícito a las campañas? Al final estamos hablando de dinero que se puede rastrear, pero ¿y el que no? –se le pregunta a Córdova Vianello.

–Esas son las prohibiciones. Por supuesto que si hay una sospecha o una denuncia de que alguien recibió dinero en efectivo, rebasando los topes individuales y colectivos o que recibió dinero en efectivo sin que haya un comprobante, esa es una irregularidad.

“El caso más famoso, como decía, es el de Amigos de Fox, pues se trató también de recursos no reportados a la autoridad.

“¿Es posible que ahora, con la nueva ley, esto ocurra? Pues es posible que ocurra. ¿Es posible que los partidos se apeguen irrestrictamente a lo que dice la ley? Pues es posible que no ocurra. ¿Puede haber aportaciones en efectivo en grandes cantidades? Pues sí.”

Agrega: “El IFE tiene una herramienta importantísima después de la reforma de 2008 para poder enfrentar esos actos ilícitos y las eventuales denuncias.

“Se puede ya trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, que permite a la autoridad rastrear todas las transacciones bancarias que tengan que ver con cuestiones electorales, incluido el retiro de sumas importantes en efectivo de un banco. Es decir que se puede ya contar con información que permita ir reconstruyendo las tramas de financiamiento a los partidos.”

Admite, sin embargo, que todo eso no garantiza un blindaje efectivo del proceso electoral, de las campañas específicamente. “Siempre hay un margen” para que no ocurra así.

Es, dice, “como el juego del gato y el ratón. Tú vas poniendo y poniendo límites y siempre habrá un espacio abierto. Pero al final del día creo que tenemos herramientas suficientes para evitar eso”.

Pero insiste y vuelve al principio: “La gran reforma sería si la gravedad que se detecta en la revisión de los gastos de una campaña es de tal dimensión que eventualmente pueda traducirse en la separación del cargo del funcionario público”.

Y en el principio está también que el IFE no puede resolver sobre eso. El modelo de fiscalización fue decidido por el Legislativo. El instituto simplemente quedó atado de manos.

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