Violencia política y clima de inseguridad, a horas de los comicios generales en Guatemala

Mañana serán elegidos presidente, vicepresidente, 158 diputados y 332 alcaldes

Ricardo Martínez Martínez (Especial para La Jornada)

La premio Nobel de la Paz y candidata a la presidencia de Guatemala Rigoberta Menchú y otras mujeres cargan en San Raymundo el ataúd con los restos de Esmeralda Uyún, quien fue asesinada por desconocidos en el contexto de la violenta campaña electoral Foto: Reuters

Ciudad de Guatemala, 7 de septiembre. Con fuertes operativos militares y policiacos por el clima de inseguridad y violencia política, los guatemaltecos se preparan para acudir este domingo a las urnas y elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 332 gobiernos municipales para los siguientes cuatro años.

Mientras, un grupo de desconocidos asesinó este viernes a balazos al hijo del general retirado Morris de León, ex vocero del ejército de Guatemala y activista de la izquierdista Alianza Nueva Misión (ANN), que busca la presidencia de Guatemala en las elecciones de este domingo.

“Lo que sucedió es una desgracia, pero es la Guatemala que tenemos y ojalá que está situación no siga, porque si es así Guatemala va a seguir peor de lo que está”, lamentó el candidato presidencial por ANN, el ex jefe guerrillero Pablo Monsanto.

Gustavo de León fue encontrado muerto con varios impactos de bala en la cabeza y tórax en la periferia norte de la capital, después de que supuestamente fuera secuestrado por un comando armado.

A dos días de los comicios, la incertidumbre envuelve al país en medio de una campaña durante la cual 46 personas, entre candidatos, militantes y familiares de políticos han sido asesinados, entre ellos dos aspirantes del partido Encuentro por Guatemala (EG), muertos esta semana.

La crispación entre militantes partidistas al oriente y occidente del país y la adelantada autoproclamación de triunfo electoral es una situación que se profundiza en cada periodo electoral desde 1996, fecha que marcó el fin de 36 años de guerra civil.

Los partidos políticos contendientes suman nueve, de los cuales cuatro mantienen las preferencias de los 5.9 millones de personas empadronadas, según diversas encuestas de opinión.

Descenso de la izquierda

La Unidad Nacional de la Esperanza, del socialdemócrata Álvaro Colom; el Partido Patriota, del ex militar Otto Pérez Molina; la oficialista Gran Alianza Nacional, de Alejandro Giammattei, y EG, de la dirigente indígena Rigoberta Menchú, son las agrupaciones con mayores posibilidades de triunfo, en tanto que el resto de las organizaciones se mantienen al margen con un descenso notorio de los partidos izquierdistas Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y ANN, y del derechista Plan de Avanzada Nacional, que en contiendas anteriores mantenían mejores niveles de simpatía entre la población guatemalteca.

Las promesas de campaña de los partidos radican en bajar los niveles de violencia en Guatemala, que suman diariamente 18 muertes, y la generación de empleos para un país considerado de renta baja.

El nivel de pobreza pasó de 51.1 por ciento en 2000 a 57 por ciento en 2006 y la pobreza extrema de 15.7 a 21.5 por ciento, según el Centro de Investigaciones Internacionales para los Derechos Humanos.

Según las normas electorales guatemaltecas, si ninguno de los candidatos presidenciales alcanza 50 por ciento más uno de los sufragios, habrá segunda vuelta electoral el próximo 4 de noviembre entre los dos que hayan obtenido la mayoría.

El Tribunal Supremo Electoral aseguró hoy que se reúnen las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la votación, y las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea han expresado, por separado, su preocupación ante la escalada de violencia que desde enero a la fecha arrojó 46 asesinatos entre candidatos, militantes y familiares de políticos en el contexto de campañas proselitistas marcadas por confrontaciones y acusaciones mutuas de instrumentar “campañas negras y de descrédito”.

El presidente Óscar Berger instruyó a comienzos de la semana al ejército y la policía resguardar las calles de ciudades y parajes rurales. En total, 11 mil 800 soldados y 19 mil 500 policías patrullan el país.

Narcotráfico y crimen organizado

Nery Rodenas, director del Centro de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, sostuvo en conversación con La Jornada que cuenta con datos alarmantes, y que “de enero a la fecha hemos registrado 68 atentados contra activistas políticos, de los cuales 46 han resultado en asesinatos.”

Denunció que “de las investigaciones oficiales no se ha conocido mayor cosa, están estancadas, pero presumimos que en muchos de esos asesinatos pueden estar involucrados los intereses del narcotráfico y el crimen organizado”.

Hay clima de inestabilidad producto de la incapacidad del gobierno de hacer frente a la inseguridad en el contexto de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, reflexionó por su parte el analista político Enrique Álvarez, director de Incidencia Democrática, organización civil de monitoreo y observación electoral.

“El sistema político está en riesgo, hay desgaste y se debilitan los intentos de una normalidad democrática”, indicó.

En 2006 se consumó una reforma electoral buscada desde los años 80 que comprende la eliminación del delito electoral y la acción de amparo, el crecimiento de las casillas receptoras –que en esta contienda suman alrededor de 15 mil más diseminadas en el territorio– y un mayor endeudamiento público para realizar los comicios.

Jorge Fuentes, politólogo por la Universidad Nacional de San Carlos, quien en 1983 formó parte de la comisión encargada de hacer una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sin consumarse hasta el año pasado, evaluó los alcances de los cambios legislativos.

“A la luz de los resultados desde su aprobación y a lo largo de este proceso electoral, se puede afirmar que no mejoró la imparcialidad en beneficio del ciudadano, como cultura obligada para partidos y autoridades electorales”, subrayó. Añadió que lo fundamental es que existan mecanismos de control institucional para evitar fraudes y conflictos durante la jornada, y haya un transparente ejercicio de la justicia para perseguir delitos electorales.

Con las nuevas casillas “es prácticamente imposible para los partidos pequeños mantener un fiscal en cada junta receptora”, lo que permite mayor control de los partidos grandes, lo que para el analista significa que estos últimos “ampliaron su nicho de operación” puesto que ya mantienen un área de influencia determinada.

En una sociedad marcada por diferencias de género y etnia no se aprobó lo relativo a la demanda social de los indígenas y las mujeres, que son la mayoría de la población. “Un Congreso verdaderamente representativo debería tener 50-50 por ciento de hombres y mujeres y 60-40 por ciento de indígenas y ladinos”, consideró al detallar la conformación social del país.

Fueros y privilegios

Uno de los personajes más respetados en Guatemala es el ex diputado Alfonso Bauer, quien desde 1944, año del comienzo de la Revolución de la Primavera con el presidente Jacobo Arbenz a la cabeza, se mantiene activo en política.

Señaló como una de las limitaciones del sistema electoral “la existencia de la relección ilimitada de diputados y concejales, lo cual permite mantener fueros y privilegios; hay diputados que hasta tienen 20 años allí y otros consejeros que han construido verdaderos feudos políticos, sobre todo en las regiones rurales”.

Denuncian en Bolivia plan para derrocar al presidente Evo Morales

El separatista grupo Nación Camba pretende cerrar la Constituyente, acusa La Paz

Los derechistas distribuyen panfletos en los que llaman a derribar al gobierno, afirma el mandatario

La derecha, dispuesta a utilizar cualquier medio para impedir que el proceso continúe: García Linera

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 7 de septiembre. El vicepresidente Alvaro García Linera denunció que en Bolivia la derecha contrarrevolucionaria, “racista, separatista, violenta y antidemocrática” está dispuesta a utilizar “cualquier medio” para impedir la continuidad del proceso de cambio iniciado por el gobierno del presidente Evo Morales, y cerrar la Asamblea Constituyente como gran escenario de acuerdo y de consenso.

“Si alguien le hace daño a la Constituyente, este proceso continuará en los marcos legales”, advirtió García Linera, un día después de choques entre policías y universitarios de la provincia de Chuquisaca, apoyados por jóvenes de una organización derechista de Santa Cruz, que pretendían tomar la sede de la Asamblea en protesta por la supresión del tema de la capitalidad plena en los debates.

Tras los incidentes, la Constituyente decidió suspender por un mes sus sesiones para devolver la paz a Sucre, que los asambleístas y el gobierno de Evo Morales consideran insegura por ahora.

“Se suspenden un mes las deliberaciones de la Asamblea Constituyente” hasta que “haya más paz y tranquilidad en Sucre, porque no podemos sesionar en otra parte, ya que nuestros actos serían ilegales”, afirmó el tercer secretario del órgano, Ángel Villacorta.

García Linera dijo que “pase lo que pase continuaremos con el proceso de cambio de la sociedad boliviana; la gente votó mayoritariamente por eso” y ahora se necesita dar un salto hacia adelante en términos de profundización de las medidas de transformación.

“Este proceso de cambio ha sido bastante tolerante, bastante flexible para recoger iniciativas, recoger sugerencias para dialogar, convocar una y otra y otra vez a los sectores de derecha”, apuntó, pero señaló que en un nuevo escenario “ya no seremos nosotros los que vayamos a tocar las puertas de la derecha para que venga a dialogar, tendrá que ser la derecha la que venga a tocar nuestras puertas para que aceptemos dialogar”.

La noche del miércoles, Morales dio a conocer que el movimiento político derechista al que derrotó en las urnas en 2006 distribuyó panfletos en los que llama a derrocar al mandatario.

Este viernes, el vocero presidencial Alex Contreras informó que los servicios de seguridad del Estado boliviano investigan un presunto plan de la Nación Camba –radical movimiento autonomista cruceño– para derrocar al gobierno de Morales, hacer fracasar la Asamblea Constituyente y designar en la presidencia a un indígena dócil a sus designios, el alcalde de Potosí, René Joaquino.

Medios de comunicación del gobierno –la televisora Canal 7, radio Patria Nueva y la Agencia Boliviana de Información– difundieron detalles del llamado “Plan para tumbar al indio de mierda”.

Además de buscar el fracaso de la Constituyente y la designación de Joaquino, el plan apunta a crear un conflicto regional entre los departamentos de Oruro y Potosí por el control de la estatal Corporación Minera de Bolivia. Añade que “cuando la presión sea intolerable, el gobierno caerá por gravedad. Pero se debe enfatizar que la renuncia sea total; no queremos al vicepresidente. El gobierno debe quedar en el Senado”.

Otro paso sería convocar a nuevas elecciones generales que facilitarían el ascenso de Joaquino.

Mientras, por segunda vez el Comité Interinstitucional de Chuquisaca (CICH) rechazó la convocatoria del gobierno nacional a dialogar con el Comité de Emergencia de La Paz (CELP), ahora en Potosí, para buscar soluciones a la demanda de capitalidad plena para Sucre (traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a la capital del país), que tiene paralizada a la Constituyente desde que el 15 de agosto excluyó de su agenda la discusión de ese tema.

Sin embargo, al diálogo en Potosí acudieron el CELP y grupos sociales y cívicos chuquisaqueños como la agrupación de mujeres indígenas Bartolina Sisa, asociaciones gremiales y la Federación de Campesinos Originarios de Chuquisaca, cuyo líder, Damián Condori, criticó la falta de disposición al diálogo del CICH.

Rechazo del diálogo

La representación de Chuquisaca tiene “como único afán” hacer fracasar la Asamblea Constituyente y tomó la decisión de rechazar el diálogo en Potosí sin consultar a las organizaciones sociales, agregó Condori.

Comentó a la red radiofónica Erbol que los sectores que quieren que la Asamblea avance proponen de que el Poder Legislativo unicamaral que saldría de la Constituyente, así como la Corte Nacional Electoral, la administración caminera, el Ministerio de Justicia y “las nuevas instituciones que se creen”, se instalen en Sucre.

Al respecto, el secretario de la prefectura de La Paz, Alejandro Zapata, señaló que el Ejecutivo y el Legislativo “son indivisibles”.

Condori ratificó que organizaciones campesinas e indígenas se movilizan hacia Sucre para realizar una cumbre social el próximo lunes a efecto de definir la estrategia para defender la continuidad de la Constituyente.

También el día 10, integrantes de seis comités cívicos, que conformaron en días pasados la autodenominada Junta Democrática, iniciarán una huelga de hambre que, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, exigirán al presidente Morales que “reflexione” sobre lo que está en sus manos.

Como “jefe del Movimiento al Socialismo y de los movimientos sociales”, debe dar instrucciones para solucionar el problema de la reintegración de la capitalidad a las discusiones de la Constituyente, dijo Marinkovic, un latifundista de origen croata que según el gobierno despojó ilegalmente a indígenas guarayos de 12 mil hectáreas de territorio, que incluyen una laguna, ahora cercada.

Al margen de esa situación, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Jerges Mercado, y el viceministro de la Vivienda, Marcelo Zurita, anunciaron hoy su renuncia al gabinete presidencial.

El viceministro había sido acusado por el gerente de la mutual de vivienda Guapay de haber aceptado el pago de viajes, hospedaje y viáticos para él y sus familiares a cambio de beneficiar a la empresa dentro de los programas gubernamentales de vivienda.

Jerges Mercado era el único ministro oriundo de Santa Cruz.

Rehúye APEC compromiso sobre el clima

Afp

Sydney, 7 de septiembre. Los funcionarios reunidos en el foro APEC encontraron un difícil consenso para la declaración final sobre el clima, que no contiene objetivos obligatorios, indicaron fuentes diplomáticas. Como se esperaba, el documento de seis páginas que debe ser firmado este fin de semana por los dirigentes de Asia-Pacífico se contenta con mencionar una “aspiración” a reducir el 25 por ciento de la intensidad energética (medida calculada por el informe del consumo de energía y de producción) de las 21 economías de aquí a 2030.

El APEC también se centra en el desafío de dar un impulso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en un escenario tenso por las protestas previstas. El texto afirma igualmente que Naciones Unidas deben ser el marco para la negociación sobre el clima, según un responsable del sudeste asiático que participó en la negociación y prefirió mantener el anonimato.

Australia hará del cambio climático uno de los temas mayores de la cita de jefes de Estado del APEC. Pero desde la semana pasada el primer ministro John Howard había advertido que ningún compromiso vinculante sería adoptado en relación con los gases de efecto invernadero.

El comercio –tema que inspiró la creación del APEC en 1989– pasa por una coyuntura: los países más grandes del foro quieren trasmitir el mensaje de que deben desbloquear las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC, trabadas desde hace varios meses por las subvenciones a la agricultura en los países desarrollados.

De la inmoralidad del cardenal, digno representante de la iglesia católica:

No exhibió la carta de recomendación de Nicolás Aguilar para Mahony: abogados

En caso de pederastia, nuevas pruebas incriminan al cardenal Rivera Carrera

El purpurado estadunidense comparecerá en Los Ángeles el 13 de septiembre

Sanjuana Martínez

Por primera vez en la historia contemporánea de la Iglesia católica dos cardenales se enfrentan en sus declaraciones para inculparse mutuamente e intentar salvarse a sí mismos. Después de la presentación del cardenal Norberto Rivera comparecerá el cardenal Roger Mahony, quien será interrogado el próximo jueves 13 de septiembre en Los Ángeles, California, sobre el caso del cura pederasta mexicano Nicolás Aguilar, presuntamente encubierto por el cardenal mexicano y su similar estadunidense.

“Nunca hemos tenido el caso de un cardenal señalando a otro con el dedo” –dice en entrevista con La Jornada el abogado Jeff Anderson–; Mahony inculpa a Rivera y viceversa. Rivera dice que él aviso en una carta a Mahony del problema y éste niega haber recibido la carta u otra advertencia. Es obvio que cada uno de ellos está contradiciendo abiertamente al otro”.

Carolina Guevara, vocera de la arquidiócesis de Los Ángeles, ha confirmado la histórica cita. El interrogatorio deja en precaria situación al cardenal Rivera, ya que el cardenal Mahony sostiene que el purpurado mexicano nunca le informó sobre la conducta delictiva del cura pederasta. “El que tiene una situación peor es el cardenal Rivera porque es a él a quien corresponde demostrar que es verdad lo que dice que hizo. Es quien dice que mandó a Nicolás Aguilar sabiendo que había sido investigado por abusos sexuales contra menores y que avisó de su peligrosidad, pero es Rivera quien era responsable de haberlo retirado del magisterio sacerdotal, porque sin eso, él no hubiera podido estar cerca de los niños y no los hubiera seguido dañando.”

Además de este interrogatorio, el purpurado mexicano se enfrenta al dilema de que algunos de los documentos que él mismo entregó durante el interrogatorio lo incriminan. El otro punto vulnerable en el proceso para el cardenal Rivera, es que pese a haber firmado una declaración jurada, en febrero pasado, donde aseguró que existe una carta en que avisa al cardenal Roger Mahony de la conducta del cura, no la ha exhibido.

De hecho, el momento culminante del interrogatorio fue cuando al cardenal Rivera se le recordó que el juez Eliu M. Berle pedía que exhibieran los documentos complementarios, según señala el abogado José Bonilla Sada en entrevista con La Jornada: “ciertamente Steven R. Selsberg, abogado del cardenal, dijo que iban a ver lo de esos documentos y que los exhibirían después del descanso. El caso es que cuando se da el receso y vuelven muestran unos documentos que no tenían nada que ver con lo solicitado. Esa es la verdad”.

Añade: “no la mostró. Era el momento oportuno para hacerlo. Incluso voy más allá: el cardenal debió mostrar esa carta desde el primer momento, cuando presentó su declaración escrita a la Corte, la debió de acompañar de ese documento para que no hubiera ninguna duda. Se hubiera evitado muchos problemas. Claro, si es que realmente existe ese documento, porque ahora hay más dudas”, dice Bonilla Sada.

Durante el interrogatorio, el cardenal Rivera sostuvo que nunca le había escrito a Mahony, algo que evidentemente lo incrimina porque existe como prueba el intercambio epistolar entre ambos cardenales ya hecho público. El purpurado mexicano entregó a los abogados demandantes alrededor de 80 documentos, entre ellos las cartas que muestran el modo de operar de la Iglesia en cuanto a traslado de sacerdotes.

Además existe una carta del cura Nicolás Aguilar donde solicita al cardenal Norberto Rivera que le escriba a Mahony para darle buenas referencias de él, que dice lo siguiente: “por favor, le solicito envíe más documentación e información acerca de mi persona al señor excelentísimo cardenal Roger Mahony y también dirigida al vicario Tomas Curry, con el propósito que se extienda la estadía en la parroquia que me asignen en Los Ángeles, California”.

Los dos están diciendo medias verdades para protegerse –dice Anderson. “Está claro que los dos tenían hasta cierto punto conocimiento y que los dos tenían la responsabilidad de haber apartado a este individuo del sacerdocio y ambos tenían que haber informado a la policía, y los dos incumplieron esas obligaciones. Entonces no es muy importante que ahora digan yo no supe, no me dijeron, no me llegó la carta, etcétera. Eso no es lo importante, la cuestión es que ellos no quisieron ver el problema que tenían delante y prefirieron no saber.”

El abogado Bonilla añade: “todo este interrogatorio fue verdaderamente dramático para el cardenal. Se debe haber cimbrado en lo más profundo porque yo creo que está tomando conciencia de la seriedad del problema en el que está metido. El cardenal vive una etapa muy delicada, porque ya lo vio cerca, ya vio que esto es serio, real, y ya no se va a poder zafar tan fácil. Si el juez decide la jurisdicción, él tendrá que comparecer necesariamente”.

Anderson informó que la audiencia del próximo 11 de septiembre en la Corte Superior de California se ha pospuesto, ya que el juez pide nuevos interrogatorios al cardenal Norberto Rivera: “después de esta declaración hay otros interrogatorios que vamos a hacer. En octubre habrá otra audiencia donde tendrá que decidirse si este caso se mantiene en Estados Unidos. Yo confío en que el juez decidirá en favor de la jurisdicción de la Corte Superior de California”.

Consideró que el interrogatorio al cardenal Roger Mahony será decisivo: “he interrogado antes al cardenal Mahony. Ahora lo importante es que él tiene que decir qué sabía de Nicolás Aguilar cuando le recibió en Los Ángeles, si conocía desde el principio o más adelante que se trataba de un violador y si hizo algo para protegerlo, evitar su procesamiento en Los Ángeles o permitirle volver a México, y permitirle que siguiera violando niños. Ese es el tipo de preguntas que le haremos. Es un testigo vulnerable. A veces parece que no puede recordar nada, y otras veces sí; es decir, tiene una memoria de conveniencia.

–¿Quién de los dos dice la verdad?

–Cada uno de ellos está echándole la culpa al otro y señalándolo”.

El interrogatorio a Norberto Rivera dejó una certidumbre a los abogados demandantes: “el cardenal mintió. El cardenal Rivera y todos los altos prelados de la Iglesia están acostumbrados a mentir ante las cortes con el más absoluto cinismo. Para Norberto Rivera estar sujeto a un juramento de decir la verdad no implica mayor respeto; al cardenal Mahony sí, porque el perjurio si se paga con cárcel en Estados Unidos. El testimonio de Roger Mahony pesará muchísimo en la acusación que se le está haciendo”.

Durante el interrogatorio al cardenal Rivera, los abogados intentaron indagar en los procedimientos que cubren los traslados de los sacerdotes y a quienes sus superiores deciden cambiar de parroquia: “el cardenal Rivera mostró documentos al respecto, pero sobre otro sacerdote: fueron las únicas cartas que Norberto Rivera exhibió”.

Denuncian la posible operación de ex militares de EU en territorio nacional

Ocuparían puestos de vigilancia aérea en Veracruz, asegura general diputado del PRI

Empresa estadunidense ha lanzado la convocatoria para reclutar a los mercenarios

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció que una empresa con sede en Arlington, Virginia, Estados Unidos, comenzó operaciones para contratar a mercenarios que ocupen puestos de vigilancia aérea en Veracruz, y que para ello tengan antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados, y experiencia en tripulación de helicópteros y aviones.

El general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional afirmó que estos ex militares son utilizados desde Estados Unidos por empresas que tercian operaciones militares en otros países, y que en el argot castrense se les conoce como perros de guerra, porque venden servicios de inteligencia y seguridad táctica fuera de su territorio.

El legislador difundió una convocatoria lanzada por la empresa Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Estados Unidos –que ha prestado servicios al Departamento de Defensa estadunidense–, a ex militares que quieran realizar operaciones en Veracruz, a quienes se les ofrecen “compensaciones competitivas y beneficios, incluyendo planes médicos”; uno de los principales requisitos para los candidatos es la disposición a ser reubicados durante su estancia en México durante la realización del proyecto.

La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aérea Veracruz, México –también puede consultarse en Internet en la dirección senderodelpehje.blogspot.com–, plantea que además de los tres años de antecedentes militares, los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: saber de la operación de vehículos aéreos no tripulados; tener experiencia táctica en centros de operaciones de seguridad; soporte de experiencia internacional en aviación y/o programas de seguridad para clientes de Centro y Sudamérica; experiencia de vuelo y mantenimiento de helicóptero o “ala fija”.

El proyecto está dirigido a “ciudadanos estadunidenses que deseen vivir o vivan en México”, que luego de presentar su solicitud empezarán un programa de entrenamiento para operar todas las facetas de un centro de operaciones de seguridad, programar y volar helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, así como trabajar “con personal de seguridad mexicano en el apoyo en protección de infraestructura”.

La convocatoria indica que los candidatos deberán contar con los siguientes requisitos mínimos: escuela vocacional o estudios universitarios, preferentemente un grado alto; conocimiento básicos de física, matemáticas y sistemas coordinados, excelente coordinación ojo-mano, así como tener conocimientos de sistemas operativos basados en Windows.

Sycoleman Corporation señala que los aspirantes deberán completar 10 semanas de entrenamiento, que incluye simulación y experiencia en vuelos, así como capacitación, que estará a cargo de instructores proporcionados por la compañía.

El general afirmó que muchas de estas empresas son contratadas por el Pentágono estadunidense para hacer cumplir su legislación en la lucha antinarcóticos, contra el terrorismo o bien en la creación de fuerzas locales y regionales; estos ejércitos privados, agregó, son manejados por altos ex mandos de inteligencia de las principales potencias militares, y resaltó que la contratación de este tipo de operaciones “se hace directamente con el Pentágono, que es intermediario en la negociación”.

Badillo Martínez, diputado del PRI, informó que ante lo grave de operaciones de vigilancia aérea a cargo de mercenarios en territorio nacional, el martes presentará un punto de acuerdo en la sesión del pleno para exigir al gobierno de Felipe Calderón una amplia investigación, y exigir también que no se permita el ingreso de “militares estadunidenses disfrazados de civiles”, porque “este tipo de actividades son realizadas por el gobierno de Estados Unidos en Irak, Afganistán y otros países con contratos multimillonarios que benefician a funcionarios del gobierno de Estados Unidos”.

En ese contexto, dijo que Calderón está obligado a explicar si su administración ha firmado algún convenio comercial con empresas de seguridad e inteligencia estadunidenses o de otro país, porque en ese caso se trataría de una violación a la soberanía nacional y una ofensa al Ejército Mexicano, que es el encargado de llevar a cabo las operaciones para la seguridad e integridad del territorio y del espacio aéreo mexicano.

Afirmó que a diferencia de los ejércitos regulares, las milicias por contrato no están sujetas a las convenciones y tratados internacionales para proteger los derechos de prisioneros en tiempo de guerra, lo que de manera natural deriva en la violación directa o indirecta de derechos humanos.

Respecto de las características solicitadas a los candidatos y el tipo de operación, el general Badillo explicó que los vehículos aéreos no tripulados que operarían los mercenarios cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real. “No queremos cooperación que no sea pagada por el gobierno mexicano, y el armamento, vehículos de tierra, helicópteros, aviones y material de comunicaciones deben estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, aseguró.

Miente Calderón al querer deslindarse del aumento a la gasolina: López Obrador

La medida responde a un arreglo PRI-PAN, pero quien la firmó fue él, asegura

El pueblo no aguanta una subida de impuestos; sería un golpe fuertísimo, señala

Alma E. Muñoz (Enviada)

Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con legisladores del Frente Amplio Progresista para pedirles que rechacen la reforma económica calderonista Foto: La Jornada

Teopantlán, Pue. 7 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador llamó aquí “cretino” a Felipe Calderón después de que éste se deslindara de la propuesta de incremento de 5.5 por ciento a la gasolina.

“Calderón es un mentiroso, es un hipócrita, el que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados fue él… Es realmente un cínico, es un cretino… No tiene palabra”, afirmó.

El ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, reiteró desde la región mixteca poblana su rechazo a la reforma fiscal y a la pretensión de cobrar más impuestos en “época de recesión” y cuando, advirtió, se espera un crecimiento económico para este año de 2.5 por ciento, apenas por encima de la mitad de lo alcanzado en 2006, que fue de 4.8 por ciento.

López Obrador visitó este día siete municipios de Puebla. En cada uno de los lugares cuestionó la pretensión del gobierno calderonista de aumentar gravámenes en detrimento de los más pobres, señaló.

“No podemos aceptarlo cuando grandes funcionarios públicos obtienen 500 mil pesos mensuales, como los ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). No podemos quedarnos con los brazos cruzados”, apuntó.

Tenemos que cambiar “este régimen de corrupción y de privilegios”, continuó. “No podemos seguir con este sistema político que nada más beneficia a minorías que tienen en la pobreza, en el abandono, a millones de mexicanos”, insistió.

Comparó los recursos públicos que se otorgan a los ayuntamientos de la región de la Mixteca, donde se percibe la pobreza y la marginación, con la pensión que el gobierno da a los ex presidentes de México. “Fíjense, (Carlos) Salinas y hasta el flojo de (Vicente) Fox reciben cinco millones de pesos mensuales”. Al año, indicó, cada uno “recibe 60 millones de pesos.

“¿Cuál es el presupuesto que anualmente recibe –citó en primer lugar– La Magdalena Tlatlauquitepec? 500 mil pesos. El presupuesto de 100 años de Magdalena es lo que recibe Salinas en un año”. Con este dinero, asentó, “se resuelve por completo el problema de carreteras y de las comunicaciones” que en esta zona se padece, refirió.

Tanto en sus mítines como en una entrevista, López Obrador resaltó su rechazo al aumento a la gasolina y al diesel porque su aprobación, subrayó, desatará alzas de precios, y destacó la visita que hará el próximo martes a la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores del Frente Amplio Progresista y sugerirles que ni siquiera permitan la discusión de esa iniciativa. Pero si esto ocurre, afirmó, entonces que tomen la tribuna el tiempo necesario hasta que se retire la propuesta.

El “presidente legítimo” manifestó que subir los impuestos “ya no lo aguanta la empobrecida economía popular, sería un golpe fuertísimo”. La llamada reforma fiscal, continuó, “afecta a todo el sector productivo de México y va a agravar más el desempleo, porque en una época de recesión, cuando no hay crecimiento en la economía, no se pueden aumentar los impuestos. Es absurdo. Lo que van a ocasionar es más crisis económica, menos inversión, habrá despido de trabajadores, y lo que el país necesita es precisamente la creación de empleos”.

–Felipe Calderón dice que no está buscando un gasolinazo.

–Calderón es un mentiroso, es un hipócrita. El que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados fue Calderón. ¿Cómo va a decir que no es él si firma el proyecto de iniciativa que envió para aumentar la gasolina? Es realmente un cínico, es un cretino.

–¿Se están echando la bolita el PRI y el PAN?

–Desde luego que hay un arreglo entre el PRI y el PAN arriba, en las cúpulas, pero el que firmó el proyecto para aumentar la gasolina fue Calderón, y ahora el cretino dice que no fue él, quiere seguir engañando a la gente.

–¿Ya no pueden con el paquete o se hicieron bolas en el Congreso?

–Porque está mal lo que están proponiendo. Cómo van a aumentar los impuestos, el precio de la gasolina, si la situación del país es de por sí crítica, si este año vamos a crecer la mitad de lo que crecimos el año pasado, de 4.8 por ciento, y este año va a ser de 2.5 por ciento.

“Son unos irresponsables, están provocando una situación de agravamiento no sólo en lo económico, en lo político y lo social. Están tratando de desestabilizar al país, de acabar con la endeble, con la escasa estabilidad social que hay en México.”

En Izúcar de Matamoros, López Obrador concluyó sus recorridos este viernes. Ante unas tres mil personas explicó por qué dijo que Calderón es un cretino. “Se enojan algunos porque lo llamo de esa manera, (pero) yo respeto a quien respeta al pueblo y al que no, no tengo por qué respetarlo”.

Su deslinde del intento por aumentar la gasolina, continuó, es síntoma de la “doble cara, doble moral de los panistas. Su verdadera doctrina es la hipocresía”.

Ahora sí que hasta el reaccionario de Lou Dobbs lo dijo: "asombrosamente hipócrita".

Iniciativa del FAP para que ciudadanos fiscalicen el uso de recursos públicos

Presentará en octubre propuesta a la Cámara para crear una contraloría del pueblo
Los mecanismos actuales, insuficientes para castigar delitos patrimoniales: González Schmal

Carolina Gómez Mena

Puesto que las actuales instancias de fiscalización de los recursos del Estado han demostrado “no ser suficientes” para evitar la “distracción” de fondos hacia rubros que no benefician a la población, sino a particulares u objetivos político-electorales, a finales de octubre el Frente Amplio Progresista (FAP) presentará una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para crear una contraloría ciudadana, informó Jesús González Schmal, secretario técnico del FAP.

Dijo que los mecanismos actuales de supervisión, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las contralorías internas de las dependencias no son suficientes para identificar y promover el castigo para los delitos patrimoniales, por lo que es necesario que también exista una instancia ciudadana que ayude a compilar información sobre los eventuales desvíos de recursos.

Desglosó que la propuesta prevé crear una entidad autónoma de trabajo ciudadano de carácter voluntario y honorario para generar información del ejercicio del gasto público con la supervisión ciudadana, “a fin de que tenga la seguridad de ser procesada en los órganos predeterminados de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

De acuerdo con el ex diputado, se trata de un “mecanismo universal de captación de información directa desde la propia sensibilidad del ciudadano, cuyos recursos están siendo administrados por el gobierno y que, por lo mismo, es el más interesado en que éstos se dispongan mediante una correcta aplicación en beneficio popular”.

Ex presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga los negocios de los hermanos Bribiesca- Sahagún, expuso que existe “mucha información en la sociedad que no trasciende de forma adecuada hacia los medios de información ni a los órganos de investigación, por lo que se multiplican las denuncias sin castigos, lo que genera impunidad y la repetición de los delitos”.

En entrevista otorgada en el contexto de una reunión de los círculos de estudios convocada por las Redes Universitarias, en la cual también estuvo presente Rafael Barajas, El Fisgón, monero de La Jornada, González Schmal precisó que entre los asuntos que podrían ser objeto de denuncia de esta contraloría están los “enriquecimientos indebidos” y el desvío de dinero a campañas políticas. Añadió que el propósito es colaborar en que “realmente exista un procedimiento más eficaz y expedito para que el ciudadano sea escuchado en sus denuncias”.

Citó que un ejemplo de “manejos nada claros” es la venta de Mexicana de Aviación al Grupo Posadas en 165 millones de dólares, cuando valía 800 millones.

Según González Schmal, esta contraloría es “una necesidad nacional inaplazable”.

Sin ser pesismista, sino realista, mucho me temo que esta iniciativa pasará a la congeladora a hacerle compañía a la de la ley de precios competitivos.

La analogía de Vietnam

Immanuel Wallerstein

George W. Bush está mostrando tanto desesperación como mala fe al invocar la analogía con Vietnam para justificar la presencia continuada de Estados Unidos en Irak. Durante mucho tiempo, el gobierno de Bush negó la analogía. Hizo esto por obvias razones. Lo que la mayoría de la gente recuerda de Vietnam es que Estados Unidos fue derrotado, y esta derrota resultó en el debilitamiento del poderío estadunidense en el mundo.

Sin embargo hay un grupo significativo de personas en Estados Unidos que cree que dicho país podría haber ganado aquella guerra si los políticos no hubieran perdido el coraje. El público que Bush utilizó para su discurso del 22 de agosto, donde expresó este argumento, fue el de la convención anual de los Veteranos en las Guerras Extranjeras. Es seguro decir que este público particular estaba compuesto en gran medida por gente que comparte el punto de vista de que Vietnam fue una guerra que se pudo haber ganado, y que como tal Irak es una guerra que puede ganarse. Merece la pena revisar la validez de los argumentos de Bush y luego las razones de por qué ahora, y sólo ahora, ha invocado la analogía con Vietnam.

La argumentación es una que es extraña. Bush no ofreció evidencia alguna sobre la situación militar en Vietnam ni de por qué, si Estados Unidos hubiera persistido, la guerra se habría podido ganar. En cambio, se concentró por completo en las supuestas consecuencias de la retirada. Expresó su argumentación utilizando tres lemas: boat-people, campamentos de reducación y campos de la muerte. El término boat-people (utilizado mundialmente en inglés) hace referencia a los muchos vietnamitas que habiendo sido simpatizantes de Estados Unidos durante la guerra buscaron huir del país en lanchas, de los cuales muchos murieron en el Mar del Sur de China. Campamentos de reeducación hace referencia al hecho de que al terminar la guerra, el gobierno de Vietnam envió a muchas personas que se habían opuesto a su toma del poder a los llamados campamentos de reducación. Campos de la muerte se refiere al hecho de que en Camboya, no en Vietnam, el gobierno del Khmer Rouge que llegó al poder asesinó a un enorme número de personas en esos “campos de la muerte”. Supuestamente, cada una de estas consecuencias fue el resultado de la retirada estadunidense, y cada una pudo haberse evitado si Estados Unidos no se hubiera retirado. Revisemos una por una.

Que muchos de los simpatizantes de Estados Unidos quisieran huir de Vietnam después de la retirada era por supuesto predecible e inevitable. Los que pierden una guerra buscan comúnmente huir del grupo contra quien estuvieron combatiendo. Pero las muertes de estas boat people no fue responsabilidad del gobierno vietnamita. Fue responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados que se negaron a abrir sus fronteras generosamente para estas personas. Basta con comparar el destino de estas boat people con aquellas otras boat people que abandonaron Cuba a lo largo de los años. Los últimos, a diferencia de los primeros, han sido recibidos con los brazos abiertos en Estados Unidos.

Los campamentos de reducación fueron muy crudos. Mucha gente murió ahí y muchos más sufrieron lastimosamente. La cantidad de quienes murieron fue, sin embargo, mucho menor que el número de vietnamitas que murió como resultado de la guerra, y probablemente menos que aquéllos que habrían muerto si la guerra se hubiera prolongado mucho más tiempo. En cualquier caso, ¿qué evidencia hay de que, si Estados Unidos se hubiera quedado en guerra todavía más tiempo del que se quedó, habría derrotado, de hecho, al Vietcong? ¿Y cuál habría sido la posibilidad de que los oponentes al Vietcong, de haber ganado, no establecieran sus propios campamentos de reducación?

Finalmente, los campos de la muerte. Éste es el argumento más fantástico. El Khmer Rouge nunca habría sido capaz de existir sin la guerra de Vietnam. Fue Estados Unidos quien depuso al rey Norodom Sihanouk, que era la barrera más fuerte contra el Khmer Rouge. En lugar de Sihanouk, que era crítico del involucramiento estadunidense en Vietnam, Estados Unidos arregló que Lon Nol, un general sin respaldo popular, derrocara a Sihanouk, y luego el gobierno de Lon Nol fue a su vez derribado por el Khmer Rouge.

Lo más importante que Bush dejó fuera de su análisis fueron las cosas que no ocurrieron. En ese entonces, el principal argumento de Estados Unidos para involucrarse en Vietnam era la tesis del dominó, que si Vietnam caía en manos comunistas toda Asia lo seguiría. No sólo no ocurrió esto, sino que pasaron cosas muy diferentes. Hoy, Vietnam y Estados Unidos están en muy buenos términos, y Vietnam cuenta con una floreciente y pujante economía. Puede no ser “democrática” para los criterios estadunidenses, pero es una nación “amistosa”, no hostil.

Entonces, dado todo esto, ¿por qué Bush, por vez primera, invoca la analogía con Vietnam, la cual había evitado antes con gran celo? Dije antes que era en parte por desesperación y en parte por mala fe. La desesperación tiene que ver con la enorme presión popular para retirarse de Irak lo más pronto posible. Bush ya había logrado posponer cualquier decisión diciendo que el general Petraeus le informaría a él y al Congreso el 15 de septiembre acerca de qué tan exitosa había sido la “oleada” de tropas. Y dijo que tomaría sus decisiones acerca de Irak con base en el informe del general. Sin embargo, ahora resulta que el informe que Petraeus entregará al Congreso será escrito en la oficina de Bush. Así que Bush está tomando decisiones sobre Irak con base en un informe que se escribirá a sí mismo.

Bush ha estado invitando también “turistas políticos” a Irak para que los lleven en visita guiada a constatar lo bien que se desempeñan las fuerzas armadas estadunidenses en la provincia de Anbar, donde han llegado a un acuerdo con una serie de insurgentes sunitas para que combatan a otro grupo. Esto ha impresionado a unos cuantos políticos demócratas, que ahora recelan de negar el “éxito”. La gente de Bush admite que la situación política global es terrible. Al primer ministro de Irak, Nuri Maliki, no le gustan nada los acuerdos que Estados Unidos anda haciendo en Anbar, ni aprecia la presión para ejercer acciones contra las múltiples guerrillas sectarias. Al visitar Siria, él apuntó que Irak tiene otras opciones políticas más allá de Estados Unidos. De inmediato, han comenzado los rumores de que Estados Unidos podría estar alentando un golpe militar. Eso sí es una analogía con Vietnam. La intervención estadunidense comenzó a hacerse amarga una vez que Estados Unidos arregló un golpe militar contra el primer ministro de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem. Entonces, la desesperación es, de hecho, que quedarse en Irak es un caso que no soporta la luz del día. Una encuesta reciente de la revista Foreign Policy, que indagó entre los llamados expertos en política exterior, muestra que 80 por ciento califica la guerra de Irak de una que tiene un “impacto muy negativo” sobre los objetivos de seguridad nacional estadunidense. Si uno desmenuza este dato según la autoadscripción de quienes respondieron, aun 60 por ciento de aquellos que se dicen “conservadores” dieron esa misma respuesta.

Pero entonces, ¿por qué mala fe? George W. Bush está preparando el futuro. El presidente que se retiró de Vietnam era un republicano, Gerald Ford, y lo hizo después de la prolongada retirada de tropas estadunidenses que emprendió otro presidente republicano, Richard Nixon. Bush no va a retirar las tropas. Pero está muy seguro de que el siguiente presidente se verá forzado a hacerlo. Y está muy seguro de que el siguiente presidente será un demócrata. Así que pone los cimientos para acusarlo de “puñalada por la espalda”. Escucharemos mucho de esta acusación en la década venidera.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

¿Por quién doblan las campanas?

Gustavo Gordillo

¿Qué presenciamos entre el primero y 2 de septiembre? Algunos dicen que la real politik. Lo que se puede. Otros señalan vencedores: sea AMLO y el PRD por impedir que el presidente Calderón hablara desde la tribuna legislativa, exponiendo así la ilegitimidad de origen del actual régimen. Otros, en cambio, consideran que triunfó Calderón. Fue al Congreso, entró a la sesión plenaria y exhortó al acuerdo. Al día siguiente se dirigió a la ciudadanía. Algunos más ven el inicio de la restauración conservadora. Como en los buenos tiempos del alemanismo el Presidente y su cohorte tiraron la casa por la ventana. Todos tienen en parte razón. But they miss the point.

¿Qué presenciamos entre el primero y 2 de septiembre? Las exequias del régimen político que brevemente nos acompañó desde la caída electoral del sistema priísta en 1988 hasta la caída electoral del consulado panista en 2006. En un artículo que escribí en el número de septiembre de la revista Nexos sobre los retos de las izquierdas en México me refería a tres escenarios que se presentan simultáneamente. Les denomino: decadencia administrada, restauración conservadora y modernización democrática. Caracterizo al primer escenario a partir del fracaso en el establecimiento de coaliciones de gobierno duraderas y estables, lo que incentiva un doble proceso: fragmentación política en el ámbito territorial y jibarización del Estado en el ámbito nacional.

La restauración conservadora puede asumir un tinte izquierdista y tendría como referentes los arreglos institucionales que prevalecieron durante el periodo de sustitución de importaciones, o un tinte derechista imaginando la coalición y las instituciones que hicieron posibles regímenes autoritarios como el priísta o regímenes militares como el pinochetista. Lo que tienen en común las restauraciones conservadoras sean de izquierda o de derecha es la centralización administrativa y una democracia restringida, que Guillermo O’Donnell denominó en 1995 como democracia delegativa.

El tercer escenario lo denomino modernización democrática. Para describir este escenario recurro a la definición de Alexis de Tocqueville de soberanía como el “derecho a elaborar leyes”. Este tercer escenario admite dos posibles caminos no excluyentes. Uno implica un compromiso con la democracia en un sentido clásico como reglas claras y equitativas de acceso al poder, con tolerancia a la diversidad y respeto a las minorías. La segunda vía enfatiza el papel de la deliberación pública en la democracia para construir consensos que permitan arreglos institucionales basados en la experimentación y en el aprendizaje y se basa en la movilización social.

Los tres escenarios convergen en México en un mismo espacio: las ciudades, particularmente las zonas metropolitanas. Lo que se ha venido desarrollando es una superposición de lógicas distintas y antagónicas en un mismo espacio. La decadencia administrada parece ser el signo distintivo de los niveles ejecutivos tanto en el ámbito federal, estatal y municipal. Gobiernan por omisión, mantienen una inercia que se acomoda con los intereses de poderes de facto mismos que han conquistado o desgajado instancias de los propios gobiernos –como por ejemplo las secretarías de Educación o de Agricultura o las tesorerías, o más grave aún, las áreas de seguridad pública.

Esta lógica se enlaza con la que corresponde a las distintas operaciones de restauración conservadora que se dan tanto en lo federal como en lo local. El eje de esta restauración son los aparatos corporativos y de manera especial los grandes sindicatos, pero también algunas agrupaciones campesinas, empresariales y profesionales. Esta lógica de restauración conservadora no habría podido funcionar de no haber coincidido con un contexto de elecciones competitivas y partidos débiles. Esta combinación tiene un efecto desastroso para la consolidación democrática. Fragmenta el poder político sin establecer mecanismos que sustituyan al partido hegemónico y a la institución presidencial en su papel de agregación de las demandas locales con las nacionales, y de árbitros reales en los conflictos entre poderes. Todo lo anterior es producto de la ausencia de un nuevo arreglo institucional que diese origen a un verdadero federalismo.

El tercer escenario de modernización democrática también se expresa en estos ambitos a partir de sociedades diversificadas con un amplio conjunto de agrupamientos ciudadanos alrededor de temas multivariados y frecuente activismo de minorías combinado en ocasiones con explosiones sociales espasmódicas. El importante componente de centros de educación superior y asociaciones culturales es pieza clave en una construcción discursiva que se opone a las restauraciones. Además es común la presencia de un pequeño pero dinámico sector de empresarios medios y pequeños insertos en diversos flujos comerciales globalizados. Son ciudades cosmopolitas en el sentido que fuertes flujos migratorios –reales y virtuales– las atraviesan económica, social y culturalmente.

Aunque los tres escenarios coexisten, su peso es diferenciado. En general es la lógica de la decadencia administrada la que ha impreso su propia dinámica. El rasgo distintivo de esta predominancia es la ausencia de espacios vinculantes. No existen espacios vinculantes para articular las demandas sociales o para generar una coalición de excluidos. Pero tampoco existen espacios vinculantes que permitieran establecer un itinerario coherente e integral para la restauración conservadora. Los gobiernos nacional y estatales, dados sus márgenes de acción, administran una lenta pero segura decadencia. Las movilizaciones sociales se fragmentan y los distintos poderes fácticos crecen y se reproducen como quistes en los intersticios de la sociedad tanto nacional como locales, pero tampoco se articulan.

Los espacios vinculantes son el tema crucial para romper la parálisis de un sistema político en bancarrota. Hay dos posibles rutas. La restauración conservadora bajo la égida de una alianza PRI-PAN y el sustento social de grupos corporativos sindicales y empresariales. O bien, la modernización democrática bajo una coalición de partidos de izquierda y el sustento social de un vasto contingente de organizaciones ciudadanas alrededor de causas específicas y de comunidades empresariales locales y regionales. Que cuaje una y otra coalición va a depender de las características de esos espacios vinculantes.

Baudrillard y lo político

Ilán Semo

“En todas partes –escribe Jean Baudrillard en La seducción, o los abismos superficiales– se intenta producir sentido, hacer significar el mundo, hacerlo visible. Sin embargo, el peligro que corremos no es su carencia: al contrario, el sentido nos desborda y perecemos en él. Cada vez caen más cosas al abismo del sentido, y cada vez hay menos que mantengan el encanto de la apariencia.” ¿No es acaso paradójico que Baudrillard haya terminado sus días con una visión casi opuesta a la que en los años 60 lo alentó a emprender una crítica a la sociedad de consumo como un “espectáculo interminable de las apariencias”? ¿No era la crítica a la sociedad moderna como un “fatigoso intercambio de apariencias” lo que derrotaba cualquier intento de producir sentido?

Tal vez no. Tal vez Baudrillard, ese fenomenal taxonomista de los signos y los símbolos a través de los que el ser humano deviene un objeto que se aleja de sí mismo, que se desconoce a sí mismo, que enmudece frente a su pasado, llegó a la convicción de que ninguna búsqueda de sentido tiene sentido si no es aquella en la que nos rencontramos, así sea imaginariamente, con el otro, por una sencilla y fatal razón: el sistema de los objetos que nos significan tiende a alinearnos como seres llevados de la mano a la insignificación.

Hacia el final de sus días, Baudrillard mereció el injusto epíteto de “nihilista” por ese inocente gesto que lleva a las buenas conciencias a condenar toda filosofía que convierte a la búsqueda del límite en la única empresa honesta del pensamiento moderno. Y es esta empresa la que hizo de su obra tardía un testimonio y un patrimonio conmovedoramente dramático de la condición del individuo en las postrimerías del siglo XX.

Sus trabajos iniciales datan el intento de expandir el análisis del capitalismo de Marx a la comprensión del intercambio de los signos como la esfera esencial donde el mercado inhibe la posibilidad de pensar fuera de sus retículas. En los años 70 y 80, se esfuerza en descifrar algo que se podría llamar una de las ecuaciones básicas de la modernidad: la inconexión permanente entre la oferta de placer (la “estética de la mercancía”) y la voz sepulta de la voz del deseo (que en su versión extrema Baudrillard volvió a llamar “necesidad”).

No parece haber rincón de la vida que escape a esta desconexión. Aquí retoma calladamente una antigua tesis de Lacan: el ser humano es, en efecto, deseo, pero deseo permanentemente insatisfecho. Todo lo que nos significa está aparentemente precedido por la construcción de sentido: deseamos algo, lo que equivale a direccionar, a postular un rumbo. Pero una vez que ese deseo ha sido satisfecho (o simplemente suprimido), volvemos a desear algo nuevo. De ahí el estado permanente de insatisfacción. Una de las mayores contribuciones de Baudrillard fue insertar la exploración del análisis social y político en este abismo que se abre cotidianamente desde el lado más oscuro de la modernidad. La ilusión del fin, o la huelga de los acontecimientos, la obra que le ganó una vez más la fama de un honesto provocador, consagra esta intuición, que ha devenido acaso en un “método”.

La tesis es sencilla y explosiva: la política no es más que una deliberada supresión del deseo, el problema consiste en cómo subvertirla. Toda política sistémica lleva una “huelga de los acontecimientos”, porque derrumba el afán de insertarlos en un relato que desborda al sistema mismo. Los hechos no son como los vivimos, sino como los convivimos y, sobre todo, como los relatamos y los imaginamos. De ahí su insistente crítica al sistema actual de las imágenes televisivas, que secuestran en el orden del caos aquello que se desplaza hacia la inversión de los signos.

IMSS: el pliego hostil del politólogo Molinar

Gustavo Leal F.*

Siete días después de haber declarado que “recibía con el mejor ánimo” el pliego petitorio del SNTSS para “negociar” un contrato colectivo de trabajo (CCT) que ampara a 377 mil trabajadores y 152 mil jubilados y pensionados, Juan Molinar Horcasitas registró ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –por su parte– un pliego hostil institucional que busca disminuir unilateralmente las condiciones de trabajo. La respuesta sindical fue inmediata: “estallará la huelga si se pretende mutilarlo”.

No era para menos. Amputándole su naturaleza bilateral, ese pliego expulsa al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) de los procesos de trabajo (cláusula 19) y rebaja derechos de los trabajadores con impacto económico (cláusula 107, aguinaldo, y 144, fondo de ahorro), sin que Molinar Horcasitas establezca qué hará con los “ahorros”, ni consigne algún compromiso de la institución “benemérita” que “dirige”, en contraste con lo que exige a los trabajadores.

Su propósito es abatir el CCT (al nivel Ley Federal del Trabajo) e imponer un primitivo “antes que yo (y mis aliados), pagan ustedes, los trabajadores”. Recarga sobre ellos una “solución” que no es solución y les quita todo, aunque publicita un “bono de productividad, eficiencia y calidad” inespecífico.

Su pliego carece de cualquier diagnóstico, repite las visiones apocalípticas de Vicente Fox-Santiago Levy, no contempla mejora en la operación, particularmente en los servicios de salud, donde invoca de manera abstracta al derechohabiente y pregona una “mejor atención” que tampoco define.

No atiende –ni resolverá– ninguno de los determinantes efectivos que pesan sobre la situación institucional. Aunque, como antes lo hicieran Fox y Levy, Molinar Horcasitas también omite deliberadamente evaluar los impactos de la política económica de las últimas décadas sobre la cobertura (asegurados), de la “reforma” Zedillo 1995-1997, del sistema Afore, de la “reforma” Beltrones-Levy (agosto de 2004), de la situación de la recaudación, elusión y evasión de cuotas obrero-patronales, del nivel salarial de las mandos altos y de la presunta corrupción institucional (medicamentos).

Pero sobre todo, Molinar omite mencionar la capitulación (de Genaro Borrego con Mario Madrazo y Santiago Echevarría, Mario Luis Fuentes con Mario Madrazo, Santiago Levy con Onofre Muñoz, Fernando Flores con Onofre Muñoz y Molinar Horcasitas con Santiago Echevarría) para extender el modelo IMSS de atención médica, sustituyéndolo por los rudimentarios programas “preventivos” de Mejora de la Medicina Familiar y Prevenimss.

También omite mencionar la adopción (con Fox) del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y (con Felipe Calderón) del “Seguro Popular” petit o cambray (sólo para los recién nacidos), así como la compactación del Programa IMSS-Oportunidades para horizontalizarlo al precario nivel clínico del “Seguro Popular”. Todo ello en un IMSS que fue especialmente diseñado para atender daños médicos de alta complejidad.

Molinar tampoco evalúa las cuestionadas UMAES y la activación en el agro de las penosas unidades médicas de atención ambulatoria.

Todas estas omisiones estratégicas le permiten apreciar (sólo a él) una “renegociación” del CCT que se traducirá fantásticamente en “suficiencia financiera” y un “punto de equilibrio”.

En noviembre pasado Jorge Meléndez, ex director de Finanzas, recomendó “eliminar burocracia, arrendar equipos que el IMSS no puede adquirir, concesionar servicios a terceros y transferir algunas cirugías que el instituto no puede cubrir, ya sea por falta de personal o infraestructura”.

Y el Consejo Promotor de la Competitividad de la Salud –que encabeza Pablo Escandón Cusi, de Nadro y Funsalud– propuso que “del 100 por ciento de la cuota patronal a servicios de salud que una empresa le paga al IMSS, 80 por ciento se transfiera al Consejo Promotor, cuyas instituciones se encargarían de crear una red para otorgar servicios de consulta básica y suministro de medicinas. Con un solo pago se podrá acudir a cualquiera de las instituciones del sistema privado”.

El propio Molinar ofreció hacer “crecer” la infraestructura institucional vía proyectos público-privados como los que intentó Julio Frenk en la Secretaría de Salud del foxismo (hospitales regionales de alta especialidad).

De tal suerte que su pliego constituye la perfecta expresión del Ejecutivo continuista y antisindical que tutela Calderón. Como en el foxismo, la “renegociación” de Molinar agravará las encrucijadas institucionales en curso y va al completo fracaso técnico: no atiende el reclamo general de mejorar los servicios que presta el IMSS. Y de inclinarse por una controversia de naturaleza económica, varios priístas y algunos panistas ya pueden poner sus barbas a remojar.

Sin embargo, a pesar de Calderón, Miguel Angel Yunes y Molinar Horcasitas, el debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos apenas ha empezado, y está abierto. Las elecciones intermedias de 2009 lo amplificarán.

Frente a la continuidad calderonista, el CEN del doctor Gutiérrez Fragoso y las dilatadas estructuras del SNTSS no pueden sino defender ese CCT que ampara una materia de trabajo única: la de los equipos organizados para atender profesionalmente la confianza que les depositan los usuarios y pacientes.

Pero, ¿puede hacerlo cuando, de entrada, como CEN propone incrementar las aportaciones de todos los trabajadores que, por cierto, no generaron “el problema”? ¿Señalando que “no es el momento de echar culpas”? ¿“Cabildeando” con el cacicazgo de Elba Esther Gordillo? ¿O formando un partido político “liberal y obrero” de los trabajadores “del Seguro Social” pero sin definir un plan de acción sindical preciso para defender el CCT?

El pliego Horcasitas “pretende hacer del paciente el foco de la negociación”. Justamente por ese paciente (y todos los que cotizan con él) vale la pena defender el CCT de los profesionales que lo atienden. Ellos tienen la palabra.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Otra vez Chihuahua intenta legislar

Ricardo Robles O.

No es que con ellos se haya elaborado, ni siquiera se les ha consultado. Los pueblos indios quedan de nuevo al margen en otro conato de ley al vapor. Se repite el mismo esquema. En las vísperas del fin de cada legislatura se simula una consulta para aprobar una ley de indígenas. En ocasiones anteriores se ha llegado a decir que más vale una mala ley que ninguna. Ahora es urgente porque es una vergüenza que Chihuahua no la tenga.

La nota aparecida en este mismo medio el día 29 de agosto recoge palabras que reflejan lo que por acá se comenta. No son citas textuales pero se atribuyen, al parecer, a Humberto Pérez Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la legislatura. Dice la nota:

“A unos días de que la actual legislatura concluya funciones agregó (el diputado), se ha lanzado una convocatoria para realizar una consulta pública a fin de crear la ley indígena y se está buscando que participen las autoridades tradicionales de los cuatro grupos étnicos que habitan en la entidad.

“Explicó que ya se ha avanzado en el trabajo de gabinete y en un estudio comparativo con las leyes indígenas de otras entidades, y descubrieron que Chihuahua es el único estado que carece de una ley reglamentaria de los derechos que reconoce la Constitución a los pueblos indios.”

O sea que a unos días de que termine la legislatura se está buscando que participen las autoridades indígenas. ¿Cuántas, cuáles, todas? ¿Y la consulta a los pueblos que debe seguir sus pautas culturales? Estas palabras, al menos, son una falta de respeto y son discriminatorias. ¿Cuánto tiempo les toman otros procesos legislativos? ¿Serán todos así de ligeros, o se aplica el trato peculiar que según la legislatura merecen los indios?

El descubrimiento de que Chihuahua es el único estado sin tal ley parece ser el motivo de tal precipitación, ¿Tiene esto lógica? ¿Importan los pueblos, las personas, los diferentes, o importa lavar una omisión jurídica tan sólo por decoro? Podrían considerar que en todo caso es un elogio a Chihuahua, ya que cualquier reglamentación será nociva mientras no se reforme la ofensiva ley federal al respecto.

Circula ahora una carta de protesta para recabar firmas. Es reveladora también. Entresaco algunas líneas para deplorar, con los autores, la superficialidad de la legislatura y el temor de ser confrontada al respecto.

“A últimas fechas nos enteramos de que se realizarán ‘foros de consulta’ sobre esta iniciativa, y nos llama la atención el que con tan poco tiempo para que termine la 61 Legislatura se quiera impulsar una iniciativa de tal importancia. Este nuevo intento se suma a otros que se han quedado en el camino por la forma tan apresurada y unilateral con que se han realizado, dejando de lado a los actores principales de esta ley.

“Aunque se ha solicitado que se haga público el documento inicial a partir del cual partirían estos foros, el Congreso ha informado que no hay tal y que se consultará por temas a pesar de que por procedimiento se debe partir de un documento base. De no existir, no es de explicarse cómo pretenden elaborar una iniciativa de ley y votarla en unas cuantas semanas. De existir una iniciativa y no darse a conocer, estaremos de nueva cuenta ante una imposición y un agravio del Congreso para con los pueblos indígenas de Chihuahua.”

Exigen luego que se dé a conocer íntegramente el documento del cual partirá la consulta a los pueblos indios y se le dé amplia y previa difusión, para que sea acorde con el derecho internacional y con nuestra propia Constitución. Exigen también que se pospongan la consulta y la eventual aprobación, para que la próxima legislatura trate con seriedad el asunto.

La 57 Legislatura formuló en 1995 una iniciativa de ley reglamentaria largamente consultada en las comunidades y en sus asambleas. No fue aprobada. La 58 Legislatura formuló su propuesta sin consulta alguna a los indígenas. No valía la pena. Cada legislatura, desde entonces, ha hecho su intento. Todos se han frustrado por desconocimiento de los pueblos y sus culturas, porque han desdeñado las aportaciones indígenas para abordar teóricamente el tema, etcétera.

La actual 61 Legislatura, hace meses ya, también hizo su proyecto. Las reacciones le hicieron reconocer su incapacidad ante el caso. Según fuentes confiables, consultó a Francisco López Bárcenas, a quien consideró brillante al principio e intolerable al final. Por lo que se sabe, su trabajo fue desechado.

Una reforma a modo de los partidos

Miguel Concha

Hay que reconocer el importante acuerdo al que llegaron el pasado jueves los senadores integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Radio y Televisión, para establecer por fin en México, sobre bases diferentes, un modelo nuevo de comunicación social entre los partidos y la sociedad, con el inobjetable propósito de que ni el dinero ni el poder de los medios, en particular la radio y la televisión, sigan siendo factores determinantes de la vida política nacional, sobre todo durante las campañas electorales.

No hay que olvidar, en efecto, que según datos del Instituto Federal Electoral (IFE), en los comicios del año pasado los partidos gastaron 65 por ciento de su presupuesto, en su mayor parte proveniente del erario, únicamente en televisión; 20 por ciento en radio; 14 por ciento en espectaculares, y sólo uno por ciento en Internet y prensa escrita. Todo lo cual constituye un escándalo.

Precisamente por esto no se debe admitir la fórmula de cálculo del financiamiento público, incluso ordinario, destinado a los partidos y propuesta por la iniciativa, pues al tomar como una de sus bases el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral –que se calcula aumenta cada año en 5 por ciento, y no por ejemplo las listas nominales, que en todo caso son las que mejor reflejan el número real de votantes–, no se disminuye el gasto multimillonario que todavía nos cuestan los partidos, ya que ello sólo representaría para el año 2012 un ahorro de alrededor de 10 por ciento del gasto destinado este año a ese rubro, con los parámetros actuales.

Tampoco puede, por ello, aceptarse que con la reforma se pretenda ahora crear una contraloría autónoma, aunque sea nombrada por el Legislativo, para fiscalizar la actuación del órgano electoral, y con facultades limitadas a realizar simplemente auditorías y hacer observaciones generales sobre las finanzas de los partidos, aunque esté inserta al interior del IFE. Además de constituir un foco permanente de tensión en su funcionamiento, con ello se estaría vulnerando gravemente la autonomía del órgano electoral, así como el carácter ciudadano de la vigilancia en el ejercicio de sus recursos.

No debemos, en efecto, tampoco olvidar que por norma de los colegios de contadores las auditorías se hacen únicamente sobre el 20 por ciento de lo auditado, muestreando rubros y reduciendo con ello el alcance de sus observaciones y el rigor de las sanciones. Todo lo cual hace suponer que los partidos de nueva cuenta han querido aprovechar la reforma en función exclusivamente de sus intereses, y no en cambio en forma prioritaria del ejercicio de los derechos inalienables de la ciudadanía.

Como prueba de ello, no se encuentra en la iniciativa ninguna consideración para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos, como lo propuso el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral; ni se reconoce su interés legítimo para inconformarse en materia de elecciones. Tampoco se prevén mecanismos para que impugne los actos de los partidos. Sin tomar en cuenta sus demandas y la experiencia de 2006, no se hace tampoco mención alguna del tema del recuento de votos en caso de elecciones competidas. Se cierra también definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para ello. Lo cual contraviene tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país, y por el contrario compromete por adelantado la respuesta al reclamo de la ciudadanía de otorgarles rango constitucional.

Otro de los grandes temas ausentes, que una vez más denota el alejamiento de los partidos de las legítimas demandas de la ciudadanía, es justamente la ciudadanización del proceso de elección de los consejeros electorales del IFE, más importante aún que los nombres de los consejeros actuales que se quedan o tienen que irse; así como el de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

Hay que reconocer, sin embargo, la inclusión de la obligación constitucional que se propone, para que los partidos se abstengan de utilizar en la propaganda política o electoral expresiones denigrantes contra las instituciones o ellos mismos, o que calumnien a las personas, así como la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la conclusión de las jornadas comiciales.

Sin embargo, aunque se reconoce que se faculta expresamente al IFE para ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones en radio y televisión que violen la ley, la ciudadanía aún espera que en la discusión de este dictamen en el pleno del Congreso se establezcan sanciones fuertes, incluso penales, contra aquellos actores, distintos de los partidos, que contraten en el país o en el extranjero mensajes con los que pretendan influir en las preferencias de los electores, y los difundan en México.

Es igualmente fundamental que en el texto constitucional se incluya la obligación de que los partidos sean sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Zona de tolerancia

Gloria Muñoz Ramírez

Un movimiento de trabajadoras sexuales organizadas se opone a la construcción de una zona de tolerancia promovida en Apizaco, Tlaxcala, por el presidente municipal Reyes Ruiz Peña. Este proyecto, indican, “es violatorio de todo los derechos de los trabajadores y trabajadoras sexuales”, pues “disfraza” la explotación sexual encabezada por supuestos empresarios y profundiza el tráfico de todo tipo en un espacio propicio para la delincuencia.

Lo que pretende ser vendido como una zona “recreativa” para adultos es totalmente inaceptable para las trabajadoras sexuales pues, señalan, implica la protección del lenocinio, la explotación y la segregación.

El colectivo de mujeres en pro de sus derechos, integrante del Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC), se define como un grupo de trabajadoras sexuales que “laboran de manera digna e independiente en la ciudad de Apizaco”. Es un grupo organizado que se pronuncia contra el trabajo sexual infantil y contra las drogas, el alcohol, el robo y los explotadores intermediarios de su trabajo; además de promover el uso del condón. Son, también, mujeres organizadas políticamente y adherentes a la otra campaña.

En la lucha por sus derechos, el colectivo de trabajadoras sexuales lleva a cabo una campaña contra la construcción de una zona de tolerancia en Apizaco y ha presentado planes alternos para ocupar los 17 mil metros cuadrados destinados al proyecto. Todo esto, denuncian, ha provocado una serie de descalificaciones, señalamientos, acosos e intimidaciones, encabezadas por el alcalde Reyes Ruiz.

En la pequeña casa que rentan para realizar su trabajo, hace poco fueron víctimas de un atropello protagonizado por 20 elementos de la policía municipal, quienes irrumpieron de forma violenta en ese lugar. Iban “vestidos de negro, con cascos tipo militar del mismo color, algunos de ellos con pasamontañas y la mayor parte con armas largas, a las cuales de manera constante les cortaban el cartucho y en todo momento apuntaban hacia las compañeras que ahí estábamos... tiraron al piso cuantas cosas encontraban a su paso, maltrataron y ofendieron a las compañeras y revisaron las pertenencias de las mismas”.

Posteriormente les sembraron drogas en algún sitio de la casa, paso previo a la incursión de elementos de la AFI, “quienes continuaron con el maltrato, las ofensas y la prohibición de comunicación telefónica” para, al final, subirlas violentamente a unas camionetas y trasladarlas al Ministerio Público Federal de Apizaco, de donde pudieron salir un día después “bajo las reservas de ley”, gracias a la presión ejercida por colectivos solidarios.

La reciente agresión no logró paralizar su lucha. El colectivo manifiesta que no tiene ningún vínculo con la venta, compra o consumo de enervante alguno, que desconocen el origen de lo que los policías señalaron como droga, así como de “los documentos que supuestamente encontraron en los cuartos contiguos”. Y, por último, reiteran su oposición a la construcción de una zona de tolerancia en Apizaco.

Migrantes: fuente de divisas

Carlos Fernández-Vega

Sin condiciones, como siempre, la paisanada que vive y labora en el vecino del norte mantiene elevado el flujo de dólares que envía a sus familiares. A pesar de los nubarrones que en este renglón algunos previeron, el monto de remesas sigue al alza, aunque, cierto es, con un ritmo menor que el reportado en años previos.

El más reciente informe del Banco de México sobre el particular, revela que de enero a julio de este año las remesas enviadas por la paisanada acumularon 13 mil 605.3 millones de dólares, igual a un aumento anualizado de 1.6 por ciento, contra 22 por ciento en 2006. De cualquier suerte, esta inyección de recursos se mantiene como segunda fuente de divisas para el país, sólo superada por el oro negro.

De acuerdo con el banco central, en julio reciente los envíos de los trabajadores a sus familiares radicados en México fue de 2 mil 107.4 millones de dólares, una cantidad mayor en 7.1 por ciento a la registrada en el mismo mes de 2006, pero la cual se mantiene dentro de la misma tendencia descendente observada en el transcurso de 2007. En dicho mes, pero del año pasado, el crecimiento anual del monto total recibido fue de 15.6 por ciento, más del doble del incremento registrado en igual lapso de 2007; aun cuando el promedio de divisas ingresado por remesa aumentó 1.5 por ciento para llegar a 357.78 dólares, después de tres meses consecutivos de decrecimiento anual en este concepto (La Jornada).

A pesar de la “desaceleración” en el monto remitido, los dólares que la paisanada ha inyectado a la economía mexicana en los últimos siete años sobrepasan los 120 mil millones de billetes verdes (el enorme pastel al que gobierno y barones se quieren engullir), canalizados a sus familiares, los cuales, mayoritariamente, tienen edades que van de 18 a 49 años (76 por ciento del total), de acuerdo con una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (Estadísticas demográficas de los receptores de remesas en México).

El estudio del organismo financiero regional revela que sólo el 6 por ciento de los receptores de remesas en México reciben menos de mil 600 pesos mensuales por tal concepto; el 24 por ciento obtiene de mil 601 a 4 mil pesos con igual periodicidad; 27 por ciento de 4 mil1 a 6 mil 400 pesos; 30 por ciento de 6 mil 401 a 19 mil 200 pesos y alrededor de 3 por ciento más de 19 mil 201 pesos cada treinta días.

El 47 por ciento de los encuestados tiene algún familiar en el extranjero (en Estados Unidos, principalmente, en donde reside el 97 por ciento de la parentela). Un dato relevante que arroja la encuesta es que sólo el 17 por ciento de los entrevistados reconoció que regularmente recibe dinero de su familiar o familiares en el extranjero; el 30 por ciento aseguró no recibir un solo dólar y el 53 por ciento afirmó que no tiene parientes fuera de las fronteras nacionales.

El trabajo del BID indica que el 25 por ciento de los adultos mexicanos en Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí recibe remesas regularmente, mientras que en los 26 estados restantes y el Distrito Federal sólo el 13 por ciento. En 2006, el receptor de remesas promedio en México recibió diez entregas en el año, de 225 dólares cada una, que utilizó mayoritariamente (57 por ciento) en gastos de primera necesidad; en 2003, sólo 7, con 190 dólares y con una proporción de 78 por ciento.

El 33 por ciento de los encuestados precisó que recibe dinero de sus familiares en el extranjero desde hace más de cinco años; el 67 por ciento restante, y gracias al “cambio” de Fox, desde hace menos de cinco años.

Las rebanadas del pastel

Para la memoria: con distintos disfraces, en los últimos tres años el “cambio” y la “continuidad” habrán aplicado tres gasolinazos a los exprimidos bolsillos de los mexicanos, independientemente del aumento mensual aplicado prácticamente desde que México descubrió su “alberca” de petróleo: en junio de 2004, sin notificación de por medio, el precio al consumidor de la gasolina Premium aumento 3 por ciento, porque, aseguraba Hacienda, “es necesario frenar el consumo de ese combustible frente a la gasolina magna”; en noviembre de 2006, cuando la dupla Fox-Calderón acordó un incrementó de igual proporción y ahora cocina un 5.5 por ciento. En números cerrados, el aumento acumulado, incluyendo las mensualidades, ronda el 30 por ciento (aparte el impacto inflacionario) y van por más... Amenazados en donde más les duele y espanta, el duopolio televisivo y el oligopolio radial se retuercen ante la inminencia de que sean excluidos del enorme negocio de la propaganda electoral, lo que aminoraría no sólo sus ganancias sino su creciente influencia política. No es para menos, porque en las dos últimas elecciones presidenciales y en igual número de comicios intermedios, el grupúsculo se engulló más de 8 mil millones de pesos (mayoritariamente para Televisa, según cifras oficiales), sin considerar precampañas, anuncios pagados “por terceros”, campañas negras, elecciones estatales y demás rebanadas del business, amén de su injerencia en los procesos. Y como se sienten amenazados, ya arrancaron su propia campaña negra (tan escandalosamente obvia como todas las demás) en contra de quienes osan quitarles tan jugoso hueso. Entonces, ¿el duopolio televisivo y el oligopolio radial preocupados por la democracia e interesados sólo en la “fortaleza de las instituciones en el país? Juar, juar, juar. Y la CIRT en funciones de jefe de prensa de los barones electrónicos.

Ugalde destruyó la confianza en el IFE

Enrique Galván Ochoa

Un insólito 97 por ciento de 2 mil 767 personas –sin filiación partidista– que encuestamos esta semana opina que la actuación de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del IFE ha sido ‘mala’; 2 por ciento la calificó ‘regular’; menos de 1 por ciento la juzga ‘buena’ y menos de 1 por ciento la valora ‘excelente’. Nuestra segunda pregunta fue: ¿deben ser corridos? Noventa y siete por ciento contestó que ‘sí’, 2 por ciento respondió ‘no’ y 1 por ciento dijo ‘no sé’.

Metodología

El Foro México está abierto a personas de todas las ideologías; quienquiera puede inscribirse y es enteramente gratuito. Tenemos 12 mil 304 miembros activos, quienes han escrito 98 mil 103 mensajes. Es el foro más grande del mundo de lengua castellana, en su género de opinión política y financiera. Esta semana enviamos 7 mil 758 cuestionarios a un número igual de foristas sorteados al azar. Hasta ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 36 por ciento.

Votos razonados

Ugalde y demás consejeros llegaron al IFE por medio de una negociación entre la entonces priísta Elba Esther Gordillo y el panista Germán Martínez Cázares; los nuevos consejeros deben entrar por consenso de todos los partidos políticos, y (hasta donde sea posible) la sociedad civil debe participar.

Roberto Henderson/Mazatlán

¿No les parece extraño que los dizque intelectuales mexicanos y la profesora Elba Esther compartan la posición de defender a Ugalde? ¿Les pasó un billete o qué onda? El verdadero riesgo de que Ugalde se quede en el IFE es que manipulará las próximas elecciones para entregar el control de la Cámara de Diputados a la maestra milagrosa.

Elisa Martínez/Tepic

No sé qué otros fraudes están esperando, ¿los de 2009 y 2012? Que los corran, pero ¡YA! El pueblo pide a gritos... ¡que se vayan todos!

Laura Pimentel/Distrito Federal

La actuación del IFE en general ha sido negativa; es una de las causas por las cuales el país se encuentra sumido en una profunda crisis; no solamente deben correr a los consejeros, sino fincarles responsabilidad legal.

Carmelo Terán Montero/Toluca

¿Darle cuello? No la amuelen, hay que subirle el sueldo.

Guillermo Castillo (alias Felipe Calderón). Distrito Federal

Todo en la vida tiene un precio; lo está pagando el IFE al perder la confianza del pueblo mexicano.

Mario Lara Juárez/Palmillas

La sociedad no manipulable por los medios de comunicación, por los partidos y por los corruptos de siempre no nos tragamos la dizque impoluta y democrática actuación del IFE. Y de paso, propongo una encuesta para apoyar al cineasta Luis Mandoki, a quien le están bloqueando su trabajo.

Reynaldo Baños Lozada/Distrito Federal

Esa obstinación para defender el hueso, léase sueldo, debieron emplearla para vigilar y defender la legalidad electoral. No son dignos de confianza.

Juan Granados Altamirano/DF

El cártel del IFE debe ser removido inmediatamente o antes, junto con el gordo barbón de la CNDH, que el único derecho humano que defiende es el de la buena mesa.

Carlos González Carrera/Zongolica

El día de ayer fui a ver la película El día que mataron a Kennedy, y me hizo recordar al IFE y al Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Una bala asesina terminó con la esperanza de millones de estadunidenses pobres. Aquí, la acción criminal del IFE, el Trife, Fox, las televisoras y los empresarios también asesinó la esperanza de millones de mexicanos pobres.

Jorge Angel Tovar/Ecatepec

No actuó de mala fe... el sobrino de la maestra y ahijado de Calderón es una blanca paloma.

Juan Carlos Raya/Distrito Federal

La semana entrante

Jaime Avilés

Desde hoy, todos a la feria del Zócalo

El martes, con AMLO en San Lázaro

La noche del viernes, lunada histórica

Aspecto del apartado del EMP en el Zócalo capitalino, anoche Foto: María Luisa Severiano

Comienza la semana más interesante del año. Desde esta mañana y hasta el próximo viernes, el Zócalo será ocupado por una feria popular de artesanos, organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino y apoyada por la Convención Nacional Democrática (CND). El martes, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador fijará su postura ante los diputados del Frente Amplio Progresista sobre las reformas que todos los partidos están discutiendo. Y antes, durante y después, las televisoras mantendrán un bombardeo sobre esos dos escenarios con toda la furia verbal de sus cada vez más desgastados y acongojados levantacejas.

Pero vayamos por partes. A las damas de la vela perpetua que coexisten con los caballeros del santo sepulcro en las catacumbas de eso que la ultraderecha panista denomina “gobierno federal”, se les ocurrió, hace dos semanas, utilizar el Zócalo para alegrar la vida de los pobres con un festival estelarizado por las figuras más teletontas de la siempre caritativa Televisa. El objetivo era adueñarse de la plaza mayor para que la noche del 15 Felipe Calderón pudiera asomarse a gritar los nombres de los héroes patrios.

Sin embargo, los organizadores quisieron mo-rir-se-de-co-ra-je- al enterarse de que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal había presentado una solicitud a la delegación Cuauhtémoc para montar una exposición de artesanías en el mismo lugar y en las mismas fechas desde el ya remoto mes de julio. Y como el que es primero en pedir es también primero en derecho, la gente de Los Pinos se quedó con las ganas. De allí las vociferaciones de los levantacejas, que arreciarán, seguro, con la cantaleta de que “el Zócalo no es del PRD”. Claro que no: es de Emilio Azcárraga. ¿A poco no lo sabíamos?

Ahora bien, si a usted le preocupa saber quién va a dar el Grito de hoy en ocho, no abandone esta columna, porque a prudente distancia, para no tener que calarse la gorra militar que le infunde confianza en sí mismo, Felipe Calderón declaró ayer desde Nueva Zelanda que la noche del 15 estará en el balcón de Palacio Nacional para encabezar el festejo. Eso marca el inicio de una apasionante partida de ajedrez cuyo tablero será el Zócalo y las fichas en acción, por una parte, serán los seguidores de López Obrador y, por la otra, los miembros del Estado Mayor Presidencial que ya “apartaron” con vallas los primeros 20 metros cuadrados de plancha.

Mientras tanto, la gente que apoya a López Obrador sigue indignada con los legisladores del PRD que –salvo honrosas excepciones– insisten en sacar una reforma electoral hecha sobre las rodillas, aunque para ello deban legitimar, así sea votando en contra, la reforma fiscal de Calderón y el aumento al precio de la gasolina. ¿Sabe usted cómo se cocinó la reforma electoral? Todo partió de una reunión secreta entre los senadores Manlio Fabio Beltrones (PRI), Santiago Creel (PAN) y Carlos Navarrete (PRD). Luego incorporaron al equipo a Arturo Núñez, eminencia en las ciencias ocultas de los comicios.

En la Cámara de Diputados, un segundo trío formado por Emilio Gamboa (PRI), Héctor Larios (PAN) y Javier González Garza permanecía al tanto de lo que se negociaba en el nivel superior. Así acordaron lo que esta columna publicó y criticó hace una semana: despedir a Luis Carlos Ugalde y a todos los consejeros del Instituto del Fraude Electoral, crear una contraloría interna del IFE, recortar los tiempos de las campañas, pero no tocar ni de chiste a la televisión. Las rechiflas del público no se hicieron esperar. Eduardo Huchim en Reforma, John Ackerman en La Jornada, Porfirio Muñoz Ledo en Proceso coincidieron: si la reforma no saca a la televisión de los procesos electorales, si los recursos de los partidos acabarán como siempre en los bolsillos de Azcárraga y de Ricardo Salinas, será una reforma de broma.

Ante el abucheo, los senadores tornaron a su escondite y de dientes para afuera aceptaron incorporar “lo de la televisión”, así nomás, sin explicar nada. Pero entonces los magnates de la pantalla chica mandaron a sus levantacejas a defender la permanencia de Ugalde, confirmando la prevalencia de una situación que es ya insostenible para el país: las televisoras han instaurado, por la fuerza y la violencia de su poder económico, un “parlamento” paralelo, donde todos sus “diputados” repiten lo mismo, como ocurría en el Congreso en tiempos de Díaz Ordaz. Hasta ahora, el único “diputado” opositor que ha habido allí es Julio Hernández López y hace rato que lo desaforaron para callarlo. ¿No es una vergüenza que todavía impere en México un régimen tan arcaico? ¿No es hora ya de liquidar para siempre la dictadura de la televisión?

La respuesta es obvia, como lo es también el hecho de que los consejeros del IFE son basura que apesta y hay que tirarlos cuanto más lejos mejor. Pero eso no es lo urgente. Lo prioritario es impedir que se consume el alza a la gasolina y por eso, desde hoy, el Zócalo se convertirá en punto de encuentro y un centro de información para que, si es necesario, la gente se traslade a San Lázaro, acatando la convocatoria que para el martes prepara López Obrador. Habrá que ver si frente a la indignación popular, Calderón mandará a la Policía Federal Preventiva con sus tanques antimotines y sus cañones de agua para que adentro, con toda comodidad, los diputados encarezcan el precio del combustible.

Por lo pronto, a partir de hoy, vayamos a la feria del Zócalo. Esta tarde, alrededor de la hora 18, la megabizcocho Regina Orozco hará su entrada triunfal en la plaza a bordo de una auténtica trajinera de Xochimilco. Y, de acuerdo con lo que Jesusa Rodríguez adelantó ayer a esta columna, todos los días habrá sorpresas, juegos, premios, rifas y colectas para ayudar a Luis Mandoki a terminar su película sobre el fraude, que Televisa intenta bloquear. La fiesta, desde luego, contará con la presencia de Froylán Yescas, Estela Saravia y Rafael Maldonado, representantes de Flor y Canto y las logias masónicas del valle de México, que trabajaron duro para impedir que la conmemoración de la gesta de 1810 sea usurpada por los golpistas.

Con este propósito, los organizadores del Grito de los libres están invitando a los partidarios de López Obrador a que el próximo viernes, cuando la feria artesanal se retire, se queden a dormir en la plancha. “Hay que llevar tiendas de campaña porque va a ser una lunada histórica”, aseguró Jesusa. ¿Y quién va a dar el Grito? Del lado de la CND está previsto que el honor corresponda a doña Rosario Ibarra de Piedra. Ya si Calderón se anima a mostrarse desde el balcón, después de encarecer la gasolina, el pueblo seguramente lo saludará como se merece.

Golpismo televisivo

Editorial

Ante las propuestas legislativas para eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos, el poder de facto de la televisión y la radio comerciales ha respondido con una campaña de hostigamientos, presiones, amenazas y chantajes contra legisladores federales, y ha emprendido una cruzada de desinformación y envenenamiento de la opinión pública. En un esfuerzo por torpedear los cambios previstos a la legislación electoral, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), encabezada por el duopolio televisivo y hablando en nombre de “los mexicanos”, se ha pronunciado contra la necesaria moralización de la autoridad electoral y contra la remoción de los consejeros del IFE que, con su actuación turbia y parcial, llevaron a ese organismo a una sima de desprestigio.

En particular, Televisa y Tv Azteca han buscado presentar a Luis Carlos Ugalde no como el funcionario que permitió y propició el desaseo generalizado en los comicios presidenciales del año pasado, sino como una víctima de supuestos afanes revanchistas de los partidos políticos.

En la hora presente, las grandes corporaciones mediáticas no defienden la “autonomía electoral”, “la libre manifestación de ideas y opiniones” y mucho menos el “derecho a la información” de los ciudadanos, derecho que ha sido sistemáticamente conculcado por los concesionarios mediante coberturas desiguales, parciales, al servicio de sus propios intereses político-empresariales y casi siempre sumisas al poder presidencial. No hay mejor ejemplo que el desmesurado tiempo en pantalla que las dos empresas televisivas privadas concedieron durante esta semana al propio Ugalde, y el contraste con la cerrazón para difundir los señalamientos de los legisladores en torno a las presiones a que han sido sometidos.

Resultan paradójicas, por aldeanas, las supuestas convicciones “democráticas” y “modernas” con que los consorcios mencionados defienden una relación particularmente antidemocrática, oligárquica y atrasada entre el poder político y los poderes de facto corporativos y mediáticos, en la que a éstos les es dado servirse con la cuchara grande del presupuesto nacional, medrar con un espectro radioeléctrico que es propiedad pública y hasta imponer leyes para llevar sus privilegios a niveles de rapiña y depredación de los bienes del país.

En el fondo, lo que los concesionarios pelean es la preservación de la astronómica oportunidad de negocio en que se han convertido las contiendas electorales y el río de dinero que les representan unas campañas políticas basadas en el marketing y en la profusión de anuncios pagados. La lógica misma de esa modalidad perversa de proselitismo tiende a convertir las confrontaciones partidistas en duelos de dispendio de recursos –públicos, para colmo– y a degradar el debate de ideas y programas hasta convertirlo en guerras de lodo. La desmesurada proporción de los presupuestos de publicidad política que acaparan las televisoras, en detrimento del resto de los medios informativos, contribuye a completar un círculo vicioso que agrega grandes cuotas de poder político al poder económico y mediático que detentan las grandes empresas televisivas y radiales.

Para garantizar la información ciudadana y el derecho a la libre expresión de partidos, organizaciones políticas, candidatos y funcionarios es más que suficiente el espacio de los llamados tiempos oficiales, es decir, los minutos de programación diaria que los medios electrónicos deben poner a disposición del Estado como sucedáneo de impuestos y pagos de derechos por el uso de frecuencias que son propiedad de la nación, no de los conglomerados televisivos y radiales.

No debe dejarse de lado el hecho de que, en el momento presente, el Senado analiza las modificaciones necesarias a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo artículos de las versiones aprobadas a finales de 2005, y genéricamente conocidas como ley Televisa, en el contexto de una grosera intromisión de las televisoras privadas en el trabajo legislativo.

Parece perfilarse un consenso entre todas las fuerzas con representación en el Congreso para restaurar el IFE y encauzar la propaganda electoral a los tiempos oficiales. El empeño por reventar ese consenso mediante presiones públicas y chantajes privados a los legisladores conlleva el designio de suprimir la voluntad soberana de uno de los poderes de la Unión, y eso se llama golpismo, un recurso ilegítimo e inaceptable. Es imperativo que las cámaras legislativas hagan valer su autoridad, sus atribuciones soberanas y su condición de representantes de la voluntad popular.

Por si no había quedado claro que la televisión es el arma que los empresarios, dueños del país, utilizan en contra de los mexicanos para seguirlos envenenando con sus mentiras y su frivolidad. Por eso en Venezuela lanzaron una campaña en contra de Chávez que lo único que hizo fue no renovar un contrato para que la gente tuviera al menos un espacio, y dónde aún así el 80% de la televisión privada y a los que no se les renovó el contrato siguen saliendo al aire vía cable.