Charla de periodista Pascual Serrano y presentación de libro "Perlas 2". Las Palmas. 2 de enero de 2008, 20:00 horas
Tribuna Internacional
El periodista Pascual Serrano, que desde diciembre de 2005 es asesor editorial de Telesur, el canal de televisión promovido por el Gobierno venezolano con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia con la pretensión de servir de “contrapeso” a los medios y cadenas televisivas del primer mundo, hablará sobre el tratamiento informativo que desde estos medios se dispensa a Venezuela. Serrano, que fue fundador y redactor-jefe de la revista “Voces”, de Izquierda Unida, y de la publicación electrónica “Rebelión”, que funciona como medio alternativo en Internet, presentará además su libro “Perlas 2. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación” en un acto en el que estará acompañado por el también periodista Rafael Morales.
SOBRE EL AUTOR
Nacido en Valencia (España) el año 1964, Pascual Serrano se licenció en Periodismo en 1993 en la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en el periodismo trabajando en el diario español ABC. Fue fundador y redactor jefe de la revista Voces, editada por la organización política Izquierda Unida.
Sus trabajos se han desarrollado tras sus viajes por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Iraq, Jordania y Líbano.
En 1996 fundó junto con un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión (www.rebelion.org), que hoy funciona como diario alternativo en Internet.
Es miembro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada en México en 2004.
Colabora habitualmente en una decena de publicaciones latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional.
Es coautor de los libros "Periodismo y crimen" y "Washington contra el mundo" y compilador de "Mirando a Venezuela".
A principios de 2006 publicó ”Perlas. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación” editado en España por El Viejo Topo. En Cuba y Venezuela se editó una versión adaptada: “Juego Sucio. Una mirada a la prensa española”.
En la actualidad es miembro del consejo de redacción de las revistas "Mundo Obrero", "El Otro País" y "Pueblos", donde colabora habitualmente.
Desde diciembre de 2005 es asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia, que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo.
En febrero de 2007 fue Primer Premio del Concurso Internacional de ensayo "Pensar a contracorriente", por su trabajo "Violencia y medios de comunicación", convocado por el Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Editorial Ciencias Sociales.
Su último libro es "Perlas 2. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación", publicado en septiembre de 2007 con prólogo de Alfonso Sastre y epílogo de Ignacio Ramonet. Ese mismo mes publica en Venezuela, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", escrito con Santiago Alba.
“Perlas 2. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación”
Con prólogo de Alfonso Sastre y epílogo de Ignacio Ramonet
SOBRE EL LIBRO
Un año después de la publicación del primer volumen de “Perlas”, donde Pascual Serrano recogía los disparates, patrañas y trapacerías de periodistas, columnistas y líderes políticos difundidas en los medios de comunicación, sale a la luz “Perlas 2”.
En este nuevo volumen, agrupadas temáticamente, repasan todos los aspectos presentes en la vida política y mediática del último año. Desde temas como la economía, la educación, el racismo, la ecología o Internet hasta territorios geográficos que han tenido determinada trascendencia, como Iraq, Estados Unidos, Palestina, Cuba o Venezuela. Sin olvidar los asuntos más sensibles de nuestro país: monarquía, fuerzas de seguridad, iglesia o jueces. A través de ellas se desvela la miseria y podredumbre de los discursos de gran parte de la clase política y la mentira y manipulación de la mayoría de los medios. Con prólogo de Alfonso Sastre y epílogo de Ignacio Ramonet.
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Estas "perlas" que viene recogiendo –ésta es su segunda entrega– Pascual Serrano son pequeñas cristalizaciones prácticas, significativas de la ideología más reaccionaria que se expresa muchas veces en esos "hallazgos", revelaciones inesperadas (o no) de la insolidaridad y de la desfachatez propias del Sistema bajo cuyo imperio vivimos. Entre tales hallazgos, tomemos alguno que otro al buen tuntún, aunque quien lea este libro los va a encontrar todos en ese "collar de perlas" que, en definitiva, es esta selección. Veamos por ejemplo que el pescador de perlas encuentra un 11 de enero en la CNN "unas declaraciones de Bush en las que afirma que la idea de que Estados Unidos quiera atacar a Irán es ridícula, pero todas las posibilidades están abiertas". Comentario del pescador: "Por si alguien creía que las opciones ridículas estaban descartadas por la Casa Blanca".
Alfonso Sastre en el prólogo
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Indispensable. Este es un libro indispensable para tomar conciencia de la amplitud del desastre mediático actual. Y hay que agradecerle a Pascual Serrano el talento que ha derrochado para constituir este "archivo de la vergüenza periodística" al conseguir cosechar tan flagrantes demostraciones del resquebrajamiento de una profesión que amenaza ruina.
Lo que Pascual Serrano revela con esta nueva colección de "patrañas, disparates y trapacerías" es que algo ha dejado de funcionar en nuestros medios masivos de comunicación. Y que, por eso, la información –o sea, la desinformación– se ha convertido en una de las principales amenazas de nuestras democracias a la hora de la globalización económica.
Ignacio Ramonet en el epílogo del libro
sábado, diciembre 29, 2007
Gobierno boliviano creará empresa petroquímica para industrializar su gas
Univisión / Rebelión
El gobierno del presidente Evo Morales hará un ajuste a su política energética que comenzó con la nacionalización de los hidrocarburos con la creación el próximo año de la empresa estatal Petroquímica Boliviana (Petrobol) para impulsar la industrialización de las reservas de gas natural, informó el jueves el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
La nacionalización de los hidrocarburos aprobada en mayo de 2006, delega a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el control de toda la cadena productiva incluyendo la industrialización, pero Villegas dijo que otra empresa se encargará de esa tarea para lo cual el gobierno prepara un proyecto de ley para enviarlo al Legislativo.
"No podemos dar a YPFB esta actividad más (industrialización), la petrolera tiene una cantidad de responsabilidades y funciones, y creemos conveniente no sobrecargarla", dijo el funcionario a la televisora estatal (TVB).
El plan está en marcha. Argentina comprometió este año un crédito de 450 millones de dólares para la instalación hasta el 2011 de una planta separadora de líquidos del gas natural en la región del Chaco boliviano. Un desembolso inicial de 4,5 millones de dólares financiará el estudio de factibilidad.
A su vez, el gobierno firmó el 17 de diciembre con la brasileña Braskem un acuerdo para iniciar un estudio destinado a la instalación de complejos petroquímicos del etano también en la región del Chaco. "Si los estudios son positivos, podremos crear una sociedad entre YPFB y Braskem ", dijo Villegas.
Bolivia firmó un contrato para exportar 27,7 millones de metros cúbicos de gas a Argentina a partir de 2011. Para entonces debería estar lista la planta separadora de líquidos. La producción de etano abastecerá la planta petroquímica si finalmente el acuerdo prospera.
La brasileña Petrobras comprometió, a partir del 2008, inversiones hasta de mil millones de dólares para la exploración y producción de gas en la visita a Bolivia del presidente Luiz Inacio Lula da Silva el pasado 17. Un incremento en la producción del energético permitirá a este país cumplir sus contratos con Brasil, Argentina y sus consumidores internos.
Asimismo, Villegas anunció que en 2008, el gobierno completará la nacionalización con la recuperación para el estado del 50% más uno del paquete accionario en tres empresas petroleras privatizadas parcialmente en los años 90. Este año, el gobierno compró en 112 millones de dólares dos refinerías que Petrobras tenía en territorio boliviano.
El ministro aseguró que se concretará la recuperación de Transredes, subsidiaria de la británica Ashmore Energy International, que administra más de 6.000 kilómetros de ductos; las plantas de almacenaje de propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB) de capitales alemanes y peruanos y las empresas de exploración y producción de hidrocarburos Chaco y Andina.
La primera es de la británica BP y su socia argentina Bridas y la segunda pertenece al grupo hispano-argentino Repsol YPF.
"El próximo año todas las empresas capitalizadas y privatizadas vuelven a la administración, control y gestión del estado boliviano", dijo Villegas.
El gobierno del presidente Evo Morales hará un ajuste a su política energética que comenzó con la nacionalización de los hidrocarburos con la creación el próximo año de la empresa estatal Petroquímica Boliviana (Petrobol) para impulsar la industrialización de las reservas de gas natural, informó el jueves el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
La nacionalización de los hidrocarburos aprobada en mayo de 2006, delega a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el control de toda la cadena productiva incluyendo la industrialización, pero Villegas dijo que otra empresa se encargará de esa tarea para lo cual el gobierno prepara un proyecto de ley para enviarlo al Legislativo.
"No podemos dar a YPFB esta actividad más (industrialización), la petrolera tiene una cantidad de responsabilidades y funciones, y creemos conveniente no sobrecargarla", dijo el funcionario a la televisora estatal (TVB).
El plan está en marcha. Argentina comprometió este año un crédito de 450 millones de dólares para la instalación hasta el 2011 de una planta separadora de líquidos del gas natural en la región del Chaco boliviano. Un desembolso inicial de 4,5 millones de dólares financiará el estudio de factibilidad.
A su vez, el gobierno firmó el 17 de diciembre con la brasileña Braskem un acuerdo para iniciar un estudio destinado a la instalación de complejos petroquímicos del etano también en la región del Chaco. "Si los estudios son positivos, podremos crear una sociedad entre YPFB y Braskem ", dijo Villegas.
Bolivia firmó un contrato para exportar 27,7 millones de metros cúbicos de gas a Argentina a partir de 2011. Para entonces debería estar lista la planta separadora de líquidos. La producción de etano abastecerá la planta petroquímica si finalmente el acuerdo prospera.
La brasileña Petrobras comprometió, a partir del 2008, inversiones hasta de mil millones de dólares para la exploración y producción de gas en la visita a Bolivia del presidente Luiz Inacio Lula da Silva el pasado 17. Un incremento en la producción del energético permitirá a este país cumplir sus contratos con Brasil, Argentina y sus consumidores internos.
Asimismo, Villegas anunció que en 2008, el gobierno completará la nacionalización con la recuperación para el estado del 50% más uno del paquete accionario en tres empresas petroleras privatizadas parcialmente en los años 90. Este año, el gobierno compró en 112 millones de dólares dos refinerías que Petrobras tenía en territorio boliviano.
El ministro aseguró que se concretará la recuperación de Transredes, subsidiaria de la británica Ashmore Energy International, que administra más de 6.000 kilómetros de ductos; las plantas de almacenaje de propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB) de capitales alemanes y peruanos y las empresas de exploración y producción de hidrocarburos Chaco y Andina.
La primera es de la británica BP y su socia argentina Bridas y la segunda pertenece al grupo hispano-argentino Repsol YPF.
"El próximo año todas las empresas capitalizadas y privatizadas vuelven a la administración, control y gestión del estado boliviano", dijo Villegas.
Boletín Informativo ISA núm 303
http://www.serviciodenoticiasis
EL “PATIO TRASERO” SE EMANCIPA. NUEVO DESAFÍO REGIONAL A ESTADOS UNIDOS
Janette Habel*
(publicado en Le Monde Diplomatique en diciembre de 2007)
¿Por qué abrió la embajada estadounidense una serie de “consulados satélites” en cinco estados de Venezuela productores de hidrocarburos? ¿Por qué intenta el Pentágono reactivar el aeropuerto militar Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, a unas decenas de minutos de vuelo de Bolivia? Desde fines de los años noventa, viene siendo puesto en apuros en América Latina. El proyecto del gran mercado que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, la Zona de Libre intercambio de las Américas, no tuvo éxito. En su lugar aparecieron gobiernos de izquierda, moderados y radicales, una alianza energética Venezuela-Bolivia-Argentina, el Banco del Sur que pone en jaque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela), el esbozo de un socialismo del siglo XXI en Caracas, La Paz y Quito… Washington intenta encauzar esta iniciativa promoviendo numerosos tratados de libre comercio, legitimando un “derecho de injerencia democrático” y reforzando la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de… la democracia de mercado.
“América Latina es un continente perdido”. La afirmación pertenece a Moises Naim, director de la revista Foreign Policy. Menos categórico, el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim, no formula en menor grado la misma inquietud cuando se pregunta: ¿Washington está perdiendo a América Latina? [i]. Desde hace un decenio los Estados Unidos tuvieron que soportar varios reveses en este rincón del mundo. El rechazo de las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicales o moderadas, marcando en diferentes grados su independencia. En abril de 2002, fracasó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Luego, a pesar de las presiones del departamento de Estado, la fuerza del movimiento indígena llevó a Evo Morales al poder en Bolivia. A pesar de haber ejercido presiones de todo tipo, Estados Unidos no pudo impedir la elección de Daniel Ortega en Nicaragua o en Ecuador la de Rafael Correa [ii].
¿Entonces será necesario intervenir de forma más enérgica? El fracaso de la expedición en Irak hace poco probable, al menos por un tiempo, una envestida militar directa en otro frente.
Sin embargo, a pesar del rechazo generalizado que sufre, lo esencial del marco neoliberal permanece instalado. No es menos cierto que, lanzada con gran pompa por William Clinton durante una cumbre de las Américas realizada en Miami a fines del año 1994, la zona de libre comercio de las Américas (ALCA), el gran mercado americano, no ha podido ver el día. No obstante, según Carlos Gutiérrez, secretario estadounidense de Comercio, las empresas estadounidenses invirtieron 353 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe en el año 2005. Sus filiales emplean a 600 mil personas. En el 2006, las exportaciones estadounidenses aumentaron 12.7% y las importaciones 10.5%.
El fracaso del ALCA no debe ocultar los avances en acuerdos bilaterales o multilaterales, en particular a través de los tratados de libre comercio (TLC). Puesto que la atracción del mercado estadounidense constituye una poderosa ventaja “nuestro país debe encontrar en las relaciones con todos los países del mundo, y particularmente con los EEUU, la fuerza que su tamaño no le otorga” afirma el ministro uruguayo de Economía, seducido por un TLC con los EEUU, del cual una de las consecuencias sería un conflicto con el Mercosur, lo que no dejaría de agradar a los EEUU. Aun clasificadas de centro izquierda, las elites latinoamericanas están dispuestas a capitular frente a la ofensiva neoliberal.
Con el tiempo el campo político de los TLC se amplió. Una nueva etapa en la integración continental –versión norteamericana– fue superada el 23 de marzo del 2005 en Waco, Texas. La Asociación para la Seguridad y la Prosperidad norteamericana consagra la creación de una comunidad económica de seguridad entre los EEUU, Canadá y México. Para el jurista Guy Mazet, “la novedad de este acuerdo radica en la introducción de la noción de seguridad en la lógica de los procesos económicos y comerciales, y en la institucionalización del poder de las empresas y del sector privado que se imponen a las políticas públicas” [iii].
Podemos preguntarnos cuál legitimidad jurídica tiene este acuerdo negociado al margen de los parlamentos nacionales. “El sector privado utiliza el marco internacional para obtener una influencia más importante sobre las políticas nacionales” constata Mazet.
El investigador estadounidense Craig Van Grasstek ha establecido que todos los países que integraron la coalición de voluntarios (coalition of the willing) en Irak se benefician de un TLC con los EEUU. También es el caso de países de América Latina que, como Colombia, Ecuador antes de la elección de Rafael Correa, Perú, Costa Rica o Guatemala se retiraron del grupo de los 20 (G20) [iv]. La publicación por el periódico El País del proceso verbal de las conversaciones entre George W. Bush y José Maria Aznar [v], en febrero del 2005, reveló la brutalidad del chantaje del presidente estadounidense hacia los países reticentes a apoyar una intervención militar en Irak. “Lo que está en juego es la seguridad de los Estados Unidos, declaraba entonces Bush. Lagos (el presidente chileno) debe saber que el TLC con Chile espera su confirmación en el Senado. Un actitud negativa podría poner en peligro su ratificación”.
Una dominación más consensual
También Michelle Bachelet, a pesar de ser favorable a una alianza estratégica con Washington, está expuesta a sanciones, debido a que el Congreso chileno ratificó el tratado que crea la corte penal internacional y no quiere garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses ante esta jurisdicción. La ayuda militar podría ser suspendida. Chile tendría entonces que pagar una suma importante al Pentágono por el entrenamiento de sus militares para el pilotaje de los aviones F16 que acaba de adquirir. Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay vieron la suspensión de sus entrenamientos militares y sus programas de ayuda por las mismas razones.
El desplome soviético contribuyó a dar a la retórica democrática de Washington una gran autoridad. Parece que quedó atrás aquella época cuando, siguiendo los pasos de Ronald Reagan, Jeane Kirkpatrick polemizaba contra James Carter acusándolo de haber, al hablar de “derechos humanos” a diestra y siniestra, socavado las bases de regímenes autoritarios no comunistas que eran, sin embargo, “más compatibles con los interés estadounidenses”; con el auge del liberalismo, la convicción de que la disciplina impuesta por la mundialización y el mercado limita el riesgo de desvío “populista” se impuso. Así como lo constata el investigador William I. Robinson, esgrimiendo la bandera de la democracia, se puede “penetrar la sociedad civil con el fin de garantizar el control social” a través de formas de dominación más consensuales. “Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil” [vi], siempre y cuando, no obstante, se fragmente en grupos y comunidades con intereses divergentes.
Un consenso se fue estableciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de los atentados del 11 de septiembre: la defensa del orden democrático va a la par con el derecho de intervención contra toda “alteración” de ese orden. La adopción (por aclamación) de la carta democrática de la OEA, en el 2001, resumió esta ambición bajo la vigilancia estrecha del secretario estadounidense de la defensa Donald Rumsfeld. La preservación de la democracia, incluso por la fuerza, no es idea nueva. Lo que sí lo es, es que desde ahora esa idea la comparten algunos sectores de la izquierda en nombre del “derecho a injerencia humanitario”.
El papel de la OEA, sin embargo, es cada vez más complejo debido a las nuevas relaciones de fuerza en el continente.
El que todas las amenazas hacia la democracia no sean tratadas de la misma forma provoca tensiones. Luego de la trigésima séptima asamblea general de la organización, reunida en Panamá en el mes de junio 2007, la secretaria de Estado de los EEUU Condoleeza Rice, pidió el envío a Venezuela de una comisión de investigación con la finalidad de analizar la no renovación por parte del gobierno de Chávez de la concesión (que había llegado a término) de Radio Caracas Televisión (RCTV). La proposición fue rechazada y la secretaria de Estado, aislada, tuvo que abandonar la reunión.
Frente a las dificultades de las relaciones multilaterales, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for Internacional Development, USAID) es el eje articulador, especialmente en cuanto a ayudas financieras. Esta es “el instrumento más apropiado cuando la diplomacia es insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos”, declaraba su administrador Andrew Natsios, el 8 de mayo 2001. Dicha constatación se aplica perfectamente a Venezuela, donde la USAID financia numerosas iniciativas y donde los democracy builders (constructores de democracia) trabajan a tiempo completo. El Instituto Republicano Internacional (IRI) dirigido por John McCain, candidato a la Casa Blanca, forma parte de las cinco ONG que otorgan los fondos del USAID a las organizaciones y programas políticos de la oposición venezolana.
Así, después del fracasado golpe de Estado del 2000 contra Chávez, que George W. Bush había aprobado, el Departamento de Estado creó en Caracas una “oficina de la transición”, la cual declara que uno de sus objetivos es “fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático”. La “resistencia no violenta” se presenta como el método más eficaz para desestabilizar a los gobiernos, preludio a su derrocamiento.
Podemos preguntarnos cuál es el objetivo real de la campaña de “defensa de la libertad de expresión” en Venezuela y también a propósito de la instrumentalización política de las reivindicaciones separatistas de la oposición de derecha que en Bolivia controla cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) e impide el trabajo de la Asamblea Constituyente. “Una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática”, comenta el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan recuperado el control de sus recursos estratégicos, petróleo y gas, los dos primeros a través de nacionalizaciones parciales, no es nada ajeno a la actitud de Washington.
En cuanto a Cuba, luego de que G. W. Bush reforzara otra vez el embargo, el escenario de la “transición democrática” se prepara en una comisión encargada de elaborar propuestas –de las cuales varias son secretas “por razones de seguridad nacional”– en la perspectiva del postcastrismo.
Transferido desde Panamá a Miami en 1998, el comando sur de la armada de los EEUU (Southern Command, Southcom) es el principal dispositivo militar en América Latina. Entre el Southcom y los gobiernos latinoamericanos, los contactos implican sólo a militares y excluyen a los interlocutores civiles. El Southcom define la agenda de la región de manera unilateral, sin informar directamente al Departamento de Estado. Al relegar las agencias de ayuda al desarrollo o a la agricultura a un segundo plano (la ayuda bilateral ha disminuido a un tercio en relación con la época de la Guerra Fría), ahora es el Departamento de la Defensa el que se encarga de una parte importante de los programas de asistencia al subcontinente. Esta transferencia no es neutra, el presupuesto de la Defensa es mucho menos controlado por el Congreso que el de la ayuda externa. Entre 1997 y el 2007, los EEUU habrán consagrado 7.3 mil millones de dólares en ayuda militar y policiaca a América Latina [vii].
Estados violentos replegados sobre ellos mismos
En ausencia de una definición común y universal del terrorismo, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no se molesta en precisar, la guerra que le declararon es definida como “una empresa global de una duración incierta”, “que posee una alcance global”. En esta guerra asimétrica los enemigos son diversos: islamistas, contrabandistas y narcotraficantes refugiados en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; “populistas radicales” que se encuentran en primer lugar en Venezuela y Bolivia; “organizaciones terroristas” FARC, ELN y paramilitares en Colombia; movimientos sociales. Asimismo, bandas de delincuentes juveniles, refugiados, inmigrantes clandestinos y otros “potenciales” terroristas…
Para los responsables del Southcom, los intereses estadounidenses ya no son amenazados por una potencia extranjera, el subcontinente es una zona desnuclearizada exenta de armas de destrucción masiva. La amenaza central que emerge, según el general James Hill, antiguo comandante del Southcom, “es el populismo radical que socava el proceso democrático y que restringe los derechos individuales en lugar de protegerlos”. Este populismo radical (encarnado por Hugo Chávez) se reforzaría explotando las “frustraciones profundas” provocadas por el fracaso de las “reformas democráticas” y “estimulando un sentimiento antiestadounidense” [viii].
Por su parte, el general Bantz J. Cradock acusa a los “demagogos anti-EEUU, antiglobalización y hostiles al libre intercambio” de ser los responsables de la inestabilidad política. Enfrentar eso requiere, según él, reforzar las fuerzas de seguridad de la región y aumentar el presupuesto militar del Southcom, ya que “no es posible dejar convertirse a América Latina y el Caribe en un hoyo perdido donde los Estados violentos, replegados sobre ellos mismos, son aislados del mundo que los rodea por gobiernos populistas autoritarios” [ix].
En paralelo a este compromiso del Pentágono, conviene señalar la presencia de consejeros militares estadounidenses y el papel creciente que juegan en Colombia operadores militares privados y actores civiles no estatales de la misma nacionalidad. Las misiones ejecutadas por estos subcontratistas no pueden ser ejecutadas por las fuerzas armadas a causa de los límites de involucramiento de las tropas estadounidenses fijadas por el Congreso. Las empresas privadas de seguridad pueden, en cambio, estar implicadas en operaciones militares sin su acuerdo.
En otro plano, notaremos que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue condenada, en septiembre 2007, por un tribunal de Washington, a una multa de 25 millones de dólares por haber dado 1.7 millones de dólares a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004 con la finalidad de asegurar la protección de sus plantaciones. Los abogados de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras demandaron legalmente a Chiquita. Pero un acuerdo fue negociado con el gobierno estadounidense, en el cual se exime de acusaciones a los dirigentes de la empresa. “Estoy sorprendido de que por algunos millones se pueda comprar la impunidad en los Estados Unidos”, no pudo dejar de afirmar el ministro colombiano de Justicia.
Bajo la iniciativa de Washington, los ejércitos latinoamericanos están nuevamente implicados en tareas de policía interna. En diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió a 7 mil soldados al estado de Michoacán para combatir el tráfico de drogas. El ejército interviene igualmente en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil; contra las pandillas de jóvenes (las maras) en América Central y para controlar la inmigración en la frontera mexicana. Esta militarización de la seguridad pública, que no es una novedad pero sí propiciada por una demanda de protección frente al incremento del crimen organizado, contradice la tendencia de regreso a los cuarteles que se podía observar desde el fin de las dictaduras. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas, los “agitadores” a menudo son los indígenas, los jóvenes sin trabajo, los desempleados marginados. La intervención del ejército puede estigmatizar a estas categorías sociales, resucitar al viejo “enemigo interno” y de esta forma permitir a los militares recobrar una capacidad de presión política que recuerda un pasado siniestro. [x]
En este contexto fue cuando en octubre del 2007 G. W. Bush pidió al Congreso la aprobación del Plan México de ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Su presupuesto provisional (1400 millones de dólares) está destinado a la compra de material militar (helicópteros, medios de inteligencia) y al entrenamiento conjunto de los ejércitos de los dos países. Los peligros de la militarización de la lucha antidrogas son evidentes, en el momento preciso cuando México atraviesa graves conflictos sociales en varios estados. Por otro lado, un complemento presupuestario de 50 millones de dólares debería extender la “guerra contra el narcotráfico” hacia América Central. La reacción del Congreso estadounidense, en su mayoría demócrata, es incierta.
Los Estados Unidos preconizan desde hace mucho tiempo una reforma del rol tradicional de las fuerzas armadas latinoamericanas. El acento ha sido puesto sobre la cooperación regional y la interoperabilidad, mientras que durante el periodo de la Guerra Fría, la ayuda militar estaba destinada casi exclusivamente a la colaboración bilateral. El Southcom tiene por objetivo crear una fuerza de reacción rápida capaz de enfrentar los nuevos peligros. En 2007, durante la reunión de la trigésima séptima asamblea general de la OEA en Panamá, Condoleeza Rice propuso la formación de una alianza de defensa mutua contra las amenazas hacia la seguridad del continente con el fin de vigilar la política interior de los Estados y de asegurar que éstos respetaran las normas democráticas. La proposición fue rechazada, los latinoamericanos no quisieron avalar lo que juzgaron como una estratagema estadounidense para castigar a Venezuela [xi].
Washington necesita estar presente en el terreno y tener aliados para legitimar su intervención, la puesta en marcha de una fuerza de intervención regional parece incierta teniendo en cuenta los actuales equilibrios regionales. Sin embargo, el caso haitiano podría servir de ejemplo. William LeoGrande ha analizado el papel de la administración Bush en la caída del presidente Jean Bertrand Aristide [xii]. Si bien LeoGrande estima que la salida forzada fue facilitada por la deriva del que otrora fuera sacerdote, no es desdeñable el hecho de que fueron antiguos miembros de una fuerza paramilitar, el Frente por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), quienes con el apoyo de la administración Bush, llevaron a cabo el derrocamiento. Una manipulación del “derecho de injerencia” muy bien lograda… De hecho podemos sorprendernos de que algunos ejércitos del continente participen en el Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) [xiii] luego de que las condiciones de la salida forzada del ex presidente están en tela de juicio: Dante Caputo, antiguo representante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, ha cuestionado el papel de la CIA en la caída de Aristide [xiv]. Una “fuerza de estabilización” como la Minustah puede ser utilizada como modelo para el futuro.
El Southcom dispone de muchos otros instrumentos de convencimiento. Los países miembros de la OEA adoptaron la noción de “seguridad cooperativa” en el 2001, en Santiago de Chile. Esta favorece la “transferencia de los procedimientos militares” [xv]. Además los encuentros regulares de los ministros de Defensa del continente (DMA) refuerzan la confianza recíproca. La internacionalización de las operaciones armadas, los ejercicios navales conjuntos, el entrenamiento por parte de Washington de 17 mil militares latinoamericanos (cifra del 2005) y las ventas de armas crean los vínculos.
Opiniones discrepantes en la izquierda
El rol directivo del Pentágono y el peso del complejo militar-industrial se confirmaron con el levantamiento oficial del embargo sobre la venta de armas hacia América Latina, teniendo en cuenta que los EEUU ya eran el proveedor más importante de equipos de este tipo en la región. Este tipo de decisión puede provocar una carrera armamentista: la venta de aviones de combate F-16 a Chile puede llevar a otros ejércitos de la región a querer “modernizarse” [xvi]. El ministro de Defensa brasileño anunció que en el año 2008 Brasil aumentará en más de 50% el presupuesto de gastos e inversiones de sus fuerzas armadas, y eso que el país mantiene relaciones “consolidadas y pacíficas” con todos los países de Sudamérica.
Frente a Washington las izquierdas latinoamericanas se encuentran divididas entre los partidarios de una asociación económica negociada que obligue a limitar las reformas sociales y los defensores de la integración política latinoamericana, de la cual la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) [xvii] sería un primer paso. “El imperialismo de hoy no es el mismo que el de hace 30 años” constata Atilio Borón [xviii]. Las políticas de izquierda deben tener en cuenta estos cambios recordando al mismo tiempo que la administración estadounidense no está dispuesta a tolerar la reapropiación de los recursos nacionales, el rechazo de los tratados de libre intercambio ni la independencia política que reivindican los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
* Janette Habel es colaboradora del Le Monde Diplomatique y profesora universitaria en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París.
Notas
[i] Foreign Affairs, Palm Coast (Florida), enero-febrero 2006.
[ii] Bajo diversas formas y con políticas muy diferentes, la izquierda se encuentra en el poder en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. También se consideran como socialdemócratas los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú (este último aplica una política muy conservadora).
[iii] Guy Mazet, Centro de Investigación y de Documentación sobre América Latina (Credal)-CNRS, Mimeo Coloquio, Ivry, abril 2007.
[iv] Nacido en 1999, el G20 reúne al G8 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia), a los países emergentes (Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del sur, India, Indonesia, México, Turquía) más la Unión Europea.
[v] El País, Madrid, 27 septiembre 2007.
[vi] William I.Robinson, “Democracy or polyarchy?”, NACLA Reports on the Americas, vol. 40, núm. 1, Nueva York, enero-febrero 2007.
[vii] Washington Office on Latin America (Wola), “US military programs with Latin America 1997-2007”, Below the Radar, Center for International Policy, Latin America Working group Education fund, marzo 2007.
[viii] General James Hill, House Armed Services Committee, Washington, 24 marzo 2004.
[ix] “Posture statement of general Bantz J. Cradock befor the house armed service committee”, Washington, 9 marzo 2004.
[x] Lucia Dammert y John Bailey, “¿Militarización de la seguridad pública en América latina?”, Foreign Affairs en español, Palm Coast, abril-junio 2007.
[xi] William LeoGrande, “A poverty of imagination: George W. Bush’s policy in Latin American”, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Reino Unido, 2007.
[xii] Ibid.
[xiii] Ejército de las Naciones Unidas, la Minustah se encuentra bajo el mando brasileño y el delegado del secretario general es un chileno. La Minustah está integrada por militares brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos y ecuatorianos.
[xiv] Le Monde, 18 noviembre 2004.
[xv] Cf. Richard Narich, “Tendances en matière de sécurité en Amérique latine”, y Cristina López, “La politique extérieure des Etats Unis envers l’Amérique latine”, Défense nationale et sécurité collective, París, noviembre 2007.
[xvi] Si por una parte los EEUU venden aviones F-16 a Chile, en cambio niegan la venta a Caracas de repuestos para estos mismos aparatos, que utiliza la aviación venezolana.
[xvii] Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
[xviii] Atilio Borón, Empire et impérialisme, L’Harmattan, París, 2003.
Confirman iniciación en Cuba de una reforma gradual del sistema socialista
Habrá estímulo a la producción agrícola: dirigencia
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de diciembre. La dirigencia cubana confirmó el inicio de una reforma gradual del sistema socialista, encabezada por el estímulo a la producción agrícola y que por ahora tiene también en la agenda las carencias de la economía popular, el rechazo al “triunfalismo” en los medios informativos, la exigencia de que los funcionarios rindan cuentas, la crítica al “exceso de prohibiciones” en la sociedad y la búsqueda de eficiencia en la planta productiva.
El presidente interino Raúl Castro habló de los cambios en la sesión ordinaria del Parlamento. Como había anticipado en julio pasado, dijo que el proceso requiere consenso y será lento. “Todos quisiéramos marchar más rápido, pero no siempre es posible”, afirmó.
Al iniciarse la reunión, el líder parlamentario Ricardo Alarcón leyó un mensaje de Fidel Castro, ausente de sus funciones por enfermedad hace 17 meses. El mandatario dijo que había leído previamente el discurso de su hermano Raúl y anunció a los diputados: “Levantaré mi mano junto a la de ustedes para apoyarlo”.
Las dos intervenciones muestran el interés del líder cubano y del presidente en funciones de transmitir el mensaje de que siguen actuando concertadamente, como lo han hecho durante más de medio siglo.
Raúl Castro citó como factor protagónico del proceso los foros populares de septiembre y octubre pasados, que ventilaron la situación económica y social: participaron más de 5 millones de personas y al final se computaron más de un millón 300 mil propuestas.
Sobre la agenda del cambio, Raúl Castro expuso que se busca con “urgencia” que trabajen la tierra quienes produzcan “con eficiencia, se sientan apoyados, reconocidos socialmente y reciban la retribución material que merecen” y que importa que el crecimiento “se refleje lo más posible en la economía doméstica, donde están presentes carencias cotidianas”.
Dijo que se intenta “eliminar la nociva tendencia al triunfalismo y la complacencia” en los medios informativos y garantizar que los funcionarios informen regularmente de su gestión con “realismo, de forma diáfana, crítica y autocrítica” y propicien el ambiente para que los demás hablen “con absoluta libertad”.
Raúl compartió las críticas al “exceso de prohibiciones y medidas legales, que hacen más daño que beneficio. La mayoría pudiéramos decir que fueron correctas y justas en su momento, pero no pocas de ellas han sido superadas por la vida”.
Aunque omitió detalles, aludió así a la tupida red de regulaciones de la vida ordinaria, que van desde la ilegal prohibición de que los cubanos se hospeden en hoteles pagaderos en divisas o contraten celulares, hasta los abultados ordenamientos sobre vivienda, posesión de automóviles o viajes al extranjero.
Señaló que el gobierno requiere ajustar su gestión para hacerla más organizada y coherente en sus distintos niveles, fijar prioridades y usar racionalmente los recursos, en la búsqueda de eficiencia y productividad.
En su mensaje, Fidel Castro recordó una declaración suya de la semana pasada sobre su desinterés por aferrarse al poder. “Puedo añadir”, dijo ahora, “que lo fui un tiempo por exceso de juventud y escasez de conciencia”.
Añadió que cambió con el paso del tiempo y el estudio “de Martí y de los clásicos del socialismo. Mientras más luchaba, más me identificaba con tales objetivos y mucho antes del triunfo pensaba ya que mi deber era luchar por éstos o morir en el combate”.
Castro, de 81 años de edad, no ha descartado su posible relección como jefe de Estado y de gobierno.
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de diciembre. La dirigencia cubana confirmó el inicio de una reforma gradual del sistema socialista, encabezada por el estímulo a la producción agrícola y que por ahora tiene también en la agenda las carencias de la economía popular, el rechazo al “triunfalismo” en los medios informativos, la exigencia de que los funcionarios rindan cuentas, la crítica al “exceso de prohibiciones” en la sociedad y la búsqueda de eficiencia en la planta productiva.
El presidente interino Raúl Castro habló de los cambios en la sesión ordinaria del Parlamento. Como había anticipado en julio pasado, dijo que el proceso requiere consenso y será lento. “Todos quisiéramos marchar más rápido, pero no siempre es posible”, afirmó.
Al iniciarse la reunión, el líder parlamentario Ricardo Alarcón leyó un mensaje de Fidel Castro, ausente de sus funciones por enfermedad hace 17 meses. El mandatario dijo que había leído previamente el discurso de su hermano Raúl y anunció a los diputados: “Levantaré mi mano junto a la de ustedes para apoyarlo”.
Las dos intervenciones muestran el interés del líder cubano y del presidente en funciones de transmitir el mensaje de que siguen actuando concertadamente, como lo han hecho durante más de medio siglo.
Raúl Castro citó como factor protagónico del proceso los foros populares de septiembre y octubre pasados, que ventilaron la situación económica y social: participaron más de 5 millones de personas y al final se computaron más de un millón 300 mil propuestas.
Sobre la agenda del cambio, Raúl Castro expuso que se busca con “urgencia” que trabajen la tierra quienes produzcan “con eficiencia, se sientan apoyados, reconocidos socialmente y reciban la retribución material que merecen” y que importa que el crecimiento “se refleje lo más posible en la economía doméstica, donde están presentes carencias cotidianas”.
Dijo que se intenta “eliminar la nociva tendencia al triunfalismo y la complacencia” en los medios informativos y garantizar que los funcionarios informen regularmente de su gestión con “realismo, de forma diáfana, crítica y autocrítica” y propicien el ambiente para que los demás hablen “con absoluta libertad”.
Raúl compartió las críticas al “exceso de prohibiciones y medidas legales, que hacen más daño que beneficio. La mayoría pudiéramos decir que fueron correctas y justas en su momento, pero no pocas de ellas han sido superadas por la vida”.
Aunque omitió detalles, aludió así a la tupida red de regulaciones de la vida ordinaria, que van desde la ilegal prohibición de que los cubanos se hospeden en hoteles pagaderos en divisas o contraten celulares, hasta los abultados ordenamientos sobre vivienda, posesión de automóviles o viajes al extranjero.
Señaló que el gobierno requiere ajustar su gestión para hacerla más organizada y coherente en sus distintos niveles, fijar prioridades y usar racionalmente los recursos, en la búsqueda de eficiencia y productividad.
En su mensaje, Fidel Castro recordó una declaración suya de la semana pasada sobre su desinterés por aferrarse al poder. “Puedo añadir”, dijo ahora, “que lo fui un tiempo por exceso de juventud y escasez de conciencia”.
Añadió que cambió con el paso del tiempo y el estudio “de Martí y de los clásicos del socialismo. Mientras más luchaba, más me identificaba con tales objetivos y mucho antes del triunfo pensaba ya que mi deber era luchar por éstos o morir en el combate”.
Castro, de 81 años de edad, no ha descartado su posible relección como jefe de Estado y de gobierno.
Gas Natural concluye compra de plantas
Reuters
Madrid, 28 de diciembre. El grupo español Gas Natural anunció el viernes que ha cerrado la operación de compra de cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de EDF y Mitsubishi en México, que suponen su entrada efectiva en el mercado de generación de ese país. Los activos adquiridos, con un valor de mil 448 millones de dólares en la operación, otorgan a Gas Natural el puesto de segundo operador privado en el negocio de generación en ese país americano, señaló la empresa española. Gas Natural ya es el primer operador de distribución de gas natural en México.
Madrid, 28 de diciembre. El grupo español Gas Natural anunció el viernes que ha cerrado la operación de compra de cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de EDF y Mitsubishi en México, que suponen su entrada efectiva en el mercado de generación de ese país. Los activos adquiridos, con un valor de mil 448 millones de dólares en la operación, otorgan a Gas Natural el puesto de segundo operador privado en el negocio de generación en ese país americano, señaló la empresa española. Gas Natural ya es el primer operador de distribución de gas natural en México.
Alistan protestas en todo el país contra el TLCAN agropecuario
Explican organizadores que es la respuesta a la negativa oficial a renegociar el acuerdo
Comenzarán desde el último minuto de 2007 con bloqueos fronterizos
“Si hay muros de hierro para nuestros compatriotas, nosotros formamos un muro de gente para sus productos”: FDC y El Barzón
Estamos dispuestos a paralizar la nación, señala lideresa de floricultores
Laura Poy, Gabriel León y Víctor Quintana
Contra el librecambismo. En la imagen, protesta de grupos campesinos en el puente internacional Córdoba-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2003 Foto: J. Guadalupe Pérez
Campesinos mexicanos y estadunidenses, así como activistas sociales y en defensa de los derechos humanos anunciaron el inicio de movilizaciones en todo el país a partir de las 23:59 horas del próximo 31 de este mes en protesta por la apertura total de las fronteras nacionales a la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo de Estados Unidos y Canadá, como parte de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Informaron que ante la negativa del gobierno federal y el Congreso de la Unión por modificar el acuerdo comercial, las fuerzas campesinas han programado movilizaciones al cierre de 2007 y en las primeras horas de 2008, en puentes internacionales. Se trata, indicaron, de acciones coordinadas que les van a permitir “levantar un movimiento muy importante de resistencia y protesta contra el desinterés gubernamental por sacar del rezago al campo mexicano”.
Como medida de presión a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el Frente Democrático Campesino (FDC) anunció que junto con El Barzón de Chihuahua y la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera, con sede en El Paso, Texas, y la Unión de Trabajadores Fronterizos, entre otras organizaciones, formarán una cadena humana a partir de las 23:59 horas del último día de 2007 en el puente internacional Córdoba-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Manifiesto a gobernantes
Los convocantes informaron que en el inicio de las jornadas de protesta darán a conocer un manifiesto dirigido a los gobernantes de las tres naciones firmantes del acuerdo para que saquen al maíz blanco y el frijol de esta fase del tratado comercial.
A la protesta fueron invitados el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II y el líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Javier González Garza.
Las comunidades de base, la Organización Popular Independiente, los colonos de Lomas de Poleo y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, entre otras, han anunciado que se sumarán a las protestas, que incluirán un plantón en el puente y el cierre intermitente del tráfico de contenedores que traigan mercancías de Estados Unidos.
Esta movilización, dijeron, se mantendrá hasta el 2 de enero, para luego entrar en contacto con organizaciones nacionales para continuar con las protestas.
Entre las acciones que frentes campesinos han anunciado destacan las enmarcadas en la conmemoración de la Ley Agraria, el próximo 6 de enero, cuando la Confederación Nacional Campesina (CNC) expondrá una serie de pronunciamientos en defensa de los sectores agrarios; la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) considera el cierre y bloqueo de las delegaciones federales de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, a partir del 7 de enero.
Otras agrupaciones analizan emprender una serie de caravanas que marcharán de diversos puntos del territorio nacional hacia la capital del país, a partir del 10 de enero.
Además, organizaciones integrantes de la campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, informaron que en el primer minuto de este martes dispondrán un plantón y un “muro humano” en el puente internacional de Ciudad Juárez, a lo que se sumarán diversas acciones en las principales ciudades y puertos de la República.
El FDC y El Barzón detallaron que bajo la consigna de “si hay muros de hierro para nuestros compatriotas, nosotros formamos un muro de gente para sus productos”, realizarán bloqueos “esporádicos” en el tráfico de contenedores para “devolver a Estados Unidos lo que pretenden traer a México, como maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña”.
Miguel Colunga, integrante del FDC de Chihuahua, señaló que el llamado de la campaña nacional Sin maíz no hay país, es a “sumar esfuerzos e iniciar acciones de protesta en todo el país, principalmente en la frontera con Estados Unidos, pero también en los principales puertos mercantes, adonde llegan los productos agrícolas, en plazas y carreteras”.
Destacó que miles de campesinos de toda la República iniciarán una jornada de protesta, pues “es muy claro que con el TLCAN hay perdedores y ganadores, sólo que quienes resultaron beneficiados son los grandes empresarios agrícolas, como Cargill y Maseca, mientras que los perdedores somos los 2.5 millones de campesinos que sembramos maíz y frijol”.
Respuestas al rechazo a renegociar
Por otra parte, en conferencia de prensa, Miriam Plascencia presidenta del Consejo Nacional de Floricultores (Conaflor) informó que, de continuar la negativa del gobierno federal para renegociar el capítulo agropecuario, también iniciarán a partir de los primeros días de enero movilizaciones en todo el país. como el cierre de carreteras.
Advirtieron que “si la administración federal sigue ignorando a los pequeños y medianos productores incluso podríamos bloquear la totalidad de los accesos a la capital del país, pues tan sólo en 2007 se perdieron 40 mil empleos directos en la floricultura nacional por la falta de apoyos, a lo que se suma la apertura total de la fronteras a la producción de flores de Estados Unidos y Canadá”.
Tras señalar la falta de apoyos a los productores de flores y hortalizas en el país, indicaron que con la entrada en vigor del TLCAN agropecuario las condiciones para miles de pequeños productores serán “más precarias, ya que no sólo enfrentarán los desastres naturales provocados por el cambio climático, ahora deberán competir con la producción de otros países que sí cuentan con apoyos para el campo”.
Miriam Plascencia, destacó que “no vamos a realizar manifestaciones para regalar una flor, llegó el momento de hacer un llamado contundente al gobierno federal para que vea por el campo y exija una renegociación del capítulo agropecuario, pues de lo contrario estamos dispuestos a paralizar el país”.
Comenzarán desde el último minuto de 2007 con bloqueos fronterizos
“Si hay muros de hierro para nuestros compatriotas, nosotros formamos un muro de gente para sus productos”: FDC y El Barzón
Estamos dispuestos a paralizar la nación, señala lideresa de floricultores
Laura Poy, Gabriel León y Víctor Quintana
Contra el librecambismo. En la imagen, protesta de grupos campesinos en el puente internacional Córdoba-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2003 Foto: J. Guadalupe PérezCampesinos mexicanos y estadunidenses, así como activistas sociales y en defensa de los derechos humanos anunciaron el inicio de movilizaciones en todo el país a partir de las 23:59 horas del próximo 31 de este mes en protesta por la apertura total de las fronteras nacionales a la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo de Estados Unidos y Canadá, como parte de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Informaron que ante la negativa del gobierno federal y el Congreso de la Unión por modificar el acuerdo comercial, las fuerzas campesinas han programado movilizaciones al cierre de 2007 y en las primeras horas de 2008, en puentes internacionales. Se trata, indicaron, de acciones coordinadas que les van a permitir “levantar un movimiento muy importante de resistencia y protesta contra el desinterés gubernamental por sacar del rezago al campo mexicano”.
Como medida de presión a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el Frente Democrático Campesino (FDC) anunció que junto con El Barzón de Chihuahua y la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera, con sede en El Paso, Texas, y la Unión de Trabajadores Fronterizos, entre otras organizaciones, formarán una cadena humana a partir de las 23:59 horas del último día de 2007 en el puente internacional Córdoba-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Manifiesto a gobernantes
Los convocantes informaron que en el inicio de las jornadas de protesta darán a conocer un manifiesto dirigido a los gobernantes de las tres naciones firmantes del acuerdo para que saquen al maíz blanco y el frijol de esta fase del tratado comercial.
A la protesta fueron invitados el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II y el líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Javier González Garza.
Las comunidades de base, la Organización Popular Independiente, los colonos de Lomas de Poleo y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, entre otras, han anunciado que se sumarán a las protestas, que incluirán un plantón en el puente y el cierre intermitente del tráfico de contenedores que traigan mercancías de Estados Unidos.
Esta movilización, dijeron, se mantendrá hasta el 2 de enero, para luego entrar en contacto con organizaciones nacionales para continuar con las protestas.
Entre las acciones que frentes campesinos han anunciado destacan las enmarcadas en la conmemoración de la Ley Agraria, el próximo 6 de enero, cuando la Confederación Nacional Campesina (CNC) expondrá una serie de pronunciamientos en defensa de los sectores agrarios; la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) considera el cierre y bloqueo de las delegaciones federales de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, a partir del 7 de enero.
Otras agrupaciones analizan emprender una serie de caravanas que marcharán de diversos puntos del territorio nacional hacia la capital del país, a partir del 10 de enero.
Además, organizaciones integrantes de la campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, informaron que en el primer minuto de este martes dispondrán un plantón y un “muro humano” en el puente internacional de Ciudad Juárez, a lo que se sumarán diversas acciones en las principales ciudades y puertos de la República.
El FDC y El Barzón detallaron que bajo la consigna de “si hay muros de hierro para nuestros compatriotas, nosotros formamos un muro de gente para sus productos”, realizarán bloqueos “esporádicos” en el tráfico de contenedores para “devolver a Estados Unidos lo que pretenden traer a México, como maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña”.
Miguel Colunga, integrante del FDC de Chihuahua, señaló que el llamado de la campaña nacional Sin maíz no hay país, es a “sumar esfuerzos e iniciar acciones de protesta en todo el país, principalmente en la frontera con Estados Unidos, pero también en los principales puertos mercantes, adonde llegan los productos agrícolas, en plazas y carreteras”.
Destacó que miles de campesinos de toda la República iniciarán una jornada de protesta, pues “es muy claro que con el TLCAN hay perdedores y ganadores, sólo que quienes resultaron beneficiados son los grandes empresarios agrícolas, como Cargill y Maseca, mientras que los perdedores somos los 2.5 millones de campesinos que sembramos maíz y frijol”.
Respuestas al rechazo a renegociar
Por otra parte, en conferencia de prensa, Miriam Plascencia presidenta del Consejo Nacional de Floricultores (Conaflor) informó que, de continuar la negativa del gobierno federal para renegociar el capítulo agropecuario, también iniciarán a partir de los primeros días de enero movilizaciones en todo el país. como el cierre de carreteras.
Advirtieron que “si la administración federal sigue ignorando a los pequeños y medianos productores incluso podríamos bloquear la totalidad de los accesos a la capital del país, pues tan sólo en 2007 se perdieron 40 mil empleos directos en la floricultura nacional por la falta de apoyos, a lo que se suma la apertura total de la fronteras a la producción de flores de Estados Unidos y Canadá”.
Tras señalar la falta de apoyos a los productores de flores y hortalizas en el país, indicaron que con la entrada en vigor del TLCAN agropecuario las condiciones para miles de pequeños productores serán “más precarias, ya que no sólo enfrentarán los desastres naturales provocados por el cambio climático, ahora deberán competir con la producción de otros países que sí cuentan con apoyos para el campo”.
Miriam Plascencia, destacó que “no vamos a realizar manifestaciones para regalar una flor, llegó el momento de hacer un llamado contundente al gobierno federal para que vea por el campo y exija una renegociación del capítulo agropecuario, pues de lo contrario estamos dispuestos a paralizar el país”.
No culpan a Al Qaeda, culpan a Musharraf
Robert Fisk
Qué raro, ¿verdad? La forma en que rápidamente nos presentan la narración. Benazir Bhutto, la valerosa lideresa del Partido Popular de Pakistán (PPP), es asesinada en Rawalpindi, lugar pegado a la capital, Islamabad, donde vive el ex general Pervez Musharraf, y George W. Bush nos dice que sus asesinos eran “extremistas” y “terroristas”. Bueno, eso sí que no se puede refutar.
Pero la implicación del comentario de Bush era que islamitas están detrás del asesinato. Fueron nuevamente los locos talibanes, esa araña de Al Qaeda que atacó a esta mujer, sola y valiente, quien se atrevió a pedir democracia para su país.
Desde luego, dada la pueril cobertura de esta tragedia atroz, e independientemente de lo corrupta que pudo haber sido la señora Bhutto, no nos hagamos ilusiones de que esta valiente dama es ciertamente una verdadera mártir. No es sorpresa que el viejo caballito de batalla de “el bien contra el mal” sea expuesto de nuevo para explicar la carnicería en Rawalpindi.
A juzgar por lo que informaron el jueves la BBC y CNN, quién se hubiera imaginado que los dos hermanos de la ex primera ministra, Murtaza y Shahawaz, secuestraron un avión comercial paquistaní en 1981 y lo llevaron hasta Kabul, donde Murtaza exigió la excarcelación de prisioneros políticos de Pakistán. En el episodio, un oficial militar a bordo de la nave fue asesinado. Había estadunidenses entre los pasajeros, lo cual probablemente explica por qué todos los prisioneros fueron liberados.
Hace sólo unos días, en uno de los más notables pronunciamientos del año (y que, como es típico, fue ignorado), Tariq Ali publicó una brillante disección de la corrupción en Pakistán (incluyendo el gobierno de Bhutto) en la revista London Review of Books. Hizo énfasis en Benazir y la llamó en el encabezado “La hija de Occidente”. De hecho, el artículo estaba en mi escritorio, listo para ser fotocopiado, cuando su protagonista era asesinada en Rawalpindi.
Hacia el final de este análisis, Tariq Ali se dedicó largamente a detallar el asesinato de Murtaza Bhutto a manos de la policía, cerca de su domicilio, cuando Benazir era primera ministra y estaba furiosa con Murtaza porque éste exigía regresar a los valores tradicionales del PPP y la criticaba por haber nombrado a su propio marido como ministro de Industria, un puesto altamente lucrativo.
En un pasaje del análisis que sigue siendo vigente aún después del asesinato y sus consecuencias se afirma: “La bala fatal fue disparada a corta distancia. La trampa fue tendida, como se acostumbra en Pakistán, con una operación burda, reportes falsos en las bitácoras policiales, evidencias perdidas, testigos que fueron arrestados e intimidados, un policía asesinado porque se temía que hablara. Todo esto evidencia el hecho de que ejecutar al hermano de la primera ministra fue una decisión tomada a muy alto nivel”.
Cuando Fátima, la hija de 14 años de Murtaza, llamó por teléfono a su tía para preguntarle por qué estaban arrestando a testigos y no a los asesinos de su padre, ella afirma que Benazir le explicó: “Mira, eres demasiado joven. No entiendes las cosas”, o al menos eso nos dice Tariq Ali en su exposición.
Sobre todo esto, sin embargo, se cierne el asombroso poder de los Interservicios Secretos de Pakistán (ISI). Esta vasta, corrupta y brutal institución trabaja para Musharraf.
Pero también trabajó y aún trabaja para el talibán. También trabaja para Estados Unidos. De hecho, trabaja para todo el mundo. Pero es la llave que Musharraf puede utilizar para abrir conversaciones con los enemigos de Washington cuando él se siente amenazado o quiere presionar a Afganistán, o bien, aplacar a los “extremistas” y “terroristas” que tienen al presidente Bush tan consternado.
Recordemos, dicho sea de paso, que Daniel Pearl, el reportero del Wall Street Journal decapitado por sus captores islamitas en Karachi, concertó su cita fatal con sus futuros asesinos en la oficina del comandante de los ISI.
El libro Talibán, de Ahmed Rashid, contiene pruebas fascinantes de la red de corrupción y violencia de los ISI. Léanlo, y verán que todo lo que he dicho tiene mucho más sentido.
Pero volviendo a la narrativa oficial, George W. Bush anunció el jueves anterior que “esperaba” hablar con su viejo amigo Musharraf. Desde luego, hablarán de Benazir. Seguramente no charlarán sobre el hecho de que Musharraf sigue protegiendo a su viejo conocido, un cierto señor Khan, quien proporcionó secretos nucleares paquistaníes a Libia e Irán. No, pero es mejor que no traigamos a colación el asuntito ese del “eje del mal”.
Desde luego, se nos pidió una vez más concentrarnos en esos “extremistas” y “terroristas”, y alejarnos de la lógica de cuestionar lo que muchos paquistaníes sintieron tras el asesinato de Benazir.
No hace falta ser un experto para comprender que las odiadas elecciones legislativas que ensombrecían a Musharraf se pospondrían indefinidamente si su principal opositor político era liquidado antes del día de los comicios.
Analicemos esta lógica como lo haría el inspector Ian Blair, en su cuaderno, antes de convertirse en el más importante policía de Londres.
Pregunta: ¿Quién obligó a Benazir Bhutto a permanecer en Londres y quiso evitar su regreso a Pakistán? Respuesta: El general Musharraf. Pregunta: ¿Quién ordenó este mes el arresto de cientos de simpatizantes de Bhutto? Respuesta: el general Musharraf. Pregunta: ¿Quién le impuso a Benazir un arresto domiciliario temporal este mes? Respuesta: el general Musharraf. Pregunta: ¿Quién declaró el estado de emergencia este mes? Respuesta: el general Musharraf.
Pregunta: ¿Quién mató a Benazir Bhutto? Eh, sí. Bueno, sí…
¿Ven cuál es el problema? Ayer nuestros guerreros televisivos nos informaron que los miembros del PPP gritaban que Musharraf era un “asesino”, quejándose de que no dio suficiente protección a Benazir. Error. Gritaban esto porque creen que él fue quien la mató.
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
Qué raro, ¿verdad? La forma en que rápidamente nos presentan la narración. Benazir Bhutto, la valerosa lideresa del Partido Popular de Pakistán (PPP), es asesinada en Rawalpindi, lugar pegado a la capital, Islamabad, donde vive el ex general Pervez Musharraf, y George W. Bush nos dice que sus asesinos eran “extremistas” y “terroristas”. Bueno, eso sí que no se puede refutar.
Pero la implicación del comentario de Bush era que islamitas están detrás del asesinato. Fueron nuevamente los locos talibanes, esa araña de Al Qaeda que atacó a esta mujer, sola y valiente, quien se atrevió a pedir democracia para su país.
Desde luego, dada la pueril cobertura de esta tragedia atroz, e independientemente de lo corrupta que pudo haber sido la señora Bhutto, no nos hagamos ilusiones de que esta valiente dama es ciertamente una verdadera mártir. No es sorpresa que el viejo caballito de batalla de “el bien contra el mal” sea expuesto de nuevo para explicar la carnicería en Rawalpindi.
A juzgar por lo que informaron el jueves la BBC y CNN, quién se hubiera imaginado que los dos hermanos de la ex primera ministra, Murtaza y Shahawaz, secuestraron un avión comercial paquistaní en 1981 y lo llevaron hasta Kabul, donde Murtaza exigió la excarcelación de prisioneros políticos de Pakistán. En el episodio, un oficial militar a bordo de la nave fue asesinado. Había estadunidenses entre los pasajeros, lo cual probablemente explica por qué todos los prisioneros fueron liberados.
Hace sólo unos días, en uno de los más notables pronunciamientos del año (y que, como es típico, fue ignorado), Tariq Ali publicó una brillante disección de la corrupción en Pakistán (incluyendo el gobierno de Bhutto) en la revista London Review of Books. Hizo énfasis en Benazir y la llamó en el encabezado “La hija de Occidente”. De hecho, el artículo estaba en mi escritorio, listo para ser fotocopiado, cuando su protagonista era asesinada en Rawalpindi.
Hacia el final de este análisis, Tariq Ali se dedicó largamente a detallar el asesinato de Murtaza Bhutto a manos de la policía, cerca de su domicilio, cuando Benazir era primera ministra y estaba furiosa con Murtaza porque éste exigía regresar a los valores tradicionales del PPP y la criticaba por haber nombrado a su propio marido como ministro de Industria, un puesto altamente lucrativo.
En un pasaje del análisis que sigue siendo vigente aún después del asesinato y sus consecuencias se afirma: “La bala fatal fue disparada a corta distancia. La trampa fue tendida, como se acostumbra en Pakistán, con una operación burda, reportes falsos en las bitácoras policiales, evidencias perdidas, testigos que fueron arrestados e intimidados, un policía asesinado porque se temía que hablara. Todo esto evidencia el hecho de que ejecutar al hermano de la primera ministra fue una decisión tomada a muy alto nivel”.
Cuando Fátima, la hija de 14 años de Murtaza, llamó por teléfono a su tía para preguntarle por qué estaban arrestando a testigos y no a los asesinos de su padre, ella afirma que Benazir le explicó: “Mira, eres demasiado joven. No entiendes las cosas”, o al menos eso nos dice Tariq Ali en su exposición.
Sobre todo esto, sin embargo, se cierne el asombroso poder de los Interservicios Secretos de Pakistán (ISI). Esta vasta, corrupta y brutal institución trabaja para Musharraf.
Pero también trabajó y aún trabaja para el talibán. También trabaja para Estados Unidos. De hecho, trabaja para todo el mundo. Pero es la llave que Musharraf puede utilizar para abrir conversaciones con los enemigos de Washington cuando él se siente amenazado o quiere presionar a Afganistán, o bien, aplacar a los “extremistas” y “terroristas” que tienen al presidente Bush tan consternado.
Recordemos, dicho sea de paso, que Daniel Pearl, el reportero del Wall Street Journal decapitado por sus captores islamitas en Karachi, concertó su cita fatal con sus futuros asesinos en la oficina del comandante de los ISI.
El libro Talibán, de Ahmed Rashid, contiene pruebas fascinantes de la red de corrupción y violencia de los ISI. Léanlo, y verán que todo lo que he dicho tiene mucho más sentido.
Pero volviendo a la narrativa oficial, George W. Bush anunció el jueves anterior que “esperaba” hablar con su viejo amigo Musharraf. Desde luego, hablarán de Benazir. Seguramente no charlarán sobre el hecho de que Musharraf sigue protegiendo a su viejo conocido, un cierto señor Khan, quien proporcionó secretos nucleares paquistaníes a Libia e Irán. No, pero es mejor que no traigamos a colación el asuntito ese del “eje del mal”.
Desde luego, se nos pidió una vez más concentrarnos en esos “extremistas” y “terroristas”, y alejarnos de la lógica de cuestionar lo que muchos paquistaníes sintieron tras el asesinato de Benazir.
No hace falta ser un experto para comprender que las odiadas elecciones legislativas que ensombrecían a Musharraf se pospondrían indefinidamente si su principal opositor político era liquidado antes del día de los comicios.
Analicemos esta lógica como lo haría el inspector Ian Blair, en su cuaderno, antes de convertirse en el más importante policía de Londres.
Pregunta: ¿Quién obligó a Benazir Bhutto a permanecer en Londres y quiso evitar su regreso a Pakistán? Respuesta: El general Musharraf. Pregunta: ¿Quién ordenó este mes el arresto de cientos de simpatizantes de Bhutto? Respuesta: el general Musharraf. Pregunta: ¿Quién le impuso a Benazir un arresto domiciliario temporal este mes? Respuesta: el general Musharraf. Pregunta: ¿Quién declaró el estado de emergencia este mes? Respuesta: el general Musharraf.
Pregunta: ¿Quién mató a Benazir Bhutto? Eh, sí. Bueno, sí…
¿Ven cuál es el problema? Ayer nuestros guerreros televisivos nos informaron que los miembros del PPP gritaban que Musharraf era un “asesino”, quejándose de que no dio suficiente protección a Benazir. Error. Gritaban esto porque creen que él fue quien la mató.
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
Siete
Gustavo Gordillo
Uno. El desenlace, esperemos que provisional, que tuvo la negociación en torno a la reforma electoral y más específicamente la composición de su cuerpo directivo; es el mejor diagnóstico del estado de salud de la clase política. Carece de rumbo y su visión política está alejada de cualquier consideración ética. Guiados por intereses del más corto plazo, atrapados en la dinámica de los conflictos de las pequeñas tribus que pueblan su archipiélago, han perdido contacto y sensibilidad con los profundos movimientos y reacomodos que ocurren en la sociedad mexicana. Entretenidos traicionándose unos a otras, bloqueando cualquier iniciativa de sus contrincantes –que son casi todas dentro y fuera de sus partidos. Tienen tiempo para despojar a las instituciones de su poder constituyente en aras de las coaliciones transversales que se conforman tan instantáneamente como se disuelven. También para pactar nuevos privilegios para ellas y sus seguidores. Sufren el situs inversus de nuestra política.
Dos. Tabasco muestra la miseria de las políticas públicas. Los desastres naturales se presentan cada vez más como producto de la labor depredadora del ser humano y como la consecuencia de la criminal imprevisión de las clases dirigentes. Cada cierto tiempo se presentan desastres naturales con mayor intensidad en los mismos lugares. Aparentemente no aprendemos las lecciones de la depredación de los recursos naturales como bosques, selvas, suelo y agua. La industria de los desastres que alimentan fraccionadores, funcionarios públicos y banqueros, empuja a atender solo los síntomas de los desastres cada dos o tres o cuatro años que vuelven a presentarse con macabra puntualidad. Es una insensatez seguir construyendo donde la tragedia está garantizada.
Tres. El magro crecimiento económico de estos últimos años contrasta con el dinamismo de varias de las economías sudamericanas. La tendencia de las últimas décadas es al estancamiento. Se expresa en pocos empleos formales, creciente informalidad en mercados laborales segmentados, deterioro de la infraestructura física y tecnológica, pérdida de competitividad, deterioro en la calidad de la educación. Aunque ha habido reducción en los números absolutos y relativos de la pobreza extrema, la desigualdad persiste y se amplía de manera espectacular. También es tristemente cierto que el éxito político de los programas de transferencias condicionadas obstruye el éxito social, es decir una más amplia y estructural reducción de la pobreza. El más perverso incentivo al clientelismo político y a la manipulación son estos programas. Las listas de beneficiarios han sido usadas por todos los partidos para diseñar su ingeniería electoral.
Cuatro. Desde el poder ejecutivo no existe una estrategia de formación de coaliciones políticas. Lo central de un régimen presidencial es su capacidad para articular consensos, acuerdos y sobretodo, coaliciones de gran calado. Lo que existe en su lugar es la renuncia implícita a la esencia de un régimen presidencialista sin que exista en su lugar ni régimen parlamentario ni coalición política capaz de operar esa transformación complicada y discutible en términos de que mejore la calidad de nuestra democracia. Tampoco existen vacíos políticos. Se rellenan de una u otra forma. Generalmente al margen de reglas explícitas institucionalizadas en códigos y en normas sociales. Poderes fácticos paralelos o al margen, como corrientes y con peso propio y redes de poder político. Incluso insertas en el marco de partidos políticos débiles institucionalmente y enfrentando reglas severas de competencia. Aquí está el contexto para una restauración conservadora.
Cinco. El campo está que arde. Es necesario escuchar la diversidad de sus voces, sentir los reacomodos en su subsuelo, captar sus cambios de humores. Pocas veces se atina a entender esto. Los efectos del TLC ya se dieron. Cierto, desde que en los ochentas se usó la apertura comercial como mecanismo anti-inflacionario. También los impactos de la crisis económica de 1994. El masivo despoblamiento del campo por la migración, hasta el tontamente celebrado crecimiento de las remesas son los síntomas de la derrota de las políticas públicas rurales. No es un problema de mayor presupuesto al campo aunque se necesitan más recursos para infraestructura y tecnologías adaptadas a la agricultura campesina. Se requieren ciertamente subsidios pero no concentrados como ahora en los grandes productores del Noroeste. Se necesita proteger los alimentos básicos producidos por los pequeños productores para garantizar el consumo de más de la mitad de la población mexicana pobre. Se requiere sobretodo desmantelar el autoritarismo que permea al campo, a las instituciones que tienen que ver con el campo y a las organizaciones que dicen representar a los campesinos. Queda poco tiempo.
Seis. La izquierda está constituida por un amplio y abigarrado conjunto de partidos, grupos, tendencias, movimientos y sensibilidades. A veces parecen mayores las discrepancias y las confrontaciones entre la izquierda que entre ésta y la derecha. En cada momento de la larga transición a la democracia la derecha ha elegido a su “izquierda mimada”, su “izquierda moderna” y a su “ogro”. Cárdenas, el EZLN, Marcos, AMLO. La izquierda también ha elegido santos y monstruos. Seguiremos teniendo discrepancias y muchas. También displicencias personales. Deseos de venganza y mezquindades. Pero no es posible que no nos demos cuenta que el país se encamina a un despeñadero y que se requiere de una izquierda unificada alrededor de un programa mínimo y de formas de acción política acordadas. Se requiere de una reforma moral de las izquierdas. Apostar al derrumbamiento del sistema político es también apostar a la derrota de toda la izquierda. Se necesita claridad conceptual, visión estratégica pero sobretodo generosidad.
Siete. La creciente política de hostigamiento y agresión hacia las comunidades zapatistas en Chiapas no admite ni titubeos ni cálculos mezquinos. Ninguna discrepancia política que se tenga con el EZLN, con el subcomandante Marcos y con sus dirigencia indígenas justifica el silencio. Es necesario protestar contra esas agresiones y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Es lo menos que se puede hacer a favor de quienes han aportado al país una revalorización de sus raíces y su destino futuro.
Uno. El desenlace, esperemos que provisional, que tuvo la negociación en torno a la reforma electoral y más específicamente la composición de su cuerpo directivo; es el mejor diagnóstico del estado de salud de la clase política. Carece de rumbo y su visión política está alejada de cualquier consideración ética. Guiados por intereses del más corto plazo, atrapados en la dinámica de los conflictos de las pequeñas tribus que pueblan su archipiélago, han perdido contacto y sensibilidad con los profundos movimientos y reacomodos que ocurren en la sociedad mexicana. Entretenidos traicionándose unos a otras, bloqueando cualquier iniciativa de sus contrincantes –que son casi todas dentro y fuera de sus partidos. Tienen tiempo para despojar a las instituciones de su poder constituyente en aras de las coaliciones transversales que se conforman tan instantáneamente como se disuelven. También para pactar nuevos privilegios para ellas y sus seguidores. Sufren el situs inversus de nuestra política.
Dos. Tabasco muestra la miseria de las políticas públicas. Los desastres naturales se presentan cada vez más como producto de la labor depredadora del ser humano y como la consecuencia de la criminal imprevisión de las clases dirigentes. Cada cierto tiempo se presentan desastres naturales con mayor intensidad en los mismos lugares. Aparentemente no aprendemos las lecciones de la depredación de los recursos naturales como bosques, selvas, suelo y agua. La industria de los desastres que alimentan fraccionadores, funcionarios públicos y banqueros, empuja a atender solo los síntomas de los desastres cada dos o tres o cuatro años que vuelven a presentarse con macabra puntualidad. Es una insensatez seguir construyendo donde la tragedia está garantizada.
Tres. El magro crecimiento económico de estos últimos años contrasta con el dinamismo de varias de las economías sudamericanas. La tendencia de las últimas décadas es al estancamiento. Se expresa en pocos empleos formales, creciente informalidad en mercados laborales segmentados, deterioro de la infraestructura física y tecnológica, pérdida de competitividad, deterioro en la calidad de la educación. Aunque ha habido reducción en los números absolutos y relativos de la pobreza extrema, la desigualdad persiste y se amplía de manera espectacular. También es tristemente cierto que el éxito político de los programas de transferencias condicionadas obstruye el éxito social, es decir una más amplia y estructural reducción de la pobreza. El más perverso incentivo al clientelismo político y a la manipulación son estos programas. Las listas de beneficiarios han sido usadas por todos los partidos para diseñar su ingeniería electoral.
Cuatro. Desde el poder ejecutivo no existe una estrategia de formación de coaliciones políticas. Lo central de un régimen presidencial es su capacidad para articular consensos, acuerdos y sobretodo, coaliciones de gran calado. Lo que existe en su lugar es la renuncia implícita a la esencia de un régimen presidencialista sin que exista en su lugar ni régimen parlamentario ni coalición política capaz de operar esa transformación complicada y discutible en términos de que mejore la calidad de nuestra democracia. Tampoco existen vacíos políticos. Se rellenan de una u otra forma. Generalmente al margen de reglas explícitas institucionalizadas en códigos y en normas sociales. Poderes fácticos paralelos o al margen, como corrientes y con peso propio y redes de poder político. Incluso insertas en el marco de partidos políticos débiles institucionalmente y enfrentando reglas severas de competencia. Aquí está el contexto para una restauración conservadora.
Cinco. El campo está que arde. Es necesario escuchar la diversidad de sus voces, sentir los reacomodos en su subsuelo, captar sus cambios de humores. Pocas veces se atina a entender esto. Los efectos del TLC ya se dieron. Cierto, desde que en los ochentas se usó la apertura comercial como mecanismo anti-inflacionario. También los impactos de la crisis económica de 1994. El masivo despoblamiento del campo por la migración, hasta el tontamente celebrado crecimiento de las remesas son los síntomas de la derrota de las políticas públicas rurales. No es un problema de mayor presupuesto al campo aunque se necesitan más recursos para infraestructura y tecnologías adaptadas a la agricultura campesina. Se requieren ciertamente subsidios pero no concentrados como ahora en los grandes productores del Noroeste. Se necesita proteger los alimentos básicos producidos por los pequeños productores para garantizar el consumo de más de la mitad de la población mexicana pobre. Se requiere sobretodo desmantelar el autoritarismo que permea al campo, a las instituciones que tienen que ver con el campo y a las organizaciones que dicen representar a los campesinos. Queda poco tiempo.
Seis. La izquierda está constituida por un amplio y abigarrado conjunto de partidos, grupos, tendencias, movimientos y sensibilidades. A veces parecen mayores las discrepancias y las confrontaciones entre la izquierda que entre ésta y la derecha. En cada momento de la larga transición a la democracia la derecha ha elegido a su “izquierda mimada”, su “izquierda moderna” y a su “ogro”. Cárdenas, el EZLN, Marcos, AMLO. La izquierda también ha elegido santos y monstruos. Seguiremos teniendo discrepancias y muchas. También displicencias personales. Deseos de venganza y mezquindades. Pero no es posible que no nos demos cuenta que el país se encamina a un despeñadero y que se requiere de una izquierda unificada alrededor de un programa mínimo y de formas de acción política acordadas. Se requiere de una reforma moral de las izquierdas. Apostar al derrumbamiento del sistema político es también apostar a la derrota de toda la izquierda. Se necesita claridad conceptual, visión estratégica pero sobretodo generosidad.
Siete. La creciente política de hostigamiento y agresión hacia las comunidades zapatistas en Chiapas no admite ni titubeos ni cálculos mezquinos. Ninguna discrepancia política que se tenga con el EZLN, con el subcomandante Marcos y con sus dirigencia indígenas justifica el silencio. Es necesario protestar contra esas agresiones y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Es lo menos que se puede hacer a favor de quienes han aportado al país una revalorización de sus raíces y su destino futuro.
SEP: la OCDE y las universidades
Gustavo Leal F.*
Después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –vía su representante en México, Blanca Heredia– recomendara privatizar la enseñanza media y superior, el subsecretario competente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Rodolfo Tuirán manifestó que en este “nivel es necesario buscar otras alternativas de financiamiento”. Y enlistó las siguientes “opciones”: incrementar tanto los recursos propios como los subsidios de los gobiernos locales.
En noviembre de 2006 se conoció que los 110 trabajadores que habían obtenido un amparo para evitar ser incluidos en el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), que desde diciembre de 2003 se aplica a los 20 mil empleados de la Universidad de Guadalajara, podrían “perder lo ganado”, pues al ocurrir su retiro sólo les reintegrarían los recursos ahorrados y la parte correspondiente que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no del fideicomiso creado por la institución.
De inmediato, Carlos Briceño, entonces secretario general de la universidad, recomendó que se “desistieran” del caso, pues “sus abogados los engañan”. Para él, el asunto es otro: suponiendo que ganaran el juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que “les tengamos que regresar sus aportaciones, no van a sobrevivir cuando se jubilen con la aportación, porque regresar al viejo estado de cosas, al anterior régimen de pensiones, no es posible, ya pasó, se reformó la Ley Orgánica, que era el instrumento legal que necesitábamos para modificar el régimen pensionario”. O sea: “perderían ganando”.
Para Briceño, eso “no quiere decir que el régimen sufra un tropiezo. Por el contrario, está sólido. Hicimos una reforma de avanzada en el país, entre las universidades públicas. Es un régimen en el que participamos solidariamente trabajadores, autoridades universitarias como patrón, gobierno del estado y federal”. Y, en efecto, la reforma referida ha sido elogiada y hasta premiada económicamente por la SEP como el modelo “ideal” para las universidades públicas.
Al día siguiente, un tribunal colegiado concedió por unanimidad el amparo a los 110 trabajadores, aunque el dictamen no benefició a los restantes 20 mil, porque “su derecho a inconformarse ya prescribió”. Entonces, otro grupo de 40 trabajadores se acogió al mismo recurso, aguardando que el tribunal fallara en el mismo sentido.
El argumento de las personas amparadas reclamó que los descuentos a su salario –a partir de la reforma– eran contrarios a la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 110 no prescribe causa alguna para que existan descuentos que constituyan un fondo de pensiones (fideicomiso). Y fue este reclamo que logró que la inconformidad prosperara con un laudo favorable.
Después de la sentencia, su abogado informó que, por “ilegales”, quedaban suspendidos los descuentos salariales, que deberían restituírseles los montos tomados por este concepto y que se les respetarían las condiciones previas para su jubilación, siguiendo “el contrato que signaron”, además de que la sentencia podría sentar un precedente.
Pocos días antes, Arturo Contreras, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), reconocía que la institución arrastraba un déficit por adeudos superior a mil millones de pesos.
Además de lo que se debe a los sindicatos, desde 1995 se dejó de pagar el 5 por ciento sobre la nómina para el Fovissste, más las cuantiosas aportaciones pendientes con el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Hay que sumar el 2 por ciento sobre la nómina para el Sistema de Ahorro para el Retiro –que no se cubre desde 2002–, más los adeudos por indemnizaciones, jubilaciones y renuncias del personal académico, administrativo y de intendencia –toda vez que el ISSSTE solamente reconoce 15 años de antigüedad a los trabajadores de la UAG–, así como el descuento por el impuesto sobre la renta.
Como si no fuera suficiente, también se desconocía el destino de más de 91 millones de pesos asignados por la Cámara de Diputados para regularizar la plantilla de la institución.
Frente a esto, el rector anunció que ya había solicitado a la SEP un incremento al subsidio para “al menos resolver parte de nuestros problemas financieros y hablar con el Congreso del estado y el gobernador Torreblanca Galindo, para sacar de esta crisis a la UAG”.
En febrero de 2007, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla modificó su tabla de antigüedad para las jubilaciones-pensiones de los trabajadores activos y fijó 35 años de servicio para los de nuevo ingreso.
En octubre, los académicos y administrativos de la Universidad de Sonora marcharon por Hermosillo solicitando al gobierno del estado una partida extraordinaria de 55 millones de pesos para cubrir la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (reformado en 2005), a fin de que siga prestando servicios médicos a sus 4 mil trabajadores. El sindicato de académicos comunicó que, a raíz de esas “reformas”, se elevaron sustancialmente las cuotas de los trabajadores y las nuevas reglas de jubilación “son las más injustas del país”.
Por esos días, también el Congreso local solicitó a la Universidad Autónoma de Nuevo León responder a sus trabajadores jubilados que demandaron información sobre los contratos de fideicomiso 6-7 y 7-5 constituidos por la universidad y Banca Afirme, debido a que ambas se niegan a dar datos sobre los estados de cuenta y rechazan una auditoría.
Pero Tuirán (después de haber sido señalado desde la Universidad de Sinaloa por condicionar recursos adicionales al despido de personal académico, reformas al contrato colectivo de trabajo y modificaciones al RJP) exigió que, además de extender los procesos de evaluación y acreditación, las instituciones de educación superior revisen “su organización, estructura, enfoques y responder con mayor calidad”.
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –vía su representante en México, Blanca Heredia– recomendara privatizar la enseñanza media y superior, el subsecretario competente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Rodolfo Tuirán manifestó que en este “nivel es necesario buscar otras alternativas de financiamiento”. Y enlistó las siguientes “opciones”: incrementar tanto los recursos propios como los subsidios de los gobiernos locales.
En noviembre de 2006 se conoció que los 110 trabajadores que habían obtenido un amparo para evitar ser incluidos en el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), que desde diciembre de 2003 se aplica a los 20 mil empleados de la Universidad de Guadalajara, podrían “perder lo ganado”, pues al ocurrir su retiro sólo les reintegrarían los recursos ahorrados y la parte correspondiente que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no del fideicomiso creado por la institución.
De inmediato, Carlos Briceño, entonces secretario general de la universidad, recomendó que se “desistieran” del caso, pues “sus abogados los engañan”. Para él, el asunto es otro: suponiendo que ganaran el juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que “les tengamos que regresar sus aportaciones, no van a sobrevivir cuando se jubilen con la aportación, porque regresar al viejo estado de cosas, al anterior régimen de pensiones, no es posible, ya pasó, se reformó la Ley Orgánica, que era el instrumento legal que necesitábamos para modificar el régimen pensionario”. O sea: “perderían ganando”.
Para Briceño, eso “no quiere decir que el régimen sufra un tropiezo. Por el contrario, está sólido. Hicimos una reforma de avanzada en el país, entre las universidades públicas. Es un régimen en el que participamos solidariamente trabajadores, autoridades universitarias como patrón, gobierno del estado y federal”. Y, en efecto, la reforma referida ha sido elogiada y hasta premiada económicamente por la SEP como el modelo “ideal” para las universidades públicas.
Al día siguiente, un tribunal colegiado concedió por unanimidad el amparo a los 110 trabajadores, aunque el dictamen no benefició a los restantes 20 mil, porque “su derecho a inconformarse ya prescribió”. Entonces, otro grupo de 40 trabajadores se acogió al mismo recurso, aguardando que el tribunal fallara en el mismo sentido.
El argumento de las personas amparadas reclamó que los descuentos a su salario –a partir de la reforma– eran contrarios a la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 110 no prescribe causa alguna para que existan descuentos que constituyan un fondo de pensiones (fideicomiso). Y fue este reclamo que logró que la inconformidad prosperara con un laudo favorable.
Después de la sentencia, su abogado informó que, por “ilegales”, quedaban suspendidos los descuentos salariales, que deberían restituírseles los montos tomados por este concepto y que se les respetarían las condiciones previas para su jubilación, siguiendo “el contrato que signaron”, además de que la sentencia podría sentar un precedente.
Pocos días antes, Arturo Contreras, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), reconocía que la institución arrastraba un déficit por adeudos superior a mil millones de pesos.
Además de lo que se debe a los sindicatos, desde 1995 se dejó de pagar el 5 por ciento sobre la nómina para el Fovissste, más las cuantiosas aportaciones pendientes con el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Hay que sumar el 2 por ciento sobre la nómina para el Sistema de Ahorro para el Retiro –que no se cubre desde 2002–, más los adeudos por indemnizaciones, jubilaciones y renuncias del personal académico, administrativo y de intendencia –toda vez que el ISSSTE solamente reconoce 15 años de antigüedad a los trabajadores de la UAG–, así como el descuento por el impuesto sobre la renta.
Como si no fuera suficiente, también se desconocía el destino de más de 91 millones de pesos asignados por la Cámara de Diputados para regularizar la plantilla de la institución.
Frente a esto, el rector anunció que ya había solicitado a la SEP un incremento al subsidio para “al menos resolver parte de nuestros problemas financieros y hablar con el Congreso del estado y el gobernador Torreblanca Galindo, para sacar de esta crisis a la UAG”.
En febrero de 2007, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla modificó su tabla de antigüedad para las jubilaciones-pensiones de los trabajadores activos y fijó 35 años de servicio para los de nuevo ingreso.
En octubre, los académicos y administrativos de la Universidad de Sonora marcharon por Hermosillo solicitando al gobierno del estado una partida extraordinaria de 55 millones de pesos para cubrir la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (reformado en 2005), a fin de que siga prestando servicios médicos a sus 4 mil trabajadores. El sindicato de académicos comunicó que, a raíz de esas “reformas”, se elevaron sustancialmente las cuotas de los trabajadores y las nuevas reglas de jubilación “son las más injustas del país”.
Por esos días, también el Congreso local solicitó a la Universidad Autónoma de Nuevo León responder a sus trabajadores jubilados que demandaron información sobre los contratos de fideicomiso 6-7 y 7-5 constituidos por la universidad y Banca Afirme, debido a que ambas se niegan a dar datos sobre los estados de cuenta y rechazan una auditoría.
Pero Tuirán (después de haber sido señalado desde la Universidad de Sinaloa por condicionar recursos adicionales al despido de personal académico, reformas al contrato colectivo de trabajo y modificaciones al RJP) exigió que, además de extender los procesos de evaluación y acreditación, las instituciones de educación superior revisen “su organización, estructura, enfoques y responder con mayor calidad”.
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
La impunidad, crimen de Estado
Carlos Beas Torres
Al cumplirse 10 largos años de la terrible matanza ocurrida en Acteal, los autores intelectuales y algunos de los asesinos materiales de este crimen que conmovió a la opinión pública aún no han sido castigados. A pesar de los argumentos endebles de un puñado de intelectuales ligados al poder, es evidente que el operativo que le costó la vida a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fue realizado por un grupo entrenado para matar. Antes de este crimen, varios prestigiados organismos de derechos humanos y personalidades ya habían denunciado la existencia en Chiapas de grupos paramilitares adiestrados por militares e incluso por mercenarios extranjeros. Es obvio que ninguna autoridad actuó para evitar la matanza.
En Acteal, como ocurrió en Aguas Blancas, El Charco, Atenco o en Oaxaca, altos funcionarios gubernamentales y mandos policiacos y militares ordenaron acciones represivas que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos de cientos o miles de mexicanos. Sin embargo, y a pesar de las numerosas denuncias realizadas, los responsables de los atropellos han sido protegidos.
Esta protección en nuestro país no es un hecho aislado, es ya una política de Estado, por la cual a criminales responsables de decenas de muertes, detenciones arbitrarias y torturas, se les ha brindado cobertura, lo cual les permite seguir violando sin temor alguno las garantías y derechos de los ciudadanos.
El caso de Lydia Cacho es un ejemplo de la forma como opera la justicia en México; en donde funcionarios como el gobernador Marín obtienen protección a pesar de que es pública su relación directa en actos de corrupción y en abusos en contra de una ciudadana mexicana. Es indignante que con los impuestos que paga el pueblo de México sea mantenida la onerosa nómina de magistrados y ministros de la Suprema Corte de justicia –si con minúscula–; quienes con la resolución emitida en este caso envilecen aún más al sistema judicial mexicano.
La impunidad en México provoca una profunda crisis en el sistema judicial y contribuye, sin lugar a dudas, a que grandes sectores de la población de nuestro país no crean en el llamado estado de derecho. La ley se aplica con rigor a los rebeldes de Atenco o de Oaxaca; a los criminales que han ordenado masacres, torturas y otros delitos de lesa humanidad, se les retribuye con nuevos cargos y protección. Bonito país.
Es evidente que en México no son respetados los derechos humanos, como tampoco merecen la mínima atención de las autoridades, los informes de prestigiados e imparciales organismos internacionales, los cuales una y otra vez, por ejemplo en el caso de Oaxaca, han referido violaciones extremadamente graves en la integridad de cientos de personas. En un país básicamente democrático, hechos como los que han conmovido a la opinión pública, sin lugar a dudas hubiesen dado lugar a investigaciones, destituciones y castigo para los funcionarios responsables de los mismos. En Oaxaca, movilizaciones masivas y 26 muertos no han servido siquiera para castigar a un siniestro jefe policiaco del ayuntamiento de la capital del estado, el cual sigue actuando sin el mínimo respeto a la ley.
Mientras en nuestro país no sean llevados ante la ley y castigados con rigor los responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos, México no transitará hacia un régimen de convivencia democrática. Seguiremos siendo una nación donde una partida de truhanes y bandidos se han apoderado del aparato estatal para saquear al país y para contener con el garrote los justos reclamos de los mexicanos.
Crímenes como los cometidos el 2 de octubre de 1968 o el 10 de junio de 1971, las muertes de Ernestina Ascensión o de Digna Ochoa; las matanzas que han segado la vida de humildes campesinos, hombres y mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca o Guerrero; o los atropellos como los sufridos por la gente de Atenco, Oxcum o El Ciruelo, no sólo no deben de ser olvidados, deben de ser enérgicamente castigados para no alentar la impunidad. De otra forma se permitirá que criminales con cargo público violen de manera cínica y recurrente los derechos de los ciudadanos, y que hechos tan brutales como el asesinato masivo de niños y de mujeres mientras rezaban, se repita de nuevo. No queremos un nuevo Acteal.
Al cumplirse 10 largos años de la terrible matanza ocurrida en Acteal, los autores intelectuales y algunos de los asesinos materiales de este crimen que conmovió a la opinión pública aún no han sido castigados. A pesar de los argumentos endebles de un puñado de intelectuales ligados al poder, es evidente que el operativo que le costó la vida a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fue realizado por un grupo entrenado para matar. Antes de este crimen, varios prestigiados organismos de derechos humanos y personalidades ya habían denunciado la existencia en Chiapas de grupos paramilitares adiestrados por militares e incluso por mercenarios extranjeros. Es obvio que ninguna autoridad actuó para evitar la matanza.
En Acteal, como ocurrió en Aguas Blancas, El Charco, Atenco o en Oaxaca, altos funcionarios gubernamentales y mandos policiacos y militares ordenaron acciones represivas que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos de cientos o miles de mexicanos. Sin embargo, y a pesar de las numerosas denuncias realizadas, los responsables de los atropellos han sido protegidos.
Esta protección en nuestro país no es un hecho aislado, es ya una política de Estado, por la cual a criminales responsables de decenas de muertes, detenciones arbitrarias y torturas, se les ha brindado cobertura, lo cual les permite seguir violando sin temor alguno las garantías y derechos de los ciudadanos.
El caso de Lydia Cacho es un ejemplo de la forma como opera la justicia en México; en donde funcionarios como el gobernador Marín obtienen protección a pesar de que es pública su relación directa en actos de corrupción y en abusos en contra de una ciudadana mexicana. Es indignante que con los impuestos que paga el pueblo de México sea mantenida la onerosa nómina de magistrados y ministros de la Suprema Corte de justicia –si con minúscula–; quienes con la resolución emitida en este caso envilecen aún más al sistema judicial mexicano.
La impunidad en México provoca una profunda crisis en el sistema judicial y contribuye, sin lugar a dudas, a que grandes sectores de la población de nuestro país no crean en el llamado estado de derecho. La ley se aplica con rigor a los rebeldes de Atenco o de Oaxaca; a los criminales que han ordenado masacres, torturas y otros delitos de lesa humanidad, se les retribuye con nuevos cargos y protección. Bonito país.
Es evidente que en México no son respetados los derechos humanos, como tampoco merecen la mínima atención de las autoridades, los informes de prestigiados e imparciales organismos internacionales, los cuales una y otra vez, por ejemplo en el caso de Oaxaca, han referido violaciones extremadamente graves en la integridad de cientos de personas. En un país básicamente democrático, hechos como los que han conmovido a la opinión pública, sin lugar a dudas hubiesen dado lugar a investigaciones, destituciones y castigo para los funcionarios responsables de los mismos. En Oaxaca, movilizaciones masivas y 26 muertos no han servido siquiera para castigar a un siniestro jefe policiaco del ayuntamiento de la capital del estado, el cual sigue actuando sin el mínimo respeto a la ley.
Mientras en nuestro país no sean llevados ante la ley y castigados con rigor los responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos, México no transitará hacia un régimen de convivencia democrática. Seguiremos siendo una nación donde una partida de truhanes y bandidos se han apoderado del aparato estatal para saquear al país y para contener con el garrote los justos reclamos de los mexicanos.
Crímenes como los cometidos el 2 de octubre de 1968 o el 10 de junio de 1971, las muertes de Ernestina Ascensión o de Digna Ochoa; las matanzas que han segado la vida de humildes campesinos, hombres y mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca o Guerrero; o los atropellos como los sufridos por la gente de Atenco, Oxcum o El Ciruelo, no sólo no deben de ser olvidados, deben de ser enérgicamente castigados para no alentar la impunidad. De otra forma se permitirá que criminales con cargo público violen de manera cínica y recurrente los derechos de los ciudadanos, y que hechos tan brutales como el asesinato masivo de niños y de mujeres mientras rezaban, se repita de nuevo. No queremos un nuevo Acteal.
Benazir Bhutto
Tariq Ali*
Aun aquellos que tajantemente criticamos el comportamiento y las políticas de Benazir Bhutto mientras ocupó el cargo de primera ministra y también en épocas recientes, estamos pasmados y furiosos por su muerte. La indignación y el miedo merodean de nuevo el país. Es esta extraña coexistencia de despotismo militar y caos lo que provocó las condiciones que condujeron a su asesinato en Rawalpindi el día de ayer. En el pasado, el régimen militar fue diseñado para preservar el orden, y lo hizo por algunos años, pero ya no. Hoy crea desorden y promueve el menosprecio de las leyes. ¿Puede alguien explicar el despido del magistrado en jefe y otros ocho jueces de la Suprema Corte por intentar que los aparatos de inteligencia del país y la policía rindieran cuentas ante la Corte? Su remplazo carece de estructura para hacer algo, ya no digamos conducir una averiguación apropiada sobre las malas acciones de las agencias que pudiera descubrir la verdad que subyace tras el cuidadosamente organizado asesinato de una líder política importante. ¿Cómo puede Pakistán ser otra cosa que una conflagración de desesperaciones? Se asume que los asesinos eran fanáticos de la jihad. Esto puede ser cierto, pero ¿actuaron por cuenta propia?
Benazir, según su gente cercana, había estado tentada de boicotear las falaces elecciones, pero carecía de la valentía política para desafiar a Washington. Tenía, eso sí, mucho coraje físico y no se dejaba intimidar por las amenazas de sus oponentes locales. En un mitin electoral en Liaquat Bagh, se dirigió al público. Es éste un espacio popular que tomó su nombre del primer ministro Liaquat Ali Khan, primero en asumir el cargo, quien fuera ultimado en 1953 por Said Akbar, un asesino solitario, al que mataron de inmediato a balazos por órdenes del oficial de policía implicado en la confabulación. No lejos de ahí, se alzó alguna vez lo que fuera una estructura colonial donde eran encarcelados los nacionalistas: la cárcel de Rawalpindi. Ahí, fue ahorcado en abril de 1979 el padre de Benazir, Zulfiqar Ali Bhutto. El tirano militar responsable de su crimen judicial se aseguró de que el sitio de la tragedia fuera destruido también. La muerte de Bhutto envenenó las relaciones entre su partido (el Partido Popular de Pakistán) y el ejército, por lo que los activistas, particularmente en la provincia de Sind, fueron brutalmente torturados y humillados. En ocasiones llegaron a desaparecerlos o asesinarlos.
La turbulenta historia de Pakistán, resultado de un dominio militar continuo y de alianzas globales antipopulares, hoy confronta a la élite dominante ante serias disyuntivas. No parece haber, para nada, propósitos positivos. La abrumadora mayoría de la población desaprueba la política exterior del gobierno. Está furiosa por la falta de una política interna seria, porque la actual únicamente enriquece a una élite voraz y enquistada que incluye a los inflados y parásitos militares. Hoy esta mayoría mira indefensa cómo asesinan a los políticos frente a ella.
Ayer, Benazir había sobrevivido al bombazo, pero cayó muerta por las balas que llovieron sobre su automóvil. Los asesinos, sabedores de su fracaso en Karachi el mes pasado, buscaron asegurarse esta vez. La querían muerta. Ahora es imposible que una elección, inclusive fraudulenta, se lleve a cabo. Tendrá que posponerse y, sin duda, el alto mando contempla la posibilidad de aplicar otra dosis de régimen militar si la situación empeora, lo cual puede ocurrir muy fácilmente.
Lo que ha pasado es una tragedia de muchas capas. Es una tragedia para un país que se encamina a muchos más desastres. Torrentes y cataratas espumosas nos esperan más adelante. Es, además, una tragedia personal. La casa de la familia Bhutto ha perdido a otra de sus integrantes. El padre, dos hijos y ahora una hija, han fallecido de muertes no naturales.
Conocí a Benazir en la casa de su padre en Karachi cuando apenas era una adolescente ávida de diversiones, y después volví a tratarla cuando fue a Oxford. No era una política natural; siempre quiso ser diplomática de carrera, pero la historia y la tragedia personal la empujaron en otra dirección. La muerte de su padre la transformó. Se volvió otra persona, decidida a enfrentar al dictador militar de entonces. Vivía en un pequeño apartamento en Londres, donde discutía interminablemente sobre el futuro del país. Estaba de acuerdo en que la reforma agraria, los programas de educación masiva, los servicios de salud y una política exterior independiente eran fines positivos, constructivos y cruciales si queríamos salvar al país de los buitres con y sin uniforme. Su base electoral era pobre y eso la enorgullecía.
Cambió de nuevo al convertirse en primera ministra. En los primeros tiempos solíamos discutir y en respuesta a mis numerosas quejas ella decía que el mundo era lo que había cambiado. No quería estar del “lado equivocado de la historia”. Y así, como muchos otros, hizo la paz con Washington. Fue esto lo que finalmente condujo al arreglo con Musharraf y a su retorno a casa tras 10 años de exilio. En algunas ocasiones en el pasado me dijo que no tenía miedo a la muerte. Era esto uno de los peligros de jugar a la política en Pakistán.
Es difícil imaginar que algo bueno surja de esta tragedia, pero hay una posibilidad. Pakistán necesita desesperadamente un partido político que pueda hablar en favor de las necesidades sociales del grueso de la población. El Partido Popular fundado por Zulfiqar Ali Bhutto fue obra de los militantes del único movimiento popular de masas que el país haya conocido: estudiantes, campesinos y obreros que lucharon durante tres meses entre 1968 y 1969 por derrocar al primer dictador militar. Que el pueblo lo vea como su partido y la emoción de esas luchas persiste en algunas partes del país hasta hoy, a pesar de todo.
La horrenda muerte de Benazir debería darle a sus colegas la pausa necesaria para reflexionar. Depender de una persona o una familia puede ser necesario en ocasiones, pero es una debilidad estructural para la organización política, no una fuerza. El Partido Popular necesita una refundación que lo convierta en una organización moderna y democrática, abierta al debate honesto y a la discusión, que defienda los derechos sociales y humanos, y que una a los muchos y dispersos grupos e individuos que hoy desesperan en Pakistán por una alternativa decente y compartida que además proponga soluciones concretas que estabilicen el Afganistán devastado por la guerra. Esto se puede y debe hacerse. No se le debe pedir a la familia Bhutto mayores sacrificios.
Traducción: Ramón Vera Herrera
*Tariq Ali, historiador, escritor y director de cine paquistaní. Su próximo libro The Duel: Pakistan on the Flightpath of American Power (El duelo: Pakistán en el derrotero aéreo del poder estadunidense) será publicado por Scribner en 2008.
Aun aquellos que tajantemente criticamos el comportamiento y las políticas de Benazir Bhutto mientras ocupó el cargo de primera ministra y también en épocas recientes, estamos pasmados y furiosos por su muerte. La indignación y el miedo merodean de nuevo el país. Es esta extraña coexistencia de despotismo militar y caos lo que provocó las condiciones que condujeron a su asesinato en Rawalpindi el día de ayer. En el pasado, el régimen militar fue diseñado para preservar el orden, y lo hizo por algunos años, pero ya no. Hoy crea desorden y promueve el menosprecio de las leyes. ¿Puede alguien explicar el despido del magistrado en jefe y otros ocho jueces de la Suprema Corte por intentar que los aparatos de inteligencia del país y la policía rindieran cuentas ante la Corte? Su remplazo carece de estructura para hacer algo, ya no digamos conducir una averiguación apropiada sobre las malas acciones de las agencias que pudiera descubrir la verdad que subyace tras el cuidadosamente organizado asesinato de una líder política importante. ¿Cómo puede Pakistán ser otra cosa que una conflagración de desesperaciones? Se asume que los asesinos eran fanáticos de la jihad. Esto puede ser cierto, pero ¿actuaron por cuenta propia?
Benazir, según su gente cercana, había estado tentada de boicotear las falaces elecciones, pero carecía de la valentía política para desafiar a Washington. Tenía, eso sí, mucho coraje físico y no se dejaba intimidar por las amenazas de sus oponentes locales. En un mitin electoral en Liaquat Bagh, se dirigió al público. Es éste un espacio popular que tomó su nombre del primer ministro Liaquat Ali Khan, primero en asumir el cargo, quien fuera ultimado en 1953 por Said Akbar, un asesino solitario, al que mataron de inmediato a balazos por órdenes del oficial de policía implicado en la confabulación. No lejos de ahí, se alzó alguna vez lo que fuera una estructura colonial donde eran encarcelados los nacionalistas: la cárcel de Rawalpindi. Ahí, fue ahorcado en abril de 1979 el padre de Benazir, Zulfiqar Ali Bhutto. El tirano militar responsable de su crimen judicial se aseguró de que el sitio de la tragedia fuera destruido también. La muerte de Bhutto envenenó las relaciones entre su partido (el Partido Popular de Pakistán) y el ejército, por lo que los activistas, particularmente en la provincia de Sind, fueron brutalmente torturados y humillados. En ocasiones llegaron a desaparecerlos o asesinarlos.
La turbulenta historia de Pakistán, resultado de un dominio militar continuo y de alianzas globales antipopulares, hoy confronta a la élite dominante ante serias disyuntivas. No parece haber, para nada, propósitos positivos. La abrumadora mayoría de la población desaprueba la política exterior del gobierno. Está furiosa por la falta de una política interna seria, porque la actual únicamente enriquece a una élite voraz y enquistada que incluye a los inflados y parásitos militares. Hoy esta mayoría mira indefensa cómo asesinan a los políticos frente a ella.
Ayer, Benazir había sobrevivido al bombazo, pero cayó muerta por las balas que llovieron sobre su automóvil. Los asesinos, sabedores de su fracaso en Karachi el mes pasado, buscaron asegurarse esta vez. La querían muerta. Ahora es imposible que una elección, inclusive fraudulenta, se lleve a cabo. Tendrá que posponerse y, sin duda, el alto mando contempla la posibilidad de aplicar otra dosis de régimen militar si la situación empeora, lo cual puede ocurrir muy fácilmente.
Lo que ha pasado es una tragedia de muchas capas. Es una tragedia para un país que se encamina a muchos más desastres. Torrentes y cataratas espumosas nos esperan más adelante. Es, además, una tragedia personal. La casa de la familia Bhutto ha perdido a otra de sus integrantes. El padre, dos hijos y ahora una hija, han fallecido de muertes no naturales.
Conocí a Benazir en la casa de su padre en Karachi cuando apenas era una adolescente ávida de diversiones, y después volví a tratarla cuando fue a Oxford. No era una política natural; siempre quiso ser diplomática de carrera, pero la historia y la tragedia personal la empujaron en otra dirección. La muerte de su padre la transformó. Se volvió otra persona, decidida a enfrentar al dictador militar de entonces. Vivía en un pequeño apartamento en Londres, donde discutía interminablemente sobre el futuro del país. Estaba de acuerdo en que la reforma agraria, los programas de educación masiva, los servicios de salud y una política exterior independiente eran fines positivos, constructivos y cruciales si queríamos salvar al país de los buitres con y sin uniforme. Su base electoral era pobre y eso la enorgullecía.
Cambió de nuevo al convertirse en primera ministra. En los primeros tiempos solíamos discutir y en respuesta a mis numerosas quejas ella decía que el mundo era lo que había cambiado. No quería estar del “lado equivocado de la historia”. Y así, como muchos otros, hizo la paz con Washington. Fue esto lo que finalmente condujo al arreglo con Musharraf y a su retorno a casa tras 10 años de exilio. En algunas ocasiones en el pasado me dijo que no tenía miedo a la muerte. Era esto uno de los peligros de jugar a la política en Pakistán.
Es difícil imaginar que algo bueno surja de esta tragedia, pero hay una posibilidad. Pakistán necesita desesperadamente un partido político que pueda hablar en favor de las necesidades sociales del grueso de la población. El Partido Popular fundado por Zulfiqar Ali Bhutto fue obra de los militantes del único movimiento popular de masas que el país haya conocido: estudiantes, campesinos y obreros que lucharon durante tres meses entre 1968 y 1969 por derrocar al primer dictador militar. Que el pueblo lo vea como su partido y la emoción de esas luchas persiste en algunas partes del país hasta hoy, a pesar de todo.
La horrenda muerte de Benazir debería darle a sus colegas la pausa necesaria para reflexionar. Depender de una persona o una familia puede ser necesario en ocasiones, pero es una debilidad estructural para la organización política, no una fuerza. El Partido Popular necesita una refundación que lo convierta en una organización moderna y democrática, abierta al debate honesto y a la discusión, que defienda los derechos sociales y humanos, y que una a los muchos y dispersos grupos e individuos que hoy desesperan en Pakistán por una alternativa decente y compartida que además proponga soluciones concretas que estabilicen el Afganistán devastado por la guerra. Esto se puede y debe hacerse. No se le debe pedir a la familia Bhutto mayores sacrificios.
Traducción: Ramón Vera Herrera
*Tariq Ali, historiador, escritor y director de cine paquistaní. Su próximo libro The Duel: Pakistan on the Flightpath of American Power (El duelo: Pakistán en el derrotero aéreo del poder estadunidense) será publicado por Scribner en 2008.
Asimetrías
Carlos Fernández-Vega
Ocurrencias del secretario de Agricultura
Crecerá la importación de productos básicos
Si se toman en serio las declaraciones del titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, los campesinos mexicanos llegan a la apertura total del sector agropecuario en el marco del TLCAN en perfectas condiciones para lograr una “integración de tú a tú” con sus pares estadunidense y canadiense.
Pero si la intención es entender de qué se trata y abordar el problema con seriedad, déjense a un lado los chistes del caballo negro marca Bimbo y mejor atiéndanse análisis serios sobre el impacto de la apertura total del sector agropecuario y la triste historia registrada en este renglón a lo largo de los 14 años de vigencia del citado tratado. Y en este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados concluye que en esos casi tres lustros se registran efectos mixtos en el renglón agrícola mexicano: un pequeño grupo con crecimiento dinámico que se orienta a la exportación coexiste con una mayoría de productores con niveles de subsistencia, amén que el TLCAN, al reducir las protecciones, fortaleció la competitividad de la agricultura de Estados Unidos y debilitó aún más la competitividad de la agricultura mexicana.
En el caso del maíz se reporta una de las principales asimetrías. Por ejemplo, cultivar una hectárea en México resulta 300 por ciento más caro que en Estados Unidos: mientras aquí cuesta casi 80 dólares y se cosechan alrededor de 2.4 toneladas de grano, la relación en el vecino del norte es de 20 dólares y 8.4 toneladas.
Los sectores de granos, cereales y oleaginosas se vieron afectados en los primeros diez años de operación del TLCAN. Alrededor de 80 por ciento de las importaciones agrícolas totales de México son de granos básicos, oleaginosas y productos derivados. El comercio de granos básicos y oleaginosas entre los países del Tratado es un flujo de doble vía entre Estados Unidos y Canadá, pero de una sola entrada entre Estados Unidos y México. Así, en los últimos años las importaciones agropecuarias han sido mayores que las exportaciones, lo que generó déficit en la balanza comercial del sector agrícola en 2005 y 2006.
Con la entrada en vigor del TLCAN el arancel cuota de importación del maíz se redujo de 206.4 por ciento ad-valorem a 18.2 por ciento en 2007, para terminar totalmente su desgravación a partir del primer día de 2008, fecha en la que se podrá importar libremente maíz de Estados Unidos sin limite de cuota. Por su parte, la cuota de importación se ha venido incrementando, y como no se han cumplido con las metas de producción interna que se habían establecido desde la entrada en vigor del Tratado en varios años posteriores al Tratado las importaciones de maíz originarias de Estados Unidos rebasaron la cuota establecida para cada año en cuestión.
En 2006, las importaciones totales de maíz aumentaron 32.5 por ciento y las exportaciones crecieron 246.5 por ciento, debido principalmente al aumento de la demanda de Estados Unidos de maíz amarillo. Para 2007 se estima que las exportaciones de este grano disminuyan 65.2 por ciento, mientras que las importaciones solamente lo harán en 0.2 por ciento anual.
El cultivo del frijol representa la segunda actividad agrícola más importante después del maíz. Las importaciones de este grano se incrementaron 67 por ciento en 2006, mientras que las exportaciones cayeron 45.3 por ciento. Para 2007 se estima que las importaciones de esta leguminosa disminuyan 24.8 por ciento y las exportaciones aumenten 0.3 por ciento.
En el marco del Programa de Desgravación Arancelaria de los principales productos agrícolas en el TLCAN, México y Estados Unidos convinieron la inmediata eliminación de sus aranceles en una amplia lista de productos agrícolas, cuyo comercio responde por casi la mitad de los flujos comerciales agropecuarios mutuos. Asimismo, acordaron la eliminación gradual de las barreras arancelarias restantes, en un plazo de diez a quince años, que está próxima a concluir el 31 de diciembre de 2007.
Dicho Programa incluye maíz, frijol, cebada, jugo de naranja y malta, de los cuales los tres últimos quedaron libre de arancel desde 2003 y quedan por desgravarse en su totalidad el maíz y el frijol, que son productos de consumo básico en la población mexicana. Los principales productos que ingresarán a México sin pagar arancel a partir del primer día de 2008 serán el maíz, frijol, azúcar y leche en polvo.
Si bien no se espera una crisis en el sector agropecuario, si se prevé un crecimiento de las importaciones de algunos bienes básicos. Asimismo, durante los catorce años de vigencia del TLCAN, las asimetrías existentes entre los productores mexicanos y estadunidenses de maíz y otros granos no se han cerrado, por lo que los primeros se encontrarán con mayores desventajas. Los principales efectos se observarán en el ajuste de precios para equilibrar la oferta y demanda en el mercado doméstico, y que se tendrán que ir ajustando a los precios internacionales.
Se prevé que los precios del maíz y otros granos se incrementen en el corto y mediano plazo, por lo que la apertura total del maíz desde 2008 podría tener un impacto similar al que se registró a inicios de 2007, que estuvo acompañado de escasez y en consecuencia el incremento de importaciones para complementar la oferta nacional. También se espera que, por un lado, los incrementos de los precios internacionales de granos permita mayores ganancias a los productores mexicanos y ello permita asegurar su permanencia pero, por otro lado, el consumidor podría verse afectado.
Para el caso del frijol, la Secretaria de Economía considera que no existirá riesgo alguno, ya que los campesinos cuentan con sistemas de riego adecuados, buenos procesos, plantas de beneficio y las variedades que se consumen en el país son diferentes a las que se producen en Estados Unidos, además de que 50 por ciento de la producción es para autoconsumo.
Las rebanadas del pastel
Es en este contexto que los productores mexicanos se “integrarán de tú a tú” con sus pares estadunidense y canadiense, de acuerdo con la ocurrente versión oficial.
Ocurrencias del secretario de Agricultura
Crecerá la importación de productos básicos
Si se toman en serio las declaraciones del titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, los campesinos mexicanos llegan a la apertura total del sector agropecuario en el marco del TLCAN en perfectas condiciones para lograr una “integración de tú a tú” con sus pares estadunidense y canadiense.
Pero si la intención es entender de qué se trata y abordar el problema con seriedad, déjense a un lado los chistes del caballo negro marca Bimbo y mejor atiéndanse análisis serios sobre el impacto de la apertura total del sector agropecuario y la triste historia registrada en este renglón a lo largo de los 14 años de vigencia del citado tratado. Y en este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados concluye que en esos casi tres lustros se registran efectos mixtos en el renglón agrícola mexicano: un pequeño grupo con crecimiento dinámico que se orienta a la exportación coexiste con una mayoría de productores con niveles de subsistencia, amén que el TLCAN, al reducir las protecciones, fortaleció la competitividad de la agricultura de Estados Unidos y debilitó aún más la competitividad de la agricultura mexicana.
En el caso del maíz se reporta una de las principales asimetrías. Por ejemplo, cultivar una hectárea en México resulta 300 por ciento más caro que en Estados Unidos: mientras aquí cuesta casi 80 dólares y se cosechan alrededor de 2.4 toneladas de grano, la relación en el vecino del norte es de 20 dólares y 8.4 toneladas.
Los sectores de granos, cereales y oleaginosas se vieron afectados en los primeros diez años de operación del TLCAN. Alrededor de 80 por ciento de las importaciones agrícolas totales de México son de granos básicos, oleaginosas y productos derivados. El comercio de granos básicos y oleaginosas entre los países del Tratado es un flujo de doble vía entre Estados Unidos y Canadá, pero de una sola entrada entre Estados Unidos y México. Así, en los últimos años las importaciones agropecuarias han sido mayores que las exportaciones, lo que generó déficit en la balanza comercial del sector agrícola en 2005 y 2006.
Con la entrada en vigor del TLCAN el arancel cuota de importación del maíz se redujo de 206.4 por ciento ad-valorem a 18.2 por ciento en 2007, para terminar totalmente su desgravación a partir del primer día de 2008, fecha en la que se podrá importar libremente maíz de Estados Unidos sin limite de cuota. Por su parte, la cuota de importación se ha venido incrementando, y como no se han cumplido con las metas de producción interna que se habían establecido desde la entrada en vigor del Tratado en varios años posteriores al Tratado las importaciones de maíz originarias de Estados Unidos rebasaron la cuota establecida para cada año en cuestión.
En 2006, las importaciones totales de maíz aumentaron 32.5 por ciento y las exportaciones crecieron 246.5 por ciento, debido principalmente al aumento de la demanda de Estados Unidos de maíz amarillo. Para 2007 se estima que las exportaciones de este grano disminuyan 65.2 por ciento, mientras que las importaciones solamente lo harán en 0.2 por ciento anual.
El cultivo del frijol representa la segunda actividad agrícola más importante después del maíz. Las importaciones de este grano se incrementaron 67 por ciento en 2006, mientras que las exportaciones cayeron 45.3 por ciento. Para 2007 se estima que las importaciones de esta leguminosa disminuyan 24.8 por ciento y las exportaciones aumenten 0.3 por ciento.
En el marco del Programa de Desgravación Arancelaria de los principales productos agrícolas en el TLCAN, México y Estados Unidos convinieron la inmediata eliminación de sus aranceles en una amplia lista de productos agrícolas, cuyo comercio responde por casi la mitad de los flujos comerciales agropecuarios mutuos. Asimismo, acordaron la eliminación gradual de las barreras arancelarias restantes, en un plazo de diez a quince años, que está próxima a concluir el 31 de diciembre de 2007.
Dicho Programa incluye maíz, frijol, cebada, jugo de naranja y malta, de los cuales los tres últimos quedaron libre de arancel desde 2003 y quedan por desgravarse en su totalidad el maíz y el frijol, que son productos de consumo básico en la población mexicana. Los principales productos que ingresarán a México sin pagar arancel a partir del primer día de 2008 serán el maíz, frijol, azúcar y leche en polvo.
Si bien no se espera una crisis en el sector agropecuario, si se prevé un crecimiento de las importaciones de algunos bienes básicos. Asimismo, durante los catorce años de vigencia del TLCAN, las asimetrías existentes entre los productores mexicanos y estadunidenses de maíz y otros granos no se han cerrado, por lo que los primeros se encontrarán con mayores desventajas. Los principales efectos se observarán en el ajuste de precios para equilibrar la oferta y demanda en el mercado doméstico, y que se tendrán que ir ajustando a los precios internacionales.
Se prevé que los precios del maíz y otros granos se incrementen en el corto y mediano plazo, por lo que la apertura total del maíz desde 2008 podría tener un impacto similar al que se registró a inicios de 2007, que estuvo acompañado de escasez y en consecuencia el incremento de importaciones para complementar la oferta nacional. También se espera que, por un lado, los incrementos de los precios internacionales de granos permita mayores ganancias a los productores mexicanos y ello permita asegurar su permanencia pero, por otro lado, el consumidor podría verse afectado.
Para el caso del frijol, la Secretaria de Economía considera que no existirá riesgo alguno, ya que los campesinos cuentan con sistemas de riego adecuados, buenos procesos, plantas de beneficio y las variedades que se consumen en el país son diferentes a las que se producen en Estados Unidos, además de que 50 por ciento de la producción es para autoconsumo.
Las rebanadas del pastel
Es en este contexto que los productores mexicanos se “integrarán de tú a tú” con sus pares estadunidense y canadiense, de acuerdo con la ocurrente versión oficial.
El obispo de Saltillo peligra
Jaime Avilés
Lo hostigan por apoyar a víctimas del Ejército
Es urgente rodearlo de la mayor solidaridad
¡Que sea un nuevo año de alegría y de lucha!
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, víctima de robo y amenazado de muerte por su defensa a mineros y sexoservidoras de Coahuila Foto: José Núñez
Un portal de Internet difunde con bombo y platillo que para los lectores de un próspero diario de ultraderecha los personajes del año en nuestro país resultaron ser la golfista Lorena Ochoa y… ¡Felipe Calderón! La nota es de una agencia española, una paraestatal del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que desde el proceso electoral del año pasado, al parejo de los principales diarios ibéricos, se sumó de lleno, igual que el portal, a la campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y de todos los demonios del conservadurismo local.
Sin rubor alguno, la agencia española llamó, por ejemplo, “alzados” a los militantes de la APPO, y hace ocho días, en una nota sobre la matanza de Acteal, con la evidente intención de ningunear a Las Abejas, escribió que “de acuerdo con” (sic) declaraciones de las víctimas, “el presidente Ernesto Zedillo era el comandante supremo de las fuerzas armadas” el 22 de diciembre de 1997, día de los sangrientos hechos.
Ojo: no de acuerdo con la Constitución, que es la que así lo señala desde 1917, sino con las opiniones (irrelevantes y descartables) de un puñado de indios que seguramente no saben de qué hablan, y a quienes nadie debe tomar en serio cuando exigen que Zedillo sea juzgado y castigado por su altísima responsabilidad en ese crimen. Es obvio que instrumentos como ese portal, la agencia, así como el diario más importante de España (que alabó la represión en Oaxaca) y otros, impulsarán muy pronto una andanada propagandística para convencernos de lo mucho que va a convenirnos la venta de Pemex a la petrolera española Repsol.
El domingo pasado, mientras tanto, el multimillonario obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, protagonizó un espectáculo impropio de su investidura, pero digno de su naturaleza, al instalarse en el callejón de la Plaza de toros México como apoderado de un matador tapatío, de nombre Xavier Ocampo y de 28 años de edad. Era como si en otro ámbito hubiera subido al ring de una arena a untarle vaselina en las cejas a un boxeador.
Deseoso de elevar a su pupilo a las cimas de la mundana gloria, el obispo en realidad por poco lo lleva a la tumba. Ocurrió así: antes que saltara a la arena el último de la tarde, Onésimo le dijo al muchacho que se situara en el centro del ruedo y esperara de rodillas al animal para engañarlo con el capote. En ese momento, el prelado exhibió nula caridad cristiana y total falta de colmillo al emitir semejantes recomendaciones, porque los cinco toros previos habían sido pésimos, de manera que no tenía por qué esperar que el sexto fuera distinto.
Y no lo fue. Salió corriendo a todo trapo y pasó por encima de Xavier a punto de arrancarle la cabeza. No obstante, el muchacho se arrodilló de nuevo, ahora junto a las tablas, para volver a tratar de torearlo de hinojos, pero la bestia le hundió un cuerno en la axila derecha, lo aporreó contra la madera, se lo echó al lomo y le clavó el otro pitón en el muslo zurdo, antes de abrirle un boquete más en la frente y dejarlo como santocristo.
Con su inmenso crucifijo metálico sobre el pecho, el obispo lo acompañó a la enfermería, detrás de los monosabios que lo cargaban taponando como podían las tres hemorragias. A esa misma hora, pero en Coahuila, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunciaba que sus oficinas acababan de ser asaltadas por desconocidos que le robaron documentos, y señaló con todas sus letras que los autores de los hechos bien podrían ser miembros del Ejército Mexicano.
Esto, subrayó, en represalia por la resuelta defensa que ha hecho de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos y de un grupo de sexoservidoras de la localidad de Castaños, que en julio del año pasado fueron violadas tumultuariamente, durante largas horas, por un pelotón de soldados borrachos de alcohol y de drogas, que abandonaron las oficinas del IFE, donde “cuidaban” los votos del 2 de julio en la ciudad de Múzquiz, para irse de farra de tan mala y bestial manera.
Algunos de esos soldados fueron juzgados y condenados a varios años de cárcel, merced a una sentencia que monseñor Vera considera insuficiente, y tras la cual ha recibido toda clase de amenazas. A quienes leímos las crónicas del reciente encuentro de varios distinguidos intelectuales con el señor Marcos en la ciudad de San Cristóbal nos llamó la atención que nadie hiciera un llamado a la solidaridad para con el obispo de Saltillo, un hombre que una década atrás se jugó muchas veces la vida protegiendo a las comunidades indígenas de Chiapas.
A lo largo de ese encuentro, el señor Marcos explicó a sus visitantes que el pequeño movimiento que encabeza pretende reunir a toda la izquierda “antisistémica” en una lucha anticapitalista (no contra Felipe Calderón sino contra López Obrador, acoto yo). Sin embargo, omitió informarles que ese objetivo (el de aglutinar a todas las izquierdas), ya lo alcanzó el Frente Nacional Contra la Represión, que encabeza doña Rosario Ibarra de Piedra, y que se está convirtiendo en una coordinadora de todos los movimientos que resisten los embates de la dictadura del PRI, del PAN y de una parte del PRD, es decir, del salinismo.
Un espacio como ese, que responde a la violencia desatada por Calderón contra el descontento general, tendrá una gran importancia en la nueva fase que se inicia con 2008 por la defensa a toda costa del petróleo. Pero basta de cosas tristes por ahora, porque sigue colgada en la red y a la disposición de quien desee disfrutarla, la novela Adiós cara de trapo, que en sus primeras dos semanas de difusión cibernética ha recibido más de 2 mil 600 visitas (consúltela en www.adioscaradetrapo.blogspot.com).
Y ya que de hígados hablamos, Desfiladero se complace en anunciarles que, desde Buenos Aires, la chef Narda Lepes lanza al mundo una exquisita receta para hacer paté y compartirlo con ustedes la noche del 31. Es muy fácil, pero tienen que hacerla entre hoy y mañana a más tardar. Vean…
En un plato de leche remojen 200 gramos de hígado de pollo durante 30 minutos. Echen 100 gramos de tocino picado al fondo de un sartén caliente (sin aceite) para que se funda la grasa. Añadan, partida en trocitos, una pechuga de pollo hasta dorarla. Sáquenla y cubran ahora el sartén con una cebolla mediana, finamente cortada, hasta que cambie de color. Coloquen de nuevo la pechuga y, ahora sí, el hígado, más ramitas de tomillo, hojas de laurel, sal y pimienta.
Vigilen que no se cueza demasiado –el hígado tiene que estar rosa por dentro–, arrojen todo, así calientito, a una licuadora; agreguen mantequilla, crema y vino tinto hasta que todo se convierta en un muy espeso puré. Cubran el molde que escojan con plástico transparente, distribuyan el puré alisándolo por arriba con una pala, tápenlo con plástico también por arriba y déjenlo en el refrigerador por lo menos 24 horas hasta el momento de usarlo. Es mucho más sabroso si al servirlo lo adornan con una franja de mermelada de durazno o de manzana o de la que más les guste. ¡Y que sea un feliz año, pues como quiera que venga será de alegría y de lucha!
Gobierno rico, pueblo endeudado
Editorial
Según el informe de Finanzas y Deuda Pública que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el débito interno del gobierno federal durante el año que termina ascendió a un billón 594 mil 500 millones de pesos (mdp), 47 mil 400 mdp más que el año anterior, en tanto que el externo llegó a 40 mil 800 millones de dólares, lo que, en conjunto, sitúa el endeudamiento total del país en 2007 por encima de los 2 billones de pesos.
El mismo documento señala que al pago de intereses y comisiones vinculados con la deuda pública se destinó 187 mil 143 mdp –es decir, 25 mil 400 mdp menos que en 2006–, mientras el gasto programable –que incluye el pago de nómina del gobierno federal– creció en 167 mil mdp, para quedar en un billón 509 mil 500 mdp, 8.2 por ciento más de lo registrado el año anterior.
La difusión de tales cifras aporta elementos de juicio preocupantes en torno al manejo de las finanzas públicas de la actual administración. En primer lugar, queda de manifiesto que de poco ha servido el proceso de conversión de deuda externa –reconocida como un factor de vulnerabilidad para la economía nacional– en interna: a fin de cuentas, el monto de esta última es absorbido casi en su totalidad por el pago de los sueldos de los servidores públicos. Asimismo, se pone en evidencia que los ahorros obtenidos por la reducción en los pagos de intereses y comisiones de la deuda pública representan una nimiedad en comparación con el incremento anual en el pago de la nómina gubernamental.
Esto último plantea a su vez dos conclusiones: que los ahorros del gobierno son sencillamente inútiles –y seguirán siéndolo en tanto persistan los elevados salarios gubernamentales–, y que la supuesta política de austeridad de la presente administración, que tanto anunció el titular del Ejecutivo federal, que consiste en reducir en 10 por ciento su salario y el de los altos funcionarios, es mera retórica.
Por lo demás, el creciente nivel de la deuda que ha adquirido el gobierno, pero que habrá de ser saldada con recursos de la población, no se ve reflejado en una mejora de los servicios públicos: por el contrario, la sociedad mexicana ha presenciado el dispendio de sus recursos en la puesta en marcha y el mantenimiento de una campaña antinarco con fines mediáticos, supuestamente orientada a mejorar las condiciones de seguridad del país, pero hasta hoy ineficaz, a juzgar por los elevados niveles de violencia que se han mantenido.
Ante este panorama, no resulta alentador que la propia SHCP estime un menor endeudamiento para 2008. Es de suponer que, al igual que este año, esos recursos serán destinados en su mayoría para pagar un gobierno caro e inoperante, y que se volverá a dejar de lado el fomento a los sectores productivos, el impulso de obras de infraestructura que generen empleo, los apoyos al campo y, en conjunto, los proyectos que beneficien realmente al país: una reducción del endeudamiento, innegablemente necesaria, debe comenzar, por tanto, con el reconocimiento de que los salarios de los altos mandos del gobierno federal son injustificables y con una voluntad real para reducirlos.
Para ello, sin embargo, se requiere de un gobierno con una verdadera vocación de austeridad y de un proyecto de país viable, algo que se antoja difícil en el seno de una administración pública como la actual, maniatada y débil de origen ante el conjunto de sus interlocutores, y consagrada al pago de facturas pendientes con sus aliados nacionales y extranjeros, aunque ello contraríe su pretendido compromiso con el conjunto de la sociedad mexicana.
Según el informe de Finanzas y Deuda Pública que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el débito interno del gobierno federal durante el año que termina ascendió a un billón 594 mil 500 millones de pesos (mdp), 47 mil 400 mdp más que el año anterior, en tanto que el externo llegó a 40 mil 800 millones de dólares, lo que, en conjunto, sitúa el endeudamiento total del país en 2007 por encima de los 2 billones de pesos.
El mismo documento señala que al pago de intereses y comisiones vinculados con la deuda pública se destinó 187 mil 143 mdp –es decir, 25 mil 400 mdp menos que en 2006–, mientras el gasto programable –que incluye el pago de nómina del gobierno federal– creció en 167 mil mdp, para quedar en un billón 509 mil 500 mdp, 8.2 por ciento más de lo registrado el año anterior.
La difusión de tales cifras aporta elementos de juicio preocupantes en torno al manejo de las finanzas públicas de la actual administración. En primer lugar, queda de manifiesto que de poco ha servido el proceso de conversión de deuda externa –reconocida como un factor de vulnerabilidad para la economía nacional– en interna: a fin de cuentas, el monto de esta última es absorbido casi en su totalidad por el pago de los sueldos de los servidores públicos. Asimismo, se pone en evidencia que los ahorros obtenidos por la reducción en los pagos de intereses y comisiones de la deuda pública representan una nimiedad en comparación con el incremento anual en el pago de la nómina gubernamental.
Esto último plantea a su vez dos conclusiones: que los ahorros del gobierno son sencillamente inútiles –y seguirán siéndolo en tanto persistan los elevados salarios gubernamentales–, y que la supuesta política de austeridad de la presente administración, que tanto anunció el titular del Ejecutivo federal, que consiste en reducir en 10 por ciento su salario y el de los altos funcionarios, es mera retórica.
Por lo demás, el creciente nivel de la deuda que ha adquirido el gobierno, pero que habrá de ser saldada con recursos de la población, no se ve reflejado en una mejora de los servicios públicos: por el contrario, la sociedad mexicana ha presenciado el dispendio de sus recursos en la puesta en marcha y el mantenimiento de una campaña antinarco con fines mediáticos, supuestamente orientada a mejorar las condiciones de seguridad del país, pero hasta hoy ineficaz, a juzgar por los elevados niveles de violencia que se han mantenido.
Ante este panorama, no resulta alentador que la propia SHCP estime un menor endeudamiento para 2008. Es de suponer que, al igual que este año, esos recursos serán destinados en su mayoría para pagar un gobierno caro e inoperante, y que se volverá a dejar de lado el fomento a los sectores productivos, el impulso de obras de infraestructura que generen empleo, los apoyos al campo y, en conjunto, los proyectos que beneficien realmente al país: una reducción del endeudamiento, innegablemente necesaria, debe comenzar, por tanto, con el reconocimiento de que los salarios de los altos mandos del gobierno federal son injustificables y con una voluntad real para reducirlos.
Para ello, sin embargo, se requiere de un gobierno con una verdadera vocación de austeridad y de un proyecto de país viable, algo que se antoja difícil en el seno de una administración pública como la actual, maniatada y débil de origen ante el conjunto de sus interlocutores, y consagrada al pago de facturas pendientes con sus aliados nacionales y extranjeros, aunque ello contraríe su pretendido compromiso con el conjunto de la sociedad mexicana.
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