miércoles, mayo 04, 2011
DOCUMENTAL: John Pilger - La guerra que usted no ve (subtítulos corregidos) - The war you don't see
http://youtu.be/mx8ZhrPomHc
Documental de John Pilger que muestra el rol de los medios en la manipulación de la información en beneficio de los intereses del imperialismo y de las grandes empresas transnacionales.
En esta nueva presentación, he tratado de corregir los errores que yo personalmente he encontrado en los subtítulos y los que me fueron gentilmente comunicados por algunos de nuestros visitantes. Es probable que haya otros errores que no he podido detectar, por los cuales pido disculpas. Algunas expresiones, como, por ejemplo, "sopladores de pito" han sido mantenidas porque no me parece que las sugerencias recibidas fueran adecuadas. La palabra "delator", una de las sugerencias, no me pareció adecuada por la connotación negativa que conlleva, mientras que la expresión "whistle blower", a su vez, tiene una connotación bastante positiva. Como la figura del "soplador de pito" no forma parte (por lo que yo sepa) de la tradición de los países de lengua española, creí que sería mejor usar la traducción literal a partir del inglés.
Explotación infantil, ante los ojos del Estado mexicano
Miles de niños mexicanos se incorporan al mercado laboral –muchas veces, en condiciones de riesgo y explotación– pese a que la ley prohíbe el trabajo infantil. La ausencia de cifras confiables del gobierno federal invisibiliza la magnitud del fenómeno, generalmente provocado por la pobreza, el desempleo y la exclusión social .
Elva Mendoza / Flor Goche / Isabel Argüello
Recolectar basura, a eso se reducen los fines de semana de Miguel. Para el niño de 11 años no existen los sábados ni domingos de esparcimiento. A las ocho de la mañana comienza su jornada que consistirá, hasta las cinco de la tarde, en tocar la campana de la carreta de un vecino. De los 70 pesos que recibe por día, dice, “se los doy a mi mamá”.
A la escuela primaria Licenciado Benito Juárez, ubicada en Villa de las Flores, Coacalco, Estado de México, asisten 169 niños. Uno de ellos es Miguel. Como él, en su mayoría son pobres y casi todos viven en San Pablo de las Salinas, Tultitlán. Ése, su barrio, serpentea terracerías en las que se alzan los tabiques sobrepuestos con sus techos de lámina. Para ese tipo de casas nomás alcanza.
La recolección de basura es la principal actividad de sus habitantes. Montados en carretas y jalados por una mula, burro o yegua, los jóvenes padres, muchas veces acompañados por sus niños, llaman con una campana a la gente que, eventualmente, sale con algunas bolsas en la mano.
Para ganar unas monedas más, los pobladores de San Pablo someten la basura a un riguroso proceso: la separan y, toda aquella que es susceptible de reciclar, la venden por kilogramo.
Aunque el trabajo infantil vulnera los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño –ratificada por México en 1990–, en el país 3 millones 90 mil 954 niños y adolescentes de entre 12 y 19 años trabajan, según datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es de destacarse que el Censo no incluye a niños que, como Miguel, son menores de 12 años.
Ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ofrecen cifras certeras del fenómeno.
“No hay una institución que haga un estudio estadístico serio y sin maquillar. La política social ha sido sesgada y mal dirigida; no se cumplen los propósitos de los programas de bienestar. Al no existir una política clara, se sigue facilitando la explotación de la niñez mexicana”, señala Víctor Inzua Canales, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El más reciente documento editado por la STPS y el Inegi, Módulo de trabajo infantil 2009, contabiliza 3.6 millones de niños trabajadores de entre cinco y 17 años. Sus datos son anteriores a 2008.
Marisela Medina Tapia, encargada del Programa de Adultos Mayores, Discapacidad y Menores Trabajadores de la CNDH, reconoce que la Comisión no cuenta con mayor información de la emitida en su boletín CGCP/066/11 del pasado 21 de marzo, en el que señalan la urgencia de abatir el trabajo de 3 millones 14 mil 800 niños. Dubitativa, agrega que la cifra surgió de un informe de 2007 y que probablemente fue “arreglada”.
Medina Tapia justifica las inconsistencias. Argumenta que es difícil consensuar la información entre dependencias; además, hay una cifra negra que no es posible cuantificar. “Cuando la autoridad llega a los campos, los mismos padres esconden a los niños”, arguye.
Trabajo infantil, en la ilegalidad El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 22, 23, 173 a 180, 362, 372 y 995 de la Ley Federal del Trabajo; y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prohíben el trabajo a menores de 14 años. “La realidad nos dice algo distinto”, señala Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora Ejecutiva de Melel Xojobal, organización chiapaneca de ayuda a los menores.
Miguel va en quinto año de primaria. En su salón de clase, 14 de sus 36 compañeros trabajan. Los niños de entre 10 y 11 años se emplean en negocios familiares o ayudan a sus papás en la albañilería, como Andrés o Luis. El primero gana 30 pesos como ayudante de albañil; el dinero se lo da a guardar a su mamá. Luis le pasa el material a su papá en la construcción; se levanta a las cinco de la mañana y recibe por su trabajo 50 pesos.
Inzua Canales y Jennifer Haza diferencian el trabajo que ayuda al desarrollo integral del niño de aquél que es una forma de explotación. A decir de los expertos, la explotación atenta contra la vida, la salud y la integridad física de los infantes.
Tal es el caso de los niños “diableros” en los mercados públicos que con apenas 10 años cargan hasta 300 kilogramos. “Se rompen la cadera, tienen lesiones y fracturas”, lamenta Inzua.
Según el informe Trabajo infantil en México 2009, disponible en la página electrónica de la STPS, los menores se emplean principalmente en el sector informal: agropecuario (893 mil 599 niños, niñas y adolescentes); comercio (803 mil 515); servicios (718 mil 588); industria manufacturera, extractiva, electricidad, agua y gas (391 mil 483); construcción (151 mil 787); y el resto no especificó su actividad (55 mil 828).
Este hecho y la falta de un marco legal que regule el trabajo de los menores de 14 años agravan sus condiciones laborales. “No hay órganos que supervisen el cumplimiento de la ley en materia laboral infantil; no les interesa. No es rentable remediar el problema”, puntualiza Inzua Canales.
Pobreza y deserción escolar La mamá de Miguel no sabe leer ni escribir. “Nunca fui a la escuela”, dice la ama de casa y desempleada mujer en medio del cuarto de tabiques por el que paga 350 pesos al mes para vivir con Miguel y tres hijos más: Jonathan de 14 años, Carlos de siete y Ema de 10.
Jonathan, el mayor, dejó la secundaria en segundo año. Por las mañanas se dedica a trabajar en la carreta, y por las tardes sale a vender elotes y esquites en una bicicleta. El dinero del negocio familiar es para pagar la renta y comprar comida.
Datos de la Secretaría del Trabajo de 2009 revelan que de los 3 millones 14 mil 800 niños que trabajan, el 40 por ciento (1 millón 995 mil 744) no asiste a la escuela.
“El Estado tendría que garantizar condiciones mínimas en términos de derechos económicos, sociales y culturales para mejorar la calidad de vida de las familias”, explica Jennifer Haza.
El investigador y experto en trabajo infantil, Víctor Inzua, señala que el Estado, en primera instancia, y la familia, en segunda, son los responsables de que este fenómeno continúe.
“Mientras no les demos la oportunidad a nuestros niños de prepararse e ir a la escuela, van a seguir siempre en la desigualdad, en la discriminación, en la falta de oportunidades”, considera María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados.
Fenómeno agudizado en provincia
De acuerdo con los resultados del último censo del Inegi, el índice de trabajo de infantes que tienen entre 12 y 14 años es mayor en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Puebla, Colima, Oaxaca, Jalisco y Veracruz. Destacan Chiapas y Michoacán, donde siete de cada 100 niños trabajan.
Respecto de los niños y adolescentes de 15 a 19 años, el censo reporta que el fenómeno se acentúa en Jalisco, donde 33 de cada 100 trabajan. Le siguen Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla, Chiapas, Querétaro, Morelos y Quintana Roo.
Martha, de 10 años y quien cursa el quinto año de primaria, se levanta todos los días antes de las siete de la mañana. Ella, su papá y su hermano menor viajan media hora en bicicleta. Venden tacos de cabeza y consomé sobre el Eje 3, una avenida que divide Coacalco de Tultitlán.
“Limpio los platos, barro, cobro, sirvo el consomé; me dan lo de mi gasto: 5, 10, 15 pesos”. A veces, Martha le presta a su mamá para las tortillas. Tiene cuatro hermanos. Cuando se le pregunta si puede faltar al trabajo responde, con resignación: “Soy la única que no puede; a fuerza tengo que ir”.
Sólo la educación alejará a los niños de la explotación laboral: DIF En México, 94 mil 795 niñas, niños y adolescentes trabajan en el sector urbano-marginal, señala Jazmín Mártir Alegría, subdirectora de Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“La cifra es únicamente de aquellos niños que trabajan en el sector informal de la economía y realizan actividades en calles, avenidas y parques; niños que no tienen una protección social y no se encuentran en edad permisible para trabajar. Los más de 3 millones a los que hace referencia el Módulo de trabajo infantil 2009 son de agricultura, pesca, prestación de servicios, minería…”
Aunque Mártir Alegría enfatiza la situación multifactorial de los más de 94 mil niños que trabajan, considera que la pobreza en la que viven y la creencia de los padres de que el trabajo es formativo son las razones que los obligan.
“Que el niño tenga acceso a la educación rompe el círculo de la pobreza que puede mantenerlo trabajando en el sector informal de la economía toda su vida.”
El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia del DIF se ha desarrollado en los estados y municipios de todo el país. Busca reinsertar a los niños a la escuela, como pilar de desarrollo para ellos y su familia. “Se han obtenido buenos resultados. El 77 por ciento de los niños becados aprobaron el ciclo escolar 2009-2010 de manera satisfactoria, a pesar de las adversidades que puedan tener. Quisiéramos que no hubiera niños trabajando, por lo que se está haciendo un esfuerzo interinstitucional”.
La representante del DIF dice que hay una estrategia nacional entre las diferentes secretarías –de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Salud– para abordar la problemática de los niños que laboran y sus familias.
Una torta de tamal, 25 pesos, 11 horas de trabajo… Con Calderón, salario pierde la mitad de su valor
En lo que va de este gobierno, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder adquisitivo. Pese a esta merma, más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana menos de tres salarios mínimos al día, insuficientes para pagar alimento, vestido, vivienda, educación y esparcimiento. Alentada por el gobierno y aprovechada por los empresarios, la supuesta “ventaja competitiva” de los bajos salarios no fomenta el crecimiento económico y sí perjudica a la clase trabajadora.
Ni para comer
El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos generales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Pero los 59.82 pesos del salario mínimo vigente (el más alto de los tres establecidos para igual número de regiones del país) son insuficientes para cumplir con el precepto constitucional; de hecho, ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia.
Aun así, en México existen hoy 3 millones 777 mil 907 personas cuyo ingreso diario no rebasa esta cantidad.
El CAM, adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, estima que son necesarios 2.86 salarios mínimos para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) –ponderación de 33 productos alimenticios básicos, diseñada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, cuyo costo actual se calcula en 171.37 pesos.
Pero en México, una tercera parte de los trabajadores percibe un sueldo diario menor a esa cantidad, a los que se suma un 8 por ciento que no recibe ingreso alguno por su trabajo, como revelan los datos económicos del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso se traduce en 16.5 millones de trabajadores incapaces siquiera de alimentarse adecuadamente.
El profesor Luis Lozano Arredondo, del CAM, explica que desde diciembre de 1987, cuando entró en vigor el primer pacto de estabilidad y crecimiento económico, el aumento nominal del salario mínimo ha sido inferior al de la inflación y, por tanto, al de los precios de productos y servicios.
La consecuencia de ello ha sido el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, pues mientras en 1987 los 6.47 pesos de salario mínimo sufragaban el pago de la CAR (cuyo precio era de 3.95 pesos), para marzo pasado los 59.82 pesos alcanzaban para adquirir apenas una tercera parte.
Para 1994, el salario mínimo de 15.27 pesos solventaba el 60 por ciento de la CAR. Cuando Fox Quesada iniciaba su sexenio, en diciembre de 2000, el salario mínimo –de 37.89 pesos– servía para adquirir el 58 por ciento de dicha canasta.
Una de las consecuencias de este deterioro es que ha aumentado el número de horas de trabajo necesarias para adquirir la CAR. Hace 23 años, bastaba laborar 4.53 horas para pagarla; mientras que ahora son necesarias 22.55 horas, es decir 18 horas más.
Pero las casi tres jornadas laborales que calcula el CAM bastarían únicamente para sufragar los gastos de alimentación, con lo que quedarían pendientes otras necesidades, como ropa, calzado, vivienda, salud, educación y esparcimiento, insostenibles con la tasa salarial actual.
El espejismo de los salarios
A decir de Calderón Hinojosa, en la década de los gobiernos panistas la proporción de personas que ganan más de tres salarios mínimos aumentó de 25 a 33 por ciento, al tiempo que el porcentaje de quienes perciben hasta dos salarios mínimos disminuyó de 42 a 31 por ciento.
Pero aun con esta “reducción”, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –en los que el panista basó sus declaraciones– muestran que el 60 por ciento de los trabajadores en el país recibe actualmente máximo tres salarios mínimos al día, equivalentes a 179.5 pesos.
Además, cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, disponibles hasta septiembre de 2010, muestran que en lo que va del sexenio aumentó el número de personas que recibe menos de dos salarios mínimos en casi 1.5 millones, con lo que actualmente suman 15 millones 798 mil 418.
Pero en la lógica calderonista, el solo aumento del número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos –5 mil 383 pesos– significa que ha mejorado “de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias”.
La cifra es cercana a lo que en la óptica del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sería suficiente para pagar los créditos de una vivienda y un coche, así como mensualidades de colegios privados, según declaró el pasado 22 de febrero y que le valió severas críticas.
Entre quienes perciben sueldos superiores a dicho rango, la mayor parte se concentra entre quienes reciben de tres a cinco salarios mínimos, que son casi 8 millones de personas y representan el 19 por ciento de la población ocupada.
Aunque Calderón Hinojosa aseguró que en la última década –es decir, la de los gobiernos panistas– “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres”, las cifras del censo muestran que el 31 por ciento de la población –13 millones 232 mil 933 personas– sigue recibiendo ingresos menores a los dos salarios mínimos.
En contraste, apenas 9.8 por ciento de las personas ocupadas –4 millones 200 mil 371– gana entre cinco y 10 salarios mínimos, y sólo el 4.2 por ciento –1 millón 791 mil 370– obtiene más de 10 salarios mínimos, equivalentes a 17 mil 550 pesos mensuales.
Entre estos privilegiados se encuentra el propio Calderón Hinojosa, quien mensualmente recibe tan sólo como sueldo el equivalente a 2 mil 478 salarios mínimos, así como los secretarios de Estado, cuyo ingreso mensual es de 2 mil 437 salarios mínimos, sin contar las otras prestaciones que el Estado les garantiza.
Minisalario, “ventaja competitiva” del país
Los salarios pagados en México son los más bajos respecto de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son menores a los que tienen otras economías latinoamericanas, como las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2010/2011, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en el país es inferior al que se paga en China, Portugal y Turquía, y está apenas por encima de lo que recibe un trabajador en India.
El maestro Alejandro López Bolaños, quien recopila estos datos en el texto “Los salarios en México y en los países de la OCDE”, publicado en el boletín Momento Económico, menciona que, de 2006 a 2009, el salario mínimo mensual real registró una tasa de variación promedio de -1.4 por ciento y que para 2010 apenas alcanzó un crecimiento de 0.1 por ciento.
A diferencia de países como Brasil, que aumentó su salario mínimo 60 por ciento para fomentar el consumo de la población, en México se mantienen salarios bajos como una forma de atraer capitales extranjeros, explica López Bolaños, colaborador del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
El investigador refiere que los empresarios e inversionistas ven los salarios como un costo de producción, por lo que buscan reducirlo para obtener mayores ganancias. El gobierno, diligente, salvaguarda esta práctica con una política salarial que niega incrementos reales por encima de la inflación.
La doctora Graciela Bensusán Areous, especialista en temas laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que, con este enfoque, los salarios se mantienen “artificialmente bajos”.
De este modo, aun cuando la productividad de algunos sectores ha crecido, se busca que los salarios sean estrechos para ofrecerlos a la inversión foránea “como principal ventaja competitiva” del país.
Los especialistas coinciden en que, para que haya un crecimiento real de la economía, debe fortalecerse el mercado interno, lo cual requiere de una mejora de los salarios de los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra.
Bensusán Areous considera que, simultáneo al problema de los bajos salarios, existe una “polarización salarial”, pues se concentran altos salarios entre muy pocas personas, mientras que la mayoría de los mexicanos recibe “miserias” por su trabajo.
Esto se ha acompañado de un proceso acelerado de concentración de la riqueza, como documenta el CAM.
Así, en una década de gobiernos panistas la fortuna de 24 mil 900 millones de dólares que poseían 13 personas se convirtió en un caudal de 125 mil 100 millones de dólares en manos de 11 sujetos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo.
Se trata de un crecimiento de la riqueza de 402 por ciento en apenas 10 años, en tanto que el salario mínimo nominal ha crecido 57.84 por ciento en el mismo lapso, equivalente sólo a 22 pesos.
López Bolaños advierte que los bajos salarios implican también un riesgo social, pues las personas a las que no les alcanza con lo que ganan ya no sólo se emplean en el sector informal, sino que están insertándose en actividades ligadas al crimen organizado. El investigador concluye: “No tiene ninguna parte ética tener esos salarios tan bajos”.
Conasami fija salarios insuficientes
A partir del 1 de enero de 1987, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia encargada de fijar y modificar los montos salariales mínimos en todo el país. En su última actualización, la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó un aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo para este año, equivalente a 2 pesos.
Desde 1931 y hasta entonces, los salarios eran establecidos por comisiones municipales o regionales. La modificación a la ley que facultó a la Conasami establecer los salarios mínimos también fijó tres áreas geográficas para tasarlos:
El área A, que comprende el Distrito Federal y la zona metropolitana, Baja California y Baja California Sur, así como 11 municipios de Tamaulipas, nueve de Sonora, nueve de Veracruz, tres de Chihuahua y el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero. El salario mínimo general vigente en esta área es de 59. 82 pesos, el más alto de las tres.
El área B está formada por 28 municipios de Sonora, 11 de Tamaulipas, siete de Nuevo León, seis de Jalisco y tres de Veracruz, donde el salario mínimo general es de 58.13 pesos.
El área C la integran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El salario mínimo general para ellos es de 56.7 pesos.
Además de los salarios mínimos generales, la Conasami también tiene establecidos salarios mínimos profesionales para 72 profesiones, oficios o trabajos especiales.
Aunque éstos son superiores a los salarios generales, ninguno de ellos rebasa los dos salarios mínimos a excepción del de reportero o fotorreportero de prensa diaria, establecido en 174.5 pesos en promedio, es decir, 5 mil 235 pesos mensuales.
Trabajos como maestro de primaria particular, auxiliar de enfermería o secretario auxiliar, al igual que oficios como repostero, manicurista, joyero o empleado en tiendas de autoservicio perciben menos de ese monto, de acuerdo con los datos de la Conasami.
Eso significa que, incluso, estos salarios son insuficientes para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, para la cual se necesitarían 2.86 salarios mínimos generales.
En casi cinco años de gobierno calderonista, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder de compra, lo que lo sitúa como el segundo mayor deterioro salarial de los últimos años, sólo superado por el del sexenio zedillista.
La mengua en el salario actual se traduce en la pérdida de casi la mitad del valor que tenía al inicio del sexenio y del 75 por ciento de lo que representaba en 1978, cuando tuvo su mayor poder adquisitivo, de acuerdo con cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Pese a la merma progresiva que ha tenido el salario durante su administración, el pasado 29 de marzo Felipe Calderón Hinojosa presumió que los gobiernos panistas han sido los únicos en varias décadas en elevar el salario mínimo real. No mencionó, por supuesto, que este incremento ha sido apenas de 57.84 por ciento en términos nominales.
Se trata de un ínfimo crecimiento comparado con el que desde diciembre de 2006 han tenido los precios de productos básicos, como el frijol, que subió 219 por ciento; el aceite, que se incrementó 125 por ciento; o el huevo, cuyo valor es ahora 90 por ciento mayor que al inicio del gobierno calderonista.
En el marco de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Calderón Hinojosa también aseguró que en los últimos 10 años, “aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios”. La supuesta mejora salarial ha sido de sólo 22 pesos en una década de panismo.
Con todo y el marginal incremento, el valor del salario ha decaído, lo que significa que, con un salario mínimo, hoy se pueden comprar 4 kilos menos de tortilla, 1.5 litros menos de leche o 21 piezas menos de pan que en diciembre de 2000, cuando inició el sexenio de Vicente Fox Quesada.
Para entonces, el salario mínimo (de 37.89 pesos) alcanzaba para 9.47 kilos de tortilla, mientras que hoy sólo se pueden comprar 5.42 kilos; también podían adquirirse 5.83 litros de leche; hoy alcanza para 4.27 litros. De las 61.13 piezas de pan que era posible obtener hace 10 años, ahora el salario mínimo solventa la compra de únicamente 40 piezas.
Ni para comerEl artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos generales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Pero los 59.82 pesos del salario mínimo vigente (el más alto de los tres establecidos para igual número de regiones del país) son insuficientes para cumplir con el precepto constitucional; de hecho, ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia.
Aun así, en México existen hoy 3 millones 777 mil 907 personas cuyo ingreso diario no rebasa esta cantidad.
El CAM, adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, estima que son necesarios 2.86 salarios mínimos para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) –ponderación de 33 productos alimenticios básicos, diseñada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, cuyo costo actual se calcula en 171.37 pesos.
Pero en México, una tercera parte de los trabajadores percibe un sueldo diario menor a esa cantidad, a los que se suma un 8 por ciento que no recibe ingreso alguno por su trabajo, como revelan los datos económicos del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso se traduce en 16.5 millones de trabajadores incapaces siquiera de alimentarse adecuadamente.
El profesor Luis Lozano Arredondo, del CAM, explica que desde diciembre de 1987, cuando entró en vigor el primer pacto de estabilidad y crecimiento económico, el aumento nominal del salario mínimo ha sido inferior al de la inflación y, por tanto, al de los precios de productos y servicios.
La consecuencia de ello ha sido el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, pues mientras en 1987 los 6.47 pesos de salario mínimo sufragaban el pago de la CAR (cuyo precio era de 3.95 pesos), para marzo pasado los 59.82 pesos alcanzaban para adquirir apenas una tercera parte.
Para 1994, el salario mínimo de 15.27 pesos solventaba el 60 por ciento de la CAR. Cuando Fox Quesada iniciaba su sexenio, en diciembre de 2000, el salario mínimo –de 37.89 pesos– servía para adquirir el 58 por ciento de dicha canasta.
Una de las consecuencias de este deterioro es que ha aumentado el número de horas de trabajo necesarias para adquirir la CAR. Hace 23 años, bastaba laborar 4.53 horas para pagarla; mientras que ahora son necesarias 22.55 horas, es decir 18 horas más.
Pero las casi tres jornadas laborales que calcula el CAM bastarían únicamente para sufragar los gastos de alimentación, con lo que quedarían pendientes otras necesidades, como ropa, calzado, vivienda, salud, educación y esparcimiento, insostenibles con la tasa salarial actual.
El espejismo de los salariosA decir de Calderón Hinojosa, en la década de los gobiernos panistas la proporción de personas que ganan más de tres salarios mínimos aumentó de 25 a 33 por ciento, al tiempo que el porcentaje de quienes perciben hasta dos salarios mínimos disminuyó de 42 a 31 por ciento.
Pero aun con esta “reducción”, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –en los que el panista basó sus declaraciones– muestran que el 60 por ciento de los trabajadores en el país recibe actualmente máximo tres salarios mínimos al día, equivalentes a 179.5 pesos.
Además, cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, disponibles hasta septiembre de 2010, muestran que en lo que va del sexenio aumentó el número de personas que recibe menos de dos salarios mínimos en casi 1.5 millones, con lo que actualmente suman 15 millones 798 mil 418.
Pero en la lógica calderonista, el solo aumento del número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos –5 mil 383 pesos– significa que ha mejorado “de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias”.
La cifra es cercana a lo que en la óptica del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sería suficiente para pagar los créditos de una vivienda y un coche, así como mensualidades de colegios privados, según declaró el pasado 22 de febrero y que le valió severas críticas.
Entre quienes perciben sueldos superiores a dicho rango, la mayor parte se concentra entre quienes reciben de tres a cinco salarios mínimos, que son casi 8 millones de personas y representan el 19 por ciento de la población ocupada.
Aunque Calderón Hinojosa aseguró que en la última década –es decir, la de los gobiernos panistas– “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres”, las cifras del censo muestran que el 31 por ciento de la población –13 millones 232 mil 933 personas– sigue recibiendo ingresos menores a los dos salarios mínimos.
En contraste, apenas 9.8 por ciento de las personas ocupadas –4 millones 200 mil 371– gana entre cinco y 10 salarios mínimos, y sólo el 4.2 por ciento –1 millón 791 mil 370– obtiene más de 10 salarios mínimos, equivalentes a 17 mil 550 pesos mensuales.
Entre estos privilegiados se encuentra el propio Calderón Hinojosa, quien mensualmente recibe tan sólo como sueldo el equivalente a 2 mil 478 salarios mínimos, así como los secretarios de Estado, cuyo ingreso mensual es de 2 mil 437 salarios mínimos, sin contar las otras prestaciones que el Estado les garantiza.
Minisalario, “ventaja competitiva” del paísLos salarios pagados en México son los más bajos respecto de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son menores a los que tienen otras economías latinoamericanas, como las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2010/2011, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en el país es inferior al que se paga en China, Portugal y Turquía, y está apenas por encima de lo que recibe un trabajador en India.
El maestro Alejandro López Bolaños, quien recopila estos datos en el texto “Los salarios en México y en los países de la OCDE”, publicado en el boletín Momento Económico, menciona que, de 2006 a 2009, el salario mínimo mensual real registró una tasa de variación promedio de -1.4 por ciento y que para 2010 apenas alcanzó un crecimiento de 0.1 por ciento.
A diferencia de países como Brasil, que aumentó su salario mínimo 60 por ciento para fomentar el consumo de la población, en México se mantienen salarios bajos como una forma de atraer capitales extranjeros, explica López Bolaños, colaborador del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
El investigador refiere que los empresarios e inversionistas ven los salarios como un costo de producción, por lo que buscan reducirlo para obtener mayores ganancias. El gobierno, diligente, salvaguarda esta práctica con una política salarial que niega incrementos reales por encima de la inflación.
La doctora Graciela Bensusán Areous, especialista en temas laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que, con este enfoque, los salarios se mantienen “artificialmente bajos”.
De este modo, aun cuando la productividad de algunos sectores ha crecido, se busca que los salarios sean estrechos para ofrecerlos a la inversión foránea “como principal ventaja competitiva” del país.
Los especialistas coinciden en que, para que haya un crecimiento real de la economía, debe fortalecerse el mercado interno, lo cual requiere de una mejora de los salarios de los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra.
Bensusán Areous considera que, simultáneo al problema de los bajos salarios, existe una “polarización salarial”, pues se concentran altos salarios entre muy pocas personas, mientras que la mayoría de los mexicanos recibe “miserias” por su trabajo.
Esto se ha acompañado de un proceso acelerado de concentración de la riqueza, como documenta el CAM.
Así, en una década de gobiernos panistas la fortuna de 24 mil 900 millones de dólares que poseían 13 personas se convirtió en un caudal de 125 mil 100 millones de dólares en manos de 11 sujetos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo.
Se trata de un crecimiento de la riqueza de 402 por ciento en apenas 10 años, en tanto que el salario mínimo nominal ha crecido 57.84 por ciento en el mismo lapso, equivalente sólo a 22 pesos.
López Bolaños advierte que los bajos salarios implican también un riesgo social, pues las personas a las que no les alcanza con lo que ganan ya no sólo se emplean en el sector informal, sino que están insertándose en actividades ligadas al crimen organizado. El investigador concluye: “No tiene ninguna parte ética tener esos salarios tan bajos”.
Conasami fija salarios insuficientesA partir del 1 de enero de 1987, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia encargada de fijar y modificar los montos salariales mínimos en todo el país. En su última actualización, la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó un aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo para este año, equivalente a 2 pesos.
Desde 1931 y hasta entonces, los salarios eran establecidos por comisiones municipales o regionales. La modificación a la ley que facultó a la Conasami establecer los salarios mínimos también fijó tres áreas geográficas para tasarlos:
El área A, que comprende el Distrito Federal y la zona metropolitana, Baja California y Baja California Sur, así como 11 municipios de Tamaulipas, nueve de Sonora, nueve de Veracruz, tres de Chihuahua y el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero. El salario mínimo general vigente en esta área es de 59. 82 pesos, el más alto de las tres.
El área B está formada por 28 municipios de Sonora, 11 de Tamaulipas, siete de Nuevo León, seis de Jalisco y tres de Veracruz, donde el salario mínimo general es de 58.13 pesos.
El área C la integran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El salario mínimo general para ellos es de 56.7 pesos.
Además de los salarios mínimos generales, la Conasami también tiene establecidos salarios mínimos profesionales para 72 profesiones, oficios o trabajos especiales.
Aunque éstos son superiores a los salarios generales, ninguno de ellos rebasa los dos salarios mínimos a excepción del de reportero o fotorreportero de prensa diaria, establecido en 174.5 pesos en promedio, es decir, 5 mil 235 pesos mensuales.
Trabajos como maestro de primaria particular, auxiliar de enfermería o secretario auxiliar, al igual que oficios como repostero, manicurista, joyero o empleado en tiendas de autoservicio perciben menos de ese monto, de acuerdo con los datos de la Conasami.
Eso significa que, incluso, estos salarios son insuficientes para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, para la cual se necesitarían 2.86 salarios mínimos generales.
6 mil pesos, para vivir al día
La “recuperación económica” que pregona el gobierno federal y las cuentas alegres del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, son ajenas a la realidad de millones de familias cuyos ingresos apenas les alcanzan para “vivir al día”, en un país donde más de la mitad de la población recibe sueldos por debajo de los 5 mil 400 pesos al mes.
El mismo día en que Cordero Arroyo sostenía que la “recuperación económica” del país no se transmitía porque los mexicanos “somos (de) lo más exigentes y eso hace que tengamos una percepción un poco más negativa”, Priscila se encontraba cocinando para los trabajadores de una construcción en la colonia Fuentes del Pedregal, en los límites de las delegaciones Tlalpan y La Magdalena Contreras.
No imaginaba que dos semanas después clausurarían la obra. Tampoco calculaba que el cierre demoraría tres semanas. Mucho menos sospechaba que su patrón no les pagaría esos días y que ella estaría “tronándose los dedos” para conseguir dinero y que un mes después seguiría resintiendo ese escollo.
En ese momento, por su mente jamás habría pasado que por esa merma en sus ingresos su hijo por poco se perdería del convivio escolar.
De pie desde las siete de la mañana y hasta las tres de la tarde, la figura de Priscila, que no rebasa el metro y medio de estatura, se desplaza entre la tarja donde lava ollas y cucharones y la parrilla en la que, junto con otras dos mujeres, prepara desayunos y comidas para los albañiles.
Es la una de la tarde, el momento más pesado de la jornada. Los trabajadores, hambrientos, reclaman sus alimentos; el patrón exige a las cocineras mayor celeridad para despachar.
Apostados en sillas de plástico de un comedor igual de improvisado que la cocina, los hombres no llegan ni a la treintena, pero les han dicho que vendrán más conforme avance la obra. Las cocineras apenas si se dan abasto.
Al cabo de las dos de la tarde, los albañiles regresan a su trabajo y las mujeres continúan con su faena, que a esta hora consiste en recoger y limpiar.
Sobre el mandil de Priscila han quedado los rastros de una jornada más en la cocina, pero debajo de éste, el pantalón a cuadros y la playera blanca de su uniforme se mantienen pulcros.
Y es que la joven de 26 años es cuidadosa con su ropa y artículos personales; incluso conserva prendas que compró hace siete años y presume que ha alargado la vida de su maquillaje Mary Kay –el único que tiene de marca– por más de un año. “Todo me lo compro en el mercado; ahí es más barato”.
Pero sus esfuerzos por gastar menos no sirven con Alessandro, quien a sus cuatro años parece un niño de seis. Ha crecido tan rápido que la ropa ya no le queda, dice, preocupada, Priscila, mientras estira las mangas de la playerita roja que el niño viste para cubrirle, sin éxito, las muñecas.
Los gastos que implica la manutención de su hijo son los que más inquietan a Priscila. Recuerda que tuvo que enseñarle a ir al baño cuando ya no pudo comprar los pañales, pues le resultaban muy costosos.
Pero hay gastos inevitables para Priscila, como la comida o el médico. El primero lo resuelve parcialmente en la estancia infantil, pues ahí le dan de desayunar y comer al niño.
Eso le cuesta a Priscila 140 pesos semanales. La joven hace cuentas y dice que así le conviene más, pues de otro modo el gasto en comida sería mayor: “Unos 100 pesos por día”, calcula.
Ella aprovecha que trabaja en una cocina para tomar ahí sus alimentos. Por la noche no cena y a su hijo le prepara leche con chocolate.
Sólo los fines de semana cocina para ella y su hijo. Son los días que más gasta: huevos, tortillas, leche, pan, jamón para el desayuno; sopa y a veces pollo para la comida, “pero si no me alcanza, hago taquitos de queso”, dice.
Cerca de su casa hay un mercado, pero Priscila no lo frecuenta para comprar su mandado; tampoco acude al supermercado. No puede calcular el gasto en una despensa porque hace mucho que no adquiere una: compra “al día”, según lo va necesitando.
Aunque su exesposo los ha asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Priscila prefiere ir al médico particular cuando ella o su hijo enferman.
El Simi –como llama a los consultorios médicos de las Farmacias Similares– es la opción más socorrida, pues es más barata. El problema son las medicinas, concluye, ya que siempre representan el mayor gasto.
De acuerdo con el Censo, hay casi 7 millones 775 mil personas que, a pesar de estar afiliadas a algún sistema de seguridad social público, optan por acudir al servicio privado.
Priscila expone sus razones: una mala atención y un servicio muy lento, que en su caso implica perder un día de trabajo.
Ella no pudo darse esa concesión ni siquiera para ir a hablar con la maestra de Alessandro. Al final, fue su madre quien abogó por una prórroga. La maestra accedió, como lo ha hecho en otras ocasiones.
Retos
Priscila regresa a casa caminando. La distancia que separa la obra en los límites de la zona residencial de Fuentes del Pedregal de su casa en la colonia San Nicolás Totolapan, en la delegación La Magdalena Contreras, no es mucha; mas el dolor que experimenta en las piernas al final de la faena y las empinadas calles languidecen su andar.
No se queja, pues sabe que ésa es una de las ventajas de su trabajo, así se ahorra el gasto en pasajes y tiene la tarde libre para cuidar a su hijo.
Aunque su madre le ayuda en llevar al niño a la escuela y recogerlo, su depresión crónica sumada a la diabetes que padece la mantienen en cama la mayor parte del día, por lo que no puede hacerse cargo de Alessandro.
Como consecuencia, Priscila no puede dejar el trabajo que tiene, aunque eso implique recibir un bajo salario, estar subocupada y tener un trabajo precario, pues no cuenta con ninguna prestación de ley.
Además, para poder trabajar, Priscila tiene que costear una estancia infantil donde pueda dejar al niño por las mañanas. Mantenerlo ahí absorbe la tercera parte de su frágil salario.
Mientras juega con sus dedos, la cabeza baja, Priscila piensa en el futuro. Le preocupa que Ale pronto tendrá que ir a la primaria y ello implicará más gastos; le preocupa también que los servicios de agua y luz encarezcan a consecuencia del crecimiento de la zona residencial del Pedregal.
La joven piensa también en sus proyectos: terminar la preparatoria y conseguir un mejor trabajo.
—¿Qué sería para ti un mejor trabajo?
—Donde tengas un puestito más alto, que ganes un poquito más. Que de todas formas, donde sea te pagan lo que quieren –acota.
Priscila recuerda que se enteró de la declaración de Cordero Arroyo, aunque no puede precisar dónde. Y es que la difusión que medios de comunicación y redes sociales le dieron a la noticia incluso obligó al secretario a “aclarar” el sentido de su expresión.
En una entrevista concedida a José Yuste y Maricarmen Cortés, de Radio Fórmula, intentó enmendarse y sostuvo que su declaración había sido un “reconocimiento” a las familias de “clases medias” en México que “hacen verdaderamente milagros para salir adelante”.
La joven repite lo que ese día vino a su cabeza, pero por el tono que imprime a sus palabras, más que una respuesta se escucha como desafío: “A ver, que viva él con ese dinero”.
Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011
Alessandro estuvo a punto de no asistir al festival del Día del Niño que organizó su escuela porque Priscila, su madre, debía la colegiatura. La maestra había sido tajante: “Quien no pague no puede estar en el convivio”.
Priscila tenía que liquidar su deuda de 500 pesos antes del viernes 15 de abril, pero hasta el 16 cobraría los 900 pesos que percibe cada semana por su trabajo como ayudante de cocina en una construcción, en la colonia Fuentes del Pedregal, al Sur de la ciudad de México.
Ajeno a las vicisitudes que relata su madre, Ale, como lo llama Priscila, se pasea por la pequeña habitación que hace las veces de sala, comedor y hasta bodega, según delatan las cobijas que, apiladas, ella ha tenido el cuidado de esconder en un rincón bajo una vieja sábana. La presencia de un horno de microondas termina de romper la idea de que el cuarto sirve sólo como estancia.
En su trajín, el niño abre la puerta de la habitación contigua y descubre lo que constituye el resto de la casa de Priscila. Se trata de una recámara, más grande que la estancia, que sirve de dormitorio de madre e hijo.
Los juguetes de Alessandro ocupan la mayor parte del espacio, pero también se encuentran en la habitación una televisión, un reproductor DVD, un armario y un tocador. Sólo se divisa una cama. La joven explica que es porque cambió su viejo colchón por uno que le regaló su hermana, pero, como éste era king size, se le ocurrió juntar las camas para aprovechar mejor el obsequio.
Priscila procura tener en orden su casa. Los escasos muebles –un sillón, dos libreros y una mesa de centro– evidencian la modestia con la que vive.
De las paredes de la estancia, que al paso de los años han empalidecido, cuelgan algunas viejas fotografías que, junto con dos cuadros igual de desteñidos, algunos figurines y un centro de mesa constituyen toda la decoración.
Ninguno de esos muebles es suyo, sino de su madre, quien vive en la parte superior de la casa. La propiedad tampoco es suya ni de su madre, sino de una tía que les permite vivir ahí; a cambio, tienen que compartir la casa con otras dos familias, también allegadas de la tía.
“Sí me debería de pedir [una renta], pero nunca me alcanza para nada”, admite, apenada.
Desde hace dos meses que se separó de su esposo, la situación económica de Priscila ha empeorado, pues entre lo que ella gana y lo que él le da, sólo reúne 5 mil 400 pesos al mes.
La joven calcula que antes de la separación, los ingresos de ambos sumaban poco más de 7 mil pesos mensuales.
Priscila hace memoria y recuerda que recién casados, cuando él trabajaba como vendedor en tiendas departamentales, llegaba a ganar hasta 3 mil pesos quincenales, según las comisiones que le dieran. Ella, mientras tanto, se encargaba de cuidar de Alessandro, que acababa de nacer.
Pero ni entonces ni ahora el dinero le alcanza a Priscila más que para “vivir al día”, como ella misma describe.
A pesar de lo insuficiente de sus ingresos, para el gobierno federal la familia de Priscila ya podría considerarse como clase media, aquélla que “ya está sintiendo la recuperación económica en sus bolsillos”.
Aún más: estaría cerca de poder sufragar el pago de créditos para una casa y un coche y pagar la colegiatura de la escuela privada de su hijo, a decir del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo.
Para el funcionario, familias con ingresos de 6 mil pesos pueden solventar ese tipo de gastos “con mucho esfuerzo”, según declaró el 21 de febrero pasado, luego de dar un mensaje sobre el “crecimiento de la economía” en 2010.
Aunque no hay un dato exacto sobre el número de familias que hay con esas percepciones, el Censo de Población y Vivienda 2010 las ubicaría en el rango de ingresos de “entre tres y cinco salarios mínimos”, es decir, quienes ganan de 5 mil 400 a 8 mil 900 pesos al mes.
Se trataría, en todo caso, de casi 8 millones de personas, mientras que en el país más de 22 millones –casi el triple– subsisten con menos de 5 mil 400 pesos cada mes.
En el caso de Priscila, aunque por sus ingresos figure en el límite de las optimistas estadísticas oficiales, no participa de aquéllas en las que el gobierno basa su discurso de la recuperación económica.
Y es que su familia no está entre el 30 por ciento de las que tienen computadora, sino en el 70 por ciento restante que no tiene. Tampoco cuenta con línea telefónica en su casa ni automóvil, además de que la televisión y el refrigerador que ocupa no le pertenecen.
En un rápido conteo, Priscila enlista las únicas cosas que ha podido comprar para su casa en cuatro años: la base de su cama, el tocador, un reproductor DVD, una lavadora, una plancha y un juego de sábanas. Todo, en abonos.
Hace poco terminó de pagar la lavadora; dice que de haberla comprado al contado, le habría salido más barata, pero no tenía dinero y no podía aguantar tanto tiempo sin la máquina. Al final, le costó 5 mil pesos. “Y ni siquiera es automática”, se lamenta.
Estirar el gasto
El mismo día en que Cordero Arroyo sostenía que la “recuperación económica” del país no se transmitía porque los mexicanos “somos (de) lo más exigentes y eso hace que tengamos una percepción un poco más negativa”, Priscila se encontraba cocinando para los trabajadores de una construcción en la colonia Fuentes del Pedregal, en los límites de las delegaciones Tlalpan y La Magdalena Contreras.No imaginaba que dos semanas después clausurarían la obra. Tampoco calculaba que el cierre demoraría tres semanas. Mucho menos sospechaba que su patrón no les pagaría esos días y que ella estaría “tronándose los dedos” para conseguir dinero y que un mes después seguiría resintiendo ese escollo.
En ese momento, por su mente jamás habría pasado que por esa merma en sus ingresos su hijo por poco se perdería del convivio escolar.
De pie desde las siete de la mañana y hasta las tres de la tarde, la figura de Priscila, que no rebasa el metro y medio de estatura, se desplaza entre la tarja donde lava ollas y cucharones y la parrilla en la que, junto con otras dos mujeres, prepara desayunos y comidas para los albañiles.
Es la una de la tarde, el momento más pesado de la jornada. Los trabajadores, hambrientos, reclaman sus alimentos; el patrón exige a las cocineras mayor celeridad para despachar.
Apostados en sillas de plástico de un comedor igual de improvisado que la cocina, los hombres no llegan ni a la treintena, pero les han dicho que vendrán más conforme avance la obra. Las cocineras apenas si se dan abasto.
Al cabo de las dos de la tarde, los albañiles regresan a su trabajo y las mujeres continúan con su faena, que a esta hora consiste en recoger y limpiar.
Sobre el mandil de Priscila han quedado los rastros de una jornada más en la cocina, pero debajo de éste, el pantalón a cuadros y la playera blanca de su uniforme se mantienen pulcros.
Y es que la joven de 26 años es cuidadosa con su ropa y artículos personales; incluso conserva prendas que compró hace siete años y presume que ha alargado la vida de su maquillaje Mary Kay –el único que tiene de marca– por más de un año. “Todo me lo compro en el mercado; ahí es más barato”.
Pero sus esfuerzos por gastar menos no sirven con Alessandro, quien a sus cuatro años parece un niño de seis. Ha crecido tan rápido que la ropa ya no le queda, dice, preocupada, Priscila, mientras estira las mangas de la playerita roja que el niño viste para cubrirle, sin éxito, las muñecas.
Los gastos que implica la manutención de su hijo son los que más inquietan a Priscila. Recuerda que tuvo que enseñarle a ir al baño cuando ya no pudo comprar los pañales, pues le resultaban muy costosos.
Pero hay gastos inevitables para Priscila, como la comida o el médico. El primero lo resuelve parcialmente en la estancia infantil, pues ahí le dan de desayunar y comer al niño.
Eso le cuesta a Priscila 140 pesos semanales. La joven hace cuentas y dice que así le conviene más, pues de otro modo el gasto en comida sería mayor: “Unos 100 pesos por día”, calcula.
Ella aprovecha que trabaja en una cocina para tomar ahí sus alimentos. Por la noche no cena y a su hijo le prepara leche con chocolate.
Sólo los fines de semana cocina para ella y su hijo. Son los días que más gasta: huevos, tortillas, leche, pan, jamón para el desayuno; sopa y a veces pollo para la comida, “pero si no me alcanza, hago taquitos de queso”, dice.
Cerca de su casa hay un mercado, pero Priscila no lo frecuenta para comprar su mandado; tampoco acude al supermercado. No puede calcular el gasto en una despensa porque hace mucho que no adquiere una: compra “al día”, según lo va necesitando.
Aunque su exesposo los ha asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Priscila prefiere ir al médico particular cuando ella o su hijo enferman.
El Simi –como llama a los consultorios médicos de las Farmacias Similares– es la opción más socorrida, pues es más barata. El problema son las medicinas, concluye, ya que siempre representan el mayor gasto.
De acuerdo con el Censo, hay casi 7 millones 775 mil personas que, a pesar de estar afiliadas a algún sistema de seguridad social público, optan por acudir al servicio privado.
Priscila expone sus razones: una mala atención y un servicio muy lento, que en su caso implica perder un día de trabajo.
Ella no pudo darse esa concesión ni siquiera para ir a hablar con la maestra de Alessandro. Al final, fue su madre quien abogó por una prórroga. La maestra accedió, como lo ha hecho en otras ocasiones.
Retos
Priscila regresa a casa caminando. La distancia que separa la obra en los límites de la zona residencial de Fuentes del Pedregal de su casa en la colonia San Nicolás Totolapan, en la delegación La Magdalena Contreras, no es mucha; mas el dolor que experimenta en las piernas al final de la faena y las empinadas calles languidecen su andar.
No se queja, pues sabe que ésa es una de las ventajas de su trabajo, así se ahorra el gasto en pasajes y tiene la tarde libre para cuidar a su hijo.
Aunque su madre le ayuda en llevar al niño a la escuela y recogerlo, su depresión crónica sumada a la diabetes que padece la mantienen en cama la mayor parte del día, por lo que no puede hacerse cargo de Alessandro.
Como consecuencia, Priscila no puede dejar el trabajo que tiene, aunque eso implique recibir un bajo salario, estar subocupada y tener un trabajo precario, pues no cuenta con ninguna prestación de ley.
Además, para poder trabajar, Priscila tiene que costear una estancia infantil donde pueda dejar al niño por las mañanas. Mantenerlo ahí absorbe la tercera parte de su frágil salario.
Mientras juega con sus dedos, la cabeza baja, Priscila piensa en el futuro. Le preocupa que Ale pronto tendrá que ir a la primaria y ello implicará más gastos; le preocupa también que los servicios de agua y luz encarezcan a consecuencia del crecimiento de la zona residencial del Pedregal.
La joven piensa también en sus proyectos: terminar la preparatoria y conseguir un mejor trabajo.
—¿Qué sería para ti un mejor trabajo?
—Donde tengas un puestito más alto, que ganes un poquito más. Que de todas formas, donde sea te pagan lo que quieren –acota.
Priscila recuerda que se enteró de la declaración de Cordero Arroyo, aunque no puede precisar dónde. Y es que la difusión que medios de comunicación y redes sociales le dieron a la noticia incluso obligó al secretario a “aclarar” el sentido de su expresión.
En una entrevista concedida a José Yuste y Maricarmen Cortés, de Radio Fórmula, intentó enmendarse y sostuvo que su declaración había sido un “reconocimiento” a las familias de “clases medias” en México que “hacen verdaderamente milagros para salir adelante”.
La joven repite lo que ese día vino a su cabeza, pero por el tono que imprime a sus palabras, más que una respuesta se escucha como desafío: “A ver, que viva él con ese dinero”.
Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011
La muerte mediática de Bin Laden
El montaje que anunció la muerte de Osama. MÉXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- La noticia corrió como reguero de pólvora en los medios occidentales, la noche del domingo 1. De golpe, al confirmar la muerte de Osama Bin Laden, Barack Obama sepultó la larga jornada de alabanzas y reiteradas imágenes sobre la beatificación de Juan Pablo II.
Las dos grandes religiones –islamismo y cristianismo– confrontadas en la escena mediática, pero ahora con el ingrediente del recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que para el imaginario estadunidense seguirá representando una dura afrenta en su orgullo imperial.
El anuncio, que ha dominado la agenda informativa internacional, también ha generado una ola de reacciones dominadas por el escepticismo y la suspicacia. Entre analistas árabes y latinoamericanos en especial, aquellos confrontados con la línea de Washington, se especula sobre un posible "montaje mediático" al estilo de los que aplica en México nuestro secretario de Seguridad Pública, Genaro García.
Lo cierto es que se trata de una muerte mediáticamente anunciada. Con este hecho, Estados Unidos pretende cerrar un capítulo en su "guerra contra el terrorismo", pero no concluye lo que en distintas investigaciones periodísticas se ha ventilado.
Existen tres grandes ejes de este episodio:
1. El futuro de Al Qaeda. El surgimiento y operación de esta red de células autónomas –a la usanza de una franquicia estilo Mc Donalds– está extraordinariamente descrito, a detalle, en el libro La Torre Elevada, Al Qaeda y los Orígenes del 11-S, una investigación de Lawrence Wright que mereció el Permio Pulitzer. ¿Realmente se debilita esta trasnacional del terrorismo y el fanatismo tras la muerte de Bin Laden?
2. El papel de la CIA. Los cables informativos y el propio discurso de Barack Obama insistieron en reivindicar el papel de la agencia de espionaje más famosa, pero más fallida de la historia estadunidense. Las múltiples dudas sobre los errores, las complicidades y la falta de una estrategia preventiva frente a los ataques terroristas están planteadas en Legado de Cenizas, la Historia de la CIA, libro de Tim Weiner, también ganador del Premio Pulitzer. Las pistas de este fracaso siguen abiertas.
3. La invasión a Afganistán y a Irak. Existen numerosos y extraordinarios libros, especialmente los del periodista irlandés Robert Fisk, colaborador de The Independent, surgidos a raíz de las dos grandes invasiones del gobierno de George W. Bush bajo el pretexto de responder al “golpe” del 11-S. La vietnamización de ambas invasiones es un hecho que persigue como sombra a la administración demócrata de Barack Obama. Con las recientes revelaciones de los cables de Wikileaks sobre las torturas en la cárcel de Guantánamo, vale la pena releer no sólo la obra de Fisk, sino también Obediencia Debida, un compendio de los artículos de Seymour M. Hersh, colaborador de The New Yorker.
Algunas pistas
La trama sobre el surgimiento de Al Qaeda está relatada al detalle en el libro La Torre Elevada, una extensa y bien documentada historia de Lawrence Wright, escritor, guionista y autor de obras de teatro, y redactor de The New Yorker.
Desde el principio de la obra, Wright nos advierte que el origen de Al Qaeda no está en la locura individual de Osama Bin Laden o los millones de petrodólares de su familia, sino en el asesinato de Hasan al Banna, guía supremo de la sociedad de los Hermanos Musulamanes de El Cairo, una organización que ahora ha cobrado un nuevo protagonismo a raíz de la caída del régimen de Hosni Mubarak.
Los Hermanos Musulmanes no es una organización de reciente creación. Su origen se remonta a 1928 y tenía como objetivo convertir al país más importante del mundo árabe –después de Arabia Saudita– en un Estado islámico. Se enfrentaron al régimen de Gamal Abdel Nasser, en los años cincuenta, y a Annuar el Sadat, a quien criticaron por la capitulación con Israel en los años setenta, y han sobrevivido a todo.
Desde su origen tuvieron un “aparato secreto” bien compartimentado, que fue formando las redes de lo que posteriormente daría lugar a Al Qaeda.
De este aparato surgió el llamado “número dos” de Al Qaeda, que aún vive y sigue activo: Ayman Al Zawahiri. Este personaje es clave en la trama de la formación de Al Qaeda en Afganistán y su expansión hacia Pakistán. Wright describe así este papel:
“Gracias a sus contactos con los jefes tribales locales, Zawahiri viajó a Afganistán en varias ocasiones atravesando clandestinamente la frontera, lo que lo convirtió en uno de los primeros extranjeros que pudo presenciar el coraje de los combatientes afganos por la libertad, que se hacían llamar muyahidines, guerreros santos. Aquel otoño (de finales de los ochenta, en plena guerra contra las tropas soviéticas), Zawahiri volvió a El Cairo contando innumerables historias sobre los “milagros” que estaban ocurriendo en la yihad contra los soviéticos” (pp. 65-66).
El propio Wright advierte que “la tragedia estadunidense del 11 de septiembre se gestó en las prisiones de Egipto. Los defensores de los derechos humanos de El Cairo afirman que la tortura generó un deseo de venganza, primero en Sayyid Qutb, y más tarde en sus acólitos, incluido Ayman al Zawahiri. El principal blanco de la ira de los presos era el gobierno laico egipcio, pero también había una poderosa corriente de ira dirigida hacia Occidente, al que consideraban valedor de un régimen represivo”.
A lo largo de La Torre Elevada, Wright relata cómo se dio el encuentro entre Zawahiri y Osama Bin Laden, el papel del salafismo en la conformación de una ideología, así como el de otras organizaciones radicales islámicas que se fueron sumando a la iniciativa de estos dos personajes y la yihad global, formada a través de un hecho fundamental: el caldo de cultivo que representó en la década de los ochenta y los noventa los agravios cometidos contra los pueblos árabes por la Unión Soviética, Estados Unidos y su errática política en Medio Oriente, y el autoritarismo de los regímenes que hoy están cayendo como piezas de dominó.
Al Qaeda, advierte Wright, “sería un vector de esas dos fuerzas: una egipcia y otra saudí. Ambos tendrían que ceder para adaptarse a los objetivos del otro (Zawahiri y Bin Laden); como consecuencia, Al Qaeda seguiría un camino único, la yihad global”.
La idea de derrumbar las torres gemelas de Nueva York, documenta La Torre Elevada, surgió del llamado jeque ciego Omar Abdul Rahman, quien recibía apoyos financieros de Bin Laden. Y esto se gestó frente a las narices del aparato de inteligencia de Estados Unidos y a su mala lectura del fenómeno geopolítico en Medio Oriente. Wright advierte que entre los pocos que se dieron cuenta de que los grupos radicales preparaban el “asesinato a gran escala” como una de sus tácticas fue John O’Neill, exjefe de la sección de antiterrorismo del FBI, mejor conocido como El Príncipe de las Tinieblas (leer el capítulo 11 del libro).
El fracaso de la CIA y de EU
“El 11 de septiembre fue el catastrófico fracaso que Tenet (jefe de la CIA) había predicho tres años antes. Representó un fracaso sistemático de todo el gobierno estadunidense: la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, el FBI, la Administración Federal de Aviación, el Servicio de Inmigración y Naturalización, y los comités de inteligencia parlamentarios. Fue un fracaso de la política y de la diplomacia. Fue un fracaso de los periodistas acreditados en el gobierno, que no supieron entender y transmitir la desorganización de esto a sus lectores. Pero, sobre todo, fue el fracaso de no saber conocer al enemigo. La CIA se había creado precisamente para evitar este nuevo Pearl Harbor”.
Con este párrafo sintético y contundente, Tim Weiner reconstruye en el libro Legado de Cenizas, la Historia de la CIA, el cúmulo de errores cometidos no sólo antes sino después de los ataques terroristas del 11-S. También la mentira que justificó una de las invasiones más caras y bárbaras de la historia moderna, que fue la de Irak, así como el desconocimiento de lo que sucede en ese país y en Afganistán.
El mismo director de la CIA, George Tenet, convenció a los halcones del gobierno de Bush de que “Irak proporcionó a Al Qaeda diversas clases de entrenamiento: combate, fabricación de bombas, así como armas químicas y biológicas, radiológicas y nucleares”.
Weiner subraya que Tenet basó su información en una sola fuente: Ibn al-Shaj al Libi, un actor marginal al que habían torturado (ya vimos a través de Wikileaks el tipo de torturas que se aplican para sacar “información creíble”) y encerrado durante 17 horas en una caja de poco más de medio metro de ancho.
El cúmulo de errores cometidos por la CIA en este periodo devastó a la agencia de espionaje, sostiene Weiner en su libro. Vale la pena releerlo para saber si ahora, en los tiempos de Obama, ese gran mito de la central de inteligencia más poderosa del mundo no volverá a embarcar a una nación y a todo el mundo en una guerra de tres billones de dólares, como sostienen Joseph Stiglitz y Linda J. Bilmes en otro libro: El Costo Real del Conflicto de Irak.
La tortura sin inteligencia
Desde el primer capítulo del libro Obediencia Debida, Seymour M. Hersh reproduce lo que le dijo un profesor de Análisis de Defensa, tras visitar la cárcel de Guantánamo, en Cuba, donde estaban apilados más de 600 prisioneros afganos:
“Regresó convencido de que en Guantánamo estábamos cometiendo crímenes de guerra. Según su muestra, más de la mitad de los que estaban allí encerrados no tenían por qué estarlo. Encontró gente tirada en el suelo sobre sus propias heces –incluidos dos cautivos (de ochenta años o más), indudablemente aquejados de demencia. Le pareció que lo que allí ocurría determinaba quién era importante y quién no” (p. 24).
El libro de Hersh fue escrito en 2003 y publicado en 2004, siete años antes de que la filtración de los cables internos del Pentágono, filtrados por Wikileaks confirmaran lo que ha sido un desastre y un continuo delito de guerra de las autoridades estadunidenses en Guantánamo.
Estas historias, a la luz del anuncio mediático de la muerte de Osama Bin Laden, hay que releerlas y revisarlas para saber el tamaño y el impacto de la fallida “guerra contra el terrorismo” de la última administración estadunidense. ¿Cometerá Barack Obama los mismos errores, atrapado en la red similar de intereses y de visión maniquea de la realidad en Medio Oriente?
www.homozapping.com.mx
http://www.jenarovillamil.wordpress.com.mx/
Calderón: Confesión en el Vaticano
Calderón y Zavala en el VaticanoMÉXICO, DF, 2 de mayo (apro).- El problema de los zalameros es que suelen ponerlos en ridículo hasta sus propios adulados y eso le pasó a Germán Martínez, el peor presidente que ha tenido el Partido Acción Nacional (PAN) en su historia, por quedar bien con Felipe Calderón, quien en Roma hizo una aterradora confesión.
Martínez, cuya súbita riqueza patrimonial es motivo de escándalo entre los panistas, escribió en el diario Reforma, hoy lunes 2, que la visita de Calderón a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II no viola el Estado laico ni la Constitución y la ley.
El viaje de Calderón a El Vaticano, alegó, no fue de carácter oficial, “aunque tampoco sea privado o personal”. Más allá de si algún día explica qué naturaleza tuvo esa visita, a la que se sumó un grupo de religiosos con cargo a nuestros impuestos, conviene detenerse en la defensa que hace Martínez de su jefe en la violación por lo menos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Dice el artículo 25 de esa ley que las autoridades federales, estatales y municipales “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”.
Según Martínez, si bien es cierto que existe esa prohibición en la ley, Calderón no la violó porque su presencia en El Vaticano no tuvo, como ya se apuntó, “carácter oficial”, y dio sus alegatos:
“No es oficial, porque ‘lo oficial’ de un acto de gobierno produce consecuencias jurídicas, políticas o ‘de facto’ en la población. El Presidente (sic) nada ‘oficializó’ con su visita. Nada acordó como para suponer la violación al Estado laico. No pactó subordinar el gobierno al deseo de un obispo, cura, abad o acólito.”
Cabe preguntarse entonces: ¿En calidad de qué Calderón invitó a Joseph Ratzinger a visitar México, donde los mexicanos --¡y él mismo!-- “estamos sufriendo” por la violencia que ha ensangrentado la nación? ¿Solicitó esa visita de desesperado auxilio --“lo necesitamos”--, sólo como ciudadano michoacano y creyente?
Y más aún: ¿Calderón invitó a Ratzinger como jefe de un Estado, El Vaticano, o como líder espiritual de una religión que no profesan por lo menos 20 millones de mexicanos que han sido discriminados por su predilección religiosa?
Esto fue lo que le dijo: “Santo Padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano, de los mexicanos para que visite nuestro país que al momento sufre mucha violencia. Ellos le necesitan mucho, más que nunca, estamos sufriendo”.
¿No es obvio que esa solicitud al papa Benedicto XVI a México, hecha por Calderón en ese viaje que para Martínez no fue oficial, “aunque tampoco sea privado o personal”, ya tiene consecuencias jurídicas, políticas o por lo menos “de facto” en la población, así sea con fines facciosos, y por tanto implica una violación legal?
Es obvia que la defensa de Martínez a Calderón, su jefe, no había tomado en cuenta la petición que le hizo a Ratzinger en el breve saludo y su alegato resultó ridículo.
Martínez concluyó su panegírico de Calderón así: “Entiendo el enojo por beatificar al liquidador del comunismo, pero, ¿qué culpa tiene Calderón?”
Y uno puede decir: Se entiende la necesidad de Calderón de sustituir con religiosidad su suprema ineptitud, pero ¿qué culpa tenemos los mexicanos de que nos traiga a un protector de pederastas como fue también el nuevo beato?
Lo que aterra es la dramática solicitud de Calderón a Ratzinger que, sin sarcasmos, implica el reconocimiento de que avanzamos fatalmente hacia el abismo. Es la capitulación de alguien que por su capacidad pudo ser, si acaso, alcalde de Morelia.
Por eso, a pesar del ominoso silencio de las grandes cadenas mediáticas --tan obsequiosas con el poder cuando les deja rédito económico--, la indiferencia de los magnates y el grueso de la clase política, es preciso sumarse a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que el domingo 8 llegará al Zócalo…
Apuntes
En rigor, Juan Pablo II podría ser llamado beato de criminales, porque a muchos de ellos encubrió, en particular a los miserables que usan la sotana para someter sexualmente a niños. Esa es la Iglesia católica. La fe es otra cosa… Javier Lozano Alarcón, el priista poblano que aborrecía el PAN, en el que ahora milita, afirmó este lunes, en su cuenta de Twitter, que “los del Proceso” estamos traumados, pero cuando le pregunté, por la misma vía, qué razones tenía para hacer una imputación así, guardó silencio durante todo el día. Le reitero al secretario del Trabajo: “Da pruebas o queda como un cobarde.”
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
La guerra que prefieren los general
Elementos del Ejército en la Ciudad de México. MÉXICO, D.F., 2 de mayo.- Por fin el presidente se ha dado por enterado. Reconoció recién esta semana que hay un consenso en el país: El Ejército no debe estar en las calles. “Hay una presión enorme, enorme para que no esté en las calles”, declaró Felipe Calderón.
Lo que preocupa de la admisión del presidente es que pudiera conducir a la conclusión directamente antípoda: Luego de que nada se ha ganado en esta guerra, el Ejército debe retirarse admitiendo la derrota del Estado mexicano ante el crimen.
Tal vez es más productivo enunciar el llamado de la sociedad civil de forma más compleja: El Ejército debiera ser retirado de las calles, pero no para declararse vencido, sino para adquirir funciones de Ejército.
Porque por lo pronto el Ejército ha sido sacado a las calles con una mano amarrada a la espalda: a cumplir funciones de policías, con restricciones de policías que se mueven entre la población civil, pero el Ejército pudiera y debiera emprender la guerra contra el crimen como lo que es, una fuerza militar entrenada y equipada para la confrontación directa y extraordinariamente violenta.
Si se cuadricula al territorio nacional. Si se delimita claramente qué zonas han dejado de estar regidas por el Estado legal y son regidas por el crimen. Si esas regiones se aíslan y se sellan. Si se evacúa a la población desarmada. Si en esas regiones selladas se declara el estado de excepción, ni más ni menos que la suspensión de garantías individuales, que permite el artículo 29 de la Constitución, para zonas donde se ha alterado gravemente el orden. “Entonces el Ejército podría entrar a ellas con todo su poder. Por aire, por tierra y por mar”. Con aviones y helicópteros, tanques y buques. “Para no dejar sin voltear una sola roca”.
Los entrecomillados son palabras del general de División Luis Garfias, las otras mi síntesis de su planteamiento.
Sigue el general Garfias: “Hablamos de un 40% del territorio nacional” donde el Estado ya no gobierna. Un 40% que se está desbordando.
Si esta es una guerra, implica el general Garfias, que lo sea. Que el presidente y el Congreso se atrevan a tomar las medidas para que lo sea. Una guerra territorialmente limitada y con condiciones para que logre su cometido con rapidez. “Según los órganos militares duraría semanas o meses”, aclara el general Garfias. No años.
Otra función crucial que el Ejército debiera tener, depende de que por fin el presidente focalice el objetivo de esta guerra. Que renuncie a la guerra amplia contra el crimen y el tráfico de drogas de todo México, y decida restringir el objetivo al de la seguridad de la población civil.
La seguridad de la población civil no se define por el exterminio de los maleantes, ni siquiera por la disminución drástica de personas que se dedican a actividades ilícitas. Se define por el abatimiento dramático de los crímenes que directamente destruyen las vidas de los civiles. El robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio.
Me lo confía otro general de División que me pide no revelar su nombre, dado el tamaño de lo que expresa: “Por mí que construyan los narcos un ducto que lleve directo la coca de Sinaloa a California. Si Estados Unidos no hace la guerra contra los distribuidores de droga, ¿por qué nosotros la hacemos contra los que les transportan la droga a esos distribuidores felices? Lo que debe importarnos es librar del crimen y del miedo a los mexicanos”.
Este segundo planteamiento no excluye al anterior del general Garfias, adecuado únicamente para reconquistar las zonas de donde el Estado ha sido expulsado. Este segundo planteamiento sería adecuado para el resto del territorio y prevé un cuerpo armado de élite, con una movilidad y capacidad de ataque extraordinarios. Un cuerpo de élite que no puede surgir a corto plazo más que del Ejército o la Marina.
Si los miembros de un cártel roban, extorsionan, secuestran o matan a un civil, este grupo reacciona atacando al cártel en una zona focalizada y con una intensidad feroz.
Definir el objetivo de la guerra como la seguridad de los civiles tiene beneficios puntuales. Permite a los civiles aceptar esta guerra como su guerra. Alienta a los capos a replegar las actividades de sus tropas, a contenerlas, a controlarlas, como lo hacen desde hace tiempo del otro lado de nuestra frontera norte. Permite al Ejército elegir los territorios del enfrentamiento, para su ventaja y el de los civiles. Y por último, da un criterio objetivo para algún día dar por ganada la guerra.
¿Quién decidió esta guerra y cómo librarla, el presidente o los generales del Ejército Mexicano?
“El presidente”, responde lacónico el general Garfias.
Algunos militares piensan que es tiempo de que los militares decidan cómo hacer la guerra.
Brincando con un pie
Carlos Slim, empresario
MÉXICO, D.F., 3 de mayo.- Arthur Schopenhauer escribió que “la felicidad consiste en la repetición frecuente del placer”. Y en medio de las malas noticias diseminadas diariamente sobre el país existe al menos una que debería ser motivo de júbilo. Causa de carcajadas. Atalaya de aplausos. Fuente de optimismo en torno al México más justo que merecemos y al cual tenemos derecho a aspirar. He allí un racimo de razones para brincar de alegría, envuelto en la multa por prácticas monopólicas que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) le acaba de imponer a Telcel, y a su accionista más importante, Carlos Slim. Años de rapacidad, finalmente constatados. Años de abuso, finalmente sancionados. Años de pasividad gubernamental que –apenas ahora y con esta decisión– será posible tratar de resarcir.
Porque las 540 cuartillas elaboradas por la Cofeco describen una historia que cualquier consumidor conoce, cualquier ciudadano padece, cualquier mexicano ha sido obligado a tolerar. Telcel imponiendo precios anticompetitivos; Telcel aumentando los costos de sus competidores; Telcel entorpeciendo la competencia; Telcel incurriendo en prácticas monopólicas reiteradas; Telcel obteniendo tasas de ganancia inusitadas por ello. Y las verdaderas víctimas de todo ello: los 91 millones de usuarios de telefonía celular en el país obligados a pagar costos excesivos. Obligados a transferir a las arcas de Telcel y a los bolsillos del Sr. Slim 6 mil millones de dólares de más, si las tarifas de interconexión no fueran entre las más altas de la OCDE. Obligados a crear la fortuna más grande del mundo mientras no comparten sus beneficios.
Y ahora que después de tanto tiempo una autoridad decide actuar, lo sorprendente ha sido la descalificación. El cues-tionamiento. El sospechosismo de quienes deberían brincar de felicidad, pero optan por arrastrar pies de plomo. “Al número de la multa llegaron por aventón”, dicen los que no conocen los artículos de la ley de competencia que permiten vincular la sanción al 10% de las acciones o al 10% de las ventas de la empresa. “La multa es excesiva”, alegan los que no han visto los comparativos internacionales, ni los montos superiores que se han cobrado a otras empresas en otras latitudes, por conductas similares. “Es una decision política de congraciamiento o subordinación a Televisa”, argumentan quienes ignoran que la Comisión Federal de Competencia lleva un buen tiempo insistiendo en la licitación de una tercera cadena de television abierta, y la participación de Carlos Slim en la television de paga.
Quienes han esgrimido estos argumentos no parecen entender el buen precedente que se sienta, el principio de autoridad regulatoria que se ejerce, el efecto demostración que la multa podría tener sobre tantas empresas propensas a expoliar a los consumidores. Quienes han apilado estas críticas a la decisión de la Comisión Federal de Competencia no parecen comprender que –por fin– alguien en el gobierno se ha atrevido a actuar en nombre de los mexicanos exprimidos que día tras día, mes tras mes, año tras año han convertido a Telcel en una de las compañías más lucrativas del planeta. La empresa del Sr. Slim ha abusado de su posición en el mercado, y las autoridades regulatorias –conforme a las mejores prácticas mundiales– le han impuesto un castigo. He allí el meollo del asunto, la razón detrás de la celebración, aquello que debería generar el apoyo decidido en lugar de la crítica contraproducente.
Pero parecería que la animadversión a Televisa, legítima y ganada a pulso, impide a algunos comprender la magnitud de la multa anunciada a Telcel, la trascendencia de las implicaciones que podría tener, los cambios en favor de la competencia que podría desatar. La decisión –tardía pero bienvenida– de la autoridad regulatoria es denostada porque encara a un monopolio y no al otro. La resolución de la Cofeco es descalificada porque favorece a Televisa al impugnar el comportamiento de su rival. Pero resulta ser que ese rival –Carlos Slim– ha generado daños severos a los consumidores, a la competitividad, al crecimiento, y es hora de que las autoridades y los mexicanos lo comprendan. El odio a Televisa no debe ofuscar la imperiosa necesidad de contener a su contrincante. No se trata de creer que un monopolio es menos malo que otro, sino de confrontarlos por igual. Televisa pervierte la democracia del país; Telcel estrangula su desarrollo económico. Televisa chantajea a la clase política de México; Telcel expolia a sus consumidores.
Por ello, el rasero regulatorio debe ser parejo y la Cofeco necesita evaluar a Televisa con la misma vara de medición que ha usado contra el Sr. Slim. Por ello, el empuje pro-competencia que hemos presenciado en las últimas semanas no va a ser creíble si al titán de las telecomunicaciones se le manda un macanazo, mientras al titán televisivo se le otorga todo lo que quiere. Por ello es fundamental cuestionar si la manera de mejorar el mundo de las telecomunicaciones es otorgándole a uno de los dos monstruos lo que desea y no tiene: la pantalla de televisión desde la cual construir candidatos presidenciales, defender sus modos monopólicos, chantajear candidatos, volver a todo México territorio Slim. Por ello hay que saltar de gusto ante la multa que se le quiere cobrar, pero mirar mucho más allá de ella.
Porque el Sr. Slim hará lo que siempre ha hecho, sexenio tras sexenio. Intentará matar al mensajero. Buscará frenar el fallo. Recurrirá al amparo como forma de comprar tiempo. Esperará a que llegue el próximo presidente de la República o de la Comisión Federal de Competencia con la esperanza de presionarlo. Y Televisa –ahora en alianza con TV Azteca– también hará lo que siempre ha hecho, sexenio tras sexenio. Demandar la competencia en otros sectores pero no en aquellos que controla. Impedir la existencia de una tercera cadena de television abierta. Someter a los legisladores para que no promuevan una nueva Ley de Radio y Televisión que regule un bien público en nombre del interés público.
Ante este panorama, a los ciudadanos y a los consumidores del país les espera una ardua lucha. Una batalla incesante en favor de mejores tarifas y más competencia, mejores productos y más jugadores, mejores reguladores y más valentía de su parte. Y si esa pelea empieza con algunas victorias –como la multa histórica a Telcel–, habrá que entenderlas y celebrarlas así. Brincando de felicidad, aunque en este momento sea con un solo pie. Cuando el gobierno se aboque a confrontar a Televisa como acaba de hacerlo con Telcel, entonces podremos brincar con los dos.
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