Ángel Guerra Cabrera
A Carlos Montemayor.
La creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe decidida en la cumbre de Cancún es el reflejo institucional de un nivel cualitativamente superior en la lucha de los pueblos de nuestra América por su emancipación, integración y unidad. Expresa también la creación de una correlación de fuerzas más desfavorable al ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos que la existente hasta finales de la década de los años 90, que ayudaría a explicar la creciente militarización de la política imperial. Las grandes batallas populares contra el neoliberalismo condujeron al surgimiento de un conjunto de gobiernos con políticas más o menos radicales pero independientes de Washington y estimularon en grados distintos según los países y grupos sociales la elevación de la conciencia latinoamericanista, antimperialista e incluso anticapitalista a todo lo largo y ancho de nuestra región. Llegado este momento la batalla de ideas pasaba a ser un componente decisivo del enfrentamiento al imperialismo.
La victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela y la derrota del golpe de Estado y el golpe petrolero de 2002 –orquestados por Bush– marcaron el punto de giro hacia la configuración del actual escenario geopolítico de América Latina, favorecido por la tenaz resistencia de Cuba y consolidado por la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Las victorias populares que llevaron al gobierno a Evo Morales y Rafael Correa, permitieron la creación de la Alba, un nuevo tipo de integración impulsada por Venezuela basada en la solidaridad e inspirada en el socialismo renovado, que conjuntamente con los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dio un impulso sin precedente a la integración latinoamericana, manifestada en la creación de la Unasur y la extensión de la Alba hacia América Central y el Caribe. Ni los gobiernos de derecha pueden oponerse abiertamente a esta tendencia. Las transformaciones sociales, culturales y avances en la creación del poder constituyente y en la integración autónoma de América Latina y el Caribe eran intolerables para Estados Unidos y las derechas del continente desde un comienzo, pero la aventura colonial de Washington en Asia y la desmoralización de las oligarquías locales por la debacle neoliberal impidió entonces el montaje de un plan contrarrevolucionario a escala continental. No obstante, se intensificó la campaña mediática contra los países que luego integrarían la Alba, en el caso de Cuba continuación de la existente desde hace medio siglo, unida a agresivos proyectos desestabilizadores en Cuba, Venezuela y Bolivia.
La desfachatada intervención yanqui-uribista en Ecuador de 2008 mostraba ya un plan mucho más articulado y abarcador del imperio contra los gobiernos progresistas de la región que intentaba meterlos en el carril maniqueo de la guerra contra el terrorismo. Aunque el repudio del Grupo de Río disminuyó mucho el alcance de la maniobra, resurgen esporádicamente supuestas conexiones operativas de esos gobiernos con las FARC apoyándose en los fantásticos hallazgos en las computadoras de Raúl Reyes, como ocurre en este momento con el incidente diplomático fabricado por el gobierno español contra Venezuela a partir de acusaciones sin sustento de un juez ultraderechista de la Audiencia Nacional.
La creación de la IV Flota, el golpe en Honduras y el establecimiento de las bases militares yanquis en Colombia evidenciaron que estaba en marcha una contraofensiva estadunidense cuidadosamente planeada que busca socavar, dividir y liquidar a los gobiernos y movimientos populares y revolucionarios de la región. El dominio mediático es decisivo para este proyecto puesto que la derecha, a diferencia de las fuerzas populares, carece de argumentos convincentes pero confía fanáticamente en la máxima goebbeliana de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.
Un revelador caso de estudio es la campaña propagandística culpando al gobierno de Cuba por la muerte del recluso Orlando Zapata con un torrente de manipulación y falsedades, que ha llevado a los analistas Maurice Lemoine y Salim Lamrani a preguntarse por qué los mismos medios autores de esta alharaca no se dan por enterados de incidentes mucho más graves en sistemas penales occidentales, de la dura represión y asesinatos de líderes de la resistencia hondureña o de la fosa común con dos mil cadáveres de activistas descubierta en La Macarena, al oriente de Colombia.
aguerra_123@yahoo.com.mx
jueves, marzo 04, 2010
www.canalseisdejulio.com
alfellosidad
uy!!! se ve q esta impactante el documental... habra q verlo!!! vi otro trabajo del canalseisdejulio y me paresi muy relevante su informacion!!! y concidero q en este se podremos ver la misma calidad... q bueno q existan este tipo de materiales!!!
Columna Asimetrías. Legalizar las Drogas
Por Fausto Fernández Ponte
"Debemos considerar con seriedad (...) legalizar (el consumo de) las drogas".
Carlos Fuentes.
I
El tabaco, está demostrado fedatariamente, causa una diversidad de cánceres en quienes lo inhalan (fuman) y exhalan, amén de otros problemas de salud igualmente graves --fatales, incluso-- además de sus consecuencias terribles en la calidad de vida de un individuo o en lo social.
El alcohol --su ingesta desde moderada hasta excesiva-- origina patologías en un espectro tan amplio que se le asocia causativamente a tipos de cáncer, además de los problemas en materia de desarrollo humano individual y colectivo, dañando la productividad social y la economía misma.
Existen países, como México, en donde el tabaquismo y el alcoholismo son tan grandes y de alta severidad que los gobiernos los consideran oficialmente problemas de salud pública de hondo impacto. En México ese es el caso: alcoholismo y tabaquismos están muy extendidos.
Concluiríase con honestidad intelectual que fumar e ingerir alcohol es una costumbre social letal; mata pues a la gente. Pero su consumo no está sancionado ni es motivo de penalidad; tampoco se pena la producción de esa materia prima ni su comercialización y su consumo.
Existen por añadidura, ejemplos válidos, fehacientes, de que la cadena productiva del tabaco y el alcohol reciben subsidios del Estado mexicano y, no se diga, a la propia exportación en rama. En Estados Unidos se subsidia la producción agrícola, incluido el tabaco, y su exportación ya industrializada.
Es más, en la filosofía del neoliberalismo económico, la producción y abasto comercial se incentivan, utilizando los recursos financieros que la población de México aporta al Estado mediantre la vía impositiva o fiscal. Ello cincela una paradoja aberrante cuya obviedad no escapa a nadie.
II
Mas los apoyos financieros a los productores de tabaco y de vinos y licores --la excepción serían los que industrializan el pulque, pero no los que cultivan la materia prima de éste, cuya siembra recibe subsidios gubernamentales-- son recuperados con creces por el Estado mediante la coacción tributaria.
Producir, abasto mercantil y consumir tabaco y alcohol le generan cuantiosos ingresos al Estado. Otro ingreso adicional devenido de esos bienes y su industrialización y venta proviene de su exportación. Comercializadores de tabaco y alcohol en territorio nacional son los grandes consorcios trasnacionales.
Las compilaciones estadísticas hacendarias nos indican que los mexicanos no sólo intentamos suicidarnos y, sin duda, millones lo logran, sino también pagamos por ello. Financiamos nuestras proclividades a exterminarnos por mano propia. El Estado cobra impuestos por nuestra práctica suicida.
Mas una paradoja tan macabra que ésta no puede hallarse en los anales de éste fenómeno. Pese a los constreñimientos al consumo del tabaco, su producción y comercialización ha aumentado a resultas de demanda creciente. En cuanto al alcohol, ésta es una industria muy próspera.
Esa prosperidad ha llevado al gobierno a identificar la cadena productiva del alcohol como un rubro estratégico de la economía. Es la industria más dinámica. Ese dinamismo es superior a los ramos de las manufacturas, superado sólo por los de servicios.
Pero ese mismo Estado mexicano que inspira sus actuaciones en la filosofía del neoliberalismo antisocial y, ergo, criminógeno, y abreva en las premisas y silogismos de éste, rechaza por razones que antójanse de doble rasero debatir tan sólo despenalizar la cadena productiva del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
Éste tema no es menor ni pueril. ¿Por qué el Estado no abre un debate acerca de la despenalización de toda la cadena productiva de las drogas, a partir del hecho de que el aprovechamiento institucionalizado de éstas abatiría la violencia generalizada en México y haría que el Ejército retornare a sus cuarteles?
III
Las respuestas a ésta interrogante podrían ser académicas y especulativas. Pero también podrían ser el descorrimiento de los velos que mal ocultan los móviles de la política del gobierno de facto --el que preside Felipe Calderón-- en hacer la "narcoguerra" y proseguir con ella al parecer hasta sus últimas consecuencias.
Y esas últimas consecuencias son: violencia, inseguridad pública, ostensible --y reiterado-- repudio a don Felipe, violaciones a los derechos humanos de civiles por el Ejército, etc., hechos indiscutibles en un contexto peligroso, el de la crisis económica sin precedente, y descomposición rampante del poder político del Estado.
Pero ni los personeros del poder político del Estado ni su jefe formal --a quien millones de mexicanos consideran espurio-- parecen tener conciencia de los componentes de ese contexto lacerante.. No aceptan que la causa de ese contexto es la forma de organización económica que sólo produce desempleo y más pobreza.
Esto nos enlaza dialécticamente con lo que son, para no pocos, los móviles verdaderos de la narcoguerra: (1) aterrorizar a la población civil para disuadirla de afanes prospectivos de reivindicación de sus derechos de modificar la forma de gobierno; (2) arrebatarle el negocio del narcotráfico a ciertos cárteles.
Y un tercer móvil es geopolítico: el interés de Estados Unidos y no de México en quitarle de enmedio a los competidores del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien es, obviamente, el proveedor "autorizado" por los estadunidenses para abastecer su mercado.
Señálese que no es fortuito ni vano que el señor Guzmán aparezca como uno de los ricos entre los más ricos de "Forbes" y como el mexicano más influyente en el mundo. Por ello, el señor Calderón, como lo dijo el diputado panista Manuel Clouthier, protege al cártel sinaloense.
¿Y la despenalización de la industria, abasto y mercado de las drogas? Lo descrito párrafos atrás es el verdedro móvil de la oposición del calderonismo y, en general, del poder panista y priísta del Estado a la despenalización; si éste despenaliza, cesaría la razón de ser de ese poder político.
ffpoonte@gmail.com
04 marzo 2010
"Debemos considerar con seriedad (...) legalizar (el consumo de) las drogas".
Carlos Fuentes.
I
El tabaco, está demostrado fedatariamente, causa una diversidad de cánceres en quienes lo inhalan (fuman) y exhalan, amén de otros problemas de salud igualmente graves --fatales, incluso-- además de sus consecuencias terribles en la calidad de vida de un individuo o en lo social.
El alcohol --su ingesta desde moderada hasta excesiva-- origina patologías en un espectro tan amplio que se le asocia causativamente a tipos de cáncer, además de los problemas en materia de desarrollo humano individual y colectivo, dañando la productividad social y la economía misma.
Existen países, como México, en donde el tabaquismo y el alcoholismo son tan grandes y de alta severidad que los gobiernos los consideran oficialmente problemas de salud pública de hondo impacto. En México ese es el caso: alcoholismo y tabaquismos están muy extendidos.
Concluiríase con honestidad intelectual que fumar e ingerir alcohol es una costumbre social letal; mata pues a la gente. Pero su consumo no está sancionado ni es motivo de penalidad; tampoco se pena la producción de esa materia prima ni su comercialización y su consumo.
Existen por añadidura, ejemplos válidos, fehacientes, de que la cadena productiva del tabaco y el alcohol reciben subsidios del Estado mexicano y, no se diga, a la propia exportación en rama. En Estados Unidos se subsidia la producción agrícola, incluido el tabaco, y su exportación ya industrializada.
Es más, en la filosofía del neoliberalismo económico, la producción y abasto comercial se incentivan, utilizando los recursos financieros que la población de México aporta al Estado mediantre la vía impositiva o fiscal. Ello cincela una paradoja aberrante cuya obviedad no escapa a nadie.
II
Mas los apoyos financieros a los productores de tabaco y de vinos y licores --la excepción serían los que industrializan el pulque, pero no los que cultivan la materia prima de éste, cuya siembra recibe subsidios gubernamentales-- son recuperados con creces por el Estado mediante la coacción tributaria.
Producir, abasto mercantil y consumir tabaco y alcohol le generan cuantiosos ingresos al Estado. Otro ingreso adicional devenido de esos bienes y su industrialización y venta proviene de su exportación. Comercializadores de tabaco y alcohol en territorio nacional son los grandes consorcios trasnacionales.
Las compilaciones estadísticas hacendarias nos indican que los mexicanos no sólo intentamos suicidarnos y, sin duda, millones lo logran, sino también pagamos por ello. Financiamos nuestras proclividades a exterminarnos por mano propia. El Estado cobra impuestos por nuestra práctica suicida.
Mas una paradoja tan macabra que ésta no puede hallarse en los anales de éste fenómeno. Pese a los constreñimientos al consumo del tabaco, su producción y comercialización ha aumentado a resultas de demanda creciente. En cuanto al alcohol, ésta es una industria muy próspera.
Esa prosperidad ha llevado al gobierno a identificar la cadena productiva del alcohol como un rubro estratégico de la economía. Es la industria más dinámica. Ese dinamismo es superior a los ramos de las manufacturas, superado sólo por los de servicios.
Pero ese mismo Estado mexicano que inspira sus actuaciones en la filosofía del neoliberalismo antisocial y, ergo, criminógeno, y abreva en las premisas y silogismos de éste, rechaza por razones que antójanse de doble rasero debatir tan sólo despenalizar la cadena productiva del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
Éste tema no es menor ni pueril. ¿Por qué el Estado no abre un debate acerca de la despenalización de toda la cadena productiva de las drogas, a partir del hecho de que el aprovechamiento institucionalizado de éstas abatiría la violencia generalizada en México y haría que el Ejército retornare a sus cuarteles?
III
Las respuestas a ésta interrogante podrían ser académicas y especulativas. Pero también podrían ser el descorrimiento de los velos que mal ocultan los móviles de la política del gobierno de facto --el que preside Felipe Calderón-- en hacer la "narcoguerra" y proseguir con ella al parecer hasta sus últimas consecuencias.
Y esas últimas consecuencias son: violencia, inseguridad pública, ostensible --y reiterado-- repudio a don Felipe, violaciones a los derechos humanos de civiles por el Ejército, etc., hechos indiscutibles en un contexto peligroso, el de la crisis económica sin precedente, y descomposición rampante del poder político del Estado.
Pero ni los personeros del poder político del Estado ni su jefe formal --a quien millones de mexicanos consideran espurio-- parecen tener conciencia de los componentes de ese contexto lacerante.. No aceptan que la causa de ese contexto es la forma de organización económica que sólo produce desempleo y más pobreza.
Esto nos enlaza dialécticamente con lo que son, para no pocos, los móviles verdaderos de la narcoguerra: (1) aterrorizar a la población civil para disuadirla de afanes prospectivos de reivindicación de sus derechos de modificar la forma de gobierno; (2) arrebatarle el negocio del narcotráfico a ciertos cárteles.
Y un tercer móvil es geopolítico: el interés de Estados Unidos y no de México en quitarle de enmedio a los competidores del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien es, obviamente, el proveedor "autorizado" por los estadunidenses para abastecer su mercado.
Señálese que no es fortuito ni vano que el señor Guzmán aparezca como uno de los ricos entre los más ricos de "Forbes" y como el mexicano más influyente en el mundo. Por ello, el señor Calderón, como lo dijo el diputado panista Manuel Clouthier, protege al cártel sinaloense.
¿Y la despenalización de la industria, abasto y mercado de las drogas? Lo descrito párrafos atrás es el verdedro móvil de la oposición del calderonismo y, en general, del poder panista y priísta del Estado a la despenalización; si éste despenaliza, cesaría la razón de ser de ese poder político.
ffpoonte@gmail.com
EDITORIAL. De la constante.
Año 8, número 3278
Jueves 04, marzo del año 2010
El previsto pleito entre los herederos de Marcial Maciel y el Vaticano por la herencia de los cuantiosísimos bienes de Los Legionarios de Cri$to, calculados en miles de millones de euros, ha sacado a relucir las bajezas de quienes se hacen pasar por buenos.
Si la pederastia es abominable y antinatural, pues en La Naturaleza ningún animal es capaz de semejante bajeza. Cabiendo aquí recordar las palabras de Ariosto que en alguna otra ocasión hemos citado: “El hombre es el único animal que daña a su pareja”. Lo que verdaderamente nos mide en nuestra verdadera dimensión.
Quien es capaz de violar a una criatura es sin duda merecedor de que le hagan lo mismo, es decir, de que le echen a perder el resto de su vida confinándolo a trabajos forzados hasta que muera.
Pero si entre esas criaturas a las que viola están sus propios hijos, a los que desde los siete años (que ellos recuerdan) los forzaba cometiendo con ellos actos a todas luces indignos, merece algo más que prisión perpetua.
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http://www.diariolibertad.org.mx/diario/index.php
Diario Libertad
Av. Manuel Ávila Camacho N° 90-11
Jalapa, Ver. Centro
Tel. 01 22 88 17 24 80
Plan B. Hijos de la violencia
Por Lydia Cacho
Hablamos de la televisión, los videojuegos y el cine, sobre cómo y qué tanto ellos piensan que estos medios les inspiran. Más allá de cualquier valoración moral, religiosa o conservadora, ellos afirmaron que “los malos son más chidos”, “los personajes malos son más profundos”, “los que tienen poder de verdad”, “son la neta, viven como quieren”. Mientras algunos hablaban, los demás asentían, sonreían y explicaban a su manera el significado de la violencia. Les costó mucho definir el miedo, lo que para ellos es el temor; la mayoría aseguró que el miedo les da miedo, que es mejor ignorarlo, que sólo siendo muy fuerte, muy violento, muy hombre, se espanta al miedo. Les pregunté si entran en contacto con su miedo, si lo reconocen; cruzaron miradas, silencio. Finalmente, un chico de trece años dijo que si piensa en eso se paraliza, que si hubiera una balacera afuera de su escuela, él preferiría ser de los malos porque si no ganan se mueren, y así no sufren. Los demás se rieron, risa de nervios, pero le dieron la razón.
Les pedí entonces que definieran la palabra héroe, o heroína. Uno hizo la broma… la heroína es una droga o una señora loca que cree que puede cambiar el mundo. Un héroe en cambio es el que sobrevive al peligro, bueno o malo, pero es el sobreviviente. A la petición de que nombraran a su héroe favorito, 43 mencionaron personajes ficticios de películas, series o cómics. Uno mencionó a su padre, quien quedó viudo y hace de padre y madre, otros dos, a Nelson Mandela, tres dieron nombres de futbolistas, el último dijo que su abuelo, que educa a niños ciegos en una escuela especial.
Les pregunté qué piensan de la guerra contra el narco: les parece una tontería y algunos temen que los maten en una balacera como la de Juárez (lo vieron en la tele). Qué piensan de los políticos: que son una basura y nos sirven para nada. Qué piensan de los SMS con fotos desnudas de sus compañeras de la escuela: que está chido, otros dijeron que no, porque los pueden descubrir. ¿Si en el cine y la tele los buenos ganaran, querrían ellos ser héroes por México? Sí, dijo Enrique de 13 años, “pero tendrá que pasar lo que en Avatar, que se maten todos para volver a empezar”.
Salí de la escuela pública con el corazón estrujado. Allá afuera las personas adultas destruyendo el mundo, aquí adentro los niños creyendo que la única salvación es la destrucción total. Debe haber otra forma de ser mexicano, mexicana. Tendremos que buscarla, pero no a balazos.
04 marzo 2010
En un salón con 50 jóvenes de secundaria hablamos sobre la violencia y formulé algunas preguntas: ¿cómo la viven? ¿qué significa en su imaginario? La respuesta fue contundente, sus héroes son asesinos, traficantes de armas o drogas; excepto cuatro chavos, que admiran a los vampiros.Hablamos de la televisión, los videojuegos y el cine, sobre cómo y qué tanto ellos piensan que estos medios les inspiran. Más allá de cualquier valoración moral, religiosa o conservadora, ellos afirmaron que “los malos son más chidos”, “los personajes malos son más profundos”, “los que tienen poder de verdad”, “son la neta, viven como quieren”. Mientras algunos hablaban, los demás asentían, sonreían y explicaban a su manera el significado de la violencia. Les costó mucho definir el miedo, lo que para ellos es el temor; la mayoría aseguró que el miedo les da miedo, que es mejor ignorarlo, que sólo siendo muy fuerte, muy violento, muy hombre, se espanta al miedo. Les pregunté si entran en contacto con su miedo, si lo reconocen; cruzaron miradas, silencio. Finalmente, un chico de trece años dijo que si piensa en eso se paraliza, que si hubiera una balacera afuera de su escuela, él preferiría ser de los malos porque si no ganan se mueren, y así no sufren. Los demás se rieron, risa de nervios, pero le dieron la razón.
Les pedí entonces que definieran la palabra héroe, o heroína. Uno hizo la broma… la heroína es una droga o una señora loca que cree que puede cambiar el mundo. Un héroe en cambio es el que sobrevive al peligro, bueno o malo, pero es el sobreviviente. A la petición de que nombraran a su héroe favorito, 43 mencionaron personajes ficticios de películas, series o cómics. Uno mencionó a su padre, quien quedó viudo y hace de padre y madre, otros dos, a Nelson Mandela, tres dieron nombres de futbolistas, el último dijo que su abuelo, que educa a niños ciegos en una escuela especial.
Les pregunté qué piensan de la guerra contra el narco: les parece una tontería y algunos temen que los maten en una balacera como la de Juárez (lo vieron en la tele). Qué piensan de los políticos: que son una basura y nos sirven para nada. Qué piensan de los SMS con fotos desnudas de sus compañeras de la escuela: que está chido, otros dijeron que no, porque los pueden descubrir. ¿Si en el cine y la tele los buenos ganaran, querrían ellos ser héroes por México? Sí, dijo Enrique de 13 años, “pero tendrá que pasar lo que en Avatar, que se maten todos para volver a empezar”.
Salí de la escuela pública con el corazón estrujado. Allá afuera las personas adultas destruyendo el mundo, aquí adentro los niños creyendo que la única salvación es la destrucción total. Debe haber otra forma de ser mexicano, mexicana. Tendremos que buscarla, pero no a balazos.
Plaza Pública. Las guarderías ilegales
Por Miguel Angel Granados Chapa
En el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social impera un “desorden generalizado”. Casi todos los establecimientos donde se presta a los derechohabientes un servicio a cuyo costo contribuyen con sus cuotas, operan en la ilegalidad, por dos razones: una es que ese Instituto debe brindar directamente tal servicio o subrogarlo a patrones —algo que ocurre excepcionalmente— y carece de base legal para entregar su manejo a particulares; y la segunda es que éstos ofrecen el servicio sin cumplir los requisitos determinados por su contratante, cuya laxitud impide exigir apego a sus normas. Esa conclusión, que en otras sociedades produciría una estruendosa conmoción, es la médula, la nuez del informe preliminar presentado el lunes por miembros del poder judicial encargados de averiguar, más allá de los procedimiento penales en curso, qué pasó en la guardería ABC de Hermosillo en cuyo incendio del 5 de junio pasado murieron asfixiados o quemados 49 niñas y niños.
En un determinante paso de lo que acaso sea la última investigación constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –porque el grupo senatorial priista recogió la petición del propio tribunal de suprimir esa facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución— los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla dieron fin a una indagación que duró seis meses y en la que hallaron un “desorden generalizado” en el sistema de guarderías del IMSS que se manifestó en la tragedia —crimen hay que llamarlo, por sus resultados— de la galería hermosillense. Luego de escuchar el informe de ambos juzgadores, los ministros designaron a su colega Fernando Franco, para que a partir de ese reporte formule un dictamen que será presentado ante el pleno de la propia Corte.
Conforme a la Constitución, y las leyes del trabajo y del seguro social, hay sólo dos maneras de prestar el servicio de guarderías, una de las obligaciones centrales de régimen pagado por asalariados, empleadores y el gobierno. Una es, directamente, a través del IMSS: y otra, mediante la subrogación. Del informe se infiere que no hay ninguna guardería manejada directamente por el Instituto, y sólo 11, de un total de 1480, operan bajo el régimen de subrogación que permite a patrones establecer guarderías y recibir la reversión de las cuotas respectivas. Los 1,469 establecimientos restantes, actualmente en operación, la basan en contratos de prestación de servicios que ninguna ley autoriza a suscribir. Se alegará, se ha hecho así con anterioridad, que el alto costo del servicio prestado directamente por el IMSS hace imposible esa posibilidad. Y se plantea un falso dilema: o guarderías ilegales, o ninguna guardería. Se trata de un razonamiento insidioso, inadmisible. Aceptarlo equivale a permitir la contratación de médicos improvisados, sin la certificación necesaria, porque se puede pagarles salarios más bajos que los merecidos por el personal calificado conforme a la ley. Exponer la vida de los pacientes que resultaran atendidos por cirujanos chambones pero baratos es lo mismo que se hace en las guarderías, y que puede resultar en tragedias como las de ABC.
El IMSS debe prestar directamente tal servicio, o subrogarlo a patrones. Si sus finanzas no lo permiten, hay que arreglar las finanzas para que lo permitan. En sus compras, el Instituto puede obtener mejores precios con sólo aplicarse a investigaciones de mercado que coloquen a los proveedores en sitio. Hace una semana la Comisión Federal de Competencia multó a empresas farmacéuticas que establecieron entre sí acuerdos para cobrar altos precios al IMSS por sus medicamentos. Es buen negocio hacerse pagar de más y luego destinar una breve porción del sobreprecio tramposamente fijado a cubrir las sanciones pecuniarias. Un sistema riguroso de adquisiciones haría innecesaria la intervención de la autoridad en materia de competencia y produciría pingües ahorros a la institución.
Se monta, además, una ilegalidad sobre otra ilegalidad. Los contratos carentes de base jurídica se incumplen. Estremece o indigna, pero no sorprende, saber que del gran universo de las guarderías, sólo doce satisficieron los requisitos a la hora de contratar y que 11 más los cubrieron ya estando en servicio. A todas las demás se les permite trabajar y se les paga el estipendio mensual, aunque incumplen al menos un requisito, algo insoportable en un régimen de estricta normatividad.
El lunes mismo, la dirección del IMSS salió al paso del informe de los magistrados. Con la pretensión de hacer creer que después de la tragedia y aun antes de que concluya la investigación constitucional ha buscado soluciones, da como novedoso lo que debería ser una rutina establecida: la inspección de todas las guarderías, y reduce al problema a la seguridad y su correlato, la protección civil. Ciertamente por insuficiencias en esa materia murieron las víctimas en el ABC. Pero es preciso que las guarderías ofrezcan un servicio eficaz y no sólo cumplan la obligación de entregar, cada jornada, con vida a niñas y niños.— México, Distrito Federal.
karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista
04 marzo 2010
ma@granadoschapa.com
ma@granadoschapa.com
En el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social impera un “desorden generalizado”. Casi todos los establecimientos donde se presta a los derechohabientes un servicio a cuyo costo contribuyen con sus cuotas, operan en la ilegalidad, por dos razones: una es que ese Instituto debe brindar directamente tal servicio o subrogarlo a patrones —algo que ocurre excepcionalmente— y carece de base legal para entregar su manejo a particulares; y la segunda es que éstos ofrecen el servicio sin cumplir los requisitos determinados por su contratante, cuya laxitud impide exigir apego a sus normas. Esa conclusión, que en otras sociedades produciría una estruendosa conmoción, es la médula, la nuez del informe preliminar presentado el lunes por miembros del poder judicial encargados de averiguar, más allá de los procedimiento penales en curso, qué pasó en la guardería ABC de Hermosillo en cuyo incendio del 5 de junio pasado murieron asfixiados o quemados 49 niñas y niños.
En un determinante paso de lo que acaso sea la última investigación constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –porque el grupo senatorial priista recogió la petición del propio tribunal de suprimir esa facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución— los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla dieron fin a una indagación que duró seis meses y en la que hallaron un “desorden generalizado” en el sistema de guarderías del IMSS que se manifestó en la tragedia —crimen hay que llamarlo, por sus resultados— de la galería hermosillense. Luego de escuchar el informe de ambos juzgadores, los ministros designaron a su colega Fernando Franco, para que a partir de ese reporte formule un dictamen que será presentado ante el pleno de la propia Corte.
Conforme a la Constitución, y las leyes del trabajo y del seguro social, hay sólo dos maneras de prestar el servicio de guarderías, una de las obligaciones centrales de régimen pagado por asalariados, empleadores y el gobierno. Una es, directamente, a través del IMSS: y otra, mediante la subrogación. Del informe se infiere que no hay ninguna guardería manejada directamente por el Instituto, y sólo 11, de un total de 1480, operan bajo el régimen de subrogación que permite a patrones establecer guarderías y recibir la reversión de las cuotas respectivas. Los 1,469 establecimientos restantes, actualmente en operación, la basan en contratos de prestación de servicios que ninguna ley autoriza a suscribir. Se alegará, se ha hecho así con anterioridad, que el alto costo del servicio prestado directamente por el IMSS hace imposible esa posibilidad. Y se plantea un falso dilema: o guarderías ilegales, o ninguna guardería. Se trata de un razonamiento insidioso, inadmisible. Aceptarlo equivale a permitir la contratación de médicos improvisados, sin la certificación necesaria, porque se puede pagarles salarios más bajos que los merecidos por el personal calificado conforme a la ley. Exponer la vida de los pacientes que resultaran atendidos por cirujanos chambones pero baratos es lo mismo que se hace en las guarderías, y que puede resultar en tragedias como las de ABC.
El IMSS debe prestar directamente tal servicio, o subrogarlo a patrones. Si sus finanzas no lo permiten, hay que arreglar las finanzas para que lo permitan. En sus compras, el Instituto puede obtener mejores precios con sólo aplicarse a investigaciones de mercado que coloquen a los proveedores en sitio. Hace una semana la Comisión Federal de Competencia multó a empresas farmacéuticas que establecieron entre sí acuerdos para cobrar altos precios al IMSS por sus medicamentos. Es buen negocio hacerse pagar de más y luego destinar una breve porción del sobreprecio tramposamente fijado a cubrir las sanciones pecuniarias. Un sistema riguroso de adquisiciones haría innecesaria la intervención de la autoridad en materia de competencia y produciría pingües ahorros a la institución.
Se monta, además, una ilegalidad sobre otra ilegalidad. Los contratos carentes de base jurídica se incumplen. Estremece o indigna, pero no sorprende, saber que del gran universo de las guarderías, sólo doce satisficieron los requisitos a la hora de contratar y que 11 más los cubrieron ya estando en servicio. A todas las demás se les permite trabajar y se les paga el estipendio mensual, aunque incumplen al menos un requisito, algo insoportable en un régimen de estricta normatividad.
El lunes mismo, la dirección del IMSS salió al paso del informe de los magistrados. Con la pretensión de hacer creer que después de la tragedia y aun antes de que concluya la investigación constitucional ha buscado soluciones, da como novedoso lo que debería ser una rutina establecida: la inspección de todas las guarderías, y reduce al problema a la seguridad y su correlato, la protección civil. Ciertamente por insuficiencias en esa materia murieron las víctimas en el ABC. Pero es preciso que las guarderías ofrezcan un servicio eficaz y no sólo cumplan la obligación de entregar, cada jornada, con vida a niñas y niños.— México, Distrito Federal.
karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista
Detrás de la Noticia. Hermosillo: crimen sin castigo
Por Ricardo Rocha
Siempre he dicho que no fue una tragedia sino un crimen de la negligencia y la corrupción.
El inimaginable sufrimiento de los 49 niños muertos y las secuelas de dolor interminable de sus padres y los otros 65 pequeños lesionados, marcados para siempre, representan una gran desvergüenza colectiva. Una afrenta para la nación. Y el más ignominioso capítulo en la historia de este país. Nada ha sido tan horrendo como eso.
De ahí la importancia del informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia. Una investigación que no aporta datos nuevos; nada que no hubieran denunciado ya los padres o que no supiéramos los medios. Su relevancia estriba en que sea la propia Corte la que relate la infame cadena de atrocidades, abusos, omisiones y descuidos de las autoridades federales, estatales y municipales que provocaron el infierno de aquel 5 de junio.
El cerco se va estrechando sobre Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y otros funcionarios quienes por acción u omisión son responsables en alguna medida. Aunque desde entonces y ahora mismo —con argumentos ridículos— intenten ocultar la verdad. En cualquier caso, los traiciona el subconsciente. Porque no hay en sus palabras o en sus rostros ni el menor asomo de estupefacción por lo ocurrido, ni un dolor sincero por las víctimas, ni siquiera un auténtico sentimiento de conmiseración. Ambos siguen hablando del horror como si se tratara de un asunto burocrático o administrativo: la pérdida de algunos expedientes; el retraso en la línea de producción de una fábrica. El propio presidente Calderón ni por su iniciativa ni por la de sus asesores tuvo jamás ni una décima parte de la reacción habida por otros eventos en los que una o dos víctimas —con el debido respeto— eran prominentes. Aunque suene brutal, uno se pregunta qué hubiera pasado si los hechos de Hermosillo se hubiesen producido en un kínder de las Lomas. A ver, por qué el gobierno a través de la Procuraduría General de la República no ha hecho una investigación acuciosa y a fondo del caso. Por qué, en cambio, cuando se trata de quienes levantan la voz o le protestan realiza persecuciones perrunas y exige sentencias inclementes como con los de Atenco o con Teresa y Alberta.
Y a propósito de investigaciones, los señores Bours y Molinar quieren desviar tramposamente la atención hacia las facultades del Seguro Social para lo de la subrogación. Es una cortina de humo. Lo sustancial es establecer también las responsabilidades de los dueños de la guardería ABC. Por cierto, el señor Molinar habría de aclararnos si la renovación que él autorizó en 2003 fue porque entre los accionistas estaba Altagracia Gómez del Campo, quien sigue presumiendo su parentesco con la actual pareja presidencial. Para la propia presidencia calderonista sería bueno aclararlo si no quiere pasar a la historia como un gobierno que criminaliza la protesta social y le da impunidad a los poderosos. Lo dicho: una vara para medir a los ricos y otra muy distinta para los pobres. Para los mexicanos de segunda.
04 marzo 2010
Siempre he dicho que no fue una tragedia sino un crimen de la negligencia y la corrupción.
El inimaginable sufrimiento de los 49 niños muertos y las secuelas de dolor interminable de sus padres y los otros 65 pequeños lesionados, marcados para siempre, representan una gran desvergüenza colectiva. Una afrenta para la nación. Y el más ignominioso capítulo en la historia de este país. Nada ha sido tan horrendo como eso.
De ahí la importancia del informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia. Una investigación que no aporta datos nuevos; nada que no hubieran denunciado ya los padres o que no supiéramos los medios. Su relevancia estriba en que sea la propia Corte la que relate la infame cadena de atrocidades, abusos, omisiones y descuidos de las autoridades federales, estatales y municipales que provocaron el infierno de aquel 5 de junio.
El cerco se va estrechando sobre Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y otros funcionarios quienes por acción u omisión son responsables en alguna medida. Aunque desde entonces y ahora mismo —con argumentos ridículos— intenten ocultar la verdad. En cualquier caso, los traiciona el subconsciente. Porque no hay en sus palabras o en sus rostros ni el menor asomo de estupefacción por lo ocurrido, ni un dolor sincero por las víctimas, ni siquiera un auténtico sentimiento de conmiseración. Ambos siguen hablando del horror como si se tratara de un asunto burocrático o administrativo: la pérdida de algunos expedientes; el retraso en la línea de producción de una fábrica. El propio presidente Calderón ni por su iniciativa ni por la de sus asesores tuvo jamás ni una décima parte de la reacción habida por otros eventos en los que una o dos víctimas —con el debido respeto— eran prominentes. Aunque suene brutal, uno se pregunta qué hubiera pasado si los hechos de Hermosillo se hubiesen producido en un kínder de las Lomas. A ver, por qué el gobierno a través de la Procuraduría General de la República no ha hecho una investigación acuciosa y a fondo del caso. Por qué, en cambio, cuando se trata de quienes levantan la voz o le protestan realiza persecuciones perrunas y exige sentencias inclementes como con los de Atenco o con Teresa y Alberta.
Y a propósito de investigaciones, los señores Bours y Molinar quieren desviar tramposamente la atención hacia las facultades del Seguro Social para lo de la subrogación. Es una cortina de humo. Lo sustancial es establecer también las responsabilidades de los dueños de la guardería ABC. Por cierto, el señor Molinar habría de aclararnos si la renovación que él autorizó en 2003 fue porque entre los accionistas estaba Altagracia Gómez del Campo, quien sigue presumiendo su parentesco con la actual pareja presidencial. Para la propia presidencia calderonista sería bueno aclararlo si no quiere pasar a la historia como un gobierno que criminaliza la protesta social y le da impunidad a los poderosos. Lo dicho: una vara para medir a los ricos y otra muy distinta para los pobres. Para los mexicanos de segunda.
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