martes, septiembre 09, 2008

Fernando Lugo y el nuevo proceso integrador de la Cuenca del Plata

Barómetro Internacional
Opinión

Por Fernando Del Corro (*)

La llegada al gobierno paraguayo de Fernando Armindo Lugo le ha dado, en apenas poco más de una semana de gestión, un nuevo dinamismo al proceso integrador de la Cuenca del Plata comenzando por la revitalización de un antiguo tratado entre los tres países menores de la región, el URUPABOL (Uruguay, Paraguay, Bolivia). Existe una breve pero interesante historia de dicho tratado realizada por el académico uruguayo Bernardo Quagliotti de Bellis, director de la revista “Geosur”, de la Asociación Suramericana de Estudios Geopolíticos, relacionada con el período de su existencia entre 1963 y 1976, hasta su denuncia por parte del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, presionado por el también dictatorial gobierno brasilero de entonces.
El término URUPABOL reapareció días atrás en Asunción del Paraguay el mismo pasado 15, en bocas del presidente boliviano Evo Morales durante una charla que mantuvo con un grupo de periodistas horas después de la ceremonia de traspaso del mando de Nicanor Duarte Frutos a Fernando Lugo. Por primera vez, en muchos años, más de 30, en boca de un jefe de estado de la región se volvió a escuchar hablar de aquel viejo tratado.
Pero había sido Lugo el paladín de su recuperación. Tras imponerse en las elecciones en su país en el pasado abril, realizó una visita a todos los países de la Cuenca del Plata y así visitó en la Argentina a Cristina Elisabet Fernández; en Bolivia a Evo Morales Ayma; en el Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva; y en el Uruguay a Tabaré Vázquez; amén de algunos extrazona como el nicaragüense Daniel Ortega y el venezolano Hugo Chávez.
Durante su campaña la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), el frente político heterogéneo conformado alrededor de la figura de emblemática de Lugo, tanto él como sus seguidores se encargaron de plantear la necesidad de reformular los tratados de Itaipú y Yacyretá, las dos grandes centrales hidroeléctricas sobre el Río Paraná –la primera de ellas la mayor generadora de energía del mundo- de las que el Paraguay obtiene escaso provecho dado su paupérrimo nivel de desarrollo por lo que debe vender el excedente, o sea casi todo lo que le corresponde, a sus respectivos socios: el Brasil y la Argentina.
La estrategia energética diseñada por Ricardo Canese, un ingeniero electo parlamentario del MERCOSUR por el movimiento Tekojoja, la fuerza propia de Lugo dentro de la APC, pasa, precisamente, por una gran integración de esos recursos entre los cuatro, por ahora, miembros plenos del tratado regional más Bolivia y, en un futuro, a las más distantes Venezuela, en vías de adhesión definitiva a dicho pacto, y a Chile. Algo que el propio Canese amplió al ser consultado por MERCOSUR Noticias.
Sin embargo, en este planteo estratégico que abarca todo el Cono Sur y algo más hay un eje central: el URUPABOL. Lugo lo habló en sus visitas a Tabaré y Evo. Este último recogió el guante de inmediato y poco después salió a plantearlo como estrategia. Tabaré aún guarda silencio, seguramente porque su política, diseñada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, no apunta a sus vecinos sino a la firma de tratados de libre comercio (TLC) y si aún no lo ha hecho con los Estados Unidos de América se debe a la resistencia que ello genera internamente en el gobernante Frente Amplio.
En ese marco salió rápidamente Lugo a reforzar su proyecto enviando, en nuevas visitas, ahora a su canciller, Alejandro Hamed Franco, un reconocido historiador cuya designación fue cuestionada por círculos del poder económico, desde los Estados Unidos y aún por algunos sectores desde el interior de la propia APC, en particular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Hamed ya habló de la cuestión en Montevideo con su par uruguayo Gonzalo Fernández. El mismo que pocos días antes había planteado la necesidad de “flexibilizar” el MERCOSUR mientras uno de los precandidatos a suceder a Tabaré, el senador ex Tupataro José Mujica, repetía en la Argentina su decisión de fortalecer el pacto regional.
Con Lugo los cuestionamientos a la integración que esgrimían funcionarios de Duarte Frutos se terminaron. La decisión es la de la plena integración pero el bloque de los más chicos puede ayudar a una mejor negociación con los más grandes. Bolivia tiene gas, aunque por ahora no le alcance más que para abastecer su mercado interno, al Brasil y un poco a la Argentina, pero va por más. Por lo tanto hay que prever un gasoducto que la conecte con el Paraguay y con el Uruguay –en este caso a través del Brasil o de la Argentina- que no lo tienen.
Del mismo modo el Paraguay, si obtuviese concesiones de la Argentina y el Brasil para disponer con alguna libertad sus excedentes de Yacyretá e Itapú, podría abastecer de energía eléctrica a Bolivia y el Uruguay, y con ello el cinturón de seguridad regional en la materia estaría asegurado.
El tratado del URUPABOL, firmado el 25 de abril de 1963, hace algo más de 45 años, apuntaba, entre otras cosas, como recuerda Quagliotti de Bellis, al desarrollo de una flota fluvio-marítima común. Bolivia y el Paraguay son países mediterráneos que se conectan con el Océano Atlántico a través de ríos de la Cuenca del Plata. La costa uruguaya tiene las mejores condiciones para un puerto que centralice el comercio ultramarino y de hecho ya se ha venido modernizando el de la propia Montevideo. De más fácil acceso y más barato que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Argentina.
Por ello es clave la Hidrovía del Río de la Plata, con el Paraná y el Paraguay, eventualmente extendible hasta el Bermejo, como en su momento se lo propusiera el oidor de Charcas (Bolivia), Juan de Matienzo, al rey de España Carlos I, lo que dio lugar a la definitiva fundación de la ciudad de Buenos Aires para facilitar el comercio entre la entonces metrópoli colonial y las minas de metales preciosos del Alto Perú. Este tema de la Hidrovía fue parte de las charlas entre Hamed y Gonzalo Fernández.
En el Uruguay se pretende desarrollar la energía nuclear y el Paraguay tiene uranio. Su sobreabundancia hidroeléctrica no lo ha llevado a ver aquella otra fuente de aprovisionamiento, pero facilitarlo a una futura central uruguaya ayudará al proceso de interconexión global, para el cual también está prevista, como se ha señalado, en la visión del gobierno de Lugo, la indispensable participación del Brasil y la Argentina, amén de los mencionados acuerdos geográficamente más complicados, con Chile y Venezuela.
Un acuerdo también se amplía a todo otro número de cuestiones, entre ellas la complementación en materia alimentaria, en la cual el Uruguay es el país mejor posicionado de los tres, aunque el Paraguay tiene una enorme potencialidad, a la cual Bolivia puede adicionar, por razones geográficas y climáticas otros productos, cuyos cultivos puede intensificar.
El Paraguay fue el país más desarrollado de la región en los albores de la independencia de los países surgidos de las metrópolis colonialistas ibéricas a comienzos del Siglo XIX a partir de la visión del gran presidente jacobino José Gaspar Rodríguez de Francia. Tras la infausta “Guerra de la Triple Alianza” pasó a estar subsumido en el atraso contumaz. Lugo no sólo habla de los aborígenes, de los pobres y de la democracia formal; tiene un proyecto estratégico para transformar su país y para ello cuenta con la buena voluntad de Cristina y Lula, pero en ese marco ha puesto buena parte de sus fichas en resucitar el URUPABOL.

(*) Periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires

Un amplio debate en el marco de las elecciones regionales

Barómetro Internacional

La discusión de las 26 leyes habilitantes en Venezuela

Por Diego Olivera

Los venezolanos se aprestan a una nueva instancia electoral, la elección de gobernadores y alcaldes, en esta nueva contienda, no solo están las propuestas de gobiernos locales, sino el tema de las 26 leyes habilitantes. La oposición en su discurso habla de una reforma constitucional camuflada, en alusión al referéndum de diciembre del 2007, donde dicha consulta fue derrotada por un escaso margen de votos.

La Asamblea Nacional (máximo organismo legislativo) comenzó una campaña de discusión de las 26 leyes, de acuerdo al cronograma fijado, los parlamentaristas de todos los estados, y diversos organismos públicos, están abocados a esta tarea, junto a los ministerios, organismos públicos, consejos comunales y organizaciones sociales.

Según esta propuesta “La idea de estos encuentros es hablar con la gente, hacer asambleas populares y distribuir folletos sobre estas normativas, donde se resaltan los aspectos más importantes de estos instrumentos legales para que las personas los conozcan, sepan cuáles son sus alcances y en qué los benefician”.

El presidente Chávez defendió las leyes y acepta los resultados electorales

El Jefe de Estado venezolano destacó que “esas leyes obedecen a las necesidades crecientes de la sociedad, por lo que descartó que sean parte de una “arbitrariedad” por parte de su Gobierno”, y reiteró “que son para fortalecer el Poder Popular”.

Agregando que “Ya lo decían los clásicos, los estudiosos de las leyes, Montesquieu, Bolívar: Las leyes deben nacer como producto de la naturaleza de las cosas. Entonces, van naciendo cosas producto del conocimiento, de la experiencia popular, y de allí nosotros, los gobernantes, nos vamos inspirando para ir ensamblando leyes, para ir consolidando una nueva realidad”.

El presidente Chávez, dijo este domingo en su Alo presidente que “su Gobierno reconocerá la victoria de todos aquellos candidatos de la oposición que resulten electos en los próximos comicios regionales del 23 de noviembre”.

Aseverando que “Si ganan en alguna alcaldía o estado, les vamos a reconocer la victoria, es mentira que aquí hay un jaque ruso, o un jaque chino, que si alguien vota por un candidato de la oposición entonces le desviamos el voto a favor de otro, eso es mentira, aquí hay transparencia, aquí cabemos todos, nosotros no tenemos ningún plan para acabar con nadie, para acabar y pasar la página del modelo capitalista, que está acabando con medio mundo, eso sí”.

La oposición recurre a instancias internacionales para dirimir los problemas internos

Los partidos de la oposición política en Venezuela, han acudido a varias instancias internacionales, para buscar apoyo externo a las inhabilitaciones políticas. Como lograr una condena a las leyes habilitantes, manejando el argumento, que las mismas contemplan muchos de los artículos que fueron presentados en la reforma constitucional de diciembre 2007, la cual no fue aprobada.

El alcalde del Municipio de Chacao, Leopoldo López, acudió a una diputada del Mercosur para buscar apoyo a sus demandas, pero un documento firmado por los integrantes de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), de fecha 18 de agosto de 2008 asevera que “esa instancia parlamentaria rechaza rotundamente las actuaciones de la presidenta de dicha Comisión, la diputada uruguaya Adriana Peña, y de Leopoldo López”.

A raíz de esto, Peña tuvo que “reconocer públicamente a la prensa venezolana que actuó en contra del Reglamento del Parlamento y que su visita a Venezuela fue a título personal, aún cuando para ese entonces aseguraba venir en representación del Parlamento”.

Nuevamente López sufre otro traspié internacional en Europa, al acudir junto a Juan José Molina del partido disidente PODEMOS, a Bruselas para poder conseguir apoyo. Pero el Parlamento Europeo rechazó “discutir el tema de las inhabilitaciones administrativas en Venezuela por considerarlo un asunto interno del país y un caso que de ninguna manera viola los derechos humanos”.

La nueva iniciativa de la oposición para conseguir apoyo en el exterior, ha sido la de recoger firmas para llevarlas a la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de lograr una condena a las inhabilitaciones y a las 26 leyes habilitantes.

Estas prácticas políticas de la oposición no son nuevas, revelan la incapacidad de su proyecto para enfrentar a la revolución bolivariana. La falta de líderes con credibilidad, debilita sus propuestas regionales y nacionales. Por lo tanto acuden a una intervención externa, ya que les fracasó la figura del golpe de estado, pero recordemos que lo propusieron si ganaba la reforma constitucional en diciembre del 2007.

diegojolivera@gmail.com

NUESTRO SELLO!


Peña Nieto: el proyecto de la mafia
Alvaro Delgado
MEXICO, DF, 8 de septiembre (apro).- Los publicistas fueron contratados para hacer de él, al costo que sea, un maniquí de lujo: ostensible la carga de maquillaje que encubre las imperfecciones del rostro y abundante el gel para modelar el peinado que evoca a Fernando Gutiérrez Barrios, viste trajes y camisas de corte y color precisos.
Y es que Enrique Peña Nieto, gobernador priista del Estado de México, es un acabado producto del dinero, que todo lo fabrica: su corta estatura se suple con tomas que lo hacen ver como un gigante y su juventud se capitaliza con un atuendo en oscuros combinados con blanco, que lo proyectan maduro y ejecutivo.
Pero detrás de la multimillonaria parafernalia --en radio, televisión, Internet e impresos-- que lo presenta como un gobernante escrupuloso y eficaz, con tamaños para ser presidente de México, habita un político tradicional: taimado y truculento, represor y gazmoño, capaz de todo para conquistar y retener el poder.
Lo conocí personalmente hace cuatro años: la tarde del 5 de agosto del 2004, en el restaurante Balmoral del hotel Presidente Chapultepec, lugar puesto de moda por Elba Esther Gordillo y Jorge Castañeda entre políticos de su misma talla, usuarios habituales del corredor Polanco-Condesa-Santa Fe.
Busqué a Peña Nieto para consultarle sobre la política en el Estado de México, en particular sobre las elecciones de 2005, ante las que el Partido Acción Nacional (PAN) llevaba la delantera, a pesar de las costosas campañas del gobernador Arturo Montiel, envuelto en escándalos de corrupción y de constantes ausencias de la entidad por su romance con Maude Versini.
Peña Nieto, quien era entonces coordinador de los diputados priistas locales --después de haber estado en el gobierno de Montiel como subsecretatrio de Gobierno y secretario de Administración--, prefirió ese restaurante a Toluca para la entrevista, en la que se escabullía, con los muy priistas formulismos, de una definición sobre su búsqueda de la candidatura a gobernador.
Por supuesto, una de sus expresiones fue que, como todo político, su "deseo mayor" era servir a su pueblo desde cualquier trinchera. "Mi interés es hacer política y poder servir", dijo, muy ceremonial.
--¿En serio, diputado?
"Es en serio. Digo, no hay político del estado que se jacte de hacer política que no aspire a la mayor magistratura, que ser gobernador. ¿Cuándo? ¿Cómo?, dependerá de las circunstancias".
--¿Hay circunstancias hoy?
"Si las circunstancias favorecen, entonces yo tomaré una definición respecto del tema".
--¿Cuándo?
"Cuando el partido tome las reglas para la definición de su candidato. Y ahí le mide uno el agua a los camotes. Hay chance o no. Porque no estaría en condición de ser juego o comparsa de algo".
--¿Hoy hay comparsas? ¿Quiénes son?
"Se han dado en la política siempre. Espero que no se dé en el estado. Hoy tenemos que jugar los priistas de manera inteligente. Sí estoy convencido que cualquier proyecto que el partido avale, es el que tenemos que respaldar todos los priistas. Si llega a haber una fractura, si alguien se resta de apoyar, podríamos correr un riesgo mayor".
La política priista bullía entonces: Isidro Pastor, Navarrete Alfonso Prida, Manuel Cadena y hasta Carlos Hank Rhon aspiraban a la candidatura priista, pero Montiel perfilaba como su delfín a Peña Nieto, conocido como uno de los Golden Boys, un grupo de jóvenes incrustados en el gobierno. "Es un apelativo al que no le doy importancia. No me gusta, pero tampoco voy a impedir que se use", decía.
Sobre sus adversarios internos, Peña Nieto decía: "Todos juegan, todos tienen más y menores posibilidades. Yo veo a todos jugando".
--¿Incluyéndolo a usted?
"Metido en la ecuación, no me desagrada. No puede desagradarte estar en una ecuación en la búsqueda de la perspectiva más importante del estado. Pero en política es cosa de tiempos y circunstancias".
--Ustedes los priistas son acartonados, tortuosos y expertos en escabullirse para las definiciones.
"¿La pregunta concreta es si yo aspiro?"
--Pues sí, ¿a usted le interesa?
Meditó durante unos segundos, posó su mirada en el piso y respondió: "Repito, no hay político a quien no le guste o quien haga política y que no aspire a esa responsabilidad mayor".
--O sea que sí.
"Si así lo deduces, dedúcela así".
--Es una conclusión lógica.
"Yo te diría: el interés mayor, mi definición se hará hasta que el partido tenga reglas clara sobre esto. Pero puedo decir algo más: soy un priista convencido de mi militancia, de mi partido, y más que pensar en lo que tenga o quiera, quiero estar a las órdenes de mi partido. Yo he aprendido y me he formado en esta disciplina partidaria y, más allá de lo que uno quiera, es lo que el partido quiere y desea para uno. El partido te va marcando rumbos. Aquí poco importará lo que yo quiera".
--Insisto: tiene usted 38 años y se comporta como alguien de 60.
"No, puede no convencerte, pero estoy convencido de esa disciplina partidaria, que ha sido una fortaleza de los priistas. No quiere decir que no se pueda, internamente, diferir. Se vale. Pero a final de cuentas debe imperar una disciplina partidaria".
Y soltó una larga explicación sobre la "disciplina", igual a la castrense y eclesiástica: "En la historia hay ejemplos: el Ejército y la Iglesia, y el PRI. Eso le dio 70 años de fortaleza. Creo que cuando se relajó esa disciplina partidaria, que verdaderamente se relajó y empezó a haber escisiones, fracturas, es cuando empezamos a tener descalabros."
Al final, Montiel concretó su proyecto: impuso a Peña Nieto, su sobrino y sobrino del exgobernador Alfredo del Mazo, a cambio de la impunidad de las raterías, plenamente acreditadas, en el gobierno.
Y ahora, justamente en el mismo esquema de complicidades, el gobernador del Estado de México --quien el viernes pasado rindió su tercer informe de gobierno-- se perfila como un prospecto en apariencia menos vulnerable que Manlio Fabio Beltrones para que el PRI recupere, en el 2012, la Presidencia de la República.
En el proyecto para impulsar a Peña Nieto están alineados dos prominentes ejemplares de la mafia política, Carlos Salinas y Elba Esther Gordillo, pero también conglomerados empresariales, del país y del extranjero, notablemente España. Es decir, la misma coalición de intereses que llevó a Felipe Calderón al cargo formal en el que hace el ridículo.
La unción de Peña Nieto será lo que estará en riesgo dentro de tres años, cuando deje la gubernatura, justo un año antes de la contienda presidencial del 2012, aunque él ya tiene discurso:
"Sigo pensando en la sabiduría del partido. En el partido, como no ocurre en otro, opera en estas decisiones, siempre, una magia partidaria que envuelve a los priistas. Cuando hay definición llega a haber claridad entre la militancia, que busca claridad en las definiciones."
--Parece una expresión de los sesenta, de Alfonso Martínez Domínguez.
"Forma es fondo -respondió Peña--. No perdamos la forma".
Tal cual.
Apuntes
Feliz viaje, amigo Pepe Zamarripa.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

lunes, septiembre 08, 2008


Del optimismo a la beligerancia




Basados en encuestas como la que realizó la empresa Mitofsky en julio pasado, los priistas sostienen que recuperarán el poder en los próximos comicios federales y hasta hablan de unidad, como lo hicieron en su Veinte Asamblea Nacional. Pero lo cierto es que en el seno de ese partido priva la división, fomentada por los aspirantes a la Presidencia de la República: Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto... La guerra interna de desgaste ya comenzó.
Convencidos de que retornarán a Los Pinos en 2012, los priistas consideran que de aquí a 2011 pueden triunfar en la mayoría de los 89 procesos electorales que habrá en el país, incluyendo la renovación de 23 gubernaturas.
Y basan su optimismo en encuestas como la realizada por Mitofsky en julio pasado, que le otorga al PRI 27% de las preferencias para 2009, dos puntos arriba del PAN y 14 puntos encima del PRD.
Los priistas sostienen que ha llegado el momento de dejar de ser la "oposición cómoda" al PAN. La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, critica a los panistas de "utilizar electoralmente" la crisis de seguridad pública, en tanto que el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, se deslindó ya del presidente Felipe Calderón, a quien acusó de encabezar un "gobierno de cuates".
A su vez, un grupo de diputados encabezados por Carlos Rojas se pronunciaron contra los contratos de riesgo en la reforma petrolera; y hasta la vieja guardia priista, formada por 11 exdirigentes nacionales del partido, mantiene una línea crítica contra la política económica del gobierno calderonista.
Con todo, la principal amenaza para el PRI son sus propios militantes. El fantasma de la fractura y los pleitos entre las familias y camarillas está latente en ese partido. Por ello en su Veinte Asamblea Nacional los dirigentes del PRI optaron por mostrar una unidad escenográfica y negociar en privado sus diferencias de fondo, incluyendo su nueva propuesta de transformarse en un "partido socialdemócrata".
"No podemos volver a equivocarnos... La división del partido nos podría llevar a la diáspora y a la desaparición", sentenció Beatriz Paredes en el único discurso pronunciado en esa asamblea del 23 de agosto pasado.
Las divisiones, los golpes bajos y las disputas soterradas comenzaron a presentarse en función del reparto del poder interno entre las principales figuras que ya comienzan a pelear por la candidatura presidencial de 2012, incluyendo a la propia Beatriz Paredes, quien aspira a ser la próxima coordinadora de los diputados del PRI para, desde esa posición, aventajar a sus competidores.
Otro es el senador Manlio Fabio Beltrones, considerado el político con la red de poder más extensa dentro y fuera de ese partido. "Vicepresidente en funciones", le dicen incluso varios de sus correligionarios.
Beltrones controla los sectores corporativos más importantes del PRI: CNOP, CTM y CNC, a través de Marco Antonio Bernal, Joaquín Gamboa Pascoe y Cruz López, respectivamente. Hasta ahora aventaja a Paredes en la disputa por el Frente Juvenil Revolucionario. Así mismo, mantiene una alianza táctica con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, a quien se le menciona como sustituto de Paredes en la presidencia del CEN, después de los comicios de 2009.

El rival más fuerte de Paredes y Beltrones es, sin duda, el mexiquense Enrique Peña Nieto, el gobernador que recibió las innumerables porras de los 225 delegados del Estado de México en la Veinte Asamblea Nacional y es considerado la "cara mediática" del Grupo Atlacomulco, la red de poder más extensa y antigua dentro del PRI.
Peña Nieto extiende su influencia y alianzas con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, símbolo de la "recuperación" priista ante el PAN; con el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y con grupos de simpatizantes en prácticamente toda la República, incluyendo el Distrito Federal, donde el PRI es una lejana tercera fuerza electoral.
Otro "suspirante" adelantado es Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, quien compite con Peña Nieto no sólo con las porras sino con las alianzas incómodas. A la causa de Herrera se han unido Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla. Herrera ha disputado con Beltrones, Peña Nieto y la propia Beatriz Paredes el modelo priista para la reforma petrolera. De él fue la propuesta de que las entidades "petroleras" -casi todas gobernadas por el PRI- puedan formar empresas estatales que se asocien con Pemex.
Más débiles en el escenario nacional, pero suspirantes también y con amplio poder en sus estados, son los gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; de Sonora, Eduardo Bours; de Nayarit, Ney González, y hasta el de Hidalgo, Miguel Osorio Chong. En esta entidad, Paredes prometió ganar por "carro completo" en los próximos comicios.
Equilibrios precarios
Para "aplanar" a esos grupos, Beatriz Paredes ha reforzado su influencia en el Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que los ha confrontado para ser ella el único árbitro.
Con un control férreo de la presidencia priista, Paredes creó nuevas secretarías, paralelas a los grupos corporativos: la Secretaría de Asuntos de la Juventud, dirigida por Carlos Corona; el Sistema Nacional de Gestión Social, a cargo de Estela Ponce Beltrán, y la Secretaría de Asuntos y Desarrollos Metropolitanos, encabezada por Carlos Rojas Gutiérrez.
También nombró a Manuel Aguilera como secretario técnico del Consejo Político Nacional, instancia ahora con mayores atribuciones; impulsó a Miguel Alemán Velasco, empresario y exgobernador de Veracruz, como coordinador de los trabajos de la Veinte Asamblea Nacional; y consolidó como "puente" a su secretario general, Jesús Murillo Karam, hombre fuerte de Hidalgo, lo mismo frente al poder de Beltrones en el Senado que frente al grupo de Peña Nieto.
Murillo Karam ha jugado un papel clave no sólo en la reciente elaboración de las iniciativas del PRI en materia energética, sino también en las reformas en materia de seguridad pública. Testigos de las negociaciones advierten que el secretario general fue un equilibrio ante Beltrones y Francisco Labastida para incorporar las demandas de los seis diputados priistas que elaboraron su propia iniciativa petrolera, y para frenar las reformas fast track de Calderón en materia penal.
Expresidenta nacional del PRI y conocedora de los entretelones internos, Dulce María Sauri afirmó al concluir la Veinte Asamblea Nacional: "Lo que podemos celebrar es el triunfo del respeto, de no querer aniquilar al otro. No podemos repetir los errores de 2000 y de 2006: imposición y exclusión".
-¿A costa de los acuerdos "planchados"? -se le cuestionó.
-La política es negociación. Me hubiera gustado que los debates hubieran sido públicos. Pero eso es parte de la negociación. Todos tuvieron que ceder. No hay una corriente que arrase con las demás.
Sauri Riancho ejemplificó: "En el capítulo energético todos están medianamente felices; todos tuvieron que ceder".
El difícil equilibrio entre las corrientes en pugna se reflejó en no pocas contradicciones de los nuevos documentos básicos del PRI.
En menos de 30 minutos, los priistas avalaron cambios como los siguientes:
-Asumen instrumentar una política partidista "fiel a los principios de la izquierda socialdemócrata", primera definición ideológica que sustituye al nacionalismo revolucionario (artículo 111 del Programa de Acción).
-Se pronuncian por mantener la rectoría del Estado en materia petrolera, pero eliminan la prohibición expresa de aceptar la apertura privada en áreas como refinación, petroquímica o ductos, ante la presión previa del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones (artículo 299).
A cambio, también incorporan otro planteamiento, a presión del grupo de los hermanos Carlos y Francisco Rojas: "De manera complementaria rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de su renta petrolera" (artículo 302).
-En sus estatutos, abren la puerta a la "reafiliación" de quienes hayan salido del partido (artículo 55), pero al mismo tiempo incorporan como causal de expulsión el hecho de que un militante "apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los estatutos (artículo 66).
-Se le otorgan mayores facultades al Consejo Político Nacional, restándole atribuciones a la Asamblea Nacional. En el artículo 14 de los estatutos establece que la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional podrá "hacer las adecuaciones pertinentes", por "mayoría simple" a los documentos básicos del PRI. También se establece que "por causas de fuerza mayor o pertinencia electoral", la misma instancia podrá acordar ampliar el plazo para la celebración de la Asamblea Nacional, que debe celebrarse cada tres años (artículo 67).
-Se faculta al Consejo Político Nacional a "reformar o adicionar, en caso debidamente justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, y con la aprobación de la mayoría de los consejos políticos estatales y del Distrito Federal, el Programa de Acción y los presentes estatutos, con excepción del Título Primero, que forman parte de los documentos básicos del partido, así como el Código de Ética partidista" (artículo 81, fracción XXI).
-Se le otorgan mayores atribuciones al Comité Ejecutivo Nacional, en detrimento de la autonomía de las dirigencias estatales o con criterios discrecionales. Las nuevas facultades son: aprobar las convocatorias para los procesos de elección de dirigentes y candidatos; "suspender a los miembros de la dirigencia de los comités directivos estatales y nombrar un delegado que asumirá temporalmente la dirigencia y convocará en los términos de estos estatutos a la elección de la misma". Entre esas causales se menciona: "por evidente traición al partido", sin definir lo evidente (artículo 85, fracciones IX y X).
-Se suprimió el tercer párrafo del artículo 163 de los estatutos, que establecía que no se puede convocar a la dirigencia en año electoral. Esta modificación provocó una airada reacción de 10 delegados capitalinos encabezados por Mario Benítez.
"Esta asamblea es una farsa. Se debe poner a consideración. Hay métodos que favorecen a la estructura controlada por Manlio y Beatriz, en detrimento de Peña Nieto", declara Benítez a Proceso.
-En respuesta al reclamo de gobernadores como Mario Marín, Ulises Ruiz y el propio Peña Nieto, el PRI aprobó en su Programa de Acción que impulsará reformas legislativas para que la Suprema Corte de Justicia "deje de conocer cuestiones de legalidad y se concentre en el control de la constitucionalidad, para así consolidarlo como tribunal constitucional" (artículo 70). En otras palabras, para que no se repitan casos como las investigaciones del caso Lydia Cacho, de Oaxaca o de Atenco.
-Para deslindarse de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, los priistas señalan que "los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos inmediatistas o golpes espectaculares. Se requiere de una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno; una concepción integral acorde con la Constitución, la modernización y la continuidad de las acciones, basadas en esfuerzos institucionales y ciudadanos" (artículo 61).
El optimismo
Los priistas dan por hecho que en 2009 serán la primera fuerza en el Congreso de la Unión. Según ellos, el PRD y el PAN llegarán divididos. Mientras que organizaciones como el Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, a quien los priistas consideran una traidora, difícilmente le disputarán la hegemonía al PRI.
La encuesta elaborada por Mitofsky en julio pasado, coloca al PRI rumbo a 2009 con 27.1% de las preferencias, frente a 25.1% del PAN y 13.1% del PRD. A pesar de estos datos, en 2003 el PRI estaba mejor ubicado con 30% de las preferencias, contra 25% del PAN y 11% del PRD.
La región más fuerte para el PRI, según esa encuesta, es el sureste del país, con 31.7% de preferencias, seguida por el norte, donde tiene 31.6%, pero está por debajo del PAN que registra 36.2% de las preferencias. En el centro del país, los tres partidos disputan la mayoría: 20.2% el PAN, 23.5% el PRI y 18.2% el PRD. En la zona del Bajío, el PAN sigue teniendo una cómoda ventaja con 31.7% (Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes).
El dato más optimista para el PRI es que el partido se recuperó frente a los votantes independientes, que representan 32% de los electores, según la encuesta de Mitofsky. En 2007, el PAN superó al PRI entre este segmento de electores, pero en 2008, particularmente desde junio, el PRI ha superado al partido gobernante: tiene 15.9% de la preferencia electoral de los votantes independientes, frente a una caída estrepitosa del PAN que pasó de tener 18.3% a sólo 12.1%. El PRD se mantiene con 8.9% de estas preferencias.
Para el PRI el desafío es identificarse como un partido más de oposición. Según los encuestados, entre más de 40% identifican al PAN con la palabra "gobierno", mientras que 27% lo hace con el PRI y sólo 12% lo considera "oposición". Por lo que respecta al PRD, 45% de los encuestados lo consideró como oposición.

Aviso

URGENTE - PASAR LA VOZ - URGENTE - PASAR LA VOZ

Hoy lunes 8 de sep, a las 10 de la noche Carmen Aristegui entrevistará a Andrés Manuel López Obrador en CNN en español. Pasa la voz.

Saludos,

Un Poquito de Tanta Verdad

Sinopsis:
Hace algunos años, la estadounidense Jill Irene Freidberg ya estaba interesada en la educación pública de su paí­s: “Tengo amigos maestros muy frustrados por la privatización del sistema de educación, pero no existe mucha resistencia”. Escuchó hablar sobre las movilizaciones magisteriales oaxaqueñas. Visitó el estado, conoció a los profesores y decidió hacer un documental que estuviera particularmente enfocado en mostrarles a los mentores de su paí­s que era muy parecida su situación a la que se viví­a al sur del Rí­o Bravo y para que vieran cómo lo enfrentaban sus contrapartes mexicanas: “Es parte de un proceso global y se puede resistir”.Entre 2003 y 2005 realizó el documental “Granito de arena”, con su compañí­a productora Corrugate Films. Así­, cuando estalló el movimiento popular oaxaqueño en mayo de 2006, ella ya habí­a registrado, sin pretenderlo, su contexto; muchos le preguntaban si no filmarí­a lo que estaba ocurriendo. Entonces, ella se imaginaba que serí­a algo como un epí­logo a aquella pelí­cula.Pero fueron los acontecimientos los que crearon otro documental. Además, la cinta dio un giro hacia otro tema que siempre le ha interesado: los medios de comunicación. Freidberg ha hecho trabajo en radios comunitarias y colaboró en la formación de Indymedia, la red de medios independientes que surgió a partir de las movilizaciones contra la OMC, en Seattle, en 1999.La cinta prácticamente no tiene voz narradora; más bien, deja el papel de contar la historia a los maestros, locutores de radio, periodistas y algunos dirigentes indí­genas, además de los pobladores oaxaqueños que no fueron actores directos en el movimiento, pero que resultaron influidos por él, como una señora que dice: “Me atontaba viendo novelas, ahora en la casa de ustedes ya no vemos esa televisión”; la cambiaron por el canal 9, tomado por un grupo de mujeres de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).El canal 9, la televisora estatal, fue parte de toda una red de medios de comunicación que armó la APPO. En su momento más fuerte tuvos controladas cerca de 14 radiodifusoras comerciales, además de la televisora.
El miedo oficial
Curiosamente -contó la cineasta-, no es que las tomas hubieran nacido de un profundo análisis sobre la situación de los medios, sino de una necesidad simple: “Ves que los medios masivos te están criminalizando y dices ‘punto’”. La toma de éstos fue respuesta a que destruyeron la estación magisterial, Radio Plantón. Fue entonces cuando se apropiaron de Radio Universidad. Luego, fue destruido a balazos el transmisor del canal 9 y la respuesta fue tomar más de una decena de radiodifusoras.El documental también revela cuánto miedo le tení­a el gobierno de Ulises Ruiz a los comunicadores: hay testimonios de gente que fue detenida y que cuando fue torturarada le exigí­an que dieran nombres de aquellos que trabajaban en la radio.“La radio permitió al movimiento una capacidad de respuesta y de control”, que difí­cilmente hubiera tenido de otra forma, explica, en el documental, Luis Hernández, coordinador de Opinión de esta casa editorial.A Freidberg también le interesaba resaltar cómo la radio funcionó buena parte del tiempo como una asamblea: la gente hablaba para dar su opinión; si no estaba de acuerdo con una decisión de la APPO, hablaba para decirlo y muchas veces cambiaban el curso de las cosas.Un poquito de tanta verdad también expone fallas de las radios tomadas. Varios entrevistados coinciden en que funcionó para llamar a tomar acciones, pero que “alimentó poco la conciencia”, admite un dirigente indí­gena. “Faltó inyectarle contenidos”. Pero “tení­a sentido en el momento”, explicó Freidberg. Y es que, con convoyes de policí­a en la calle, no se va uno a poner a hacer profundos análisis.La cineasta cree que quizá esta falta de “información profunda” sea la causante de una parte de la pérdida del apoyo popular de la APPO en la ciudad.El documental intenta dar una visión panorámica del movimiento, que incluya el descontento generalizado hacia Ulises Ruiz e, incluso, las elecciones de 2006.Actualmente, la señal de Radio Plantón está bloqueada con una canción de heavy metal que se repite una y otra vez; varios de sus integrantes aún tienen órdenes de aprehensión y hace unos dí­as recibieron diversas llamadas mediante las cuales amenazaban su integridad fí­sica.Radio Plantón se puede sintonizar en www.radioplanton.net, sitio mediante el cual decenas de miles de personas en el mundo han podido escuchar la información de la APPO.La semilla está sembrada, y muchos de los entrevistados en el documental opinan que los oaxaqueños nunca tendrán la misma relación con los medios de comunicación. Para no ir más lejos, fuera de la ciudad creció enormemente el interés por instalar radios comunitarias.Un poquito de tanta verdad también toca el tema de la Radio Ciudadana, que hizo el papel contrario de Radio Plantón y Radio Universidad. Sus mensajes eran del estilo de uno en el que alertaban a los padres de familia para que las jovencitas no salieran de noche porque “los APPOs, la gente vandálica, están violando con la intención de contagiar de sida”, u otro que daba nombres y domicilios de supuestos involucrados en el movimiento, incluso periodistas.Esta estación “jugaba un papel fundamental en el clima de terror”, dijo Freidberg, coproductora de “This is what democracy looks like”, sobre las movilizaciones en Seattle, en 1999.Además de material de Corrugated Films (www.corrugate.org) y Mal de Ojo TV (www.maldeojotv.net), el documental también incluye el canalseisdejulio, entre otros medios.

Un poquito de Tanta Verdad


caldin y sus hobbys
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FERIA PUBLICITARIA
Propagandista de sí mismo, Felipe Calderón abusa de la publicidad institucional... En las últimas semanas inició la transmisión de spots en radio y televisión dirigidos a "ciudadanos" que no existen y en los que intenta promover su gestión gubernamental. Pero su propósito es otro: anular las críticas y el debate.
Sin condiciones para apelar a la unidad, pues en 2006 dividió a la sociedad mediante una campaña del odio, Calderón recurre ahora a la explotación de la publicidad institucional; su propósito es invertir grandes sumas de dinero para beneficiar sobre todo a los medios electrónicos.
De esa manera, dice el asesor en comunicación política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Xosé Rúas Araujo, la rendición de cuentas, propia de una sociedad democrática, se ha convertido en una feria de propaganda ante la condescendencia del Congreso.
De paso en nuestro país, donde visitó Monterrey y la Ciudad de México como parte de una investigación financiada por la Universidad de Vigo, Galicia, sobre las campañas electorales y la comunicación política en México, Rúas Araujo comenta que en 2006 Antonio Solá vendió una campaña de odio en Guatemala, España y México.
Solá fue asesor de cabecera de Calderón durante el proceso electoral de ese año y, según el investigador, su campaña sólo tuvo éxito en nuestro país; incluso se mantiene vigente porque la oposición de Andrés Manuel López Obrador se quedó entrampada en el juego sucio de la campaña electoral del PAN, su candidato y la cúpula empresarial.
La nueva autoridad
Testigo de la intensa campaña propagandística de Calderón en radio y televisión, Rúas Araujo sostiene que cuando hay un abuso de la publicidad institucional se pasa del propósito de servicio al de imagen y autopromoción "para mayor gloria del gobierno en turno".
El especialista, quien cursó un doctorado en comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló con la tesis El discurso político de Manuel Fraga, sostiene que ese abuso pervierte el sentido de la publicidad pública, donde el depositario es el ciudadano, no las instituciones: "No debe ser el emisor lo que importe, sino el receptor. En esa perversión, lo que importa es el gobernante, no el ciudadano".
-El gobierno de Calderón está embarcado en una intensa campaña a favor de su propuesta de reforma de Pemex, en la que personas ordinarias dicen que se debe aprobar la reforma del presidente. ¿Qué significa ese recurso en la comunicación política? -pregunta Proceso a Rúas Araujo.
-Significa que gobernamos con el pueblo, pero sin el pueblo. Utilizamos al pueblo. Es uno de los grandes males en que se puede caer: buscar un amparo publicitario en el ciudadano que en realidad no existe. Yo puedo escoger tres o cuatro ciudadanos que me digan lo que yo quiero escuchar. Luego, hacer de eso una norma y decir que eso es la opinión de todo el pueblo; ese es uno de los recursos más viejos de la propaganda.
Añade: "El fin básico de la publicidad es persuadir; el paso siguiente, convencer. Siempre bajo el pretexto de que es por el bien de los ciudadanos, cuando a lo mejor se esconden determinados intereses".
-¿Qué efectos tiene esto para la vida democrática?
-Es como el Big Brother, que constantemente nos dice lo que debemos pensar de cada asunto. Llevado al extremo, es eliminar la crítica y es el camino del pensamiento único. Nosotros pensamos por ti. Y te decimos lo que debes pensar.
-¿Hay manera de contrarrestar esos mensajes si quien los produce dispone de los recursos del poder público?
-El mejor camino es el control del Congreso. La publicidad institucional debe ser regulada desde las instancias políticas. No sólo porque en muchos países está completamente desbordada, sino porque detrás de la regulación está el principio de la transparencia.
"El ciudadano tiene que saber lo que gasta un gobierno y si esas campañas resultan eficaces y para quién son eficaces. El punto básico es saber a quién benefician: a los ciudadanos o a los gobiernos en turno."
El problema, añade, es cuando la oposición en el Congreso evita legislar porque aspira a hacer lo mismo.
Legislación, no promoción
Adscrito a la Universidad de Vigo, donde enseña técnicas de propaganda electoral, técnicas de publicidad institucional y propaganda en cine, radio y televisión, Rúas Araujo asegura que no hay publicidad institucional químicamente pura, pues ésta siempre tiene una dosis de promoción de imagen.
"En el fondo se promociona al gobierno; por eso hay que legislarlo". Y explica que en España se aprobó recientemente una ley de comunicación y publicidad institucional que obliga a todos los gobiernos a hacer un informe anual, ministerio por ministerio, de lo que van a invertir en publicidad, a qué agencias se concederán las campañas y por qué se harán éstas.
-¿Hasta dónde se puede llegar con una publicidad oficial excesiva y desregulada?
-Un exceso de publicidad lo que coarta es el debate público. La publicidad tiene que estar controlada. Los ciudadanos tienen que saber lo que gasta un gobierno y a quién benefician las campañas: a ellos o al gobierno de turno. Vivir Mejor favorece a los ciudadanos o al gobierno. ¿Va a vivir mejor el ciudadano por el logotipo?
El entrevistado señala que, además del gobierno, los medios de información son los grandes beneficiarios de las intensas campañas institucionales que ocurren en países como México, Brasil y Argentina.
"Toda propaganda tiene contrapropaganda. Se puede entrar en disputas. Por ejemplo, dos estados con signo político diferente pueden estar bombardeándose constantemente, contestándose unos a otros.
"En vez de cartas al director, se contestan con comerciales y a página completa, lo cual es muy bueno para los medios de comunicación, que sólo se frotan las manos. Los medios de comunicación son empresas informativas; son empresas antes que informativas."
La lógica es muy simple: "Yo te doy publicidad, tú me tratas bien". En realidad, no se hace publicidad para el ciudadano.
-¿Se puede gobernar sólo con la propaganda?
-La propaganda y la publicidad son persuasión y se gobierna con persuasión. Se gobierna con ilusiones. Al igual que en la publicidad comercial, se habla de valores intangibles. En el caso de los gobiernos, se juega con sentimientos y perjuicios: que viene la derecha, que viene la izquierda. Se juega con el mensaje del miedo.
-¿El ciudadano se cree esos mensajes?
-Tanta propaganda puede crear un escenario de saturación informativa. Curiosamente, en publicidad la saturación se combate con más saturación. Pero lo que puede provocar es un efecto contraproducente en el ciudadano: que rechace los mensajes.
-Parte del triunfo que se le dio a Calderón en 2006 se originó en la campaña del miedo, asesorado por el español Antonio Solá, propagandista también del Partido Popular (PP)...
-No todas las campañas valen para todos los sitios...
-Qué pasó en la sociedad mexicana para que la campaña de odio del PAN haya funcionado, a diferencia de España y Guatemala, donde perdieron los candidatos asesorados por Solá.
-Lo que falló en la campaña en México es que López Obrador no contestó al mensaje de negatividad. Al día siguiente de que inició la campaña de odio en su contra debió darle las gracias a Calderón por haberse centrado y gastado dinero en él. Tuvo un error de estrategia. Se dio por vencedor demasiado pronto. Fue lento de reflejos.
"En el caso de España, el PSOE reaccionó con un mensaje positivo, un llamado al PP a la moderación y en contra de la crispación. Le dijo que el país no estaba bajo tensión. 'No lo tensen ustedes'."
-¿Se puede gobernar después de una campaña de odio?
-Esas campañas dividen a la sociedad. Calderón ahora habla de unión. Es la postura institucional fácil. Es una vieja estrategia del bueno y el malo, pero es difícil gobernar cuando se ha hecho una campaña de este tipo. l


Cronología de la descomposición
Se acabaron los rituales y toda la parafernalia que sacralizaban la imagen y la figura presidencial. Pero, con todo, este primero de septiembre no dejó de ser "el día del presidente", así haya devenido en un auténtico carrusel mediático. Y éste incluyó lo mismo un bombardeo de spots en radio y televisión -Felipe Calderón en primer plano, exaltando triunfal los logros de su gestión desde una semana antes- que un desfile de locutores y conductores, también de radio y televisión que, en Los Pinos, poco pudieron sacar al presidente de la idea de que en el país las cosas, en todos los órdenes, no podían estar mejor.
Igual que en el anterior gobierno panista. Igual que en todos los sexenios priistas que les antecedieron.
Lo que sí se extrañó fueron los encontronazos entre Ejecutivo y Legislativo; aquellas jornadas, al principio épicas, que rompían cánones -sobre todo, el monólogo presidencial, la esencia del informe- y cometían sacrilegio.
Ya no más interpelaciones al presidente, interrupciones a gritos de su lectura, intentos de tomar la tribuna por parte de diputados, protestas individuales o colectivas; mantas, pancartas, letreros en mano, con leyendas que contradecían lo que el mandatario iba festinando. Ya no más salidas ruidosas, del salón de sesiones, de grupos parlamentarios enteros. Ya no más, pues, gritos y sombrerazos, desahogo y catarsis, reflejo vivo de la inconformidad con la gestión presidencial.
Han pasado 20 años desde que, por vez primera, el presidente de la República dejó de acudir al Palacio Legislativo como si fuera a un día de campo, a celebrar y a hablar por sí y para sí, ante un Congreso autista y entregado.
En efecto, le tocó a Miguel de la Madrid Hurtado, en 1988, ser protagonista del inicio del fin de esa era -entonces, 60 años del PRI en el poder- en que todo era miel sobre hojuelas: desde el desayuno, tempranito en Los Pinos, con dueños y directivos de medios informativos; la salutación de la familia presidencial, al pie de la escalinata principal de la residencia oficial, a los periodistas que atestiguarían su mensaje a la nación; la solemne imposición de la banda presidencial, en Palacio Nacional, al flamante mandatario; la llegada espectacular a la sede del Congreso; el aplauso unánime de diputados, senadores, funcionarios e invitados; la "republicana" ceremonia de apertura de sesiones del Congreso General; la lectura, sin contratiempos, del informe con el que el presidente, por mandato constitucional, daba cuenta "del estado general que guarda la administración pública del país".
Y la fiesta seguía: al término del mensaje presidencial y la correspondiente "respuesta" -zalamera, las más de las veces- del diputado que habría de presidir la Cámara durante el siguiente año, regresaba el presidente a Palacio Nacional, en carro descubierto, saludando con los brazos abiertos "al pueblo", que lo prodigaba con flores, confetis y serpentinas... previamente distribuidos por personeros oficiales.
Ya en Palacio, culminaba el rito con la foto oficial del presidente y sus gabinetes legal y ampliado, y luego con el tradicional besamanos, las interminables filas de anhelantes hombres y mujeres que, genuinos unos, vergonzantes otros, querían y/o debían hacer acto de presencia ante el señor presidente.
Y si bien con el último informe de gobierno de De la Madrid no acabó todo eso, sí terminó la calma y la tersura con que tradicionalmente sucedía la ceremonia del informe. Era septiembre de 1988 y el horno no estaba para bollos. Ni en la economía ni en la política, ni en el país todo. Ese y los años previos fueron de ajuste económico permanente, de implacables apretones de cinturón para toda la población, de desaparición de empresas, de privatizaciones, de inflación galopante, de devaluaciones a cada rato, de desempleo como nunca, de carestía, de cero crecimiento económico... del mayor malestar social en décadas.
En política igual. Ya estaba en marcha la descomposición que llevó al PRI a perder el poder años más tarde. En 1987, se había producido el gran cisma en el PRI, del que salieron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. En julio de 1988 se perpetró lo que para muchos fue el escandaloso fraude electoral que, con la célebre "caída del sistema", dejó en el camino a Cárdenas e hizo posible que Carlos Salinas de Gortari obtuviera la Presidencia.
En ese contexto llega De la Madrid a su último informe de gobierno. Apenas iniciaba éste su lectura, cuando en medio del silencio y la compostura de la concurrencia, un diputado del Partido Popular Socialista, Jesús Luján, se levanta de su curul y a voz en cuello grita: "¡Una pregunta, señor presidente...!".
Pero nunca pudo terminar la pregunta. Al silencio expectante, a la mirada de todos sobre él, al azoro generalizado -nunca, nadie, se había atrevido a interrumpir a un presidente en acto tan solemne-, siguió un barullo que rápido se transformó en romería: cardenistas y panistas defendían, a gritos, el derecho del socialista para interpelar; los priistas, también a gritos, a silenciarlo y a insultar a los de oposición. Nerviosismo, tensión en todos, incluidos los elementos del Estado mayor Presidencial, que no acertaban a responder ante la insólita situación, aunque más de un diputado se ganó un jalón o un empujón de algún soldado vestido de civil.
Hubo 10 interrupciones más. A cada tema que abordaba el presidente, fuera económico, social o político, una interrupción y la romería consecuente, los gritos, los insultos y... el pasmo de De la Madrid, su mirada al vacío, hasta que Miguel Montes, el presidente del Congreso, lograba apaciguar las cosas. El grito de "¡No al fraude electoral!" unificó el encono y los gritos de panistas y cardenistas.
Pero todos los momentos de desorden quedaron chicos frente al que propició Porfirio Muñoz Ledo, flamante senador del Frente Democrático Nacional. De la Madrid terminaba el recuento de logros e iniciaba el llamado "mensaje político". Esta es parte de la crónica de Proceso (618), ese día:
"-Ciudadano presidente... ¿Cómo va su gobierno a asumir el mandato popular de respetar el voto? -preguntó Muñoz Ledo, que entre la gritería no pudo terminar de leer un breve texto que llevaba manuscrito. En cuanto Muñoz Ledo se levantó, agentes de seguridad corrieron hacia las escalinatas de la tribuna, lo rodearon y bloquearon su acceso. A su vez, reporteros, camarógrafos y fotógrafos rodearon a Muñoz Ledo, que en la primera fila de curules, a unos metros del inmóvil y callado presidente, dio una minientrevista de prensa. Y fue cuando Miguel Montes perdió la mesura y amenazó con emplear la fuerza pública para desalojar a los legisladores que alteraban el orden.
A partir de entonces, ya nada fue igual en el "día del presidente". En mayor o menor medida, con protestas de diversas dimensiones, la ceremonia del informe se desarrolló, año con año, sin la paz, la calma, pero tampoco los bostezos, de antes del 88.
Y cada presidente debió enfrentar, a su manera, y con estrategias peculiares, los momentos de alboroto. De los dos últimos presidentes priistas, Carlos Salinas fue el que más padeció en sus informes, sobre todo en el primero y en el último. En 1989 fue recibido con gritos de "¡Repudio total al fraude electoral!" Ese año, a los gritos y las interrupciones se unieron pancartas, carteles, mantas y toda suerte de reclamos por escrito, que se quedaron como práctica común para los informes de los siguientes mandatarios.
En su sexto informe sufrió más. Era la despedida, y los reclamos, los gritos, los letreros daban cuenta de cómo iba acabando su administración, en medio de la convulsión.En ese último informe, Salinas apenas pudo aguantarse cuando el perredista Félix Salgado Macedonio sacó una manta larga con la leyenda "¡Mientes, Salinas!", que mantuvo, al pie de la tribuna donde aquél leía, a la vista de todo mundo, durante toda la ceremonia.
Ernesto Zedillo comenzó a desacralizar el día del presidente. Decretó que el 1° de septiembre no fuera día feriado; eliminó los recorridos fastuosos, los protocolos principescos y borró de tajo el besamanos. Austeridad republicana, decía.
Los primeros cuatro informes pasaron sin mayores sobresaltos, aun cuando desde el primero, en 1995, cargaba con el peso de la mayor crisis económica de la historia reciente del país. El costoso "error de diciembre" -como lo llamó Salinas para exculparse- no tuvo mayor repercusión en las ceremonias de sus informes de gobierno, salvo lo, para entonces, acostumbrado: gritos aislados, intentos de interpelación, mantas y letreros aludiendo a su "incompetencia" en el mando presidencial.
Pero el quinto informe, que había transcurrido en los mismos términos que los anteriores, acabó en escándalo. El panista Carlos Medina Plascencia, como presidente en turno del Congreso, fue el encargado de dar respuesta al informe, pero lo hizo de tal modo -con un discurso breve, pero contundente y provocador- que los priistas se lo querían comer vivo. Nada le creía a Zedillo y todo le reclamó airadamente.
El último informe, sin mayores sobresaltos. Nada fuera de lo que ya era común. Apenas un diputado priista que permaneció todo el informe dándole la espalda al Presidente, como muestra de su inconformidad por la derrota del PRI en 2000.
Con Vicente Fox el PRI se inauguró como oposición. Al principio, igual de beligerante que el PAN en los años previos, reclamó, junto con el PRD y los demás partidos, por el incumplimiento de promesas, los retrocesos en la economía y en la vida política. Todos sus dichos de campaña se le revirtieron. Sobre todo en el primer informe, en 2001. "Resolveré Chiapas en 15 minutos, bla, bla, bla", rezaba una manta. "Salarios dignos, hoy, hoy, hoy", decía otra.
El carácter y la personalidad de Fox, hicieron de los informes presidenciales, sesiones de chunga. Ya no sorprendían los gritos, los carteles, las mantas, los amagos de tomar la tribuna. En el segundo, cuando apenas concluía su lectura, de plano todos los perredistas abandonaron el salón de sesiones, más que nada para no oír la respuesta de la priista Beatriz Paredes, por incumplir acuerdos.
Para el cuarto informe de Fox, los ánimos estaban caldeados en el país. Eran los días del desafuero para Andrés Manuel López Obrador. Miles de agentes federales resguardaban el Palacio Legislativo. Como nunca, la seguridad a tope. Adentro, una auténtica guerra de consignas. Fox debió soportar 21 interrupciones. Y al final, todos los legisladores de oposición se pusieron de pie, dándole la espalda al Presidente.
Para el quinto informe, Vicente decidió evitarse angustias y problemas. Mejor dejó el informe por escrito y apenas emitió un mensaje a la nación de 40 minutos.Para su último informe, Fox ya no pudo llegar a la tribuna, que habían tomado los perredistas. Apenas pudo entregar los documentos en el lobby de la Cámara.
Felipe Calderón sí pudo llegar a la tribuna el 1° de septiembre de 2007. Pero no rindió su primer informe de gobierno. Apenas entregó los documentos a su correligionario Cristian Castaño, vicepresidente de la Cámara, pues la presidenta, la perredista Ruth Zavaleta, se había retirado del salón junto con todos los diputados y senadores del PRD y el PT. El argumento: no era bienvenido un presidente ilegítimo. Calderón apenas habló, micrófono en mano, unos 90 segundos. Mensaje protocolario de cuatro párrafos, poco más de 100 palabras.
Se retiró, para luego dirigirse a la nación a través de la televisión y la radio, desde el Palacio Nacional. Unos 3 mil 500 invitados -la mayoría burócratas federales-, sustituyeron a los 500 diputados y 128 senadores. Unas 25 veces fue interrumpido el presidente. Pero no eran gritos ni interpelaciones. Eran aplausos y ovaciones de una cómoda audiencia. Así fue el primer informe de Calderón.
Para el segundo, el rito imperial terminó de sepultarse. l
por si flota
Naranjo
DERROCHE DE ESCANDALO

Francisco Gil Díaz + Vicente Fox, los RATAS amorales.


En pleno jaloneo por la reforma energética, en Petróleos Mexicanos siguen estallando escándalos de corrupción. El análisis de la Cuenta Pública 2006 confirmó que el buque Yuum K'ak'naab (El señor de los mares) pudo pagarse de contado en 411 millones de dólares más gastos de operación y mantenimiento, pero el costo se elevó a mil 134 millones en sólo cuatro meses y el gobierno consintió en pagarlo. En la maniobra están involucrados, quién lo dijera, el funcionario-empresario Antonio Juan Marcos Issa, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, otros directivos de Pemex y la familia de Vicente Fox.
El escándalo que provocó la denuncia de Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades cometidas en la compra del buque Yuum K'ak'naab (El señor de los mares) orilló a Petróleos Mexicanos a dar a conocer el contrato 412005846 para demostrar que la unidad costó 758 millones de dólares.
Sin embargo, el contrato está incompleto y no divulga el anexo G-1, en el que se enlistan los conceptos y montos pagados por la compra, "utensilios" y gastos administrativos, todo lo cual suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Ese documento es la clave para entender cómo en 2005, cuando Luis Ramírez Corzo era director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Morales Gil era director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Francisco Gil Díaz secretario de Hacienda y Crédito Público, se creó una red de complicidades con el fin de licitar de manera irregular la compra de un buque para mezclar crudo, en beneficio de la empresa mexicana Blue Marine, socia de la noruega Bergesen Worldwide.
Dichas anomalías, que infringen el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, fueron documentadas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como personaje principal en este oscuro negocio está el exdirector de Finanzas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, quien, "siempre al amparo de Pemex y de sus vínculos con Guillermo Sahagún, creó la empresa Yuum K'ak'naab, que en lengua maya quiere decir 'señor del mar'. La compañía está instalada en los campos petroleros conocidos como Ku-maloob-Zaap, todos ellos en la bahía de Campeche, en el Golfo de México" (Proceso 1633).
Complicidad
En mayo de 2004, Issa y su yerno Juan Rey-noso Durán, dueños de Blue Marine, le vendieron a Pemex un nuevo modelo de producción de petróleo extraído de aguas someras en Ku-Maloob-Zaap, junto a Cantarell. Son socios de la empresa noruega Bergesen, que usa buquetanques para mezclar crudo.
Issa y su yerno propusieron que los funcionarios de Pemex viajaran a Guinea Ecuatorial para que vieran cómo Bergesen operaba una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) con la empresa GEPtrol, del gobierno de ese país. Así lo hicieron y quedó documentado en la revista estadunidense Oil&Gas Financial Journal. También Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a ese hecho el jueves 4, en su gira por San Luis Potosí.
"Pemex decidió modificar el proyecto Ku-Maloob-Zaap y contratar un FPSO para largo plazo. Después de un período de preparación de agosto de 2004 a julio de 2005, Pemex lanzó la licitación. El contrato fue asignado a Bergesen Worlwide Offshore, que compró para México el FPSO Yuum K'ak'naab, que en maya significa 'el señor de los mares'", consigna la publicación, con base en una entrevista a Issa.
Desde entonces Blue Marine, con Issa y su yerno al frente, se dedicó a pulir los aspectos legales, laborales y ambientales del contrato.
El 30 de noviembre de 2004, la subsidiaria PEP, dirigida por Carlos Morales, mediante escrito SPP-1175/04 pidió a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP que la autorizara a comprometer recursos para los gastos de operación y mantenimiento de un FPSO durante un período que comprende de 2006 a 2021, por 207 millones de dólares. El 14 de diciembre de ese año, según el oficio 312.A.E.2129, Hacienda autorizó la entrega de recursos.
El 4 de febrero de 2005, la Subdirección de la Región Marina Noreste y la Administración del Activo Ku-Maloob-Zaap firmaron la requisición de compra 10751680 para adquirir un FPSO por 374 millones 612 mil dólares, más 204 millones 475 mil dólares para operación y mantenimiento, lo que suma un total de 579 millones 87 mil dólares.
El 6 de julio, PEP solicitó a la SHCP cambiar la vigencia y los montos del presupuesto de operación; dos días después, en el oficio 312.A.E.941, aceptó aumentar los recursos para la FPSO por 61 millones 479 mil dólares, más 315 millones 185 mil dólares, a pagar entre 2007 y 2022.
Al respecto, el Informe del Resultado correspondiente a la Cuenta Pública 2006, elaborado por la ASF, detalla:
"PEP, sin contar con una autorización para la adquisición de un FPSO emitió la convocatoria de Licitación Pública Internacional 18575044-005 para la adquisición de un FPSO, para la contratación de servicios de operación y mantenimiento, misma que fue publicada en el Diario Oficial y Compranet el 1 de marzo de 2005. Lo anterior infringe el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública."
Las bases de la licitación comprometían a PEP a dar a la empresa un pago inicial de 50% de la inversión y a diferir el 50% restante en 180 pagos fijos, "incluyendo los cargos fijos de operación y mantenimiento". Se inscribieron nueve firmas extranjeras y 17 nacionales.
Entre ellas la propia Blue Marine Technology; Servicios Marítimos de Campeche, propiedad del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú; así como Transportes Navieros y Terrestres, cuyo propietario es Amado Omar Yáñez Osuna, también propietario de Oceanografía, la empresa irregularmente beneficiada por Pemex y que está vinculada con los hijos de Marta Sahagún.
Otra de las compañías inscritas fue Naviera Integral, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, el único empresario del sector que acompañaba a Vicente Fox durante sus giras presidenciales al extranjero, integrante de Amigos de Fox y contratista al que Pemex Refinación benefició en el sexenio pasado.
Para el 15 de junio se habían eliminado 24 propuestas; sólo quedaron Modec y Bergesen. Finalmente se desechó la propuesta de Modec porque no cumplió con los requisitos técnicos, y quedó como ganadora la oferta de la empresa noruega socia de Blue Marine.
Entonces comenzaron las sorpresas.
Cuando se abrió la propuesta económica de Bergesen, el FPSO valía 758 millones de dólares, más gastos de operación por 377 millones, lo que suma mil 134 millones 692 mil dólares. Es decir, aunque sólo habían pasado cuatro meses a partir de que se lanzó la convocatoria, de marzo a junio, el precio del buquetanque se duplicó.
El exoficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y actual secretario para la honestidad y la austeridad republicana del llamado gobierno legítimo de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, resume aquella situación:
"Pemex tenía dos problemas, no tenía autorización financiera para comprar el FPSO en 374 millones de dólares y la propuesta de la empresa noruega duplicaba su presupuesto. Entonces debió declarar desierta la licitación, porque no tenía presupuesto autorizado para la compra."
De acuerdo con la ASF, en esta propuesta no se incluyó el costo de 126 millones de dólares en combustible que Pemex debería absorber durante la vigencia del contrato (de 2007 a 2022).
El 15 de julio de 2005, el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan José Suárez Copel, hombre de confianza del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, e investigado por actos de corrupción en beneficio de Oceanografía y Blue Marine, solicitó que Hacienda autorizara recursos para cubrir el contrato del FPSO e informó que ya había publicado una convocatoria para licitación pública internacional desde el 1 de marzo de 2005. La SHCP autorizó la entrega de los 758 millones de dólares, de acuerdo con el oficio 305-I.2.1-1001, fechado el 20 de julio de ese año.
Al respecto la ASF detalla que "ni en el Presupuesto de Egresos de PEP para el 2005 autorizado por la Cámara de Diputados ni en la Ley de Ingresos de la Federación se encontraba prevista una erogación de 758 millones de dólares para comprar el FPSO, a realizarse en 50% ese año y el resto en 180 mensualidades de 2 millones 105 mil dólares mediante el denominado Pago por Inversión Diferido".
Además, la ASF descubrió que PEP no cumplía a tiempo con los pagos mensuales y que por ello fue penalizada con 8 millones 785 mil dólares en el período del 21 de abril al 18 de junio.
La ASF concluye que se deben fincar responsabilidades contra los funcionarios que condujeron la licitación internacional para la compra sin autorización del órgano interno ni de la SHCP. Para la ASF, en realidad Pemex pactó un arrendamiento.
Esto es, dice Octavio Romero, porque "el barco sigue siendo propiedad de Bergesen por 15 años".
Este, señala, "es un caso más de corrupción en Pemex que no se explica más que a través de las influencias".
El anexo G-1
Después de la denuncia pública de López Obrador, el lunes 1 de septiembre Pemex emitió un "comunicado" que sólo publicó el diario Reforma, en el que decía: "las acusaciones carecen de sustento y buscan confundir".
Posteriormente, el director de PEP, Carlos Morales Gil, recurrió a la radio y la televisión para defenderse. Al conductor Carlos Loret de Mola le dijo que el precio del buque se duplicó por la inflación, y a Joaquín López Dóriga le dijo que no se había adquirido un barco sino "un artefacto naval que en un tiempo fue barco".
Comentó que el costo total de la operación fue de "alrededor de mil 100 millones de dólares", de los cuales aproximadamente 350 corresponden a operación y mantenimiento, y 750 al costo del artefacto.
Declaró que esos 750 se dividieron en dos formas de pago: la primera cuando entregaron el barco y otra en 180 mensualidades a 15 años. Morales Gil reconoció que si se hubiera comprado el barco al contado el costo sería de 440 millones de dólares. Según el contrato, el valor real del buque es de 411 millones 500 mil dólares.
Romero Oropeza cuestiona: "Morales dice que los 750 restantes se dividieron en dos, es decir 325 millones de dólares -379 millones, según el contrato- se pagaron al contado y la otra mitad en mensualidades. Si lo hubieran pagado al contado, dando esta cantidad de adelanto sólo restarían 32 millones 500 mil dólares de deuda. Pero con esa acción PEP elevó la deuda".
Para "corroborar" las declaraciones de Morales Gil, el jueves 4 Pemex subió a su página de internet el contrato de 68 hojas, donde si explica en la cláusula 25.1 que pagará 758 millones de dólares por el FPSO a precio alzado.
De acuerdo con el desglose en costo de dicho anexo, denominado Cédula sobre el país de origen de los bienes y servicios, el FPSO cuesta 266 millones 600 mil dólares, a los que suma 131 millones 300 mil dólares para "otras utilerías y equipo marino". Además, le incluye los "gastos administrativos" por 346 millones 500 mil dólares, lo que da un subtotal de 744 millones 400 mil dólares.
A esta exorbitante cantidad se le suman 13 millones 600 mil dólares por la "integración de unidades superiores"; 315 millones 195 mil dólares de mano de obra de operación y mantenimiento; 40 millones 998 mil dólares para otros gastos de "operación y mantenimiento" y 20 millones 499 para "diesel marino, aceites y pinturas".
Todo eso suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Para cerrar este "acuerdo", en 2005, funcionarios de Pemex -entonces bajo la dirección de Luis Ramírez Corzo- y de la subsidiaria PEP, principalmente su director Carlos Morales, licitaron la compra sin la autorización del Órgano Interno de Control o de la SHCP, encabezada por Gil Díaz. Aun sin que presentaran el proyecto correspondiente, esta dependencia les dio 207 millones de dólares para tal fin.
Este anexo es uno de los 19 que tiene el contrato de referencia. En conjunto suman miles de fojas que Pemex no divulgó en su página de internet.
Los contactos de Issa
La denuncia de corrupción en Pemex hecha por López Obrador y la investigación de Octavio Romero señalan que este plan se fraguó desde 2004.
Antonio Juan Marcos Issa, exfuncionario de Pemex y empresario petrolero, asesoró a Rogelio Montemayor Seguy y enfrentó a su lado el escándalo por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en 2000, conocido como el Pemexgate.
Cuatro años después, libre de todo cargo, anunció en revistas estadunidenses que Pemex tenía la intención de comprar un FPSO y que la única empresa con este tipo de embarcaciones era la noruega Bergesen, socia de Blue Marine Technology, la empresa que él fundó junto con su yerno Juan Reynoso Durán y que tiene como filiales Subtec, creada el 11 de julio de 2000, y Ocean Mexicana, fundada en 2004. Reynoso Durán también participa en Arrendadora Ocean Mexicana, constituida en agosto de 2001.
En Subtec aparece como propietario Carlos Daniel Yáñez Osuna y participa Manuel Mayoral Piana, mientras que el apoderado legal de Arrendadora es Daniel Rossvetgieff Guerrero. Ellos tres forman parte de la empresa Oceanografía, que versiones periodísticas vinculan con los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Issa fue secretario de Finanzas de Rogelio Montemayor Seguy cuando éste era gobernador de Cohauila, y su coordinador de asesores cuando encabezó Pemex.
En 2007 se denunció que Arrendadora Ocean Mexicana, integrante del Grupo Blue Marine Technology, estaba relacionada en un caso de tráfico de influencias por las contrataciones de los buques tanque Torm Asia y Akrotiri, que implica más de 100 millones de pesos.
En Pemex, Issa también fue asesor de Luis Ramírez Corzo, quien a su vez nombró a Carlos Morales Gil como director de PEP. Además, fue asesor de Asuntos Especiales en la Dirección General con Raúl Muñoz Leos. Así mismo fue director de Finanzas de Pemex y tuvo cercanía con Guillermo Sahagún, cuñado de Vicente Fox.
De acuerdo con un reportaje de Ricardo Ravelo (Proceso 1633), Issa logró ascensos políticos y empresariales en la década de los setenta, según cuenta él mismo, entre otras razones por su cercanía con la señora Carmen Romano de López Portillo. Es tío de Salomón Juan Marcos Villarreal, "empresario lagunero cuya reputación no siempre obtuvo de manera lícita". l

El brilloso...pero por su imbecilidad!

aprendiendo con el enemigo

NUEVA VERSION DE LA DECADENCIA

FECAL

Daniel Lizarraga

El 1 de septiembre, Felipe Calderón formalizó la culminación de una ceremonia que durante decenios fue parte importante de la liturgia republicana. En esa fecha, el presidente en turno rendía su informe a la nación en el Congreso y recibía el homenaje de las "fuerzas vivas". Pero ya encarrerado en el cambio, Calderón trató de aprovechar el nuevo formato mediático del informe para dirimir sus desacuerdos con los gobernadores, la oposición e incluso con los propios medios de comunicación, sobre todo en el tema que le preocupa: la desbordante inseguridad pública.
En 20 meses de gobierno, el presidente Felipe Calderón guardaba silencio ante la impunidad reinante en numerosas entidades federativas. "En este momento no se trata de pelearse con todos", confiaba a los miembros de su equipo. Para él, las reformas estructurales eran lo prioritario.
Sin embargo, la presión social generada por la inseguridad en el país, y más recientemente por la marcha Iluminemos a México, efectuada el pasado 30 de agosto, reventó los límites que Calderón se había impuesto.
Y se desbordó. En las 12 entrevistas que concedió a estaciones de radio y canales de televisión con motivo de su segundo informe de gobierno, mostró por primera vez su inconformidad con lo que llamó "falta de compromiso" de algunos gobernadores para frenar a la delincuencia organizada, en especial a las bandas de secuestradores.
A Jorge Fernández Menéndez, conductor vespertino de Imagen informativa y Cadena tres, le dijo:
"Me queda claro que el compromiso tiene que ser parejo y puedo decir que de parte del gobierno federal hay compromiso absoluto, que estamos asumiendo los riesgos y tomando las decisiones que debemos tomar, y que si queremos ser exitosos, necesitamos tener el mismo grado de compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
"No lo hemos logrado. No quiero señalar individualmente, creo que es un fenómeno general. El acuerdo y la presión social de la ciudadanía, si algún resultado positivo deben generar es, precisamente, el obligarnos a todos, porque todos a final de cuentas somos responsables del problema y también de la solución."
La marcha ciudadana del 30 de agosto cambió de súbito la estrategia para difundir el segundo informe de gobierno. Miembros de su staff consideraron inconveniente que Calderón pronunciara un discurso que podía interpretarse como triunfalista. Tampoco consideraron viable realizar la comida con gobernadores. El mismo 30, por la noche, cancelaron sin explicación ambos eventos, programados en Palacio Nacional.
Informes internos de la Presidencia previeron que si el enviado de Calderón a la Cámara de Diputados para entregar el informe, el secretario de Gobernación, se apersonaba en el Salón de Plenos, la parte dura de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataría de increparlo para llamar la atención de los medios de comunicación.
Como eso tampoco era conveniente para la estrategia de difusión, se propuso una entrega rápida y discreta del documento. Y así fue: Juan Camilo Mouriño demoró cinco minutos en entregar el informe en el Salón de Protocolo de San Lázaro, antes de que se iniciara la sesión. Cuando el reloj del Salón de Plenos marcaba las 11:15, el secretario ya iba de regreso a su oficina.
Luego se inició el carrusel de entrevistas radiofónicas y televisivas con Calderón.
Descentralización de la culpa
Cuando Jorge Fernández cuestionó el funcionamiento de las policías, Calderón no aludió al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero dio suficientes pistas.
La mañana del martes 2, la Policía Federal detuvo a una veintena de secuestradores en el municipio mexiquense de Nicolás Romero y rescató a dos de sus víctimas. Se supone que el grupo está vinculado a la organización delictiva conocida como La Familia.
"El detener a una peligrosa banda de secuestradores -dijo-, el liberar a dos víctimas, el enfrentarse con los criminales, el perder un policía, Pedro Solana, a cuya familia le mando un sentido pésame... el enfrentarse, el dar de baja o el causar que hayan fallecido cuatro de los delincuentes, en fin... son acciones que realiza una policía que, comparada con la fuerza que tiene una policía estatal o municipal en cualquier parte del país, en el propio Estado de México, es notablemente contrastante."
Calderón comentó que la Policía Federal cuenta con poco más de 20 mil elementos, mientras que las estatales, en conjunto, alcanzan los 450 mil.
En el Diagnóstico de la Seguridad Pública en México, presentado el 21 de agosto en el Palacio Nacional, se establece que la policía del Estado de México cuenta con alrededor de 56 mil 167 elementos. Su salario promedio es de 7 mil 167 pesos mensuales, que si bien es el cuarto más alto en el país -sólo por debajo de Tamaulipas, el Distrito Federal y Querétaro-, resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con el documento mencionado, el déficit es de 20.59%.
En la charla con Jorge Fernández, el mandatario también destacó que si bien el crimen organizado ha expandido sus fuentes de ingresos y éstas van desde el narcotráfico hasta el secuestro, la mayoría de los delitos que afectan a la gente son del orden común: robos y extorsiones. Y eso es responsabilidad de los estados, dijo.
-¿Y concluir con la rendición de cuentas? -planteó el periodista.
-Efectivamente, creo que también en ese terreno el grado de compromiso tiene que homologarse, por el gobierno federal no quedará: rendiremos cuentas no sólo de hasta el último centavo, sino del último acto que realicemos, pero esta rendición de cuentas, insisto, también (debe prevalecer) en otros niveles, órdenes y poderes de gobierno.
Ajeno a estos comentarios, el gobernador Peña Nieto se preparaba para rendir su tercer informe de gobierno con un bombardeo de spots en radio y televisión.
"Compromiso. Gobierno que cumple", fue el slogan de esa campaña. Al informe de Enrique Peña, el pasado 5 de septiembre, acudió Juan Camilo Mouriño como representante del gobierno federal. Calderón se quedó en la Ciudad de México.
Los conductores del noticiario radiofónico La Red, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, le plantearon al presidente el caso del empresario David León, quien protestó ante los medios de comunicación porque un juez radicado en Ciudad Nezahualcóyotl liberó a los secuestradores que mataron a su hija Nayeli, de 18 años.
"Me siento terriblemente indignado y triste por esa situación particular, con mucho coraje porque eso se trata de un juez en el Estado de México sobre el cual yo no tengo ninguna autoridad, por desgracia. Me gustaría tenerla. Aparte, no sólo se trata de otra instancia de gobierno, sino de otro poder.
"(...) Así como yo le estoy exigiendo a mis secretarios que depuren a sus policías y tengan, empezando por sus comandantes, sólo a gente confiable en los mandos y en la operación policiaca, también los jueces deben ser gente confiable y creo que es hora de exigir. La verdad es que cada quien, en este caso el Poder Judicial del Estado de México, debe revisar el caso. A esta persona le ofrezco también coordinarme con el gobernador Peña Nieto."
Michoacán
"Necesito, ciertamente, más apoyo local", reiteró Calderón al abordar el tema de su estado natal con Sarmiento y Juárez.
"Yo estoy absolutamente determinado a limpiar de esa opresión que tiene la sociedad michoacana. Puedo ayudar, a través de denuncias ante las autoridades federales o locales, si pueden hacerlo ante el Ministerio Público Federal pero específicamente al 089, que es donde podemos recibir las denuncias y sin que haya riesgo para las víctimas", agregó.
Los periodistas comentaron reportes llegados a su estación en el sentido de que algunos empresarios medianos y pequeños deben pagar entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a las bandas de secuestradores.
"Es una situación que yo lamento profundamente y me indigna. Me parece que necesitamos mucho mayor colaboración de las autoridades locales, lo digo con toda franqueza; es decir, hay una buena intención del gobernador, pero necesitamos hacer mucho más", dijo Calderón.
En Michoacán, el salario promedio de los policías es de 2 mil 299 pesos quincenales, de acuerdo con las estadísticas de la SSP. De hecho, esa entidad ocupa la parte baja en la tabla de los sueldos policiales junto con Veracruz (mil 517 pesos) y Yucatán (mil 597 pesos).
En cambio, los secuestros se incrementan: de 727 cometidos durante 2006, pasaron a 785 en 2007. Esta es la cifra récord en los últimos seis años, según se dio a conocer durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia.
Durante la entrevista con La Red, Calderón también mostró su descontento por lo que sucede en la Ciudad de México. Sergio Sarmiento le preguntó qué le podría decir a los empresarios que buscan irse del país o a la señora que tuvo que pagar el rescate por su hijo en la avenida Reforma mientras se desarrollaba la marcha Iluminemos a México.
"Mire, yo a la señora le ofrecería, por supuesto, recibirla a través del propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o del procurador, Eduardo Medina Mora. A mí me interesa ayudarla en su caso. Sé que desconfía, sé que ha tenido expresiones respecto a las autoridades locales", enfatizó.
Calderón siguió comentando: "Lo que sí sé es que si hay un ganadero o un maderero o un comerciante que está siendo extorsionado, la policía de su comunidad tiene que responder, protegerlo y dar con los culpables. Y, ciertamente, yo estoy decidido a ayudarlos, pero si no hay una colaboración local es imposible revertir este problema", continuó Calderón.
Impunidad
Para Calderón el origen de la inseguridad es la impunidad. Lo dijo en las 12 entrevistas.
Al ser abordado sobre este tema en el noticiario matutino de W Radio, el mandatario abordó el caso de las agresiones sufridas por la periodista Lydia Cacho a manos de agentes judiciales de Puebla, quienes pretendían castigarla por señalar al gobernador Mario Marín como integrante de la red de pederastas presuntamente manejada por Jean Succar Kuri:
"En el caso de los jueces de Lydia Cacho, bueno, la procuraduría que está a mi cargo sí consignó ante un juez a los policías judiciales de Puebla que cometieron esos abusos, y fue un juez precisamente el que los liberó.
"De manera tal que a mí me hubiera gustado, por supuesto, que se hubieran obsequiado las órdenes de aprehensión tal y como las solicitamos. Es un asunto al que, por cierto, los medios no le dieron ninguna relevancia", comentó.
Sin embargo, no ha sido congruente. Durante su campaña electoral, en Hueytlalpan, Puebla, Calderón prometió actuar contra Mario Marín por "atropellar la dignidad de una mujer y del pueblo a cambio de dos botellas de coñac". Y el 17 de febrero de 2006, en San Pedro Cholula, llamó entonces "a poner un alto al gobierno de corrupción y de abusos de Mario Marín", por lo que interrumpió sus actividades electorales para presentar ante el Congreso local una demanda de juicio político contra el mandatario. Hasta ahí llegó su afán.
Ya en la Presidencia, Calderón ha compartido con Marín actos oficiales. El pasado 5 de febrero, incluso presenció junto al gobernador el desfile cívico-militar con motivo del 146 aniversario de la Batalla de Puebla.
En Puebla un policía estatal gana un promedio de 5 mil 632 pesos al mes. Para garantizar el sustento de su familia, en un nivel básico, necesitaría ganar 31.44% más. A fin de cubrir ese déficit se requiere una inversión de recursos públicos estimada en mil 46 millones de pesos.
En esas entrevistas, Calderón también soltó su enojo contra los medios de comunicación. Por ejemplo, dejó claro su malestar por la publicación de notas y fotografías de las narcomantas.
Durante la entrevista con Denise Maerker, trasmitida por Radio Fórmula, dijo al respecto:
"Probablemente la estrategia del gobierno es, precisamente, no dar una respuesta (a las mantas). A mí me parece que parte del compromiso que hemos pedido a los medios es, precisamente, no ser o no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática y, por supuesto: en fin, no voy a entrar ahorita en el asunto de la responsabilidad de los medios, pero hay un tema... Sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse, precisamente, en su propia lógica mediática."

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