jueves, julio 26, 2007
Escandalosas sentencias de juez homófobo
En Murcia, niega a lesbianas la adopción de una niña y la custodia de dos hijas
ARMANDO G. TEJEDA
Madrid, 25 de julio. El juez de familia Fernando Ferrín Calamita tiene dos libros de cabecera: la Biblia y Camino, el dispensario que escribió José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que sirve de guía a los seguidores de esta poderosa organización ultracatólica. Este magistrado, lejos de nutrirse de la doctrina jurídica aprobada en el Parlamento español para redactar sus sentencias y resoluciones, prima los "valores morales" de su "conciencia", siempre en consonancia con los dogmas de la Iglesia católica. Con este esquema de trabajo, el juez de Murcia ha dictado recientemente dos sentencias controvertidas y de difícil encaje constitucional: negó a una mujer la custodia de sus dos hijas por su condición "lesbiana" y, la segunda, ha ido retrasando hasta la exasperación el proceso legal de adopción de la hija de una pareja de lesbianas.
Ferrín Calamita inició su carrera judicial en 1987, en Chiclana, Cádiz, donde también comenzó su polémica trayectoria: unas semanas después de asumir el cargo como juez ordenó el arresto de dos mujeres que se bañaban en la playa sin la parte superior del traje de baño, con el argumento de que le "molestaban". Esta práctica, que en ningún caso estaba prohibida por la ley, obligó a esas dos jóvenes a pasar tres días en el calabozo.
Pero este magistrado tiene, además de las bañistas en topless, otras fobias que despliega sin pudor en su condición de magistrado. La aprobación en España de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, introdujo cambios sustanciales en el Código Civil, entre ellos la equiparación de derechos y obligaciones de los homosexuales con los heterosexuales. Sin embargo, el juez Ferrín Calamita se niega a acatar esta doctrina, según se lee en sus sentencias.
El juez de familia de Murcia ha provocado la "alarma" en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, que lo ven como una "amenaza pública" que no debería fungir como la persona responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación. Una de las razones de la indignación son las reiteradas afirmaciones homófobas que escribe sin tapujos en sus resoluciones, en las que llega incluso a equiparar la homosexualidad con "la condición de toxicómano, pederasta, prostituta y la pertenencia a una secta satánica".
Este controvertido juez está siendo investigado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por al menos tres casos que pasaron por su despacho, de los cuales se conocen sólo dos. El primero es el que afecta a la pareja formada por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, quienes, después de varios años de relación, decidieron tener una hija por inseminación artificial, Candela, de 15 meses. Una vez aprobada la nueva ley del matrimonio homosexual decidieron formalizar su enlace con el objetivo prioritario de garantizar que la pequeña Candela estuviera protegida legalmente en el caso de que le pasara algo a su madre biológica. Este trámite, que han realizado ya centenares de parejas desde 2005, requiere sólo de un proceso burocrático; sin embargo el juez ha decidido retrasar hasta la exasperación la aprobación del documento que formalizaría legalmente que Candela tiene dos madres. Sus argumentos para reclamar informes a todos los sicólogos de la Dirección General de la Familia de Murcia, y así retrasar su decisión, son los siguientes: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿Es irrelevante, desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores, biológico o adoptivo, con quienes aquél diariamente convive, sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?", sostiene en uno de sus autos el juez Ferrín Calamita.
El segundo caso que está siendo objeto de estudio para dictaminar si este magistrado ha incurrido en una "falta grave" en el ejercicio de su labor es el de un proceso de divorcio. Al parecer, el marido presentó una denuncia en la que solicitaba el divorcio de su cónyuge, que justificó con el argumento de que ésta le había sido infiel con otra mujer y que además las había encontrado in fraganti en su propio domicilio. El marido reclamó, al igual que la madre, la custodia de sus dos hijas. El juez Ferrín dictaminó entonces: "Al considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre".
Esta sentencia se convirtió en la primera en la historia de España en la que se quitaba la custodia a una madre por motivos de su orientación sexual, algo que según los expertos en derecho vulnera los preceptos de la Constitución de 1978, que establece que ninguna persona podrá ser discriminada por su orientación sexual. Pero el juez añadió más argumentos a su peculiar razonamiento: "Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor". Y a continuación se pregunta: "¿Por qué la condición homosexual perjudica a los hijos? En definitiva porque los hijos tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. No hace falta siquiera para ello ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos hombres o dos mujeres no."
Así que el juez concluye que "la madre tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja" si quiere recuperar la custodia de sus hijas.
El proceder de este magistrado seguidor del Opus Dei será analizado en los próximos días en el seno del CGPJ, que le abrió un expediente por "falta grave" bajo la sospecha de que éste habría incurrido en la utilización de "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". En el caso de que sea condenado por falta grave únicamente tendrá que pagar una multa de entre 300 y 3 mil euros, aunque también podría ser sometido, a petición de algunos vocales del órgano judicial, a una serie de pruebas para "verificar su salud síquica".
Y podríamos asegurar que hay homosexuales que votan por el PP, como aquí hay jodidos que votan por el PAN, como en Estados Unidos hay mutilados que votan por los Republicanos.
ARMANDO G. TEJEDA
Madrid, 25 de julio. El juez de familia Fernando Ferrín Calamita tiene dos libros de cabecera: la Biblia y Camino, el dispensario que escribió José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que sirve de guía a los seguidores de esta poderosa organización ultracatólica. Este magistrado, lejos de nutrirse de la doctrina jurídica aprobada en el Parlamento español para redactar sus sentencias y resoluciones, prima los "valores morales" de su "conciencia", siempre en consonancia con los dogmas de la Iglesia católica. Con este esquema de trabajo, el juez de Murcia ha dictado recientemente dos sentencias controvertidas y de difícil encaje constitucional: negó a una mujer la custodia de sus dos hijas por su condición "lesbiana" y, la segunda, ha ido retrasando hasta la exasperación el proceso legal de adopción de la hija de una pareja de lesbianas.
Ferrín Calamita inició su carrera judicial en 1987, en Chiclana, Cádiz, donde también comenzó su polémica trayectoria: unas semanas después de asumir el cargo como juez ordenó el arresto de dos mujeres que se bañaban en la playa sin la parte superior del traje de baño, con el argumento de que le "molestaban". Esta práctica, que en ningún caso estaba prohibida por la ley, obligó a esas dos jóvenes a pasar tres días en el calabozo.
Pero este magistrado tiene, además de las bañistas en topless, otras fobias que despliega sin pudor en su condición de magistrado. La aprobación en España de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, introdujo cambios sustanciales en el Código Civil, entre ellos la equiparación de derechos y obligaciones de los homosexuales con los heterosexuales. Sin embargo, el juez Ferrín Calamita se niega a acatar esta doctrina, según se lee en sus sentencias.
El juez de familia de Murcia ha provocado la "alarma" en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, que lo ven como una "amenaza pública" que no debería fungir como la persona responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación. Una de las razones de la indignación son las reiteradas afirmaciones homófobas que escribe sin tapujos en sus resoluciones, en las que llega incluso a equiparar la homosexualidad con "la condición de toxicómano, pederasta, prostituta y la pertenencia a una secta satánica".
Este controvertido juez está siendo investigado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por al menos tres casos que pasaron por su despacho, de los cuales se conocen sólo dos. El primero es el que afecta a la pareja formada por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, quienes, después de varios años de relación, decidieron tener una hija por inseminación artificial, Candela, de 15 meses. Una vez aprobada la nueva ley del matrimonio homosexual decidieron formalizar su enlace con el objetivo prioritario de garantizar que la pequeña Candela estuviera protegida legalmente en el caso de que le pasara algo a su madre biológica. Este trámite, que han realizado ya centenares de parejas desde 2005, requiere sólo de un proceso burocrático; sin embargo el juez ha decidido retrasar hasta la exasperación la aprobación del documento que formalizaría legalmente que Candela tiene dos madres. Sus argumentos para reclamar informes a todos los sicólogos de la Dirección General de la Familia de Murcia, y así retrasar su decisión, son los siguientes: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario? ¿Es irrelevante, desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores, biológico o adoptivo, con quienes aquél diariamente convive, sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?", sostiene en uno de sus autos el juez Ferrín Calamita.
El segundo caso que está siendo objeto de estudio para dictaminar si este magistrado ha incurrido en una "falta grave" en el ejercicio de su labor es el de un proceso de divorcio. Al parecer, el marido presentó una denuncia en la que solicitaba el divorcio de su cónyuge, que justificó con el argumento de que ésta le había sido infiel con otra mujer y que además las había encontrado in fraganti en su propio domicilio. El marido reclamó, al igual que la madre, la custodia de sus dos hijas. El juez Ferrín dictaminó entonces: "Al considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre".
Esta sentencia se convirtió en la primera en la historia de España en la que se quitaba la custodia a una madre por motivos de su orientación sexual, algo que según los expertos en derecho vulnera los preceptos de la Constitución de 1978, que establece que ninguna persona podrá ser discriminada por su orientación sexual. Pero el juez añadió más argumentos a su peculiar razonamiento: "Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor". Y a continuación se pregunta: "¿Por qué la condición homosexual perjudica a los hijos? En definitiva porque los hijos tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. No hace falta siquiera para ello ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos hombres o dos mujeres no."
Así que el juez concluye que "la madre tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja" si quiere recuperar la custodia de sus hijas.
El proceder de este magistrado seguidor del Opus Dei será analizado en los próximos días en el seno del CGPJ, que le abrió un expediente por "falta grave" bajo la sospecha de que éste habría incurrido en la utilización de "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". En el caso de que sea condenado por falta grave únicamente tendrá que pagar una multa de entre 300 y 3 mil euros, aunque también podría ser sometido, a petición de algunos vocales del órgano judicial, a una serie de pruebas para "verificar su salud síquica".
Y podríamos asegurar que hay homosexuales que votan por el PP, como aquí hay jodidos que votan por el PAN, como en Estados Unidos hay mutilados que votan por los Republicanos.
Continúa abierta denuncia contra Gabriela Cuevas
Agustín Salgado
La denuncia contra de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, por presunto abuso de autoridad y que fue presentada tanto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como en la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), continúa abierta, no obstante que el martes pasado la servidora aseguró que dicha demanda "era inexistente". Ayer por la mañana el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, dijo que la familia de la menor no ha desistido de la queja que presentó. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes adscritas a la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina, quienes aseguraron que se continúa con las diligencias correspondientes.
¿Qué pasó con esto? Hay que decirle que no se preocupe que si la consignan nosotros le pagamos la fianza.
La denuncia contra de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, por presunto abuso de autoridad y que fue presentada tanto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como en la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), continúa abierta, no obstante que el martes pasado la servidora aseguró que dicha demanda "era inexistente". Ayer por la mañana el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, dijo que la familia de la menor no ha desistido de la queja que presentó. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes adscritas a la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría capitalina, quienes aseguraron que se continúa con las diligencias correspondientes.
¿Qué pasó con esto? Hay que decirle que no se preocupe que si la consignan nosotros le pagamos la fianza.
Crisis en hospitales de Irak; 80% de médicos ha dejado de laborar
Temen ser secuestrados o asesinados, dice el presidente del Comité de Salud y Ambiente
Atentados en Bagdad cuando la población festejaba un triunfo en el futbol; 26 muertos
DPA, AFP, REUTERS
Bagdad, 25 de julio. El personal médico escasea en los hospitales iraquíes debido a que 80 por ciento de los profesionistas ha dejado su trabajo por miedo a ser secuestrado o asesinato, informó hoy el parlamentario y presidente del Comité de Salud y Ambiente de Irak, Mustafa Hiti.
Desde la invasión estadunidense iniciada en marzo de 2003 y la caída del gobierno de Saddam Hussein, un mes después, 627 empleados del sector salud fueron asesinados, así como 78 vigilantes de instalaciones médicas.
La situación de los hospitales iraquíes empeoró cuando el Ministerio de Salud pasó a manos de un miembro del movimiento del clérigo chiíta Moqtada Sadr, quien dimitió por motivos políticos.
De otro lado, la Cámara de Representantes estadunidense prohibió las bases militares permanentes en Irak, luego de que la víspera se revelaron supuestos planes de Washington de dejar a las tropas en el país invadido al menos hasta 2009.
En este contexto, dos coches bomba estallaron en Bagdad causando la muerte a 26 personas que festejaban la clasificación del equipo nacional a la final de la Copa de Asia de Futbol de Naciones, informaron fuentes policiales y médicas.
Un primer coche estalló en medio de una compacta multitud en el barrio de Mansur, matando al menos a nueve personas. Unas 60 personas más resultaron heridas, indicó una fuente médica. Dos personas murieron por disparos al aire durante la celebración del festejo.
Otra explosión, de un segundo coche bomba, se produjo en Zayuna, cerca del centro de Bagdad, donde murieron 17 personas y unas 50 resultaron heridas, recalcaron fuentes del hospital.
En un poco frecuente momento de júbilo, miles de iraquíes invadieron las calles de la capital este miércoles al caer la tarde después que su equipo eliminó a Corea del Sur 4 a 3 en semifinales de la Copa de Asia en Kuala Lumpur.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes decidió prohibir las bases militares permanentes en Irak, lo que representa el más reciente esfuerzo de los demócratas para presionar al gobierno del presidente George W. Bush sobre el conflicto.
La representante demócrata Barbara Lee, creadora del texto adoptado con 399 votos contra 24, afirmó que la ley muestra claramente que Estados Unidos no tiene intención de quedarse "indefinidamente" en Irak, ni en las riquezas petroleras del país.
La mayoría de los republicanos votaron esta ley, a pesar de que muchos de los que apoyan a Bush sostienen que se trata de una votación meramente simbólica.
Por último, hoy quedó en libertad el ex soldado estadunidense Trent Thomas, ya expulsado del ejército, quien fue declarado culpable de asesinar a un iraquí discapacitado. Tras 520 días de prisión preventiva, un tribunal de California perdonó su condena a prisión.
Atentados en Bagdad cuando la población festejaba un triunfo en el futbol; 26 muertos
DPA, AFP, REUTERS
Bagdad, 25 de julio. El personal médico escasea en los hospitales iraquíes debido a que 80 por ciento de los profesionistas ha dejado su trabajo por miedo a ser secuestrado o asesinato, informó hoy el parlamentario y presidente del Comité de Salud y Ambiente de Irak, Mustafa Hiti.
Desde la invasión estadunidense iniciada en marzo de 2003 y la caída del gobierno de Saddam Hussein, un mes después, 627 empleados del sector salud fueron asesinados, así como 78 vigilantes de instalaciones médicas.
La situación de los hospitales iraquíes empeoró cuando el Ministerio de Salud pasó a manos de un miembro del movimiento del clérigo chiíta Moqtada Sadr, quien dimitió por motivos políticos.
De otro lado, la Cámara de Representantes estadunidense prohibió las bases militares permanentes en Irak, luego de que la víspera se revelaron supuestos planes de Washington de dejar a las tropas en el país invadido al menos hasta 2009.
En este contexto, dos coches bomba estallaron en Bagdad causando la muerte a 26 personas que festejaban la clasificación del equipo nacional a la final de la Copa de Asia de Futbol de Naciones, informaron fuentes policiales y médicas.
Un primer coche estalló en medio de una compacta multitud en el barrio de Mansur, matando al menos a nueve personas. Unas 60 personas más resultaron heridas, indicó una fuente médica. Dos personas murieron por disparos al aire durante la celebración del festejo.
Otra explosión, de un segundo coche bomba, se produjo en Zayuna, cerca del centro de Bagdad, donde murieron 17 personas y unas 50 resultaron heridas, recalcaron fuentes del hospital.
En un poco frecuente momento de júbilo, miles de iraquíes invadieron las calles de la capital este miércoles al caer la tarde después que su equipo eliminó a Corea del Sur 4 a 3 en semifinales de la Copa de Asia en Kuala Lumpur.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes decidió prohibir las bases militares permanentes en Irak, lo que representa el más reciente esfuerzo de los demócratas para presionar al gobierno del presidente George W. Bush sobre el conflicto.
La representante demócrata Barbara Lee, creadora del texto adoptado con 399 votos contra 24, afirmó que la ley muestra claramente que Estados Unidos no tiene intención de quedarse "indefinidamente" en Irak, ni en las riquezas petroleras del país.
La mayoría de los republicanos votaron esta ley, a pesar de que muchos de los que apoyan a Bush sostienen que se trata de una votación meramente simbólica.
Por último, hoy quedó en libertad el ex soldado estadunidense Trent Thomas, ya expulsado del ejército, quien fue declarado culpable de asesinar a un iraquí discapacitado. Tras 520 días de prisión preventiva, un tribunal de California perdonó su condena a prisión.
Lo que la avaricia y la oligofrenia de Bush le ha hecho a los estadounidenses
Lo que la avaricia y la oligofrenia de Bush y su camarilla le ha hecho a los estadounidenses. Sin embargo, todos parecen estar contentos y satisfechos. Ahí los tienen, un presidente entero y satisfecho de haber mutilado a sus connacionales y éstos contentos de haber ofrecido sus miembros y otros sus vidas, para que una mafia se enriquezca con el petróleo, entre otras cosas, de un país al que según se ve quieren desaparecer después de propinarle enorme sufrimiento.
Foto: Ap
Grave error, la posición oficial sobre los informes de HRW
Los gobiernos, obligados a respetar garantías: ONG
LAURA POY SOLANO
Defensores de derechos humanos calificaron de "grave error" de la administración de Felipe Calderón y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, considerar que informes como el presentado por Human Rigths Watch (HRW) sobre abusos policiacos y violación de garantías en esa entidad "no van a trascender más allá de nuestras fronteras y que sencillamente lo pueden ignorar".
Agregaron que las conclusiones presentadas por HRW, en las que señala la necesidad "urgente" de que se investiguen las denuncias por actos de brutalidad policiaca, detenciones arbitrarias y uso excesivo de violencia contra los oaxaqueños, "sólo ratifica lo que organizaciones civiles hemos denunciado desde que inició el conflicto en 2006, ante la indiferencia del Estado para asumir un compromiso pleno por la defensa de los derechos humanos en el país".
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que HRW no sólo es una organización con "enorme prestigio ante muchos gobiernos, también cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los ministerios de Relaciones Exteriores del mundo, lo que hace de sus informes fuertes llamados de atención no sólo para el gobierno que atenta contra los derechos humanos de sus habitantes, también es una voz de denuncia en la escena internacional, lo que debería llevar a las administraciones federal y estatal a una profunda reflexión sobre su actuación en el caso Oaxaca, sobre todo cuando se insiste en presentar ante las naciones que México vive una democracia".
En el caso de Oaxaca, insistió, se ha llegado no sólo a un trato "cruel, inhumano y degradante contra quienes participan en el movimiento social, sino que se observan abusos que han llegado a la tortura, por la saña y el espíritu de venganza con que los cuerpos de seguridad estatales y municipales, sin descartar la participación de elementos federales, cometen excesos y abusos de autoridad que parecieran tener el propósito de castigar a la población que se atreva a ejercer sus derechos de reunión, manifestación y petición".
A su vez, Luis Macías Medina, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que es "preocupante" la falta de compromiso y responsabilidad del Estado mexicano con la defensa de los derechos humanos ante un conflicto que "no es estatal, sino nacional, ya que las causas de fondo que generan los enfrentamientos siguen vigentes, ante un gobierno federal que se empeña en invisibilizar los abusos y atropellos contra la población oaxaqueña".
Destacó que el informe de HRW se suma a las numerosas denuncias promovidas a escala nacional e internacional sobre las "graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, no sólo por los abusos de los cuerpos policiacos y las detenciones arbitrarias, sin por la ausencia de un debido proceso para los detenidos, mientras persiste una falsa campaña mediática, promovida por el gobierno estatal, con la que se pretende hacer creer a la opinión pública que el estado vive en paz".
Ambos llamaron a las autoridades federales y estatales a "cumplir con sus compromisos para construir las alternativas políticas que den salida pacífica al conflicto oaxaqueño, y no pretender excusarse en falsos discursos de conflictos estatales, cuando lo que está de por medio es la defensa de los derechos humanos de cualquier mexicano".
LAURA POY SOLANO
Defensores de derechos humanos calificaron de "grave error" de la administración de Felipe Calderón y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, considerar que informes como el presentado por Human Rigths Watch (HRW) sobre abusos policiacos y violación de garantías en esa entidad "no van a trascender más allá de nuestras fronteras y que sencillamente lo pueden ignorar".
Agregaron que las conclusiones presentadas por HRW, en las que señala la necesidad "urgente" de que se investiguen las denuncias por actos de brutalidad policiaca, detenciones arbitrarias y uso excesivo de violencia contra los oaxaqueños, "sólo ratifica lo que organizaciones civiles hemos denunciado desde que inició el conflicto en 2006, ante la indiferencia del Estado para asumir un compromiso pleno por la defensa de los derechos humanos en el país".
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que HRW no sólo es una organización con "enorme prestigio ante muchos gobiernos, también cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los ministerios de Relaciones Exteriores del mundo, lo que hace de sus informes fuertes llamados de atención no sólo para el gobierno que atenta contra los derechos humanos de sus habitantes, también es una voz de denuncia en la escena internacional, lo que debería llevar a las administraciones federal y estatal a una profunda reflexión sobre su actuación en el caso Oaxaca, sobre todo cuando se insiste en presentar ante las naciones que México vive una democracia".
En el caso de Oaxaca, insistió, se ha llegado no sólo a un trato "cruel, inhumano y degradante contra quienes participan en el movimiento social, sino que se observan abusos que han llegado a la tortura, por la saña y el espíritu de venganza con que los cuerpos de seguridad estatales y municipales, sin descartar la participación de elementos federales, cometen excesos y abusos de autoridad que parecieran tener el propósito de castigar a la población que se atreva a ejercer sus derechos de reunión, manifestación y petición".
A su vez, Luis Macías Medina, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que es "preocupante" la falta de compromiso y responsabilidad del Estado mexicano con la defensa de los derechos humanos ante un conflicto que "no es estatal, sino nacional, ya que las causas de fondo que generan los enfrentamientos siguen vigentes, ante un gobierno federal que se empeña en invisibilizar los abusos y atropellos contra la población oaxaqueña".
Destacó que el informe de HRW se suma a las numerosas denuncias promovidas a escala nacional e internacional sobre las "graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, no sólo por los abusos de los cuerpos policiacos y las detenciones arbitrarias, sin por la ausencia de un debido proceso para los detenidos, mientras persiste una falsa campaña mediática, promovida por el gobierno estatal, con la que se pretende hacer creer a la opinión pública que el estado vive en paz".
Ambos llamaron a las autoridades federales y estatales a "cumplir con sus compromisos para construir las alternativas políticas que den salida pacífica al conflicto oaxaqueño, y no pretender excusarse en falsos discursos de conflictos estatales, cuando lo que está de por medio es la defensa de los derechos humanos de cualquier mexicano".
Propone el PRD la reapertura del juicio político contra Ulises Ruiz
Pide la comparecencia de Ramírez Acuña para que explique por qué no ha intervenido
VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL
El PRD propuso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reactivar el juicio político contra Ulises Ruiz Ortiz por las graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales y sociales, y por acción y omisión de su gobierno en el conflicto social presentes en Oaxaca desde hace 14 meses. Además, planteó que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que explique por qué no ha intervenido en la crisis oaxaqueña.
Antes, cuando se sometía a votación una propuesta para aprobar un punto de acuerdo para que el secretario de Gobernación informe a la Permanente "el estado que guarda la elaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", Pablo Gómez, diputado por el PRD, advirtió que en Oaxaca se viven tiempos que recuerdan a los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, en los que hubo persecuciones, torturas y desapariciones.
"Estamos regresando a esos tiempos. En un país no hay democracia cuando hay tortura, tratos inhumanos o degradantes, persecución política, o en donde todo problema se convierte en asunto de represión y de tribunales penales."
Gómez, quien fue encarcelado por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, aseveró en tribuna: "hemos vuelto a la consigna en México de libertad a los presos políticos, que caracterizó el largo periodo de las décadas de los 60 y los 70. Periodo de la denominada guerra sucia, cuando se cometieron las masacres estudiantiles de 68 y 71, y centenares de ciudadanos fueron desaparecidos".
Recordó que sigue vigente el grito emblemático del 68: "'libertad a los presos políticos'. Es una consigna de la mayor importancia hoy en el país, desde el punto de vista de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
En el punto de acuerdo presentado por los diputados perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza, señalan que el pasado 16 de julio, "el hilo de que pendía la supuesta tranquilidad en el estado de Oaxaca se rompió: imágenes que parecían estar en la memoria gráfica se volvieron a repetir a más de un año de haberse iniciado el movimiento magisterial y popular de esa entidad. La ciudad de Oaxaca se sumergió de nuevo en el conflicto: edificios públicos tomados, calles cerradas con barricadas, vehículos quemados y enfrentamientos callejeros".
Subrayan que los hechos parecen ser los mismos que el año pasado: "exceso de violencia por parte de los cuerpos policiacos, prácticas intimidatorias y de represión a la movilización social, escenas de hombres de rodillas, con los ojos vendados y las manos en el suelo, con manchas de sangre en sus camisas, signos de golpes, labios reventados; el saldo que pareciera no ser tan grave comparado con los más de 20 muertos, los cientos de heridos y detenidos que arrojó la represión en ese estado el año pasado, pero que ante esos hechos presentes y futuros no podemos permanecer como meros espectadores".
Propusieron que se cite a comparecer al secretario de Gobernación para que explique la falta de actuación ante el conflicto social, y pidieron que se exhorte a esa dependencia a instalar de manera inmediata y urgente mesas de diálogo.
El PRD también solicitó que se reactive la denuncia de juicio político contra Ulises Ruiz, porque "desde la presentación de la denuncia, el 26 de octubre del año pasado, han trascurrido 234 días en los que han sucedido más de 27 homicidios, incluyendo el del camarógrafo Brad Will; se ha lesionado a una cantidad innumerable de ciudadanos oaxaqueños, así como de representantes de los medios de comunicación; se detuvo a alrededor de 700 personas, de las cuales hasta antes del último conflicto, el del 16 de julio pasado, todavía quedaban ocho recluidas; más de un millón de niños fueron afectados en la educación y se produjeron pérdidas por más de 400 millones de pesos".
Asimismo, los senadores Rosario Ibarra y Alejandro González Yáñez, del PT; el perredista Salomón Jara, y Gabino Cué, de Convergencia, presentaron un punto de acuerdo para que la Permanente se pronunciara por el rechazo al uso de la violencia, que la Procuraduría General de la República inicie una investigación por las personas presuntamente desaparecidas a partir del 16 de julio pasado, que se haga un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que elementos del Ejército se abstengan de realizar detenciones con motivo del conflicto, y que se impida el ingreso de los detenidos a cárceles o campos militares.
VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL
El PRD propuso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reactivar el juicio político contra Ulises Ruiz Ortiz por las graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales y sociales, y por acción y omisión de su gobierno en el conflicto social presentes en Oaxaca desde hace 14 meses. Además, planteó que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que explique por qué no ha intervenido en la crisis oaxaqueña.
Antes, cuando se sometía a votación una propuesta para aprobar un punto de acuerdo para que el secretario de Gobernación informe a la Permanente "el estado que guarda la elaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", Pablo Gómez, diputado por el PRD, advirtió que en Oaxaca se viven tiempos que recuerdan a los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, en los que hubo persecuciones, torturas y desapariciones.
"Estamos regresando a esos tiempos. En un país no hay democracia cuando hay tortura, tratos inhumanos o degradantes, persecución política, o en donde todo problema se convierte en asunto de represión y de tribunales penales."
Gómez, quien fue encarcelado por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, aseveró en tribuna: "hemos vuelto a la consigna en México de libertad a los presos políticos, que caracterizó el largo periodo de las décadas de los 60 y los 70. Periodo de la denominada guerra sucia, cuando se cometieron las masacres estudiantiles de 68 y 71, y centenares de ciudadanos fueron desaparecidos".
Recordó que sigue vigente el grito emblemático del 68: "'libertad a los presos políticos'. Es una consigna de la mayor importancia hoy en el país, desde el punto de vista de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
En el punto de acuerdo presentado por los diputados perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza, señalan que el pasado 16 de julio, "el hilo de que pendía la supuesta tranquilidad en el estado de Oaxaca se rompió: imágenes que parecían estar en la memoria gráfica se volvieron a repetir a más de un año de haberse iniciado el movimiento magisterial y popular de esa entidad. La ciudad de Oaxaca se sumergió de nuevo en el conflicto: edificios públicos tomados, calles cerradas con barricadas, vehículos quemados y enfrentamientos callejeros".
Subrayan que los hechos parecen ser los mismos que el año pasado: "exceso de violencia por parte de los cuerpos policiacos, prácticas intimidatorias y de represión a la movilización social, escenas de hombres de rodillas, con los ojos vendados y las manos en el suelo, con manchas de sangre en sus camisas, signos de golpes, labios reventados; el saldo que pareciera no ser tan grave comparado con los más de 20 muertos, los cientos de heridos y detenidos que arrojó la represión en ese estado el año pasado, pero que ante esos hechos presentes y futuros no podemos permanecer como meros espectadores".
Propusieron que se cite a comparecer al secretario de Gobernación para que explique la falta de actuación ante el conflicto social, y pidieron que se exhorte a esa dependencia a instalar de manera inmediata y urgente mesas de diálogo.
El PRD también solicitó que se reactive la denuncia de juicio político contra Ulises Ruiz, porque "desde la presentación de la denuncia, el 26 de octubre del año pasado, han trascurrido 234 días en los que han sucedido más de 27 homicidios, incluyendo el del camarógrafo Brad Will; se ha lesionado a una cantidad innumerable de ciudadanos oaxaqueños, así como de representantes de los medios de comunicación; se detuvo a alrededor de 700 personas, de las cuales hasta antes del último conflicto, el del 16 de julio pasado, todavía quedaban ocho recluidas; más de un millón de niños fueron afectados en la educación y se produjeron pérdidas por más de 400 millones de pesos".
Asimismo, los senadores Rosario Ibarra y Alejandro González Yáñez, del PT; el perredista Salomón Jara, y Gabino Cué, de Convergencia, presentaron un punto de acuerdo para que la Permanente se pronunciara por el rechazo al uso de la violencia, que la Procuraduría General de la República inicie una investigación por las personas presuntamente desaparecidas a partir del 16 de julio pasado, que se haga un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que elementos del Ejército se abstengan de realizar detenciones con motivo del conflicto, y que se impida el ingreso de los detenidos a cárceles o campos militares.
Sobre los enredos del caso de Zhen Li Ye Gon
Sobre los enredos del caso de Zhen Li Ye Gon aparecen varias notas en la Jornada, en síntesis:
1) Según el penalista Rogelio de la Garza, asesor jurídico en México, los 205 millones de dólares ya no están en el Bank of America sino en la Reserva Federal de Estados Unidos, ''y ya están siendo utilizados libremente por el gobierno de ese país''. Esta versión se complementa con un oficio de asistencia jurídica que el gobierno de Estados Unidos envió hace tres meses a su contraparte mexicana, en el que se informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el Departamento de Justicia de aquel país tenía aseguradas varias cuentas bancarias de Ye Gon por más de 500 mil dólares.
Fuentes gubernamentales mexicanas consultadas ayer indicaron que cuando el gobierno calderonista determinó depositar en Bank of America los más de 205 millones de dólares, ya tenía conocimiento de que esa transacción implicaba la posibilidad de ''perder el dinero'' ante la advertencia de la DEA de que sería decomisado cualquier numerario que tuviera relación con el empresario de origen chino.
De manera que según el litigante es mentira que el gobierno mexicano haya recuperado ese capital, y sostuvo que una vez que demuestre la licitud del mismo, ''si Estados Unidos se niega a devolverlo, entonces México tendrá que reponer peso por peso, aunque estoy seguro que esto será un problema que se va a heredar a la próxima administración federal''. Agregó que la próxima semana interpondrá una demanda de amparo indirecto para iniciar un litigio contra la SIEDO, porque ''de manera irregular las autoridades ministeriales argumentaron que Zhenli nunca reclamó como suyo el dinero, lo cual es falso porque sí lo hicimos''.
Las mentiras como regla gubernamental.
2) Según Medina Mora es irrelevante, dónde se procese a Ye Gon, "lo importante es que una persona que tiene actividades de narcotráfico perfectamente acreditadas enfrente a la justicia de manera contundente y lo más inmediatamente practicable''. Pero, antes de dos meses solicitarán la extradición. Que lo que importa es que ''se llegue al fondo de la posible red de complicidades'', aunque reconoció que hasta el momento, y pese a los distintos señalamientos de que personal de aduanas podría estar relacionado con el tráfico de seudoefedrina que operaba el empresario, no existe ninguna evidencia sólida en ese sentido, pero hay líneas de investigación al respecto.
Es decir, tapando el ojo al macho cada vez que al pelele lo tratan como tal. Y respecto a que no se sabe si el personal de aduanas esté relacionado con el tráfico de seudoefedrina, pues la única evidencia que existe es que la seudoefedrina pasó la aduana, nomás.
3) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al director del Serviciso de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Alvarez Alonso, con el propósito de que explique las contradicciones en que ha incurrido el gobierno federal sobre el destino del dinero decomisado al empresario Zhenli Ye Gon. Que aclare "con toda precisión las razones por las que se determinó no conservar" los 205 millones de dólares incautados al empresario chino, así como explicar si existe riesgo de que el gobierno de Estados Unidos reclame parte de ese dinero; que explique a los legisladores las contradicciones en que incurrió ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que en un comunicado del 4 de julio informó que los más de 205 millones de dólares se encontraban en un banco de Estados Unidos, y días después, el 13 del mismo mes, aseveró que se encontraban depositados en el Banco de México; que explique todo lo relativo al acelerado proceso de naturalización de Ye Gon, que concluyó con una ceremonia, el 3 de febrero de 2003, en la que el entonces presidente Vicente Fox le entregó en propia mano el documento que lo acredita como ciudadano mexicano.
Por cierto ¿dónde anda fox? ¿Se calló por fin la chachalaca?
3) Diputados de PRI y PAN, por segunda ocasión consecutiva, boicotearon la convocatoria a una reunión de la comisión especial que investiga los movimientos financieros de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2, que operó Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), que tenía como propósito citar a comparecer al director de la Administración General de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, para que explicara los pedimentos de importación que permitieron a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca importar diversas mercancías al país, pues se presume que lo hicieron de manera irregular.
El presidente de la comisión, Pablo Trejo Pérez, explicó que aun cuando esta instancia tiene un propósito distinto, la investigación que realiza en algún momento cruzará resultados con los de la comisión que investiga a los hijos de Marta Sahagún, y con los de la que indaga las actividades ilícitas de Zhenli Ye Gon.
El presidente de la comisión especial que investiga a la empresa Construcciones Prácticas afirmó que se abriría una línea de investigación para encontrar la posible conexión entre Ye Gon y los Bribiesca. "Existen los elementos suficientes".
La "familia presidencial" del sexenio pasado fueron unos delincuentes que pusieron todo para el fraude electoral y asegurar la complicidad gubernamental para no ir a dar a la cárcel. Está tan claro que quienes siguen siendo panistas es porque de alguna forma se identifican con acciones delictivas y por ello los defienden. Hay que desconfiar de todo panista pues o es un delincuente de hecho o es un delincuente en potencia.
1) Según el penalista Rogelio de la Garza, asesor jurídico en México, los 205 millones de dólares ya no están en el Bank of America sino en la Reserva Federal de Estados Unidos, ''y ya están siendo utilizados libremente por el gobierno de ese país''. Esta versión se complementa con un oficio de asistencia jurídica que el gobierno de Estados Unidos envió hace tres meses a su contraparte mexicana, en el que se informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el Departamento de Justicia de aquel país tenía aseguradas varias cuentas bancarias de Ye Gon por más de 500 mil dólares.
Fuentes gubernamentales mexicanas consultadas ayer indicaron que cuando el gobierno calderonista determinó depositar en Bank of America los más de 205 millones de dólares, ya tenía conocimiento de que esa transacción implicaba la posibilidad de ''perder el dinero'' ante la advertencia de la DEA de que sería decomisado cualquier numerario que tuviera relación con el empresario de origen chino.
De manera que según el litigante es mentira que el gobierno mexicano haya recuperado ese capital, y sostuvo que una vez que demuestre la licitud del mismo, ''si Estados Unidos se niega a devolverlo, entonces México tendrá que reponer peso por peso, aunque estoy seguro que esto será un problema que se va a heredar a la próxima administración federal''. Agregó que la próxima semana interpondrá una demanda de amparo indirecto para iniciar un litigio contra la SIEDO, porque ''de manera irregular las autoridades ministeriales argumentaron que Zhenli nunca reclamó como suyo el dinero, lo cual es falso porque sí lo hicimos''.
Las mentiras como regla gubernamental.
2) Según Medina Mora es irrelevante, dónde se procese a Ye Gon, "lo importante es que una persona que tiene actividades de narcotráfico perfectamente acreditadas enfrente a la justicia de manera contundente y lo más inmediatamente practicable''. Pero, antes de dos meses solicitarán la extradición. Que lo que importa es que ''se llegue al fondo de la posible red de complicidades'', aunque reconoció que hasta el momento, y pese a los distintos señalamientos de que personal de aduanas podría estar relacionado con el tráfico de seudoefedrina que operaba el empresario, no existe ninguna evidencia sólida en ese sentido, pero hay líneas de investigación al respecto.
Es decir, tapando el ojo al macho cada vez que al pelele lo tratan como tal. Y respecto a que no se sabe si el personal de aduanas esté relacionado con el tráfico de seudoefedrina, pues la única evidencia que existe es que la seudoefedrina pasó la aduana, nomás.
3) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al director del Serviciso de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Alvarez Alonso, con el propósito de que explique las contradicciones en que ha incurrido el gobierno federal sobre el destino del dinero decomisado al empresario Zhenli Ye Gon. Que aclare "con toda precisión las razones por las que se determinó no conservar" los 205 millones de dólares incautados al empresario chino, así como explicar si existe riesgo de que el gobierno de Estados Unidos reclame parte de ese dinero; que explique a los legisladores las contradicciones en que incurrió ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que en un comunicado del 4 de julio informó que los más de 205 millones de dólares se encontraban en un banco de Estados Unidos, y días después, el 13 del mismo mes, aseveró que se encontraban depositados en el Banco de México; que explique todo lo relativo al acelerado proceso de naturalización de Ye Gon, que concluyó con una ceremonia, el 3 de febrero de 2003, en la que el entonces presidente Vicente Fox le entregó en propia mano el documento que lo acredita como ciudadano mexicano.
Por cierto ¿dónde anda fox? ¿Se calló por fin la chachalaca?
3) Diputados de PRI y PAN, por segunda ocasión consecutiva, boicotearon la convocatoria a una reunión de la comisión especial que investiga los movimientos financieros de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2, que operó Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), que tenía como propósito citar a comparecer al director de la Administración General de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, para que explicara los pedimentos de importación que permitieron a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca importar diversas mercancías al país, pues se presume que lo hicieron de manera irregular.
El presidente de la comisión, Pablo Trejo Pérez, explicó que aun cuando esta instancia tiene un propósito distinto, la investigación que realiza en algún momento cruzará resultados con los de la comisión que investiga a los hijos de Marta Sahagún, y con los de la que indaga las actividades ilícitas de Zhenli Ye Gon.
El presidente de la comisión especial que investiga a la empresa Construcciones Prácticas afirmó que se abriría una línea de investigación para encontrar la posible conexión entre Ye Gon y los Bribiesca. "Existen los elementos suficientes".
La "familia presidencial" del sexenio pasado fueron unos delincuentes que pusieron todo para el fraude electoral y asegurar la complicidad gubernamental para no ir a dar a la cárcel. Está tan claro que quienes siguen siendo panistas es porque de alguna forma se identifican con acciones delictivas y por ello los defienden. Hay que desconfiar de todo panista pues o es un delincuente de hecho o es un delincuente en potencia.
Un insecto ponzoñoso y estúpido le escribe al presidente de Venezuela
El dirigente del blanquiazul pide en una carta al venezolano respete la libertad de expresión
Espino insiste en criticar a Chávez; el gobierno de Calderón se deslinda
En nombre de la ODCA, le reprocha que cuestione públicamente a gobiernos y jefes de Estado
CIRO PEREZ
El insecto ponzoñoso y estúpido. Foto: José Carlo González
El presidente de Venezuela Foto: José Carlo González
Al tiempo que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se deslindó de las declaraciones del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, en contra del gobierno de Hugo Chávez, el dirigente blanquiazul envió en nombre de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) una carta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la que le hace un llamado a respetar la libertad de expresión y el libre flujo de pensamiento, en relación con la decisión adoptada por el mandatario para expulsar de aquel país a los extranjeros que hablen mal de su administración.
En su reciente visita a Venezuela, el fin de semana pasado, Espino Barrientos dijo que el proyecto de reforma constitucional que Chávez enviará al Parlamento es ''una argucia para mantener la perpetuidad del gobierno actual'', al incluir la relección presidencial sin límite, esto en momentos en que la administración calderonista pretende reanudar contactos diplomáticos formales con el gobierno de Chávez, lo que provocó malestar en Los Pinos.
En la misiva que este miércoles envió Espino Barrientos al presidente venezolano también señala que la ODCA respeta pero no comparte sus declaraciones, y advierte que si bien Chávez critica la injerencia en los asuntos de su país es él mismo quien la genera cuando cuestiona públicamente a gobiernos y jefes de Estado por pensar diferente a él.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Espino Barrientos dijo que a pesar de este ''atropello a las libertades de Venezuela'', es plausible que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, busque recomponer las relaciones con ese gobierno.
''No tiene nada que ver la opinión de un partido político con las políticas de gobierno, aun cuando éste haya emanado de ese partido político; qué bueno que el presidente Calderón siga insistiendo en acercarse a este país y a otros a través de la vía del diálogo; ojalá que Hugo Chávez actúe de igual forma'', sostuvo.
En esta conferencia de prensa estuvieron presentes también representantes de partidos democratacristianos de Alemania, en la persona del diputado Arnold Vaatz, y de Chile, con Thomas Joselyn Holt, así como Jorge Muragas, encargado de relaciones exteriores del Partido Popular, de España, quienes -al igual que Espino- condenaron reiteradamente las actitudes del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Joselyn Holt sostuvo que Augusto Pinochet hacía lo mismo en Chile y que su gobierno tiene muchas similitudes con el de Hugo Chávez. ''Y también tiene una peculiaridad: que terminan peleándose con todos, no sólo al exterior, con otros gobiernos, sino al interior, con la Iglesia, los partidos y al final con quienes lo apoyan; terminan quedándose solos. Venezuela se está quedando sola''.
En otra parte de la conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido blanquiazul sostuvo que el avance del movimiento demócrata cristiano en el continente es importante en República Dominicana, Chile, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador y Aruba, aunque su percepción se contrapone a la visión que por la mañana, ante un grupo de estudiantes de diversos países, hizo Arnold Vaatz, del Partido Unión Demócrata Cristiana en Alemania.
Durante el desayuno privado que compartió con los jóvenes alumnos, les comentó del surgimiento de un partido de izquierda en su país, que ve en Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otras naciones, ''una redireccionalidad'' de la política hacia la izquierda, y llamó a los partidos democratacristianos de Europa a hacer un frente común para evitar que este partido de izquierda, que surge en Alemania, tenga contacto efectivo con gobiernos como el de Cuba, del que esperaría, dijo, apoyo.
En el desayuno, el representante de la delegación española hizo alusión al mismo tema respecto de las izquierdas en Latinoamérica y confió en que las acciones del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ''no vayan a lograr intoxicar a otros países''.
Espino insiste en criticar a Chávez; el gobierno de Calderón se deslinda
En nombre de la ODCA, le reprocha que cuestione públicamente a gobiernos y jefes de Estado
CIRO PEREZ
El insecto ponzoñoso y estúpido. Foto: José Carlo González
El presidente de Venezuela Foto: José Carlo GonzálezEn las páginas de la historia Hugo Chávez seguramente tendrá un lugar honroso mientras Espino no aparecerá pues pronto será aplastado del zapatazo de algún demócrata horrorizado, o bien echado a la alcantarilla por algún avergonzado cristiano.
Al tiempo que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se deslindó de las declaraciones del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, en contra del gobierno de Hugo Chávez, el dirigente blanquiazul envió en nombre de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) una carta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la que le hace un llamado a respetar la libertad de expresión y el libre flujo de pensamiento, en relación con la decisión adoptada por el mandatario para expulsar de aquel país a los extranjeros que hablen mal de su administración.
En su reciente visita a Venezuela, el fin de semana pasado, Espino Barrientos dijo que el proyecto de reforma constitucional que Chávez enviará al Parlamento es ''una argucia para mantener la perpetuidad del gobierno actual'', al incluir la relección presidencial sin límite, esto en momentos en que la administración calderonista pretende reanudar contactos diplomáticos formales con el gobierno de Chávez, lo que provocó malestar en Los Pinos.
En la misiva que este miércoles envió Espino Barrientos al presidente venezolano también señala que la ODCA respeta pero no comparte sus declaraciones, y advierte que si bien Chávez critica la injerencia en los asuntos de su país es él mismo quien la genera cuando cuestiona públicamente a gobiernos y jefes de Estado por pensar diferente a él.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Espino Barrientos dijo que a pesar de este ''atropello a las libertades de Venezuela'', es plausible que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, busque recomponer las relaciones con ese gobierno.
''No tiene nada que ver la opinión de un partido político con las políticas de gobierno, aun cuando éste haya emanado de ese partido político; qué bueno que el presidente Calderón siga insistiendo en acercarse a este país y a otros a través de la vía del diálogo; ojalá que Hugo Chávez actúe de igual forma'', sostuvo.
En esta conferencia de prensa estuvieron presentes también representantes de partidos democratacristianos de Alemania, en la persona del diputado Arnold Vaatz, y de Chile, con Thomas Joselyn Holt, así como Jorge Muragas, encargado de relaciones exteriores del Partido Popular, de España, quienes -al igual que Espino- condenaron reiteradamente las actitudes del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Joselyn Holt sostuvo que Augusto Pinochet hacía lo mismo en Chile y que su gobierno tiene muchas similitudes con el de Hugo Chávez. ''Y también tiene una peculiaridad: que terminan peleándose con todos, no sólo al exterior, con otros gobiernos, sino al interior, con la Iglesia, los partidos y al final con quienes lo apoyan; terminan quedándose solos. Venezuela se está quedando sola''.
En otra parte de la conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido blanquiazul sostuvo que el avance del movimiento demócrata cristiano en el continente es importante en República Dominicana, Chile, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador y Aruba, aunque su percepción se contrapone a la visión que por la mañana, ante un grupo de estudiantes de diversos países, hizo Arnold Vaatz, del Partido Unión Demócrata Cristiana en Alemania.
Durante el desayuno privado que compartió con los jóvenes alumnos, les comentó del surgimiento de un partido de izquierda en su país, que ve en Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otras naciones, ''una redireccionalidad'' de la política hacia la izquierda, y llamó a los partidos democratacristianos de Europa a hacer un frente común para evitar que este partido de izquierda, que surge en Alemania, tenga contacto efectivo con gobiernos como el de Cuba, del que esperaría, dijo, apoyo.
En el desayuno, el representante de la delegación española hizo alusión al mismo tema respecto de las izquierdas en Latinoamérica y confió en que las acciones del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ''no vayan a lograr intoxicar a otros países''.
Formal prisión a once activistas de la APPO; liberan a otros 18
"Al que le tienen que dictar formal prision es a Ulises Ruiz y a todos sus secuaces........junto con el pelele y toooda la bola de pirruris, ineptos y pendejos que conforman su gabinete y sus escoltas de seguridad........todos hijos de .....la Esther Gordillo."
Oaxaca, Oax., 25 de julio (apro).- El juez quinto de lo penal dictó hoy formal prisión a once activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena, robo y daño por incendio, cometidos durante el enfrentamiento con policías ocurrido el pasado 16 de julio, confirmó la abogada del Comité de Liberación 25 de Noviembre, Alba Gabriela Cruz Ramos.En la misma audiencia, el juzgador otorgó la libertad, “por falta de méritos”, a 18 maestros e integrantes de la APPO.La liberación de los activistas de la APPO y los afiliados a la sección 22 del SNTE tuvo lugar a lo largo de la noche de ayer martes y en la madrugada y transcurso de este día.La defensora apuntó que ninguno de los liberados pagó fianza, pues la Procuraduría local no pudo acreditar su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.Cabe señalar que el pasado lunes 16 manifestantes y policías se enfrentaron en las inmediaciones del cerro del Fortín, en que los agentes buscaban impedir el ingreso de los activistas al auditorio Guelaguetza, donde pretendían hacer su festejo, hechos en los que resultaron heridas medio centenar de personas.A quienes se les dictó la formal prisión se identificaron como Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López, profesores de la sección 22.Así mismo, la abogada Cruz Ramos denunció que a los once detenidos se les fijó una fianza de 2 millones 846 mil pesos a cada uno, razón por la que presentarán un amparo.Y en el caso del profesor retirado Emeterio Merino Cruz, quien se encuentra en estado de coma por la golpiza que le propinaron los cuerpos de seguridad estatal, el Tribunal Superior de Justicia determinó “la suspensión de procedimiento”.La defensora dijo que, “coincidentemente”, el Poder Judicial de Oaxaca dictó auto de formal prisión a cinco profesores de la sección 22, dos estudiantes universitarios y cuatro mujeres, con el claro objetivo de mantenerlos como “rehenes políticos”.Entre los “presos políticos” ubicó a Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López; los estudiantes universitarios José Francisco García Martínez y Juan Diego o Iván Diego García López, así como a Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz.Cruz Ramos explicó que de los 40 detenidos durante los hechos de violencia del 16 de julio, ya sólo quedan presas estas once personas. Recordó que inicialmente fueron liberados “bajo palabra” seis menores de edad; luego salieron libres tres conductores de los autobuses urbanos que habían sido retenidos; otros cuatro fueron excarcelados en los términos constitucionales, y a 18 les dictaron auto de libertad por falta de elementos, y finalmente a Emeterio Merino se le suspendió su procedimiento.Ahora, anunció la abogada, van a interponer los amparos que sean necesarios para litigar el abuso de este asunto en los juzgados de distrito.Y según un informe del Comité de Liberación 25 de Noviembre, todavía quedan 28 “presos políticos” vinculados al movimiento social de Oaxaca, que cumplió 14 meses de conflicto y que ha dejado 23 muertos.En esta lista de 28 presos se encuentran Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, quienes se encuentran en el penal de alta seguridad número uno del Altiplano, en el Estado de México; además de Wilbert Ramón Aquino Aragón, Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López, Gonzalo González López, José Francisco García Martínez, Juan Diego o Iván Diego García López, Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Tlacolula.Mientras que en Ixcotel se encuentran internados Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Ángel García, David Venegas Reyes y Adán Mejía; en el consejo de tutela está Jaciel Cruz, y en el penal de Etla permanecen Santos Pérez Cruz, Artemio Pérez Cruz, Juventino Cruz Pérez, Eufemio Méndez López, María Álvaro López Pérez y Juana Morales Pérez.
Formal prisión a once activistas de la APPO; liberan a otros 18
Oaxaca, Oax., 25 de julio (apro).- El juez quinto de lo penal dictó hoy formal prisión a once activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena, robo y daño por incendio, cometidos durante el enfrentamiento con policías ocurrido el pasado 16 de julio, confirmó la abogada del Comité de Liberación 25 de Noviembre, Alba Gabriela Cruz Ramos.En la misma audiencia, el juzgador otorgó la libertad, “por falta de méritos”, a 18 maestros e integrantes de la APPO.La liberación de los activistas de la APPO y los afiliados a la sección 22 del SNTE tuvo lugar a lo largo de la noche de ayer martes y en la madrugada y transcurso de este día.La defensora apuntó que ninguno de los liberados pagó fianza, pues la Procuraduría local no pudo acreditar su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.Cabe señalar que el pasado lunes 16 manifestantes y policías se enfrentaron en las inmediaciones del cerro del Fortín, en que los agentes buscaban impedir el ingreso de los activistas al auditorio Guelaguetza, donde pretendían hacer su festejo, hechos en los que resultaron heridas medio centenar de personas.A quienes se les dictó la formal prisión se identificaron como Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López, profesores de la sección 22.Así mismo, la abogada Cruz Ramos denunció que a los once detenidos se les fijó una fianza de 2 millones 846 mil pesos a cada uno, razón por la que presentarán un amparo.Y en el caso del profesor retirado Emeterio Merino Cruz, quien se encuentra en estado de coma por la golpiza que le propinaron los cuerpos de seguridad estatal, el Tribunal Superior de Justicia determinó “la suspensión de procedimiento”.La defensora dijo que, “coincidentemente”, el Poder Judicial de Oaxaca dictó auto de formal prisión a cinco profesores de la sección 22, dos estudiantes universitarios y cuatro mujeres, con el claro objetivo de mantenerlos como “rehenes políticos”.Entre los “presos políticos” ubicó a Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López; los estudiantes universitarios José Francisco García Martínez y Juan Diego o Iván Diego García López, así como a Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz.Cruz Ramos explicó que de los 40 detenidos durante los hechos de violencia del 16 de julio, ya sólo quedan presas estas once personas. Recordó que inicialmente fueron liberados “bajo palabra” seis menores de edad; luego salieron libres tres conductores de los autobuses urbanos que habían sido retenidos; otros cuatro fueron excarcelados en los términos constitucionales, y a 18 les dictaron auto de libertad por falta de elementos, y finalmente a Emeterio Merino se le suspendió su procedimiento.Ahora, anunció la abogada, van a interponer los amparos que sean necesarios para litigar el abuso de este asunto en los juzgados de distrito.Y según un informe del Comité de Liberación 25 de Noviembre, todavía quedan 28 “presos políticos” vinculados al movimiento social de Oaxaca, que cumplió 14 meses de conflicto y que ha dejado 23 muertos.En esta lista de 28 presos se encuentran Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, quienes se encuentran en el penal de alta seguridad número uno del Altiplano, en el Estado de México; además de Wilbert Ramón Aquino Aragón, Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López, Gonzalo González López, José Francisco García Martínez, Juan Diego o Iván Diego García López, Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Tlacolula.Mientras que en Ixcotel se encuentran internados Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Ángel García, David Venegas Reyes y Adán Mejía; en el consejo de tutela está Jaciel Cruz, y en el penal de Etla permanecen Santos Pérez Cruz, Artemio Pérez Cruz, Juventino Cruz Pérez, Eufemio Méndez López, María Álvaro López Pérez y Juana Morales Pérez.
Aquella Cuba unánime
Rodrigo Moya
Rodrigo Moya en Playa Las Coloradas, donde llegó el Granma
Fidel Castro pronunció, el 26 de julio de 1964, un discurso de cuatro horas, conocido como de Los cuatro puntos, en Santiago de Cuba Foto: Rodrigo Moya
Construcción de un barco en el astillero de Matanzas Foto: Rodrigo Moya
La población de la isla acude a las tiendas de racionamiento en La Habana. Foto: Rodrigo Moya
Local donde se adquirían productos de procedencia foránea Foto: Rodrigo Moya
En 1964, hace 43 años, viajamos a la ciudad de La Habana tres periodistas mexicanos invitados por el Gobierno de Cuba para asistir a la conmemoración del XI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, acaecido el 26 de julio de 1953. En esa fecha, dos columnas de jóvenes rebeldes encabezados por Fidel Castro Ruz atacaron infructuosamente aquel cuartel situado en plena ciudad de Santiago, en el extremo oriental de la isla. El intento costó muerte y tortura muchos de los rebeldes, y cárcel y exilio para los sobrevivientes, entre ellos el propio Fidel y su hermano Raúl. Sin embargo, esta acción marcó el inicio de la lucha que, cinco años después, y tras épicos avatares que son parte central de la historia de Latinoamérica, conquistaría la capital de Cuba para expulsar al dictador Fulgencio Batista e instalar un gobierno revolucionario que, acosado desde su nacimiento, se declaró Estado socialista en 1961.
Desde aquella epopeya, muchas cosas sucedieron en la isla y fuera de ella que electrizaron al núcleo más consciente de la juventud del continente, lo mismo que a todos quienes veíamos con indignación la impunidad con la que una serie de tiranos, impuestos desde Washington, gobernaban a fuerza de metralla y despojo a varias naciones. La toma de La Habana por "los barbudos" puso fin a más de cuatro siglos de dominio colonial en Cuba, y con su resonancia e influencia la historia del continente americano cambió radicalmente desde entonces. Dictadores como Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez y muchos otros fueron desplazados a bala del poder. Cuba inició, a contracorriente y presionada desde varios ángulos con todos los recursos de sus enemigos, una reconstrucción nacional que la llevaría en dos años a proclamarse socialista y a gravitar en la órbita de la Unión Soviética como única manera de eludir el cerco económico y el acoso militar.
El joven periodista Froylán Manjarrez, el caricaturista Eduardo del Río -Rius- y el suscrito, éramos esos tres periodistas mexicanos que queríamos ver de cerca la realidad de la Revolución Cubana y sus avances, reconocidos ya como espectaculares en cuanto a desarrollo social, justicia e independencia. La idea era hacer un libro que se llamaría Cuba por tres: Manjarrez a cargo de textos breves, ágiles, incisivos y amenos como todo lo que escribía; Rius, ni qué decirlo, a cargo de una visión con caricaturas y montajes gráficos, y yo, como fotógrafo, a cargo de una mirada documental que encajaría fotografías a contrapunto con textos y caricaturas. No íbamos a ciegas ni a improvisar sobre la marcha. Además de que seguíamos día a día el latido continental de la Revolución Cubana, el proyecto se había desarrollado desde meses antes y contábamos inclusive con un simpatizante de la idea, dispuesto a patrocinarla. Contábamos también con el apoyo de las autoridades cubanas que nos moverían a donde quisiéramos, y con la ayuda, más teórica que práctica, de la revista Sucesos, donde los tres susodichos periodistas colaborábamos.
En un avión cargado hasta el tope de periodistas e intelectuales de toda laya y de simpatizantes afectos al turismo gratuito de izquierda, llegamos a La Habana días antes de los festejos. Como un reconocimiento a la ciudad que había visto nacer la Revolución y aportado una dolorosa cuota de sangre en aquél ataque suicida, ese año el festejo se realizaría en Santiago. De inmediato nos tomó en sus manos el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que nos metió en una negra limousine Cadillac, de las muchas abandonadas cinco años antes en la fuga pánica de la alta burguesía. Guiados por Isabel, una preparada guía del ICAP, fuimos a donde queríamos ir, desde las cercanías de La Habana hasta Matanzas, Cienfuegos, Península de Zapata, Santa Clara y otros lugares de nuestro interés. El día 24 de julio nos pusieron en un Ilushin destartalado para Santiago de Cuba, donde el 26 fuimos testigos no sólo del impresionante festejo patrio presidido por Fidel Castro, el Che Guevara, Haydé Santa María y toda la cúpula dirigente, sino también del carnaval santiaguero, según muchos sólo superado por el brasileño.
Froylán Manjarrez, Rius y yo anduvimos casi siempre juntos, aunque la popularidad del dibujante y las amistades que tenía desde antes en La Habana en ocasiones nos dispersaron. De cualquier modo, durante tres semanas trabajamos duro entrevistando gente de todos los oficios, visitando "centrales", astilleros, las famosas fábricas donde se hacían puros, escuelas en construcción en las montañas donde antes no llegaba nadie, excepto los guerrilleros; o conjuntos educacionales enormes y complejos, como el de Cubanacán, recién construido, o Cuquine, la enorme finca urbana de Batista, convertida en escuela de agronomía, y también los ampulosos palacios de los ricos refugiados en Miami, ahora adaptados como escuelas de danza, de pintura, de música; fuimos a los viveros de cocodrilos en Guamá, así como a las primeras granjas experimentales con regímenes de pequeña propiedad, las estaciones piscícolas con tecnología china y soviética ya en plena producción, en fin, la flota pesquera que ya iniciaba su desarrollo para convertirse a la vuelta de pocos años en la más productiva y eficiente del tercer mundo.
Regresamos a México henchidos de ideas y tardamos algunas semanas en hacer cada quien lo suyo antes de intentar el ensamble colectivo. Yo copié cientos de imágenes, Froylán pulía sus textos y una introducción, mientras Rius ordenaba su información para ponerla en boca de sus muñequitos. En esas andábamos, además de en el fragor de ganarnos la vida, cuando nos llegó la noticia: nuestro futuro editor había muerto de un ataque al corazón. Era Mony de Swaan, un maduro judío holandés que había luchado contra los nazis durante la Segunda Guerra Mudial, que seguía apegado a sus filias izquierdistas a pesar de su fortuna, y que como próspero empresario se había atrevido a desoír las consignas imperiales del bloqueo y le vendía alimentos a Cuba.
Entonces guardé esas fotos hasta la fecha, y ahora es una alegría publicar algunas de ellas en La Jornada. Froylán murió dos años después, a los 27 años, dejando un gran vacío en el corazón de sus amigos y en el mejor periodismo mexicano; Rius armó con sus ideas de ese viaje su popular libro Cuba para principiantes. Yo no olvido aquella Cuba casi unánime, rebosante de entusiasmo colectivo y de esfuerzos para sobrevivir en el turbulento mar del capitalismo universal. Acosada por todo el inmenso poderío mediático de Estados Unidos y sus seguidores, ha sobrevivido casi medio siglo. ¿Quién más ha logrado tal hazaña en nuestra historia?
¡Larga vida a la Cuba revolucionaria!
Rodrigo Moya en Playa Las Coloradas, donde llegó el Granma
Fidel Castro pronunció, el 26 de julio de 1964, un discurso de cuatro horas, conocido como de Los cuatro puntos, en Santiago de Cuba Foto: Rodrigo Moya
Construcción de un barco en el astillero de Matanzas Foto: Rodrigo Moya
La población de la isla acude a las tiendas de racionamiento en La Habana. Foto: Rodrigo Moya
Local donde se adquirían productos de procedencia foránea Foto: Rodrigo MoyaEn 1964, hace 43 años, viajamos a la ciudad de La Habana tres periodistas mexicanos invitados por el Gobierno de Cuba para asistir a la conmemoración del XI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, acaecido el 26 de julio de 1953. En esa fecha, dos columnas de jóvenes rebeldes encabezados por Fidel Castro Ruz atacaron infructuosamente aquel cuartel situado en plena ciudad de Santiago, en el extremo oriental de la isla. El intento costó muerte y tortura muchos de los rebeldes, y cárcel y exilio para los sobrevivientes, entre ellos el propio Fidel y su hermano Raúl. Sin embargo, esta acción marcó el inicio de la lucha que, cinco años después, y tras épicos avatares que son parte central de la historia de Latinoamérica, conquistaría la capital de Cuba para expulsar al dictador Fulgencio Batista e instalar un gobierno revolucionario que, acosado desde su nacimiento, se declaró Estado socialista en 1961.
Desde aquella epopeya, muchas cosas sucedieron en la isla y fuera de ella que electrizaron al núcleo más consciente de la juventud del continente, lo mismo que a todos quienes veíamos con indignación la impunidad con la que una serie de tiranos, impuestos desde Washington, gobernaban a fuerza de metralla y despojo a varias naciones. La toma de La Habana por "los barbudos" puso fin a más de cuatro siglos de dominio colonial en Cuba, y con su resonancia e influencia la historia del continente americano cambió radicalmente desde entonces. Dictadores como Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez y muchos otros fueron desplazados a bala del poder. Cuba inició, a contracorriente y presionada desde varios ángulos con todos los recursos de sus enemigos, una reconstrucción nacional que la llevaría en dos años a proclamarse socialista y a gravitar en la órbita de la Unión Soviética como única manera de eludir el cerco económico y el acoso militar.
El joven periodista Froylán Manjarrez, el caricaturista Eduardo del Río -Rius- y el suscrito, éramos esos tres periodistas mexicanos que queríamos ver de cerca la realidad de la Revolución Cubana y sus avances, reconocidos ya como espectaculares en cuanto a desarrollo social, justicia e independencia. La idea era hacer un libro que se llamaría Cuba por tres: Manjarrez a cargo de textos breves, ágiles, incisivos y amenos como todo lo que escribía; Rius, ni qué decirlo, a cargo de una visión con caricaturas y montajes gráficos, y yo, como fotógrafo, a cargo de una mirada documental que encajaría fotografías a contrapunto con textos y caricaturas. No íbamos a ciegas ni a improvisar sobre la marcha. Además de que seguíamos día a día el latido continental de la Revolución Cubana, el proyecto se había desarrollado desde meses antes y contábamos inclusive con un simpatizante de la idea, dispuesto a patrocinarla. Contábamos también con el apoyo de las autoridades cubanas que nos moverían a donde quisiéramos, y con la ayuda, más teórica que práctica, de la revista Sucesos, donde los tres susodichos periodistas colaborábamos.
En un avión cargado hasta el tope de periodistas e intelectuales de toda laya y de simpatizantes afectos al turismo gratuito de izquierda, llegamos a La Habana días antes de los festejos. Como un reconocimiento a la ciudad que había visto nacer la Revolución y aportado una dolorosa cuota de sangre en aquél ataque suicida, ese año el festejo se realizaría en Santiago. De inmediato nos tomó en sus manos el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que nos metió en una negra limousine Cadillac, de las muchas abandonadas cinco años antes en la fuga pánica de la alta burguesía. Guiados por Isabel, una preparada guía del ICAP, fuimos a donde queríamos ir, desde las cercanías de La Habana hasta Matanzas, Cienfuegos, Península de Zapata, Santa Clara y otros lugares de nuestro interés. El día 24 de julio nos pusieron en un Ilushin destartalado para Santiago de Cuba, donde el 26 fuimos testigos no sólo del impresionante festejo patrio presidido por Fidel Castro, el Che Guevara, Haydé Santa María y toda la cúpula dirigente, sino también del carnaval santiaguero, según muchos sólo superado por el brasileño.
Froylán Manjarrez, Rius y yo anduvimos casi siempre juntos, aunque la popularidad del dibujante y las amistades que tenía desde antes en La Habana en ocasiones nos dispersaron. De cualquier modo, durante tres semanas trabajamos duro entrevistando gente de todos los oficios, visitando "centrales", astilleros, las famosas fábricas donde se hacían puros, escuelas en construcción en las montañas donde antes no llegaba nadie, excepto los guerrilleros; o conjuntos educacionales enormes y complejos, como el de Cubanacán, recién construido, o Cuquine, la enorme finca urbana de Batista, convertida en escuela de agronomía, y también los ampulosos palacios de los ricos refugiados en Miami, ahora adaptados como escuelas de danza, de pintura, de música; fuimos a los viveros de cocodrilos en Guamá, así como a las primeras granjas experimentales con regímenes de pequeña propiedad, las estaciones piscícolas con tecnología china y soviética ya en plena producción, en fin, la flota pesquera que ya iniciaba su desarrollo para convertirse a la vuelta de pocos años en la más productiva y eficiente del tercer mundo.
Regresamos a México henchidos de ideas y tardamos algunas semanas en hacer cada quien lo suyo antes de intentar el ensamble colectivo. Yo copié cientos de imágenes, Froylán pulía sus textos y una introducción, mientras Rius ordenaba su información para ponerla en boca de sus muñequitos. En esas andábamos, además de en el fragor de ganarnos la vida, cuando nos llegó la noticia: nuestro futuro editor había muerto de un ataque al corazón. Era Mony de Swaan, un maduro judío holandés que había luchado contra los nazis durante la Segunda Guerra Mudial, que seguía apegado a sus filias izquierdistas a pesar de su fortuna, y que como próspero empresario se había atrevido a desoír las consignas imperiales del bloqueo y le vendía alimentos a Cuba.
Entonces guardé esas fotos hasta la fecha, y ahora es una alegría publicar algunas de ellas en La Jornada. Froylán murió dos años después, a los 27 años, dejando un gran vacío en el corazón de sus amigos y en el mejor periodismo mexicano; Rius armó con sus ideas de ese viaje su popular libro Cuba para principiantes. Yo no olvido aquella Cuba casi unánime, rebosante de entusiasmo colectivo y de esfuerzos para sobrevivir en el turbulento mar del capitalismo universal. Acosada por todo el inmenso poderío mediático de Estados Unidos y sus seguidores, ha sobrevivido casi medio siglo. ¿Quién más ha logrado tal hazaña en nuestra historia?
¡Larga vida a la Cuba revolucionaria!
El dinero de Ye Gon: La disputa que viene
El dinero de Ye Gon: La disputa que viene
ricardo ravelo
México, D.F., 23 de julio (apro).- Rogelio de la Garza, abogado del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, afirmó que el dinero de su cliente –205 millones de dólares– no está perdido, como lo anunció la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR), al dar a conocer que la fortuna decomisada en la casa de Las Lomas de Chapultepec había pasado a formar parte de la federación.--Entonces, ¿cuál es la situación jurídica del dinero?--El dinero está asegurado, pero todavía tenemos recursos para pelearlo y demostrar que su origen es lícito.Exabogado de Juan García Abrego y Vicente Carrillo Fuentes, De la Garza sostuvo que la adjudicación del dinero por parte del gobierno es en parte cierta y en parte falsa.Y es que, tan pronto como la PGR aseguró la fortuna de Ye Gon, en abril pasado, De la Garza se presentó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para acreditarse como abogado del “señor Zhenli” –como le dicen–, mediante diversos escritos firmados por su cliente, quien para esas fechas ya era prófugo de la justicia.De la Garza contó que, semanas después, la PGR le rebotó la documentación, pues de acuerdo con el criterio del Ministerio Público federal, no era suficiente para acreditarse como defensor de quien, para esas fechas ya era buscado –mediante una ficha roja de Interpol– en todo el mundo.“Lo que me pidieron en la PGR fue algo absurdo y fuera de lugar. Querían que el señor Zhenli Ye Gon se presentara ante la PGR a rectificar sus firmas y, de esa forma, me ratificaba el nombramiento como su abogado o representante legal. Eso no iba a ocurrir nunca, pues en el momento que apareciera lo iban a detener”, señaló.Así, ante la imposibilidad de que Ye Gon acudiera para ratificar sus firmas que acreditaban a De la Garza como su abogado, los plazos estipulados por la ley –tres meses en total– vencieron, y la semana pasada la PGR publicó un edicto en el Diario Oficial de la federación, en el que da a conocer que, debido a que nadie –ni Ye Gon ni sus abogados ni su familia--, reclamó como suyo el dinero asegurado en la casa de Las Lomas, éste pasaba a formar parte de la federación.Sin embargo, aunque en parte la versión gubernamental es reconocida por De la Garza como real, el abogado de Ye Gon adujo que no todo está perdido desde el punto de vista legal, pues aseguró que se “hará valer ante un juez todos los atropellos cometidos por la PGR en contra de su cliente y que, según él, violan sus garantías individuales, pues le obstaculizaron el derecho a una legítima defensa”.De acuerdo con De la Garza, en los próximos días presentarán un recurso de amparo ante un juez federal, para hacer valer todos los argumentos que la PGR rechazó, como la documentación que lo acreditaba como abogado de Ye Gon y que fue declarada inválida por la PGR.Sobre De la Garza, en efecto, pesaron las sospechas de que no era el defensor legítimo de Ye Gon. Hace aproximadamente tres semanas, cuando Ye Gon denunció a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, como la persona que lo obligó, mediante amenazas, a guardar al menos 130 millones de dólares, De la Garza mostró a este reportero una fotografía en la que aparece abrazado con Zhenli Ye Gon.“Mira, esto te dirá si soy o no el abogado del señor Zhenli”, dijo al reportero mientras tomaba un café en el restaurante “Konditori” del sur de la Ciudad de México.En esa ocasión, De la Garza lucía el mismo saco, corbata y saco que portaba el día de la entrevista con Proceso. Más tarde, diría: “Mi cliente no ha salido de la ciudad de México”. Sin embargo, la PGR ratificó que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon no serán devueltos porque legalmente nadie se presentó a reclamar su propiedad.Según De la Garza, el dinero tiene un origen lícito, pero “por ahora no puedo adelantar los argumentos que haré valer ante el juez. Demostraremos el origen lícito de esos recursos. Todo esto es parte de una guerra sucia contra mi cliente y que proviene, según me han dicho, de los grandes representantes de los laboratorios asentados en México, pues se sintieron amenazados por el señor Zhenli, al anunciar que construiría el laboratorio más grande de América Latina”.Por otro lado, la PGR aseguró que Ye Gon era en realidad el principal enlace del cártel de Sinaloa en el suministro de clorhidrato de pseudoefedrina, el precursor químico base para la elaboración de metanfetaminas. De acuerdo con datos y evidencias obtenidas tanto de la Secretaría de Hacienda como en la Administración General de Aduanas, Ye Gon utilizó toda la red protectora ofrecida por altos funcionarios de ambas dependencias para operar, con toda libertad, la importación de esas mercancías ilícitas. Ye Gon, según esos mismos datos, operaba por cuatro aduanas estratégicas: los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Una puerta más era la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde sus cargamentos llegaban en vuelos internacionales procedentes de Mongolia.Demandan al gobierno informar cómo se utilizarán esos recursosEn tanto, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados señaló que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon, así como los 1.5 millones de dólares que se han generado por intereses, deberán ser auditados como recursos públicos.Gerardo Sosa Castelán, secretario de esa comisión, afirmó que el gobierno federal deberá informar claramente cómo y cuándo se utilizarán esos recursos, aun cuando se haya dicho que serán invertidos en partes iguales en la prevención de adicciones, así como también en apoyo de la PGR en la lucha contra el crimen organizado.Dijo que lo que se pretende con estas medidas es terminar con la discrecionalidad del gasto público.
ricardo ravelo
México, D.F., 23 de julio (apro).- Rogelio de la Garza, abogado del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, afirmó que el dinero de su cliente –205 millones de dólares– no está perdido, como lo anunció la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR), al dar a conocer que la fortuna decomisada en la casa de Las Lomas de Chapultepec había pasado a formar parte de la federación.--Entonces, ¿cuál es la situación jurídica del dinero?--El dinero está asegurado, pero todavía tenemos recursos para pelearlo y demostrar que su origen es lícito.Exabogado de Juan García Abrego y Vicente Carrillo Fuentes, De la Garza sostuvo que la adjudicación del dinero por parte del gobierno es en parte cierta y en parte falsa.Y es que, tan pronto como la PGR aseguró la fortuna de Ye Gon, en abril pasado, De la Garza se presentó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para acreditarse como abogado del “señor Zhenli” –como le dicen–, mediante diversos escritos firmados por su cliente, quien para esas fechas ya era prófugo de la justicia.De la Garza contó que, semanas después, la PGR le rebotó la documentación, pues de acuerdo con el criterio del Ministerio Público federal, no era suficiente para acreditarse como defensor de quien, para esas fechas ya era buscado –mediante una ficha roja de Interpol– en todo el mundo.“Lo que me pidieron en la PGR fue algo absurdo y fuera de lugar. Querían que el señor Zhenli Ye Gon se presentara ante la PGR a rectificar sus firmas y, de esa forma, me ratificaba el nombramiento como su abogado o representante legal. Eso no iba a ocurrir nunca, pues en el momento que apareciera lo iban a detener”, señaló.Así, ante la imposibilidad de que Ye Gon acudiera para ratificar sus firmas que acreditaban a De la Garza como su abogado, los plazos estipulados por la ley –tres meses en total– vencieron, y la semana pasada la PGR publicó un edicto en el Diario Oficial de la federación, en el que da a conocer que, debido a que nadie –ni Ye Gon ni sus abogados ni su familia--, reclamó como suyo el dinero asegurado en la casa de Las Lomas, éste pasaba a formar parte de la federación.Sin embargo, aunque en parte la versión gubernamental es reconocida por De la Garza como real, el abogado de Ye Gon adujo que no todo está perdido desde el punto de vista legal, pues aseguró que se “hará valer ante un juez todos los atropellos cometidos por la PGR en contra de su cliente y que, según él, violan sus garantías individuales, pues le obstaculizaron el derecho a una legítima defensa”.De acuerdo con De la Garza, en los próximos días presentarán un recurso de amparo ante un juez federal, para hacer valer todos los argumentos que la PGR rechazó, como la documentación que lo acreditaba como abogado de Ye Gon y que fue declarada inválida por la PGR.Sobre De la Garza, en efecto, pesaron las sospechas de que no era el defensor legítimo de Ye Gon. Hace aproximadamente tres semanas, cuando Ye Gon denunció a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, como la persona que lo obligó, mediante amenazas, a guardar al menos 130 millones de dólares, De la Garza mostró a este reportero una fotografía en la que aparece abrazado con Zhenli Ye Gon.“Mira, esto te dirá si soy o no el abogado del señor Zhenli”, dijo al reportero mientras tomaba un café en el restaurante “Konditori” del sur de la Ciudad de México.En esa ocasión, De la Garza lucía el mismo saco, corbata y saco que portaba el día de la entrevista con Proceso. Más tarde, diría: “Mi cliente no ha salido de la ciudad de México”. Sin embargo, la PGR ratificó que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon no serán devueltos porque legalmente nadie se presentó a reclamar su propiedad.Según De la Garza, el dinero tiene un origen lícito, pero “por ahora no puedo adelantar los argumentos que haré valer ante el juez. Demostraremos el origen lícito de esos recursos. Todo esto es parte de una guerra sucia contra mi cliente y que proviene, según me han dicho, de los grandes representantes de los laboratorios asentados en México, pues se sintieron amenazados por el señor Zhenli, al anunciar que construiría el laboratorio más grande de América Latina”.Por otro lado, la PGR aseguró que Ye Gon era en realidad el principal enlace del cártel de Sinaloa en el suministro de clorhidrato de pseudoefedrina, el precursor químico base para la elaboración de metanfetaminas. De acuerdo con datos y evidencias obtenidas tanto de la Secretaría de Hacienda como en la Administración General de Aduanas, Ye Gon utilizó toda la red protectora ofrecida por altos funcionarios de ambas dependencias para operar, con toda libertad, la importación de esas mercancías ilícitas. Ye Gon, según esos mismos datos, operaba por cuatro aduanas estratégicas: los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Una puerta más era la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde sus cargamentos llegaban en vuelos internacionales procedentes de Mongolia.Demandan al gobierno informar cómo se utilizarán esos recursosEn tanto, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados señaló que los 205 millones de dólares decomisados a Ye Gon, así como los 1.5 millones de dólares que se han generado por intereses, deberán ser auditados como recursos públicos.Gerardo Sosa Castelán, secretario de esa comisión, afirmó que el gobierno federal deberá informar claramente cómo y cuándo se utilizarán esos recursos, aun cuando se haya dicho que serán invertidos en partes iguales en la prevención de adicciones, así como también en apoyo de la PGR en la lucha contra el crimen organizado.Dijo que lo que se pretende con estas medidas es terminar con la discrecionalidad del gasto público.
Globalización: se desinfla el mito
Angel Guerra Cabrera
Una encuesta publicada por el londinense Financial Times esta semana muestra que una mayoría en Estados Unidos y los principales países de la Unión Europea rechaza la "globalización", cree que no le ha aportado nada positivo, aboga por mayores impuestos a los ricos y favorece un "techo" a los astronómicos salarios de los jefes de la corporaciones. "La visión de que abrir las economías para hacer más libre el comercio beneficia a los países pobres y ricos por igual no es compartida por los ciudadanos de los países ricos", comenta el rotativo sobre los resultados del sondeo. En Europa la consulta abarcó a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España.
Una encuesta similar en los países pobres sería ociosa, dado el notorio y ascendente repudio a la globalización protagonizado en éstos desde hace más de dos décadas. Especialmente en América Latina, donde no se le ve el final a las protestas, desde locales y sectoriales hasta rebeliones populares nacionales, expresadas en las calles y mediante el sufragio.
Pero, ¿qué se entiende por globalización? La respuesta depende del punto de vista de quien la ofrezca. Están la versión del poder, ya no tan almibarada como en los primeros tiempos, aunque ahora más tramposa, y la alternativa, basada en el interés de los pueblos y la lectura objetiva de los datos de la realidad social. Trataré de resumir la última, ya que la primera es ampliamente conocida y machacada a diario por los medios dominantes.
La globalización neoliberal, sí, con apellido, no es una fase ineludible y fatal del progreso que opera ciegamente. Es una política deliberada de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, cuyo auge se enmarca históricamente a partir del inglorioso derrumbe del socialismo soviético, que pretende llevar hasta sus últimas consecuencias la mundialización capitalista, ampliada sucesivamente desde el siglo XV. El derrumbe pareció condenar al mundo a la voluntad de expolio, dominación y guerra de una sola potencia, produjo enormes deserciones en la izquierda comunista o radical y una gran confusión ideológica, que permitió al imperialismo desencadenar una ofensiva planetaria por la obtención máxima de ganancia, el fin de las soberanías nacionales de los países pobres, el saqueo recolonizador de sus recursos y la marginación y pauperización aceleradas de cientos de millones de trabajadores, indígenas, desempleados y sus familias, tanto en los centros imperiales como en las regiones pobres. Los imperialistas y sus socios locales se sintieron con las manos libres para poner en práctica medidas que ya habían desechado mucho antes como muy peligrosas para el propio sistema capitalista debido a sus explosivas consecuencias sociales y políticas. Se desmantelaron en todas partes derechos conquistados a fuerza de grandes luchas de los trabajadores y cundió la depredación ecológica.
El proyecto fue concebido aprovechando viejos y nuevos instrumentos, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el novel Consenso de Washington, la Organización Mundial de Comercio, el Pentágono, la CIA, la OTAN, el sistema escolar a todos los niveles y los llamados medios de comunicación de masas, cada vez más centralizados y emponzoñados en medio de un periodo sin precedente en la concentración capitalista. Ha abarcado regresivas transformaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales, culturales -las famosas "reformas"-, apoyadas en una creciente militarización y la criminalización del pensamiento cuestionador y la protesta social. Se difundieron los mitos de la ineficacia del Estado y la necesidad de su achicamiento, la bondad de las privatizaciones y la "desregulación" de las actividades económicas, supuestamente llamadas a crear una "derrama" general de bienestar. En efecto, los Estados se achicaron, pero para liquidar su función de redistribución de la riqueza, ya que los aparatos militares y represivos crecieron como nunca antes como parte del objetivo de esclavizar a la humanidad. Lo más reaccionario del "paquete" neoliberal es que no fue consultado a los pueblos, en la acción más antidemocrática llevada a cabo por los Estados imperialistas. El atentado terrorista del 11/S fue aprovechado para recrudecerlo mediante el lanzamiento de genocidas guerras de conquista en Afganistán, Irak y Líbano, cuyo fracaso ha acelerado la evidencia incontrovertible de su inviabilidad.
Una encuesta publicada por el londinense Financial Times esta semana muestra que una mayoría en Estados Unidos y los principales países de la Unión Europea rechaza la "globalización", cree que no le ha aportado nada positivo, aboga por mayores impuestos a los ricos y favorece un "techo" a los astronómicos salarios de los jefes de la corporaciones. "La visión de que abrir las economías para hacer más libre el comercio beneficia a los países pobres y ricos por igual no es compartida por los ciudadanos de los países ricos", comenta el rotativo sobre los resultados del sondeo. En Europa la consulta abarcó a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España.
Una encuesta similar en los países pobres sería ociosa, dado el notorio y ascendente repudio a la globalización protagonizado en éstos desde hace más de dos décadas. Especialmente en América Latina, donde no se le ve el final a las protestas, desde locales y sectoriales hasta rebeliones populares nacionales, expresadas en las calles y mediante el sufragio.
Pero, ¿qué se entiende por globalización? La respuesta depende del punto de vista de quien la ofrezca. Están la versión del poder, ya no tan almibarada como en los primeros tiempos, aunque ahora más tramposa, y la alternativa, basada en el interés de los pueblos y la lectura objetiva de los datos de la realidad social. Trataré de resumir la última, ya que la primera es ampliamente conocida y machacada a diario por los medios dominantes.
La globalización neoliberal, sí, con apellido, no es una fase ineludible y fatal del progreso que opera ciegamente. Es una política deliberada de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, cuyo auge se enmarca históricamente a partir del inglorioso derrumbe del socialismo soviético, que pretende llevar hasta sus últimas consecuencias la mundialización capitalista, ampliada sucesivamente desde el siglo XV. El derrumbe pareció condenar al mundo a la voluntad de expolio, dominación y guerra de una sola potencia, produjo enormes deserciones en la izquierda comunista o radical y una gran confusión ideológica, que permitió al imperialismo desencadenar una ofensiva planetaria por la obtención máxima de ganancia, el fin de las soberanías nacionales de los países pobres, el saqueo recolonizador de sus recursos y la marginación y pauperización aceleradas de cientos de millones de trabajadores, indígenas, desempleados y sus familias, tanto en los centros imperiales como en las regiones pobres. Los imperialistas y sus socios locales se sintieron con las manos libres para poner en práctica medidas que ya habían desechado mucho antes como muy peligrosas para el propio sistema capitalista debido a sus explosivas consecuencias sociales y políticas. Se desmantelaron en todas partes derechos conquistados a fuerza de grandes luchas de los trabajadores y cundió la depredación ecológica.
El proyecto fue concebido aprovechando viejos y nuevos instrumentos, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el novel Consenso de Washington, la Organización Mundial de Comercio, el Pentágono, la CIA, la OTAN, el sistema escolar a todos los niveles y los llamados medios de comunicación de masas, cada vez más centralizados y emponzoñados en medio de un periodo sin precedente en la concentración capitalista. Ha abarcado regresivas transformaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales, culturales -las famosas "reformas"-, apoyadas en una creciente militarización y la criminalización del pensamiento cuestionador y la protesta social. Se difundieron los mitos de la ineficacia del Estado y la necesidad de su achicamiento, la bondad de las privatizaciones y la "desregulación" de las actividades económicas, supuestamente llamadas a crear una "derrama" general de bienestar. En efecto, los Estados se achicaron, pero para liquidar su función de redistribución de la riqueza, ya que los aparatos militares y represivos crecieron como nunca antes como parte del objetivo de esclavizar a la humanidad. Lo más reaccionario del "paquete" neoliberal es que no fue consultado a los pueblos, en la acción más antidemocrática llevada a cabo por los Estados imperialistas. El atentado terrorista del 11/S fue aprovechado para recrudecerlo mediante el lanzamiento de genocidas guerras de conquista en Afganistán, Irak y Líbano, cuyo fracaso ha acelerado la evidencia incontrovertible de su inviabilidad.
Televisa-Creel: Coopelas o cuello
"El mensaje, de nuevo, es muy claro. Televisa no tiene candidatos ni partidos. Ya no es soldado de nadie. Pretende que todos los políticos sean sus soldados. Y a quien se vuelve incomodo para sus intereses no duda en darle cuello mediático."
México, D.F., 25 de julio (apro).- La máxima de Zhenli Ye Gon, coopelas o cuello en el argot chino-mexicano, es aplicada ahora con precisión de cirujano por los noticieros de Televisa: en los últimos siete días han insistido, con todas las artimañas conocidas –incluyendo sugerencias a su vida privada--, que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, ya no es bien visto en la empresa de Emilio Azcárraga desde que tuvo a bien reconocer lo que todo mundo dijo en su momento: que la Ley Televisa había sido resultado de una “imposición” de la televisora a los candidatos presidenciales.Creel ya no es el consentido de Televisa. Lo fue durante casi cinco años cuando, al frente de Bucareli, les desapareció el impuesto del 12.5 por ciento de tiempo fiscal y clausuró toda posibilidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Lo fue cuando él se presentó como el “bueno” para suceder a Vicente Fox, cuando las ambiciones de Marta Sahagún cayeron en el fango del nepotismo. Y todavía fue más cuando antes de dejar la Secretaría de Gobernación les concedió 130 permisos para operar yaks y bingos, y les abrió la puerta a un sistema de apuestas por televisión que ahora se difundirán en pantalla abierta.Desde que Creel ya no es su favorito, los noticieros de Televisa “descubrieron” que Creel, como responsable de la política migratoria y de naturalización, fue omiso, si no es que cómplice en la ruta que condujo al empresario de Shangai a obtener la nacionalidad mexicana. Como prueba contundente, el canal de las estrellas tiene las imágenes de una ceremonia donde Fox le da la carta de nacionalidad a Ye Gon y a mil personas más. Junto a él aparece Santiago Creel.La campaña contra Creel –como la que antes se armó contra la familia Saba por su sociedad con Telemando y después contra Javier Corral; y más adelante, quizá hasta contra Carlos Slim-- tiene todos los elementos de una venganza o de un cobro de facturas. El exaliado se volvió su enemigo ahora que el poder de su firma ya no cuenta para obtener privilegios ni permisos.Sin embargo, el mismo golpe de Televisa puede provocar que la empresa se muerda la cola. Es obvio que no sólo Creel tuvo algo que ver con el caso Ye Gon.¿Por qué no se aplica la misma inferencia en el caso de Julio Frenk, titular de Salud y, por tanto, responsable máximo de la Cofepris que permitió la importación de seudoefedrina? ¿Por qué Televisa no toca ni con el pétalo de una insinuación a Francisco Gil Díaz, titular de Hacienda y responsable de vigilar el funcionamiento del sistema aduanal?¿Por qué no aparece ningún reportaje crítico o la imagen del inefable Federico Döring en contra de Eduardo Medina Mora, entonces director del Cisen y responsable, más que Creel, de aportar los elementos de inteligencia y de información privilegiada para saber las presuntas andanzas criminales de Ye Gon antes de obtener la nacionalidad?Medina Mora, ahora flamante e inspirado procurador de la República, el mismo que “reventó” el escándalo de Ye Gon con un extraño boletín el domingo 1 de julio, que se anticipaba a una nota de la agencia AP que aún no circulaba y demandaba que se aplicara la “justicia” en el caso del chino, es realmente el favorito de Televisa en estos momentos.Desde hace más de dos años, Proceso documentó la sociedad de Eduardo Medina Mora y de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa en negocios vinculados a la comercialización de los tiempos de pantalla. Gómez lo promovió como amigo y protector de la empresa. Incluso, Medina Mora asistió al famoso encuentro en Valle de Bravo con los candidatos presidenciales, en febrero de 2006, donde los directivos de Televisa demandaron que se aprobara la Ley Televisa.Medina Mora sí tendrá mucho qué explicar en torno al escándalo Ye Gon, incluyendo el sustento ministerial sobre la sospechosa ruta de los 205 millones de dólares incautados en la casona del empresario, en marzo de este año, y que ahora se ha transformado en “dinero limpio” en el circuito financiero internacional.Por supuesto, mientras “coopere” Medina Mora –cercano también al banquero Roberto Hernández y a Francisco Gil Díaz, actual accionista y socio de Televisa en el negocio de la telefonía y la convergencia tecnológica-- el canal de las estrellas lo tratará como a un buen aliado… Hasta que haya necesidad de darle cuello. Como ahora lo hacen con Creel.La venganza contra Creel también encubre dos mensajes: uno para Felipe Calderón, a quien le han demandado que mantenga los privilegios regulatorios que le permitan a Televisa convertir a la pantalla chica en un bingo permanente; y para que se mantenga el “estado de cosas” prevaleciente a nivel legal, aun cuando la Suprema Corte haya decretado la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa.El mensaje, de nuevo, es muy claro. Televisa no tiene candidatos ni partidos. Ya no es soldado de nadie. Pretende que todos los políticos sean sus soldados. Y a quien se vuelve incomodo para sus intereses no duda en darle cuello mediático.
Televisa-Creel: Coopelas o cuello
México, D.F., 25 de julio (apro).- La máxima de Zhenli Ye Gon, coopelas o cuello en el argot chino-mexicano, es aplicada ahora con precisión de cirujano por los noticieros de Televisa: en los últimos siete días han insistido, con todas las artimañas conocidas –incluyendo sugerencias a su vida privada--, que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, ya no es bien visto en la empresa de Emilio Azcárraga desde que tuvo a bien reconocer lo que todo mundo dijo en su momento: que la Ley Televisa había sido resultado de una “imposición” de la televisora a los candidatos presidenciales.Creel ya no es el consentido de Televisa. Lo fue durante casi cinco años cuando, al frente de Bucareli, les desapareció el impuesto del 12.5 por ciento de tiempo fiscal y clausuró toda posibilidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Lo fue cuando él se presentó como el “bueno” para suceder a Vicente Fox, cuando las ambiciones de Marta Sahagún cayeron en el fango del nepotismo. Y todavía fue más cuando antes de dejar la Secretaría de Gobernación les concedió 130 permisos para operar yaks y bingos, y les abrió la puerta a un sistema de apuestas por televisión que ahora se difundirán en pantalla abierta.Desde que Creel ya no es su favorito, los noticieros de Televisa “descubrieron” que Creel, como responsable de la política migratoria y de naturalización, fue omiso, si no es que cómplice en la ruta que condujo al empresario de Shangai a obtener la nacionalidad mexicana. Como prueba contundente, el canal de las estrellas tiene las imágenes de una ceremonia donde Fox le da la carta de nacionalidad a Ye Gon y a mil personas más. Junto a él aparece Santiago Creel.La campaña contra Creel –como la que antes se armó contra la familia Saba por su sociedad con Telemando y después contra Javier Corral; y más adelante, quizá hasta contra Carlos Slim-- tiene todos los elementos de una venganza o de un cobro de facturas. El exaliado se volvió su enemigo ahora que el poder de su firma ya no cuenta para obtener privilegios ni permisos.Sin embargo, el mismo golpe de Televisa puede provocar que la empresa se muerda la cola. Es obvio que no sólo Creel tuvo algo que ver con el caso Ye Gon.¿Por qué no se aplica la misma inferencia en el caso de Julio Frenk, titular de Salud y, por tanto, responsable máximo de la Cofepris que permitió la importación de seudoefedrina? ¿Por qué Televisa no toca ni con el pétalo de una insinuación a Francisco Gil Díaz, titular de Hacienda y responsable de vigilar el funcionamiento del sistema aduanal?¿Por qué no aparece ningún reportaje crítico o la imagen del inefable Federico Döring en contra de Eduardo Medina Mora, entonces director del Cisen y responsable, más que Creel, de aportar los elementos de inteligencia y de información privilegiada para saber las presuntas andanzas criminales de Ye Gon antes de obtener la nacionalidad?Medina Mora, ahora flamante e inspirado procurador de la República, el mismo que “reventó” el escándalo de Ye Gon con un extraño boletín el domingo 1 de julio, que se anticipaba a una nota de la agencia AP que aún no circulaba y demandaba que se aplicara la “justicia” en el caso del chino, es realmente el favorito de Televisa en estos momentos.Desde hace más de dos años, Proceso documentó la sociedad de Eduardo Medina Mora y de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa en negocios vinculados a la comercialización de los tiempos de pantalla. Gómez lo promovió como amigo y protector de la empresa. Incluso, Medina Mora asistió al famoso encuentro en Valle de Bravo con los candidatos presidenciales, en febrero de 2006, donde los directivos de Televisa demandaron que se aprobara la Ley Televisa.Medina Mora sí tendrá mucho qué explicar en torno al escándalo Ye Gon, incluyendo el sustento ministerial sobre la sospechosa ruta de los 205 millones de dólares incautados en la casona del empresario, en marzo de este año, y que ahora se ha transformado en “dinero limpio” en el circuito financiero internacional.Por supuesto, mientras “coopere” Medina Mora –cercano también al banquero Roberto Hernández y a Francisco Gil Díaz, actual accionista y socio de Televisa en el negocio de la telefonía y la convergencia tecnológica-- el canal de las estrellas lo tratará como a un buen aliado… Hasta que haya necesidad de darle cuello. Como ahora lo hacen con Creel.La venganza contra Creel también encubre dos mensajes: uno para Felipe Calderón, a quien le han demandado que mantenga los privilegios regulatorios que le permitan a Televisa convertir a la pantalla chica en un bingo permanente; y para que se mantenga el “estado de cosas” prevaleciente a nivel legal, aun cuando la Suprema Corte haya decretado la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa.El mensaje, de nuevo, es muy claro. Televisa no tiene candidatos ni partidos. Ya no es soldado de nadie. Pretende que todos los políticos sean sus soldados. Y a quien se vuelve incomodo para sus intereses no duda en darle cuello mediático.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx.
Una reforma fiscal progresista
Orlando Delgado Selley
El dilema se resolvió y los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) han presentado una propuesta de reforma fiscal. Con ello se genera un primer acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso: la reforma del fisco federal es necesaria y urgente. En principio, ese parece el único acuerdo relevante, ya que las dos propuestas presentadas tienen bases diferentes. La del gobierno federal se apoya en un impuesto de control, la contribución empresarial de tasa única (CETU), que implícitamente corrige el régimen de consolidación y agrega el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos.
La del FAP mantiene como impuesto vertebral al ISR, derogando el régimen de consolidación fiscal, eliminando del pago a quienes reciben hasta cinco salarios mínimos, mejorando la progresividad actual, reconociendo que todos los ingresos de las personas físicas son acumulables y limitando los factores de deducibilidad para personas físicas y empresas. Los impactos económicos de ambas propuestas son, en consecuencia, diferentes. La oficial incrementa los ingresos tributarios -que en 2006 fueron equivalentes a 9.7 por ciento del producto- en 2.8 puntos, en tanto la otra lo haría en cuatro puntos.
Hay otras diferencias significativas. La de mayor calado es que en la reforma oficial no se establece el destino de los recursos adicionales que se captarían, ni aparecen nuevas decisiones que reduzcan el gasto corriente. En cambio, en la del FAP se señala expresamente que los recursos nuevos se destinarían a sectores estratégicos y se establece una reducción del gasto corriente de un punto del producto. Con ello el planteamiento del PRD y sus aliados importa cinco puntos del PIB, es decir, aproximadamente 500 mil millones de pesos.
Si la recaudación esperada se diera en 2008, los ingresos tributarios serían de casi 15 puntos del producto, lo que seguiría siendo bajo en relación con parámetros internacionales. El promedio en los países miembros de la OCDE es de 28 por ciento, en Brasil de 21.2, en Argentina y Chile de 18. Ello da cuenta de un rezago tributario que debiera reconocerse en ambas propuestas, enfrentándolo con un programa de mediano plazo que paulatinamente nos llevase a los estándares mundiales. Para esto podría hacer falta introducir impuestos nuevos, de modo que formular como principio que no los haya es riesgoso.
Entre las novedades que se incorporan en ambos planteos está la modificación de que los donativos sean deducibles al cien por ciento y el control a las campañas de redondeo. El asunto tiene varias aristas: una es que el uso dado por las empresas otorgantes y por las entidades que reciben los donativos no ha sido escrupuloso, hay corrupción y engaños al fisco que son del conocimiento público. Un segundo aspecto es que si el Estado es capaz de usar eficientemente los recursos adicionales se crearán empleos nuevos que evitarán que decenas de miles de personas requieran servicios asistenciales.
Lograr que se ejerza eficientemente el gasto público es un requisito fundamental. Ello no se logra con sólo prohibir que se amplíe el gasto corriente y destinarlo a proyectos de infraestructura, energía, ciencia y tecnología, educación, desarrollo regional y desarrollo social. Se trata de sectores indudablemente estratégicos, pero en ellos existen grupos que han lucrado por décadas con inversiones públicas. El sindicato de maestros con su liderazgo vitalicio y el petrolero con uno similar tienen que ser acotados severamente para evitar que se apropien de porciones mayores de esos recursos.
Las propuestas presentadas debieran ser valoradas en función de sus méritos y sus deméritos, acordando la que más convenga a los intereses nacionales. Sin embargo, parece difícil que ocurran así las cosas. Más bien, el escenario probable es el de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI, que incorporarán variables como la permanencia de Ulises Ruiz y las elecciones de Baja California, pudiendo alcanzar acuerdos si los precios solicitados son pagables, independientemente de las bondades de la propuesta del FAP.
Una forma de evitar que esto suceda es proponer una discusión que parta del reconocimiento de que el desarrollo exige que el Estado disponga de recursos. En consecuencia tiene que haber reforma fiscal. Las presentadas tienen aciertos y errores. Acordar lo acertado sería útil para todos, pero sobre todo para quienes no están en San Lázaro, para quienes tienen que emigrar, para quienes merecen que su futuro exista y sea mejor.
El dilema se resolvió y los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) han presentado una propuesta de reforma fiscal. Con ello se genera un primer acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso: la reforma del fisco federal es necesaria y urgente. En principio, ese parece el único acuerdo relevante, ya que las dos propuestas presentadas tienen bases diferentes. La del gobierno federal se apoya en un impuesto de control, la contribución empresarial de tasa única (CETU), que implícitamente corrige el régimen de consolidación y agrega el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos.
La del FAP mantiene como impuesto vertebral al ISR, derogando el régimen de consolidación fiscal, eliminando del pago a quienes reciben hasta cinco salarios mínimos, mejorando la progresividad actual, reconociendo que todos los ingresos de las personas físicas son acumulables y limitando los factores de deducibilidad para personas físicas y empresas. Los impactos económicos de ambas propuestas son, en consecuencia, diferentes. La oficial incrementa los ingresos tributarios -que en 2006 fueron equivalentes a 9.7 por ciento del producto- en 2.8 puntos, en tanto la otra lo haría en cuatro puntos.
Hay otras diferencias significativas. La de mayor calado es que en la reforma oficial no se establece el destino de los recursos adicionales que se captarían, ni aparecen nuevas decisiones que reduzcan el gasto corriente. En cambio, en la del FAP se señala expresamente que los recursos nuevos se destinarían a sectores estratégicos y se establece una reducción del gasto corriente de un punto del producto. Con ello el planteamiento del PRD y sus aliados importa cinco puntos del PIB, es decir, aproximadamente 500 mil millones de pesos.
Si la recaudación esperada se diera en 2008, los ingresos tributarios serían de casi 15 puntos del producto, lo que seguiría siendo bajo en relación con parámetros internacionales. El promedio en los países miembros de la OCDE es de 28 por ciento, en Brasil de 21.2, en Argentina y Chile de 18. Ello da cuenta de un rezago tributario que debiera reconocerse en ambas propuestas, enfrentándolo con un programa de mediano plazo que paulatinamente nos llevase a los estándares mundiales. Para esto podría hacer falta introducir impuestos nuevos, de modo que formular como principio que no los haya es riesgoso.
Entre las novedades que se incorporan en ambos planteos está la modificación de que los donativos sean deducibles al cien por ciento y el control a las campañas de redondeo. El asunto tiene varias aristas: una es que el uso dado por las empresas otorgantes y por las entidades que reciben los donativos no ha sido escrupuloso, hay corrupción y engaños al fisco que son del conocimiento público. Un segundo aspecto es que si el Estado es capaz de usar eficientemente los recursos adicionales se crearán empleos nuevos que evitarán que decenas de miles de personas requieran servicios asistenciales.
Lograr que se ejerza eficientemente el gasto público es un requisito fundamental. Ello no se logra con sólo prohibir que se amplíe el gasto corriente y destinarlo a proyectos de infraestructura, energía, ciencia y tecnología, educación, desarrollo regional y desarrollo social. Se trata de sectores indudablemente estratégicos, pero en ellos existen grupos que han lucrado por décadas con inversiones públicas. El sindicato de maestros con su liderazgo vitalicio y el petrolero con uno similar tienen que ser acotados severamente para evitar que se apropien de porciones mayores de esos recursos.
Las propuestas presentadas debieran ser valoradas en función de sus méritos y sus deméritos, acordando la que más convenga a los intereses nacionales. Sin embargo, parece difícil que ocurran así las cosas. Más bien, el escenario probable es el de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI, que incorporarán variables como la permanencia de Ulises Ruiz y las elecciones de Baja California, pudiendo alcanzar acuerdos si los precios solicitados son pagables, independientemente de las bondades de la propuesta del FAP.
Una forma de evitar que esto suceda es proponer una discusión que parta del reconocimiento de que el desarrollo exige que el Estado disponga de recursos. En consecuencia tiene que haber reforma fiscal. Las presentadas tienen aciertos y errores. Acordar lo acertado sería útil para todos, pero sobre todo para quienes no están en San Lázaro, para quienes tienen que emigrar, para quienes merecen que su futuro exista y sea mejor.
Crisis de credibilidad
Adolfo Sánchez Rebolledo
La postura del gobierno mexicano ante las revelaciones de Zhenli Ye Gon es preocupante. No hay la más mínima coherencia. Habla para la galería mediática, pero el caso se le escapa de las manos. El último episodio, la aprehensión en Maryland del prófugo mexicano -que no chino, según deslindó un funcionario de aquel país-, demostró que las autoridades están dando palos de ciego, desconocen los planes de sus homólogos estadunidenses, tan complacientes y, al parecer, tan dispuestos a quedarse con la gloria y algo más. Detuvieron al prófugo, sí, pero desconociendo la solicitud mexicana, lo cual deja en la orilla el triunfalismo presidencial, las explicaciones amigables del procurador en televisión, los golpes de pecho del panismo moral, y devuelve el caso al pantanoso escenario en que se ha mantenido desde el comienzo.
Estamos ante una cuestión de credibilidad o, mejor dicho, de falta de confianza ciudadana en quienes por ley están para brindar seguridad. El trasfondo es la corrupción, la impunidad como advocación del poder. La pila de billetes verdes acumulada en la casa de Las Lomas adquiere toda su capacidad de representación simbólica cuando Ye Gon asegura que el dinero le fue entregado por políticos para la campaña electoral de Felipe Calderón.
A partir de esa declaración, por increíble que sea o le parezca a los involucrados, las cosas "adquieren sentido", de modo que la torpeza proverbial del secretario del Trabajo, el procurador de la República y el propio presidente Calderón, vienen a remachar la sospecha de que hay "algo" oscuro e inconfesable. El trasiego de las cuentas, la contratación de famosos abogados estadunidenses -en un inusitado sálvese quien pueda antinstitucional-, la promesa de cárcel dictada de viva voz por el mandatario, el peloteo de los foxistas para lavarle la cara al jefe y a sus amistades, pero sobre todo la absoluta falta de claridad para informar al público dan cuenta de una situación bochornosa que, en efecto, no deja ver la verdad del asunto.
En cierta forma, el escándalo al que llaman chinogate, con ese tufillo xenofóbico autocomplaciente, viene a ser la cumbre de la política gate, es decir, del intento casi logrado por convertir la escena pública en un basurero a cielo abierto donde nadie se salva.
La dimensión de la montaña de dólares guardada en un dormitorio contradice la astucia atribuida a los traficantes, pero en el imaginario colectivo esa misma imagen pantagruélica resulta compatible con cierta visión caricaturesca de la voracidad de los políticos. ¿No los hemos visto hasta la náusea llenar bolsas de dinero? ¿No han sido los amigos de Fox los primeros en trampear las elecciones invirtiendo cantidades espurias para ganar la Presidencia? ¿No somos testigos impotentes de cómo al paso de los sexenios se crean nuevas camadas de ricos ostentosos procedentes del "servicio público? ¿No es la palabra fraude una de las favoritas en nuestro diccionario de especialidades?
La verdad es que ha venido creciendo entre un amplio sector de la sociedad la convicción de que, parafraseando a Proudhom, toda política es un robo y, por tanto, todos los políticos son lo mismo. Pero, al revés de lo que desean los formuladores del lugar común, esta actitud no es puramente espontánea, pues de alguna manera es un derivado de la visión de la sociedad defendida por grupos integrantes de los llamados poderes fácticos, cuya relación con el Estado está condicionada a la defensa y promoción de sus propios intereses particulares.
En ese sentido, tal actitud forma parte de la ideología ahora dominante, mal que le pese al PAN democristiano, que ahora debe ponerse el saco que había cosido para otros. Recuérdese: con el afán de crear una cultura favorable a la iniciativa privada se satanizó la presencia del Estado (no sólo del estatismo) o se le condenó a servir de auxiliar en la promoción de un desarrollo fundado menos en la cooperación que en la competencia, en la creación de la riqueza individual que en el esfuerzo conjunto de la sociedad. Y por esa vía, la degradación de la política se convirtió en bandera inclusive de quienes pretendían refundarla sobre bases democráticas. Un aprendiz de brujo hizo campaña negándose como político y el presidente mismo se definió como empresario, aun cuando por su mesa debían pasar los grandes asuntos nacionales.
Una nueva retórica tomada de la sabiduría gerencial desplazó la necesidad de darle densidad, peso específico al conocimiento de la polis. Las encuestas, nuevos oráculos, hicieron innecesaria toda sensibilidad social y la mayúscula presencia de los medios demolió las pretensiones de dignificar la cosa pública. ¿Cuántas veces no vimos a Bejarano en la pantalla chica con la intención bien visible de pegarle a López Obrador, en nombre, claro, de la ética y la legalidad? Transformada en un espectáculo, la política devino una forma perversa del entretenimiento minoritario, la evocación despiadada de la superficialidad ideológica, la prueba cotidiana, fehaciente, de que "todos son iguales", que no hay diferencias de principios, sino ocasiones para mostrar el cobre.
La noción de partido, consagrada por la ley, se equiparó a la de pandilla, como si los obvios defectos de dichos organismos fueran en esencia incorregibles. La indiferencia creció sin remedio. A fuerza de repetirlo se hizo verdad convencional la idea de que la competencia por los puestos de representación es sólo y exclusivamente lucha por los cargos, es decir, la expresión de intereses egoístas repudiables incompatibles con la moral. Y con esas premisas vamos a la competencia más cerrada de la historia, cuyas consecuencias, en términos de credibilidad, han sido brutales: el presidente en turno intervino para inclinar la balanza a favor de "su candidato", igual que importantes empresarios, pero las instituciones decidieron no hacer nada, ahondando la crisis de confianza que ya venía de lejos.
La corrupción, cuando es utilizada sólo como un arma arrojadiza en la lucha por el poder degrada a la sociedad en su conjunto, pero la impunidad paraliza, irrita, desata furias, cuya potencia nadie puede medir. Es increíble, pues, que las autoridades, vale decir, el grupo que actualmente gobierna el país, insista en la lógica de hacer como que la crisis de credibilidad es irreal e inocua, sin atender a los signos de alerta surgidos un poco de todas partes. Veremos.
La postura del gobierno mexicano ante las revelaciones de Zhenli Ye Gon es preocupante. No hay la más mínima coherencia. Habla para la galería mediática, pero el caso se le escapa de las manos. El último episodio, la aprehensión en Maryland del prófugo mexicano -que no chino, según deslindó un funcionario de aquel país-, demostró que las autoridades están dando palos de ciego, desconocen los planes de sus homólogos estadunidenses, tan complacientes y, al parecer, tan dispuestos a quedarse con la gloria y algo más. Detuvieron al prófugo, sí, pero desconociendo la solicitud mexicana, lo cual deja en la orilla el triunfalismo presidencial, las explicaciones amigables del procurador en televisión, los golpes de pecho del panismo moral, y devuelve el caso al pantanoso escenario en que se ha mantenido desde el comienzo.
Estamos ante una cuestión de credibilidad o, mejor dicho, de falta de confianza ciudadana en quienes por ley están para brindar seguridad. El trasfondo es la corrupción, la impunidad como advocación del poder. La pila de billetes verdes acumulada en la casa de Las Lomas adquiere toda su capacidad de representación simbólica cuando Ye Gon asegura que el dinero le fue entregado por políticos para la campaña electoral de Felipe Calderón.
A partir de esa declaración, por increíble que sea o le parezca a los involucrados, las cosas "adquieren sentido", de modo que la torpeza proverbial del secretario del Trabajo, el procurador de la República y el propio presidente Calderón, vienen a remachar la sospecha de que hay "algo" oscuro e inconfesable. El trasiego de las cuentas, la contratación de famosos abogados estadunidenses -en un inusitado sálvese quien pueda antinstitucional-, la promesa de cárcel dictada de viva voz por el mandatario, el peloteo de los foxistas para lavarle la cara al jefe y a sus amistades, pero sobre todo la absoluta falta de claridad para informar al público dan cuenta de una situación bochornosa que, en efecto, no deja ver la verdad del asunto.
En cierta forma, el escándalo al que llaman chinogate, con ese tufillo xenofóbico autocomplaciente, viene a ser la cumbre de la política gate, es decir, del intento casi logrado por convertir la escena pública en un basurero a cielo abierto donde nadie se salva.
La dimensión de la montaña de dólares guardada en un dormitorio contradice la astucia atribuida a los traficantes, pero en el imaginario colectivo esa misma imagen pantagruélica resulta compatible con cierta visión caricaturesca de la voracidad de los políticos. ¿No los hemos visto hasta la náusea llenar bolsas de dinero? ¿No han sido los amigos de Fox los primeros en trampear las elecciones invirtiendo cantidades espurias para ganar la Presidencia? ¿No somos testigos impotentes de cómo al paso de los sexenios se crean nuevas camadas de ricos ostentosos procedentes del "servicio público? ¿No es la palabra fraude una de las favoritas en nuestro diccionario de especialidades?
La verdad es que ha venido creciendo entre un amplio sector de la sociedad la convicción de que, parafraseando a Proudhom, toda política es un robo y, por tanto, todos los políticos son lo mismo. Pero, al revés de lo que desean los formuladores del lugar común, esta actitud no es puramente espontánea, pues de alguna manera es un derivado de la visión de la sociedad defendida por grupos integrantes de los llamados poderes fácticos, cuya relación con el Estado está condicionada a la defensa y promoción de sus propios intereses particulares.
En ese sentido, tal actitud forma parte de la ideología ahora dominante, mal que le pese al PAN democristiano, que ahora debe ponerse el saco que había cosido para otros. Recuérdese: con el afán de crear una cultura favorable a la iniciativa privada se satanizó la presencia del Estado (no sólo del estatismo) o se le condenó a servir de auxiliar en la promoción de un desarrollo fundado menos en la cooperación que en la competencia, en la creación de la riqueza individual que en el esfuerzo conjunto de la sociedad. Y por esa vía, la degradación de la política se convirtió en bandera inclusive de quienes pretendían refundarla sobre bases democráticas. Un aprendiz de brujo hizo campaña negándose como político y el presidente mismo se definió como empresario, aun cuando por su mesa debían pasar los grandes asuntos nacionales.
Una nueva retórica tomada de la sabiduría gerencial desplazó la necesidad de darle densidad, peso específico al conocimiento de la polis. Las encuestas, nuevos oráculos, hicieron innecesaria toda sensibilidad social y la mayúscula presencia de los medios demolió las pretensiones de dignificar la cosa pública. ¿Cuántas veces no vimos a Bejarano en la pantalla chica con la intención bien visible de pegarle a López Obrador, en nombre, claro, de la ética y la legalidad? Transformada en un espectáculo, la política devino una forma perversa del entretenimiento minoritario, la evocación despiadada de la superficialidad ideológica, la prueba cotidiana, fehaciente, de que "todos son iguales", que no hay diferencias de principios, sino ocasiones para mostrar el cobre.
La noción de partido, consagrada por la ley, se equiparó a la de pandilla, como si los obvios defectos de dichos organismos fueran en esencia incorregibles. La indiferencia creció sin remedio. A fuerza de repetirlo se hizo verdad convencional la idea de que la competencia por los puestos de representación es sólo y exclusivamente lucha por los cargos, es decir, la expresión de intereses egoístas repudiables incompatibles con la moral. Y con esas premisas vamos a la competencia más cerrada de la historia, cuyas consecuencias, en términos de credibilidad, han sido brutales: el presidente en turno intervino para inclinar la balanza a favor de "su candidato", igual que importantes empresarios, pero las instituciones decidieron no hacer nada, ahondando la crisis de confianza que ya venía de lejos.
La corrupción, cuando es utilizada sólo como un arma arrojadiza en la lucha por el poder degrada a la sociedad en su conjunto, pero la impunidad paraliza, irrita, desata furias, cuya potencia nadie puede medir. Es increíble, pues, que las autoridades, vale decir, el grupo que actualmente gobierna el país, insista en la lógica de hacer como que la crisis de credibilidad es irreal e inocua, sin atender a los signos de alerta surgidos un poco de todas partes. Veremos.
Puebla: contratos colectivos sin trabajadores
Arturo Alcalde Justiniani
En días pasados el gobierno del Estado de Puebla anunció la construcción de un recinto fiscal con instalación de bodegas y aduanas conocido como La Célula, el cual forma parte de los compromisos del Plan Puebla-Panamá. Los primeros mil empleos serán generados por la empresa constructora Grucovi. El ejecutivo poblano también informó que había tomado la decisión de que los futuros trabajadores de esta instalación logística estarían sindicalizados en las centrales obreras FROC-CROC y CTM, que administrarían los contratos colectivos de trabajo (CCT) de las empresas que se instalarán en este complejo.
Una noticia de esta naturaleza es incomprensible en un país democrático; no se puede justificar que un gobierno o cualquier patrón decida la organización sindical o central a la cual se afiliarán los futuros trabajadores, por la simple razón de que la decisión para ingresar a un sindicato consiste en un acto personal y voluntario. Igualmente difícil resulta explicar cómo un CCT se puede firmar sin tomar en cuenta a los futuros trabajadores, quienes son los destinatarios de dicho acuerdo. Estas noticias forman parte del modelo mexicano de relaciones laborales, campeón del mundo en materia de simulación laboral.
El tema de la participación directa de los trabajadores en la vida de los CCT, tanto en su etapa de nacimiento o firma, su revisión periódica, incluso su terminación, es quizá el de mayor trascendencia en nuestro derecho laboral en virtud de que la contratación colectiva es el espacio de concertación en el que trabajadores y patrones pueden encontrar soluciones a sus respectivas necesidades; este acuerdo incluye jornadas, salarios, prestaciones, retos productivos, sistemas de protección social. La ley es sólo un piso que incluye derechos mínimos, principios y reglas para solucionar controversias, tiene carácter general para todos los trabajadores del país y en ella no se pueden encontrar respuestas a condiciones tan diversas entre una y otra empresa.
La contratación colectiva constituye el segundo piso por encima de la ley y, al estar ajustado a las condiciones particulares de sus creadores, favorece respuestas para el beneficio común; idealmente debería tener un largo alcance por rama de actividad, región o cadena productiva, con el fin de evitar que el precio del trabajo sea abatido como consecuencia de la competencia en el mercado. Para las empresas también sería un elemento de estabilidad y desarrollo, en la medida que se evita la competencia desleal por la vía de la precariedad laboral.
Podemos voltear los ojos a los países más desarrollados y confirmar que una contratación colectiva de amplio espectro, producto de un diálogo informado y responsable entre los factores de la producción, es un elemento clave para mantener relaciones laborales equitativas y altamente productivas. Obviamente, son los gobiernos quienes la facilitan y promueven por su íntima relación con otras políticas públicas.
Durante el proceso de discusión sobre la reforma laboral, llevado a cabo durante 2001 y 2002 en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el tema de la contratación colectiva fue motivo de gran discusión, particularmente la forma de garantizar la participación de los trabajadores. El sector empresarial reclamaba esta participación sólo en casos de emplazamiento de huelga tendientes a buscar la firma de un CCT; la representación del sindicalismo democrático sostenía que la participación de los trabajadores debe darse también en aquellos CCT que son celebrados sin dicho emplazamiento, por ser la única vía para evitar los contratos de protección que hoy ahogan nuestro sistema laboral.
Debemos reconocer que la actual Ley Federal del Trabajo es omisa en cuanto a mecanismos de consulta a los trabajadores previa a la firma del CCT: sólo establece en el artículo 387 que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un CCT, y si el patrón se niega a firmarlo, los trabajadores podrán ejercitar el derecho de huelga. Bajo una interpretación adecuada de la ley, resulta obvio que debería carecer de eficacia legal un CCT que no tome en cuenta a los destinatarios; sin embargo, con mucha frecuencia se retuerce su interpretación, sobre todo porque las autoridades laborales son al mismo tiempo juez y parte dada la composición tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Resignarnos a una noticia tan grotesca como la anunciada por el gobierno poblano, conlleva el consentimiento del esquema de control y corrupción que priva en México, y a avalar la existencia de líderes sindicales beneficiados, cuya existencia y permanencia proviene del favor estatal y no de la decisión de los trabajadores. Cualquier intento de reforma debe afrontar esta deformación que impide a los trabajadores tomar decisiones elementales: elegir libremente su dirigencia, votar de manera libre, lo cual implica hacerlo en secreto y decidir la organización sindical que va a suscribir la contratación colectiva en su nombre.
Si el CCT está viciado en su origen, obviamente lo estará en su desarrollo futuro, incluyendo las revisiones y la terminación; por ello, es tan importante denunciar ante la opinión pública estas prácticas indebidas y, al mismo tiempo, pugnar por un cambio para recuperar el valor de la concertación laboral como eje de una auténtica modernización en el mundo laboral.
Las nuevas empresas deben estar conscientes de que haciendo el juego a esta simulación corren el riesgo de inconformidades imprevistas e incontrolables, simplemente porque los líderes con los que tratan son de papel y la verdadera opinión de los trabajadores no tiene cauces de expresión.
En días pasados el gobierno del Estado de Puebla anunció la construcción de un recinto fiscal con instalación de bodegas y aduanas conocido como La Célula, el cual forma parte de los compromisos del Plan Puebla-Panamá. Los primeros mil empleos serán generados por la empresa constructora Grucovi. El ejecutivo poblano también informó que había tomado la decisión de que los futuros trabajadores de esta instalación logística estarían sindicalizados en las centrales obreras FROC-CROC y CTM, que administrarían los contratos colectivos de trabajo (CCT) de las empresas que se instalarán en este complejo.
Una noticia de esta naturaleza es incomprensible en un país democrático; no se puede justificar que un gobierno o cualquier patrón decida la organización sindical o central a la cual se afiliarán los futuros trabajadores, por la simple razón de que la decisión para ingresar a un sindicato consiste en un acto personal y voluntario. Igualmente difícil resulta explicar cómo un CCT se puede firmar sin tomar en cuenta a los futuros trabajadores, quienes son los destinatarios de dicho acuerdo. Estas noticias forman parte del modelo mexicano de relaciones laborales, campeón del mundo en materia de simulación laboral.
El tema de la participación directa de los trabajadores en la vida de los CCT, tanto en su etapa de nacimiento o firma, su revisión periódica, incluso su terminación, es quizá el de mayor trascendencia en nuestro derecho laboral en virtud de que la contratación colectiva es el espacio de concertación en el que trabajadores y patrones pueden encontrar soluciones a sus respectivas necesidades; este acuerdo incluye jornadas, salarios, prestaciones, retos productivos, sistemas de protección social. La ley es sólo un piso que incluye derechos mínimos, principios y reglas para solucionar controversias, tiene carácter general para todos los trabajadores del país y en ella no se pueden encontrar respuestas a condiciones tan diversas entre una y otra empresa.
La contratación colectiva constituye el segundo piso por encima de la ley y, al estar ajustado a las condiciones particulares de sus creadores, favorece respuestas para el beneficio común; idealmente debería tener un largo alcance por rama de actividad, región o cadena productiva, con el fin de evitar que el precio del trabajo sea abatido como consecuencia de la competencia en el mercado. Para las empresas también sería un elemento de estabilidad y desarrollo, en la medida que se evita la competencia desleal por la vía de la precariedad laboral.
Podemos voltear los ojos a los países más desarrollados y confirmar que una contratación colectiva de amplio espectro, producto de un diálogo informado y responsable entre los factores de la producción, es un elemento clave para mantener relaciones laborales equitativas y altamente productivas. Obviamente, son los gobiernos quienes la facilitan y promueven por su íntima relación con otras políticas públicas.
Durante el proceso de discusión sobre la reforma laboral, llevado a cabo durante 2001 y 2002 en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el tema de la contratación colectiva fue motivo de gran discusión, particularmente la forma de garantizar la participación de los trabajadores. El sector empresarial reclamaba esta participación sólo en casos de emplazamiento de huelga tendientes a buscar la firma de un CCT; la representación del sindicalismo democrático sostenía que la participación de los trabajadores debe darse también en aquellos CCT que son celebrados sin dicho emplazamiento, por ser la única vía para evitar los contratos de protección que hoy ahogan nuestro sistema laboral.
Debemos reconocer que la actual Ley Federal del Trabajo es omisa en cuanto a mecanismos de consulta a los trabajadores previa a la firma del CCT: sólo establece en el artículo 387 que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un CCT, y si el patrón se niega a firmarlo, los trabajadores podrán ejercitar el derecho de huelga. Bajo una interpretación adecuada de la ley, resulta obvio que debería carecer de eficacia legal un CCT que no tome en cuenta a los destinatarios; sin embargo, con mucha frecuencia se retuerce su interpretación, sobre todo porque las autoridades laborales son al mismo tiempo juez y parte dada la composición tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Resignarnos a una noticia tan grotesca como la anunciada por el gobierno poblano, conlleva el consentimiento del esquema de control y corrupción que priva en México, y a avalar la existencia de líderes sindicales beneficiados, cuya existencia y permanencia proviene del favor estatal y no de la decisión de los trabajadores. Cualquier intento de reforma debe afrontar esta deformación que impide a los trabajadores tomar decisiones elementales: elegir libremente su dirigencia, votar de manera libre, lo cual implica hacerlo en secreto y decidir la organización sindical que va a suscribir la contratación colectiva en su nombre.
Si el CCT está viciado en su origen, obviamente lo estará en su desarrollo futuro, incluyendo las revisiones y la terminación; por ello, es tan importante denunciar ante la opinión pública estas prácticas indebidas y, al mismo tiempo, pugnar por un cambio para recuperar el valor de la concertación laboral como eje de una auténtica modernización en el mundo laboral.
Las nuevas empresas deben estar conscientes de que haciendo el juego a esta simulación corren el riesgo de inconformidades imprevistas e incontrolables, simplemente porque los líderes con los que tratan son de papel y la verdadera opinión de los trabajadores no tiene cauces de expresión.
¿Regreso al pasado?
Octavio Rodríguez Araujo
¿Cuál es la frontera entre la delincuencia y las diversas expresiones de la protesta y la inconformidad sociales? En 1968 el movimiento estudiantil popular sostuvo entre sus demandas la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal vigente en esos momentos. Estos artículos se referían al delito de disolución social. Este delito fue configurado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Avila Camacho consideró que durante el conflicto bélico debía evitarse que pudiera desestabilizarse políticamente al país. La reforma penal, de alguna manera extensión del 33 constitucional contra los extranjeros que intervenían en política interna, sería, a partir de 1941, aplicable a los mexicanos.
¿Quiénes incurrían en ese delito de disolución social? Los extranjeros o los mexicanos que llevaran a cabo acciones y propaganda que perturbaran el orden público o pusieran en peligro la soberanía y la seguridad de la nación. Terminó la guerra, pero no la vigencia de la reforma al Código Penal. Con base en los artículos mencionados fueron encarcelados, durante los gobiernos de Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, líderes magisteriales, ferrocarrileros, campesinos, intelectuales y estudiantes, incluso por razones ideológicas. Vallejo, Campa, Mata, Siqueiros y no pocos estudiantes fueron víctimas de ese inconstitucional y antidemocrático precepto jurídico. El Partido Acción Nacional, vale decir, siempre equiparó esos artículos con el autoritarismo que caracterizaba a los gobiernos priístas de aquellos años. Algunos panistas llegaron incluso a calificarlos de fascistas, y no estaban muy lejos de la verdad. Era el México de los presos políticos y de conciencia, una vergüenza para el país, tanto en su interior como en el extranjero. Nadie se atrevía entonces a calificar de democrático a nuestro régimen político.
Fue de tal fuerza la opinión pública, sobre todo después de la noche de Tlatelolco, que el mismo Díaz Ordaz llegó a la conclusión de que los artículos debían derogarse (el 145 bis fue suprimido), y después de pasar por comisiones ad hoc en el Congreso de la Unión, fueron modificados y refraseados con mayor precisión en el Libro Segundo, Título Primero del Código Penal, referido a los delitos contra la seguridad de la nación. Lo mismo pero diferente, lo suficiente para que los presos políticos fueran amnistiados y dejaran de existir por varios años. El problema fue que la vocación autoritaria de los siguientes gobiernos priístas simplemente cambió de táctica. En lugar de presos políticos: desaparecidos o víctimas de "accidentes" o de asesinatos a manos de sicarios con sospechosas ligas con las autoridades estatales (civiles y militares).
Con Fox y Calderón, panistas ambos, regresó el autoritarismo que tanto criticaban y, con base en el Código Penal (el mismo Título mencionado), tenemos otra vez presos políticos y de conciencia, además de desaparecidos. Lo acaba de confirmar, por si había alguna duda, Felipe Calderón: no permitirá que se busque atentar contra la convivencia pacífica de los mexicanos (La Jornada, 24/7/07, página 7). Así dicho, estamos en presencia, otra vez, de delitos de intención ("busque atentar...") y de disolución social, es decir, de desestabilización política del país y de perturbación del orden público en la misma lógica que si estuviéramos en guerra con otro país. Atenco y Oaxaca son los casos más sonados, pero no los únicos, y en la mira están Chiapas y Guerrero, al mismo tiempo que al Ejército Mexicano se le ofrecen mejores sueldos y prestaciones, y ahora créditos para vivienda, como si se tratara de recompensas por actuar, vestido de verde o de gris (que es lo mismo) en contra no sólo de los narcotraficantes, sino de los mexicanos que se han inconformado políticamente por los abusos que se cometen en contra de ellos.
Por mandato de ley y por su propia convicción -dijo Calderón-, se perseguirá no sólo a quienes atenten contra la seguridad nacional, sino también contra quienes pretenden (o pretendan) debilitar las instituciones o las instalaciones estratégicas nacionales (ídem). Se trata de un mensaje muy peligroso, y más en el contexto de los últimos acontecimientos, pues incluso varias proclamas políticas pueden ser interpretadas como un atentado a la seguridad nacional (léase contra las acciones del gobierno) y una pretensión de debilitar a las instituciones que -en mi opinión- no están respondiendo a las demandas de la fracción mayoritaria de los mexicanos (razón por la cual muchos actúan al margen de esas instituciones con el riesgo de convertirse en infractores según el Código Penal y el mensaje calderonista).
¿En qué momento Calderón ha hablado de buscar soluciones políticas a los problemas políticos que ha creado la injusticia social que dominan y determinan las políticas públicas? En ningún momento, pero sí ha reiterado el uso implacable de la ley y la mano firme (que no inmaculada) que ofreció durante su campaña y que ha ejercido hasta el presente contra todos salvo contra ministros religiosos y grandes empresarios en el país.
Soy un defensor del derecho y del respeto a las leyes, aunque éstas no siempre han sido sabias ni justas. Pero más que la ley defiendo la política como fórmula de gobierno, es decir, el diálogo y la negociación. El sabio político (o el gobernante sabio) no es el que aplica la ley a rajatabla, sino el que la interpreta según las circunstancias y los momentos que vive una nación. Un gobernante no es un policía de crucero con el reglamento de tránsito en la mano; y aun el policía, según el mismo reglamento, tiene capacidad de interpretarlo según las circunstancias, al igual que puede dar paso aunque el semáforo esté en rojo. Bueno sería que se frenara el regreso al pasado. Los tiempos han cambiado, y esto debe ser entendido por quienes, al menos formalmente, aspiran a gobernar. Revivir en los hechos los artículos 145 y 145 bis mencionados no es buena señal.
¿Cuál es la frontera entre la delincuencia y las diversas expresiones de la protesta y la inconformidad sociales? En 1968 el movimiento estudiantil popular sostuvo entre sus demandas la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal vigente en esos momentos. Estos artículos se referían al delito de disolución social. Este delito fue configurado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Avila Camacho consideró que durante el conflicto bélico debía evitarse que pudiera desestabilizarse políticamente al país. La reforma penal, de alguna manera extensión del 33 constitucional contra los extranjeros que intervenían en política interna, sería, a partir de 1941, aplicable a los mexicanos.
¿Quiénes incurrían en ese delito de disolución social? Los extranjeros o los mexicanos que llevaran a cabo acciones y propaganda que perturbaran el orden público o pusieran en peligro la soberanía y la seguridad de la nación. Terminó la guerra, pero no la vigencia de la reforma al Código Penal. Con base en los artículos mencionados fueron encarcelados, durante los gobiernos de Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, líderes magisteriales, ferrocarrileros, campesinos, intelectuales y estudiantes, incluso por razones ideológicas. Vallejo, Campa, Mata, Siqueiros y no pocos estudiantes fueron víctimas de ese inconstitucional y antidemocrático precepto jurídico. El Partido Acción Nacional, vale decir, siempre equiparó esos artículos con el autoritarismo que caracterizaba a los gobiernos priístas de aquellos años. Algunos panistas llegaron incluso a calificarlos de fascistas, y no estaban muy lejos de la verdad. Era el México de los presos políticos y de conciencia, una vergüenza para el país, tanto en su interior como en el extranjero. Nadie se atrevía entonces a calificar de democrático a nuestro régimen político.
Fue de tal fuerza la opinión pública, sobre todo después de la noche de Tlatelolco, que el mismo Díaz Ordaz llegó a la conclusión de que los artículos debían derogarse (el 145 bis fue suprimido), y después de pasar por comisiones ad hoc en el Congreso de la Unión, fueron modificados y refraseados con mayor precisión en el Libro Segundo, Título Primero del Código Penal, referido a los delitos contra la seguridad de la nación. Lo mismo pero diferente, lo suficiente para que los presos políticos fueran amnistiados y dejaran de existir por varios años. El problema fue que la vocación autoritaria de los siguientes gobiernos priístas simplemente cambió de táctica. En lugar de presos políticos: desaparecidos o víctimas de "accidentes" o de asesinatos a manos de sicarios con sospechosas ligas con las autoridades estatales (civiles y militares).
Con Fox y Calderón, panistas ambos, regresó el autoritarismo que tanto criticaban y, con base en el Código Penal (el mismo Título mencionado), tenemos otra vez presos políticos y de conciencia, además de desaparecidos. Lo acaba de confirmar, por si había alguna duda, Felipe Calderón: no permitirá que se busque atentar contra la convivencia pacífica de los mexicanos (La Jornada, 24/7/07, página 7). Así dicho, estamos en presencia, otra vez, de delitos de intención ("busque atentar...") y de disolución social, es decir, de desestabilización política del país y de perturbación del orden público en la misma lógica que si estuviéramos en guerra con otro país. Atenco y Oaxaca son los casos más sonados, pero no los únicos, y en la mira están Chiapas y Guerrero, al mismo tiempo que al Ejército Mexicano se le ofrecen mejores sueldos y prestaciones, y ahora créditos para vivienda, como si se tratara de recompensas por actuar, vestido de verde o de gris (que es lo mismo) en contra no sólo de los narcotraficantes, sino de los mexicanos que se han inconformado políticamente por los abusos que se cometen en contra de ellos.
Por mandato de ley y por su propia convicción -dijo Calderón-, se perseguirá no sólo a quienes atenten contra la seguridad nacional, sino también contra quienes pretenden (o pretendan) debilitar las instituciones o las instalaciones estratégicas nacionales (ídem). Se trata de un mensaje muy peligroso, y más en el contexto de los últimos acontecimientos, pues incluso varias proclamas políticas pueden ser interpretadas como un atentado a la seguridad nacional (léase contra las acciones del gobierno) y una pretensión de debilitar a las instituciones que -en mi opinión- no están respondiendo a las demandas de la fracción mayoritaria de los mexicanos (razón por la cual muchos actúan al margen de esas instituciones con el riesgo de convertirse en infractores según el Código Penal y el mensaje calderonista).
¿En qué momento Calderón ha hablado de buscar soluciones políticas a los problemas políticos que ha creado la injusticia social que dominan y determinan las políticas públicas? En ningún momento, pero sí ha reiterado el uso implacable de la ley y la mano firme (que no inmaculada) que ofreció durante su campaña y que ha ejercido hasta el presente contra todos salvo contra ministros religiosos y grandes empresarios en el país.
Soy un defensor del derecho y del respeto a las leyes, aunque éstas no siempre han sido sabias ni justas. Pero más que la ley defiendo la política como fórmula de gobierno, es decir, el diálogo y la negociación. El sabio político (o el gobernante sabio) no es el que aplica la ley a rajatabla, sino el que la interpreta según las circunstancias y los momentos que vive una nación. Un gobernante no es un policía de crucero con el reglamento de tránsito en la mano; y aun el policía, según el mismo reglamento, tiene capacidad de interpretarlo según las circunstancias, al igual que puede dar paso aunque el semáforo esté en rojo. Bueno sería que se frenara el regreso al pasado. Los tiempos han cambiado, y esto debe ser entendido por quienes, al menos formalmente, aspiran a gobernar. Revivir en los hechos los artículos 145 y 145 bis mencionados no es buena señal.
El pelele de los golpistas, Gobierna a Decretazos
De Blogotitlan
Como Los Dictadores, Calderón Gobierna a Decretazos
Como Pinochet, Calderón "gobierna" a puro decreto sin pelar al Congreso ni al Poder Judicial. Creó su propia policía ajena al Ministerio Público, desapareció el Bancomext en un fideicomiso que creó sin autorización del Congreso y prejuzgó y condenó a un ciudadano mexicano de origen chino, para quedarse con su dinero y bienes, ignorando a cualquier juez
Igual que Pinochet, Idi Amin y otra cauda de dictadorzuelos que sólo contaban con soldados y fusiles para "gobernar", Felipe Calderón pasa el tiempo usurpando el poder a decretazos.
Por encima de lo que dispone la Constitución y sin consulta ni aprobación del Congreso, por decreto dispuso la creación de un cuerpo policial con funciones que por mandato constitucional están reservados exclusivamente al Ministerio Público y a la Policía Judicial (a la que Fox cambió el nombre, desapareciendo de hecho al ente constitucional). Ignoró toda prudencia e impuso su decretazo.
Por decreto trasladó la función que tenía el Banco Nacional de Comercio Exterior, enmarcada en una ley expedida por el Congreso, para dársela a un fideicomiso creado por sus pistolas, saltándose olímpicamente la ley que no tuvo el tino ni cuidado en abrogar. Es una ilegalidad patente.
Su última hazaña fue decretar como "abandonada" la cuantiosa cantidad de dólares hallada en la mansión de Zheli Ye Gon, para quedarse con ella, con la peregrina razón de que "no la reclamó en tiempo".
Con tal decreto, Calderón pretendió encubrir varias ilegalidades:
1. Un posible cateo ilegal, pues no se supo qué juez expidió la orden respectiva, basado en las presunciones de ilícitos debidamente sustentadas por la PGR, además de que la dependencia se "apropió" de tal cantidad y dispuso de ella a conveniencia.
2. La suplantación de la autoridad judicial por una autoridad administrativa en el manejo de objetos de delito. Si el cateo fue legalmente autorizado por un juez penal ante quien se consignó el expediente de averiguación previa para justificar la necesidad del cateo, inmediatamente debió haberse puesto a disposición de este juez la cantidad de dólares hallada en el inmueble cateado y posiblemente relacionada con el o los ilícito(s) investigados y no ordenarse su traslado --como se dijo-- al Banjército, ni de éste al Bank of América de Nueva York.
Esa misma cantidad debio aportarse como prueba de las consignaciones de detenidos por la supuesta averiguación (familiares y empleados de Ye Gon) y quedar a disposición del juez, quien debió ordenar su resguardo.
3. La violación flagrante, evidente y pública de un derecho y garantías constitucionales, al declarar sentenciado a prisión y confiscación total de sus bienes a Ye Gon, sin consignación ante un juez, sin juicio sustanciado y sin defensas posibles.
Y todavía se quiso hacer el chistoso, calificando de "cuento chino" las denuncias de corrupción contra los cómplices de su "cuarto de junto", que le ayudaron en la usurpación del poder que detenta.
Cada día que pasa, Calderón demuestra con sus hechos y sus dichos que robó un puesto que no le correspondía, que no entiende ni sabe cómo ejercer.
Para él no existen más que decretos absurdos, ilegales, inconstitucionales y torpes. Como la gente que se los aconseja.
Como Los Dictadores, Calderón Gobierna a Decretazos
Como Pinochet, Calderón "gobierna" a puro decreto sin pelar al Congreso ni al Poder Judicial. Creó su propia policía ajena al Ministerio Público, desapareció el Bancomext en un fideicomiso que creó sin autorización del Congreso y prejuzgó y condenó a un ciudadano mexicano de origen chino, para quedarse con su dinero y bienes, ignorando a cualquier juezIgual que Pinochet, Idi Amin y otra cauda de dictadorzuelos que sólo contaban con soldados y fusiles para "gobernar", Felipe Calderón pasa el tiempo usurpando el poder a decretazos.
Por encima de lo que dispone la Constitución y sin consulta ni aprobación del Congreso, por decreto dispuso la creación de un cuerpo policial con funciones que por mandato constitucional están reservados exclusivamente al Ministerio Público y a la Policía Judicial (a la que Fox cambió el nombre, desapareciendo de hecho al ente constitucional). Ignoró toda prudencia e impuso su decretazo.
Por decreto trasladó la función que tenía el Banco Nacional de Comercio Exterior, enmarcada en una ley expedida por el Congreso, para dársela a un fideicomiso creado por sus pistolas, saltándose olímpicamente la ley que no tuvo el tino ni cuidado en abrogar. Es una ilegalidad patente.
Su última hazaña fue decretar como "abandonada" la cuantiosa cantidad de dólares hallada en la mansión de Zheli Ye Gon, para quedarse con ella, con la peregrina razón de que "no la reclamó en tiempo".
Con tal decreto, Calderón pretendió encubrir varias ilegalidades:
1. Un posible cateo ilegal, pues no se supo qué juez expidió la orden respectiva, basado en las presunciones de ilícitos debidamente sustentadas por la PGR, además de que la dependencia se "apropió" de tal cantidad y dispuso de ella a conveniencia.
2. La suplantación de la autoridad judicial por una autoridad administrativa en el manejo de objetos de delito. Si el cateo fue legalmente autorizado por un juez penal ante quien se consignó el expediente de averiguación previa para justificar la necesidad del cateo, inmediatamente debió haberse puesto a disposición de este juez la cantidad de dólares hallada en el inmueble cateado y posiblemente relacionada con el o los ilícito(s) investigados y no ordenarse su traslado --como se dijo-- al Banjército, ni de éste al Bank of América de Nueva York.
Esa misma cantidad debio aportarse como prueba de las consignaciones de detenidos por la supuesta averiguación (familiares y empleados de Ye Gon) y quedar a disposición del juez, quien debió ordenar su resguardo.
3. La violación flagrante, evidente y pública de un derecho y garantías constitucionales, al declarar sentenciado a prisión y confiscación total de sus bienes a Ye Gon, sin consignación ante un juez, sin juicio sustanciado y sin defensas posibles.
Y todavía se quiso hacer el chistoso, calificando de "cuento chino" las denuncias de corrupción contra los cómplices de su "cuarto de junto", que le ayudaron en la usurpación del poder que detenta.
Cada día que pasa, Calderón demuestra con sus hechos y sus dichos que robó un puesto que no le correspondía, que no entiende ni sabe cómo ejercer.
Para él no existen más que decretos absurdos, ilegales, inconstitucionales y torpes. Como la gente que se los aconseja.
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