Jaime AvilésCNDH: una autopsia al gusto de Calderón
Ahora resulta que la anciana padecía cáncer
¿De que más la van a enfermar las autoridades?
Carmen y Martha, hijas de Ernestina Ascencio, la anciana que fue asesinada en la sierra de Zongolica, escuchan a líderes indígenas de la región durante una de las asambleas en las que se discute el crimen en el que estarían involucrados militares Foto: Marco Peláez
Al tomar posesión como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 16 de noviembre de 1999, impuesto por Ernesto Zedillo, José Luis Soberanes prometió que durante su gestión (de 1999 a 2005) no habría privilegios para nadie, "ni para la institución presidencial ni para el Ejército" (La Jornada, 17/11/99). Pero tras el inicio de su segundo periodo (2005-2011) no ha hecho sino tragarse sus palabras, en particular desde que estalló la crisis política de Oaxaca, donde cerró los ojos frente a la brutalidad sistemática de la Policía Federal Preventiva y de los grupos de choque a las órdenes del asesino serial que "gobierna" aquella entidad.
A las más de 500 quejas que por violaciones graves a los derechos humanos de los oaxaqueños su oficina ha recibido desde agosto de 2006, Soberanes ha reaccionado con odiosa e injustificable tardanza, agrupando todos los casos en un solo expediente y sin resolver en los hechos ninguno.
Hay un notorio cambio de actitud en quien a lo largo del sexenio pasado fue un crítico institucional, pero a veces incómodo del gobierno de Vicente Fox, y ahora actúa como un miembro más del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.
Observadores independientes señalan que gracias a los cuantiosos recursos presupuestarios de la CNDH, Soberanes inventó y alimenta a numerosas ONG "paleras" que desde siempre han aplaudido y justificado sus "agachadas" ante el poder y sobre todo ante los excesos del Ejército: he allí su silencio ante la violación de un grupo de prostitutas en Coahuila por elementos de las fuerzas armadas en junio de 2006, denunciada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Pero si la imagen del ombudsman se había empañado a lo largo de los siete años y cinco meses que lleva al frente de la CNDH, y si la confianza en el organismo descentralizado que dirige se deterioró en forma alarmante debido a los pésimos servicios que prestó al pueblo de Oaxaca, ahora su pérdida de credibilidad ha cruzado la línea del no retorno. Haga lo que haga, en adelante será visto como encubridor de los que violaron y asesinaron a la señora Ernestina Ascencio Rosario en la sierra de Zongolica, y comparsa de Calderón cuando éste dijo que la anciana había fallecido por una "gastritis crónica no atendida".
Lo peor de todo es que con esta actitud, Soberanes podría estar abonando al estallido de un grave conflicto social, ahí donde las comunidades indígenas veracruzanas han empezado a movilizarse para exigir que se esclarezca la verdad y sean castigados los verdaderos culpables.
La caída al barranco
Blanche Petrich acaba de ir a Soledad Atzompa, municipio donde vivió y murió doña Ernestina. Su reporte detalla que, el 25 de febrero a las cinco de la tarde, la mujer fue encontrada malherida en un paraje de la comunidad de Tetlatzinga y que desde ese momento y hasta que expiró, casi 12 horas después, fue vista y oída por 15 personas, a quienes refirió que la habían violado cuatro soldados que estaban comiendo naranjas cuando se fijaron en ella. La presencia de las cáscaras, como se sabe, fue corroborada por muchos testigos en el lugar de los hechos.
Testigos de ese relato, escribió Blanche, son los hijos de la señora, Julio, Marta y Francisco; los vecinos Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de Acultzinapa, de nombre Luisa; un médico de Ciudad Mendoza y tres más del hospital regional de Río Blanco; el alcalde Javier Pérez Pascuala, un regidor, un policía, un juez de paz y René Huerta, líder de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica.
Todas esas personas, más el acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal, la autopsia número 070276634 suscrita por tres forenses, el dictamen del subprocurador Miguel Mina Rodríguez y declaraciones del procurador estatal Emeterio López coincidieron en que la mujer fue víctima de violación sexual tumultuaria en la cual recibió lesiones que le originaron la muerte.
Todo se modificó, sin embargo, cuando, el 13 de marzo, entrevistado por Elena Gallegos y Claudia Herrera, Felipe Calderón dijo que la anciana había muerto por una "gastritis crónica no atendida". Pero el sucesor de Fox pasó por alto varias cosas. Por ejemplo, que la noche del 26 de febrero, al enterarse del deceso, el coronel José Soberanes, responsable del campamento militar de Tetlatzinga, anunció ante más de 300 personas que cuatro soldados estaban arrestados e iban a ser "investigados por ese crimen" (Proceso, 1587).
O que Noemí Quirasco Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, subrayó que "nadie ha mencionado que la señora fue arrojada a un barranco", donde la encontraron malherida (idem). O que el 27 de febrero, el coronel Soberanes dio marcha atrás a la supuesta "investigación" de los soldados, o que la Secretaría de la Defensa Nacional dejó correr la especie de que la agresión había sido hecha por un "grupo guerrillero".
¿Por qué Calderón habló de "gastritis" cuando sólo la procuraduría de Veracruz había examinado el cadáver? ¿Por qué dijo: "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida", si el mismo 13 de marzo, el visitador de la CNDH, Julio Armendáriz, les aseguró a los habitantes de Soledad Atzompa que la comisión no había participado hasta ese momento en el caso? ¿Por qué, sólo hasta el 29 de marzo, el dictamen oficial de la CNDH fue dado a conocer por un general en retiro que ahora es diputado panista y no por el propio Soberanes?
¿Por qué sólo hasta el día siguiente, viernes 30, la CNDH presentó su informe, acomodando todo al gusto de Calderón? A saber: que sí existía una segunda autopsia, hecha, ojo, el 9 de marzo, es decir, cuatro días antes de la entrevista del Ejecutivo con La Jornada. Y, más aún, que ésta encontró un cuadro de "anemia aguda" (grave ausencia de glóbulos rojos) debido a un "sangrado de tubo digestivo" (hemorragia estomacal por goteo) provocado por "úlceras gástricas pépticas agudas" (heridas abiertas o áreas lesionadas en el recubrimiento del estómago).
En México, como bien lo dice AMLO, las instituciones están podridas, al diablo con ellas, tenemos que seguir luchando por construir instituciones que realmente cumplan con sus objetivos, entre ellos, proteger a la población de la injusticia. El caso de Ernestina es verdaderamente indignante, se trata del sector de la población más desprotegido y resulta que el presidente espurio y el mequetrefe de Soberanes se ponen en contra de éste para defender a los militares, cobardes irresponsables.
Con 350 mil dólares el anticastrista saldrá en libertad condicional Foto: Archivo de La Jornada
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