Ramon Franquesa/Albert Miralles
Hace veinte años, inmediatamente después del referéndum que consagró la permanencia de España en la OTAN, diversas corrientes de la izquierda alternativa, que entendía las consecuencias que el tránsito del PSOE hacia el neoliberalismo tendría para la ciudadanía en cuanto a la preservación de sus derechos, incluido en primer lugar el derecho a la Paz, iniciamos un proceso de reagrupamiento de toda la izquierda transformadora para hacer frente tanto al fortalecimiento creciente de la derecha posfranquista como a la deriva, cada vez más acusada, del Partido Socialista hacia el liberalismo económico y la sumisión al imperialismo. De esta iniciativa surgió Izquierda Unida, y en Cataluña, diez años más tarde, Esquerra Unida i Alternativa, una vez que el proyecto de Iniciativa per Catalunya fue difuminando su perfil alternativo y derivando hacia un clásico partido de cuadros institucionales.
En la constitución de EUiA se quiso poner en pie un proyecto que representase una real ruptura con la tendencia general de los partidos de izquierda europeos, por un lado, a asumir progresivamente los valores sociales propios del sistema capitalista y, por otro, a mantener una relación dirigista con su base social. Por eso quisimos instaurar un modelo de organización pluralista y participativo, en el cual los aparatos estables recibieran el empuje dinamizador de los movimientos sociales, convencidos como estábamos, por otra parte, de que en el seno de los movimientos es donde acostumbran a surgir las resistencias y fuerzas alternativas al sistema social dominante.
Muy poco de esa dinámica inicial podemos encontrar hoy día en IU y en EUiA, al menos en la política que emana de sus respectivas instancias superiores. Hemos de reconocer con consternación que aquella izquierda que se quería transformadora del sistema social imperante sólo ha conseguido transformarse ella misma en una organización política más dentro del sistema capitalista, perfectamente compatible con él.
En efecto, de las dos patas del proyecto, voluntad de superación del capitalismo y nueva relación, no dirigista, con la base social potencialmente interesada en esa superación, podríamos decir que primero nos quedamos cojos de la primera, no tanto en los textos programáticos como en la actuación política cotidiana. Un reciente ejemplo flagrante de esto podemos verlo en la votación de nuestro grupo parlamentario sobre la LOE, en violación abierta de un acuerdo del Consejo Político Federal de IU.
Y tal como pasa siempre que se quiere llevar a cabo una política en contradicción con el programa inicialmente adoptado, se ha acabado cortando también la segunda pata: la relación abierta con la base social y una democracia interna realmente participativa. Desde hace tiempo se considera que el debate sobre presupuestos o sobre las leyes que aprueba el Parlamento es asunto privado de los diputados, que prescinden de toda consulta, ya no de sus electores, sino de su propia organización. Ejemplo escandaloso de esto último lo tenemos en los métodos burdos con los que se pretende asegurar, en estos mismos días, la perpetuación en las instituciones, vía elecciones generales al Parlamento del Estado, de los actuales dirigentes, tanto de IU como de EUiA, saltándose la asamblea reglamentaria de IU que tocaba celebrar al final de este año, escamoteando el debate en las bases, planteando un plebiscito que la dirección pretende ganar apoyándose en los medios de comunicación del sistema, sin programas que permitan juzgar las diferentes candidaturas, sin ninguna de las garantías propias de la democracia participativa que presuntamente se pretende impulsar en el conjunto del sistema político y de la sociedad.
En Cataluña la situación es, si cabe, más grave que en el resto del Estado por cuanto se participa en un gobierno que, si bien ha desplazado a la derecha, es responsable de políticas muy alejadas de los intereses de los ciudadanos. Podemos encontrar muchos ejemplos, desde la privatización del Institut Català de la Salut en beneficio de las grandes multinacionales sanitarias, hasta la decisión de hacer pasar el AVE por el centro de Barcelona en beneficio de las grandes constructoras, que ven multiplicarse los costos de la obra pública encargada y pagada por los ciudadanos respecto de la alternativa del litoral, mientras que los trabajadores expulsados por la especulación inmobiliaria del centro de la ciudad tienen que padecer desde hace meses el efecto sobre Cercanías de esta opción; la aceptación del túnel de Bracons, del trazado de la línea de muy alta tensión (MAT) para el transporte de electricidad entre Argelia y Francia; el desastre de la privatización de las eléctricas, que se ha saldado con el apagón del pasado verano, o la privatización de la telefonía, que está generando abusos millonarios reconocidos incluso por la Comisión Europea, la autorización de expedientes que han supuesto despidos, cierres y deslocalizaciones de empresas, la participación en la represión de los movimientos sociales y en particular de los trabajadores con conflictos en sus empresas, etc. El problema es que, en la medida que se participa en el gobierno directamente, se pierde la capacidad de presionar desde la base social y se hace funcionar a EUiA como una organización que frene la resistencia social a estas medidas: justo lo contrario del objetivo por el que la constituimos.
Para nosotros, es necesario otro enfoque. No se trata de permitir el retorno de la derecha: nunca será ello posible por nuestra abstención en el Parlamento; pero se trata de saber mantener la autonomía, de saber estar presionando desde fuera del gobierno junto con los movimientos sociales si éste no acepta un programa realmente transformador.
Creer que, por ocupar pequeños espacios de poder, la sociedad catalana avanza hacia una sociedad más progresista es autoengañarse. Además, la frustración que esta situación genera en un amplio sector de la ciudadanía, que piensa con razón que su voluntad ha sido escamoteada, empuja hacia la abstención, que es precisamente lo que da en este país el poder a la derecha.
Es preciso invertir drásticamente esta tendencia. La izquierda, como dice Marga Sanz en la presentación de su candidatura a la Presidencia del Gobierno por Izquierda Unida, ha de ser anticapitalista si no quiere dejar de ser izquierda. Y ser anticapitalista quiere decir ser radicalmente demócrata. Porque el capitalismo, por mucho que en Occidente se presente como el campeón de la democracia, es en realidad su enterrador más eficaz, al sustituir la voluntad popular por la voluntad de unos cuantos grupos económicos multinacionales dedicados íntegramente a la acumulación en sus manos de la riqueza generada entre todos.
Democracia radical que ha de manifestarse con la misma fuerza hacia el exterior de las organizaciones de izquierdas que hacia el interior, dejando de considerar los métodos democráticos como un mero instrumento prescindible cuando no conviene a quien en un momento dado ostenta la representación del colectivo.
Con este espíritu, solidariamente con la candidatura a Presidenta del Gobierno que ha presentado en IU Marga Sanz, nos presentamos a las primarias de EUiA por Barcelona y Girona, con la pretensión de abrir un debate dentro y fuera de EUiA sobre cómo hemos de articular la actividad política desde la izquierda alternativa y cómo los representantes institucionales han de relacionarse con las organizaciones y con la sociedad para movilizar y conseguir la masa crítica suficiente para influir de manera determinante en las políticas que el sistema aplica.
* Ramon Franquesa, candidato en las primarias por la provincia de Barcelona. Albert Miralles, candidato en las primarias por la provincia de Girona.
domingo, octubre 28, 2007
La crisis financiera no puede recaer sobre los hombros de los trabajadores (España)
Coordinadora Sindical de Madrid
Rebelión
Comienza un nuevo curso político tras el período vacacional con una realidad que, si bien es de continuidad con la que había antes del verano, aparece más agravada para los trabajadores. Los acontecimientos económicos acaecidos en el mes de agosto han puesto al descubierto los graves problemas que arrastra la economía de mercado en esta época del capitalismo desarrollado de la etapa imperialista.
El mercado ha fracasado una vez más y han tenido que ser los bancos centrales los que han debido sortear la situación. Para ello han debido inyectar miles de de millones de euros, dólares o ye-nes a los grandes centros financieros para poder continuar con la política especulativa y de rapiña contra trabajadores y grandes masas populares en beneficio exclusivo del capital transnacional y del reducido grupo de individuos que forman el club de los más ladrones y los más ricos.
En la cuneta quedarán millones de personas que perderán sus viviendas o vivirán cada vez con más agobios. Jamás llegarán a entender muy bien por qué hace año y medio los intereses bancarios gravaban sus hipotecas al 2% y ahora superan el 5%. Nadie tiene explicación racional o científica para esto (el capitalismo nada tiene que ver con lo racional y lo científico) si no se tiene en cuenta que el poder político y el poder económico están monopolizados por los mismos parásitos que controlan los grandes Bancos y las grandes empresas transnacionales en beneficio propio.
Pero no solo se han disparado los intereses bancarios. La vivienda también triplicó su valor en pocos años, los alimentos básicos como la leche, el pan o la carne elevan sus precios constantemente en porcentajes que nada tienen que ver con los del IPC. El transporte, la luz, el gas, el agua, el vestido, los libros, el material escolar o tomarse un café siguen la misma tónica alcista.
La política de semicongelación salarial (que los salarios suban menos que el IPC) pactada con la patronal desde hace más de cuatro años por CCOO y UGT, es una política de ruina para todos los trabajadores. Tenemos que romper esta tendencia cuanto antes y particularmente en la negociación de los convenios colectivos ya sean de empresa o de sector.
Al lado de la pérdida escandalosa de poder adquisitivo de los salarios, los empresarios y el gobierno han desarrollado una política de represión laboral y sindical dirigida a aquellos trabajadores y delegados sindicales que se enfrentan a la paz social. Del grado de represión laboral y sindical dan muestra los miles de casos re-partidos por los diferentes pueblos del Estado, en cualquier tipo de empresa. Bimbo, Telefónica, Ahorramás, Iberia, Telemadrid, Cajastur… son ejemplos palpables y que en el caso de la Naval Gijón ha llegado hasta el encarcelamiento de dos de sus dirigentes (Cándido y Morala) de la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias encausados por oponerse al cierre del astillero y a la especulación inmobiliaria.
La respuesta de los trabajadores a estas agresiones ha sido unánime y se ha saldado con éxitos importantes como fue la puesta en libertad de Cándido y Morala (aunque el proceso no se ha terminado). La Coordinadora Sindical de Madrid, junto con los sindicatos que forman la Permanente Estatal ya hemos tomado parte activa contra la represión y por las libertades y los derechos de los trabajadores.
Así, al comienzo del nuevo curso, la CSM y los sindicatos que la componemos tenemos que proseguir y acentuar más la movilización y la lucha contra la política de la patronal y del gobierno. El combate del sindicalismo de clase contra el sindicalismo entregado y el desarrollo de la Coordinadora Estatal y el Nuevo Estatuto Obrero deben ser nuestros objetivos. Debemos enfrentarnos con el máximo de rigor y profundidad al sindicalismo del pacto social, estrecho colaborador de empresarios y gobierno.
Y en el ámbito interno nuestro objetivo prioritario debe ser el desarrollo de la Coordinadora Sindical con nuevas formas jurídicas y la apuesta decidida por la coordinación con otras organizaciones territoriales. Y, sobretodo, abordar la próxima negociación colectiva sobre la base de la participación y movilización de los trabajadores con una tabla reivindicativa ambiciosa e introducir el Nuevo Estatuto Obrero, donde se reflejen claramente los contenidos más importantes del mismo. Son elementos que debemos debatir con los trabajadores con la firme voluntad de que los hagan suyos y luchen por ellos.
Hay que combatir con firmeza la desmovilización y la apatía e introducir nuevas reivindicaciones y metas para los trabajadores.
Rebelión
Comienza un nuevo curso político tras el período vacacional con una realidad que, si bien es de continuidad con la que había antes del verano, aparece más agravada para los trabajadores. Los acontecimientos económicos acaecidos en el mes de agosto han puesto al descubierto los graves problemas que arrastra la economía de mercado en esta época del capitalismo desarrollado de la etapa imperialista.
El mercado ha fracasado una vez más y han tenido que ser los bancos centrales los que han debido sortear la situación. Para ello han debido inyectar miles de de millones de euros, dólares o ye-nes a los grandes centros financieros para poder continuar con la política especulativa y de rapiña contra trabajadores y grandes masas populares en beneficio exclusivo del capital transnacional y del reducido grupo de individuos que forman el club de los más ladrones y los más ricos.
En la cuneta quedarán millones de personas que perderán sus viviendas o vivirán cada vez con más agobios. Jamás llegarán a entender muy bien por qué hace año y medio los intereses bancarios gravaban sus hipotecas al 2% y ahora superan el 5%. Nadie tiene explicación racional o científica para esto (el capitalismo nada tiene que ver con lo racional y lo científico) si no se tiene en cuenta que el poder político y el poder económico están monopolizados por los mismos parásitos que controlan los grandes Bancos y las grandes empresas transnacionales en beneficio propio.
Pero no solo se han disparado los intereses bancarios. La vivienda también triplicó su valor en pocos años, los alimentos básicos como la leche, el pan o la carne elevan sus precios constantemente en porcentajes que nada tienen que ver con los del IPC. El transporte, la luz, el gas, el agua, el vestido, los libros, el material escolar o tomarse un café siguen la misma tónica alcista.
La política de semicongelación salarial (que los salarios suban menos que el IPC) pactada con la patronal desde hace más de cuatro años por CCOO y UGT, es una política de ruina para todos los trabajadores. Tenemos que romper esta tendencia cuanto antes y particularmente en la negociación de los convenios colectivos ya sean de empresa o de sector.
Al lado de la pérdida escandalosa de poder adquisitivo de los salarios, los empresarios y el gobierno han desarrollado una política de represión laboral y sindical dirigida a aquellos trabajadores y delegados sindicales que se enfrentan a la paz social. Del grado de represión laboral y sindical dan muestra los miles de casos re-partidos por los diferentes pueblos del Estado, en cualquier tipo de empresa. Bimbo, Telefónica, Ahorramás, Iberia, Telemadrid, Cajastur… son ejemplos palpables y que en el caso de la Naval Gijón ha llegado hasta el encarcelamiento de dos de sus dirigentes (Cándido y Morala) de la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias encausados por oponerse al cierre del astillero y a la especulación inmobiliaria.
La respuesta de los trabajadores a estas agresiones ha sido unánime y se ha saldado con éxitos importantes como fue la puesta en libertad de Cándido y Morala (aunque el proceso no se ha terminado). La Coordinadora Sindical de Madrid, junto con los sindicatos que forman la Permanente Estatal ya hemos tomado parte activa contra la represión y por las libertades y los derechos de los trabajadores.
Así, al comienzo del nuevo curso, la CSM y los sindicatos que la componemos tenemos que proseguir y acentuar más la movilización y la lucha contra la política de la patronal y del gobierno. El combate del sindicalismo de clase contra el sindicalismo entregado y el desarrollo de la Coordinadora Estatal y el Nuevo Estatuto Obrero deben ser nuestros objetivos. Debemos enfrentarnos con el máximo de rigor y profundidad al sindicalismo del pacto social, estrecho colaborador de empresarios y gobierno.
Y en el ámbito interno nuestro objetivo prioritario debe ser el desarrollo de la Coordinadora Sindical con nuevas formas jurídicas y la apuesta decidida por la coordinación con otras organizaciones territoriales. Y, sobretodo, abordar la próxima negociación colectiva sobre la base de la participación y movilización de los trabajadores con una tabla reivindicativa ambiciosa e introducir el Nuevo Estatuto Obrero, donde se reflejen claramente los contenidos más importantes del mismo. Son elementos que debemos debatir con los trabajadores con la firme voluntad de que los hagan suyos y luchen por ellos.
Hay que combatir con firmeza la desmovilización y la apatía e introducir nuevas reivindicaciones y metas para los trabajadores.
En Francia: Quinta demanda judicial internacional contra Rumsfeld por tortura
Hernando Calvo Ospina
Rebelión
Aprovechando la estadía en Paris del ex Secretario de Estado para la Defensa (Pentágono), Donald Rumsfeld, cuatro organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos le han instaurado una demanda judicial ante el Procurador del Tribunal de Gran Instancia de Paris.
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), el Center for Constitutional Rights (CCR), el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y la Ligue française des droits de l’Homme (LDH), lo acusan de haber ordenado y autorizado torturas y tratos degradantes a los detenidos en Guantánamo y Abou Ghraib.
Esta es la quinta demanda que se deposita a nivel internacional contra Rumsfeld, y por los mismos motivos, los cuales se dieron « en el contexto del programa de tortura elaborado después del 11 de septiembre 2001 por la administración Bush », dicen las organizaciones querellantes en el comunicado entregado hoy 26 de octubre.
Dos fueron depositadas en Alemania, basadas en el principio de competencia universal, que permite a la justicia de esta nación perseguir a los responsables de crímenes internacionales graves, independiente del lugar de la comisión de estos, de la nacionalidad de los responsables o de las victimas.
Una de ellas fue puesta en el otoño del 2004 por el CCR, la FIDH y el abogado de Berlín Wolfgang Kaleck. Pero en febrero 2005 la justicia alemana la rechazó, « después de presiones oficiales estadounidenses, en particular del Pentágono », precisa el comunicado.
La segunda demanda se introdujo en el otoño del 2006 por las mismas organizaciones de derechos humanos, ahora acompañadas por decenas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, varios premios Nóbel, y el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura. Esta fue puesta a nombre de 12 ciudadanos iraquíes, que habían sido detenidos y torturados en la prisión iraquí de Abu Ghraib, así como un ciudadano de Arabia Saudita, aun detenido en Guantánamo. También fue rechazada en abril último, aunque será objeto de una apelación la semana próxima.
Las otras dos demandas fueron instauradas contra Rumsfeld en Argentina, 2005, y Suecia en el 2007.
Ahora falta ver la reacción de la justicia francesa que, de seguro, será objeto de la presión política del gobierno del presidente Sarkozy, que ha resultado un gran aliado de Washington.
(Texto completo de la demanda y sus anexos, en francés e inglés: http://www.fidh.org/spip.php?article4829#1
Rebelión
Aprovechando la estadía en Paris del ex Secretario de Estado para la Defensa (Pentágono), Donald Rumsfeld, cuatro organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos le han instaurado una demanda judicial ante el Procurador del Tribunal de Gran Instancia de Paris.
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), el Center for Constitutional Rights (CCR), el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y la Ligue française des droits de l’Homme (LDH), lo acusan de haber ordenado y autorizado torturas y tratos degradantes a los detenidos en Guantánamo y Abou Ghraib.
Esta es la quinta demanda que se deposita a nivel internacional contra Rumsfeld, y por los mismos motivos, los cuales se dieron « en el contexto del programa de tortura elaborado después del 11 de septiembre 2001 por la administración Bush », dicen las organizaciones querellantes en el comunicado entregado hoy 26 de octubre.
Dos fueron depositadas en Alemania, basadas en el principio de competencia universal, que permite a la justicia de esta nación perseguir a los responsables de crímenes internacionales graves, independiente del lugar de la comisión de estos, de la nacionalidad de los responsables o de las victimas.
Una de ellas fue puesta en el otoño del 2004 por el CCR, la FIDH y el abogado de Berlín Wolfgang Kaleck. Pero en febrero 2005 la justicia alemana la rechazó, « después de presiones oficiales estadounidenses, en particular del Pentágono », precisa el comunicado.
La segunda demanda se introdujo en el otoño del 2006 por las mismas organizaciones de derechos humanos, ahora acompañadas por decenas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, varios premios Nóbel, y el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura. Esta fue puesta a nombre de 12 ciudadanos iraquíes, que habían sido detenidos y torturados en la prisión iraquí de Abu Ghraib, así como un ciudadano de Arabia Saudita, aun detenido en Guantánamo. También fue rechazada en abril último, aunque será objeto de una apelación la semana próxima.
Las otras dos demandas fueron instauradas contra Rumsfeld en Argentina, 2005, y Suecia en el 2007.
Ahora falta ver la reacción de la justicia francesa que, de seguro, será objeto de la presión política del gobierno del presidente Sarkozy, que ha resultado un gran aliado de Washington.
(Texto completo de la demanda y sus anexos, en francés e inglés: http://www.fidh.org/spip.php?article4829#1
Se recrudecen los asesinatos de periodistas en América Latina
Ernesto Carmona
Rebelión
Con el asesinato de Carlos Salgado, de la emisora Radio Cadena Voces de Tegucigalpa, Honduras, asciende a 20 el total de periodistas muertos en Latinoamérica y el Caribe durante el año en curso. El reportero fue baleado al salir de la emisora el 18 de octubre.
También en Honduras fueron amenazados de muerte los periodistas radiales Geovanny García y Martín Ramírez. El Presidente de ese país, Manuel Zelaya Rosales, mantiene una agria disputa con los medios informativos argumentando que no difunden adecuadamente su obra de gobierno.
Según el informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) ante el X Congreso de la Federación Latinoamericano de Periodistas (Felap), efectuado en Villa Gessel, Argentina, a comienzos de octubre, 19 periodistas habían muerto en 9 países de la región, 16 asesinados y tres durante la cobertura de un gran incendio en México. Entre las víctimas de asesinato se incluyó al estadounidense Chaucey Bailey, acribillado el 2 de agosto en una calle de Oakland, California.
Morir por la noticia
El lunes 15 de octubre fue asesinado en Iraq el periodista Dhi Abdel-Razak al-Dibo, de 32 años, victimado en la ciudad petrolera de Kirkuk, a 180 kilómetros de Bagdad, mientras el domingo 14 habían muerto al corresponsal iraquí del Washington Post, Salih Saif Aldin, también de 32 años. Desde que comenzó la invasión de EEUU a Iraq, en marzo de 2003, han muerto asesinados 205 periodistas.
Según la UNESCO, en los últimos 10 años han muerto más de 1.200 periodistas, la mayoría en zonas de conflicto, aunque las mafias de la corrupción y los tráficos ilícitos también matan en países que no están en guerra. "En lo que va de año, ya han fallecido 130 periodistas, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas", dijo un comunicado de la organización.
También hay un periodista ilegalmente preso en Guantánamo, Cuba, donde el gobierno de EEUU posee una base naval también ilegítima: Sami Al-Haj, reportero de la agencia Al-Jazira nacido en Sudán y detenido por soldados norteamericanos en Afganistán, en enero de 2001, quien nunca ha sido sometido siquiera a un proceso, al igual que el resto de los prisioneros de ese lugar, y en enero se declaró en huelga de hambre. Su abogado británico Stafford Smith, quien lo visitó en julio de 2007, dijo que se encontraba en pésimas condiciones de salud, había perdido 18 kilos y sólo quería morir.
Nómina de periodistas asesinados en 2007
Brasil: Luis Carlos Borbón Filho, muerto el 5/5/07
El Salvador: Salvador Sánchez Roque, tiroteado el 20/9/07 en Soyapango.
Guatemala: Mario Rolando López, tiroteado el 3/5/07 en Ciudad de Guatemala, y Alejandro Castañeda Martínez, reportero gráfico, caído también en la capital guatemalteca el 5/7/07
Haití: Jean-Remy Badio, tiroteado el 19/1/07 en Puerto Príncipe, y Francois Latour, secuestrado y muerto el 25/7/07
Honduras: Carlos Salgado, 18 de octubre.
México: Rodolfo Rincón Tarracena, desaparecido en Tabasco el 20/1/07; Amado Ramírez, el 6/4/07 en Guerrero, tiroteado; Saúl Martínez Ortega, cuyo cadáver se encontró el 23/4/07 en Agua Prieta (Sonora); Oscar Rivera Izunza, el 5/9/07 en Culiacán; Mario R. López, el 3/5/07, periodista de Radio Sonora. Además, perecieron en México Andrés Ramírez, Carlos Ballesteros y David Herrera mientras cubrían una explosión el 11 de septiembre.
Paraguay: Tito Palma Godoy, de nacionalidad chilena, el 22/8/07, acribillado.
Perú: Miguel Pérez de Julia, el 17/3/07 en Jaén, provincia de Catamarca, y Hugo Bustíos, acribillado en Huantla.
Venezuela: Nelson Álvarez Narváez, el 19/5/07, tiroteado en Maracay ( Fuente:Ifex).
Historial de muerte
En 2006 mataron a 30 periodistas en 8 países de la región, pero 12 muertes ocurrieron en México. Según la CIAP, "en América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo". El año pasado también se renovaron los atentados de diverso tipo como la detención en Bogotá de Freddy Muñoz, corresponsal del canal televisión multinacional "Telesur", imputándosele "los delitos de rebelión y terrorismo", pero luego se comprobaría que aquello fue sólo un fracasado propósito de intimidar al periodismo independiente que practica "Telesur".
En 2005 murieron violentamente 17 periodistas en América Latina y el Caribe, lo que significó más de la cuarta parte de los 63 periodistas que ese año murieron asesinados en todo el mundo. En el año 2004, uno de los más trágicos para el periodismo, murieron 20 periodistas de América Latina y el Caribe sobre un total de 117 asesinados en todos los continentes, superándose la cifra de 83 caídos en 2003 y acercándose al número récord de 154 registrado en 1994, señaló el informe de la CIAP. También en 2004, con 5 periodistas asesinados, México desplazó a Colombia (con tres) como el país más afectado en ese peligroso terreno.
Rebelión
Con el asesinato de Carlos Salgado, de la emisora Radio Cadena Voces de Tegucigalpa, Honduras, asciende a 20 el total de periodistas muertos en Latinoamérica y el Caribe durante el año en curso. El reportero fue baleado al salir de la emisora el 18 de octubre.
También en Honduras fueron amenazados de muerte los periodistas radiales Geovanny García y Martín Ramírez. El Presidente de ese país, Manuel Zelaya Rosales, mantiene una agria disputa con los medios informativos argumentando que no difunden adecuadamente su obra de gobierno.
Según el informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) ante el X Congreso de la Federación Latinoamericano de Periodistas (Felap), efectuado en Villa Gessel, Argentina, a comienzos de octubre, 19 periodistas habían muerto en 9 países de la región, 16 asesinados y tres durante la cobertura de un gran incendio en México. Entre las víctimas de asesinato se incluyó al estadounidense Chaucey Bailey, acribillado el 2 de agosto en una calle de Oakland, California.
Morir por la noticia
El lunes 15 de octubre fue asesinado en Iraq el periodista Dhi Abdel-Razak al-Dibo, de 32 años, victimado en la ciudad petrolera de Kirkuk, a 180 kilómetros de Bagdad, mientras el domingo 14 habían muerto al corresponsal iraquí del Washington Post, Salih Saif Aldin, también de 32 años. Desde que comenzó la invasión de EEUU a Iraq, en marzo de 2003, han muerto asesinados 205 periodistas.
Según la UNESCO, en los últimos 10 años han muerto más de 1.200 periodistas, la mayoría en zonas de conflicto, aunque las mafias de la corrupción y los tráficos ilícitos también matan en países que no están en guerra. "En lo que va de año, ya han fallecido 130 periodistas, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas", dijo un comunicado de la organización.
También hay un periodista ilegalmente preso en Guantánamo, Cuba, donde el gobierno de EEUU posee una base naval también ilegítima: Sami Al-Haj, reportero de la agencia Al-Jazira nacido en Sudán y detenido por soldados norteamericanos en Afganistán, en enero de 2001, quien nunca ha sido sometido siquiera a un proceso, al igual que el resto de los prisioneros de ese lugar, y en enero se declaró en huelga de hambre. Su abogado británico Stafford Smith, quien lo visitó en julio de 2007, dijo que se encontraba en pésimas condiciones de salud, había perdido 18 kilos y sólo quería morir.
Nómina de periodistas asesinados en 2007
Brasil: Luis Carlos Borbón Filho, muerto el 5/5/07
El Salvador: Salvador Sánchez Roque, tiroteado el 20/9/07 en Soyapango.
Guatemala: Mario Rolando López, tiroteado el 3/5/07 en Ciudad de Guatemala, y Alejandro Castañeda Martínez, reportero gráfico, caído también en la capital guatemalteca el 5/7/07
Haití: Jean-Remy Badio, tiroteado el 19/1/07 en Puerto Príncipe, y Francois Latour, secuestrado y muerto el 25/7/07
Honduras: Carlos Salgado, 18 de octubre.
México: Rodolfo Rincón Tarracena, desaparecido en Tabasco el 20/1/07; Amado Ramírez, el 6/4/07 en Guerrero, tiroteado; Saúl Martínez Ortega, cuyo cadáver se encontró el 23/4/07 en Agua Prieta (Sonora); Oscar Rivera Izunza, el 5/9/07 en Culiacán; Mario R. López, el 3/5/07, periodista de Radio Sonora. Además, perecieron en México Andrés Ramírez, Carlos Ballesteros y David Herrera mientras cubrían una explosión el 11 de septiembre.
Paraguay: Tito Palma Godoy, de nacionalidad chilena, el 22/8/07, acribillado.
Perú: Miguel Pérez de Julia, el 17/3/07 en Jaén, provincia de Catamarca, y Hugo Bustíos, acribillado en Huantla.
Venezuela: Nelson Álvarez Narváez, el 19/5/07, tiroteado en Maracay ( Fuente:Ifex).
Historial de muerte
En 2006 mataron a 30 periodistas en 8 países de la región, pero 12 muertes ocurrieron en México. Según la CIAP, "en América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo". El año pasado también se renovaron los atentados de diverso tipo como la detención en Bogotá de Freddy Muñoz, corresponsal del canal televisión multinacional "Telesur", imputándosele "los delitos de rebelión y terrorismo", pero luego se comprobaría que aquello fue sólo un fracasado propósito de intimidar al periodismo independiente que practica "Telesur".
En 2005 murieron violentamente 17 periodistas en América Latina y el Caribe, lo que significó más de la cuarta parte de los 63 periodistas que ese año murieron asesinados en todo el mundo. En el año 2004, uno de los más trágicos para el periodismo, murieron 20 periodistas de América Latina y el Caribe sobre un total de 117 asesinados en todos los continentes, superándose la cifra de 83 caídos en 2003 y acercándose al número récord de 154 registrado en 1994, señaló el informe de la CIAP. También en 2004, con 5 periodistas asesinados, México desplazó a Colombia (con tres) como el país más afectado en ese peligroso terreno.
La gran hipocresía
El Imperio se premia con el Nobel a sí mismo
Ricardo Luis Mascheroni
Rebanadas de Realidad
"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", el título de esta nota bien podría haber sido esta estrofa de la canción "Pedro Navaja" de Rubén Blades, "El Imperio se premia a si mismo", o "Crónica de un Premio Anunciado", pero al final opté por el que figura en el epígrafe, por ser el más claro y gráfico sobre lo que quiero expresar.
En estos días y reflejado por la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo, se ha conocido una de las mayores estafas perpetuada contra la credibilidad pública a escala global. La entrega del NOBEL de la Paz al ex vicepresidente de los EE.UU, AL GORE, sólo comparable a uno similar, otorgado a Henry Kissinger en el año 1973, mientras todavía caían las bombas sobre Viet-Nam. Pero en la realización de la maniobra que culmina con tamaña distinción, el premiado no ha actuado solo, sino que ha contado con la inestimable colaboración de expertos en manipular la información, grupos industriales, multinacionales de las semillas y petroleros que pintan de verde su imagen a la par que crece la inducida popularidad de su mascarón de proa. Un penalista amigo diría: casi una asociación ilícita.
Con su prédica el ex funcionario norteamericano ha dejado bien claro que todos somos responsables del mayor problema ambiental que como Espada de Damocles se erige sobre el futuro planetario, cual es el cambio climático y que todos los Gobiernos (los pueblos) deben hacer mayores sacrificios en beneficio de la Tierra. Bien sabido es que, cuando todos son responsables, como en el caso de Fuenteovejuna o el Gran Bonete, nadie es responsable y así se pone en un pié de igualdad a las víctimas con los victimarios. Los verdaderos responsables del descalabro mundial deben haber destapado su mejor champán para festejar tan brillante ocurrencia de su galardonado.
Quienes se han favorecido con la fagocitación de los recursos globales, hoy le vienen a decir a los pueblos que han padecido hambre y carencias por siglos, que deben hacer nuevos esfuerzos y sacrificios en función de la salvaguarda del Planeta, eso si, sin renunciar a sus conductas hiperconsumistas, sus fabulosas ganancias y el despilfarro de los menguados elementos del ambiente.
El petrolero AL GORE (dueño de Occidental Petroleum), no conforme con esta prédica perversa, coincide además con Bush, Repsol, Cargill y muchos otros gurúes, haciendo causa común en la defensa, promoción e incremento de la producción de biocombustibles. Producción mayoritariamente sustentada en semillas transgénicas, agroquímicos altamente tóxicos, destrucción de selvas, montes y bosques nativos y exclusión de amplios sectores rurales, que terminan como asilados ambientales en la villas miserias de las ciudades de todo el mundo. Apostando todas sus fichas a la consolidación de este nuevo paradigma productivo, como sustento de sus políticas hiperconsumistas, de las cuales no reniegan.
Silencian el hecho de que si todos los habitantes de la Tierra consumieran como los norteamericanos, se necesitarían casi seis planetas para satisfacer las necesidades del conjunto. Quizás habría que preguntarle a los varios de cientos de millones de africanos, que hoy en día, han visto perder sus viviendas por las mayores inundaciones jamás ocurridas en ese continente, y no registradas por la prensa mundial, qué opinan del galardón y si deben o no hacer mayores esfuerzos para combatir el cambio climático que no generaron, pero que lo padecen.
Otro de los nominados para este premio era el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, el que en la última reunión de la ONU expresara: "El mundo tiene fiebre por el cambio climático y la enfermedad se llama modelo de desarrollo capitalista" "Ante este futuro sombrío, los intereses transnacionales proponen seguir como antes y pintar la máquina de verde, es decir, seguir con el crecimiento y el consumismo irracional y desigual generando más y más ganancias sin darse cuenta de que actualmente estamos consumiendo en un año lo que el planeta produce en un año y tres meses. Ante esta realidad, la solución no puede ser el maquillaje ambiental." Al Gore es parte y abanderado del mundo que denuncia Evo Morales, por ello a quién cree que le iban a dar el premio, como efectivamente ocurrió.
Pese a que dicen que el delito tiene las patas cortas, una nueva gran estafa se ha consumado en el mundo y las víctimas son siempre las mismas.
(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Dentro de los premios Nobel, los otorgados a Kissinger, a Gore y a Watson, por mencionar los más controvertidos son prueba de que ningún comité se salva de la manipulación que ejercen los dueños del dinero y del aspecto reaccionario de todas las elites. Qué bien hizo Jean Paul Sartre en rechazarlo.
Ricardo Luis Mascheroni
Rebanadas de Realidad
"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", el título de esta nota bien podría haber sido esta estrofa de la canción "Pedro Navaja" de Rubén Blades, "El Imperio se premia a si mismo", o "Crónica de un Premio Anunciado", pero al final opté por el que figura en el epígrafe, por ser el más claro y gráfico sobre lo que quiero expresar.
En estos días y reflejado por la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo, se ha conocido una de las mayores estafas perpetuada contra la credibilidad pública a escala global. La entrega del NOBEL de la Paz al ex vicepresidente de los EE.UU, AL GORE, sólo comparable a uno similar, otorgado a Henry Kissinger en el año 1973, mientras todavía caían las bombas sobre Viet-Nam. Pero en la realización de la maniobra que culmina con tamaña distinción, el premiado no ha actuado solo, sino que ha contado con la inestimable colaboración de expertos en manipular la información, grupos industriales, multinacionales de las semillas y petroleros que pintan de verde su imagen a la par que crece la inducida popularidad de su mascarón de proa. Un penalista amigo diría: casi una asociación ilícita.
Con su prédica el ex funcionario norteamericano ha dejado bien claro que todos somos responsables del mayor problema ambiental que como Espada de Damocles se erige sobre el futuro planetario, cual es el cambio climático y que todos los Gobiernos (los pueblos) deben hacer mayores sacrificios en beneficio de la Tierra. Bien sabido es que, cuando todos son responsables, como en el caso de Fuenteovejuna o el Gran Bonete, nadie es responsable y así se pone en un pié de igualdad a las víctimas con los victimarios. Los verdaderos responsables del descalabro mundial deben haber destapado su mejor champán para festejar tan brillante ocurrencia de su galardonado.
Quienes se han favorecido con la fagocitación de los recursos globales, hoy le vienen a decir a los pueblos que han padecido hambre y carencias por siglos, que deben hacer nuevos esfuerzos y sacrificios en función de la salvaguarda del Planeta, eso si, sin renunciar a sus conductas hiperconsumistas, sus fabulosas ganancias y el despilfarro de los menguados elementos del ambiente.
El petrolero AL GORE (dueño de Occidental Petroleum), no conforme con esta prédica perversa, coincide además con Bush, Repsol, Cargill y muchos otros gurúes, haciendo causa común en la defensa, promoción e incremento de la producción de biocombustibles. Producción mayoritariamente sustentada en semillas transgénicas, agroquímicos altamente tóxicos, destrucción de selvas, montes y bosques nativos y exclusión de amplios sectores rurales, que terminan como asilados ambientales en la villas miserias de las ciudades de todo el mundo. Apostando todas sus fichas a la consolidación de este nuevo paradigma productivo, como sustento de sus políticas hiperconsumistas, de las cuales no reniegan.
Silencian el hecho de que si todos los habitantes de la Tierra consumieran como los norteamericanos, se necesitarían casi seis planetas para satisfacer las necesidades del conjunto. Quizás habría que preguntarle a los varios de cientos de millones de africanos, que hoy en día, han visto perder sus viviendas por las mayores inundaciones jamás ocurridas en ese continente, y no registradas por la prensa mundial, qué opinan del galardón y si deben o no hacer mayores esfuerzos para combatir el cambio climático que no generaron, pero que lo padecen.
Otro de los nominados para este premio era el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, el que en la última reunión de la ONU expresara: "El mundo tiene fiebre por el cambio climático y la enfermedad se llama modelo de desarrollo capitalista" "Ante este futuro sombrío, los intereses transnacionales proponen seguir como antes y pintar la máquina de verde, es decir, seguir con el crecimiento y el consumismo irracional y desigual generando más y más ganancias sin darse cuenta de que actualmente estamos consumiendo en un año lo que el planeta produce en un año y tres meses. Ante esta realidad, la solución no puede ser el maquillaje ambiental." Al Gore es parte y abanderado del mundo que denuncia Evo Morales, por ello a quién cree que le iban a dar el premio, como efectivamente ocurrió.
Pese a que dicen que el delito tiene las patas cortas, una nueva gran estafa se ha consumado en el mundo y las víctimas son siempre las mismas.
(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Dentro de los premios Nobel, los otorgados a Kissinger, a Gore y a Watson, por mencionar los más controvertidos son prueba de que ningún comité se salva de la manipulación que ejercen los dueños del dinero y del aspecto reaccionario de todas las elites. Qué bien hizo Jean Paul Sartre en rechazarlo.
Los crímenes de la Syngenta Seeds: fuera de Brasil
Secretaría Nacional del MST
MST Informa
Estimado amigos y amigas del MST:
En esta edición especial, compartimos la lucha de Vía Campesina contra la transnacional Syngenta Seeds de Suiza y denunciamos los crímenes que esta empresa viene cometiendo contra el pueblo y en territorio brasileño:
1. CRIMEN DE EJECUCIÓN SUMARIA CONTRA LA VIDA DE LOS BRASILEÑOS:
El domingo 21 de octubre, a eso de las 13h30, luego de la reocupación de un área que fue tomada al inicio de la mañana de ese mismo día, más de 40 pistoleros fuertemente armados, pertenecientes a una milicia que actúa bajo la fachada de la empresa NF Seguridad, invadieron el Campamento Tierra Libre, en el sector de los experimentos de transgénicos y ejecutaron a quema ropa al compañero Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
También hirieron a: Gentil Couto Viera, Jonas Gomes de Queiroz, Domingos Barretos, Izabel Nascimento de Souza y Hudson Cardin, quien fueron trasladados a los hospitales de la región. Izabel, que quedó en estado de coma, ya está fuera peligro, pero desgraciadamente perdió la visión de un ojo, debido a un disparo. Este es un episodio más que causa indignación. Keno era uno de os cientos de militantes de Vía Campesina, que hace más de un año denunciaron en Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta.
La tragedia, que acabó con la vida de un joven militante y padre de familia, de 34 años, sorprendió a los defensores de la Reforma Agraria en todo el mundo y entró en la indignante estadística de las ejecuciones sumarias ocurridas en la historia de los conflictos de tierras en Brasil. Este no es el primer caso de asesinato de un Sin Tierra ocurrido en el estado, al contrario, Paraná es uno de los estados brasileños con mayor índice de violencia contra trabajadores rurales Sin Tierra.
En el 2006 se registraron 76 casos de conflictos de tierras en Paraná. Entre 1994 y 2002 ocurrieron 16 asesinatos de trabajadores rurales Sin Tierra; 31 trabajadores fueron víctimas de atentados; 47 fueron amenazados de muerte; siete fueron víctimas de tortura y 324 quedaron heridos. No hubo castigo para los autores intelectuales y materiales de los crímenes.
El propio Keno y otros dos integrantes del MST, Celso Ribeiro Barbosa y Célia Lourenço, ya habían sido amenazados de muerte, como consta en el Boletín de Ocurrencia del 28 de marzo de este año. Por varias ocasiones, miembros de la seguridad de Syngenta entraron en el asentamiento Olga Benário, ubicado al lado de la hacienda experimental, disparando para intimidar a las familias que allí viven.
En cada región del estado, grupos de hacendados se organizan para reprimir con violencia cualquier intento de Reforma Agraria. En la región Noroeste, existe la Unión Democrática Rural (UDR), presente también en otras regiones del país; en la región Centro-Oeste se creó el Primer Comando Rural (PCR); en la región Oeste, existe la Sociedad Rural del Oeste (SRO), liderada por el latifundista Alessandro Meneghel, el mismo que, en abril, creó el Movimiento de los Productores Rurales (MPR). Los objetivos son: formar grupos paramilitares fuertemente armados para asesinar campesinos y desmovilizar la lucha de los movimientos sociales.
2 – CRÍMENES AMBIENTALES DE LA SYNGENTA:
En 2006, la transnacional Syngenta Seeds cultivó experimentalmente semillas transgénicas, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú, lo cual estaba prohibido por la Ley de Bioseguridad. Los experimentos transgénicos debían respetar una distancia de 10 km desde l los arques y unidades de conservación; los cultivos transgénicos de la empresa estaban a 6 km del parque. La transnacional fue multada con 1 millón de reales, por el IBAMA, por no cumplir la Ley de Bioseguridad, pero nunca pagó la deuda. La Syngenta Seeds utiliza la reserva de la Mata Atlántica, contaminando la biodiversidad y produciendo contaminantes que atacan el medioambiente y a los seres humanos.
3 – UNA BREVE HISTORIA:
En noviembre de 2006 el área fue expropiada mediante el decreto N° 7487 emitido por el gobernador Roberto Requião (PMDB) siendo destinada a la construcción de un Centro Paranaense de Referencia en Agroecologia, que debía hacer investigaciones y producción agroecológicas, para el abastecimiento del mercado nacional.
La transnacional, sin embargo, consiguió, mediante providencias en la Justicia, la suspensión del decreto de expropiación y el derecho de reintegración del área (de 127 hectáreas), que había sido ocupada –por primera vez– por 70 familias de la Vía Campesina, el 14 de marzo de 2006.
4 – EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL:
I – Exigimos respeto a la soberanía nacional. Queremos que la Syngenta retorne a su país de origen: Suiza.
II – Exigimos el derecho garantizado en la Constitución brasileña: trabajar en la tierra y producir alimentos saludables, sin herbicidas y sin transgénicos;
III – Castigo para los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Keno y de todos los trabajadores asesinados;
IV – Desarme inmediato de las falsas empresas de seguridad, contratadas y pagadas por la Syngenta y relacionadas al agronegocio;
V – Expropiación inmediata del área por crimen ambiental y asesinato, cometidos por la Syngenta;
VI – Garantía de seguridad y protección de las vidas de los dirigentes Celso y Célia, y de todos los trabajadores de Vía Campesina en la región. No queremos más sangre en tierras brasileñas;
VII – Que Syngenta pague la deuda de R$ 1 millón de reales a las arcas públicas, por daños ambientales en el estado de Paraná.
VIII – Los campesinos siguen en la lucha para que el ilegal campo de experimentos de la Syngenta sea transformado en Centro de Agroecologia y reproducción de semillas criollas para la agricultura familiar y la Reforma Agraria.
La desidia de las autoridades públicas, del Estado y del poder judicial para castigar a los responsables de los asesinatos de los Sin Tierra, posibilita que los asesinos de Keno, Sebastião, Elias Meura, Anghinoni, Garibaldi, y de tantos otras víctimas de las masacres de Camarazal (PE), Eldorado de Carajás (PA) y Felisburgo (MG), permanezcan libres, impunes y repitiendo la historia de muertes en el campo.
Agradecemos la solidaridad recibida de Brasil y de todos los continentes.
El compromiso y la lucha continúan con el dolor de la sangre derramada.
Reforma Agraria: Por Justicia Social y Soberanía Popular!
(Traducción Minga Informativa)
MST Informa
Estimado amigos y amigas del MST:
En esta edición especial, compartimos la lucha de Vía Campesina contra la transnacional Syngenta Seeds de Suiza y denunciamos los crímenes que esta empresa viene cometiendo contra el pueblo y en territorio brasileño:
1. CRIMEN DE EJECUCIÓN SUMARIA CONTRA LA VIDA DE LOS BRASILEÑOS:
El domingo 21 de octubre, a eso de las 13h30, luego de la reocupación de un área que fue tomada al inicio de la mañana de ese mismo día, más de 40 pistoleros fuertemente armados, pertenecientes a una milicia que actúa bajo la fachada de la empresa NF Seguridad, invadieron el Campamento Tierra Libre, en el sector de los experimentos de transgénicos y ejecutaron a quema ropa al compañero Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
También hirieron a: Gentil Couto Viera, Jonas Gomes de Queiroz, Domingos Barretos, Izabel Nascimento de Souza y Hudson Cardin, quien fueron trasladados a los hospitales de la región. Izabel, que quedó en estado de coma, ya está fuera peligro, pero desgraciadamente perdió la visión de un ojo, debido a un disparo. Este es un episodio más que causa indignación. Keno era uno de os cientos de militantes de Vía Campesina, que hace más de un año denunciaron en Brasil y el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta.
La tragedia, que acabó con la vida de un joven militante y padre de familia, de 34 años, sorprendió a los defensores de la Reforma Agraria en todo el mundo y entró en la indignante estadística de las ejecuciones sumarias ocurridas en la historia de los conflictos de tierras en Brasil. Este no es el primer caso de asesinato de un Sin Tierra ocurrido en el estado, al contrario, Paraná es uno de los estados brasileños con mayor índice de violencia contra trabajadores rurales Sin Tierra.
En el 2006 se registraron 76 casos de conflictos de tierras en Paraná. Entre 1994 y 2002 ocurrieron 16 asesinatos de trabajadores rurales Sin Tierra; 31 trabajadores fueron víctimas de atentados; 47 fueron amenazados de muerte; siete fueron víctimas de tortura y 324 quedaron heridos. No hubo castigo para los autores intelectuales y materiales de los crímenes.
El propio Keno y otros dos integrantes del MST, Celso Ribeiro Barbosa y Célia Lourenço, ya habían sido amenazados de muerte, como consta en el Boletín de Ocurrencia del 28 de marzo de este año. Por varias ocasiones, miembros de la seguridad de Syngenta entraron en el asentamiento Olga Benário, ubicado al lado de la hacienda experimental, disparando para intimidar a las familias que allí viven.
En cada región del estado, grupos de hacendados se organizan para reprimir con violencia cualquier intento de Reforma Agraria. En la región Noroeste, existe la Unión Democrática Rural (UDR), presente también en otras regiones del país; en la región Centro-Oeste se creó el Primer Comando Rural (PCR); en la región Oeste, existe la Sociedad Rural del Oeste (SRO), liderada por el latifundista Alessandro Meneghel, el mismo que, en abril, creó el Movimiento de los Productores Rurales (MPR). Los objetivos son: formar grupos paramilitares fuertemente armados para asesinar campesinos y desmovilizar la lucha de los movimientos sociales.
2 – CRÍMENES AMBIENTALES DE LA SYNGENTA:
En 2006, la transnacional Syngenta Seeds cultivó experimentalmente semillas transgénicas, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú, lo cual estaba prohibido por la Ley de Bioseguridad. Los experimentos transgénicos debían respetar una distancia de 10 km desde l los arques y unidades de conservación; los cultivos transgénicos de la empresa estaban a 6 km del parque. La transnacional fue multada con 1 millón de reales, por el IBAMA, por no cumplir la Ley de Bioseguridad, pero nunca pagó la deuda. La Syngenta Seeds utiliza la reserva de la Mata Atlántica, contaminando la biodiversidad y produciendo contaminantes que atacan el medioambiente y a los seres humanos.
3 – UNA BREVE HISTORIA:
En noviembre de 2006 el área fue expropiada mediante el decreto N° 7487 emitido por el gobernador Roberto Requião (PMDB) siendo destinada a la construcción de un Centro Paranaense de Referencia en Agroecologia, que debía hacer investigaciones y producción agroecológicas, para el abastecimiento del mercado nacional.
La transnacional, sin embargo, consiguió, mediante providencias en la Justicia, la suspensión del decreto de expropiación y el derecho de reintegración del área (de 127 hectáreas), que había sido ocupada –por primera vez– por 70 familias de la Vía Campesina, el 14 de marzo de 2006.
4 – EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL:
I – Exigimos respeto a la soberanía nacional. Queremos que la Syngenta retorne a su país de origen: Suiza.
II – Exigimos el derecho garantizado en la Constitución brasileña: trabajar en la tierra y producir alimentos saludables, sin herbicidas y sin transgénicos;
III – Castigo para los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Keno y de todos los trabajadores asesinados;
IV – Desarme inmediato de las falsas empresas de seguridad, contratadas y pagadas por la Syngenta y relacionadas al agronegocio;
V – Expropiación inmediata del área por crimen ambiental y asesinato, cometidos por la Syngenta;
VI – Garantía de seguridad y protección de las vidas de los dirigentes Celso y Célia, y de todos los trabajadores de Vía Campesina en la región. No queremos más sangre en tierras brasileñas;
VII – Que Syngenta pague la deuda de R$ 1 millón de reales a las arcas públicas, por daños ambientales en el estado de Paraná.
VIII – Los campesinos siguen en la lucha para que el ilegal campo de experimentos de la Syngenta sea transformado en Centro de Agroecologia y reproducción de semillas criollas para la agricultura familiar y la Reforma Agraria.
La desidia de las autoridades públicas, del Estado y del poder judicial para castigar a los responsables de los asesinatos de los Sin Tierra, posibilita que los asesinos de Keno, Sebastião, Elias Meura, Anghinoni, Garibaldi, y de tantos otras víctimas de las masacres de Camarazal (PE), Eldorado de Carajás (PA) y Felisburgo (MG), permanezcan libres, impunes y repitiendo la historia de muertes en el campo.
Agradecemos la solidaridad recibida de Brasil y de todos los continentes.
El compromiso y la lucha continúan con el dolor de la sangre derramada.
Reforma Agraria: Por Justicia Social y Soberanía Popular!
(Traducción Minga Informativa)
EEUU contra Cuba y contra el mundo
A tres días de la votación de la resolución contra el bloqueo en la ONU
Pascual Serrano
Público
El próximo 30 de octubre la Asamblea General de la ONU votará una resolución presentada por Cuba exigiéndole a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla. Un bloqueo cuyo objetivo, según un memorándum de 1960 desclasificado en el año 1991, es “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno” cubano. Han pasado 47 años desde que se inició ese bloqueo y a pesar de que la guerra fría terminó y que Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos, las legislaciones destinadas a acosar a los cubanos no dejan de recrudecerse, hasta el punto de suponer una constante violación de las leyes internacionales, en especial del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención del Delito de Genocidio; incluso puede considerarse un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909. Los informes económicos elaborados por Cuba muestran que el daño económico del bloqueo le ha costado al pueblo cubano 89.000 millones de dólares en el casi medio siglo que perdura.
El bloqueo bajo el Gobierno de Bush ha llegado hasta niveles tan paranoicos que incluye acciones penales contra hoteles estadounidenses que alojen ciudadanos cubanos en cualquier país del mundo, o contra ciudadanos estadounidenses que compren o consuman un producto cubano aunque sea en un tercer país. Pero, además, es tan inhumano que entre sus medidas está la de prohibir que se vendan a Cuba, por ejemplo, equipos y materiales sanitarios necesarios para tratar patologías oftalmológicas en ancianos, anestésicos inhalatorios para niños o válvulas cardiacas pediátricas. Son frecuentes las negativas a conceder visados a académicos cubanos para asistir a encuentros internacionales de carácter profesional en Estados Unidos, e incluso a los estadounidenses para encuentros similares en Cuba. Es el caso del cineasta Michael Moore, investigado por viajar en marzo para el rodaje de su último documental, Sicko. El recién creado Grupo de Trabajo para la Aplicación de Sanciones a Cuba ha establecido sanciones de hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para las empresas y hasta 250.000 a las personas que infrinjan las leyes del bloqueo, es decir, que comercien o viajen a Cuba. Así, el Departamento del Tesoro ha multado a la Alianza de Iglesias Bautistas con 34.000 dólares porque algunos de sus miembros viajaron a la isla el pasado año. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido incluso enviar un pequeño paquete postal a la isla.
El férreo control que establece el Departamento del Tesoro norteamericano llega incluso a impedir que Cuba pueda cumplir con sus pagos a las instituciones internacionales de las que forma parte, incluidas a las propias Naciones Unidas.
Con su política de pillaje contra Cuba, la Administración Bush se ha apropiado de las marcas de puros cubanos Cohiba y de ron Havana Club, la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU ha entregado esas firmas a productores estadounidenses. De esta forma, en una absurda situación comercial, lo legal en Estados Unidos es fumar puros Cohiba que no sean cubanos y beber ron Havana Club que tampoco lo sea, y lo ilegal y motivo de sanción es consumir las auténticas marcas originales de Cuba. La obsesión estadounidense ha llevado a comprar empresas españolas de turismo como la compañía de cruceros Pullmantur o el grupo Iberostar, con el objetivo de poder eliminar las relaciones comerciales de esas firmas con Cuba y despedir a los cubanos que trabajan para ellas (230). El final de la propiedad española de Pullmantur ha supuesto que 12.300 turistas no puedan viajar a Cuba y unas pérdidas para la isla de 16.890.000 dólares.
En contra de lo que se pudiera pensar, el bloqueo ha dejado de ser una disposición circunscrita a Estados Unidos y Cuba, para convertirse en una legislación de aplicación internacional en la medida en que toda empresa del mundo, incluidas por supuesto las españolas, es sancionada por la Administración Bush si comercia con Cuba. Cualquiera de nuestras empresas que mantenga relación comercial con Cuba es vetada por Estados Unidos, sus directivos pueden ser procesados en ese país si entre los productos que venden se incluye algún elemento de origen norteamericano y sus fletes no pueden pasar por suelo, aguas o espacio aéreo estadounidense. Hasta tal punto afecta a la comunidad internacional que Estados Unidos ha impedido a Cuba suministrar a Unicef la vacuna para la hepatitis B que permitía inmunizar a niños y niñas de todo el mundo.
El Gobierno cubano ha llevado anualmente a la Asamblea de la ONU su resolución pidiendo el fin del bloqueo desde 1992, donde ha contado con un abrumador apoyo de la comunidad internacional, que ha ido creciendo cada año hasta conseguir en 2006 el voto de 183 países y sólo cuatro en contra. Un resultado que muestra dos cosas. Por un lado la soledad de Estados Unidos en su política contra Cuba, pero también su sordera y desprecio a la institución internacional que más representa a todos los países del planeta.
El próximo 30 de octubre, España junto con el resto de Europa y la práctica totalidad de la comunidad internacional deberá decirle a Estados Unidos que Cuba es un país soberano, que tiene derecho a decidir su futuro y que con su bloqueo muestra una vez más que la Administración Bush es el más vivo ejemplo del desprecio al mundo y atropello a la convivencia entre las naciones. La capacidad de los cubanos de sobrellevar las condiciones impuestas por el bloqueo sin que haya surgido en casi 50 años la supuesta explosión social que en el país del Norte preveían muestra mejor que cualquier convocatoria electoral estadounidense dominada por el dinero y la corrupción que los cubanos desean seguir siendo dueños de su futuro y no renunciar a los logros de su revolución.
Que el injusto bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos haya durado 50 años es la muestra de que el imperio yanqui impone sus criterios de acuerdo con sus rapaces intereses sin que el mundo pueda evitarlo y de que la ONU es un institución ineficaz que vale para una chingada. El bloqueo a Cuba es una vergüenza mundial, por una parte, y por otra, ejemplo de dignidad de un pueblo heroico.
Pascual Serrano
Público
El próximo 30 de octubre la Asamblea General de la ONU votará una resolución presentada por Cuba exigiéndole a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla. Un bloqueo cuyo objetivo, según un memorándum de 1960 desclasificado en el año 1991, es “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno” cubano. Han pasado 47 años desde que se inició ese bloqueo y a pesar de que la guerra fría terminó y que Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos, las legislaciones destinadas a acosar a los cubanos no dejan de recrudecerse, hasta el punto de suponer una constante violación de las leyes internacionales, en especial del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención del Delito de Genocidio; incluso puede considerarse un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909. Los informes económicos elaborados por Cuba muestran que el daño económico del bloqueo le ha costado al pueblo cubano 89.000 millones de dólares en el casi medio siglo que perdura.
El bloqueo bajo el Gobierno de Bush ha llegado hasta niveles tan paranoicos que incluye acciones penales contra hoteles estadounidenses que alojen ciudadanos cubanos en cualquier país del mundo, o contra ciudadanos estadounidenses que compren o consuman un producto cubano aunque sea en un tercer país. Pero, además, es tan inhumano que entre sus medidas está la de prohibir que se vendan a Cuba, por ejemplo, equipos y materiales sanitarios necesarios para tratar patologías oftalmológicas en ancianos, anestésicos inhalatorios para niños o válvulas cardiacas pediátricas. Son frecuentes las negativas a conceder visados a académicos cubanos para asistir a encuentros internacionales de carácter profesional en Estados Unidos, e incluso a los estadounidenses para encuentros similares en Cuba. Es el caso del cineasta Michael Moore, investigado por viajar en marzo para el rodaje de su último documental, Sicko. El recién creado Grupo de Trabajo para la Aplicación de Sanciones a Cuba ha establecido sanciones de hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para las empresas y hasta 250.000 a las personas que infrinjan las leyes del bloqueo, es decir, que comercien o viajen a Cuba. Así, el Departamento del Tesoro ha multado a la Alianza de Iglesias Bautistas con 34.000 dólares porque algunos de sus miembros viajaron a la isla el pasado año. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido incluso enviar un pequeño paquete postal a la isla.
El férreo control que establece el Departamento del Tesoro norteamericano llega incluso a impedir que Cuba pueda cumplir con sus pagos a las instituciones internacionales de las que forma parte, incluidas a las propias Naciones Unidas.
Con su política de pillaje contra Cuba, la Administración Bush se ha apropiado de las marcas de puros cubanos Cohiba y de ron Havana Club, la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU ha entregado esas firmas a productores estadounidenses. De esta forma, en una absurda situación comercial, lo legal en Estados Unidos es fumar puros Cohiba que no sean cubanos y beber ron Havana Club que tampoco lo sea, y lo ilegal y motivo de sanción es consumir las auténticas marcas originales de Cuba. La obsesión estadounidense ha llevado a comprar empresas españolas de turismo como la compañía de cruceros Pullmantur o el grupo Iberostar, con el objetivo de poder eliminar las relaciones comerciales de esas firmas con Cuba y despedir a los cubanos que trabajan para ellas (230). El final de la propiedad española de Pullmantur ha supuesto que 12.300 turistas no puedan viajar a Cuba y unas pérdidas para la isla de 16.890.000 dólares.
En contra de lo que se pudiera pensar, el bloqueo ha dejado de ser una disposición circunscrita a Estados Unidos y Cuba, para convertirse en una legislación de aplicación internacional en la medida en que toda empresa del mundo, incluidas por supuesto las españolas, es sancionada por la Administración Bush si comercia con Cuba. Cualquiera de nuestras empresas que mantenga relación comercial con Cuba es vetada por Estados Unidos, sus directivos pueden ser procesados en ese país si entre los productos que venden se incluye algún elemento de origen norteamericano y sus fletes no pueden pasar por suelo, aguas o espacio aéreo estadounidense. Hasta tal punto afecta a la comunidad internacional que Estados Unidos ha impedido a Cuba suministrar a Unicef la vacuna para la hepatitis B que permitía inmunizar a niños y niñas de todo el mundo.
El Gobierno cubano ha llevado anualmente a la Asamblea de la ONU su resolución pidiendo el fin del bloqueo desde 1992, donde ha contado con un abrumador apoyo de la comunidad internacional, que ha ido creciendo cada año hasta conseguir en 2006 el voto de 183 países y sólo cuatro en contra. Un resultado que muestra dos cosas. Por un lado la soledad de Estados Unidos en su política contra Cuba, pero también su sordera y desprecio a la institución internacional que más representa a todos los países del planeta.
El próximo 30 de octubre, España junto con el resto de Europa y la práctica totalidad de la comunidad internacional deberá decirle a Estados Unidos que Cuba es un país soberano, que tiene derecho a decidir su futuro y que con su bloqueo muestra una vez más que la Administración Bush es el más vivo ejemplo del desprecio al mundo y atropello a la convivencia entre las naciones. La capacidad de los cubanos de sobrellevar las condiciones impuestas por el bloqueo sin que haya surgido en casi 50 años la supuesta explosión social que en el país del Norte preveían muestra mejor que cualquier convocatoria electoral estadounidense dominada por el dinero y la corrupción que los cubanos desean seguir siendo dueños de su futuro y no renunciar a los logros de su revolución.
Que el injusto bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos haya durado 50 años es la muestra de que el imperio yanqui impone sus criterios de acuerdo con sus rapaces intereses sin que el mundo pueda evitarlo y de que la ONU es un institución ineficaz que vale para una chingada. El bloqueo a Cuba es una vergüenza mundial, por una parte, y por otra, ejemplo de dignidad de un pueblo heroico.
México presenta un rezago de 12 millones de viviendas
Georgina Saldierna
El coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, Cesare Ottolini, se comprometió ayer a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta México sobre vivienda, luego de escuchar que en el país se registran serias irregularidades, como la venta de cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda y el desalojo de quienes no pueden saldar sus empréstitos hipotecarios.
En una reunión con integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda, aseguró que el gobierno federal no cumple con sus obligaciones legales en lo que se refiere al derecho de proporcionar a una casa-habitación digna, por lo cual consideró necesario llevar el caso ante la ONU, concretamente al Comité sobre Desalojos, que se reúne en enero próximo y del que forma parte desde hace dos años.
Con esta medida se busca que el organismo de Naciones Unidas organice una “misión de prevención” que visite México, además de abrir una mesa de negociación para reclamar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa la responsabilidad legal que tiene en la materia e impedir que los ciudadanos sean obligados a desalojar sus hogares.
De manera paralela, Cesare Ottolini informó que la alianza internacional emitirá un “duro pronunciamiento” contra la política oficial de vivienda con el fin de generar apoyo entre organizaciones sociales de otros países.
Durante el encuentro, la secretaria de Desarrollo Urbano del “gobierno legítimo”, Laura Itzel Castillo, mencionó que en México hay un déficit de 12 millones de casas, de las cuales 5.3 millones forman parte del rezago en la materia y 6.7 millones corresponden a las nuevas necesidades de la población.
Fallas de las instituciones
Aunado a ello, refirió que los organismos nacionales de vivienda, principalmente Infonavit, Fovissste y Fonhapo, han perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en bancos o entes financieros.
Destacó que Fonhapo, cuyo objetivo primordial es atender a los sectores de la población sin empleo, sólo ha ejercido 37.7 por ciento de su presupuesto destinado a programas de subsidio, lo que representa mil 213 millones de un total de 3 mil 219 millones. Con el subejercicio, aseguró, se corre el riesgo de que el año próximo el presupuesto de esta dependencia se reduzca en 50 por ciento.
Sobre el Infonavit, Castillo sostuvo que en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos “se la está arrebatando”, debido a que vendió 56 mil créditos de su cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda, a un costo de entre 6 y 10 por ciento de su valor real.
Dichas compañías, dijo, tratan de obtener el pago de los créditos, pero aumentan su monto hasta cuatro veces, y cuando no logran su propósito, desalojan a los propietarios originales. Frente a esta situación, Castillo Juárez demandó que cesen los desalojos, que se restructuren las deudas y que se aplique una tregua judicial.
Ottolini indicó que la problemática de la vivienda es de índole mundial y, por tanto, las organizaciones sociales también deben aplicar una estrategia global.
Ya parece que la ONU va a hacer algo al respecto, jajajaja.
El coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, Cesare Ottolini, se comprometió ayer a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta México sobre vivienda, luego de escuchar que en el país se registran serias irregularidades, como la venta de cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda y el desalojo de quienes no pueden saldar sus empréstitos hipotecarios.
En una reunión con integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda, aseguró que el gobierno federal no cumple con sus obligaciones legales en lo que se refiere al derecho de proporcionar a una casa-habitación digna, por lo cual consideró necesario llevar el caso ante la ONU, concretamente al Comité sobre Desalojos, que se reúne en enero próximo y del que forma parte desde hace dos años.
Con esta medida se busca que el organismo de Naciones Unidas organice una “misión de prevención” que visite México, además de abrir una mesa de negociación para reclamar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa la responsabilidad legal que tiene en la materia e impedir que los ciudadanos sean obligados a desalojar sus hogares.
De manera paralela, Cesare Ottolini informó que la alianza internacional emitirá un “duro pronunciamiento” contra la política oficial de vivienda con el fin de generar apoyo entre organizaciones sociales de otros países.
Durante el encuentro, la secretaria de Desarrollo Urbano del “gobierno legítimo”, Laura Itzel Castillo, mencionó que en México hay un déficit de 12 millones de casas, de las cuales 5.3 millones forman parte del rezago en la materia y 6.7 millones corresponden a las nuevas necesidades de la población.
Fallas de las instituciones
Aunado a ello, refirió que los organismos nacionales de vivienda, principalmente Infonavit, Fovissste y Fonhapo, han perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en bancos o entes financieros.
Destacó que Fonhapo, cuyo objetivo primordial es atender a los sectores de la población sin empleo, sólo ha ejercido 37.7 por ciento de su presupuesto destinado a programas de subsidio, lo que representa mil 213 millones de un total de 3 mil 219 millones. Con el subejercicio, aseguró, se corre el riesgo de que el año próximo el presupuesto de esta dependencia se reduzca en 50 por ciento.
Sobre el Infonavit, Castillo sostuvo que en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos “se la está arrebatando”, debido a que vendió 56 mil créditos de su cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda, a un costo de entre 6 y 10 por ciento de su valor real.
Dichas compañías, dijo, tratan de obtener el pago de los créditos, pero aumentan su monto hasta cuatro veces, y cuando no logran su propósito, desalojan a los propietarios originales. Frente a esta situación, Castillo Juárez demandó que cesen los desalojos, que se restructuren las deudas y que se aplique una tregua judicial.
Ottolini indicó que la problemática de la vivienda es de índole mundial y, por tanto, las organizaciones sociales también deben aplicar una estrategia global.
Ya parece que la ONU va a hacer algo al respecto, jajajaja.
En Cancún, 75% de niños de primaria acuden a la escuela sin probar alimento
Pero habían de ver los suculentos desayunos que se sirven en los hoteles.
Ausentismo de 8% por problemas ligados a falta de higiene y desnutrición, revela estudio
Hugo Martoccia (Corresponsal)
Cancún, QR, 27 de octubre. Setenta y cinco por ciento de los alumnos de escuelas primarias de Cancún asiste a clases sin probar alimento y casi 8 por ciento tiene problemas de ausentismo por enfermedades asociadas a la falta de higiene y mala alimentación, indica un estudio realizado por organizaciones no gubernamentales.
Las cifras surgen del Estudio sobre menores en riesgo en Cancún, realizado por Marketing Consultants, Redes Turismo y Fundación Ciudad de la Alegría AC, en el que 12 mil 500 alumnos, equivalente a 20 por ciento de la población total de las escuelas de la ciudad, fue encuestada en mayo de 2007, fundamentalmente la de niveles socioeconómicos bajo y medio de la ciudad.
Estas cifras muestran la disparidad de las condiciones sociales en una localidad que tiene el tercer ingreso bruto per cápita del país y recibe cientos de millones de dólares al año por inversiones turísticas que, sin embargo, no tienen una debida distribución. Demuestran, además, que en Cancún hay empleo precario, escasa posibilidad de desarrollo humano y un cada vez más grave problema de pobreza.
El estudio dice que 51.5 por ciento de los menores asisten a la escuela sin llevar almuerzo mientras 24 por ciento se presenta sin haber ingerido alimentos. Es decir, “ 75 por ciento de los menores asisten a la escuela en ayunas”, concluye el informe que destaca que ese porcentaje sube hasta 85 por ciento en la zona de las colonias marginales de la ciudad.
La encuesta hace hincapié en el ausentismo de 7.8 por ciento, que se da fundamentalmente por gripes, malestares estomacales o fiebres, “directamente asociados con la falta de higiene y la mala alimentación”.
Marisol Vanegas, directora de la organización Redes Turismo, dijo que se trata del primer trabajo de este tipo que se ha hecho en Cancún y muestra a fondo el problema de la niñez en esta ciudad.
“Pobreza, raíz de los males”
Los análisis de estos números rompen un mito según el cual el problema de Cancún no es la pobreza, sino otros aspectos sociales que tienen que ver con los pocos años que tiene como ciudad y su falta de cohesión.
“En general, el estudio demuestra que los problemas de los niños son generados por la pobreza, más que por el desinterés de los padres o la desintegración familiar, como ha sido expresado muchas veces en Cancún”, explica un informe paralelo al estudio.
Aunque también aclara que hay condiciones paralelas a la económica que no hacen de Cancún una ciudad integral.
“Se nota una gran preocupación de los expertos entrevistados por la falta de opciones de educación no formal, recreación y desarrollo humano fuera del horario escolar”, dice el comunicado sobre el estudio citado.
Según el informe, 80 por ciento de los padres de los alumnos encuestados tiene trabajo, pero lo claro es que ese empleo no está bien remunerado.
De acuerdo con un dato del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de 2005, según la época del año, hasta un 15 por ciento de la población ocupada de Cancún cobra menos de un salario mínimo por día y trabaja más de 48 horas por semana.
El estudio destaca que un problema adicional a éste es el ausentismo de los padres de los hogares, porque el 13 por ciento de los progenitores pasan muy pocas horas del día con sus hijos. Muestra también que más de 5 por ciento de los padres de esos alumnos tienen problemas de adicción a sustancias tóxicas.
Ausentismo de 8% por problemas ligados a falta de higiene y desnutrición, revela estudio
Hugo Martoccia (Corresponsal)
Cancún, QR, 27 de octubre. Setenta y cinco por ciento de los alumnos de escuelas primarias de Cancún asiste a clases sin probar alimento y casi 8 por ciento tiene problemas de ausentismo por enfermedades asociadas a la falta de higiene y mala alimentación, indica un estudio realizado por organizaciones no gubernamentales.
Las cifras surgen del Estudio sobre menores en riesgo en Cancún, realizado por Marketing Consultants, Redes Turismo y Fundación Ciudad de la Alegría AC, en el que 12 mil 500 alumnos, equivalente a 20 por ciento de la población total de las escuelas de la ciudad, fue encuestada en mayo de 2007, fundamentalmente la de niveles socioeconómicos bajo y medio de la ciudad.
Estas cifras muestran la disparidad de las condiciones sociales en una localidad que tiene el tercer ingreso bruto per cápita del país y recibe cientos de millones de dólares al año por inversiones turísticas que, sin embargo, no tienen una debida distribución. Demuestran, además, que en Cancún hay empleo precario, escasa posibilidad de desarrollo humano y un cada vez más grave problema de pobreza.
El estudio dice que 51.5 por ciento de los menores asisten a la escuela sin llevar almuerzo mientras 24 por ciento se presenta sin haber ingerido alimentos. Es decir, “ 75 por ciento de los menores asisten a la escuela en ayunas”, concluye el informe que destaca que ese porcentaje sube hasta 85 por ciento en la zona de las colonias marginales de la ciudad.
La encuesta hace hincapié en el ausentismo de 7.8 por ciento, que se da fundamentalmente por gripes, malestares estomacales o fiebres, “directamente asociados con la falta de higiene y la mala alimentación”.
Marisol Vanegas, directora de la organización Redes Turismo, dijo que se trata del primer trabajo de este tipo que se ha hecho en Cancún y muestra a fondo el problema de la niñez en esta ciudad.
“Pobreza, raíz de los males”
Los análisis de estos números rompen un mito según el cual el problema de Cancún no es la pobreza, sino otros aspectos sociales que tienen que ver con los pocos años que tiene como ciudad y su falta de cohesión.
“En general, el estudio demuestra que los problemas de los niños son generados por la pobreza, más que por el desinterés de los padres o la desintegración familiar, como ha sido expresado muchas veces en Cancún”, explica un informe paralelo al estudio.
Aunque también aclara que hay condiciones paralelas a la económica que no hacen de Cancún una ciudad integral.
“Se nota una gran preocupación de los expertos entrevistados por la falta de opciones de educación no formal, recreación y desarrollo humano fuera del horario escolar”, dice el comunicado sobre el estudio citado.
Según el informe, 80 por ciento de los padres de los alumnos encuestados tiene trabajo, pero lo claro es que ese empleo no está bien remunerado.
De acuerdo con un dato del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de 2005, según la época del año, hasta un 15 por ciento de la población ocupada de Cancún cobra menos de un salario mínimo por día y trabaja más de 48 horas por semana.
El estudio destaca que un problema adicional a éste es el ausentismo de los padres de los hogares, porque el 13 por ciento de los progenitores pasan muy pocas horas del día con sus hijos. Muestra también que más de 5 por ciento de los padres de esos alumnos tienen problemas de adicción a sustancias tóxicas.
Culpa de Pemex, el sindicato y la STPS, la tragedia en la plataforma: petroleros
Demandan que el Congreso investigue “el subcontratismo” en la paraestatal
Legisladores constataron la inseguridad en la sonda de Campeche, afirma Peyrot
Carolina Gómez y Andrés T. Morales (Reportera y corresponsal)
En la tragedia ocurrida en la plataforma Usumacinta la responsabilidad es de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –encabezado por Carlos Romero Deschamps– y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó Hebraicaz Vázquez Gutiérrez, presidente del disidente Movimiento Nacional Petrolero (MNP).
“El Congreso de la Unión debe investigar lo que sucede en la paraestatal con el subcontratismo y las condiciones de seguridad”, aseveró el especialista en la materia e higiene industrial, quien señaló que el frente frío número cuatro no fue el causante de la tragedia, como aseguró Pemex, sino el “detonador de una situación que iba a ocurrir tarde o temprano”.
El yerro de la STPS, como ocurrió en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde fallecieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, fue no cumplir su responsabilidad de vigilar las condiciones de seguridad e higiene.
El envío de especialistas e inspectores –anunciado el viernes por el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón– es “tardío, pues si la inspección laboral funcionara en las plataformas no habría tanta inseguridad ni prevalencia de condiciones laborales deplorables de trabajadores subcontratados, quienes ponen en riesgo sus vidas y las de sus compañeros, así como a la principal empresa del país”.
Precisó que desde hace más de dos décadas desmantelan a Pemex ciertas áreas, con el propósito de permitir la entrada de la iniciativa privada. Fustigó que se deje laborar a empresas que practican el outsourcing (contratismo) y escatiman a los trabajadores no sólo salarios y condiciones de seguridad, sino prestaciones. Además, envían a gente que “a veces no está preparada”.
A quienes trabajan para esas empresas les dicen pelones, “porque no ganan el salario de un trabajador petrolero, no les pagan tiempos extras, no tienen servicios médicos, vacaciones y tampoco fondo de ahorro. Aunque se ha exigido que perciban lo mismo que los petroleros no sucede nada”, comentó.
Vázquez Gutiérrez sostuvo que el MNP, que aglutina a cerca de 10 mil petroleros, no entiende “por qué si se sabía del ciclón no se ancló la torre –como se hace con los barcos– y se desalojó a los trabajadores”.
Por su parte, la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional denunció que, debido a las anomalías en que incurrieron contratistas de Pemex, “los deudos de los obreros fallecidos enfrentarán un calvario para obtener las indemnizaciones de ley”.
Enrique Pacheco Torres, secretario general de la organización, señaló en Veracruz que si hay voluntad para aplicar la ley saldrán a la luz todas las irregularidades en que trabajan los obreros en la sonda de Campeche y las complicidades de autoridades con contratistas para evadir su responsabilidad en materia laboral, seguridad física y aspectos técnicos.
Desde hace meses se denunció que contratistas de Pemex alteraban reportes que son enviados al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evadir el pago de cuotas. “A los trabajadores se les da de alta en el IMSS con cotización de uno o dos salarios mínimos, a pesar de que no es cierto”, señaló.
“Pedimos que el IMSS revise expedientes y cumpla su función, que verifique que las indemnizaciones sean acordes con los salarios que percibían. Si no lo hace será una violación más a los derechos”, apuntó.
Marco Antonio Peyrot Solís, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, comentó por su parte que legisladores federales que visitaron la sonda de Campeche dos semanas antes del accidente constataron las precarias condiciones de seguridad.
La STPS apenas tiene 311 inspectores en todo el país, lo cual significa que no hubo supervisión laboral, técnica ni de seguridad, dijo. Anunció que se trabaja en una ampliación presupuestal para incrementar el número de inspectores y los programas de supervisión de esa dependencia para “evitar situaciones como la de Pasta de Conchos o la del Usumacinta”.
Legisladores constataron la inseguridad en la sonda de Campeche, afirma Peyrot
Carolina Gómez y Andrés T. Morales (Reportera y corresponsal)
En la tragedia ocurrida en la plataforma Usumacinta la responsabilidad es de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –encabezado por Carlos Romero Deschamps– y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó Hebraicaz Vázquez Gutiérrez, presidente del disidente Movimiento Nacional Petrolero (MNP).
“El Congreso de la Unión debe investigar lo que sucede en la paraestatal con el subcontratismo y las condiciones de seguridad”, aseveró el especialista en la materia e higiene industrial, quien señaló que el frente frío número cuatro no fue el causante de la tragedia, como aseguró Pemex, sino el “detonador de una situación que iba a ocurrir tarde o temprano”.
El yerro de la STPS, como ocurrió en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde fallecieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, fue no cumplir su responsabilidad de vigilar las condiciones de seguridad e higiene.
El envío de especialistas e inspectores –anunciado el viernes por el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón– es “tardío, pues si la inspección laboral funcionara en las plataformas no habría tanta inseguridad ni prevalencia de condiciones laborales deplorables de trabajadores subcontratados, quienes ponen en riesgo sus vidas y las de sus compañeros, así como a la principal empresa del país”.
Precisó que desde hace más de dos décadas desmantelan a Pemex ciertas áreas, con el propósito de permitir la entrada de la iniciativa privada. Fustigó que se deje laborar a empresas que practican el outsourcing (contratismo) y escatiman a los trabajadores no sólo salarios y condiciones de seguridad, sino prestaciones. Además, envían a gente que “a veces no está preparada”.
A quienes trabajan para esas empresas les dicen pelones, “porque no ganan el salario de un trabajador petrolero, no les pagan tiempos extras, no tienen servicios médicos, vacaciones y tampoco fondo de ahorro. Aunque se ha exigido que perciban lo mismo que los petroleros no sucede nada”, comentó.
Vázquez Gutiérrez sostuvo que el MNP, que aglutina a cerca de 10 mil petroleros, no entiende “por qué si se sabía del ciclón no se ancló la torre –como se hace con los barcos– y se desalojó a los trabajadores”.
Por su parte, la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional denunció que, debido a las anomalías en que incurrieron contratistas de Pemex, “los deudos de los obreros fallecidos enfrentarán un calvario para obtener las indemnizaciones de ley”.
Enrique Pacheco Torres, secretario general de la organización, señaló en Veracruz que si hay voluntad para aplicar la ley saldrán a la luz todas las irregularidades en que trabajan los obreros en la sonda de Campeche y las complicidades de autoridades con contratistas para evadir su responsabilidad en materia laboral, seguridad física y aspectos técnicos.
Desde hace meses se denunció que contratistas de Pemex alteraban reportes que son enviados al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evadir el pago de cuotas. “A los trabajadores se les da de alta en el IMSS con cotización de uno o dos salarios mínimos, a pesar de que no es cierto”, señaló.
“Pedimos que el IMSS revise expedientes y cumpla su función, que verifique que las indemnizaciones sean acordes con los salarios que percibían. Si no lo hace será una violación más a los derechos”, apuntó.
Marco Antonio Peyrot Solís, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, comentó por su parte que legisladores federales que visitaron la sonda de Campeche dos semanas antes del accidente constataron las precarias condiciones de seguridad.
La STPS apenas tiene 311 inspectores en todo el país, lo cual significa que no hubo supervisión laboral, técnica ni de seguridad, dijo. Anunció que se trabaja en una ampliación presupuestal para incrementar el número de inspectores y los programas de supervisión de esa dependencia para “evitar situaciones como la de Pasta de Conchos o la del Usumacinta”.
Exigen “trato humano” para los 10 mil trabajadores en plataformas
Para Pemex y contratistas no existen; graves condiciones desde 2003, afirman ex empleados
Lo que pasó en Campeche, “homicidio industrial”; la petrolera, STPS y SE deben responder: sol azteca
Fabiola Martínez
Trabajadores eventuales de Pemex se encuentran varados en Ciudad del Carmen, Campeche, a raíz de la tragedia en la plataforma Usumacinta Foto: Cortesía Novedades de Campeche
Desde hace cuatro años, trabajadores de Perforadora Central denunciaron la carencia de equipo de seguridad básico para la realización de sus labores y, ante la nula respuesta de las autoridades y la empresa, buscaron integrar un sindicato.
Meses después lograron una votación para que los trabajadores determinaran a qué sindicato deseaban afiliarse, pero en medio de hostigamientos, el grupo de promotores de la sindicalización fue despedido.
Ahora, tras la tragedia en la plataforma Usumacinta, ex trabajadores se unen a quienes exigen una investigación de los hechos pero, sobre todo, trato humano para los cerca de 10 mil empleados al servicio de las contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Diputados del PRD, en tanto, anunciaron que el martes solicitarán la “inmediata” comparecencia de los titulares del Trabajo, Energía y Pemex, entre otros funcionarios federales, para que expliquen lo que –según este grupo parlamentario, ex trabajadores de Perforadora Central e ingenieros petroleros– es un “homicidio industrial”, es decir, un accidente de trabajo provocado por negligencia, omisiones, e irresponsabilidad, tanto de las autoridades como de los propietarios de las empresas privadas que arrendan y prestan servicios en las plataformas marítimas.
Pemex debió suspender los trabajos, “sin embargo prefirió continuar con una maniobra defectuosa y fuera de la norma, a sabiendas que colocaba a los trabajadores en condiciones de riesgo”, dijo José Antonio Almazán, secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Alfredo Hernández, coordinador del Comité Nacional de Energía, integrado por profesionales de los sectores petrolero, eléctrico y nuclear, expresó: “se trata de un gremio de 10 mil personas que no existe para Pemex ni para la Secretaría del Trabajo. Las condiciones de sobrexplotación, documentadas desde 2003, son graves”.
En conferencia de prensa conjunta, Mauricio Pardo Jiménez, quien en 2003 perteneció al grupo de trabajadores de Perforadora Central (luego de una antigüedad de 14 años en esa compañía) que buscaba la sindicalización real, dio su testimonio acerca de los hechos en la sonda de Campeche, donde 86 trabajadores fueron evacuados “tardíamente” el martes pasado, 63 rescatados con vida, 22 fallecieron y uno sigue desaparecido.
Pardo dijo que existe un “contubernio” entre las empresas contratistas y directivos de Pemex, al grado de “olvidar” a los trabajadores en plataformas.
“El 6 de noviembre de 2003 nos manifestamos mediante una organización; denunciamos las anomalías e injusticias que padecían los trabajadores. Recalcábamos, entonces, la inseguridad en que laboraban los trabajadores.
“Ellos daban mayor atención a sus intereses económicos. En una ocasión –cuando azotó el huracán Roxana– pasamos más de 15 días en una plataforma, incluso sin alimentos a bordo. En ese año, por todas esas causas, tuvimos una entrevista con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, a quien se le solicitó integrar una comisión para inspeccionar las instalaciones de las plataformas. Nuestras peticiones no fueron escuchadas.
“Hoy hay un accidente que deja enlutadas 22 familias. Si estos señores hubieran tenido el interés para proteger a la clase trabajadora, esto no hubiera sucedido”, dijo Pardo Jiménez.
El Comité Nacional de Energía –encabezado por Alfredo Hernández, ingeniero químico petrolero– comentó que sólo en un recuento de información periodística reportan, en lo que va del año, al menos 11 decesos de trabajadores en las áreas de exploración y explotación de Pemex. Ahora se suma a la lista la tragedia provocada por la plataforma Usumacinta de la compañía Perforadora Central.
Según el diagnóstico de los especialistas “no se actuó conforme se presentaba el desnivel de la plataforma más allá de los rangos permitidos y, ante la fuga, los trabajadores tuvieron que afrontar un ambiente contaminado de gas sulfhídrico, altamente mortal. A ello se suma que el personal padeció la última adversidad: utilizar equipo de salvamento en mal estado”.
El Comité Nacional de Energía exigió castigo a los responsables ante la “falta de decisión” para un desalojo oportuno en la plataforma y que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados coadyuve en la investigación acerca de las condiciones de seguridad y laborales en plataforma Usumacinta.
Lo que pasó en Campeche, “homicidio industrial”; la petrolera, STPS y SE deben responder: sol azteca
Fabiola Martínez
Trabajadores eventuales de Pemex se encuentran varados en Ciudad del Carmen, Campeche, a raíz de la tragedia en la plataforma Usumacinta Foto: Cortesía Novedades de CampecheDesde hace cuatro años, trabajadores de Perforadora Central denunciaron la carencia de equipo de seguridad básico para la realización de sus labores y, ante la nula respuesta de las autoridades y la empresa, buscaron integrar un sindicato.
Meses después lograron una votación para que los trabajadores determinaran a qué sindicato deseaban afiliarse, pero en medio de hostigamientos, el grupo de promotores de la sindicalización fue despedido.
Ahora, tras la tragedia en la plataforma Usumacinta, ex trabajadores se unen a quienes exigen una investigación de los hechos pero, sobre todo, trato humano para los cerca de 10 mil empleados al servicio de las contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Diputados del PRD, en tanto, anunciaron que el martes solicitarán la “inmediata” comparecencia de los titulares del Trabajo, Energía y Pemex, entre otros funcionarios federales, para que expliquen lo que –según este grupo parlamentario, ex trabajadores de Perforadora Central e ingenieros petroleros– es un “homicidio industrial”, es decir, un accidente de trabajo provocado por negligencia, omisiones, e irresponsabilidad, tanto de las autoridades como de los propietarios de las empresas privadas que arrendan y prestan servicios en las plataformas marítimas.
Pemex debió suspender los trabajos, “sin embargo prefirió continuar con una maniobra defectuosa y fuera de la norma, a sabiendas que colocaba a los trabajadores en condiciones de riesgo”, dijo José Antonio Almazán, secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Alfredo Hernández, coordinador del Comité Nacional de Energía, integrado por profesionales de los sectores petrolero, eléctrico y nuclear, expresó: “se trata de un gremio de 10 mil personas que no existe para Pemex ni para la Secretaría del Trabajo. Las condiciones de sobrexplotación, documentadas desde 2003, son graves”.
En conferencia de prensa conjunta, Mauricio Pardo Jiménez, quien en 2003 perteneció al grupo de trabajadores de Perforadora Central (luego de una antigüedad de 14 años en esa compañía) que buscaba la sindicalización real, dio su testimonio acerca de los hechos en la sonda de Campeche, donde 86 trabajadores fueron evacuados “tardíamente” el martes pasado, 63 rescatados con vida, 22 fallecieron y uno sigue desaparecido.
Pardo dijo que existe un “contubernio” entre las empresas contratistas y directivos de Pemex, al grado de “olvidar” a los trabajadores en plataformas.
“El 6 de noviembre de 2003 nos manifestamos mediante una organización; denunciamos las anomalías e injusticias que padecían los trabajadores. Recalcábamos, entonces, la inseguridad en que laboraban los trabajadores.
“Ellos daban mayor atención a sus intereses económicos. En una ocasión –cuando azotó el huracán Roxana– pasamos más de 15 días en una plataforma, incluso sin alimentos a bordo. En ese año, por todas esas causas, tuvimos una entrevista con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, a quien se le solicitó integrar una comisión para inspeccionar las instalaciones de las plataformas. Nuestras peticiones no fueron escuchadas.
“Hoy hay un accidente que deja enlutadas 22 familias. Si estos señores hubieran tenido el interés para proteger a la clase trabajadora, esto no hubiera sucedido”, dijo Pardo Jiménez.
El Comité Nacional de Energía –encabezado por Alfredo Hernández, ingeniero químico petrolero– comentó que sólo en un recuento de información periodística reportan, en lo que va del año, al menos 11 decesos de trabajadores en las áreas de exploración y explotación de Pemex. Ahora se suma a la lista la tragedia provocada por la plataforma Usumacinta de la compañía Perforadora Central.
Según el diagnóstico de los especialistas “no se actuó conforme se presentaba el desnivel de la plataforma más allá de los rangos permitidos y, ante la fuga, los trabajadores tuvieron que afrontar un ambiente contaminado de gas sulfhídrico, altamente mortal. A ello se suma que el personal padeció la última adversidad: utilizar equipo de salvamento en mal estado”.
El Comité Nacional de Energía exigió castigo a los responsables ante la “falta de decisión” para un desalojo oportuno en la plataforma y que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados coadyuve en la investigación acerca de las condiciones de seguridad y laborales en plataforma Usumacinta.
La izquierda, favorita para ganar hoy alcaldía de Bogotá
Dpa
Bogotá. El izquierdista Samuel Moreno, de Polo Democrático, con 39.5 por ciento de intenciones del voto, es el favorito para ganar la alcaldía de esta capital en los comicios que se celebrarán este domingo en Colombia, en los cuales se elegirán 18 mil 527 alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Estos se desarrollarán en medio de un dispositivo de seguridad para prevenir acciones de la guerrilla.
Bogotá. El izquierdista Samuel Moreno, de Polo Democrático, con 39.5 por ciento de intenciones del voto, es el favorito para ganar la alcaldía de esta capital en los comicios que se celebrarán este domingo en Colombia, en los cuales se elegirán 18 mil 527 alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Estos se desarrollarán en medio de un dispositivo de seguridad para prevenir acciones de la guerrilla.
Aprueban diputados bonificación para bolivianos mayores de 60 años
La derecha anuncia que rechazará la iniciativa en el Senado, donde es mayoría
Cinco de nueve departamentos objetan que el bono se financie con fondos públicos de las regiones
La ley impulsada por Evo Morales entregará a cada beneficiario entre 231.6 y 308.8 dólares al año
Afp y Dpa
El presidente boliviano, quien viajó ayer a Italia en visita oficial, aparece con el actor Valerio Queso (izquierda), que lo interpreta en la película Evo Pueblo, en imagen captada el pasado martes en La Paz Foto: Reuters
La Paz, 27 de octubre. El gobierno boliviano del presidente Evo Morales logró la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley para otorgar una bonificación a las personas mayores de 60 años, pese a que cinco de los nueve departamentos del país objetan que su financiamiento provenga de fondos públicos regionales.
La Cámara baja, dominada por el oficial Movimiento al Socialismo, sesionó ininterrumpidamente desde el viernes para dar luz verde a la propuesta de Morales de pagar una renta anual que fluctúa entre el equivalente de 231.6 y 308.8 dólares a unas 680 mil personas mayores de 60 años.
El documento establece que se utilizarán fondos públicos de prefecturas (gobernaciones), municipios, Tesoro General de la Nación y un fondo indígena, deducidos en 30 por ciento de unos 473 millones de dólares que el Estado les otorga, prorrateado de un impuesto a la venta de gas y petróleo.
El aún proyecto de ley –que deberá ser ratificado por el Senado, controlado por la oposición de derecha– excluyó de la reducción de fondos a las universidades públicas, que desde el lunes pasado realizan marchas callejeras en las ciudades de La Paz y Santa Cruz en rechazo a una merma de sus ingresos financieros.
La ley es resistida por cinco de las nueve regiones del país, que si bien dicen apoyar la entrega del bono a los ancianos, consideran una “injusticia” que se financie con fondos públicos que el mismo Estado les entrega.
Los prefectos (gobernadores) y líderes civiles de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, representativos de la oligarquía y las fuerzas políticas de extrema derecha, se han convertido en férreos opositores al gobierno del presidente Evo Morales y han advertido que no acatarán la ley en la materia.
“Este proceso de lucha por nuestro patrimonio departamental, que consistirá en una cadena de protestas, no se detendrá hasta que el gobierno central renuncie a esta política confiscatoria, centralista e ilegal”, dijo Mario Cossío, prefecto de la región de Tarija, donde se hallan las mayores reservas de gas.
El prefecto de la amazónica región de Pando, Leopoldo Fernández, señaló que continuarán en su campaña de rechazar el modelo de distribución de recursos del gobierno, pues significa “quitarles plata (dinero) a los departamentos que necesitan inversión pública”.
Dirigentes del Partido Democracia Social (Podemos), agrupación de derecha y principal fuerza de oposición, anunciaron que la legislación será resistida en el Senado, donde debe ser ratificada para cumplir con la norma constitucional de este país.
Fernando Messmer, diputado de Podemos, el partido político que encabeza el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), señaló que “en la Cámara alta hay una diferente correlación de fuerzas, y es allí donde vamos a buscar que no se afecten los presupuestos de las prefecturas”.
En las cinco regiones se han producido durante la semana marchas y cabildos callejeros con la consigna de evitar que bajen los ingresos de los departamentos, con esporádicos disturbios en la pujante ciudad de Santa Cruz, el epicentro de lidera la oposición.
Han anunciado para la próxima semana mayores protestas, para evitar que el Senado ratifique la legislación.
En otro ámbito, una fiscalía regional ordenó la detención de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, y de otros seis miembros de la directiva de ese órgano deliberativo por desacato a una orden judicial.
Ninguno de los directivos se hallaba en Sucre en el momento de ser expedida la demanda de la fiscalía, sino en La Paz.
“Hemos decidido no acatar ese fallo y no saldremos de La Paz porque tenemos el apoyo de las organizaciones sociales”, respondió el vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar.
Lazarte viajó a Oruro para inspeccionar probables locales en caso de que se habilite esa ciudad para continuar con las sesiones de la Asamblea Constituyente, ante la imposibilidad de trabajar en Sucre por las constantes movilizaciones callejeras y un sin fin de protestas políticas.
El pedido de detención fue expedido la tarde del viernes por la fiscal del distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, debido a que los siete constituyentes no asistieron a una declaración informativa, según la propia fiscalía.
La justicia había requerido a la directiva de la Asamblea Constituyente después de que el foro eliminó de sus deliberaciones el tema del traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, capital del departamento Chuquisaca.
El llamado Comité Interinstitucional de Sucre, a raíz de esa negativa de los constituyentes de abordar el tema de la capitalidad, planteó un recurso legal ante la Corte Superior de Distrito, que falló en su favor, y ahora con la orden de detención de los directivos del Constituyente.
La Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2006, se encuentra en receso desde agosto pasado y no ha aprobado hasta la fecha ni un artículo de la nueva Constitución, pese a que tiene de plazo para culminar su trabajo el próximo 14 de diciembre.
Los líderes civiles de Sucre, coaligados con sectores de derecha opositores al presidente Morales, mantienen invariable su propuesta por recuperar los dos poderes del Estado –lo cual es rechazado por La Paz– e incluso auspiciaron el jueves una huelga regional de 24 horas y mantienen bloqueado el recinto de los constituyentes.
Condecoración en Italia
El mandatario Evo Morales viajó este sábado a Italia, donde recibirá una condecoración del Centro Internacional Pío Manzú y se reunirá con el presidente italiano, Giorgio Napolitano, y con el primer ministro Romano Prodi.
El mandatario indígena partió a las 09:15 local del aeropuerto de la ciudad de El Alto, que sirve a La Paz, junto con una pequeña delegación oficial.
El Centro Pío Manzú, dirigido por el premio Nobel de la Paz y ex presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, entregará este domingo su reconocimiento a Morales, el primer indígena que gobierna Bolivia en sus 182 años de historia republicana.
El mandatario boliviano aprovechará su estadía en Italia, donde se reunirá el lunes con el primer ministro Prodi y con el presidente de la Cámara de Diputados, Fausto Bertinotti, y el martes con el presidente Napolitano. También tendrá encuentros con empresarios y organizaciones sociales.
El Centro Pío Manzú, que hará el reconocimiento, fue fundado en 1969 y es una organización internacional que trabaja con el estatuto de consultor de Naciones Unidas como Instituto de Estudios y Análisis en temas económicos, científicos y sociales.
Cinco de nueve departamentos objetan que el bono se financie con fondos públicos de las regiones
La ley impulsada por Evo Morales entregará a cada beneficiario entre 231.6 y 308.8 dólares al año
Afp y Dpa
El presidente boliviano, quien viajó ayer a Italia en visita oficial, aparece con el actor Valerio Queso (izquierda), que lo interpreta en la película Evo Pueblo, en imagen captada el pasado martes en La Paz Foto: ReutersLa Paz, 27 de octubre. El gobierno boliviano del presidente Evo Morales logró la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley para otorgar una bonificación a las personas mayores de 60 años, pese a que cinco de los nueve departamentos del país objetan que su financiamiento provenga de fondos públicos regionales.
La Cámara baja, dominada por el oficial Movimiento al Socialismo, sesionó ininterrumpidamente desde el viernes para dar luz verde a la propuesta de Morales de pagar una renta anual que fluctúa entre el equivalente de 231.6 y 308.8 dólares a unas 680 mil personas mayores de 60 años.
El documento establece que se utilizarán fondos públicos de prefecturas (gobernaciones), municipios, Tesoro General de la Nación y un fondo indígena, deducidos en 30 por ciento de unos 473 millones de dólares que el Estado les otorga, prorrateado de un impuesto a la venta de gas y petróleo.
El aún proyecto de ley –que deberá ser ratificado por el Senado, controlado por la oposición de derecha– excluyó de la reducción de fondos a las universidades públicas, que desde el lunes pasado realizan marchas callejeras en las ciudades de La Paz y Santa Cruz en rechazo a una merma de sus ingresos financieros.
La ley es resistida por cinco de las nueve regiones del país, que si bien dicen apoyar la entrega del bono a los ancianos, consideran una “injusticia” que se financie con fondos públicos que el mismo Estado les entrega.
Los prefectos (gobernadores) y líderes civiles de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, representativos de la oligarquía y las fuerzas políticas de extrema derecha, se han convertido en férreos opositores al gobierno del presidente Evo Morales y han advertido que no acatarán la ley en la materia.
“Este proceso de lucha por nuestro patrimonio departamental, que consistirá en una cadena de protestas, no se detendrá hasta que el gobierno central renuncie a esta política confiscatoria, centralista e ilegal”, dijo Mario Cossío, prefecto de la región de Tarija, donde se hallan las mayores reservas de gas.
El prefecto de la amazónica región de Pando, Leopoldo Fernández, señaló que continuarán en su campaña de rechazar el modelo de distribución de recursos del gobierno, pues significa “quitarles plata (dinero) a los departamentos que necesitan inversión pública”.
Dirigentes del Partido Democracia Social (Podemos), agrupación de derecha y principal fuerza de oposición, anunciaron que la legislación será resistida en el Senado, donde debe ser ratificada para cumplir con la norma constitucional de este país.
Fernando Messmer, diputado de Podemos, el partido político que encabeza el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), señaló que “en la Cámara alta hay una diferente correlación de fuerzas, y es allí donde vamos a buscar que no se afecten los presupuestos de las prefecturas”.
En las cinco regiones se han producido durante la semana marchas y cabildos callejeros con la consigna de evitar que bajen los ingresos de los departamentos, con esporádicos disturbios en la pujante ciudad de Santa Cruz, el epicentro de lidera la oposición.
Han anunciado para la próxima semana mayores protestas, para evitar que el Senado ratifique la legislación.
En otro ámbito, una fiscalía regional ordenó la detención de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, y de otros seis miembros de la directiva de ese órgano deliberativo por desacato a una orden judicial.
Ninguno de los directivos se hallaba en Sucre en el momento de ser expedida la demanda de la fiscalía, sino en La Paz.
“Hemos decidido no acatar ese fallo y no saldremos de La Paz porque tenemos el apoyo de las organizaciones sociales”, respondió el vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar.
Lazarte viajó a Oruro para inspeccionar probables locales en caso de que se habilite esa ciudad para continuar con las sesiones de la Asamblea Constituyente, ante la imposibilidad de trabajar en Sucre por las constantes movilizaciones callejeras y un sin fin de protestas políticas.
El pedido de detención fue expedido la tarde del viernes por la fiscal del distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, debido a que los siete constituyentes no asistieron a una declaración informativa, según la propia fiscalía.
La justicia había requerido a la directiva de la Asamblea Constituyente después de que el foro eliminó de sus deliberaciones el tema del traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, capital del departamento Chuquisaca.
El llamado Comité Interinstitucional de Sucre, a raíz de esa negativa de los constituyentes de abordar el tema de la capitalidad, planteó un recurso legal ante la Corte Superior de Distrito, que falló en su favor, y ahora con la orden de detención de los directivos del Constituyente.
La Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2006, se encuentra en receso desde agosto pasado y no ha aprobado hasta la fecha ni un artículo de la nueva Constitución, pese a que tiene de plazo para culminar su trabajo el próximo 14 de diciembre.
Los líderes civiles de Sucre, coaligados con sectores de derecha opositores al presidente Morales, mantienen invariable su propuesta por recuperar los dos poderes del Estado –lo cual es rechazado por La Paz– e incluso auspiciaron el jueves una huelga regional de 24 horas y mantienen bloqueado el recinto de los constituyentes.
Condecoración en Italia
El mandatario Evo Morales viajó este sábado a Italia, donde recibirá una condecoración del Centro Internacional Pío Manzú y se reunirá con el presidente italiano, Giorgio Napolitano, y con el primer ministro Romano Prodi.
El mandatario indígena partió a las 09:15 local del aeropuerto de la ciudad de El Alto, que sirve a La Paz, junto con una pequeña delegación oficial.
El Centro Pío Manzú, dirigido por el premio Nobel de la Paz y ex presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, entregará este domingo su reconocimiento a Morales, el primer indígena que gobierna Bolivia en sus 182 años de historia republicana.
El mandatario boliviano aprovechará su estadía en Italia, donde se reunirá el lunes con el primer ministro Prodi y con el presidente de la Cámara de Diputados, Fausto Bertinotti, y el martes con el presidente Napolitano. También tendrá encuentros con empresarios y organizaciones sociales.
El Centro Pío Manzú, que hará el reconocimiento, fue fundado en 1969 y es una organización internacional que trabaja con el estatuto de consultor de Naciones Unidas como Instituto de Estudios y Análisis en temas económicos, científicos y sociales.
Crece la privatización del sector eléctrico; encarece las tarifas
Para 2008 se prevén más proyectos de generación de energía por parte de particulares
Las adquisiciones de Gas Natural confirman la tendencia; exige la Coordinadora Nacional de Electricistas al Congreso dejar de legitimar la construcción de nuevas centrales privadas
Israel Rodríguez J.
La adquisición de cinco plantas de ciclo combinado por parte de la española Gas Natural, subsidiaria de la petrolera Repsol, confirma el avance de la privatización del sector eléctrico, por lo que el Congreso ya no debe continuar legitimando la construcción de nuevas centrales propiedad de particulares, aseveró la Coordinación Nacional de Electricistas (CNE).
Este jueves Gas Natural informó sobre la operación de adquisición de cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de Electricidad de Francia y Mitsubishi en México, por un monto de mil 448 millones de dólares.
Jesús Navarrete Castellanos, dirigente de la organización gremial, denunció que como en años anteriores, en los proyectos de Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto para el año 2008, se incluyen nuevos proyectos de generación eléctrica por parte de privados para ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los nuevos proyectos en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE) considerados para el 2008 son los denominados Oaxaca II, III y IV, Noroeste y Baja California, que en conjunto tendrán una capacidad de generación total de mil 196 megavatios (MW).
Sin embargo, la incorporación de nuevas plantas de energía no se justifica puesto que existe gran capacidad de generación subutilizada. “Nuestro Sistema Eléctrico Nacional Público no requiere de incrementar su capacidad de generación, el margen actual entre la capacidad instalada y la requerida es de 48 por ciento, cuando el recomendado por la Secretaría de Energía es de 27 por ciento, lo que equivale a una inversión ociosa”.
Pero para darle cabida a las nuevas plantas privadas, el gobierno federal tiene programados el retiro de casi 5 mil MW. En febrero de 2008 se pretende retirar las centrales Jorge Luque unidades 1, 2, 3 y 4.
Por ello, la CNE pidió a los integrantes del Congreso que no sigan legitimando la privatización del sector eléctrico público, al autorizar en el ejercicio fiscal de 2008 la construcción de nuevas centrales eléctricas de particulares.
El representante de la CNE señaló que independientemente de su carácter privatizador, los proyectos realizados bajo el esquema de PIE presentan perjuicios para el sector eléctrico público.
Explicó que los proyectos que se proponen de ciclo combinado utilizan gas natural como combustible, por lo que se continuará con la utilización intensiva para generación eléctrica de ese energético del que somos deficitarios y altamente dependientes y que presenta precios volátiles tendientes a la alza, lo que ocasiona el incremento en los cargos de las tarifas eléctricas.
Además, existen evidencias de que el costo del KW-hora generado con estos esquemas es mayor que el obtenido con otros esquemas de financiamiento, por lo que lesiona la salud financiera de los organismos descentralizados, como CFE y Luz y Fuerza del Centro.
Navarrete Castellanos advirtió además que se auspicia el deterioro de la industria nacional de fabricación de bienes de capital y materiales para el sector eléctrico, debido a que los PIE por ser transnacionales, privilegian los bienes producidos en su país de origen.
“En el caso de las centrales eoloeléctricas se está privilegiando a particulares en la explotación de nuestras fuentes de energía renovables, cuando por disposición de nuestras leyes y por interés nacional, en la explotación para generación eléctrica la preferencia debe ser para los organismos públicos del sector eléctrico”.
Tras la adquisición de Gas Natural de las cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de Electricidad de Francia y Mitsubishi en México, las compañías españolas poseerán casi el 75 por ciento de la capacidad de generación independiente, seguidas por las de Japón y Estados Unidos.
Por todo lo expuesto, la Coordinación Nacional de Electricistas propone suprimir de la Ley de Ingresos de la Federación los Proyectos de “Inversión Financiada Condicionada” de ciclo combinado, por no requerirse esa capacidad en el corto plazo, por presentar un costo de generación mayor que otros esquemas, por utilizar un combustibles del que somos deficitarios y por marginar la fabricación nacional.
Las adquisiciones de Gas Natural confirman la tendencia; exige la Coordinadora Nacional de Electricistas al Congreso dejar de legitimar la construcción de nuevas centrales privadas
Israel Rodríguez J.
La adquisición de cinco plantas de ciclo combinado por parte de la española Gas Natural, subsidiaria de la petrolera Repsol, confirma el avance de la privatización del sector eléctrico, por lo que el Congreso ya no debe continuar legitimando la construcción de nuevas centrales propiedad de particulares, aseveró la Coordinación Nacional de Electricistas (CNE).
Este jueves Gas Natural informó sobre la operación de adquisición de cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de Electricidad de Francia y Mitsubishi en México, por un monto de mil 448 millones de dólares.
Jesús Navarrete Castellanos, dirigente de la organización gremial, denunció que como en años anteriores, en los proyectos de Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto para el año 2008, se incluyen nuevos proyectos de generación eléctrica por parte de privados para ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los nuevos proyectos en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE) considerados para el 2008 son los denominados Oaxaca II, III y IV, Noroeste y Baja California, que en conjunto tendrán una capacidad de generación total de mil 196 megavatios (MW).
Sin embargo, la incorporación de nuevas plantas de energía no se justifica puesto que existe gran capacidad de generación subutilizada. “Nuestro Sistema Eléctrico Nacional Público no requiere de incrementar su capacidad de generación, el margen actual entre la capacidad instalada y la requerida es de 48 por ciento, cuando el recomendado por la Secretaría de Energía es de 27 por ciento, lo que equivale a una inversión ociosa”.
Pero para darle cabida a las nuevas plantas privadas, el gobierno federal tiene programados el retiro de casi 5 mil MW. En febrero de 2008 se pretende retirar las centrales Jorge Luque unidades 1, 2, 3 y 4.
Por ello, la CNE pidió a los integrantes del Congreso que no sigan legitimando la privatización del sector eléctrico público, al autorizar en el ejercicio fiscal de 2008 la construcción de nuevas centrales eléctricas de particulares.
El representante de la CNE señaló que independientemente de su carácter privatizador, los proyectos realizados bajo el esquema de PIE presentan perjuicios para el sector eléctrico público.
Explicó que los proyectos que se proponen de ciclo combinado utilizan gas natural como combustible, por lo que se continuará con la utilización intensiva para generación eléctrica de ese energético del que somos deficitarios y altamente dependientes y que presenta precios volátiles tendientes a la alza, lo que ocasiona el incremento en los cargos de las tarifas eléctricas.
Además, existen evidencias de que el costo del KW-hora generado con estos esquemas es mayor que el obtenido con otros esquemas de financiamiento, por lo que lesiona la salud financiera de los organismos descentralizados, como CFE y Luz y Fuerza del Centro.
Navarrete Castellanos advirtió además que se auspicia el deterioro de la industria nacional de fabricación de bienes de capital y materiales para el sector eléctrico, debido a que los PIE por ser transnacionales, privilegian los bienes producidos en su país de origen.
“En el caso de las centrales eoloeléctricas se está privilegiando a particulares en la explotación de nuestras fuentes de energía renovables, cuando por disposición de nuestras leyes y por interés nacional, en la explotación para generación eléctrica la preferencia debe ser para los organismos públicos del sector eléctrico”.
Tras la adquisición de Gas Natural de las cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de Electricidad de Francia y Mitsubishi en México, las compañías españolas poseerán casi el 75 por ciento de la capacidad de generación independiente, seguidas por las de Japón y Estados Unidos.
Por todo lo expuesto, la Coordinación Nacional de Electricistas propone suprimir de la Ley de Ingresos de la Federación los Proyectos de “Inversión Financiada Condicionada” de ciclo combinado, por no requerirse esa capacidad en el corto plazo, por presentar un costo de generación mayor que otros esquemas, por utilizar un combustibles del que somos deficitarios y por marginar la fabricación nacional.
Encara López Obrador a agentes del Cisen que lo espían en todo el país
Recibe denuncia en Caxhuacan, Puebla, sobre prácticas caciquiles de candidato priísta
Reprueba que se usen recursos públicos como hizo el PRI contra los opositores al régimen
Ciro Pérez (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador recordó ayer en Cuetzalan del Progreso, Puebla, que el próximo 14 de noviembre en la capital del estado difundirá un informe sobre la situación en la entidad Foto: La Jornada
Huehuetla, Pue,. 27 de octubre. Andrés Manuel López Obrador denunció aquí a los miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que lo siguen en su recorrido por todo el país, y lamentó que el gobierno federal continúe utilizando a los equipos de inteligencia del país “para vigilar a los opositores”, además de que para actividades injustificadas como ésta demanden al Congreso mayor presupuesto.
“¿Usted es del Cisen?”, preguntó López Obrador a uno de los jóvenes que a bordo de un jeep verde de modelo reciente lo sigue en su recorrido por la sierra poblana y que tiene información precisa sobre la ruta de la gira del ex candidato presidencial y se da el lujo de informar sobre los caminos que están en mejores condiciones, los atajos y los múltiples derrumbes que hay en esta zona. “Si, señor, soy del Cisen”, respondió el joven sorprendido por la pregunta directa del perredista.
“Pues los vamos a tener que denunciar, no es posible que se utilicen los recursos públicos ahora, de la misma forma en que los utilizó el PRI toda la vida, para espiar a los opositores al régimen, para informar de las actividades de los que pensamos distinto para perseguir a un movimiento por todo el país”, le soltó López Obrador al agente del Cisen, sin saber éste qué responder.
“No es culpa de ustedes”, le dijo el perredista, “pero eso no se justifica; eso es algo que no debe hacer un organismo serio”, apuntó.
El tabasqueño continuó este sábado su gira por la sierra de Puebla y a pesar de la advertencia, los miembros del Cisen continuaron detrás de él. Y a esta denuncia siguió otra que hicieron habitantes del municipio de Caxhuacan, distrito judicial de Zacatlán, en este estado.
Allí los habitantes le entregaron una carta notariada por el juzgado de lo civil en el que el profesor Alidet Bonilla Domínguez, entonces presidente del PRI en ese municipio y hoy candidato a la presidencia municipal, condiciona y amenaza a los pobladores a afiliarse a este partido y no sólo ellos, sino toda su descendencia.
En el documento Alidet Bonilla “cede” una fracción de terreno ejidal de su propiedad para que los indígenas de esta zona construyan vivienda, aunque esta “bondad” será bajo ciertas condiciones. En la cláusula cuarta se establece que “están obligados a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional de este municipio y en todo tiempo, así mismo sus descendientes”. En el siguiente apartado se establece que “quien se desligue de este partido, automáticamente perderá sus derechos”.
En la cláusula novena “queda estrictamente prohibido el alquiler, donación o venta del predio –que en teoría es propiedad de quienes lo habitan– sin previo aviso al presidente del PRI quien esté en función (sic) válido la herencia a sus hijos” (sic).
Y en el décimo tercero apartado se advierte a los beneficiados que si alguien es sorprendido en reuniones clandestinas a favor de otro partido, inmediatamente será destituido del predio y sin aviso alguno”.
Éste, le dijeron a López Obrador, es apenas una muestra del nivel de presión al que las administraciones priístas, y ahora las del PAN, han sometido a los pobladores “abusando de la necesidad de la gente. ¿Usted cree que no se ha cobrado ya ese terreno que supuestamente regaló? ¿Sería bueno que nos dijera de dónde salió el dinero para la residencia que tiene en Zacatlán?, luego de que ha pasado por todos los cargos públicos en el municipio”, dijeron.
En su discurso López Obrador les dijo que por esas razones y por muchas otras más debe cambiarse la forma de hacer política. Se llega al extremo de que a Felipe Calderón lo tienen amenazado “porque no habla de toda la corrupción y los fraudes de Vicente Fox; el pelele tiene miedo de que Fox hable y diga lo que sabe, de cómo llegó ese pelele a la Presidencia, quizá ahora sería conveniente que hablara la chachalaca”, dijo el tabasqueño.
Aseguró que su crítica no refleja un pleito personal con Calderón, “no es que nos caigamos gordos, es que tenemos dos visiones claramente distintas del país, en lo político y en lo económico”.
Poco antes, en Huehuetla, en zona totonaca, López Obrador dijo a los centenares de campesinos que se reunieron en este municipio que a pesar del dolor y la tristeza que produjo el fraude decidió seguir en la lucha “porque este movimiento depende que podamos sacar al país de la pobreza y la marginación, no hay otra opción, no hay otra alternativa: si queremos que las cosas mejoren tenemos que seguir organizándonos”, les dijo.
Les habló de su visión de país en la que propone que haya justicia y que las riquezas se distribuyan de manera equitativa a efecto que éstas alcancen para todos y no se queden en unas cuantas manos.
“Queremos que haya patria para el humillado” y les recordó que hace 200 años José María Morelos escribió que era necesario moderar la opulencia, “y es una frase que sigue teniendo vigencia, tenemos que cambiar este régimen de privilegios”; esto es un mal que no se remediará con un cambio por encimita, “tiene que haber un cambio a fondo” y reiteró su propuesta de apoyo a los productores del campo, más ahora, subrayó, que está próxima la apertura a la libre importación de maíz y frijol por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; aseguró que ello afectará a millones de mexicanos.
Por la tarde continuó por Tuzamapán, donde advirtió: no nos demos por vencidos, no bajemos los brazos, nunca en la historia de México había habido tanta gente consciente de la necesidad de un cambio, por eso, más temprano que tarde ese cambio se va a dar, aseveró.
Reprueba que se usen recursos públicos como hizo el PRI contra los opositores al régimen
Ciro Pérez (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador recordó ayer en Cuetzalan del Progreso, Puebla, que el próximo 14 de noviembre en la capital del estado difundirá un informe sobre la situación en la entidad Foto: La JornadaHuehuetla, Pue,. 27 de octubre. Andrés Manuel López Obrador denunció aquí a los miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que lo siguen en su recorrido por todo el país, y lamentó que el gobierno federal continúe utilizando a los equipos de inteligencia del país “para vigilar a los opositores”, además de que para actividades injustificadas como ésta demanden al Congreso mayor presupuesto.
“¿Usted es del Cisen?”, preguntó López Obrador a uno de los jóvenes que a bordo de un jeep verde de modelo reciente lo sigue en su recorrido por la sierra poblana y que tiene información precisa sobre la ruta de la gira del ex candidato presidencial y se da el lujo de informar sobre los caminos que están en mejores condiciones, los atajos y los múltiples derrumbes que hay en esta zona. “Si, señor, soy del Cisen”, respondió el joven sorprendido por la pregunta directa del perredista.
“Pues los vamos a tener que denunciar, no es posible que se utilicen los recursos públicos ahora, de la misma forma en que los utilizó el PRI toda la vida, para espiar a los opositores al régimen, para informar de las actividades de los que pensamos distinto para perseguir a un movimiento por todo el país”, le soltó López Obrador al agente del Cisen, sin saber éste qué responder.
“No es culpa de ustedes”, le dijo el perredista, “pero eso no se justifica; eso es algo que no debe hacer un organismo serio”, apuntó.
El tabasqueño continuó este sábado su gira por la sierra de Puebla y a pesar de la advertencia, los miembros del Cisen continuaron detrás de él. Y a esta denuncia siguió otra que hicieron habitantes del municipio de Caxhuacan, distrito judicial de Zacatlán, en este estado.
Allí los habitantes le entregaron una carta notariada por el juzgado de lo civil en el que el profesor Alidet Bonilla Domínguez, entonces presidente del PRI en ese municipio y hoy candidato a la presidencia municipal, condiciona y amenaza a los pobladores a afiliarse a este partido y no sólo ellos, sino toda su descendencia.
En el documento Alidet Bonilla “cede” una fracción de terreno ejidal de su propiedad para que los indígenas de esta zona construyan vivienda, aunque esta “bondad” será bajo ciertas condiciones. En la cláusula cuarta se establece que “están obligados a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional de este municipio y en todo tiempo, así mismo sus descendientes”. En el siguiente apartado se establece que “quien se desligue de este partido, automáticamente perderá sus derechos”.
En la cláusula novena “queda estrictamente prohibido el alquiler, donación o venta del predio –que en teoría es propiedad de quienes lo habitan– sin previo aviso al presidente del PRI quien esté en función (sic) válido la herencia a sus hijos” (sic).
Y en el décimo tercero apartado se advierte a los beneficiados que si alguien es sorprendido en reuniones clandestinas a favor de otro partido, inmediatamente será destituido del predio y sin aviso alguno”.
Éste, le dijeron a López Obrador, es apenas una muestra del nivel de presión al que las administraciones priístas, y ahora las del PAN, han sometido a los pobladores “abusando de la necesidad de la gente. ¿Usted cree que no se ha cobrado ya ese terreno que supuestamente regaló? ¿Sería bueno que nos dijera de dónde salió el dinero para la residencia que tiene en Zacatlán?, luego de que ha pasado por todos los cargos públicos en el municipio”, dijeron.
En su discurso López Obrador les dijo que por esas razones y por muchas otras más debe cambiarse la forma de hacer política. Se llega al extremo de que a Felipe Calderón lo tienen amenazado “porque no habla de toda la corrupción y los fraudes de Vicente Fox; el pelele tiene miedo de que Fox hable y diga lo que sabe, de cómo llegó ese pelele a la Presidencia, quizá ahora sería conveniente que hablara la chachalaca”, dijo el tabasqueño.
Aseguró que su crítica no refleja un pleito personal con Calderón, “no es que nos caigamos gordos, es que tenemos dos visiones claramente distintas del país, en lo político y en lo económico”.
Poco antes, en Huehuetla, en zona totonaca, López Obrador dijo a los centenares de campesinos que se reunieron en este municipio que a pesar del dolor y la tristeza que produjo el fraude decidió seguir en la lucha “porque este movimiento depende que podamos sacar al país de la pobreza y la marginación, no hay otra opción, no hay otra alternativa: si queremos que las cosas mejoren tenemos que seguir organizándonos”, les dijo.
Les habló de su visión de país en la que propone que haya justicia y que las riquezas se distribuyan de manera equitativa a efecto que éstas alcancen para todos y no se queden en unas cuantas manos.
“Queremos que haya patria para el humillado” y les recordó que hace 200 años José María Morelos escribió que era necesario moderar la opulencia, “y es una frase que sigue teniendo vigencia, tenemos que cambiar este régimen de privilegios”; esto es un mal que no se remediará con un cambio por encimita, “tiene que haber un cambio a fondo” y reiteró su propuesta de apoyo a los productores del campo, más ahora, subrayó, que está próxima la apertura a la libre importación de maíz y frijol por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; aseguró que ello afectará a millones de mexicanos.
Por la tarde continuó por Tuzamapán, donde advirtió: no nos demos por vencidos, no bajemos los brazos, nunca en la historia de México había habido tanta gente consciente de la necesidad de un cambio, por eso, más temprano que tarde ese cambio se va a dar, aseveró.
Zedillo, culpable de crímenes de lesa humanidad en Acteal, dice Raúl Vera
Armó a la sociedad civil para atacar a la sociedad civil, afirma el obispo de Saltillo
Gabriel León Zaragoza
El obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, afirmó que las ejecuciones en Acteal, Chiapas, contra la población tzotzil fueron crímenes de lesa humanidad, en los que, a 10 años de ocurridos, queda por esclarecer la responsabilidad del Estado mexicano, toda vez que “está más que comprobado” que hubo una guerra de baja intensidad, protagonizada por grupos paramilitares y auspiciada por el Ejército Mexicano, que “armó a la sociedad civil para atacar a la sociedad civil”.
El prelado recordó que existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta contra el Estado por la matanza de 45 indígenas de Acteal, y consideró que “se debe condenar al ex presidente (Ernesto) Zedillo por crímenes de lesa humanidad”.
En entrevista, afirmó que ya es tiempo de que “salga la verdad” sobre los hechos sangrientos de hace una década, y urgió al gobierno federal a aclarar la matanza, pero “no para engañar” ni para “lavar la cara al Ejército”, como sucedió recientemente en el caso del poblado de Castaños, Coahuila.
Aseguró que contrario a lo que de manera oficial se pretende omitir, entre la población “hay memoria histórica, por lo que debe prevalecer la identidad social”.
Recordó que cuando tuvieron lugar los hechos fungía como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, y emitió un boletín en el que denunció que la gente de la diócesis “veníamos documentando” el proceso de paramilitarización de Chiapas y la formación de estos grupos a expensas de las fuerzas armadas.
Recordó que era tan intensa la presencia de fuerzas paramilitares en las zonas zapatistas, que la víspera de lo de Acteal él y el obispo Samuel Ruiz fueron agredidos por estos grupos. Al día siguiente de esos hechos, el hermano del prelado fue atacado a martillazos.
“Los signos que se veían venir eran de un ataque frontal al zapatismo, y lo que nosotros teníamos bien identificado era que los paramilitares eran creados por el Ejército Mexicano. Se trataba de soldados que se pasaban a esos grupos como retirados; eran los principales instructores y les daban armas que sólo el Ejército tenía; además, se les uniformaba al estilo castrense, pero sin insignias, con corte de cabello tipo militar y no usaban identificación”, destacó.
Expuso que Acteal “es un caso emblemático en el país, muy significativo, porque atacaron a personas desplazadas que pertenecían al grupo de Las Abejas, que había nacido con un tinte totalmente pacifista”. Además, por primera vez los paramilitares mataron a personas adentro de una iglesia, ya que en otros casos se limitaban a causar destrozos en los templos.
“El gobierno federal creyó que sembrando terror en la gente que consideró insurrecta acabaría con sus posiciones, pero sucedió lo contrario, cometió un crimen de Estado y nació lo que la población califica ahora como los mártires de Acteal”, destacó Vera López.
Consideró que en el caso de las poblaciones de las zonas de Chenalhó, la posición oficial quiso demostrar que las ejecuciones tuvieron lugar por un conflicto por un banco de arena, “pero los hechos desmienten eso, porque hubo todo un proceso de paramilitarización en las regiones donde había bases zapatistas”. Agregó que el ataque de hace casi 10 años tuvo “un planteamiento de tipo kaibilesco (grupo de terrorismo de Estado en Guatemala)”.
Explicó que está demostrado y documentado que las incursiones paramilitares de aquel periodo “siempre tenían lugar con excusas”, con el fin de “colocar militares en las zonas zapatistas”.
Gabriel León Zaragoza
El obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, afirmó que las ejecuciones en Acteal, Chiapas, contra la población tzotzil fueron crímenes de lesa humanidad, en los que, a 10 años de ocurridos, queda por esclarecer la responsabilidad del Estado mexicano, toda vez que “está más que comprobado” que hubo una guerra de baja intensidad, protagonizada por grupos paramilitares y auspiciada por el Ejército Mexicano, que “armó a la sociedad civil para atacar a la sociedad civil”.
El prelado recordó que existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta contra el Estado por la matanza de 45 indígenas de Acteal, y consideró que “se debe condenar al ex presidente (Ernesto) Zedillo por crímenes de lesa humanidad”.
En entrevista, afirmó que ya es tiempo de que “salga la verdad” sobre los hechos sangrientos de hace una década, y urgió al gobierno federal a aclarar la matanza, pero “no para engañar” ni para “lavar la cara al Ejército”, como sucedió recientemente en el caso del poblado de Castaños, Coahuila.
Aseguró que contrario a lo que de manera oficial se pretende omitir, entre la población “hay memoria histórica, por lo que debe prevalecer la identidad social”.
Recordó que cuando tuvieron lugar los hechos fungía como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, y emitió un boletín en el que denunció que la gente de la diócesis “veníamos documentando” el proceso de paramilitarización de Chiapas y la formación de estos grupos a expensas de las fuerzas armadas.
Recordó que era tan intensa la presencia de fuerzas paramilitares en las zonas zapatistas, que la víspera de lo de Acteal él y el obispo Samuel Ruiz fueron agredidos por estos grupos. Al día siguiente de esos hechos, el hermano del prelado fue atacado a martillazos.
“Los signos que se veían venir eran de un ataque frontal al zapatismo, y lo que nosotros teníamos bien identificado era que los paramilitares eran creados por el Ejército Mexicano. Se trataba de soldados que se pasaban a esos grupos como retirados; eran los principales instructores y les daban armas que sólo el Ejército tenía; además, se les uniformaba al estilo castrense, pero sin insignias, con corte de cabello tipo militar y no usaban identificación”, destacó.
Expuso que Acteal “es un caso emblemático en el país, muy significativo, porque atacaron a personas desplazadas que pertenecían al grupo de Las Abejas, que había nacido con un tinte totalmente pacifista”. Además, por primera vez los paramilitares mataron a personas adentro de una iglesia, ya que en otros casos se limitaban a causar destrozos en los templos.
“El gobierno federal creyó que sembrando terror en la gente que consideró insurrecta acabaría con sus posiciones, pero sucedió lo contrario, cometió un crimen de Estado y nació lo que la población califica ahora como los mártires de Acteal”, destacó Vera López.
Consideró que en el caso de las poblaciones de las zonas de Chenalhó, la posición oficial quiso demostrar que las ejecuciones tuvieron lugar por un conflicto por un banco de arena, “pero los hechos desmienten eso, porque hubo todo un proceso de paramilitarización en las regiones donde había bases zapatistas”. Agregó que el ataque de hace casi 10 años tuvo “un planteamiento de tipo kaibilesco (grupo de terrorismo de Estado en Guatemala)”.
Explicó que está demostrado y documentado que las incursiones paramilitares de aquel periodo “siempre tenían lugar con excusas”, con el fin de “colocar militares en las zonas zapatistas”.
Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas
Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades
La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista
blanche petrich /I
La senadora Rosario Ibarra en una protesta de madres de desaparecidos políticos, el 10 de mayo de 2002 Foto: José Núñez
En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.
Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.
Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.
Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.
En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.
La sentencia más alta
En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.
Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.
De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.
En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.
A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.
Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.
Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.
En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.
En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.
La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista
blanche petrich /I
La senadora Rosario Ibarra en una protesta de madres de desaparecidos políticos, el 10 de mayo de 2002 Foto: José NúñezEn los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.
Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.
Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.
Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.
En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.
La sentencia más alta
En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.
Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.
De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.
En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.
A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.
Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.
Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.
En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.
En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.
Periferias en resistencia (Chile)
Raúl Zibechi
Si fuera cierto, como apunta Mike Davis, que “los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo”, vale la pena echar un vistazo al medio siglo de historia de la población chilena La Victoria. Ella muestra algunos de los caminos, posibles y tangibles, por los que pasa la emancipación en nuestros suburbios latinoamericanos. Porque parece evidente que las resistencias y las emancipaciones no pueden inventarse en el aire sino inscribirse en las mejores tradiciones de nuestros pueblos.
Este 30 de octubre se cumplen 50 años desde que unos miles de familias muy pobres de Santiago, que se hacinaban en el céntrico Zanjón de la Aguada, llegaron hasta un descampado en la zona sur, lo tomaron, resistieron el desalojo y se pusieron a construir sus viviendas, las calles y banquetas, trazaron un barrio, levantaron escuelas y puestos de salud y, finalmente, se conectaron con los servicios de agua y saneamiento. Sólo contaron con su determinación, el apoyo del Partido Comunista y de sectores de la Iglesia católica. Lo demás lo inventaron sobre la marcha.
La invasión que dio origen a La Victoria fue un parteaguas en las luchas de los pobres urbanos. Fue una de las primeras invasiones colectivas del continente, organizada cuidadosamente por los propios pobladores. La consigna fue llevar sólo la bandera chilena y tres palos para poner en pie algo parecido a una vivienda precaria; llegaron de noche, en carros, colocando trapos en los cascos de los caballos para no hacer ruido. A diferencia de lo que venía sucediendo en las villas miseria y las callampas, la población no creció como consecuencia de una agregación individual o familiar sino por la acción masiva y simultánea de miles de familias.
La organización previa dio paso a la organización de la población, manzana por manzana, en base a asambleas diarias al regresar del trabajo. Una forma de hacer en la que se adivinan gérmenes de poder popular territorial. En tercer lugar, fue un parteaguas por el papel determinante de las mujeres-madres que tomaron en sus manos la construcción de la nueva barriada. El ejemplo de La Victoria lo siguieron cientos de miles en todo Chile, al punto que cuando Augusto Pinochet dio el golpe de Estado en septiembre de 1973, un tercio de la población de Santiago vivía en poblaciones autoconstruidas.
La dictadura militar inició, a su vez, una contrarrevolución urbana llevando a los pobres lejos del centro urbano para conjurar el peligro que representaba la organización territorial de los de abajo. Además, destruyó sus barrios autoconstruidos para crear 200 mil viviendas de baja calidad donde fueron erradicados a la fuerza un millón de personas. En adelante deberían vivir en barrios y viviendas construidas por el Estado o el mercado, que es la forma de facilitar el control a través de la reconstrucción del panóptico urbano que los pobres habían reconstruido con sus tomas.
Duró poco la paz de la dictadura. Pese a una década de feroz represión, de guerra contra los pobres centrada en barrios como La Victoria y La Legua, donde se registraron allanamientos diarios y decenas de desaparecidos, torturados y encarcelados, en 1983 y 1984 esos barrios se levantaron contra el tirano en 11 jornadas de protesta. Las barricadas y la ocupación del espacio público por los jóvenes tomaron el lugar de la huelga y el paro, que eran rigurosamente sancionados. Las jornadas fueron el mayor golpe a la dictadura, que emprendió una lenta retirada para dar paso a partir de 1990 a la democracia electoral regida por la Concertación Democrática.
Si las pobladoras de los años 50 habían aprendido a construir y controlar sus espacios, las de los 80 aprendieron a producir sus vidas cotidianas como respuesta a la crisis económica y el desempleo, creando amasaderías, lavaderos, comedores populares, talleres de tejido, huertos familiares y comprando juntas los alimentos. Como señala el historiador Gabriel Salazar, esas mujeres nunca fueron derrotadas por la dictadura en el terreno de lucha que habían elegido, sino “en el terreno de la transacción elegido por los que, supuestamente, eran sus aliados: los profesionales de clase media y los políticos de centroizquierda”. La transición a la democracia electoral fue una derrota para esas mujeres, y esos jóvenes, que en sus barrios hirieron de muerte a la dictadura pinochetista.
Sin embargo, La Victoria y otros barrios populares creados por los pobres en los años 60 siguen resistiendo. En 2001, el Ministerio del Interior del gobierno “socialista” de Ricardo Lagos impuso la “intervención” en La Victoria y en ocho barrios más. La gendarmería, los pacos, patrullan el barrio día y noche y buena parte de sus 30 mil habitantes no creen el cuento del narcotráfico y la delincuencia como excusa de la intervención. Se trata, dicen los vecinos del centro cultural Pedro Mariqueo, de control social y político porque esos barrios siguen siendo potenciales espacios antisistémicos.
En La Victoria funcionan varios centros sociales y culturales, una radio y un canal de televisión comunitarios. Pese a la cooptación y la división fomentadas por los sucesivos gobiernos concertacionistas, cada 11 de septiembre –aniversario del golpe de Estado– la empresa eléctrica corta la luz en el barrio como medida de precaución en las zonas “conflictivas” de la ciudad. Buena parte de los pobladores de La Victoria tienen claro que siguen siendo los “otros” para los poderosos, ese peligro latente que supo construir ciudad, combatir a la dictadura y resistir la cooptación de la democracia.
Cincuenta años después de haber cambiado el rumbo de las luchas sociales, siguen alimentando la tradición de resistencia y emancipación de los pobres urbanos de este continente, que será referente ineludible de quienes pretenden llevar las potentes luchas rurales al difícil y resbaladizo terreno de las grandes ciudades.
Si fuera cierto, como apunta Mike Davis, que “los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo”, vale la pena echar un vistazo al medio siglo de historia de la población chilena La Victoria. Ella muestra algunos de los caminos, posibles y tangibles, por los que pasa la emancipación en nuestros suburbios latinoamericanos. Porque parece evidente que las resistencias y las emancipaciones no pueden inventarse en el aire sino inscribirse en las mejores tradiciones de nuestros pueblos.
Este 30 de octubre se cumplen 50 años desde que unos miles de familias muy pobres de Santiago, que se hacinaban en el céntrico Zanjón de la Aguada, llegaron hasta un descampado en la zona sur, lo tomaron, resistieron el desalojo y se pusieron a construir sus viviendas, las calles y banquetas, trazaron un barrio, levantaron escuelas y puestos de salud y, finalmente, se conectaron con los servicios de agua y saneamiento. Sólo contaron con su determinación, el apoyo del Partido Comunista y de sectores de la Iglesia católica. Lo demás lo inventaron sobre la marcha.
La invasión que dio origen a La Victoria fue un parteaguas en las luchas de los pobres urbanos. Fue una de las primeras invasiones colectivas del continente, organizada cuidadosamente por los propios pobladores. La consigna fue llevar sólo la bandera chilena y tres palos para poner en pie algo parecido a una vivienda precaria; llegaron de noche, en carros, colocando trapos en los cascos de los caballos para no hacer ruido. A diferencia de lo que venía sucediendo en las villas miseria y las callampas, la población no creció como consecuencia de una agregación individual o familiar sino por la acción masiva y simultánea de miles de familias.
La organización previa dio paso a la organización de la población, manzana por manzana, en base a asambleas diarias al regresar del trabajo. Una forma de hacer en la que se adivinan gérmenes de poder popular territorial. En tercer lugar, fue un parteaguas por el papel determinante de las mujeres-madres que tomaron en sus manos la construcción de la nueva barriada. El ejemplo de La Victoria lo siguieron cientos de miles en todo Chile, al punto que cuando Augusto Pinochet dio el golpe de Estado en septiembre de 1973, un tercio de la población de Santiago vivía en poblaciones autoconstruidas.
La dictadura militar inició, a su vez, una contrarrevolución urbana llevando a los pobres lejos del centro urbano para conjurar el peligro que representaba la organización territorial de los de abajo. Además, destruyó sus barrios autoconstruidos para crear 200 mil viviendas de baja calidad donde fueron erradicados a la fuerza un millón de personas. En adelante deberían vivir en barrios y viviendas construidas por el Estado o el mercado, que es la forma de facilitar el control a través de la reconstrucción del panóptico urbano que los pobres habían reconstruido con sus tomas.
Duró poco la paz de la dictadura. Pese a una década de feroz represión, de guerra contra los pobres centrada en barrios como La Victoria y La Legua, donde se registraron allanamientos diarios y decenas de desaparecidos, torturados y encarcelados, en 1983 y 1984 esos barrios se levantaron contra el tirano en 11 jornadas de protesta. Las barricadas y la ocupación del espacio público por los jóvenes tomaron el lugar de la huelga y el paro, que eran rigurosamente sancionados. Las jornadas fueron el mayor golpe a la dictadura, que emprendió una lenta retirada para dar paso a partir de 1990 a la democracia electoral regida por la Concertación Democrática.
Si las pobladoras de los años 50 habían aprendido a construir y controlar sus espacios, las de los 80 aprendieron a producir sus vidas cotidianas como respuesta a la crisis económica y el desempleo, creando amasaderías, lavaderos, comedores populares, talleres de tejido, huertos familiares y comprando juntas los alimentos. Como señala el historiador Gabriel Salazar, esas mujeres nunca fueron derrotadas por la dictadura en el terreno de lucha que habían elegido, sino “en el terreno de la transacción elegido por los que, supuestamente, eran sus aliados: los profesionales de clase media y los políticos de centroizquierda”. La transición a la democracia electoral fue una derrota para esas mujeres, y esos jóvenes, que en sus barrios hirieron de muerte a la dictadura pinochetista.
Sin embargo, La Victoria y otros barrios populares creados por los pobres en los años 60 siguen resistiendo. En 2001, el Ministerio del Interior del gobierno “socialista” de Ricardo Lagos impuso la “intervención” en La Victoria y en ocho barrios más. La gendarmería, los pacos, patrullan el barrio día y noche y buena parte de sus 30 mil habitantes no creen el cuento del narcotráfico y la delincuencia como excusa de la intervención. Se trata, dicen los vecinos del centro cultural Pedro Mariqueo, de control social y político porque esos barrios siguen siendo potenciales espacios antisistémicos.
En La Victoria funcionan varios centros sociales y culturales, una radio y un canal de televisión comunitarios. Pese a la cooptación y la división fomentadas por los sucesivos gobiernos concertacionistas, cada 11 de septiembre –aniversario del golpe de Estado– la empresa eléctrica corta la luz en el barrio como medida de precaución en las zonas “conflictivas” de la ciudad. Buena parte de los pobladores de La Victoria tienen claro que siguen siendo los “otros” para los poderosos, ese peligro latente que supo construir ciudad, combatir a la dictadura y resistir la cooptación de la democracia.
Cincuenta años después de haber cambiado el rumbo de las luchas sociales, siguen alimentando la tradición de resistencia y emancipación de los pobres urbanos de este continente, que será referente ineludible de quienes pretenden llevar las potentes luchas rurales al difícil y resbaladizo terreno de las grandes ciudades.
La renta petrolera de 2007
José Antonio Rojas Nieto
Una vez más, las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaron un máximo histórico en moneda corriente. Sin duda se acercan ya a los altos valores constantes de 1980 y 1981. Tanto en términos de precio, como del peso o significación de lo pagado anualmente por el petróleo consumido respecto al valor anual del producto mundial.
Lo sorprendente –acaso ya no tanto– es que este viernes 26, el barril del marcador West Texas Intermediate (WTI) cerró a 91.86 dólares. Y el de nuestra nezcla mexicana de exportación en 76.95. Mucho movimiento de compra y venta de futuros explica estos últimos ascensos.
Los Fondos de Pensiones que compraron mucho crudo hace dos o tres años, toman utilidades. Pero también restringen sus ventas cuando el mercado reacciona la baja, como sucedió los días 17 y 23 de octubre.
Ya habrá ocasión de tratar un poco más ampliamente eso que en inglés denominan open interest, se trata de la expresión del número de contratos y el volumen de crudo que día a día se comercializa, en nuestro caso en el mercado spot de Nueva York.
Y, para ejemplificar con lo comercializado este viernes, para las entregas a un mes, a dos meses, a tres meses y así sucesivamente hasta diciembre de 2015. Los primeros comentarios hacen pensar en que este viernes se registró un récord de contratos negociados. Sería expresión de un ascenso en el volumen de crudo negociado en la bolsa y que da precio a los contratos de suministro de todo el mundo. Pero ya comentaremos eso en otra ocasión.
Lo cierto es que con el alto precio del viernes, el promedio del mes de octubre se acerca a los 85 dólares para el caso del WTI. Y a los 72 dólares para el caso de nuestra mezcla. Recordemos que el precio presupuestal para este año fue de 42.80, con una plataforma de exportación de mil 648 millones de barriles al día. Y que el tipo de cambio presupuestal para convertir los ingresos petroleros a moneda nacional fue de 11.10 pesos por dólar.
Pues bien, si en noviembre y diciembre se conservaran los precios al nivel del mes de octubre, el WTI cerraría en 71 dólares. Y nuestra mezcla en cerca 60 dólares por barril. Ahora bien, si el volumen de crudo exportado en todo 2007, fuera similar al del promedio de los primeros 10 meses del año, los resultados serían los siguientes. Un precio medio de nuestra mezcla mexicana de 59.38 dólares por barril, 16.58 dólares por barril superior al presupuestado. Y un volumen de crudo exportado superior en 58 mil barriles al día, también al presupuestado (un millón 648 mil al día).
Esto arrojaría ingresos por estas exportaciones superiores en cerca de 11 mil 700 millones de dólares a lo presupuestado. Un poquito menos en pesos considerando un leve ajuste a la baja del tipo de cambio. Pero, pero… los ingresos por petróleo del gobierno federal –básicamente los derechos de extracción de hidrocarburos– no se reducen a los captados por el volumen de crudo exportado. Internamente Pemex Exploración y Producción (PEP) destina cerca de un millón 400 mil barriles diarios a la refinación interna. Este petróleo también fue presupuestado, con una cotización casi dos dólares arriba de la de exportaciones. ¿Por qué? Por el mayor contenido de ligeros que exigen nuestras refinerías. Un ligero cálculo mostraría que ese precio fue de 44.56 dólares por barril, correspondientes a los 42.80 presupuestales del crudo exportado.
Termino diciendo que el mercado petrolero de 2007 ubicará esta cotización del curdo consumido internamente en 17.26 dólares por barril por encima del precio presupuestal. Y con ello, el precio presupuestal general de 43.76 dólares por barril –con 54 por ciento de crudo exportado y 46 por ciento de crudo consumido internamente– resultará ser 16.95 dólares inferior al estimado para el cierre del 2007. ¿Qué significa esto? Que pese al lamentable decaimiento de Cantarell, la renta petrolera de este año no será de 43 mil millones de dólares (incluso dejándole a Pemex su mismo costo del año anterior). Será levemente superior a los 63 mil millones de dólares, ni más ni menos que 20 mil millones de dólares más.
Una vez más digo algo que debo decir. Nunca antes, gobierno alguno recibió tanto dinero por concepto de renta petrolera. Nunca. Y entonces…. ¿por qué sucede lo que sucede? Ya no sólo digo Pidiregas, sino el lamentable y doloroso accidente en la Sonda de Campeche. ¿Por qué?
Una vez más, las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaron un máximo histórico en moneda corriente. Sin duda se acercan ya a los altos valores constantes de 1980 y 1981. Tanto en términos de precio, como del peso o significación de lo pagado anualmente por el petróleo consumido respecto al valor anual del producto mundial.
Lo sorprendente –acaso ya no tanto– es que este viernes 26, el barril del marcador West Texas Intermediate (WTI) cerró a 91.86 dólares. Y el de nuestra nezcla mexicana de exportación en 76.95. Mucho movimiento de compra y venta de futuros explica estos últimos ascensos.
Los Fondos de Pensiones que compraron mucho crudo hace dos o tres años, toman utilidades. Pero también restringen sus ventas cuando el mercado reacciona la baja, como sucedió los días 17 y 23 de octubre.
Ya habrá ocasión de tratar un poco más ampliamente eso que en inglés denominan open interest, se trata de la expresión del número de contratos y el volumen de crudo que día a día se comercializa, en nuestro caso en el mercado spot de Nueva York.
Y, para ejemplificar con lo comercializado este viernes, para las entregas a un mes, a dos meses, a tres meses y así sucesivamente hasta diciembre de 2015. Los primeros comentarios hacen pensar en que este viernes se registró un récord de contratos negociados. Sería expresión de un ascenso en el volumen de crudo negociado en la bolsa y que da precio a los contratos de suministro de todo el mundo. Pero ya comentaremos eso en otra ocasión.
Lo cierto es que con el alto precio del viernes, el promedio del mes de octubre se acerca a los 85 dólares para el caso del WTI. Y a los 72 dólares para el caso de nuestra mezcla. Recordemos que el precio presupuestal para este año fue de 42.80, con una plataforma de exportación de mil 648 millones de barriles al día. Y que el tipo de cambio presupuestal para convertir los ingresos petroleros a moneda nacional fue de 11.10 pesos por dólar.
Pues bien, si en noviembre y diciembre se conservaran los precios al nivel del mes de octubre, el WTI cerraría en 71 dólares. Y nuestra mezcla en cerca 60 dólares por barril. Ahora bien, si el volumen de crudo exportado en todo 2007, fuera similar al del promedio de los primeros 10 meses del año, los resultados serían los siguientes. Un precio medio de nuestra mezcla mexicana de 59.38 dólares por barril, 16.58 dólares por barril superior al presupuestado. Y un volumen de crudo exportado superior en 58 mil barriles al día, también al presupuestado (un millón 648 mil al día).
Esto arrojaría ingresos por estas exportaciones superiores en cerca de 11 mil 700 millones de dólares a lo presupuestado. Un poquito menos en pesos considerando un leve ajuste a la baja del tipo de cambio. Pero, pero… los ingresos por petróleo del gobierno federal –básicamente los derechos de extracción de hidrocarburos– no se reducen a los captados por el volumen de crudo exportado. Internamente Pemex Exploración y Producción (PEP) destina cerca de un millón 400 mil barriles diarios a la refinación interna. Este petróleo también fue presupuestado, con una cotización casi dos dólares arriba de la de exportaciones. ¿Por qué? Por el mayor contenido de ligeros que exigen nuestras refinerías. Un ligero cálculo mostraría que ese precio fue de 44.56 dólares por barril, correspondientes a los 42.80 presupuestales del crudo exportado.
Termino diciendo que el mercado petrolero de 2007 ubicará esta cotización del curdo consumido internamente en 17.26 dólares por barril por encima del precio presupuestal. Y con ello, el precio presupuestal general de 43.76 dólares por barril –con 54 por ciento de crudo exportado y 46 por ciento de crudo consumido internamente– resultará ser 16.95 dólares inferior al estimado para el cierre del 2007. ¿Qué significa esto? Que pese al lamentable decaimiento de Cantarell, la renta petrolera de este año no será de 43 mil millones de dólares (incluso dejándole a Pemex su mismo costo del año anterior). Será levemente superior a los 63 mil millones de dólares, ni más ni menos que 20 mil millones de dólares más.
Una vez más digo algo que debo decir. Nunca antes, gobierno alguno recibió tanto dinero por concepto de renta petrolera. Nunca. Y entonces…. ¿por qué sucede lo que sucede? Ya no sólo digo Pidiregas, sino el lamentable y doloroso accidente en la Sonda de Campeche. ¿Por qué?
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