jueves, julio 24, 2008

Protestas criminalizadas de 2005 a la fecha

Caso

Estado

Organización que lo reporta

Operativo policiaco en Bochil
La población exige la destitución del alcalde y el 8 de mayo de 2006, 1 mil elementos de la policía, con apoyo de helicópteros, caballería y perros, desalojan a los inconformes. Fueron detenidas 62 personas. Días después son liberadas 22 y las 40 restantes permanecen 90 días en prisión por "atentar contra el orden constitucional y la paz, robo calificado, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena y lesiones"

Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Criminalización de la migración
Detención de cinco migrantes bajo el supuesto delito de pandillerismo y portación de armas

Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Órdenes de aprehensión contra luchadores sociales
Miembros del Frente Democrático Campesino inician una lucha por el agua, pagos racionales de energía eléctrica, precios de garantía para sus productos y derechos ejidales. Las autoridades liberan órdenes de aprehensión contra líderes del movimiento, acusándolos de sabotaje

Chihuahua

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos

Pasta de Conchos
Al plantón de trabajadores y familiares de los mineros sepultados en el accidente de Pasta de Conchos, se enviaron elementos de seguridad pública y privada para que no se "alterara el orden"

Coahuila

Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios

Sindicato La Estrella
Despidos injustificados contra disidentes a la dirigencia sindical

Coahuila

Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios

Construcción de la regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán
Después de participar en una manifestación contra el proyecto, el 5 de junio de 2007, son detenidos Margarita Bataz, Yuridia Trejo, Yanet Padrón, Benjamín López y Rodolfo López por la escolta del gobernador Silverio Cabazos. Los afectados denunciaron haber sido golpeados y torturados

Colima

Comité de Derechos Humanos en Colima

Perforación de pozo de agua
La obra en la colonia Tlacoquemécatl, Benito Juárez, despertó la inconformidad de los vecinos, quienes denuncian hostigamiento y cierre de válvulas

Distrito Federal

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Intervención policial en Texcoco y San Salvador Atenco
Incursión de la policía en San Salvador Atenco y Texcoco: homicidios, tratos crueles, tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, allanamientos, violaciones y abusos sexuales. Además, fabricación de delitos y en violaciones al debido proceso

Estado de México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Detención del observador de derechos humanos Pedro Alvarado Delgado en Atenco
El 4 de mayo de 2006 el integrante del Comité de Derechos Humanos Ajusco fue golpeado, torturado y detenido. Salió libre bajo fianza nueve días después. El 10 de mayo de 2007 se le dictó un tercer auto de formal prisión. Hasta la fecha se le sigue un proceso por "ataque a las vías de comunicación"

Estado de México

Comité de Derechos Humanos Ajusco

Red de agua para Wal Mart
Habitantes afectados de los fraccionamientos Bosques del Valle, Rancho La Palma y Conjunto Bosques en Ecatepec bloquean la vía José López Portillo e impiden el paso a empleados de la presidencia municipal. Un centenar de policías los desalojan con uso de violencia y someten a 10 personas

Estado de México

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Represión a trabajadoras del DIF
Ciento dos trabajadoras deciden crear un sindicato y reclamar un contrato colectivo de trabajo. Cinco son despedidas por manifestarse

Guanajuato

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación Superior. Luego de protestar frente al Auditorio del Estado de Guanajuato por el reconocimiento de un sindicato, maestros son despedidos debido a que "dañaron la imagen del gobierno". Las medidas de represión incluyeron denuncias penales, cancelación del registro sindical, amenazas, desprestigio y "tortuguismo" en la solución a sus demandas

Guanajuato

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León

Caso Batá
Veintiséis comunidades me'phaaconformaron el Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Variante Lingüística Batá, para exigir su derecho a la educación y al desarrollo. Las autoridades giraron órdenes de aprehensión contra los líderes por privación ilegal de la libertad, ataque a las vías de comunicación y motín. En un año Cándido Félix Santiago –dirigente del Consejo– ha sido detenido cuatro veces

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Radio La Palabra del Agua
Tras la toma del palacio municipal de Xochistlahuaca y la instalación de autoridades tradicionales por parte del pueblo amuzgo o nan'cué, en 2004 se interpuso una demanda contra sus asesores. Entre ellos, David Valtierra, coordinador de Radio Ñomndaa o La Palabra del Agua. En agosto de 2007 fue detenido. Las instalaciones de la radio comunitaria son vigiladas por elementos de inteligencia y del Ejército

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Accesos cerrados por autopista
La carretera que conecta al DF y el puerto de Tuxpan cortó una comunidad por la mitad, bloqueando accesos que los campesinos utilizaban para realizar sus labores

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Construcción de un campo de golf en Boques Real del Monte
El complejo turístico implica la desaparición de 120 hectáreas de bosque y áreas comunales. Los campesinos que no vendieron sus terrenos se organizaron en el Colectivo Ollin. Los comuneros son amenazados para que desistan de sus demandas

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Deforestación de un bosque
Taladores con permisos de la Semarnat deforestaron 53 mil hectáreas para construir un complejo habitacional o turístico. Reconocido como dueño de 60 hectáreas, Francisco Gómez fue acusado de despojo y asesinado en 2002. En 2004 Samuel Cruz Hernández, defensor del bosque y que se opuso a las actividades ilícitas de los taladores también fue asesinado. Ambos casos continúan impunes

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Retenes en la carretera por donde se accede a la zona wixárica
El Ejército y la PFP instalaron retenes en diferentes puntos en los que se accede a la zona wixárica. Además se prevé establecer campamentos permanentes en Mezquitic, en Cerro de la Puerta de la comunidad Tuapurie y en Santa Lucia, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas

Jalisco

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos indígenas

Desarrollo habitacional urbano de la Corona de las Ciudades
Debido a la sobreexplotación de recursos hídricos ocasionada por la construcción, pueblos del sur de Morelos cerraron la autopista Siglo XXI. La respuesta fue represión policial, violencia física, difamación contra el movimiento, fabricación de delito y detenciones arbitrarias

Morelos

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Represión a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
El 25 de noviembre de 2006, la APPO realizó una marcha para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, la salida de la PFP y la libertad de presos políticos. Tendió un cerco simbólico de 48 horas a la policía. Durante el enfrentamiento entre manifestantes y policías se utilizaron gases lacrimógenos y tanquetas. Se detuvieron a 139 personas, incluyendo familias completas y niños. Los detenidos fueron trasladados a Nayarit sin que se les avisara a sus familiares. Se les iniciaron causas penales por robo, asociación delictuosa, sedición, daños por incendio, daños en perjuicio del estado, daños en propiedad ajena y resistencia de particulares

Oaxaca


Guelaguetza popular
El 16 de julio de 2007, la APPO se concentró para celebrar la guelaguetza popular. Policías respondieron con piedras, gases lacrimógenos y detenciones, mientras los manifestantes tomaron camiones y bloquearon el paso. Cuarenta personas fueron detenidas por asociación delictuosa, daño por incendio y daño en propiedad ajena. La mayoría presentó lesiones sin recibir una atención adecuada y sin gozar de asistencia legal

Oaxaca

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Permanencia del PRI para seguir gozando de los beneficios económicos del municipio y especialmente los que genera la iglesia
Desde hace 20 años las autoridades municipales de filiación priista mantienen el control de la capilla El Pedimento en Santa Catarina, Juquila, que recibe limosnas hasta por 14 millones pesos, recursos que sirven para financiar campañas electorales. El Movimiento Ciudadano Juquileño lo ha denunciado. Debido a ello fueron asesinados dos de sus militantes y se quemaron locales comerciales de sus simpatizantes

Oaxaca

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Desalojo violento
Maestros que pertenecen a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron desalojados y encañonados en un plantón por reclamar derechos laborales. Nueve fueron detenidos y acusados de posesión de arma de fuego, lesiones, tentativa de homicidio y resistencia

Oaxaca

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Plan de Desarrollo Municipal de Puebla
Busca abastecer de agua a varias colonias de Cuautlacingo de la ciudad, pero ha habido represión por oponerse a la perforación de pozos de agua

Puebla

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla

Minera San Xavier
Los habitantes del Cerro de San Pedro protestaron con una marcha por la mina a tajo abierto que afecta el medio ambiente y el patrimonio histórico. Participantes fueron aprehendidos. Los inconformes también denuncian que se les ha vigilado, amenazado y golpeado

San Luis Potosí

Respuesta Alternativa

Proceso electoral estatal 2007
En el marco de la disputa electoral, se detuvo ilegalmente a cuatro indígenas otomíes

Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Manifestación en contra de la presencia de George Bush en Mérida
Estudiantes y altermundistas fueron detenidos después de que un grupo dañó el palacio municipal y agredió a policías. Se aprehendieron de manera arbitraria a 48 jóvenes, a los que se les incomunicó y torturó. El ayuntamiento de Mérida elevó el monto de los daños, por lo que no pudieron salir en libertad bajo caución. Tras un mes fueron liberados bajo la condición de retirar sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

Yucatán

Indignación

Ciudad Caucel
Para la construcción de esta ciudad satélite se realizó la compra de tierras ejidales de indígenas mayas. El 13 de julio de 2006 fueron detenidos 38 campesinos que participaban en una manifestación frente a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán por 15 unidades antimotines. Aunque salieron bajo fianza, sus averiguaciones previas continúan abiertas

Yucatán

Indignación

Fuente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos
para todas y todos"

Protestas criminalizadas de 2005 a la fecha: 28

Número de entidades involucradas: 16
Protestas criminalizadas relacionadas con el respeto a derechos laborales, educativos, políticos y culturales de 2005 a la fecha: 14
Protestas criminalizadas relacionadas con la defensa y acceso a recursos naturales de 2005 a la fecha: 14
Protestas que sufrieron la aplicación de políticas represivas: 2
Protestas que sufrieron detenciones arbitrarias: 11
Protestas que sufrieron la aplicación de políticas represivas y detenciones arbitrarias: 11

Fuente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos"

Tolerancia social en el límite

Paulina Monroy/ Revista Contrlínea

Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes
Paulina Monroy


La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son "caldo de cultivo" para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: "Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe".
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
"Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social". Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me'phaa batá y la aprehensión del nan'cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña "La protesta es un derecho, la represión, un delito", la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a "todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación".
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: "El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal".
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
"Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos".
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: "La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social".
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
"El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos".
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: "Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados".
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: "La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo". Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. "A eso le apuesta La Otra Campaña".
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el "movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda", dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como "delegado zero" de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: "No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición".
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
"Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación".
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok'on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. "El movimiento será explosivo, pero pacífico".
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el "gobierno legítimo" de López Obrador tendrá como sostén "al pueblo organizado". Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. "Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares". Advierte que el ciudadano está desamparado porque "prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte".

Invitación al cine

CIRCULO DE ESTUDIOS COAPA
INVITA A LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

"EL BIEN COMÚN: EL ASALTO FINAL"

dirigida por Carole Poliquin

y los comentarios de la escritora Silvia Piñó

Cinta que plantea y denuncia la privatización y la comercialización de ciertos bienes y servicios, en diferentes países, que podemos llamar "bien común". Premiada en el Festival Internacional de Cine de Goias Brasil. ****

Jueves 24 de julio a las 19:00 horas

Auditorio José María Morelos y Pavón
Canal de Miramontes # 3755 esq. Cárcano y Prol. División del Norte
Subdelegación de Villa Coapa, Tlalpan
Antes de la Glorieta de Vaqueritos (junto al Registro Civil)

Entrada libre

circulocoapa@gmail.com

"Remataron a los heridos"

Hablan los familiares de los estudiantes mexicanos asesinados en el campamento de Raúl Reyes

Publicado en el número 1046 de Prensa Obrera, órgano informativo del Partido Obrero (Argentina). Entrevista realizada durante la gira de los familiares de nuestros compañeros asesinados en Ecuador por ese paìs.

En el ataque del ejército colombiano al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos que entrevistaban al jefe guerrillero: Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Angeles, Verónica Natalia Velazquez Ramírez y Juan González del Castillo. Una quinta estudiante sobrevivió malherida: Lucía Andrea Morett Alvarez.

Familiares de los jóvenes investigadores asesinados visitaron la Argentina y llegaron hasta la redacción de Prensa Obrera con su denuncia.

Alvaro González Pérez, padre de Juan González del Castillo, explica:

-Lucía, la única sobreviviente, declaró que hubo dos bombardeos contra ese campamento en el que no había armas. Después de las bombas, ella escuchó los quejidos de la gente herida y los gritos de los militares colombianos, que decían: "¡dénles bala!". O sea que han rematado, han asesinado a personas heridas.

Rita del Castillo, su esposa y madre de Juan, añade:

-Después vino la falsificación, que incluyó fotos falsas de los cadáveres de nuestros hijos vestidos de guerrilleros. Eso hicieron con Juan. Es a todas luces una foto falsa, porque vimos otra, tomada en el primer momento, en la que se lo ve con el cráneo destrozado. Además, en ese campamento nadie llevaba uniforme, los atacaron mientras dormían.

Sigue Ana María Ramírez, madre de Verónica Velázquez:

-Otra foto, muy borrosa, pretende mostrar a nuestras hijas en una supuesta celebración del cumpleaños de Reyes, pero cuando Reyes cumplió años ellas aún estaban en México.

-¿Qué efecto tuvieron en México esos asesinatos?

Contesta Alvaro González:

-El gobierno de Felipe Calderón se ha plegado a la campaña de Alvaro Uribe, y aprovecha para atacar a la universidad pública de México justamente cuando intenta privatizar la educación. Así, ha dicho que la Universidad Autónoma es un nido de terroristas. Hubo una buena respuesta en la universidad, incluido el rectorado, con profesores y estudiantes, que han protestado por esas provocaciones del gobierno y han defendido a nuestros hijos, el derecho de tránsito, de investigación y de solidaridad.

Rita, por su parte, indica:

-A las provocaciones del gobierno se añaden las amenazas, en algunos casos veladas y en otros directas, de grupos de extrema derecha, como uno que se hace llamar "El Yunque". Por eso y por los ataques del gobierno, Lucía está ahora en Nicaragua y no puede volver a México.

Alvaro señala con énfasis:

-Queremos que se lleve a juicio a los criminales y que cese ya mismo la campaña de difamación contra nuestros hijos y contra otras personas que ni siquiera estuvieron allá. Son dirigentes estudiantiles y sindicales, a quienes se pretende vincular con la guerrilla colombiana y con la mexicana.

Alejandro Guerrero

¡Luchar, Vencer!
Grupo de Acción Revolucionaria
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net/


Manifestación de solidaridad mundial por la vida





POR QUÉ NO AYUDAR?
Aqui tienes cómo hacerlo!!! Tal y como lo hicieron nuestras compañeras desde Argentina esperemos contar con tu apoyo en la MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD MUNDIAL POR LA VIDA
EN REALIDAD NO ES IMPORTANTE EL DÍA NI LA HORA, LO QUE IMPORTA ES SALVAR A ZIMAPÁN DE ESTE GENOCIDIO Y CON TU PARTICIPACIÓN PODREMOS HACERLO, EN ESTE MOMENTO: TODOS SOMOS ZIMAPAN

Boletín Informativo ISA núm 485

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com


Sumario:

I. Alerta López Obrador sobre las componendas PRI-PAN para aprobar la privatización de PEMEX

II. “El cambio se va a dar en México de abajo hacia arriba; estoy optimista y no es discurso”: López Obrador

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ALERTA LÓPEZ OBRADOR SOBRE LAS COMPONENDAS PRI-PAN PARA APROBAR LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX

Andrés Manuel López Obrador adelantó que convocará a una movilización nacional para evitar que se cometa un atraco a la Nación, si el PRI y el PAN maniobran para querer imponer en el Congreso un proyecto de reforma energética entreguista.

Desde Jalisco, el presidente legítimo de México envió un mensaje a las cúpulas y legisladores priistas y panistas: “que ni intenten un madruguete, porque ya estamos preparados los aproximadamente 200 mil brigadistas —distribuidos en todo el país— porque no vamos a permitir la privatización del petróleo”.

Al iniciar un recorrido de trabajo por 23 municipios de la entidad, López Obrador manifestó que “todo parece indicar que el Revolucionario Institucional va a hacerle el juego sucio a Calderón”. En vísperas de que la fracción parlamentaria del partido tricolor en el Senado presente su proyecto de reforma energética, López Obrador expresó que “todo indica que van a presentar una propuesta empanizada, que el PRI se va a prestar para que se pueda encubrir el propósito de privatización y la entrega del petróleo a extranjeros”.

En entrevista que concedió a su arribo a Guadalajara, la capital del estado, hizo énfasis en que convocará al pueblo de México con la única intención de evitar que se consuma un atraco al pueblo y subrayó que las movilizaciones serán de carácter pacífico, pero con la participación activa de miles de ciudadanos conscientes.

Al informar que la gira de esta semana se realizará de miércoles a sábado, para retornar a la Ciudad de México el próximo domingo y participar en la consulta popular sobre el futuro del petróleo, el presidente legítimo de los mexicanos destacó que en los 21 foros que se realizaron en el Senado de la República sobre la llamada reforma energética quedó de manifiesto el rechazo a cualquier intento de privatización. “En cada sesión, los especialistas, los consultores y los técnicos explicaron con toda precisión que a México no le conviene entregar el petróleo a particulares”, detalló.

Dijo que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo estará atento a los resultados del próximo domingo de la consulta ciudadana sobre el petróleo, que se realizará en el Distrito Federal y nueve entidades de la República. “Si la gente vota en contra de la privatización y si a pesar de todo el PRI y el PAN maniobran para querer imponer una reforma entreguista, pues vamos a movilizarnos a nivel nacional”, reiteró.

En las reuniones informativas que sostuvo con los habitantes de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Ocotlán, López Obrador reiteró la necesidad de mantener la lucha por un cambio real, por un nuevo orden económico, político y social. “Se necesita que haya justicia y que no impere la monstruosa desigualdad porque vivimos en un Estado en donde unos cuantos lo tienen todo, mientras que la mayoría de la gente carece hasta de lo indispensable”, señaló.

Acompañado por dirigentes y legisladores del PRD, PT y Convergencia, aclaró que no hay visos de que cambie el actual régimen antipopular y entreguista, “por el contrario, seguirá la misma política antipopular y entreguista que se impuso desde hace 26 años. Desde que arribaron al poder los gobiernos de corte neoliberal, se han privatizado más de mil empresas públicas, desde los ferrocarriles, las minas, Teléfonos de México, los bancos, las líneas aéreas, los aeropuertos y gran parte de la industria eléctrica”, explicó.

Puso de ejemplo que el propietario de la empresa telefónica se convirtió en el hombre más rico del mundo; sin embargo, los usuarios del servicio pagan las tarifas más altas del mundo. “¿Entonces —se preguntó— en qué ha beneficiado al pueblo la privatización de Teléfonos de México?”.

“Una situación similar ocurrió con el rescate bancario. Las deudas de unos cuantos, estimadas en 80 mil millones de dólares, las estamos pagando todos los mexicanos. Por concepto del pago de servicio se destinan alrededor de 40 mil millones de pesos del presupuesto anual”, añadió.

En el encuentro con los ciudadanos de Zapotlán del Rey, uno de los municipios más pequeños del estado, López Obrador retomó el tema de la reforma energética. Subrayó que los mexicanos no queremos que el sector petrolero pase a manos de particulares y calificó de mentirosos y falsos los argumentos de que no hay recursos suficientes para modernizar la empresa Petróleos Mexicanos.

Al convocar al pueblo de Jalisco a participar en la consulta popular que se realizará en el estado, el próximo 24 de julio, y a rechazar el intento del gobierno espurio de privatizar el sector energético, aseguró que este año se obtendrán alrededor de 20 mil millones de dólares por concepto de excedentes de la venta petrolera.

“Con esa cantidad sería suficiente para construir las tres refinerías que requiere el país, para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional de gasolinas e iniciar la modernización y equipamiento del sector petroquímico”, afirmó.

Calificó de “puro cuento el argumento del gobierno espurio de Felipe Calderón de que los mexicanos tenemos un tesoro escondido a 3 mil metros de profundidad. Hasta el momento no hay estudios que indiquen que hay nuevos yacimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México”, añadió.

“Las reservas del hidrocarburo se encuentran en aguas someras y en tierra de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz”, aclaró. Mencionó que el proyecto de privatización de Calderón responde a intereses particulares, a la ambición de unos cuantos, “encabezados por Felipe Calderón y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, y a sus empresas favoritas, de origen español. Calderón y su grupo han hecho negocios al amparo del poder público y muestra de ello es que la Comisión Federal de Electricidad compra 40 por ciento del fluido eléctrico a empresas españolas, a precios elevadísimos, con lo cual ya quebraron financieramente a la Comisión Federal Electricidad, con el único fin de favorecer a unos cuantos”, destacó.

Para mañana, 24 de julio, el presidente legítimo de México se reunirá con los ciudadanos de Tala, Ameca, San Martín Hidalgo, Cocula, Villa Corona y Acatlán.

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“EL CAMBIO SE VA A DAR EN MÉXICO DE ABAJO HACIA ARRIBA; ESTOY OPTIMISTA Y NO ES DISCURSO”: LÓPEZ OBRADOR

El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador participó en la presentación del libro La ruptura que viene, crónica de una transición catastrófica, de Porfirio Muñoz Ledo. Dicha ocasión sirvió para que el presidente legítimo de México dibujara el panorama de la situación económica, política y social del país. De su intervención, el servicio de noticias ISA reproduce a continuación sus partes sustanciales.

¿Por qué estamos en esta crisis económica, social y política, cuáles son los antecedentes? Todos sabemos que cada vez que el pueblo quiere defender sus derechos, mejorar sus condiciones de vida, de trabajo, se tiene que enfrentar a regímenes autoritarios y antidemocráticos; eso es el movimiento estudiantil del 68, eso es también el fraude electoral de 1988 y a eso obedece también el fraude electoral del 2006.

La crisis actual, además, tiene que ver con el modelo económico que se ha venido imponiendo desde 1982; en esencia, han convertido al gobierno en un comité al servicio de unos cuantos; ni siquiera en términos cuantitativos, ha habido resultados del modelo económico que se ha venido aplicando.

En 25, 26 años, no ha habido crecimiento de la economía en nuestro país, la tasa promedio de crecimiento económico ha sido 2 por ciento anual y si descontamos el aumento en la población, el resultado es crecimiento económico cero.

Esto no se había dado desde la etapa más pronta de la Revolución Mexicana, esto no había pasado en la historia reciente del país; recordemos que de 1934 a 1982 la tasa de crecimiento de México se dio a razón de 6 por ciento anual.

Hasta el 82 había lo que llaman los especialistas, los sociólogos, movilidad social: el hijo del campesino, del obrero, del maestro, del comerciante, podía —con el trabajo, con el estudio— ascender en la escala social; el modelo económico neoliberal canceló esa posibilidad.

Han establecido un sistema que condena a la mayoría de los mexicanos a la pobreza, al desamparo y a la supervivencia, a irla pasando; se ha cancelado el futuro para millones de mexicanos. En nuestro país, sólo pueden progresar unos cuantos; el camino que han dejado a los mexicanos para poder salir adelante es el camino de la migración, el abandonar a sus familias, a sus pueblos, para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera.

Esta es la situación real que se vive; ahora todo esto se ha agravado por el fraude electoral, la gente tenía fincada las esperanzas en que las cosas realmente iban a cambiar en beneficio de las mayorías y sobre todo de la gente humilde, y de la gente pobre. Este cambio era necesario y justo y lo frenaron, lo detuvieron, porque predominó la codicia y el afán de lucro. Ahora estamos padeciendo una crisis en lo político, en lo económico, en lo social.

En lo político, la crisis es evidente; a partir del fraude se reflejó más el hecho de que las instituciones están al servicio de una minoría; no voy a extenderme en el tema, pero creo que lo que estoy afirmando es de dominio público.

La sociedad política está podrida —ésa es otra realidad—, desprendida totalmente de los sentimientos, de las demandas, de las carencias del pueblo, en un divorcio notable entre la llamada clase política y el pueblo de México.

El régimen actual, fruto de un fraude electoral, se sostiene por el aparato y fundamentalmente el control que tienen los potentados de los medios de comunicación, de manera particular el control que ejercen de la televisión. Lo digo en una frase: que “sería del pelele sin la tele”.

Hoy desgraciadamente hay más pobreza, más desempleo, carestía, cosa que por cierto no es noticia en los medios de comunicación, no se dice que la tortilla, el frijol, el arroz, el aceite, en 18 meses ha aumentado en cien por ciento. No se dice que en 18 meses de usurpación, el poder adquisitivo del salario, el poder de compra del pueblo se ha reducido en 30 por ciento. Ahora no sólo hay más pobreza, desempleo, carestía; hay algo que debe de preocuparnos a todos, que es el hecho de que en amplios sectores está predominando el escepticismo y la frustración. Muchos ciudadanos que piensan que no hay salida.

También por este modelo económico —que tiene responsable con nombres y apellidos— se ha llevado al país a una situación de inseguridad y de violencia, como tampoco se veía en muchas décadas; más de 5 mil asesinatos en 18 meses y esto no se va a resolver con el discurso de siempre, propagandístico, sensacionalista, de la mano dura y de leyes más severas y de penas más largas y construyendo más cárceles, eso no va a resolver el problema.

La manera más eficaz, más humana y más barata de garantizar la tranquilidad, la seguridad, la paz social en el país, tiene que ver con la creación de empleos, con mejorar las condiciones de vida, de trabajo. Sería realmente extraño que después de 25 años de estancamiento económico, sin generarse empleos, después de 25 años de corrupción y de inmoralidad, no hubiese inseguridad y violencia.

Acabo de estar en Coahuila, la semana pasada, es realmente muy preocupante y triste lo que sucede en La Laguna; les comparto esta experiencia: la gente de Torreón y de Gómez Palacio, Coahuila y Durango, se están encerrando en sus casas desde las 8 de la noche, porque prevalece, impera el miedo y el temor por la violencia que se ha desatado. Yo recordaba ahora, en esta gira, que una de las cosas que hizo Salinas para vengarse porque los campesinos de La Laguna votaron por el ingeniero Cárdenas, fue precisamente desmantelar con saña toda la actividad productiva de La Laguna; ahí están ahora los resultados.

No es como dicen en los medios o como lo está diciendo el gobierno usurpador, que se trata de pleitos entre las bandas; hay que ver quiénes son los que están engrosando las filas de la delincuencia organizada: jóvenes a los que se les canceló la posibilidad de salir adelante, que se les cerraron las puertas, que no tuvieron posibilidad ni de trabajo, ni de estudio, porque encima de todo han venido aplicando una política educativa que excluye a miles de jóvenes.

Cada año 300 mil jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con presupuesto suficiente y no hay espacio, y no hay cupo.

A todo eso ha llevado esa política injusta, absurda e irresponsable; pero por si fuese poco ahora, como si estuviese muy bien el país, como si hubiesen funcionado sus políticas privatizadora, ahora quieren entregar el petróleo a particulares, y sobre todo a extranjeros.

En el caso de que lo lograrán, que nosotros no fuésemos capaces de impedirlo; aceptando sin conceder, como dicen los abogados, ¿qué es lo que le esperaría al pueblo de México?: más pobreza, más desempleo, más inseguridad, más violencia, la destrucción de nuestro país, ésa es una de las razones de fondo por las que no queremos la privatización del petróleo.

Queremos que nuestros hijos puedan caminar por la calle, con tranquilidad, libres de temores y de miedos; si esta gente ambiciosa, codiciosa, enferma de la ambición al dinero no actúa de manera responsable, nosotros lo vamos a seguir haciendo.

Y también quiero compartir, para concluir, un punto de vista acerca de la transformación que necesita el país; no creo que los cambios que necesita el país, la renovación de las instituciones, se dé a partir de iniciativas de la llamada sociedad política, no creo que el motor principal de este cambio esté en la llamada sociedad política.

Sí considero que van a contribuir a estos cambios las contradicciones que se están dando arriba, pero creo que lo fundamental va a ser el empuje del movimiento ciudadano; el cambio se va a dar en México de abajo hacia arriba y estoy optimista y no es discurso.

Estoy junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres, trabajando todos los días para la transformación del país y para la construcción de una Nueva República y estoy seguro de que vamos a lograr la transformación que necesita México.

Tengo varias razones, tengo elementos que considero importantes: primero es que hay ahora más que nunca un movimiento ciudadano muy consciente y con mucha politización; nunca en la historia de México, en ninguna de las grandes transformaciones que se han presentado, ni en la Independencia, ni en la Reforma, ni en la Revolución, había habido tanta gente como ahora, consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio, eso es lo que motiva mi optimismo.

Lo otro que motiva mi optimismo es que nos asiste la razón, tenemos autoridad moral y también algo que tiene que ver con la historia: en México nunca ha echado raíces la derecha; el conservadurismo sólo ha prevalecido de manera transitoria, el pueblo de México tiene alma colectiva, tiene convicciones libertarias y por eso considero que más temprano que tarde va a triunfar la causa de la justicia, la causa de la libertad, y la causa de la democracia.

Y como decía el presidente Juárez: vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Muchas gracias.

Comunicado de prensa de Zimapán

Compañeros!!!
Queremos comentarles que hemos comenzado a recibir decenas de fotografias de la manifestación de SOLIDARIDAD MUNDIAL POR LA VIDA. Así que esperamos que no te quedes sin enviarnos tus fotografías con tu rótulo de protesta y que así mismo la reenvíes la invitación a todos tus contactos.
Por otro lado los medios oficiales del Gobierno de Estado se han dado a la tarea de decir que el único amparo que hemos ingresado es el de las órdenes de aprensión en contra de compañeros del movimiento. En archivo adjunto se encuentra escaneado parte del documento que lleva el número del amparo, mismo que puede ser corroborado en la página de la Suprema Corte de Justicia y que otorga a nuestro pueblo la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados consistentesla suspensión provisional de la construcción y operación del Confinamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Era de esperarse que las autoridades en el Estado sigan otorgando facilidades a esta firma española aún a costa de pasar por encima de la Ley y a pesar de que la empresa ha aceptado en España que es la responsable de contaminar el Río Tinto (Dirección de esta noticia al pie de la página).
Sabemos que esto no es el fin de la batalla pero si es un paso muy importante de la lucha por la vida, así que El Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán seguirá realizando su resistencia pacífica siempre bajo el marco de derecho y no desistirá hasta lograr demostrar que la voluntad, la verdad y la unidad de un pueblo pueden más que el poder económico y la denostación, así que seguiremos perseverando hasta lograr la Cancelando Definitiva del Basurero Tóxico.

La memoria ardiente de la Operación Cóndor


Barómetro Internacional

Por Bruno Lima Rocha

El viernes 11 de julio, hubo un ataque con molotovs en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul (RS) que aún no se explica. Cerca de las 3 de la tarde llegó un hombre solo en moto, frenó, sacó dos molotovs, los prendió y tiró contra la enorme puerta de madera del Consulado General de Italia para el Río Grande do Sul. La entrada consular estalló en fuego mientras el motociclista huía. La Policía Civil del Estado, que cumple el rol de policía judiciaria, todavía no sabe ni siquiera el motivo posible del ataque. Hay una sospecha posible de ser aceptada, se fundamenta que no fue un ataque de la izquierda, sino de militares residentes en el estado gaúcho y que tienen requisa por extradición por parte de la fiscalía italiana. Esta posible motivación para el micro atentado es real, considerando que hay un preso político de origen italiano en la cárcel de la Policía Federal, con sede en Brasilia.

La posibilidad de que el atentado tenga motivación de izquierda pasa por la solidaridad al escritor Cesare Battisti. Este vivía en Francia hasta que tuvo de fugarse en dirección al Brasil. Ex miembro de la “autonomía obrera”, pertenecía al grupo llamado PAC (Proletarios Armados Comunistas), bastante activo en el norte italiano en la segunda mitad de los ’70. Battisti es blanco de una ofensiva jurídico policial del gobierno fascista-mediático de Berlusconi y sus amigos de la Alianza Nacional. Hay mucha información del caso Basttisti en el sitio, http://cesarelivre.org.

Si tenemos en cuenta que el atentado puede venir de la derecha, pasa por la comprensión de algo que se hizo público a fines de 2007 y todavía quedó sin respuesta del gobierno brasilero. Hay que volver en el tiempo y tratar un poco la coordinación de terrorismo de Estado en el Cono Sur de América.

La Operación Cóndor, coordinación continental entre las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en la década de 70, continúa produciendo hechos políticos y luchas por memoria y justicia. El último a poner leña en la hoguera fue el fiscal italiano Giancarlo Campaldo. Él pidió a la justicia de su país la prisión de 146 latino-americanos, ex-integrantes de la Operación Cóndor y directamente envueltos con el asesinato de personas de ascendencia italiana. De entre los acusados figuran 13 brasileños y casi todos con vínculos con el Río Grande do Sul y con experiencia operacional represiva en las zonas de frontera. La lista completa de los militares y policías procesados por la fiscalía italiana está rellenada de gaúchos.


Los nombres de los ya fallecidos son:
- General João Baptista Figueiredo (ex-presidente de la República, sirvió mucho tiempo en el Río Grande do Sul)
- General Euclydes de Olivo Figueiredo Hijo (hermano del ex-presidente y ex-comandante del 1º Ejército, llamado hoy Comando Militar del Este, con base en Río de Janeiro), sirvió en el Sur
- General Walter Pires de Carvalho y Albuquerque (ex-ministro del Ejército de Figueiredo)
- General Otávio Medeiros (ex-jefe del Servicio Nacional de Informaciones - SNI)
- General Antônio Bandera (ex-comandante del 3º Ejército, actualmente llamado de Mando Militar del Sur – CMS, con base en el Río Grande), operó en el sur de Brasil
- Coronel Luís Macksen de Castro Rodrigues (ex-superintendente de la Policía Federal en RS), gaúcho.
Aún en vida constan:
- Coronel Carlos Alberto Ponzi (ex-jefe de la 2la seçao del Estado-Mayor, gaúcho)
- Agnello de Araújo Brito (ex-superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro)
- Edmundo Adolfo Murgel (ex-secretario de Seguridad Pública – ministerio estadual de interior - estado de Río de Janeiro)
- General Henrique Domingues (ex-miembro del Estado-Mayor del 3º Ejército, actual CMS)
- João Osvaldo Leivas Job (ex-secretario de Seguridad Pública del RS, gaúcho)

Después de mucho tiempo, el tema vuelve a la palestra en nuestro país de escasa memoria. Esa noticia salió en el portal del periódico O Estado de São Paulo (www.estadao.com.br), en nota publicada el día 30 de diciembre último. El reportero Moacir Asunción entrevistó a Jair Krischke, veterano abogado gaúcho y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH). Jair sirvió de fuente no sólo por sus posiciones políticas públicas, sino también por haber proporcionado datos e informaciones el fiscal Giancarlo. Organismos como el MJDH son la pesadilla permanente de los operadores de la represión, tortura, desaparición forzada y muerte, promovida por los regímenes de fuerza de las décadas de ’60, ’70 y ’80.

La otra versión de la nota vino a través del reportero Marcelo Godoy, entrevistando el general de división del arma de caballería (en la reserva) Agnaldo Del Nero Augusto. Ese oficial fue agregado militar en Paraguay en 1979 y 1980; formó parte de la inteligencia del 2º Ejército en São Paulo (hoy Mando Militar del Sudeste) y participó activamente de la Operación Cóndor. Por su relato, Agnaldo tuvo una actuación coordinada con la inteligencia argentina, dando atención especial al flujo de militantes de la Organización Político-Militar Montoneros que usaban Brasil como refugio o pasaje de reingreso a su país.

Entiendo que el caso es relevante y va contra el pacto político brasileño firmado con la Ley de Amnistía Amplia, General e Irrestricta. También se choca con la política del actual gobierno que se dice de respeto a la apertura de los archivos de los Destacamentos de Operaciones de Informaciones, subordinados a los Mandos de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI). Como se sabe, los DOI-CODIs fueron extintos después del fracaso del atentado con bomba durante lo 1º de mayo realizado en el Riocentro. En la historia reciente de las fuerzas armadas y de la dictadura brasileña, ese fue el marco de la derrota de la línea dura de los sótanos contra la política de apertura y distensión capitaneada por Ernesto Geisel y Golbery de Couto y Silva.

Volviendo al caso de las acusaciones por desaparición forzada, tenemos que constatar que difícilmente habrá alguna punición para los 13 brasileños acusados. La Constitución prohíbe la extradición de nacionales y es imprudente generar expectativas de juicios en la Justicia de Brasil. Otra vez, Brasil camina en el sentido inverso de los países vecinos.

Sólo para ejemplificar la afirmación, mientras escribo este artículo tengo en mano el ejemplar de 20 de diciembre de la revista semanal uruguaya Caras y Muecas. Publicada en la tapa está la prisión del general Gregorio Álvarez, presidente de la dictadura en el periodo 1981-1985. El dictador “Goyo” Álvarez hace compañía al también dictador, el estanciero Juan María Bordaberry, presidente electo en la base del fraude en 1971, operador del autogolpe en 1973 y alejado por sus propios generales en 1976. Junto a los dos dictadores constan otros trece mandatarios civiles y militares del régimen de excepción de la Banda Oriental. Dos oficiales de la reserva de la Marina y del Ejército están requeridos y se encuentran prófugos. Uno de ellos, el coronel de infantería Juan Manuel Cordero Piacentini está detenido en el Río Grande del Sur desde marzo de 2007, aguardando el juicio de su pedido de extradición.

Las intenciones de punición en Uruguay están muy presentes. El diario La República, publica una foto de Gregorio Álvarez esposado. No es sólo una foto coloreada, es un afiche suelto adjunto, encartado entre las páginas 40 y 41 de la edición dominical (30 de diciembre) y de tamaño doble estándar. Para quien conoce el posicionamiento y la penetración de la media impresa en un país letrado, da una idea de la importancia de esta imagen.

El justificativo legal para la prisión de Álvarez fue a la interpretación de uno de los artículos del equivalente de la Ley de Amnistía en Uruguay, conocida como Ley de Caducidad. En 1987, una acción parecida casi promovió un golpe de Estado, putsch militar organizado por el teniente-general Hugo Medina y cuyo objetivo era frenar los procesos judiciales y punitivos. La Ley de Caducidad, así como la Ley de Obediencia Debida, promovida en Argentina por Carlos Menem fue fruto de estos miedos y ambas están por caer. Con todas las críticas que puedan ser hechas, y no son pocas, los gobiernos del uruguayo Tabaré Vázquez (Frente Amplío) y del argentino Néstor Kirchner (Justicialista), sufrieron presión popular y política para posicionarse en el tema de la memoria y justicia y dieron alguna respuesta en el terreno jurídico.

Mientras eso, según Jair Kriscke, “en Brasil hasta hoy no molestamos ni el cabo de la guardia que actuó en el periodo”. Entiendo que el gobierno de Lula prefiere pagar pensión para las víctimas de la dictadura brasileña a castigar sus excesos. Infelizmente, en varios aspectos, estamos hace años luz de nuestros vecinos. Somos una potencia económica subdesarrollada en los rubros de conciencia política, memoria colectiva y movilización social. Conforme dije en el artículo de la semana pasada, cuando la memoria se borra, el futuro será el pasado.

Por lo visto, el gobierno nacional del presidente Lula, que fue sindicalista pero declaró públicamente “!yo nunca fui de izquierda!”, no va hacer nada. Internamente, no mueve un dedo para abrir los archivos de la dictadura militar en manos de las Fuerzas Armadas brasileñas. En el plan externo, ni pasa por su cabeza molestar a los militares y abrir el tema de los muertos y desparecidos políticos de Brasil. La sociedad brasileña empieza a moverse por otros canales, abriendo juicios y exigiendo justicia a los culpables de desapariciones en São Paulo. La rueda se mueve lenta, pero mueve.

blimarocha@via-rs.net

La búsqueda de la paz saboteada por la derecha colombiana

Barómetro Internacional

Un nuevo dialogo entre los presidentes Chávez y Uribe

Por Diego Olivera

El reciente diálogo entre el Presidente Hugo Chávez y Álvaro Uribe, solicitado por el mandatario venezolano, es una nueva iniciativa para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, luego de los sucesos de la invasión a territorio ecuatoriano y las acusaciones de las misteriosas computadoras. La búsqueda de un camino a la paz, se puso de manifiesto con el apoyo al cambio humanitario de rehenes, pero sufrió el boicot de la derecha colombiana y el gobierno de Estados Unidos, quienes han apostado a la guerra en varias décadas de conflicto bélico.

Este encuentro entre ambos mandatarios, fue visto por el presidente Chávez, como una nueva etapa, al manifestar que "Tuvimos una conversación franca y cálida donde volteamos completamente la página", a la vez que afirmó “que nuestras naciones están destinadas a estar unidas”. Y agrego “A partir de hoy comienza una nueva etapa en las relaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia”.

Uribe fue lacónico en sus declaraciones

Uribe manifestó que "vamos a ganar tiempo para enfrentar desafíos comunes", a la vez "solicitó a sus voceros "total prudencia", para no afectar las relaciones con su par venezolano Hugo Chávez. Agregando en referencia a lo hablado con el presidente venezolano, que “con esta visita sabrán leer en el mundo que estoy reconociendo que somos amigos, y que estoy reconociendo que tú no apoyas el terrorismo”.

Sin embargo, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, declaro que "Ojala que Chávez cumpla y no siga apoyando a las FARC “, a dos días de la reunión entre los presidentes Chávez y Uribe, quienes están reanudando relaciones después de meses de distanciamiento.

Venezuela busca una salida negociada a un conflicto regional

Cuando la reunión de Grupo de Río realizado en Dominica, en nuestro artículo manifestamos que el presidente Chávez abrió el camino a la paz, logrando que Colombia se comprometiera a no realizar acciones militares fuera de sus fronteras. Muchos criticaron esa postura por considerarla conciliatoria, sin embargo quedo demostrado que evito una guerra regional, que hubiera favorecido a los intereses norteamericanos.

El comienzo de una nueva etapa de relaciones entre los gobiernos de Chávez y Uribe, será un proceso largo de diálogo, de acuerdos sobre temas económicos, de comercio, fronterizos. Con el objetivo de normalizar las relaciones ante la liberación de rehenes, como el conflicto con Ecuador, se deberán dejar de lado muchas acusaciones, para comenzar una nueva etapa.

La derecha de Colombia y EEUU no renunciaran a su doctrina de guerra

La pregunta que nos hacíamos en los acuerdos del Grupo de Río y la OEA, ¿podrá Uribe cumplir estos compromisos?, sigue siendo valida ahora, cuando se compromete a reestablecer las relaciones con Venezuela. Las declaraciones del Ministro de Defensa, dejaron entrever la poca intención de dialogar, manteniendo su perfil de ataque al presidente de Venezuela.

La estrategia del gobierno bolivariano de apostar a la paz y las buenas relaciones diplomáticas, son parte de su concepción latinoamericanista, pero las intenciones de los sectores de derecha de Colombia, no ven con buenos ojos los avances de la revolución bolivariana. Ellos han apostado a la guerra interna, han atacado el territorio ecuatoriano para matar a guerrilleros colombianos, han montado un show con las computadoras.

Para muchos sectores de izquierda la actitud del presidente Chávez, no es comprensible o no la comparten, porque apuestan a una mayor radicalización, a un rompimiento de la relaciones con Colombia. Como no estuvieron de acuerdo con el llamado a la paz en la Reunión del Grupo de Río, como apostando a una guerra regional.

A veces dar un paso atrás no significa abandonar nuestros objetivos, tenemos que tener en cuenta que, no podemos ser ingenuos, porque el gobierno colombiano, sí es la derecha y sí es el principal aliado de EEUU. Lograr acuerdos que permitan una distensión entre Colombia y Venezuela, evitan un conflicto regional de impredecibles consecuencias, concientes del interés del gobierno de Bush de destruir la revolución bolivariana y eliminar al presidente Chávez.

diegojolivera@gmail.com

Lo que no se nos dice sobre la Reforma Energética

Independientemente de ideologías políticas, el asunto de la reforma energética para nuestro país nos afecta a TODOS LOS MEXICANOS. A través de los medios masivos de comunicación (por ejemplo, televisión) se nos insiste en que ceder (por cualquiera de las instancias 'legaloides') los derechos de exploración, perforación, refinación, petroquímica, distribución y transporte (entre otros rubros), a empresas particulares tanto nacionales como extranjeras, será 'bueno' para México. Los argumentos que el Estado mexicano esgrime son, por mucho, simplistas y falaces. Se limitan a decir que 'tenemos un tesoro escondido en nuestras aguas profundas', refiriéndose a que en las profundidades de nuestros mares existen vastos yacimientos de petróleo (que, por cierto, no han sido comprobados). Pero es solamente un ardid publicitario para sensibilizar a la opinión pública con el propósito de abrir PEMEX a la inversión privada. Porque, lo que NO SE NOS DICE es que en tierra firme y en los litorales existen más de 300 yacimientos (plenamente confirmados) en todo el territorio nacional y que no han sido explotados porque el “gobierno” federal (desde hace varias décadas) no ha invertido las grandes ganancias generadas por la industria petrolera en todos esos rubros mencionados anteriormente y que ahora quiere entregar a empresas particulares. Desde que se inició la explotación petrolera en nuestro territorio nacional (primero por empresas extranjeras y después por el Estado mexicano gracias a la Expropiación de 1938) hasta nuestros días, solamente se ha explotado el 30 % de los yacimientos comprobados, por lo que México tiene suficiente petróleo no solamente para nueve años como NOS HA MENTIDO Felipe Calderón, sino para muchas décadas más. Es por ello que empresas extranjeras como Repsol, Exxon Mobil, Texaco y Shell están tan interesadas en apropiarse de los derechos de explotación del petróleo en nuestro país. Si sólo tuviéramos reservas petroleras para nueve años, ninguna empresa importante se arriesgaría en invertir en México. TAMPOCO SE NOS HA DICHO que EEUU ha estado realizando labores de exploración y extracción en las profundidades del Golfo de México desde hace 17 años y que datos oficiales de ese país confirman que el contenido de esos yacimientos comenzó a declinar el año pasado (2007), por lo que está claro que en esos yacimientos submarinos no hay mucho petróleo además de que los “gringos” ya se han apropiado de la mayor parte.

Las voces más alarmistas del “gobierno” mexicano nos han dicho que PEMEX se encuentra al borde de la “quiebra” y que antes de que colapse deben entregarse a particulares las concesiones para la explotación de nuestro petróleo; acompañando a este “argumento” se nos insiste en que ello nos beneficiará reduciendo el costo de los derivados del petróleo (por ejemplo, gasolinas, diesel, petroquímicos y materias primas y de consumo en general), así como que se favorecerá (ahora sí) el desarrollo del país. Pero lo que NO SE NOS HA DICHO es que PEMEX es la empresa más productiva del país y es una de las empresas más rentables del mundo (por lo que su inminente “quiebra” financiera es una vil mentira). En el sexenio de 2000 a 2006, PEMEX tuvo ingresos por $347,000,000,000 U.S (trescientos cuarenta y siete mil millones de dólares). Y nada más en el año 2007, PEMEX generó ganancias por más de $104,000,000,000 U.S. (ciento cuatro mil millones de dólares), según datos oficiales. Lo que TAMPOCO SE NOS DICE es que, a pesar de la gran rentabilidad de nuestra empresa PEMEX, sus problemas financieros no radican en su supuesta crisis que el “gobierno” mexicano se ha inventado para tratar de convencernos a todos los mexicanos de que nuestra empresa debe ser privatizada (aunque dicho “gobierno” sostiene que jamás ha utilizado la palabra “privatización” en su propuesta de reforma energética, es obvio que ese es su objetivo), sino en el brutal cobro de impuestos que se ejerce sobre PEMEX, que paga el 60 % (sesenta por ciento) de sus ganancias a Hacienda; a diferencia de los grandes consorcios industriales y de la banca, que son particulares o extranjeros (por ejemplo, Bimbo, Coca-Cola, Banamex, entre otros muchos) que prácticamente no pagan impuestos debido a los privilegios fiscales concedidos por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y llevados al extremo por Vicente Fox. Hoy en día, ya es parte de la trágica historia de nuestra Nación, que los dueños de esos consorcios fueron los que participaron activamente, y violando todas las leyes de nuestro país, para imponer a un Felipe Calderón manipulable a su antojo, en la presidencia de nuestra República. Es indignante que con el reciente aumento en el precio del barril de petróleo ($90 U.S.), México no se beneficie de ello, como habría de esperarse siendo un país productor del hidrocarburo, sino que se empobrezca aún más; pero no por las razones absurdas y confusas dadas por Felipe Calderón en uno de sus más recientes y estériles discursos; sino porque al generar más ganancias, Hacienda le cobrará a PEMEX muchos más impuestos de los que ya le cobra despiadadamente. Pero esto último NO NOS LO HAN EXPLICADO ni la presidencia ni los medios de comunicación.

Entonces, ¿qué es lo que se hace con las ganancias generadas por PEMEX? Bueno, solamente de las reservas primarias de PEMEX hay alrededor de $457,000,000,000 M.N. (cuatrocientos cincuenta y siete mil millones de pesos mexicanos), pero NO ESTÁ DISPONIBLE para los gastos de la Nación, ni mucho menos para fomentar el desarrollo o para resolver los problemas en materia de salud o bienestar social; ni para generar empleos, ni para invertir en la educación y en la formación de ingenieros y científicos que pudieran desarrollar nuestra propia tecnología petrolera y así no depender de empresas privadas para la explotación de nuestro petróleo; sino que un reducido grupo de personas que “gobiernan” a este país lo tienen colocado en bolsas de valores, en bancos o en “paraísos fiscales”, obteniendo de ello jugosas ganancias con un riesgo constante de perderlo todo en un “mal negocio” o en una “mala jugada” en la bolsa. También se emplea en el pago de spots publicitarios por parte del “gobierno”. Solamente, para comprar tiempo-aire en televisión, PEMEX ha gastado el 70 % de su presupuesto de $218,000,000 M.N. (doscientos dieciocho millones de pesos mexicanos) destinados para publicidad, durante el primer trimestre del presente año (2008), para tratar de colocar en la mente de los mexicanos el “cuento del tesoro escondido en las aguas profundas”. Además se han contratado a “creativos” para que a través de medios que no están dominados por el “gobierno” mexicano (por ejemplo, en Internet por medio de blogs, consultas online, y sitios como You Tube) generen información que trate de anular a los opositores a la reforma energética que, según las encuestas representativas más conservadoras, componen aproximadamente el 70 % de los mexicanos encuestados. Otra cuestión que TAMPOCO SE NOS DICE en los spots televisivos es que más del 40 % de los impuestos que se cobran por la renta petrolera, se destinan NO para gasto social como construcción de escuelas, hospitales o albergues (para ello nos piden a los ciudadanos que aportemos en el “redondeo” o en el “teletón”); NO para la generación de empleos; NO para gastos de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, calles, o drenaje; NO para subsidiar una educación de excelencia ni la investigación científica o social o humanística en las universidades públicas. NADA DE ESO. Se emplea para pagar los elevados sueldos de los servidores públicos; desde el presidente de la República, pasando por los senadores y diputados, por los ex-presidentes de la República, por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (que son los mejor pagados del mundo), por los consejeros del IFE y por los magistrados del Tribunal Federal Electoral cuya función está limitada a las jornadas electorales (cada tres años) pero que, sin embargo, cobran igualmente sus elevados sueldos aún fuera del periodo de las campañas electorales durante todo el sexenio y, para colmo, terminan dictaminando NO conforme a la voluntad del electorado sino a como les es dictado desde la presidencia de la República o desde las corporaciones empresariales dominantes en México; hasta los burócratas de más bajo rango que, en muchas ocasiones no realizan adecuadamente su trabajo generando contratiempos y disgustos entre la ciudadanía que requiere de atenciones en las diversas instituciones del Estado.

La privatización de nuestro petróleo no hará que México se desarrolle. Durante décadas, al menos desde los años 70’s, todos los mexicanos hemos escuchado el mismo discurso: “no hay recursos ni dinero para atender apropiadamente las necesidades del país”, que “México ocupa uno de los últimos lugares en diversas clasificaciones internacionales en cuestión de finanzas, producción, educación, desarrollo, competitividad y otros ámbitos”, que “es menester aumentar los impuestos, inventar otros y aprender de los errores del pasado para fortalecer las finanzas públicas”. Y el punto culminante de todas estas “cantaletas” gubernamentales es: “ahora sí se dará un apoyo prioritario al campo mexicano”. Durante ese lapso se han privatizado empresas y recursos que eran de la Nación (por ejemplo, Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, entre otros), se han aumentado los impuestos y se han inventado otros, han pasado seis sexenios supuestamente aprendiendo cada uno de los errores del pasado y, sin embargo, después de treinta y ocho años, la “cantaleta” sigue siendo la misma pero con matices más graves pues ahora México ya no ocupa uno de los últimos lugares, sino el último lugar en educación básica (primaria y secundaria) o en recaudación fiscal (según la OCDE). Sólo por mencionar el caso más grave, durante el sexenio de 2000 a 2006, México dejó de percibir alrededor de $3,000,000,000,000 M.N. (tres billones de pesos mexicanos) debido a los privilegios fiscales (como no pagar impuestos, entre otros) que Vicente Fox le concedió a los grandes consorcios empresariales privados y extranjeros. De hecho, los análisis realizados por expertos en finanzas y economía, han estimado que de haberse recaudado esa cantidad de dinero, PEMEX se habría convertido, actualmente, en la primera empresa petrolera del mundo, sin haber requerido la inversión privada. Ahora, también, tenemos uno de los índices de desempleo y subempleo más alarmantes de nuestra historia y, para variar, el apoyo al campo sigue siendo la “cereza del pastel” en los discursos presidenciales pero con el pequeño detalle de que la emigración hacia EEUU por parte de esos campesinos engañados permanentemente por su propio “gobierno” es la más grande de los últimos tiempos, con el consecuente abandono de sus tierras, ahora improductivas o, en el peor de los casos, apropiadas impunemente por esas compañías que no pagan impuestos (como Bimbo, Kellogg’s, Nestlé, entre otras). ¿Y la privatización? Pues tampoco ha solucionado nada. No solamente no se ha desarrollado nuestro país con las privatizaciones, sino que se nos ha “atrapado” como consumidores cautivos de los bienes y servicios que ofrecen las empresas privadas sin muchas opciones alternas que sean plausibles para nuestras necesidades y, en ocasiones, a un precio muy elevado. Solamente por citar dos ejemplos, el servicio de telefonía celular, en México, es uno de los más caros del mundo, al igual que los intereses bancarios y recargos por el uso de tarjetas de crédito.

Hay tantas cosas que NO SE NOS HAN DICHO NI EXPLICADO que la realidad resulta abominable, pero estamos a tiempo de detener la debacle hacia la que nuestros “gobernantes” nos quieren llevar. Es importante tomar una decisión definitiva, pero no solamente en impedir que se apruebe la reforma energética de Felipe Calderón y sus empresarios cómplices, sino en EXIGIR la justa distribución de los ingresos generados por PEMEX, pues no se nos olvide que es NUESTRA EMPRESA DE TODOS LOS MEXICANOS y que nadie, mucho menos un presidente impuesto en oposición a la voluntad popular, como lo es Felipe Calderón, tiene el derecho de vender lo que al país entero le pertenece.

Gran parte de lo que aquí se expone fue tomado de artículos escritos por Víctor Ronquillo, Jenaro Villamil, Arturo Cano y Carlos Fernández-Vega; todos ellos destacados investigadores y articulistas.

Atte: Gilberto Casillas Pétriz