Ricardo Monreal Avila
El plazo está fijado. Vence el 9 de diciembre. Son los 100 días que acordaron el gobierno federal y las agrupaciones ciudadanas que organizaron la marcha contra la inseguridad y la impunidad, el pasado domingo 31 de agosto. Para entonces debe haber resultados concretos, medibles, verificables, de los avances en contra de la inseguridad.
Hay un plan: el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hay un programa de 74 puntos, incluye compromisos del poder ejecutivo federal, legislativo, judicial, gobiernos estatales, alcaldes, sector productivo, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Existe también un emplazamiento de la sociedad, que recoge la advertencia de Alejandro Martí, padre de Fernando Martí, el joven asesinado cuyo crimen derramó el frágil vaso de la indignación social: “si no pueden, renuncien”.
Tienen, pues, 100 días para dar resultados y de no ser así, un grito ciudadano recorrerá las calles, plazas y ciudades del país: “!Que se vayan a su casa!”.
Si bien este acuerdo nacional corresponsabiliza al gobierno y a la sociedad en conjunto, quien debe dar el ejemplo y llevar la conducción es el ejecutivo federal. Tiene las facultades, los recursos y los hombres necesarios bajo su mando.
Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene el actual gobierno de cumplir con la parte que le corresponde? Existe un antecedente y no es alentador. Los cien días que Felipe Calderón dio al gabinete de seguridad para que presentaran un programa integral de combate al crimen organizado y mejorar la procuración de justicia. El programa se presentó con bombo y platillo, incluso unos días antes de que venciera el plazo. Hubo un diagnóstico y un programa de acciones menos ambicioso que el actual, y no se cumplió.
Esto es un mal indicador, porque si la actual administración federal no pudo con lo menos, cuando el problema de la inseguridad no estaba tan avanzado, menos podrá con lo más, ahora que el crimen ha adquirido dimensiones de cáncer social y económico.
Esta observación es válida no únicamente para los programas contra la inseguridad de los primeros 100 días del actual gobierno, sino ante todo para los responsables de instrumentarlos. De manera especial, el secretario de Seguridad Pública Federal, el procurador general de la República, el director del CISEN, los secretarios de marina y defensa, y todas aquéllas áreas que integran el llamado “gabinete de seguridad nacional”. Con excepción de la renuncia del secretario del consejo de seguridad pública, Roberto Campa Cifrián, que dejó su cargo sorpresivamente antier por la noche --al parecer por diferencias con sus compañeros de gabinete--, todos los demás siguen instalados en sus cargos y, por lo tanto, en sus despachos decorados con títulos a la ineficiencia y falta de resultados.
En otras palabras, pocas garantías tenemos de que el enfermo recupere el semblante, si es atendido por los mismos doctores y le suministran la misma medicina que no ha detenido su agravamiento acelerado.
Sin embargo, a la manera de un acto de fe, más que de conocimiento; de conciencia, más que de ciencia; otorguemos el beneficio de la duda y esperemos que ahora sí haya un cambio, una mejora en la lucha contra el crimen organizado, tomando ciertas previsiones.
Para evitar sucumbir ante espejismos o simples golpes mediáticos contra la inseguridad, presentados como grandes avances gubernamentales, es indispensable tener una matriz de variables o indicadores objetivos. Aquí proponemos una guía de 10 factores, para ser evaluados puntualmente el próximo 9 de diciembre a las 12 de la noche.
1. Narcoejecuciones: ¿Disminuyeron, se incrementaron o permanecieron igual?
2. Detención de capos: ¿Cuántos capos de la mafia fueron capturados? Por ejemplo, ¿siguen libres o fueron detenidos el “Chapo” Guzmán, el “Mayo” Zambada, “Nacho” Coronel, el “Lazca”, los Amezcua y todos aquellos señalados por las propias autoridades como causantes de la guerra que ahora mantienen entre sí los diferentes carteles de la droga? ¿Qué tipo de delincuentes se captura: jefes o empleados, cabezas de león o colas de ratón, jerarcas o burreros?
3. Decomisos: ¿Se incrementaron, disminuyeron o siguieron igual los decomisos de marihuana, cocaína, metanfetaminas, armas y dinero en efectivo? ¿Qué destino han tenido los decomisos de estos 100 días y los anteriores?
4. Relación costo-beneficio: ¿Hay proporción entre los 15 mil millones de pesos para el combate a la delincuencia que actualmente dispone el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los decomisos alcanzados? ¿Es eficaz la ecuación existente entre 516 mil policías de las diversas corporaciones y las detenciones relacionadas contra el crimen organizado? México dispone de 4.8 policías por cada mil habitantes. Esto es más que la proporción existente en Estados Unidos o Colombia. ¿Tenemos estándares de seguridad iguales o parecidos que estos países?
5. Reforma penal: ¿Sirvió de algo haber modificado la Constitución para crear un cuasi Estado de Excepción con el argumento de combatir el crimen organizado? ¿Cuántos cárteles u organizaciones delictivas fueron desmanteladas y extinguidas con la nueva ley en la mano contra el crimen organizado? ¿Cayeron también algunos de sus padrinos políticos o de sus socios en las grandes corporaciones empresariales?
6. Costo de la droga en México y Estados Unidos: ¿Los golpes al narcotráfico en cien días hicieron subir el precio de la droga en las calles norteamericanas y mexicanas o permanecen inalterados?
7. Narcomenudeo: ¿Cuántas “narcotienditas” o puntos de venta de droga fueron clausuradas en cien días y sus propietarios sometidos a proceso?
8. Atención a las adicciones: ¿Se aplicó con éxito algún programa para frenar el crecimiento de las adicciones entre los jóvenes? ¿Se destinó presupuesto para los centros que atienden este creciente problema?
9. Corresponsabilidad de Estados Unidos: ¿Se solidarizó el gobierno de los Estados Unidos con sus vecinos? ¿Se contuvo el tráfico de armas a los cárteles mexicanos de la droga?
10. Visión extrapolicial: ¿Se trabajó de manera paralela en las causas sociales y económicas que inciden en la delincuencia en el país o el enfoque siguió anclado a una visión exclusivamente policiaca?
Contemos los días y emplacemos a las autoridades: Hay resultados o se van a sus casas.
viernes, septiembre 05, 2008
Dos años de crisis y descomposición
Julio Pimentel Ramírez
Dos años han transcurrido ya desde que Felipe Calderón usurpó el gobierno de la República y a la ilegitimidad que le dio origen ahora se añaden las cuentas negativas que entrega en todos los órdenes de la realidad, desde un preocupante y agobiante crecimiento de la inseguridad; una economía en declive con su saldo de desempleo, pobreza e inequidad; un sistema político que se hunde aún más en el descrédito y, lo más preocupante, una carencia total de un proyecto de Estado que priorice la justicia social, la soberanía nacional y una auténtica democracia.
Los signos de la descomposición del régimen político dominante son innegables, en días pasados se manifestó el descontento de diversos sectores sociales, políticos e ideológicos, incluyendo a grupos empresariales que cuestionan a la administración calderonista por no cumplir su promesa de sacar adelante las llamadas reformas estructurales, entre ellas la privatización de los energéticos, además de fallar en el terreno de la seguridad pública.
En el primer tercio del actual sexenio quedó en claro que el autollamado “presidente del empleo”, quedó en la nada, es una más de las promesas incumplidas del panista michoacano que ha colocado a México como la economía latinoamericana con una de las menores tasas de crecimiento y con un incremento, en este lapso, en el número absoluto de habitantes en pobreza, según estadísticas de organismos internacionales.
Cabe subrayar que las consecuencias de la política económica no pueden desligarse del fracaso en materia de seguridad pública, como pretenden los hombres del poder y los medios de comunicación que les hacen eco. No es con endurecimiento en los castigos ni en la “mano dura” en el combate a la delincuencia (tras las que se oculta la criminalización del movimiento social), aislándolos de los cambios de fondo en materia de producción, consumo y distribución de la riqueza (sin obviar educación, cultura, principios éticos y reivindicación de la política), como se podrá contener, disminuir y eliminar la ola de violencia criminal que nos inunda.
Existe coincidencia en denunciar que la impunidad es el elemento central que posibilita la reproducción y crecimiento exponencial del crimen. Es positivo que se cense, evalúe a fondo a los diversos cuerpos policiacos y sancione cuando sea necesario, la duda surge cuando nos preguntamos ¿quién evalúa a los que cometieron fraude electoral?, ¿quién evalúa y sanciona a los que desde el poder defraudaron a la nación con el FOBAPROA? ¿Quién evalúa y sanciona a los que defraudan a PEMEX, lo llevan a la quiebra para después privatizarla?
Recuperar la confianza en los aparatos policiacos del Estado pasa por recuperar la confianza en la clase política actual, que sumida en la mediocridad, el descrédito y la corrupción lleva a que muchos concluyan que esa tarea requiere de una verdadera renovación de la vida pública, que solamente será posible con la participación consciente, amplia y decidida de la ciudadanía y de aquellos políticos que comprenden la necesidad de poner sobre los intereses individuales los de la sociedad en su conjunto.
En tanto, el sábado marcharon miles de personas, la mayoría de ellas de sectores medios y altos de la sociedad, agraviadas por la violencia delincuencial desatada por el crimen organizado, en cuyas filas militan no pocas autoridades gubernamentales. Entre las consignas que prevalecieron destacaron las de repudio a las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Al día siguiente el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo dio muestras de que sigue con la guardia en alto en prevención de que en el Senado el PAN y el PRI pretendan aprobar la privatización de PEMEX. En el acto central de esta jornada nacional, Andrés Manuel López Obrador denunció nuevos hechos de corrupción en la paraestatal, en los que se encuentran involucrados el ex presidente Vicente Fox y el actual arrendatario de Los Pinos.
Para rematar el primero de septiembre organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores hacia la política económica, laboral y energética del calderonismo. Desde la mañana comenzó la protesta con motivo del segundo Informe de gobierno en diversos sectores y ciudades de la república.
En la Ciudad de México se llevó a cabo la manifestación más concurrida, la cual convocó a electricistas, mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, tranviarios, estudiantes, campesinos, maestros disidentes, organizaciones urbanas y sociales, que llegaron a la plancha capitalina para hacer patente que la insatisfacción social se generaliza y que existe una crisis política y social del régimen usurpador.
Dos años han transcurrido ya desde que Felipe Calderón usurpó el gobierno de la República y a la ilegitimidad que le dio origen ahora se añaden las cuentas negativas que entrega en todos los órdenes de la realidad, desde un preocupante y agobiante crecimiento de la inseguridad; una economía en declive con su saldo de desempleo, pobreza e inequidad; un sistema político que se hunde aún más en el descrédito y, lo más preocupante, una carencia total de un proyecto de Estado que priorice la justicia social, la soberanía nacional y una auténtica democracia.
Los signos de la descomposición del régimen político dominante son innegables, en días pasados se manifestó el descontento de diversos sectores sociales, políticos e ideológicos, incluyendo a grupos empresariales que cuestionan a la administración calderonista por no cumplir su promesa de sacar adelante las llamadas reformas estructurales, entre ellas la privatización de los energéticos, además de fallar en el terreno de la seguridad pública.
En el primer tercio del actual sexenio quedó en claro que el autollamado “presidente del empleo”, quedó en la nada, es una más de las promesas incumplidas del panista michoacano que ha colocado a México como la economía latinoamericana con una de las menores tasas de crecimiento y con un incremento, en este lapso, en el número absoluto de habitantes en pobreza, según estadísticas de organismos internacionales.
Cabe subrayar que las consecuencias de la política económica no pueden desligarse del fracaso en materia de seguridad pública, como pretenden los hombres del poder y los medios de comunicación que les hacen eco. No es con endurecimiento en los castigos ni en la “mano dura” en el combate a la delincuencia (tras las que se oculta la criminalización del movimiento social), aislándolos de los cambios de fondo en materia de producción, consumo y distribución de la riqueza (sin obviar educación, cultura, principios éticos y reivindicación de la política), como se podrá contener, disminuir y eliminar la ola de violencia criminal que nos inunda.
Existe coincidencia en denunciar que la impunidad es el elemento central que posibilita la reproducción y crecimiento exponencial del crimen. Es positivo que se cense, evalúe a fondo a los diversos cuerpos policiacos y sancione cuando sea necesario, la duda surge cuando nos preguntamos ¿quién evalúa a los que cometieron fraude electoral?, ¿quién evalúa y sanciona a los que desde el poder defraudaron a la nación con el FOBAPROA? ¿Quién evalúa y sanciona a los que defraudan a PEMEX, lo llevan a la quiebra para después privatizarla?
Recuperar la confianza en los aparatos policiacos del Estado pasa por recuperar la confianza en la clase política actual, que sumida en la mediocridad, el descrédito y la corrupción lleva a que muchos concluyan que esa tarea requiere de una verdadera renovación de la vida pública, que solamente será posible con la participación consciente, amplia y decidida de la ciudadanía y de aquellos políticos que comprenden la necesidad de poner sobre los intereses individuales los de la sociedad en su conjunto.
En tanto, el sábado marcharon miles de personas, la mayoría de ellas de sectores medios y altos de la sociedad, agraviadas por la violencia delincuencial desatada por el crimen organizado, en cuyas filas militan no pocas autoridades gubernamentales. Entre las consignas que prevalecieron destacaron las de repudio a las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Al día siguiente el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo dio muestras de que sigue con la guardia en alto en prevención de que en el Senado el PAN y el PRI pretendan aprobar la privatización de PEMEX. En el acto central de esta jornada nacional, Andrés Manuel López Obrador denunció nuevos hechos de corrupción en la paraestatal, en los que se encuentran involucrados el ex presidente Vicente Fox y el actual arrendatario de Los Pinos.
Para rematar el primero de septiembre organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores hacia la política económica, laboral y energética del calderonismo. Desde la mañana comenzó la protesta con motivo del segundo Informe de gobierno en diversos sectores y ciudades de la república.
En la Ciudad de México se llevó a cabo la manifestación más concurrida, la cual convocó a electricistas, mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, tranviarios, estudiantes, campesinos, maestros disidentes, organizaciones urbanas y sociales, que llegaron a la plancha capitalina para hacer patente que la insatisfacción social se generaliza y que existe una crisis política y social del régimen usurpador.
Por dinero sacan los Fox el cobre
Por Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Sostiene FCH red de impunidad
Mouriño, eslabón de complicidad
Cecilia Romero, clave ultraderechista
Cubanos involucrados en narcocrímenes
EEG y maestros hunden al país
Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún… A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias, gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón.
“Detrás de cada gran fortuna hay un delito”.
Louis Bourdaloue
Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún llenó de indignación y rabia a los mexicanos, quienes exigieron, incluso en el Congreso de la Unión, castigo para la “pareja presidencial” y su parentela y amigos, que amasaron fortunas fabulosas al amparo de la sombra de Los Pinos. A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias que comprueban el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, tanto “martita” como “chente”, sus hijastros y cómplices gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón Hinojosa y los integrantes de su gobierno, muchos de los cuales son parte de la red de complicidades que persiste en esta administración.
La razón de que no se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa a los Fox-Sahagún-Bribiesca, estriba en el hecho de que si Calderón se atreviera a fincarles responsabilidades a su antecesor, esposa e hijastros y demás delincuentes que los acompañan, para lo cual las evidencias con las que se cuentan y que fueron reunidas en el Congreso de la Unión son más que suficientes, el grupo político del guanajuatense podría presentar las pruebas de las operaciones irregulares que en los pasados comicios presidenciales le permitieron al michoacano llegar a la residencia oficial de Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”, lo que pondría en una muy incómoda posición a Calderón y evidenciaría, de una vez por todas, la ilegitimidad de su mandato y la estabilidad de su administración.
El tema de la riqueza de los Fox ha estado tapándose cada vez más con los errores y las pifias de la administración de Felipe Calderón, que se ha empeñado en ocultar los eslabones de la red de complicidad que lo unen con el anterior gobierno. Sin embargo, el tema sigue vivo y debe retomarse. Este jueves el asunto de la “explicable” riqueza de la familia del ex presidente fue puesto nuevamente a la luz pública al conocerse el pleito que sostienen el hermano del ex presidente, Cristóbal Fox Quesada, y su primo Vicente Quesada Fox, quien le exige al primero el reembolso de un pagaré por 845 mil 506 dólares, dinero que sirvió para evitar que la empresa Xtra Congelados quebrara en 2000 –propiedad de los hermanos Cristóbal y Vicente-, precisamente cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos de la mano de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Para que este asunto no pase a mayores, el ex presidente busca un acercamiento y conciliar entre su hermano y su primo a fin de evitar que la solución sea determinada en tribunales, ya que la demanda de Vicente Quesada fue presentada el 12 de noviembre en el Juzgado 38 de lo Civil en el Distrito Federal. El caso ya pasó de requerimiento a petición de embargo y ahora está en emplazamiento.
La insultante riqueza de los Fox, estimada en miles de millones de pesos, también salió a colación el pasado mes de julio, cuando el penalista y ex subprocurador general de la República, Marcos Castillejos, fue asesinado frente a su despacho en la colonia Condesa de la ciudad de México. El caso cobró relevancia porque el hijo del subprocurador, de nombre también Marcos Castillejos, fue uno de los más cercanos colaboradores del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Además, el despacho de los Castillejos llevó la defensa legal de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, quienes aprovecharon la sombra de Los Pinos para promover que las empresas Oceanografía y Blue Marine Technology Group obtuvieran contratos con el gobierno federal que les redituaron ingresos por alrededor de 24 mil millones de pesos entre 2002 y 2006.
Un mes después, en agosto, la Comisión Especial de diputados que investigó la legalidad de los negocios de los hermanos Bribiesca concluyó que las empresas Construcciones Prácticas y Fénix Administración de Activos, S de RL de CV, obtuvieron ilegalmente contratos y millonarias ganancias por subastas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), amparados en el poder que había acumulado su madre, Marta Sahagún, en la Presidencia de la República, lo que configuró el delito de tráfico de influencias durante el proceso.
Los primeros resultados de las investigaciones en torno al enriquecimiento de Los Fox las presentó, precisamente hace un año, Jesús González Schmal, quien encabezó la primera comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuando presentó las pruebas de que prestanombres de los hermanos Bribiesca-Sahagún compraron un paquete de activos de unas fábricas de textiles en Puebla que eran propiedad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que les reportaron, junto con otras transacciones similares, beneficios económicos por alrededor de 6 mil millones de pesos.
Desde esa fecha, los diputados federales tenían elementos suficientes para demostrar los delitos cometidos por el guanajuatense y su parentela. Había copias de cheques, cotizaciones de propiedades, documentos legales y testimonios de personas. Sin embargo, toda una red de protección e impunidad fue tejida desde las más altas esferas del poder presidencial, en la que participaron Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ex secretarios de la Función Pública; Rosendo Villarreal, ex contralor de esa dependencia y director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; Mario Beauregard, ex secretario ejecutivo del IPAB, y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, titular de la notaria 58 en donde incluso se protocolizaron prestamos a los Bribiesca.
La red de protección legal para los Fox quedó consolidada desde el 29 de noviembre de 2006, un día antes de terminar la presidencia de Vicente Fox, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) “autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal “en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca”, quienes tenían una denuncia por presunto tráfico de influencias, fraude y delitos cometidos por servidores públicos interpuesta el 6 de abril de 2006 por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas. Esa querella se basa fundamentalmente en la compra de cartera del IPAB, garantizada con un cheque personal de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por un millón 300 mil pesos, aún cuando la adjudicación se hizo a Construcciones Prácticas. Los hijos de Marta Sahagún pagaron en total 8.2 millones de pesos por activos que, en 1994, tenían un valor en libros de mil 250 millones de pesos.
En los meses subsecuentes, la PGR se negó a entregar información a la Cámara de Diputados acerca de todas las denuncias penales existentes contra las familias Fox Quesada y Bribiesca Sahagún. En otras dependencias federales se resintió la misma situación, los funcionarios se negaron a aportar información a las comisiones especiales de la Cámara Baja lo mismo en el Servicio de Administración Tributaria, el IPAB, el Infonavit, Pemex y la Dirección General de Aduanas, entre otros. El eslabón más fuerte de esta red de complicidad se encuentra precisamente en el palacio de Covián, en la secretaría de Gobernación, cuyo titular es Juan Camilo Mouriño, el número dos del gobierno federal.
Juan Camilo, delincuente confeso de la obtención de contratos en Pemex al amparo de sus responsabilidades públicas, tanto en la Secretaría de Energía como en la Cámara de Diputados, construyó en el sexenio pasado una gran relación con los Bribiesca-Sahagún, a quienes les facilitó la entrada en el negocio del transporte y renta de buques para transportar hidrocarburos. Diputados federales confirmaron que hay coincidencias en firmas de contratos de las empresas en las que tienen algún tipo de intervención tanto el actual secretario de Gobernación como los hijos de Marta Sahagún y hasta Javier Fox, hermano del ex presidente, precisamente cuando Juan Bueno Torio, senador del PAN, era director de Pemex Refinación, en el periodo 2003 a 2006.
Así, el saqueo de los Fox-Sahagún-Bribiesca y delincuentes que los acompañan seguirá impune mientras la red de complicidades con el gobierno federal no sea rota. Mientras tanto, los mexicanos seguiremos aguantándonos la ostentación de su riqueza evidenciada en sus lujosas propiedades, residencias y ranchos, sus impresionantes automóviles de lujo, sus aviones, sus joyas, sus playas privadas, sus empresas, sus centros y fundaciones, etcétera, adquiridas con acciones totalmente al margen de la ley, contemplados en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades, entre otros ordenamientos.
Ineptitud y complicidad del INM
La Secretaría de Seguridad Pública informó este jueves que la Policía Federal detuvo en Cancún, Quintana Roo, a dos ciudadanos cubanos, Ricardo Coto Vázquez, de 39 años, y Yemiset Santan Lam, de 30. El hecho no tendría mayor relevancia sino fuera porque a estos extranjeros les encontraron en su poder un rifle AK-47, una pistola marca Glock, una granada de fragmentación, identificaciones mexicanas y cubanas y hasta una credencial de policía.
La detención de esos dos cubanos evidencia una vez más que en el Instituto Nacional de Migración, cuya titular es Cecilia Romero, no les preocupa en lo más mínimo conocer la posición de los extranjeros en el país, ni saber a qué actividades se dedican que les permite contar con fuertes cantidades de dinero, y mucho menos contribuir a investigar las denuncias en el sentido de que pertenecen, al igual que otros muchos extranjeros, a cultos narco-satánicos, que no están precisamente ligados a la santería o a la adoración de la Santa Muerte, sino a grupos como los conformados por los llamados “narco satánicos”, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Villarreal Aldrete, que en la década de los 80’s. se establecieron en Matamoros, Tamaulipas.
Grave en verdad es el enraizamiento en nuestro país de estos peligros grupos de fanáticos que además de dedicarse a actividades ilegales como el narcotráfico, el secuestro, el robo y la venta de protección a empresarios y comerciantes, centran sus actividades en cultos de “magia negra” que los llevan a cometer crímenes indescriptibles como los descubiertos en 1989 en el rancho Santa Elena, en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en donde fueron descuartizadas doce personas a quienes se les extirparon el corazón y el cerebro en extraños rituales; la cifra de doce coincide con los decapitados en Yucatán hace apenas unos días y que se presume también fueron ultimados no sólo por castigos impuestos de la mafia sino por celebraciones de esta naturaleza.
Ante estos hechos la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales y en Instituto Nacional de Migración han revelado una gran incapacidad. En el caso del INM, la titular Cecilia Romero Castillo, recurre a las justificaciones en torno a la falta de personal, bajos presupuestos –a pesar de las ampliaciones presupuestales que ha tenido año con año-, crecimiento del flujo migratorio y la corrupción de agentes migratorios involucrados en las redes de tráfico de personas para tapar su ineficiencia.
El caso de los dos cubanos detenidos en Quintana Roo lleva de inmediato a recordar el penoso rescate de 33 cubanos ilegales que fueron asegurados por la Armada de México en Cancún, el 11 de junio, y liberados por un grupo armado en el trayecto de ese centro turístico a la base migratoria de Tapachula, Chiapas, y que, finalmente, librando todos los controles de las autoridades mexicanas, fue confirmada su localización, sanos y salvos, en territorio estadounidense en donde se acogieron a las bondades de la legislación de ese país para cubanos con “pies secos”.
Ese hecho derivó en el arraigo de nueve funcionarios del INM, quienes fueron acusados por la PGR de tráfico de personas y de violación de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, y a quienes doña Cecilia Romero sigue defendiendo. La razón de eso es simple: Cecilia Romero es una digna representante de la ultraderecha mexicana, cuya actuación y abierta complicidad es totalmente evidente al frente del Instituto Nacional de Migración con los grupos anticastristas norteamericanos que patrocina el propio gobi.erno de los Estados Unidos, tal y como se lo hemos referido ampliamente en colaboraciones anteriores.
La Romero, en su afán por quedar bien, tanto con los grupos de derecha en nuestro país como los reaccionarios en Estados Unidos, y en un vano intento de verse involucrada del todo, ha permitido la entrada en México de la escoria cubana. Y aquí están los resultados.
De los pasillos
La indignación entre los padres de familia crece ante la posición adoptada por los maestros. Los alumnos siguen hundidos en la ignorancia. No hay clases. Y por si fuera poco llenan plazas y avenidas con marchas. Se dice que todo corresponde a una artimaña de la propia Elba Esther Gordillo, quien aparenta gran preocupación por todo este movimiento en contra de su proyecto Alianza por la Educación. Tal fuego encendido en varias entidades provocará que la maestra haga negociaciones con los gobernadores y que, apagando la lumbre por ella encendida, haga sentir que su poder no tiene límites.
En las entidades afectadas nada se dice en contra de los mentores y menos aún parecen las autoridades y los propios gobernadores estar dispuestos a descontarles un solo día de salario por temores falsamente fundados En ningún momento debería olvidarse que la Secretaría de Educación Pública Federal y las estatales son los patrones, ya que hoy parece que el patrón es el sindicato y a los gobernantes no les queda sino apechugar.
Aunque, a decir verdad, los patrones de ese sindicato cuyos trabajadores luchan con o sin razón por hacer efectivas sus demandas, son los padres de familia, el resto de ciudadanos que con nuestros impuestos liquidamos quincena tras quincena a quienes no están cumpliendo con su tarea. Con Elba Esther o sin Elba Esther también en el renglón educativo hay que poner un ¡ya basta! y no sólo porque estamos reprobados en calificaciones internacionales, sino porque hacia adentro la preparación en escuelas públicas de los infantes es vergonzosa.
Ya basta de lidercillos que acatan ordenes aún a sabiendas de que detrás sólo hay una comparsa porque, claro está, Calderón ni en ésta ni en otras, mientras este en el poder, abandonará a la Gordillo.
Andrés Manuel López se desmarca: “nosotros no queremos el derrocamiento de Calderón... Nosotros no estamos apostando a eso… Calderón se cae solo, se acaba de caer de una bicicleta… Que no nos metan a nosotros en sus argüendes”. El tabasqueño hizo esas declaraciones a su llegada al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, en donde atajó que las versiones en ese sentido “se deben a una estrategia de Los Pinos porque ellos quieren manipular las cosas”… Con el permiso de ustedes nos retiramos unos días para descansar, por lo que estas líneas reaparecerán el próximo 23 de septiembre. Muchas gracias.
Estado de los ESTADOS
Sostiene FCH red de impunidad
Mouriño, eslabón de complicidad
Cecilia Romero, clave ultraderechista
Cubanos involucrados en narcocrímenes
EEG y maestros hunden al país
Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún… A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias, gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón.
“Detrás de cada gran fortuna hay un delito”.
Louis Bourdaloue
Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún llenó de indignación y rabia a los mexicanos, quienes exigieron, incluso en el Congreso de la Unión, castigo para la “pareja presidencial” y su parentela y amigos, que amasaron fortunas fabulosas al amparo de la sombra de Los Pinos. A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias que comprueban el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, tanto “martita” como “chente”, sus hijastros y cómplices gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón Hinojosa y los integrantes de su gobierno, muchos de los cuales son parte de la red de complicidades que persiste en esta administración.
La razón de que no se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa a los Fox-Sahagún-Bribiesca, estriba en el hecho de que si Calderón se atreviera a fincarles responsabilidades a su antecesor, esposa e hijastros y demás delincuentes que los acompañan, para lo cual las evidencias con las que se cuentan y que fueron reunidas en el Congreso de la Unión son más que suficientes, el grupo político del guanajuatense podría presentar las pruebas de las operaciones irregulares que en los pasados comicios presidenciales le permitieron al michoacano llegar a la residencia oficial de Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”, lo que pondría en una muy incómoda posición a Calderón y evidenciaría, de una vez por todas, la ilegitimidad de su mandato y la estabilidad de su administración.
El tema de la riqueza de los Fox ha estado tapándose cada vez más con los errores y las pifias de la administración de Felipe Calderón, que se ha empeñado en ocultar los eslabones de la red de complicidad que lo unen con el anterior gobierno. Sin embargo, el tema sigue vivo y debe retomarse. Este jueves el asunto de la “explicable” riqueza de la familia del ex presidente fue puesto nuevamente a la luz pública al conocerse el pleito que sostienen el hermano del ex presidente, Cristóbal Fox Quesada, y su primo Vicente Quesada Fox, quien le exige al primero el reembolso de un pagaré por 845 mil 506 dólares, dinero que sirvió para evitar que la empresa Xtra Congelados quebrara en 2000 –propiedad de los hermanos Cristóbal y Vicente-, precisamente cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos de la mano de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Para que este asunto no pase a mayores, el ex presidente busca un acercamiento y conciliar entre su hermano y su primo a fin de evitar que la solución sea determinada en tribunales, ya que la demanda de Vicente Quesada fue presentada el 12 de noviembre en el Juzgado 38 de lo Civil en el Distrito Federal. El caso ya pasó de requerimiento a petición de embargo y ahora está en emplazamiento.
La insultante riqueza de los Fox, estimada en miles de millones de pesos, también salió a colación el pasado mes de julio, cuando el penalista y ex subprocurador general de la República, Marcos Castillejos, fue asesinado frente a su despacho en la colonia Condesa de la ciudad de México. El caso cobró relevancia porque el hijo del subprocurador, de nombre también Marcos Castillejos, fue uno de los más cercanos colaboradores del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Además, el despacho de los Castillejos llevó la defensa legal de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, quienes aprovecharon la sombra de Los Pinos para promover que las empresas Oceanografía y Blue Marine Technology Group obtuvieran contratos con el gobierno federal que les redituaron ingresos por alrededor de 24 mil millones de pesos entre 2002 y 2006.
Un mes después, en agosto, la Comisión Especial de diputados que investigó la legalidad de los negocios de los hermanos Bribiesca concluyó que las empresas Construcciones Prácticas y Fénix Administración de Activos, S de RL de CV, obtuvieron ilegalmente contratos y millonarias ganancias por subastas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), amparados en el poder que había acumulado su madre, Marta Sahagún, en la Presidencia de la República, lo que configuró el delito de tráfico de influencias durante el proceso.
Los primeros resultados de las investigaciones en torno al enriquecimiento de Los Fox las presentó, precisamente hace un año, Jesús González Schmal, quien encabezó la primera comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuando presentó las pruebas de que prestanombres de los hermanos Bribiesca-Sahagún compraron un paquete de activos de unas fábricas de textiles en Puebla que eran propiedad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que les reportaron, junto con otras transacciones similares, beneficios económicos por alrededor de 6 mil millones de pesos.
Desde esa fecha, los diputados federales tenían elementos suficientes para demostrar los delitos cometidos por el guanajuatense y su parentela. Había copias de cheques, cotizaciones de propiedades, documentos legales y testimonios de personas. Sin embargo, toda una red de protección e impunidad fue tejida desde las más altas esferas del poder presidencial, en la que participaron Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ex secretarios de la Función Pública; Rosendo Villarreal, ex contralor de esa dependencia y director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; Mario Beauregard, ex secretario ejecutivo del IPAB, y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, titular de la notaria 58 en donde incluso se protocolizaron prestamos a los Bribiesca.
La red de protección legal para los Fox quedó consolidada desde el 29 de noviembre de 2006, un día antes de terminar la presidencia de Vicente Fox, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) “autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal “en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca”, quienes tenían una denuncia por presunto tráfico de influencias, fraude y delitos cometidos por servidores públicos interpuesta el 6 de abril de 2006 por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas. Esa querella se basa fundamentalmente en la compra de cartera del IPAB, garantizada con un cheque personal de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por un millón 300 mil pesos, aún cuando la adjudicación se hizo a Construcciones Prácticas. Los hijos de Marta Sahagún pagaron en total 8.2 millones de pesos por activos que, en 1994, tenían un valor en libros de mil 250 millones de pesos.
En los meses subsecuentes, la PGR se negó a entregar información a la Cámara de Diputados acerca de todas las denuncias penales existentes contra las familias Fox Quesada y Bribiesca Sahagún. En otras dependencias federales se resintió la misma situación, los funcionarios se negaron a aportar información a las comisiones especiales de la Cámara Baja lo mismo en el Servicio de Administración Tributaria, el IPAB, el Infonavit, Pemex y la Dirección General de Aduanas, entre otros. El eslabón más fuerte de esta red de complicidad se encuentra precisamente en el palacio de Covián, en la secretaría de Gobernación, cuyo titular es Juan Camilo Mouriño, el número dos del gobierno federal.
Juan Camilo, delincuente confeso de la obtención de contratos en Pemex al amparo de sus responsabilidades públicas, tanto en la Secretaría de Energía como en la Cámara de Diputados, construyó en el sexenio pasado una gran relación con los Bribiesca-Sahagún, a quienes les facilitó la entrada en el negocio del transporte y renta de buques para transportar hidrocarburos. Diputados federales confirmaron que hay coincidencias en firmas de contratos de las empresas en las que tienen algún tipo de intervención tanto el actual secretario de Gobernación como los hijos de Marta Sahagún y hasta Javier Fox, hermano del ex presidente, precisamente cuando Juan Bueno Torio, senador del PAN, era director de Pemex Refinación, en el periodo 2003 a 2006.
Así, el saqueo de los Fox-Sahagún-Bribiesca y delincuentes que los acompañan seguirá impune mientras la red de complicidades con el gobierno federal no sea rota. Mientras tanto, los mexicanos seguiremos aguantándonos la ostentación de su riqueza evidenciada en sus lujosas propiedades, residencias y ranchos, sus impresionantes automóviles de lujo, sus aviones, sus joyas, sus playas privadas, sus empresas, sus centros y fundaciones, etcétera, adquiridas con acciones totalmente al margen de la ley, contemplados en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades, entre otros ordenamientos.
Ineptitud y complicidad del INM
La Secretaría de Seguridad Pública informó este jueves que la Policía Federal detuvo en Cancún, Quintana Roo, a dos ciudadanos cubanos, Ricardo Coto Vázquez, de 39 años, y Yemiset Santan Lam, de 30. El hecho no tendría mayor relevancia sino fuera porque a estos extranjeros les encontraron en su poder un rifle AK-47, una pistola marca Glock, una granada de fragmentación, identificaciones mexicanas y cubanas y hasta una credencial de policía.
La detención de esos dos cubanos evidencia una vez más que en el Instituto Nacional de Migración, cuya titular es Cecilia Romero, no les preocupa en lo más mínimo conocer la posición de los extranjeros en el país, ni saber a qué actividades se dedican que les permite contar con fuertes cantidades de dinero, y mucho menos contribuir a investigar las denuncias en el sentido de que pertenecen, al igual que otros muchos extranjeros, a cultos narco-satánicos, que no están precisamente ligados a la santería o a la adoración de la Santa Muerte, sino a grupos como los conformados por los llamados “narco satánicos”, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Villarreal Aldrete, que en la década de los 80’s. se establecieron en Matamoros, Tamaulipas.
Grave en verdad es el enraizamiento en nuestro país de estos peligros grupos de fanáticos que además de dedicarse a actividades ilegales como el narcotráfico, el secuestro, el robo y la venta de protección a empresarios y comerciantes, centran sus actividades en cultos de “magia negra” que los llevan a cometer crímenes indescriptibles como los descubiertos en 1989 en el rancho Santa Elena, en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en donde fueron descuartizadas doce personas a quienes se les extirparon el corazón y el cerebro en extraños rituales; la cifra de doce coincide con los decapitados en Yucatán hace apenas unos días y que se presume también fueron ultimados no sólo por castigos impuestos de la mafia sino por celebraciones de esta naturaleza.
Ante estos hechos la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales y en Instituto Nacional de Migración han revelado una gran incapacidad. En el caso del INM, la titular Cecilia Romero Castillo, recurre a las justificaciones en torno a la falta de personal, bajos presupuestos –a pesar de las ampliaciones presupuestales que ha tenido año con año-, crecimiento del flujo migratorio y la corrupción de agentes migratorios involucrados en las redes de tráfico de personas para tapar su ineficiencia.
El caso de los dos cubanos detenidos en Quintana Roo lleva de inmediato a recordar el penoso rescate de 33 cubanos ilegales que fueron asegurados por la Armada de México en Cancún, el 11 de junio, y liberados por un grupo armado en el trayecto de ese centro turístico a la base migratoria de Tapachula, Chiapas, y que, finalmente, librando todos los controles de las autoridades mexicanas, fue confirmada su localización, sanos y salvos, en territorio estadounidense en donde se acogieron a las bondades de la legislación de ese país para cubanos con “pies secos”.
Ese hecho derivó en el arraigo de nueve funcionarios del INM, quienes fueron acusados por la PGR de tráfico de personas y de violación de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, y a quienes doña Cecilia Romero sigue defendiendo. La razón de eso es simple: Cecilia Romero es una digna representante de la ultraderecha mexicana, cuya actuación y abierta complicidad es totalmente evidente al frente del Instituto Nacional de Migración con los grupos anticastristas norteamericanos que patrocina el propio gobi.erno de los Estados Unidos, tal y como se lo hemos referido ampliamente en colaboraciones anteriores.
La Romero, en su afán por quedar bien, tanto con los grupos de derecha en nuestro país como los reaccionarios en Estados Unidos, y en un vano intento de verse involucrada del todo, ha permitido la entrada en México de la escoria cubana. Y aquí están los resultados.
De los pasillos
La indignación entre los padres de familia crece ante la posición adoptada por los maestros. Los alumnos siguen hundidos en la ignorancia. No hay clases. Y por si fuera poco llenan plazas y avenidas con marchas. Se dice que todo corresponde a una artimaña de la propia Elba Esther Gordillo, quien aparenta gran preocupación por todo este movimiento en contra de su proyecto Alianza por la Educación. Tal fuego encendido en varias entidades provocará que la maestra haga negociaciones con los gobernadores y que, apagando la lumbre por ella encendida, haga sentir que su poder no tiene límites.
En las entidades afectadas nada se dice en contra de los mentores y menos aún parecen las autoridades y los propios gobernadores estar dispuestos a descontarles un solo día de salario por temores falsamente fundados En ningún momento debería olvidarse que la Secretaría de Educación Pública Federal y las estatales son los patrones, ya que hoy parece que el patrón es el sindicato y a los gobernantes no les queda sino apechugar.
Aunque, a decir verdad, los patrones de ese sindicato cuyos trabajadores luchan con o sin razón por hacer efectivas sus demandas, son los padres de familia, el resto de ciudadanos que con nuestros impuestos liquidamos quincena tras quincena a quienes no están cumpliendo con su tarea. Con Elba Esther o sin Elba Esther también en el renglón educativo hay que poner un ¡ya basta! y no sólo porque estamos reprobados en calificaciones internacionales, sino porque hacia adentro la preparación en escuelas públicas de los infantes es vergonzosa.
Ya basta de lidercillos que acatan ordenes aún a sabiendas de que detrás sólo hay una comparsa porque, claro está, Calderón ni en ésta ni en otras, mientras este en el poder, abandonará a la Gordillo.
Andrés Manuel López se desmarca: “nosotros no queremos el derrocamiento de Calderón... Nosotros no estamos apostando a eso… Calderón se cae solo, se acaba de caer de una bicicleta… Que no nos metan a nosotros en sus argüendes”. El tabasqueño hizo esas declaraciones a su llegada al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, en donde atajó que las versiones en ese sentido “se deben a una estrategia de Los Pinos porque ellos quieren manipular las cosas”… Con el permiso de ustedes nos retiramos unos días para descansar, por lo que estas líneas reaparecerán el próximo 23 de septiembre. Muchas gracias.
Servidores de EU
Las iniciativas privatizadoras de PEMEX de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, claramente vinculadas al plan de seguridad energética de Washington, afirma el ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Manuel Bartlett
MEXICO, D.F., 4 de septiembre (LA JORNADA).- Si para todos es claro que es imprescindible comprender la nueva geopolítica en torno al petróleo y para poder plantear una reforma que atienda esta nueva realidad y responda a los intereses de México, la única razón por la cual las iniciativas de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones no hacen siquiera mención de la situación mundial, es porque prefieren ocultarle a los mexicanos que sus iniciativas están claramente vinculadas al plan de seguridad energética de Estados Unidos, aseguró el ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Manuel Bartlett.
En el mismo sentido el senador por el PRD Arturo Núñez, integrante de dicha Comisión, condenó el autismo del gobierno espurio para el que parece no existir este cambio y pretende convertirse en el aval de la seguridad energética estadounidense y dejar de lado la de su propio país.
Al participar como ponentes en la presentación del libro Sin petróleo, apuntes para la nueva geopolítica del crudo, de la periodista Enriqueta Cabrera, Manuel Bartlett y Arturo Núñez coincidieron en señalar que es urgente detener esta embestida del gobierno espurio en contra del petróleo, ya que de prosperar se prefiguraría un nuevo asalto para el pueblo de México.
Manuel Bartlett destacó que la propuesta tanto del usurpador como de Manlio Fabio Beltrones, “que son las mismas aunque con pequeños cambios”, enfatiza la “urgencia” de obtener y exportar más petróleo apoyados en la inversión extranjera, “estos son objetivos clarísimos, en esta crisis del alza del petróleo, del grupo de los ocho países más industrializados y del hecho de que Estados Unidos quiere tener ya el control de la explotación en aguas profundas a partir de contratos de riesgo disfrazados, se trata evidentemente de reformas inducidas por la nueva geopolítica”.
En tanto, Arturo Núñez condenó que el gobierno pretenda hacer creer al pueblo de México que son necesarias más privatizaciones para sacar adelante al país.
“Y sin embargo seguimos igual, el 50 por ciento de la población está en niveles de pobreza extrema, hay jóvenes rechazados de la universidades, no hay empleo y hay un clima de violencia como nunca antes lo hubo, entonces no nos pueden venir a decir que necesitamos más privatizaciones, y aquí no se trata de un debate ideológico o de planteamientos trasnochados, como sugiere del gobierno federal, sino simple y llanamente de resultados, la política económica que insiste en implementar el gobierno federal se agotó”, apuntó el legislador tabasqueño.
Recordó que por casi treinta años el gobierno mexicano ha recibido ingresos extraordinarios por la venta del petróleo, por el envío de remesas de los mexicanos en el extranjero, por el superávit comercial derivado del Tratado de Libre Comercio, por la creciente inversión extranjera, e inclusive por el “dinero negro” del narcotráfico.
Los ponentes destacaron la oportunidad y el contenido de este libro de Enriqueta Cabrera, en el que la autora empieza por advertir que el petróleo no durará para siempre, y que es, para todos los países que lo producen, un elemento indispensable en sus planes de seguridad energética. Algo que, concluyeron los expositores, parece no comprender el gobierno de México.
MEXICO, D.F., 4 de septiembre (LA JORNADA).- Si para todos es claro que es imprescindible comprender la nueva geopolítica en torno al petróleo y para poder plantear una reforma que atienda esta nueva realidad y responda a los intereses de México, la única razón por la cual las iniciativas de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones no hacen siquiera mención de la situación mundial, es porque prefieren ocultarle a los mexicanos que sus iniciativas están claramente vinculadas al plan de seguridad energética de Estados Unidos, aseguró el ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Manuel Bartlett.
En el mismo sentido el senador por el PRD Arturo Núñez, integrante de dicha Comisión, condenó el autismo del gobierno espurio para el que parece no existir este cambio y pretende convertirse en el aval de la seguridad energética estadounidense y dejar de lado la de su propio país.
Al participar como ponentes en la presentación del libro Sin petróleo, apuntes para la nueva geopolítica del crudo, de la periodista Enriqueta Cabrera, Manuel Bartlett y Arturo Núñez coincidieron en señalar que es urgente detener esta embestida del gobierno espurio en contra del petróleo, ya que de prosperar se prefiguraría un nuevo asalto para el pueblo de México.
Manuel Bartlett destacó que la propuesta tanto del usurpador como de Manlio Fabio Beltrones, “que son las mismas aunque con pequeños cambios”, enfatiza la “urgencia” de obtener y exportar más petróleo apoyados en la inversión extranjera, “estos son objetivos clarísimos, en esta crisis del alza del petróleo, del grupo de los ocho países más industrializados y del hecho de que Estados Unidos quiere tener ya el control de la explotación en aguas profundas a partir de contratos de riesgo disfrazados, se trata evidentemente de reformas inducidas por la nueva geopolítica”.
En tanto, Arturo Núñez condenó que el gobierno pretenda hacer creer al pueblo de México que son necesarias más privatizaciones para sacar adelante al país.
“Y sin embargo seguimos igual, el 50 por ciento de la población está en niveles de pobreza extrema, hay jóvenes rechazados de la universidades, no hay empleo y hay un clima de violencia como nunca antes lo hubo, entonces no nos pueden venir a decir que necesitamos más privatizaciones, y aquí no se trata de un debate ideológico o de planteamientos trasnochados, como sugiere del gobierno federal, sino simple y llanamente de resultados, la política económica que insiste en implementar el gobierno federal se agotó”, apuntó el legislador tabasqueño.
Recordó que por casi treinta años el gobierno mexicano ha recibido ingresos extraordinarios por la venta del petróleo, por el envío de remesas de los mexicanos en el extranjero, por el superávit comercial derivado del Tratado de Libre Comercio, por la creciente inversión extranjera, e inclusive por el “dinero negro” del narcotráfico.
Los ponentes destacaron la oportunidad y el contenido de este libro de Enriqueta Cabrera, en el que la autora empieza por advertir que el petróleo no durará para siempre, y que es, para todos los países que lo producen, un elemento indispensable en sus planes de seguridad energética. Algo que, concluyeron los expositores, parece no comprender el gobierno de México.
Contra el espurio
El Frente Amplio Progresista (FAP) dice que un grupo de juristas y ciudadanos elaboran dos recursos jurídicos en contra de Felipe Calderón: uno que se presentará ante la PGR por traición a la Patria, y otro en el que legisladores del FAP promoverán que al panista se le inicie un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados
MEXICO, D.F., 4 de septiembre (LA JORNADA).- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), informó que un grupo de juristas --entre ellos Jaime Cárdenas, Jesús González Schmall y Raúl Carranca y Rivas, además de ciudadanos como Virgilio Caballero-- elaboran dos recursos jurídicos en contra de Felipe Calderón por considerar que sus iniciativas de reforma energética son violatorias de la Constitución.
Uno, afirmó, se presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “traición a la Patria” y con el otro, legisladores del FAP promoverán que al panista se le inicie un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados.
“Es un grupo de juristas que va a reunir firmas y han estado trabajando el tema” pero, aclaró, esto “no depende de nosotros, no es una acción del FAP, nos han informado, nosotros hemos tomado nota”.
González Schmal, presente en la conferencia de prensa que dieron integrantes del Frente en la sede nacional de Convergencia, apuntó que el juicio político sí está encaminado a “responsabilizar al presidente de la República por ataques a las instituciones constitucionales, democráticas y también despacho de los asuntos públicos”.
Y la denuncia formal ante la PGR “para iniciar un procedimiento de investigación, indagatorio, por el delito de traición a la patria porque se está comprometiendo la soberanía nacional al estar violando el artículo 27 de la Constitución, o promoviendo su violación, para alterar el patrimonio original de la nación y enajenarlo a favor de terceros extraños”.
De modo que, sentenció, “está en las dos vías: ante el Ministerio Público Federal sería el presunto delito por traición a la patria y el de juicio político por ataque a las instituciones constitucionales, a partir de este ánimo de violentar el régimen constitucional”.
Advirtió que en ambos casos se está concluyendo la elaboración. Sobre el que se presentará en la Cámara de Diputados, el legislador del PT, Silvano Aureoles, afirmó que se entregará a la Comisión de Examen Previo, que está integrada por cuatro legisladores del FAP, igual número del PRI y seis panistas.
Muñoz Ledo aclaró que no se trata de “derrocar” como erróneamente se ha dicho, porque esa palabra --apuntó--significa, según el diccionario, despeñar a alguien y en las institucionales “terminar por las vías de hecho con un mandato”. Así que, precisó, “no se trata de sustituir constitucionalmente. Está en la Constitución. ¿A quien se le ocurre que un mandato no es interrumpible? Todo mandato es revocable, si no, no es mandato”.
Lo que está en el debate, añadió, “ya no es ni siquiera la legalidad de Calderón. Es absolutamente evidente que su gobierno es incompetente para hacer frente a los problemas nacionales”. ¿Por qué cuando le aplican juicio político a Andrés Manuel López Obrador (cuando era jefe de gobierno capitalino por el caso de El Encino) todo el otro lado aplaude y ahora que la queremos aplicar a Calderón todo mundo se dedica a la injuria?”, se preguntó entonces.
Recordó que cinco constituciones de los estados de la federación mexicana prevén la revocación de mandato.
El coordinador nacional del FAP estableció que la agenda del bloque integrado por el PRD, PT y Convergencia contempla: la renuncia de quienes no puedan cumplir con su responsabilidad en el gobierno, como planteó el empresario Fernando Martí; “todos los partidos del Frente están por democracia directa, incluyendo la revocación de mandato”; en coincidencia con el priísta Manlio Fabio Beltrones, promover la iniciativa de gobierno de gabinete. “Lo que está proponiendo es que cambie el sistema para crear uno de gabinete, para dejar a Calderón figurativamente”.
Finalmente, el juicio político.
A Muñoz Ledo se le cuestionó si el FAP se encuentra en riesgo, tras las diferencias que tiene con la dirigencia nacional sustituta del PRD por la decisión de apoyar a Luis Walton Aburto, de Convergencia, como el candidato del Frente a la Alcaldía de Acapulco, en lugar de brindárselo a la perredista Gloria Sierra, y lo rechazó.
Dio a conocer que tras estos hechos, en el FAP se acordó apoyar las alianzas que formen dos de los tres partidos que lo integran. “Hemos tomado una decisión firme en este sentido. En Guerrero apoyamos la que conformaron el PT y Convergencia; en Hidalgo, la del PT y PRD, y Convergencia no se enoja”, mencionó.
MEXICO, D.F., 4 de septiembre (LA JORNADA).- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), informó que un grupo de juristas --entre ellos Jaime Cárdenas, Jesús González Schmall y Raúl Carranca y Rivas, además de ciudadanos como Virgilio Caballero-- elaboran dos recursos jurídicos en contra de Felipe Calderón por considerar que sus iniciativas de reforma energética son violatorias de la Constitución.
Uno, afirmó, se presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “traición a la Patria” y con el otro, legisladores del FAP promoverán que al panista se le inicie un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados.
“Es un grupo de juristas que va a reunir firmas y han estado trabajando el tema” pero, aclaró, esto “no depende de nosotros, no es una acción del FAP, nos han informado, nosotros hemos tomado nota”.
González Schmal, presente en la conferencia de prensa que dieron integrantes del Frente en la sede nacional de Convergencia, apuntó que el juicio político sí está encaminado a “responsabilizar al presidente de la República por ataques a las instituciones constitucionales, democráticas y también despacho de los asuntos públicos”.
Y la denuncia formal ante la PGR “para iniciar un procedimiento de investigación, indagatorio, por el delito de traición a la patria porque se está comprometiendo la soberanía nacional al estar violando el artículo 27 de la Constitución, o promoviendo su violación, para alterar el patrimonio original de la nación y enajenarlo a favor de terceros extraños”.
De modo que, sentenció, “está en las dos vías: ante el Ministerio Público Federal sería el presunto delito por traición a la patria y el de juicio político por ataque a las instituciones constitucionales, a partir de este ánimo de violentar el régimen constitucional”.
Advirtió que en ambos casos se está concluyendo la elaboración. Sobre el que se presentará en la Cámara de Diputados, el legislador del PT, Silvano Aureoles, afirmó que se entregará a la Comisión de Examen Previo, que está integrada por cuatro legisladores del FAP, igual número del PRI y seis panistas.
Muñoz Ledo aclaró que no se trata de “derrocar” como erróneamente se ha dicho, porque esa palabra --apuntó--significa, según el diccionario, despeñar a alguien y en las institucionales “terminar por las vías de hecho con un mandato”. Así que, precisó, “no se trata de sustituir constitucionalmente. Está en la Constitución. ¿A quien se le ocurre que un mandato no es interrumpible? Todo mandato es revocable, si no, no es mandato”.
Lo que está en el debate, añadió, “ya no es ni siquiera la legalidad de Calderón. Es absolutamente evidente que su gobierno es incompetente para hacer frente a los problemas nacionales”. ¿Por qué cuando le aplican juicio político a Andrés Manuel López Obrador (cuando era jefe de gobierno capitalino por el caso de El Encino) todo el otro lado aplaude y ahora que la queremos aplicar a Calderón todo mundo se dedica a la injuria?”, se preguntó entonces.
Recordó que cinco constituciones de los estados de la federación mexicana prevén la revocación de mandato.
El coordinador nacional del FAP estableció que la agenda del bloque integrado por el PRD, PT y Convergencia contempla: la renuncia de quienes no puedan cumplir con su responsabilidad en el gobierno, como planteó el empresario Fernando Martí; “todos los partidos del Frente están por democracia directa, incluyendo la revocación de mandato”; en coincidencia con el priísta Manlio Fabio Beltrones, promover la iniciativa de gobierno de gabinete. “Lo que está proponiendo es que cambie el sistema para crear uno de gabinete, para dejar a Calderón figurativamente”.
Finalmente, el juicio político.
A Muñoz Ledo se le cuestionó si el FAP se encuentra en riesgo, tras las diferencias que tiene con la dirigencia nacional sustituta del PRD por la decisión de apoyar a Luis Walton Aburto, de Convergencia, como el candidato del Frente a la Alcaldía de Acapulco, en lugar de brindárselo a la perredista Gloria Sierra, y lo rechazó.
Dio a conocer que tras estos hechos, en el FAP se acordó apoyar las alianzas que formen dos de los tres partidos que lo integran. “Hemos tomado una decisión firme en este sentido. En Guerrero apoyamos la que conformaron el PT y Convergencia; en Hidalgo, la del PT y PRD, y Convergencia no se enoja”, mencionó.
Sarta de mentiras
Por Esto!* Miente el director general de PEMEX Exploración y Producción, Carlos Morales, la compra irregular del barco El señor de los mares, afirma Andrés Manuel López Obrador desde San Luis Potosí
* Carlos Morales sabe que la compra fue resuelta a partir de que los socios de la empresa contratista mexicana Blue Marine, Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand, invitaron a funcionarios de PEMEX a Guinea Ecuatorial, donde la empresa trasnacional de origen noruego Bergesen opera un barco con esas características, dice
* Vamos a insistir en que se transparenten todas las operaciones de adquisición y se finquen las responsabilidades legales correspondientes, advierte
EBANO, San Luis Potosí, 4 de septiembre (Gobierno Legítimo de México).- El domingo pasado di a conocer la compra irregular del barco El señor de los mares. Dicha operación significó un contrato de 758 millones de dólares, más 376 millones de dólares para operación y mantenimiento, lo que hace un total de mil 136 millones 693 mil dólares.
Ante esta denuncia, el director general de PEMEX Exploración y Producción, Carlos Morales, quien firmó dicho contrato en el 2005, respondió a la siguiente pregunta que le hiciera Joaquín López Dóriga en un programa de radio: “Ahora, ¿hay algún mexicano en esta compañía como representante o intermediario de esta compañía noruega?”.
La respuesta de Carlos Morales fue: “No, el contrato está directamente fincado con la compañía noruega”.
Esta afirmación es falsa, Carlos Morales sabe que la compra de este barco fue resuelta a partir de que los socios de la empresa contratista mexicana Blue Marine, Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand, invitaron a funcionarios de PEMEX a Guinea Ecuatorial, donde la empresa trasnacional de origen noruego Bergesen opera un barco con esas características para la empresa estatal GEPetrol.
De acuerdo con sus propias declaraciones, luego de ese “viaje”, los servidores públicos se habrían convencido de las bondades del buque-tanque y habrían organizado la licitación pública internacional para adjudicar los servicios del barco, convocatoria que ganaron Bergesen y Blue Marine.
Cabe decir que el primero de estos socios, Antonio Juan Marcos Issa, se desempeñó como coordinador de asesores de los ex directores generales de PEMEX, Rogelio Montemayor y Raúl Muñoz Leos, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Además, socios y apoderados de filiales de Blue Marine son a su vez accionistas de la empresa Oceanografía, empresa que está siendo investigada por posibles vínculos con los hijos de la señora Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.
Es más, estas dos empresas siguen operando y siguen recibiendo contratos de PEMEX, inclusive el primer pago por la compra de El señor de los mares se hizo el año pasado por 379 millones de dólares y Oceanografía recibió el año pasado y en lo que va del presente 17 contratos de PEMEX, por cerca de mil 300 millones de dólares.
Por eso, vamos a insistir en que se transparenten todas estas operaciones y se finquen las responsabilidades legales correspondientes.
Seguimos insistiendo en que esta corrupción es lo que está detrás del propósito de privatizar la industria petrolera.
Mientras, en Tancanhuitz, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador aclaró: “Nosotros no queremos el derrocamiento de Felipe Calderón, porque el presidente pelele se cae sólo. Se acaba de caer de una bicicleta”.
En Tampamolón afirmó que Calderón Hinojosa es un inepto y que el supuesto intento de derrocamiento responde a una estrategia política diseñada desde Los Pinos, con la deliberada intención de manipular una situación.
Calderón optó por sentarse de manera ilegal e ilegítima en el cargo y, por encima de que usurpó un cargo, “el presidente pelele ha demostrado que no tiene capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”, expresó Andrés Manuel López Obrador en Ebano.
“Nosotros estamos por un cambio por la vía pacífica y por un cambio de abajo hacia arriba, con la participación de millones de mexicanos libres y concientes”, puntualizó el Presidente Legítimo de México en Tamuin.
Crece la dependencia alimentaria de México por vigencia del TLCAN
Púlsar
México pagó más de 10 mil millones de dólares en el primer semestre de 2008 para importar alimentos naturales y procesados. Esto significa un 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. Este año se inició el capitulo agropecuario del TLCAN.
México adquiere en el exterior la mitad del trigo que consume. Además, por cada 100 kilogramos de maíz consumido, importa 23 kilogramos. En el mismo sentido, por cada 100 kilos de arroz adquirido, compra afuera 75 kilos.
Son datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Según reseña el diario La Jornada de México, el maíz aumentó su precio de importación en un 69 por ciento, comparando el primer semestre del 2008 con el mismo periodo del año anterior.
La misma comparación muestra un aumento del 79 por ciento en el trigo, del 94 por ciento en el arroz, y del 72 por ciento en las oleaginosas.
Es preciso recordar que este año entró en vigor la liberalización de productos agropecuarios entre México, Canadá y Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El grupo del Senado méxicano que analiza los impactos del TLCAN advirtió el mes pasado sobre las graves consecuencias del acuerdo en el sector rural. También instó a revisar el capitulo agropecuario del TLCAN.
México pagó más de 10 mil millones de dólares en el primer semestre de 2008 para importar alimentos naturales y procesados. Esto significa un 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. Este año se inició el capitulo agropecuario del TLCAN.
México adquiere en el exterior la mitad del trigo que consume. Además, por cada 100 kilogramos de maíz consumido, importa 23 kilogramos. En el mismo sentido, por cada 100 kilos de arroz adquirido, compra afuera 75 kilos.
Son datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Según reseña el diario La Jornada de México, el maíz aumentó su precio de importación en un 69 por ciento, comparando el primer semestre del 2008 con el mismo periodo del año anterior.
La misma comparación muestra un aumento del 79 por ciento en el trigo, del 94 por ciento en el arroz, y del 72 por ciento en las oleaginosas.
Es preciso recordar que este año entró en vigor la liberalización de productos agropecuarios entre México, Canadá y Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El grupo del Senado méxicano que analiza los impactos del TLCAN advirtió el mes pasado sobre las graves consecuencias del acuerdo en el sector rural. También instó a revisar el capitulo agropecuario del TLCAN.
Trasnacionales, España y EE UU presionan para privatizar el petróleo mexicano
Diagonal
Pemex, la petrolera estatal mexicana, responsable del 40% del presupuesto nacional en peligro de privatización
Domingo M. Lechón / San Cristóbal de las Casas (México )
La iniciativa de reforma del presidente Calderón para privatizar la empresa paraestatal Pemex ha generado serios debates sobre su gestión y el futuro del petróleo en México.
MEXICO DF. Manifestación contra la privatización de Pemex el 14 de abril de 2008.
Al cierre de esta edición, más de tres millones de mexicanos y mexicanas habían participado en la consulta popular sobre la reforma petrolera propuesta al Congreso en abril pasado por el Gobierno del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN).
A pesar de la gran campaña política y mediática de la derecha contra esta consulta ciudadana, en casi todos los Estados de la república se pudo expresar el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), que “no es otra cosa que un burdo intento de justificar la entrega del patrimonio nacional petrolero a la iniciativa privada, principalmente extranjera”, en palabras del analista Gustavo Iruegas. La excusa de Calderón y su Gobierno para la propuesta de reforma es la obsolescencia de los recursos de esta empresa paraestatal, la poca modernización y la necesidad de grandes inversiones, por ejemplo, para refinar gasolina, que ahora es importada casi en su totalidad para abastecer al país. El Partido de la Revolución Institucional (PRI) se ha sumado recientemente a esta idea de reformas, que violaría la Constitución mexicana.
“Pemex es patrimonio del pueblo mexicano, no del Gobierno en turno”, alzan la voz desde todo el arco de la izquierda. Y como se ha ido viendo en los distintos foros y debates abiertos desde abril, los últimos gobiernos han sido los que han ido dejando en este estado crítico a la empresa, exprimiendo con impuestos casi el 90% de sus ganancias y obviando las malas prácticas y la corrupción, siendo significativo que Calderón fuera secretario (ministro) de Energía con Vicente Fox. Según el catedrático Jiménez Espriu, que expuso su postura en el debate nacional en el Senado, para la sociedad es obvio “que Pemex está técnicamente quebrada a propósito”. Así, gran parte de la sociedad civil y el entorno de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial por el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder del Frente Amplio Progresista (FAP), además de propiciar la consulta popular, están decididos a evitar esta entrega de Pemex “por medio de la resistencia civil pacífica”. Ya lo hicieron los diputados al tomar las tribunas del Congreso en abril para evitar la aprobación de la reforma sin ningún debate.
Aunque algunas corrientes del PRD sí están dispuestas a pactar con la derecha en las instituciones, los grupos más a la izquierda han expresado que sí es necesaria una reforma petrolera y energética, pero para fortalecer a Pemex, dedicando más recursos y modernización, mejor gestión y control, no para privatizarla y que ganen siempre los mismos y pierda la sociedad. Pemex, que es la empresa más importante de México (aporta el 40% del presupuesto del Estado), es codiciada por empresas como Repsol, Exxon o Bristish Petroleum, que presionan para que se privatice. El Gobierno español de Zapatero ha expresado varias veces su apoyo a Calderón en su iniciativa privatizadora y también Estados Unidos está intentando meter baza, ya que necesita suministradores fieles de crudo, por la inestabilidad de Oriente Medio y la oposición de Venezuela.
Otros debates
Pero el debate suscitado por la reforma energética también ha sacado a colación otros temas relevantes, como pueden ser la transformación radical del sindicato de trabajadores del petróleo, que es ejemplo probado de corruptelas (su líder lleva 17 años en el cargo) ; o ha salido a relucir la exención de impuestos a grandes empresas como Cemex, Coca- Cola, Bimbo, Wal-Mart o Telmex, entre otras corporaciones que apoyaron la campaña electoral del PAN, mientras Pemex paga millones. También se ha puesto tímidamente sobre la mesa que la era del petróleo fácil y barato llegó a su fin. La revista Proceso, en un artículo titulado Contra el petróleo, exponía esa postura que cada vez va teniendo más eco en la sociedad : “Habría que preguntarse si es buena una política económica basada en la energía fósil”, para después añadir : “No podemos, en nombre de las desmesuras del consumo moderno que produce el petróleo, contribuir a la dilapidación del capital ecológico y cultural, cuyas consecuencias pagarán con creces el planeta y las futuras generaciones”. De ahí que surjan voces que pidan potenciar las energías alternativas no contaminantes, el transporte colectivo, etc.
Además, el problema de Pemex saca a relucir injusticias : apostar por el petróleo, además de agravar la destrucción del planeta, significa el despojo de tierras y represión contra voces disidentes en esos territorios, en pos de encontrar más yacimientos que explotar, como se expuso debatiendo la cuestión en la asamblea de la sociedad civil de abajo y a la izquierda de San Cristóbal de Las Casas, La Otra Jovel.
Significado de Pemex
Petróleos Mexicanos obtuvo en 2006 ingresos superiores a 198 mil millones de dólares, siendo la mayor empresa de Latinoamérica. Fue fundada en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó las empresas de hidrocarburos que operaban en el país, todas estadounidenses, tras un año de fuertes movilizaciones obreras por mejores condiciones laborales. Desde entonces es fundamental para la economía del país, además de símbolo de independencia del pueblo mexicano.
Pemex, la petrolera estatal mexicana, responsable del 40% del presupuesto nacional en peligro de privatización
Domingo M. Lechón / San Cristóbal de las Casas (México )
La iniciativa de reforma del presidente Calderón para privatizar la empresa paraestatal Pemex ha generado serios debates sobre su gestión y el futuro del petróleo en México.
MEXICO DF. Manifestación contra la privatización de Pemex el 14 de abril de 2008.
Al cierre de esta edición, más de tres millones de mexicanos y mexicanas habían participado en la consulta popular sobre la reforma petrolera propuesta al Congreso en abril pasado por el Gobierno del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN).
A pesar de la gran campaña política y mediática de la derecha contra esta consulta ciudadana, en casi todos los Estados de la república se pudo expresar el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), que “no es otra cosa que un burdo intento de justificar la entrega del patrimonio nacional petrolero a la iniciativa privada, principalmente extranjera”, en palabras del analista Gustavo Iruegas. La excusa de Calderón y su Gobierno para la propuesta de reforma es la obsolescencia de los recursos de esta empresa paraestatal, la poca modernización y la necesidad de grandes inversiones, por ejemplo, para refinar gasolina, que ahora es importada casi en su totalidad para abastecer al país. El Partido de la Revolución Institucional (PRI) se ha sumado recientemente a esta idea de reformas, que violaría la Constitución mexicana.
“Pemex es patrimonio del pueblo mexicano, no del Gobierno en turno”, alzan la voz desde todo el arco de la izquierda. Y como se ha ido viendo en los distintos foros y debates abiertos desde abril, los últimos gobiernos han sido los que han ido dejando en este estado crítico a la empresa, exprimiendo con impuestos casi el 90% de sus ganancias y obviando las malas prácticas y la corrupción, siendo significativo que Calderón fuera secretario (ministro) de Energía con Vicente Fox. Según el catedrático Jiménez Espriu, que expuso su postura en el debate nacional en el Senado, para la sociedad es obvio “que Pemex está técnicamente quebrada a propósito”. Así, gran parte de la sociedad civil y el entorno de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial por el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder del Frente Amplio Progresista (FAP), además de propiciar la consulta popular, están decididos a evitar esta entrega de Pemex “por medio de la resistencia civil pacífica”. Ya lo hicieron los diputados al tomar las tribunas del Congreso en abril para evitar la aprobación de la reforma sin ningún debate.
Aunque algunas corrientes del PRD sí están dispuestas a pactar con la derecha en las instituciones, los grupos más a la izquierda han expresado que sí es necesaria una reforma petrolera y energética, pero para fortalecer a Pemex, dedicando más recursos y modernización, mejor gestión y control, no para privatizarla y que ganen siempre los mismos y pierda la sociedad. Pemex, que es la empresa más importante de México (aporta el 40% del presupuesto del Estado), es codiciada por empresas como Repsol, Exxon o Bristish Petroleum, que presionan para que se privatice. El Gobierno español de Zapatero ha expresado varias veces su apoyo a Calderón en su iniciativa privatizadora y también Estados Unidos está intentando meter baza, ya que necesita suministradores fieles de crudo, por la inestabilidad de Oriente Medio y la oposición de Venezuela.
Otros debates
Pero el debate suscitado por la reforma energética también ha sacado a colación otros temas relevantes, como pueden ser la transformación radical del sindicato de trabajadores del petróleo, que es ejemplo probado de corruptelas (su líder lleva 17 años en el cargo) ; o ha salido a relucir la exención de impuestos a grandes empresas como Cemex, Coca- Cola, Bimbo, Wal-Mart o Telmex, entre otras corporaciones que apoyaron la campaña electoral del PAN, mientras Pemex paga millones. También se ha puesto tímidamente sobre la mesa que la era del petróleo fácil y barato llegó a su fin. La revista Proceso, en un artículo titulado Contra el petróleo, exponía esa postura que cada vez va teniendo más eco en la sociedad : “Habría que preguntarse si es buena una política económica basada en la energía fósil”, para después añadir : “No podemos, en nombre de las desmesuras del consumo moderno que produce el petróleo, contribuir a la dilapidación del capital ecológico y cultural, cuyas consecuencias pagarán con creces el planeta y las futuras generaciones”. De ahí que surjan voces que pidan potenciar las energías alternativas no contaminantes, el transporte colectivo, etc.
Además, el problema de Pemex saca a relucir injusticias : apostar por el petróleo, además de agravar la destrucción del planeta, significa el despojo de tierras y represión contra voces disidentes en esos territorios, en pos de encontrar más yacimientos que explotar, como se expuso debatiendo la cuestión en la asamblea de la sociedad civil de abajo y a la izquierda de San Cristóbal de Las Casas, La Otra Jovel.
Significado de Pemex
Petróleos Mexicanos obtuvo en 2006 ingresos superiores a 198 mil millones de dólares, siendo la mayor empresa de Latinoamérica. Fue fundada en 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó las empresas de hidrocarburos que operaban en el país, todas estadounidenses, tras un año de fuertes movilizaciones obreras por mejores condiciones laborales. Desde entonces es fundamental para la economía del país, además de símbolo de independencia del pueblo mexicano.
En relación con la solicitud del Juez Garzón sobre desaparecidos
Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria
Kaosenlared
La Federación Estatal de Foros por la Memoria va a analizar en los próximos días cómo colaborar en la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha realizado en los últimos años una serie de exhumaciones en Asturias, La Rioja, Huelva, Córdoba, Málaga, Ávila, Segovia y Toledo. En cada una de ellas ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente por razón del lugar donde la fosa se encontraba y por el delito de crímenes contra la Humanidad. Invariablemente los Juzgados han resuelto la prescripción de los crímenes denunciados, lo que para la Federación es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a los argumentos que desde diferentes ámbitos judiciales y políticos se están utilizando para atacar la investigación propiciada por el juez Garzón, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que defender que los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad se "inventaron" en 1948, es una afirmación de un cinismo impresentable. La II República española formaba parte de la Sociedad de Naciones, antecedente de la o nU, y era firmante de todos los Convenios y Resoluciones suscritos en su momento en materia de derechos humanos y de gentes en los que, ya antes de 1936, se recogían los crímenes contra la Humanidad. Por lo tanto, estas normas internacionales entraron a formar parte del Derecho interno español.
Por otra parte, la Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
Por tanto, la Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que coincidiendo en el tiempo con los crímenes que cometidos en el cono sur americano han sido perseguidos por la Justicia española, en nuestro país se producían detenciones arbitrarias, maltratos y torturas para reprimir lo que el franquismo consideraba "delitos", pero que durante la República y tras la promulgación de la Constitución de 1978, fueron y son derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas.
Asimismo, entre la muerte del dictador y la promulgación de la Constitución se produjeron en España execrables crímenes de estado, tales como los de Montejurra y los de Vitoria en 1976, que a día de hoy permanecen impunes. La Federación Estatal de Foros por la Memoria nunca ha entendido porqué los jueces de la Audiencia Nacional, en su afán de perseguir crímenes contra la humanidad, se empecinan en cruzar océanos cuando sólo tienen que cruzar la calle.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria cree que en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, y que convierte a nuestro país en un "oasis de impunidad". Debemos recordar que en los últimos años, en Latinoamérica la justicia y las instituciones democráticas han venido derogando todas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida heredadas de las respectivas dictaduras, y se han abierto procesos para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad supervivientes.
Al mismo tiempo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que los acontecimientos de los últimos días son una muestra de los límites (y del previsible fracaso) de la Ley de Memoria Histórica, que la Federación valoró en su momento como completamente insatisfactoria. Tal y como manifestaron públicamente Amnistía Internacional, el Equipo Nizkor y otras organizaciones de Derechos Humanos españolas e internacionales, no se puede hacer una Ley que pretende proporcionar verdad y reparación, de espaldas a las normativa internacional de DD.HH.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que en su página web existe un apartado específico donde se recogen datos de más de 6.000 desaparecidos y represaliados del franquismo, proporcionados por sus familiares y por investigadores, en busca de más información. Esta base de datos está a disposición de la Justicia y de todos los ciudadanos:
http://www.foroporlamemoria.info/desaparecidos/
Kaosenlared
La Federación Estatal de Foros por la Memoria va a analizar en los próximos días cómo colaborar en la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha realizado en los últimos años una serie de exhumaciones en Asturias, La Rioja, Huelva, Córdoba, Málaga, Ávila, Segovia y Toledo. En cada una de ellas ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente por razón del lugar donde la fosa se encontraba y por el delito de crímenes contra la Humanidad. Invariablemente los Juzgados han resuelto la prescripción de los crímenes denunciados, lo que para la Federación es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a los argumentos que desde diferentes ámbitos judiciales y políticos se están utilizando para atacar la investigación propiciada por el juez Garzón, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que defender que los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad se "inventaron" en 1948, es una afirmación de un cinismo impresentable. La II República española formaba parte de la Sociedad de Naciones, antecedente de la o nU, y era firmante de todos los Convenios y Resoluciones suscritos en su momento en materia de derechos humanos y de gentes en los que, ya antes de 1936, se recogían los crímenes contra la Humanidad. Por lo tanto, estas normas internacionales entraron a formar parte del Derecho interno español.
Por otra parte, la Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
Por tanto, la Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que coincidiendo en el tiempo con los crímenes que cometidos en el cono sur americano han sido perseguidos por la Justicia española, en nuestro país se producían detenciones arbitrarias, maltratos y torturas para reprimir lo que el franquismo consideraba "delitos", pero que durante la República y tras la promulgación de la Constitución de 1978, fueron y son derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas.
Asimismo, entre la muerte del dictador y la promulgación de la Constitución se produjeron en España execrables crímenes de estado, tales como los de Montejurra y los de Vitoria en 1976, que a día de hoy permanecen impunes. La Federación Estatal de Foros por la Memoria nunca ha entendido porqué los jueces de la Audiencia Nacional, en su afán de perseguir crímenes contra la humanidad, se empecinan en cruzar océanos cuando sólo tienen que cruzar la calle.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria cree que en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, y que convierte a nuestro país en un "oasis de impunidad". Debemos recordar que en los últimos años, en Latinoamérica la justicia y las instituciones democráticas han venido derogando todas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida heredadas de las respectivas dictaduras, y se han abierto procesos para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad supervivientes.
Al mismo tiempo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que los acontecimientos de los últimos días son una muestra de los límites (y del previsible fracaso) de la Ley de Memoria Histórica, que la Federación valoró en su momento como completamente insatisfactoria. Tal y como manifestaron públicamente Amnistía Internacional, el Equipo Nizkor y otras organizaciones de Derechos Humanos españolas e internacionales, no se puede hacer una Ley que pretende proporcionar verdad y reparación, de espaldas a las normativa internacional de DD.HH.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que en su página web existe un apartado específico donde se recogen datos de más de 6.000 desaparecidos y represaliados del franquismo, proporcionados por sus familiares y por investigadores, en busca de más información. Esta base de datos está a disposición de la Justicia y de todos los ciudadanos:
http://www.foroporlamemoria.info/desaparecidos/
Las sentencias
Luis Javier Garrido
El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.
1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.
2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?
3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.
4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.
5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.
6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.
7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.
8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.
9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.
10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.
El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.
1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.
2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?
3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.
4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.
5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.
6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.
7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.
8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.
9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.
10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.
Delincuencia, violencia y clases
Gilberto López y Rivas
Un ambiente de zozobra se cierne sobre la República. La violencia cotidiana del crimen organizado, en colusión con un gobierno penetrado por las mafias –y que opta por las vías represivas y militares para enfrentar el descontento social–, conjuntamente con el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, provocan la pesadumbre de amplios sectores rurales y urbanos que ven amenazados sus trabajos, entornos familiares, patrimonios e incluso la propia preservación de sus vidas.
Las clases medias y altas expresan públicamente su fundada indignación por los secuestros, homicidios y atracos de todo tipo, y por la corrupción e incapacidad de las autoridades para responder a este tsunami de criminalidad incontrolable, sin vislumbrar todavía el fondo de sus causas estructurales y políticas; sin entender la violencia sistémica del capitalismo que deja sentir sus rigores en el hambre, la enfermedad, la desocupación y la pobreza generalizada de millones de personas; en la guerra social desatada contra resistencias y oposiciones.
Se exige “mano dura” y se apoyan las medidas de militarización y un mayor rigor en los castigos, demandando incluso la pena de muerte contra los perturbadores del “orden público”, al mismo tiempo que se ignora la tortura, el asesinato y las desapariciones forzadas de cientos de luchadores sociales, la existencia de presos políticos en todo el país, la acción de grupos paramilitares en Chiapas, los numerosos periodistas muertos en el ejercicio de su profesión o las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, las policías y la maquinaria judicial. Se observa el problema como una cuestión de eficacia y se exclama: “¡Si no pueden, renuncien!”, sin ir más allá en el análisis de esta realidad delictiva que sufren los mexicanos. No se trata del clamor: “¡Que se vayan todos!” de los piqueteros argentinos, que expresa una mayor concientización en torno a la inutilidad generalizada de la clase política de este país.
También, las “soluciones” dependen del cristal de clase con que se miren. Se multiplican los guetos, calles y fraccionamientos cerrados, autos blindados, guaruras o body guards, recursos técnicos de variada naturaleza, y como expediente final, la migración, “que al fin en Europa o Estados Unidos, estas cosas no suceden”. Si millones de mexicanos han cruzado la frontera norte sin documentos con el objetivo de encontrar trabajo, aun con los riegos y las políticas racistas que este trance conlleva, ahora aflora también la migración de quienes pueden costear una inserción en un país de primer mundo como propietarios y rentistas.
Claro que para la mayoría de la población esto no es posible, por lo que a los estratos ilustrados (pero sin medios económicos suficientes) sólo les queda la prevención. Van y vienen los correos electrónicos advirtiendo sobre las modalidades de la delincuencia y los pasos a seguir para sortearla: desde vestir modestamente, andar sin documentos comprometedores, evitar mostrar el celular en la calle, observar con detenimiento a los extraños, utilizar con discreción la llave electrónica del auto, tener un sobre con una cantidad suficiente de dinero para no provocar el enojo de los posibles malhechores, etcétera; hasta las advertencias sobre nuevas modalidades de asaltos, secuestros exprés o los peligros de las redes sociales de Internet –explotadas ahora por el crimen organizado–, e incluso el riesgo de las páginas sociales de los diarios, que pueden ofrecer informaciones utilizables por los delincuentes.
También aquí se trata de acciones defensivas de carácter “técnico”, de “consejos” para el “manejo evasivo”, de expertos entrenados nada menos que por el Servicio Secreto y las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, que paradójicamente pueden tomar por asalto un país, como Irak, sin que este hecho sea considerado un crimen internacional. Los “consejos” refieren a salidas que estimulan el cuidado personal, de grupos familiares o de amigos, que de seguirse –se afirma– evitarán ser víctimas de la “delincuencia” en abstracto, la cual tampoco es analizada estructuralmente. Se estimula un estrés generalizado que promueve el terror, la parálisis, la desconfianza hacia los demás, siempre “potencialmente peligrosos”, la discriminación clasista y racista hacia las clases subalternas “obligadas a delinquir”, la cerrazón en pequeños guetos no siempre seguros.
Mientras tanto, las cárceles se llenan de inocentes o culpables –nunca se sabe– de los sectores vulnerables; los defendidos por los “abogados de oficio”; los “carne de cañón” de las prisiones; los “nadie”, los “nada”. En contraste, los capos poderosos pueden incluso no sólo alcanzar fianza sino vivir en barrios residenciales. Recuerdo que en un exclusivísimo fraccionamiento de Tlalpan, al cual se accedía a través de una caseta de vigilancia en la que revisaban meticulosamente los vehículos y exigían identificaciones, ¡se aseguraron cuatro casas de narcotraficantes!
En el “combate a la delincuencia” se pretende asumir como algo normal, e incluso recomendable, los retenes del Ejército en carreteras y en las calles de las ciudades, el ingreso de militares y policías a domicilios sin orden de cateo, la delación anónima, el control policiaco de los ciudadanos, la violación flagrante de la Constitución y el constante quebrantamiento de los derechos humanos.
No nos engañemos: la única solución viable es cambiar de raíz el sistema basado en el robo generalizado del trabajo ajeno, para el cual son inherentes la violencia y el crimen. La efectiva “lucha contra la delincuencia” consiste en transformar las relaciones sociales basadas en la explotación y degradación de los seres humanos.
Un ambiente de zozobra se cierne sobre la República. La violencia cotidiana del crimen organizado, en colusión con un gobierno penetrado por las mafias –y que opta por las vías represivas y militares para enfrentar el descontento social–, conjuntamente con el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, provocan la pesadumbre de amplios sectores rurales y urbanos que ven amenazados sus trabajos, entornos familiares, patrimonios e incluso la propia preservación de sus vidas.
Las clases medias y altas expresan públicamente su fundada indignación por los secuestros, homicidios y atracos de todo tipo, y por la corrupción e incapacidad de las autoridades para responder a este tsunami de criminalidad incontrolable, sin vislumbrar todavía el fondo de sus causas estructurales y políticas; sin entender la violencia sistémica del capitalismo que deja sentir sus rigores en el hambre, la enfermedad, la desocupación y la pobreza generalizada de millones de personas; en la guerra social desatada contra resistencias y oposiciones.
Se exige “mano dura” y se apoyan las medidas de militarización y un mayor rigor en los castigos, demandando incluso la pena de muerte contra los perturbadores del “orden público”, al mismo tiempo que se ignora la tortura, el asesinato y las desapariciones forzadas de cientos de luchadores sociales, la existencia de presos políticos en todo el país, la acción de grupos paramilitares en Chiapas, los numerosos periodistas muertos en el ejercicio de su profesión o las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, las policías y la maquinaria judicial. Se observa el problema como una cuestión de eficacia y se exclama: “¡Si no pueden, renuncien!”, sin ir más allá en el análisis de esta realidad delictiva que sufren los mexicanos. No se trata del clamor: “¡Que se vayan todos!” de los piqueteros argentinos, que expresa una mayor concientización en torno a la inutilidad generalizada de la clase política de este país.
También, las “soluciones” dependen del cristal de clase con que se miren. Se multiplican los guetos, calles y fraccionamientos cerrados, autos blindados, guaruras o body guards, recursos técnicos de variada naturaleza, y como expediente final, la migración, “que al fin en Europa o Estados Unidos, estas cosas no suceden”. Si millones de mexicanos han cruzado la frontera norte sin documentos con el objetivo de encontrar trabajo, aun con los riegos y las políticas racistas que este trance conlleva, ahora aflora también la migración de quienes pueden costear una inserción en un país de primer mundo como propietarios y rentistas.
Claro que para la mayoría de la población esto no es posible, por lo que a los estratos ilustrados (pero sin medios económicos suficientes) sólo les queda la prevención. Van y vienen los correos electrónicos advirtiendo sobre las modalidades de la delincuencia y los pasos a seguir para sortearla: desde vestir modestamente, andar sin documentos comprometedores, evitar mostrar el celular en la calle, observar con detenimiento a los extraños, utilizar con discreción la llave electrónica del auto, tener un sobre con una cantidad suficiente de dinero para no provocar el enojo de los posibles malhechores, etcétera; hasta las advertencias sobre nuevas modalidades de asaltos, secuestros exprés o los peligros de las redes sociales de Internet –explotadas ahora por el crimen organizado–, e incluso el riesgo de las páginas sociales de los diarios, que pueden ofrecer informaciones utilizables por los delincuentes.
También aquí se trata de acciones defensivas de carácter “técnico”, de “consejos” para el “manejo evasivo”, de expertos entrenados nada menos que por el Servicio Secreto y las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, que paradójicamente pueden tomar por asalto un país, como Irak, sin que este hecho sea considerado un crimen internacional. Los “consejos” refieren a salidas que estimulan el cuidado personal, de grupos familiares o de amigos, que de seguirse –se afirma– evitarán ser víctimas de la “delincuencia” en abstracto, la cual tampoco es analizada estructuralmente. Se estimula un estrés generalizado que promueve el terror, la parálisis, la desconfianza hacia los demás, siempre “potencialmente peligrosos”, la discriminación clasista y racista hacia las clases subalternas “obligadas a delinquir”, la cerrazón en pequeños guetos no siempre seguros.
Mientras tanto, las cárceles se llenan de inocentes o culpables –nunca se sabe– de los sectores vulnerables; los defendidos por los “abogados de oficio”; los “carne de cañón” de las prisiones; los “nadie”, los “nada”. En contraste, los capos poderosos pueden incluso no sólo alcanzar fianza sino vivir en barrios residenciales. Recuerdo que en un exclusivísimo fraccionamiento de Tlalpan, al cual se accedía a través de una caseta de vigilancia en la que revisaban meticulosamente los vehículos y exigían identificaciones, ¡se aseguraron cuatro casas de narcotraficantes!
En el “combate a la delincuencia” se pretende asumir como algo normal, e incluso recomendable, los retenes del Ejército en carreteras y en las calles de las ciudades, el ingreso de militares y policías a domicilios sin orden de cateo, la delación anónima, el control policiaco de los ciudadanos, la violación flagrante de la Constitución y el constante quebrantamiento de los derechos humanos.
No nos engañemos: la única solución viable es cambiar de raíz el sistema basado en el robo generalizado del trabajo ajeno, para el cual son inherentes la violencia y el crimen. La efectiva “lucha contra la delincuencia” consiste en transformar las relaciones sociales basadas en la explotación y degradación de los seres humanos.
Los que oscurecen México
Víctor M. Quintana S.
Si el tema de los derechos humanos apenas ocupaba lugar en los informes presidencialistas, ahora será seguramente excluido de los infomerciales de Calderón. La ineficacia de su régimen para combatir los poderes fácticos ha sido directamente proporcional al empeño para reprimir a los débiles y criminalizar la protesta social.
Miércoles 13 de agosto. Ernesto Córdoba Chavarría, honesto trabajador de un rancho ganadero del municipio de Guerrero, Chihuahua, se dirige a la población de El Largo, en el municipio de Madera en el mismo estado, para visitar a su madre. Al llegar a la gasolinera de este último pueblo, se acerca a él un piquete de soldados y le piden que los lleve a un sitio x. Suben a la caja de la camioneta y durante todo el día traen a Ernesto conduciéndolos de un lugar a otro del poblado, a la vista de todos. Ya anocheciendo dejan que Ernesto se vaya a casa de su madre.
Esa misma noche un comando con elementos uniformados y embozados penetra violentamente a la casa de la madre de Ernesto y se lleva a la fuerza a éste y a su hermano Manuel. Permanecen desaparecidos una semana. Por fin, el 26 de agosto son encontrados los cadáveres ejecutados de ambos. El pueblo entero se consterna, más tratándose de dos hombres jóvenes conocidos por su amor al trabajo y su honestidad. Hay quienes culpan al Ejército, ya sea por haberlos ejecutado, ya sea por haber exhibido a Ernesto ante los sicarios de La Línea, brazo rural del cártel de Juárez.
Jueves 28 de agosto. En un paraje situado a 15 kilómetros del mineral de Dolores, municipio de Madera, Ernesto Ortega Parra y su hijo llegan con algo de provisiones y ropa a la casa de su hija en el rancho El Serrucho. No encuentran a nadie y mientras esperan llegan varias camionetas de donde descienden varios elementos de la PFP, quienes sujetan con violencia a Ortega y a su hijo exigiéndoles que abran la casa. Como les responden que no pueden abrir ya que la casa no es de ellos, los federales derriban la puerta y toman algunos objetos. Se llevan con ellos a Ortega y a su hijo rumbo al rancho Arroyo Largo, propiedad de un cuñado de aquél. Tampoco ahí encuentran armas, pero le espetan a Ortega: “Ya te chingaste”, lo atan, lo encapuchan, lo golpean y se lo llevan a la delegación de la PGR en la capital del estado. Acusación: “posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército”, cuando ni Ortega porta arma alguna y ni siquiera catearon su casa.
La empresa canadiense Minefinders presenta a los medios la detención como la de un “instigador de los bloqueos a la mina de Dolores”, tratando de presentar al grupo mayoritario de ejidatarios inconformes con las condiciones planteadas por ella como un grupo subversivo, armado. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hace presente en el interrogatorio a Ortega y da fe de que las declaraciones de éste y de su hijo no pesan ante el reporte amañado de la PFP. La asamblea del ejido Huizopa aclara que Ernesto Ortega es ejidatario, no participa en el movimiento pero que ha sido detenido injustamente y debe ser liberado de inmediato. Interpretan esta detención como un intento más del gobierno por criminalizar la protesta social. Se presenta la queja correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otra más. La CNDH brilla por su ausencia y el gobierno del estado se muestra impotente para detener los atropellos de los federales, que casi actúan como fuerza de ocupación.
Sábado 30 de agosto. La movilización Iluminemos México tiene poco impacto en Chihuahua. Sólo hay una pequeña manifestación en Ciudad Cuauhtémoc. Ni en Juárez, ni en la capital del estado, ciudades vapuleadas por más de un millar de ejecuciones y sacudidas por la delincuencia en aumento, se lanza la gente a las calles.
Muchos atribuyen la desmovilización chihuahuense al temor de la gente ante la ola de delincuencia y de ejecuciones. Pero hay otra hipótesis de lectura: la gente ya no se manifiesta porque no cree ya en los interlocutores eventuales de sus manifestaciones. No cree en un gobierno estatal rebasado por todos lados por el crimen organizado; no cree en un gobierno federal que con el pretexto del combate a los delincuentes fabrica como tales a quienes disienten y protege a quienes violan las leyes y atropellan los derechos humanos. El pueblo de Chihuahua tiene fuertes dudas de que se pueda iluminar México cuando los de arriba se empeñan en apagarlo.
Si el tema de los derechos humanos apenas ocupaba lugar en los informes presidencialistas, ahora será seguramente excluido de los infomerciales de Calderón. La ineficacia de su régimen para combatir los poderes fácticos ha sido directamente proporcional al empeño para reprimir a los débiles y criminalizar la protesta social.
Miércoles 13 de agosto. Ernesto Córdoba Chavarría, honesto trabajador de un rancho ganadero del municipio de Guerrero, Chihuahua, se dirige a la población de El Largo, en el municipio de Madera en el mismo estado, para visitar a su madre. Al llegar a la gasolinera de este último pueblo, se acerca a él un piquete de soldados y le piden que los lleve a un sitio x. Suben a la caja de la camioneta y durante todo el día traen a Ernesto conduciéndolos de un lugar a otro del poblado, a la vista de todos. Ya anocheciendo dejan que Ernesto se vaya a casa de su madre.
Esa misma noche un comando con elementos uniformados y embozados penetra violentamente a la casa de la madre de Ernesto y se lleva a la fuerza a éste y a su hermano Manuel. Permanecen desaparecidos una semana. Por fin, el 26 de agosto son encontrados los cadáveres ejecutados de ambos. El pueblo entero se consterna, más tratándose de dos hombres jóvenes conocidos por su amor al trabajo y su honestidad. Hay quienes culpan al Ejército, ya sea por haberlos ejecutado, ya sea por haber exhibido a Ernesto ante los sicarios de La Línea, brazo rural del cártel de Juárez.
Jueves 28 de agosto. En un paraje situado a 15 kilómetros del mineral de Dolores, municipio de Madera, Ernesto Ortega Parra y su hijo llegan con algo de provisiones y ropa a la casa de su hija en el rancho El Serrucho. No encuentran a nadie y mientras esperan llegan varias camionetas de donde descienden varios elementos de la PFP, quienes sujetan con violencia a Ortega y a su hijo exigiéndoles que abran la casa. Como les responden que no pueden abrir ya que la casa no es de ellos, los federales derriban la puerta y toman algunos objetos. Se llevan con ellos a Ortega y a su hijo rumbo al rancho Arroyo Largo, propiedad de un cuñado de aquél. Tampoco ahí encuentran armas, pero le espetan a Ortega: “Ya te chingaste”, lo atan, lo encapuchan, lo golpean y se lo llevan a la delegación de la PGR en la capital del estado. Acusación: “posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército”, cuando ni Ortega porta arma alguna y ni siquiera catearon su casa.
La empresa canadiense Minefinders presenta a los medios la detención como la de un “instigador de los bloqueos a la mina de Dolores”, tratando de presentar al grupo mayoritario de ejidatarios inconformes con las condiciones planteadas por ella como un grupo subversivo, armado. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hace presente en el interrogatorio a Ortega y da fe de que las declaraciones de éste y de su hijo no pesan ante el reporte amañado de la PFP. La asamblea del ejido Huizopa aclara que Ernesto Ortega es ejidatario, no participa en el movimiento pero que ha sido detenido injustamente y debe ser liberado de inmediato. Interpretan esta detención como un intento más del gobierno por criminalizar la protesta social. Se presenta la queja correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otra más. La CNDH brilla por su ausencia y el gobierno del estado se muestra impotente para detener los atropellos de los federales, que casi actúan como fuerza de ocupación.
Sábado 30 de agosto. La movilización Iluminemos México tiene poco impacto en Chihuahua. Sólo hay una pequeña manifestación en Ciudad Cuauhtémoc. Ni en Juárez, ni en la capital del estado, ciudades vapuleadas por más de un millar de ejecuciones y sacudidas por la delincuencia en aumento, se lanza la gente a las calles.
Muchos atribuyen la desmovilización chihuahuense al temor de la gente ante la ola de delincuencia y de ejecuciones. Pero hay otra hipótesis de lectura: la gente ya no se manifiesta porque no cree ya en los interlocutores eventuales de sus manifestaciones. No cree en un gobierno estatal rebasado por todos lados por el crimen organizado; no cree en un gobierno federal que con el pretexto del combate a los delincuentes fabrica como tales a quienes disienten y protege a quienes violan las leyes y atropellan los derechos humanos. El pueblo de Chihuahua tiene fuertes dudas de que se pueda iluminar México cuando los de arriba se empeñan en apagarlo.
Afiliarse al Seguro Popular no garantiza tener atención de salud
Asa Cristina Laurell
El objetivo reiterado del Seguro Popular (SP) es alcanzar, junto con los mecanismos de la seguridad social, la universalidad del aseguramiento en salud de los mexicanos en 2010 o 2011.
El aseguramiento es una política, un medio, para garantizar el acceso a los servicios de salud y no un fin en si mismo. Es necesario subrayar este hecho porque prevalece la suposición de que un seguro de salud implica tener acceso a los servicios; suposición equivocada tanto respecto a los seguros públicos como a los privados.
La información oficial1 sobre el SP demuestra claramente que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos. Adicionalmente documenta que hay un subejercicio sistemático del presupuesto, lo que significa que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población.
En el cuadro, se compara la cantidad de servicios prestados anualmente según diferentes tipos de arreglos institucionales: el SP, los servicios estatales de salud (SES), el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos del DF (PSMMG-DF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se constata que la prestación de servicios del SP está por debajo de los otros esquemas, incluso el de los servicios prestados por los SES que cubren toda la población sin IMSS o ISSSTE y son las unidades médicas donde se presta servicios al SP.
El rubro más desfavorable del SP es el de hospitalización donde los SES muestran un dato 75 por ciento mayor y el IMSS y el PSMMG-DF más del doble. Esta falta de acceso real a la atención médica se confirma con el número de partos atendidos por mil personas ya que el SP debería tener el dato más alto dadas las características de su población asegurada con un alto número de mujeres.
Los datos del cuadro indican que estar inscrito al SP no garantiza siquiera el acceso a los servicios ofrecidos en la póliza.
La razón es que el SP se implantó sin desarrollar la infraestructura de salud requerida. Reporta en su reciente informe (julio de 2008) tener 23.5 millones de afiliados en 2 mil 449 municipios. En contraste de los 10 mil 615 centros de salud programados para ser incorporados al SP sólo 4 mil 102 ya lo hicieron y de éstos sólo 2 mil 922, es decir 28 por ciento, pudieron certificar los criterios de calidad; de los 330 hospitales generales, 260 están incorporados y 161 (49 por ciento) certificados, y de los 92 hospitales de alta especialidad, 60 están incorporados y certificados. De los 5 hospitales de especialidad construidos por la Secretaría de Salud desde que se inició el SP en 2004, ninguno está en pleno funcionamiento; el del Bajío sólo ha abierto 45 de sus 184 camas y el de Mérida sólo ofrece consulta externa. Una de las razones es la falta de personal ya que en estos cinco hospitales hay 3 mil 664 vacantes sobre un total de 5 mil 413 plazas autorizadas. Por otra parte, el sobre-dimensionamiento de las plazas directivas es costoso e irresponsable.
Debiera ser la máxima prioridad de la Secretaría de Salud corregir la falta de infraestructura y personal para poder prestar los limitados servicios prometido en el SP y con el incremento del presupuesto se podría hacer. Los datos de 2007 y 2008 revelan un subejercicio sistemático y grande del presupuesto autorizado. En 2007 el SP escondió 3 mil millones de pesos no transferidos a los estados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud (FSPSS) que adicionalmente tuvo un subejercicio de cerca de 2 mil millones; o sea, en 2007 hubo un subejercicio total de 5 mil millones de pesos. Al final de 2007 se habían acumulado en el fideicomiso 10 mil 388 millones y a mitad de 2008 éste disponía de 13 mil 443 millones. Esta cantidad alcanzaría para construir y equipar ¡27 hospitales generales de 150 camas!
Extrañamente el informe del primer semestre de 2008 del SP sólo reporta una disponibilidad de 2 mil 242 millones en el FSPSS al inicio del año y la autorización de usar 3 mil 935 millones para gastos catastróficos durante todo 2008 a pesar de estimar ingresos de 8 mil millones. ¿Dónde está y en qué se utilizará el resto del dinero?
1 La información usada en este artículo está tomada de los informes de la CNPSS 2007 y 2008, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social 2007 y 2008 y de la SCHP.
El objetivo reiterado del Seguro Popular (SP) es alcanzar, junto con los mecanismos de la seguridad social, la universalidad del aseguramiento en salud de los mexicanos en 2010 o 2011.
El aseguramiento es una política, un medio, para garantizar el acceso a los servicios de salud y no un fin en si mismo. Es necesario subrayar este hecho porque prevalece la suposición de que un seguro de salud implica tener acceso a los servicios; suposición equivocada tanto respecto a los seguros públicos como a los privados.
La información oficial1 sobre el SP demuestra claramente que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos. Adicionalmente documenta que hay un subejercicio sistemático del presupuesto, lo que significa que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población.
En el cuadro, se compara la cantidad de servicios prestados anualmente según diferentes tipos de arreglos institucionales: el SP, los servicios estatales de salud (SES), el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos del DF (PSMMG-DF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se constata que la prestación de servicios del SP está por debajo de los otros esquemas, incluso el de los servicios prestados por los SES que cubren toda la población sin IMSS o ISSSTE y son las unidades médicas donde se presta servicios al SP.
El rubro más desfavorable del SP es el de hospitalización donde los SES muestran un dato 75 por ciento mayor y el IMSS y el PSMMG-DF más del doble. Esta falta de acceso real a la atención médica se confirma con el número de partos atendidos por mil personas ya que el SP debería tener el dato más alto dadas las características de su población asegurada con un alto número de mujeres.
Los datos del cuadro indican que estar inscrito al SP no garantiza siquiera el acceso a los servicios ofrecidos en la póliza.
La razón es que el SP se implantó sin desarrollar la infraestructura de salud requerida. Reporta en su reciente informe (julio de 2008) tener 23.5 millones de afiliados en 2 mil 449 municipios. En contraste de los 10 mil 615 centros de salud programados para ser incorporados al SP sólo 4 mil 102 ya lo hicieron y de éstos sólo 2 mil 922, es decir 28 por ciento, pudieron certificar los criterios de calidad; de los 330 hospitales generales, 260 están incorporados y 161 (49 por ciento) certificados, y de los 92 hospitales de alta especialidad, 60 están incorporados y certificados. De los 5 hospitales de especialidad construidos por la Secretaría de Salud desde que se inició el SP en 2004, ninguno está en pleno funcionamiento; el del Bajío sólo ha abierto 45 de sus 184 camas y el de Mérida sólo ofrece consulta externa. Una de las razones es la falta de personal ya que en estos cinco hospitales hay 3 mil 664 vacantes sobre un total de 5 mil 413 plazas autorizadas. Por otra parte, el sobre-dimensionamiento de las plazas directivas es costoso e irresponsable.
Debiera ser la máxima prioridad de la Secretaría de Salud corregir la falta de infraestructura y personal para poder prestar los limitados servicios prometido en el SP y con el incremento del presupuesto se podría hacer. Los datos de 2007 y 2008 revelan un subejercicio sistemático y grande del presupuesto autorizado. En 2007 el SP escondió 3 mil millones de pesos no transferidos a los estados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud (FSPSS) que adicionalmente tuvo un subejercicio de cerca de 2 mil millones; o sea, en 2007 hubo un subejercicio total de 5 mil millones de pesos. Al final de 2007 se habían acumulado en el fideicomiso 10 mil 388 millones y a mitad de 2008 éste disponía de 13 mil 443 millones. Esta cantidad alcanzaría para construir y equipar ¡27 hospitales generales de 150 camas!
Extrañamente el informe del primer semestre de 2008 del SP sólo reporta una disponibilidad de 2 mil 242 millones en el FSPSS al inicio del año y la autorización de usar 3 mil 935 millones para gastos catastróficos durante todo 2008 a pesar de estimar ingresos de 8 mil millones. ¿Dónde está y en qué se utilizará el resto del dinero?
1 La información usada en este artículo está tomada de los informes de la CNPSS 2007 y 2008, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social 2007 y 2008 y de la SCHP.
También en los ingenios la tónica es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias
Carlos Fernández-Vega
Gobiernos priístas y panistas cobijan a los industriales de siempre
En el cuento de nunca acabar, un nuevo “acuerdo coyuntural” entra al “rescate” –por enésima ocasión– de los barones del azúcar, el cual, como es costumbre, involucra recursos públicos para proteger intereses privados. Aún se desconoce, a detalle, el costo que para el erario implicó, implica, la “expropiación” de 27 ingenios azucareros ordenada por Vicente Fox el 3 de setiembre de 2001, cuando ya opera un “salvamento” adicional en este sector que destaca por ser uno de los barriles empresariales sin fondo que agobian a las finanzas nacionales.
Se trata del clásico “problema de coyuntura” (socializar pérdidas y privatizar ganancias) que acumula varias décadas. Los barones de la industria azucarera (muchos de ellos, también, de las bebidas “refrescantes” y de la “panadería industrializada”) son participantes destacados y recurrentes en el privilegiado cuan costosísimo circuito estatización-privatización-reestatización-reprivatización (etcétera, etcétera) practicado por gobiernos tricolores y blanquiazules, que al erario no sólo le ha significado un severo dolor de cabeza (por no hablar de ronchas en sagradas partes), sino una permanente sangría de recursos en detrimento de ya saben quiénes.
En su edición de ayer, La Jornada denunció que “un ‘programa de apoyo coyuntural’ a la industria azucarera fue acordado este miércoles (3 de septiembre, séptimo aniversario de la “expropiación” foxista de 27 centrales azucareras privadas, quebradas y con multimillonarios adeudos al erario, que sólo se prolongaría, “como máximo”, 18 meses) por el gobierno federal, productores de caña y dueños de ingenios. El acuerdo incluye la utilización de recursos públicos por mil 600 millones de pesos y fondos privados por 2 mil 200 millones para compensar a los productores ante la caída en los precios internos del dulce. ‘No es un subsidio ni un salvavidas’, declaró Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. ‘El gobierno entendió que era difícil bajar el precio que se paga a los productores de caña, reconoció la realidad social y se llegó a un acuerdo en el que todos ponen para encontrar soluciones de largo plazo… y con el coyuntural de hoy (ayer) va a haber posibilidades de que la industria azucarera crezca y sea rentable’, aseguró el empresario” (Roberto González Amador).
En nombre de la “coyuntura”, las “soluciones de largo plazo” y la “rentabilidad”, los barones de la industria azucarera, entre otros, han sido “rescatados” en innumerables ocasiones por priístas y panistas, mientras las facturas correspondientes han corrido, corren, por cuenta del bienestar de millones de mexicanos, quienes no sólo pagan las voluminosas deudas de tan eficientes señores, sino la perenne creación de onerosas cuan inoperantes estructuras burocráticas.
“Rescates” y “salvamentos” de todos colores y sabores se registran desde, cuando menos, la “institucionalización revolucionaria”. Por ejemplo, en el periodo 1967-1982 los barones del azúcar pidieron auxilio, y lo obtuvieron, de tal suerte que el gobierno federal adquirió un número creciente de obsoletos ingenios privados en quiebra, incrementando así, de manera sostenida, su participación en la producción de azúcar: en 1967, llegó a representar 14 por ciento del total nacional; en 1982, el 72 por ciento. Las finanzas nacionales asumieron pasivos, corrigieron ineficiencias, lavaron y plancharon, para que finalmente los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (“procedemos con la firme determinación de mi gobierno de iniciar un proceso modernizador dentro de la industria azucarera, que revierta el deterioro en que ha caído y haga resurgir a este sector para recuperar niveles de exportación”) los reprivatizara, limpios y cristalinos, a los mismos barones del azúcar que habían solicitado el auxilio.
Esos mismos endulzados señores de nueva cuenta fueron “rescatados” por el señor del “bienestar de la famiglia”, Ernesto Zedillo, por medio del “Programa de Reestructuración Integral del Sector Azucarero”, que sólo sirvió para limpiar las finanzas de los ingenios azucareros privados y cargarle la cuenta al erario, por medio de Financiera Nacional Azucarera, la que finalmente entró en proceso de disolución y liquidación. Poco antes de dejar Los Pinos, el que no tenía cash ordenó al Bancomext entregar 400 millones de dólares a los barones del azúcar, en calidad de “apoyo coyuntural”.
Por aquellos ayeres, algunos diputados panistas no sólo reclamaron por la cadena de “rescates” y “salvamentos”, sino que acusaron a Salinas de Gortari y a Zedillo de “recibir financiamientos de los industriales del azúcar para el desarrollo de sus respectivas campañas políticas a la Presidencia de la República”. Pero se vieron en la penosa necesidad de meterse la lengua donde encontraran, porque llegó el “cambio”, con Vicente Fox y su decreto “expropiatorio” de 27 ingenios cuyo mejor tino fue asumir los multimillonarios pasivos de los barones del azúcar, quienes, dicen, también inyectaron dinero a la campaña política del guanajuatense.
Aquel 3 de septiembre de 2001, se ofreció una conferencia de prensa por los secretarios de Hacienda (Paco Gil), Contraloría (Pancho Barrio), Economía (Luis Ernesto Derbez) y Agricultura y conexos (Javier Usabiaga), en la que se “explicó” las “razones” y “alcance” de la expropiación. De ella rescatamos las siguientes frases célebres: “la acción busca proteger a la industria azucarera nacional, para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro… se trata de una estatización transitoria… la decisión es para contribuir al funcionamiento eficaz del mercado y para hacer de esta actividad una fuente económica de provecho social y no de beneficio individual…. dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios; por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos… esos consorcios se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses… el saneamiento de los ingenios tendrá un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos, aunque no será precisamente un gasto”. Por aquellas fechas, el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguraba que “la sociedad no pagará nada”. De hecho, sostuvo, “se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica”.
Pues bien, el nuevo “rescate” disfrazado de “expropiación” costó 15 mil 591 millones (hasta 2005), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró (2006) inconstitucional el decreto foxista.
Y ahora con ustedes, la “continuidad” y su “apoyo coyuntural.
Las rebanadas del pastel
Un abrazo y mi profundo agradecimiento a maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN por su generosidad y cálida recepción.
Gobiernos priístas y panistas cobijan a los industriales de siempre
En el cuento de nunca acabar, un nuevo “acuerdo coyuntural” entra al “rescate” –por enésima ocasión– de los barones del azúcar, el cual, como es costumbre, involucra recursos públicos para proteger intereses privados. Aún se desconoce, a detalle, el costo que para el erario implicó, implica, la “expropiación” de 27 ingenios azucareros ordenada por Vicente Fox el 3 de setiembre de 2001, cuando ya opera un “salvamento” adicional en este sector que destaca por ser uno de los barriles empresariales sin fondo que agobian a las finanzas nacionales.
Se trata del clásico “problema de coyuntura” (socializar pérdidas y privatizar ganancias) que acumula varias décadas. Los barones de la industria azucarera (muchos de ellos, también, de las bebidas “refrescantes” y de la “panadería industrializada”) son participantes destacados y recurrentes en el privilegiado cuan costosísimo circuito estatización-privatización-reestatización-reprivatización (etcétera, etcétera) practicado por gobiernos tricolores y blanquiazules, que al erario no sólo le ha significado un severo dolor de cabeza (por no hablar de ronchas en sagradas partes), sino una permanente sangría de recursos en detrimento de ya saben quiénes.
En su edición de ayer, La Jornada denunció que “un ‘programa de apoyo coyuntural’ a la industria azucarera fue acordado este miércoles (3 de septiembre, séptimo aniversario de la “expropiación” foxista de 27 centrales azucareras privadas, quebradas y con multimillonarios adeudos al erario, que sólo se prolongaría, “como máximo”, 18 meses) por el gobierno federal, productores de caña y dueños de ingenios. El acuerdo incluye la utilización de recursos públicos por mil 600 millones de pesos y fondos privados por 2 mil 200 millones para compensar a los productores ante la caída en los precios internos del dulce. ‘No es un subsidio ni un salvavidas’, declaró Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. ‘El gobierno entendió que era difícil bajar el precio que se paga a los productores de caña, reconoció la realidad social y se llegó a un acuerdo en el que todos ponen para encontrar soluciones de largo plazo… y con el coyuntural de hoy (ayer) va a haber posibilidades de que la industria azucarera crezca y sea rentable’, aseguró el empresario” (Roberto González Amador).
En nombre de la “coyuntura”, las “soluciones de largo plazo” y la “rentabilidad”, los barones de la industria azucarera, entre otros, han sido “rescatados” en innumerables ocasiones por priístas y panistas, mientras las facturas correspondientes han corrido, corren, por cuenta del bienestar de millones de mexicanos, quienes no sólo pagan las voluminosas deudas de tan eficientes señores, sino la perenne creación de onerosas cuan inoperantes estructuras burocráticas.
“Rescates” y “salvamentos” de todos colores y sabores se registran desde, cuando menos, la “institucionalización revolucionaria”. Por ejemplo, en el periodo 1967-1982 los barones del azúcar pidieron auxilio, y lo obtuvieron, de tal suerte que el gobierno federal adquirió un número creciente de obsoletos ingenios privados en quiebra, incrementando así, de manera sostenida, su participación en la producción de azúcar: en 1967, llegó a representar 14 por ciento del total nacional; en 1982, el 72 por ciento. Las finanzas nacionales asumieron pasivos, corrigieron ineficiencias, lavaron y plancharon, para que finalmente los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (“procedemos con la firme determinación de mi gobierno de iniciar un proceso modernizador dentro de la industria azucarera, que revierta el deterioro en que ha caído y haga resurgir a este sector para recuperar niveles de exportación”) los reprivatizara, limpios y cristalinos, a los mismos barones del azúcar que habían solicitado el auxilio.
Esos mismos endulzados señores de nueva cuenta fueron “rescatados” por el señor del “bienestar de la famiglia”, Ernesto Zedillo, por medio del “Programa de Reestructuración Integral del Sector Azucarero”, que sólo sirvió para limpiar las finanzas de los ingenios azucareros privados y cargarle la cuenta al erario, por medio de Financiera Nacional Azucarera, la que finalmente entró en proceso de disolución y liquidación. Poco antes de dejar Los Pinos, el que no tenía cash ordenó al Bancomext entregar 400 millones de dólares a los barones del azúcar, en calidad de “apoyo coyuntural”.
Por aquellos ayeres, algunos diputados panistas no sólo reclamaron por la cadena de “rescates” y “salvamentos”, sino que acusaron a Salinas de Gortari y a Zedillo de “recibir financiamientos de los industriales del azúcar para el desarrollo de sus respectivas campañas políticas a la Presidencia de la República”. Pero se vieron en la penosa necesidad de meterse la lengua donde encontraran, porque llegó el “cambio”, con Vicente Fox y su decreto “expropiatorio” de 27 ingenios cuyo mejor tino fue asumir los multimillonarios pasivos de los barones del azúcar, quienes, dicen, también inyectaron dinero a la campaña política del guanajuatense.
Aquel 3 de septiembre de 2001, se ofreció una conferencia de prensa por los secretarios de Hacienda (Paco Gil), Contraloría (Pancho Barrio), Economía (Luis Ernesto Derbez) y Agricultura y conexos (Javier Usabiaga), en la que se “explicó” las “razones” y “alcance” de la expropiación. De ella rescatamos las siguientes frases célebres: “la acción busca proteger a la industria azucarera nacional, para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro… se trata de una estatización transitoria… la decisión es para contribuir al funcionamiento eficaz del mercado y para hacer de esta actividad una fuente económica de provecho social y no de beneficio individual…. dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios; por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos… esos consorcios se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses… el saneamiento de los ingenios tendrá un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos, aunque no será precisamente un gasto”. Por aquellas fechas, el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguraba que “la sociedad no pagará nada”. De hecho, sostuvo, “se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica”.
Pues bien, el nuevo “rescate” disfrazado de “expropiación” costó 15 mil 591 millones (hasta 2005), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró (2006) inconstitucional el decreto foxista.
Y ahora con ustedes, la “continuidad” y su “apoyo coyuntural.
Las rebanadas del pastel
Un abrazo y mi profundo agradecimiento a maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN por su generosidad y cálida recepción.
Referendo y revocación, mecanismos democráticos
Editorial
La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.
Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.
Por lo que hace al referendo, Muñoz Ledo no ha sido el primero en pedir su instauración; muy diversas voces de distintos signos políticos han reclamado que se incorpore esta figura al marco constitucional, como una forma de evitar que los gobernantes en turno se extralimiten en su mandato e impongan al conjunto de la nación decisiones de trascendencia que no cuenten con un consenso social claro, como es precisamente el caso de las iniciativas de privatización de la industria petrolera presentadas por el Ejecutivo federal y por el Partido Revolucionario Institucional. En el curso del debate por esas propuestas de reformas legales ha sido posible apreciar la necesidad de este mecanismo democrático, toda vez que la consulta popular prevista en el artículo 26 de la Carta Magna resulta, en sus términos actuales, ambigua y sujeta a las interpretaciones más contrastantes.
En cuanto a la revocación de mandato, el mecanismo constituye un factor de control de la autoridad por parte de la ciudadanía que está presente en diversas legislaciones del mundo contemporáneo.
Sea por medio de un referendo revocatorio –abierto al voto de la ciudadanía en general– o de una moción de censura parlamentaria, la normalidad democrática moderna requiere de sistemas que permitan a las sociedades retirar de sus cargos a altos funcionarios –incluidos jefes de Estado y de gobierno– que se hayan revelado incapaces para cumplir con sus responsabilidades, que se rehúsen a llevar a cabo sus respectivos mandatos o que violenten el marco legal en forma manifiesta. Lejos de representar mecanismos subversivos, constituyen formas para garantizar la gobernabilidad y la continuidad institucional.
La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.
Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.
Por lo que hace al referendo, Muñoz Ledo no ha sido el primero en pedir su instauración; muy diversas voces de distintos signos políticos han reclamado que se incorpore esta figura al marco constitucional, como una forma de evitar que los gobernantes en turno se extralimiten en su mandato e impongan al conjunto de la nación decisiones de trascendencia que no cuenten con un consenso social claro, como es precisamente el caso de las iniciativas de privatización de la industria petrolera presentadas por el Ejecutivo federal y por el Partido Revolucionario Institucional. En el curso del debate por esas propuestas de reformas legales ha sido posible apreciar la necesidad de este mecanismo democrático, toda vez que la consulta popular prevista en el artículo 26 de la Carta Magna resulta, en sus términos actuales, ambigua y sujeta a las interpretaciones más contrastantes.
En cuanto a la revocación de mandato, el mecanismo constituye un factor de control de la autoridad por parte de la ciudadanía que está presente en diversas legislaciones del mundo contemporáneo.
Sea por medio de un referendo revocatorio –abierto al voto de la ciudadanía en general– o de una moción de censura parlamentaria, la normalidad democrática moderna requiere de sistemas que permitan a las sociedades retirar de sus cargos a altos funcionarios –incluidos jefes de Estado y de gobierno– que se hayan revelado incapaces para cumplir con sus responsabilidades, que se rehúsen a llevar a cabo sus respectivos mandatos o que violenten el marco legal en forma manifiesta. Lejos de representar mecanismos subversivos, constituyen formas para garantizar la gobernabilidad y la continuidad institucional.
Europa no se pone de acuerdo para enfrentar a Rusia
Barómetro InternacionalEl fin del mundo unipolar en el conflicto de Otesia
Por Ernesto Tamara
La situación en las regiones de Georgia, de Otesia del Sur y Abjazia, tras el reconocimiento de su independencia por Moscú, sigue siendo tensa y blanco de las maniobras diplomáticas y políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea que amenazó con sanciones a Rusia no se pone de acuerdo debido a que Francia y Alemania priorizan sus relaciones económicas con el Kremlin. Al mismo tiempo Estados Unidos ve como su dominio unilateral de mundo llega su fin.
La información que trasciende de los grandes medios busca condenar a Rusia por su intervención armada en defensa de los ostesios atacados por Georgia el pasado 8 de agosto, y renuevan la propaganda de décadas anteriores advirtiendo de un resurgimiento de la “guerra fría”, de las intenciones expansionistas de los rusos, de un revival de la Unión Soviética, etc.
Toda la batería de la vieja propaganda anticomunista al servicio ahora de disfrazar la lucha de intereses económicos y políticos en que todas las potencias están involucradas.
Existe un interés en volcar al público en defensa de los “valores occidentales”, en defensa de la integridad territorial de Georgia, de frenar el expansionismo ruso, que a veces tildan livianamente de “soviético”. Por otra parte, asi como la derecha promueve que en el imaginario público se asocie Rusia con la Unión Soviética, a veces la izquierda también se confunde y comete ese error.
Rusia es hoy una potencia económica mundial, capitalista, que está buscando extender su influencia en Europa y en aquellos países con los que anteriormente estuvo vinculado. Sin embargo, en este caso, reaccionó como una potencia agredida en su zona de influencia.
No es casual que a pocas horas de la invasión de las tropas de Georgia a las regiones separatistas, y la reacción de las tropas rusas, Polonia haya acordado finalmente ceder a las presiones norteamericanas y aceptar la instalación en su territorio del llamado “escudo antimisil”. La República Checa ya había aceptado participar de ese programa militar, que según el Pentágono está diseñado para defender Europa y Estados Unidos de posibles misiles de “naciones que cobijan al terrorismo”, e interpretada por los militares rusos como una amenaza a sus ciudades.
La reacción de Georgia al intentar controlar las regiones separatistas de Otesia del Sur y Abjazia fue respaldada por Estados Unidos. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, reveló que apenas desatada la acción armada, con bombardeos a la población civil, llamó al presidente George Bush para que intercediera ante su aliado georgiano, el presidente Mijaíl Saakashvili. Sin embargo Bush no respondió a sus llamadas, estaba muy ocupado visitando las instalaciones olímpicas.
La invasión georgiana ocurrió al culminar unos ejercicios militares que realizaban con la participación de asesores y observadores militares norteamericanos. Hay quienes sospechan que esos observadores y asesores militares también estuvieron con las tropas georgianos en su intento por ocupar las regiones separatistas.
Algunos diarios rusos han informado de que mercenarios norteamericanos y de Israel fueron abatidos en el contraataque ruso a los georgianos. Según datos oficiales, unos mil asesores militares norteamericanos y algunas decenas de israelíes están en Georgia desde hace años.
Desde la caída del bloque soviético, Georgia se ha volcado a los “brazos” norteamericanos y ha recibido material militar, asesores, e inversiones en oleoductos. También Israel se ha situado como socio especial de Georgia.
El objetivo, ya logrado a medias, era establecer una vía de salida del petróleo y gas del Mar Caspio hacia Europa y otros destinos.
La Unión Europea llama la ruta a través de Azerbaijan y de Georgia su "Cuarto Corredor", el cual incluye proyectos como el gasoducto "Nabucco" que llevaría el gas hasta Austria, saliendo desde donde termina el BTC en Turquía.
El oleoducto BTC (Baku, Tibilisi, Ceyhan) contornea totalmente el territorio de la Federación Rusa. Transita a través de las antiguas repúblicas soviéticas de Azerbaijan y Georgia, las cuales se han convertido en “protectorados” de EE.UU, firmemente integrados en una alianza militar con el país del norte y la OTAN.
Además, ambas repúblicas tienen acuerdos de cooperación militar de larga data con Israel importa alrededor del 20 por ciento de su crudo de Azerbaijan. La apertura del oleoducto reforzará sustancialmente las importaciones desde la cuenca del mar Caspio
Según Eduardo Giordano, especialista en temas relacionados con conflictos del petróleo, "Georgia es considerado un país mucho más seguro que los llamados Estados fallidos y que todos aquellos países en los que, particularmente tras el 11-S, podría proliferar alguna forma de terrorismo religioso o de extremismo islámico". Con este movimiento de apoyo a la ruta Azerbaján-Georgia-Turquía, EE.UU espera terminar con la dependencia de oleoductos rusos e iraníes para la explotación en el Caspio y reducir el peso de Rusia en la zona. Como beneficios añadidos, a una escala más global obtendrá una menor dependencia de los países exportadores de Oriente Medio y un suministro seguro de energía para Israel.
Esta conexión Caspio-Mediterráneo, aprobada en 1999 durante la Cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha convertido a Georgia en un enclave energético estratégico cuya estabilidad es vital para Washington. EE.UU. no sólo ha tenido mucho que ver en que se eligiera la ruta que pasaba por Georgia, sino que también está implicada en la realización de las infraestructuras de transporte a través de sus potentes compañías petrolíferas.
La construcción del oleoducto es un proyecto del AOIC (Azerbaján International Oil Consortium), el consorcio internacional del petróleo que opera en Azerbaján y que reúne a las multinacionales estadounidenses más importantes como Chevron, Exxon Mobil y Unocal. Según las declaraciones de Medí Parkizi Amineh, investigador del instituto Clingendael en Holanda y del International Institute for Asian Studies de la Universidad de Amsterdam, Bush y miembros de su equipo de gobierno estuvieron involucrados en la formación de dicho consorcio.
Prueba de ello, es la participación de George Bush a través de sus petroleras Arbusto y Harken; del Vicepresidente Dick Cheney, que como presidente de Halliburton hizo una oferta para comprar la parte turca del oleoducto; de Condolezza Rice, actual consejera de seguridad, y que por entonces era la directora de Chevron; y por último, la relación con el proyecto del actual viceministro de Relaciones Exteriores, Richard Armitage, entonces presidente de la Cámara de Comercio de EEUU-Azerbaján
El interés de EEUU por la zona no es nuevo. Lleva años realizando operaciones estratégicas y militares en la región en una lucha por ganar posiciones a Rusia. Ejemplo de ello fueron los acuerdos alcanzados con los gobiernos de las repúblicas ex soviéticas de Uzbekistán y Tajikistán que le permitieron la instalación de bases militares en estos territorios. En Georgia también tiene instructores militares casi permanentes.
Cheney visita el oleoducto
Tras el respaldo de Estados Unidos al presidente de Georgia, Mijail Saakashvili, y el envio de “ayuda humanitaria” y barcos de guerra al Mar Negro, el vicepresidente Dick Cheney anunció una rápida visita a ese país. En una breve gira esta semana, Cheney visitará Tiflis, la capital de Georgia, y Azerbaiyán y Ucrania, otros dos socios en la región.
Según explicó el secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Georgia, Alexander Lomaia, Cheney hablará sobre la situación de los gasoductos que cruzan el país. "Pensamos que el principal punto de las conversaciones será la seguridad de los ductos de petróleo y gas", dijo Lomaia.
La seguridad de los ductos llevó también al presidente George Bush y su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a frenar los impulsos a establecer sanciones a Rusia, aunque de todas maneras prevé complicar el ingreso de Rusia a organismos comerciales internacionales.
Rice adoptó una postura menos agresiva que algunos de sus colegas europeos, y si bien criticó a Rusia, sostuvo que "EE.UU. trabaja activamente con sus socios europeos en la mediación internacional", y agregó que para esos esfuerzos necesitan "urgentemente el apoyo de Rusia".
La ex secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright, consideró de débil la postura norteamericana. Consideró que en lugar de Rice hubiera viajado a Moscú para decirle a los rusos “en términos muy claros que (su) comportamiento no es aceptable” y habría promovido un mayor aislamiento internacional. Según ella, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe proseguir "sin dudar" sus planes para acoger a Georgia en su seno.
Por lo pronto, Estados Unidos no ha podido actuar tan decididamente como hubiera deseado y debe esperar la reacción de Moscú antes de presionar a sus aliados a establecer sanciones.
Europa no puede sancionar a Rusia
La dependencia alemana y francesa del gas ruso y otras inversiones de estos países en Rusia ha impedido que Nicolas Sarkozy y Angela Merkel se sumen a la propuesta de otros países de la Unión Europea para sancionar a Moscú.
Entre los ministros de relaciones exteriores más interesados en aislar a Rusia y promover la expansión de la Unión Europea hacia el Este, se encuentra el canciller sueco Carl Bildt.
Bildt, firme aliado de Estados Unidos desde su época de estudiante y su paso como primer ministro sueco a principios de los 90, es conocido por sus vinculaciones con empresas petroleras que invierten precisamente en las ex repúblicas soviéticas y en África.
En una reciente entrevista al diario alemán “Frankfurter Allgemeine Zeitung” sostuvo que la Unión Europea debería acelerar sus planes por una asociación con las antiguas repúblicas soviéticas.
El primer ministro británico Gorndon Brown está en la misma línea dura contra Moscú, y le advierte a sus socios europeos que no se dejen chantajear con la energía. . "No puede permitirse a ningún país el dominio energético de Europa", advirtió en un artículo publicado en “The Observer”. El líder laborista exigió a Rusia que reconozca "la integridad territorial de Georgia y retire sus tropas".
En su artículo, Brown sitúa la guerra de Georgia en el marco del fuerte crecimiento del poder económico de Rusia, cuyo comercio se ha multiplicado por cuatro por la subida del precio del petróleo. Con el telón de fondo de la dependencia energética, Brown anuncia que presionará a los líderes europeos para que "aumenten los fondos para un proyecto que nos permita aprovisionarnos energéticamente del mar Caspio y reducir nuestra dependencia de Rusia".
Más realistas, los alemanes, que han acordado la construcción de un gasoducto desde Rusia a su país a través del Báltico, no respaldan las sanciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier dijo que "necesitamos un papel de Europa fuerte y sensible para permitir la vuelta a la razón y a la responsabilidad", afirmó.
De hecho Europa tiene pocos argumentos para rebatir las acusaciones del presidente ruso, Dimitri Medvedev y de su primer ministro Vladimir Putin. Ambos recordaron la aceptación de Europa de la independencia de Kosovo, ignorando los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para llegar a esa decisión.
Putin recordó además que mientras Europa sólo reaccionó después de un tiempo para”defender” a los musulmanes bosnios y a los kosovares de las tropas serbias, Rusia logró impedir rápidamente lo que consideró una masacre de las tropas de Georgia en la provincia separatista.
A principios de los 90, los cancilleres de la Unión Europea, con la sueca Ana Lindh a la cabeza, “convencieron” al presidente norteamericano Bill Clinton de bombardear Serbia para impedir la masacre de los musulmanes bosnios y de los separatistas kosovares.
Otesia del Sur tenía autonomía desde 1922
Tras la revolución de octubre, los bolcheviques rusos concedieron, en 1922, la autonomía a la región de Otesia dentro de lo que era y es hoy Georgia. Esta situación se mantuvo incambiada hasta la caída del bloque soviético. Con el derrumbe de la URSS, en 1989, el Congreso de Diputados Populares de Osetia del Sur proclamó su autonomía, como hacían el resto de las ex repúblicas soviéticas. Sin embargo, la nueva Georgia no aceptó esa decisión y declaró la autonomía inconstitucional.
Pero los ostesios insisten. El 20 de septiembre de 1990 los diputados locales vuelven a proclamar la soberanía y la creación de la República de Osetia del Sur. En respuesta, el 10 de diciembre de ese año el parlamento de Georgia declaró abolida la autonomía de Osetia del Sur. Al otro día se iniciaron los enfrentamientos, que en enero de 1991 ya habían provocado 2.000 muertos.
El 19 de enero de 1992 los separatistas realizan un referendo y sus habitantes votaron a favor de su anexión a Rusia, tras lo cual empezaron a recibir ayuda desde el Norte, de donde llegaron combatientes, además de otras regiones rusas. En 1992 las fuerzas georgianas cercaron y bombardearon la ciudad hasta lograr entrar en los suburbios.
Las hostilidades cesaron tras la firma del acuerdo de Dagomis (balneario de la costa rusa del mar Negro), entre Rusia y Georgia, por el cual a partir del 14 de julio de 1992 se desplegaron en la zona fuerzas de paz cuya presencia no ha impedido, sin embargo, que el régimen separatista formase unas Fuerzas Armadas propias.
Sólo parte del territorio de Osetia del Sur (entre un 30% y un 40%), habitado por georgianos, sigue bajo control de las autoridades de Georgia; el resto, dirigido por las autoridades independentistas, aboga por la separación y la unión a Rusia.
El 10 de noviembre de 1996, la Osetia rebelde celebró elecciones presidenciales. El ganador fue Liudwig Chibirov (65% votos). El 6 de diciembre de 2001, Chibirov fue relevado por Eduard Kokoiti (53% votos). El electorado fue convocado a las urnas el 12 de noviembre de 2006, para refrendar la independencia de la Osetia sureña (99% lo apoyaron) y elegir a su presidente, de nuevo Kokoiti (98,1% votos).
ernestotamara@gmail.com
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