Mujeres triquis, el exilio

Las indígenas triquis exponen su cruda realidad, enmarcada por la creciente violencia

Foto: ezequiel leyva

pedro matías

Oaxaca, Oax., 26 de noviembre (apro).- En ocasión del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se celebró este domingo 25 de noviembre, las indígenas triquis exponen su cruda realidad, enmarcada por la creciente violencia.La desesperanza invade a ese pueblo indígena, donde las agresiones han alcanzado niveles similares a los ochenta, situación que ha obligado, principalmente a las mujeres, a un exilio forzado.“Aquí la pobreza es normal, lo peor es la violencia”, confiesa un grupo de mujeres triquis que viven en el destierro.Y es que en su pueblo de origen no ven otra cosa que desapariciones, secuestros, violaciones, emboscadas, huérfanos, viudas, saqueos de casas e incendios en terrenos de sembradío…Pero esa situación no parece importarle al gobierno estatal. El propio procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez reconoce:“Es una zona muy conflictiva (la región Triqui), y no voy arriesgar a mi gente para que entre a esa zona. Esa violencia ya tiene años, no es de ahora. Entonces, no puedo resolver en seis meses, de la noche a la mañana, el problema”.En palabras de las denunciantes, el procurador les dijo que “lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia (de dos indígenas desaparecidas)”Les dijo que no se trataba “de que ellos no quisieran trabajar, pero que todo va muy lento porque es muy difícil entrar a la zona Triqui, por la presencia de los grupos políticos en la región, y que no va a arriesgar a su gente”.Sobre un caso relacionado con la violación a una menor registrada el pasado 21 de febrero, el funcionario dijo que se ordenó a la Policía Ministerial la detención de los responsables y, “cuando se les detenga, tal vez se pueda tener una pista para localizar a las jóvenes desaparecidas”. Por si fuera poco, los representantes del gobierno consideran que, “debido a la violencia que vive la región triqui, la forma de resolver los conflictos es militarizando la zona”. Las mujeres, que prefieren omitir su nombre para evitar represalias, sostienen que “si las propias autoridades no se atreven a entrar (a su pueblo) para investigar las recientes desapariciones, violaciones y crímenes, no nos queda otra alternativa más que el destierro.“No es por gusto sino por necesidad, por el sufrimiento que agobia a mi pueblo. Ya tenemos muchos muertos”, relatan al tiempo que de sus ojos brotan algunas lágrimas.Según las mujeres, los hombres ya no salen al campo a realizar sus tareas agrícolas a causa de tanta violencia. Dicen que ese papel lo han asumido ellas.Ahora, ellas no sólo reparten su tiempo entre las labores del hogar y el campo, con el riesgo de que, en esta segunda actividad, sean víctimas de alguna violación.La región Triqui se encuentra asentada en la zona montañosa denominada “Nudo Mixteco” y está divida en la zona baja, cuya cabecera es San Juan Copala; mientras que la media comprende San Martín Itunyoso y, la parte alta, lleva por sede a San Andrés Chicahuaxtla.Es decir, los indígenas triquis se encuentran asentados en tres municipios, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.Aunque en toda esa región predomina la pobreza, es en la región baja donde particularmente la autoridad tradicional se ha desintegrado, pues el cultivo de café fortaleció la propiedad privada y desató la violencia por la posesión de tierras.
“Municipio autónomo” triqui
El activismo de la comunidad ha provocado el surgimiento de diversas organizaciones, como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y, más recientemente, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. Este último declaró “municipio autónomo” a San Juan Copala, el pasado 1 de enero.Aunque en la región triqui había una regla escrita de que la violencia por pugnas políticas, venganza o control territorial no alcanzaría a mujeres o niños, ésta dejó de respetarse en los últimos años.Según consta en la averiguación previa 157/2006, el 7 de julio del año pasado una niña de 14 años, Lucía, fue violada presuntamente por Timoteo Alejandro Ramírez, Francisco Martínez Bautista y Marcos Flores, en presencia de su padre y su abuela.La estudiante de secundaria fue ultrajada cuando al salir de su domicilio ubicado en la comunidad El Rastrojo. Ella y su padre llevaban a su abuela al doctor en Juxtlahuaca. Pero, como el camino estaba cerrado por un conflicto político, los tres tuvieron que caminar por una vereda. Cerca de Yosoyuxi, les salió al paso un grupo de hombres.Timoteo tomó del cabello a la niña y la arrastró a un descampado. Ahí la violó en repetidas ocasiones. Ante los gritos, el padre y la abuela trataron de intervenir, pero el grupo de hombres se los impidió. Al final los amenazaron con matar a toda la familia si denunciaban la agresión.Lucía y su familia viven ahora con un pariente cerca de San Juan Copala, y no salen ni a trabajar la tierra por temor a que sus violadores cumplan su amenaza de matarlos por haberlos denunciado.La angustia creció cuando se enteraron que Marcos Flores, uno de los agresores murió de una enfermedad incurable. La menor tuvo que ser sometida a un estudio de VIH donde el resultado salió negativo, aunque actualmente se encuentra en terapia psicológica.Pese a que las pruebas del examen ginecológico confirmaron la violación, hasta el momento no se ha detenido a los presuntos responsables.A ese caso siguió el de la niña Daniela y su maestra de educación indígena, Virginia Ortiz Ramírez, quienes desaparecieron el 5 de julio de este año, según consta en la averiguación previa 187/2007.Antonio Bautista Ramírez y Dionisio Merino Ortiz relataron ante el Ministerio Público que ese día se encontraban en Santiago Juxtlahuaca esperando transporte para dirigirse a Putla de Guerrero.Ahí observaron que en una camioneta azul marino Ford Ranger de doble cabina y sin placas, conducida por Francisco Herrera Martínez, llevaban a bordo a Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, con los ojos vendados.Timoteo Alejandro Ramírez sujetaba y encañonaba con una pistola a la menor Daniela.En la parte media del asiento trasero también observaron que iba la maestra Virginia, sometida por Miguel Ángel Velasco Álvarez y José Ramírez Flores.Los testigos confesaron que no se atrevían a denunciar porque los secuestradores de la Ubisort son conocidos por su alta peligrosidad.Ante la inacción de las autoridades, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y los familiares de las dos mujeres triquis anunciaron que expondrán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El caso más reciente ocurrió el domingo 21 de octubre pasado: Sofía Bautista, de 11 años, resultó herida de gravedad en una balacera. Un grupo armado atacó a la comunidad de Cuyuchi. En el tiroteo, resultó herida Sofía. La bala entró por la occipital derecha y quedó alojada en la mejilla derecha.El impacto le causó a la menor un derrame cerebral y se provocó un derrame de líquido cefalorraquídeo.Simultáneamente, otro grupo emboscó a una camioneta de pasajeros, y la acción impidió el tránsito normal por el camino principal, Ese incidente, provocó que doña Florencia tuviera que caminar alrededor de media hora para llegar a su casa y encontrar herida a su sobrina Sofía.Con ayuda de sus vecinos la trasladó al hospital de Putla, donde le recomendaron canalizar a la niña a la ciudad de Oaxaca, debido a su gravedad. Doña Florencia trasladó a su sobrina al hospital “Aurelio Valdivieso” de esta ciudad, donde le extrajeron el proyectil. Aunque la menor todavía no recupera el habla, ya empezó a tener movimiento en casi todo su cuerpo.Yésica Sánchez Maya, presidenta estatal de la Limeddh, condena esos hechos y lamenta la ausencia de justicia en Oaxaca.
El estigma de ser mujer
La mujer trique sufre la discriminación desde que nace. Por esa razón, los hombres prefieren tener hijos varones. A pesar de esa situación, en esa región los hombres pueden tener una, dos o tres mujeres o las que quieran. Son parte de sus “usos y costumbres”.“Lo que pasa es que hay muchas mujeres que aunque saben que tienen su familia, se meten con ellos. Son usos y costumbres. (Aunque) la primera esposa decide en todo, todas conviven. Hay algunas que viven juntas y otras separadas”.Las mujeres en el exilio justifican sus formas culturales y desmienten rotundamente la venta de mujeres en su comunidad.Entre los triquis todavía no se permite a las mujeres participar en las asambleas comunitarias ni en la toma de decisiones; no pueden andar solas y tampoco usar toallas femeninas ni, menos aún, se les permite utilizar anticonceptivos.Sin embargo, las mujeres itinerantes piden que “no nos critiquen ni nos vean como animales”, porque todo ello es parte de su cultura. Destacan que casi 70% de su población emigró a Alaska, Nueva York y Chicago, en Estados Unidos, y a Baja California, Jalisco, Tabasco, y la Ciudad de México, pues “tenemos miedo a las emboscadas, las violaciones y los asesinatos.“Es lo peor que puede haber, lo que estamos viviendo las mujeres. Hay algunas que no tienen ni dónde vivir. Muchas mujeres no comen con tal de darle de comer a sus hijos”, finalizaron.

Desacato en San Nicolás de los Garza

"La Rata" Zeferino Salgado

Foto: archivo

arturo rodríguez garcía

San Nicolás de los Garza, N.L., 26 de noviembre (apro).- El futuro político del alcalde panista Zeferino Salgado Almaguer pende de un hilo después de desdeñar dos mandamientos judiciales que lo obligaban a suspender la construcción del centro comercial Citadel, inaugurado el viernes 16, con la asistencia de unas 5 mil personas.La primera orden judicial se libró a fines del año pasado, antes incluso que se iniciaran las obras del complejo comercial. Un tribunal de Circuito ordenó al alcalde suspender cualquier trámite relacionado con la propiedad que reclaman como suya los hermanos David y Daniel Hinojosa González.En franco desacato, Salgado Almaguer no sólo facilitó las licencias de construcción, sino que presentó y promovió el proyecto impulsado por la sociedad Román Rodríguez Rubio y Grupo Stiva.El 6 de diciembre de 2006, en efecto, el alcalde comentó que el centro comercial se erigiría sobre una superficie de 180 mil metros cuadrados, que contaría con 2 mil 200 cajones de estacionamiento, red inalámbrica de Internet, vigilancia las 24 horas y sistema de alarma, circuito cerrado y control de acceso, entre otros.Con el aval de la autoridad municipal, el proyecto cobró forma rápidamente y, por el momento, alberga un sinnúmero de tiendas, restaurantes y cines, entre los que destacan Sears, Suburbia, Sanborns, C&A, Famsa y Cinépolis.A pesar de no estar aún concluido, el mall fue inaugurado apenas el día 16 con la presentación de un espectáculo infantil, “El show de los Chicharrines”. En la invitación oficial se anticipaba la presencia del edil panista, pero éste nunca llegó. Otro apercibimiento Una semana después de la inauguración del complejo comercial, el ayuntamiento nicolaíta recibió otra orden judicial para frenar las obras.El juez Carlos Francisco García Malo, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, concedió la razón a los quejosos David y Daniel Hinojosa González, y recomendó al edil detener las construcción del centro comercial ubicado en el predio marcado con el número de expediente catastral 581900316, en la Exhacienda Santo Domingo.García Malo incluso le recordó al munícipe que el juzgado no ha sido informado del cumplimiento de una orden previa en el mismo sentido.El conflicto legal por la propiedad comenzó en 2005, cuando Banca Afirme, en calidad de fiduciario, y los fideicomitentes, David y Daniel Hinojosa González, tramitaron un juicio de amparo ante la invasión de su propiedad.De acuerdo con el expediente judicial, los predios con clasificación catastral 19-003-027 y 19-003-160 están empalmados, y no se ha resuelto la delimitación correspondiente por la justicia federal, por lo que la construcción del centro comercial Citadel debió suspenderse desde el 2006.El abogado Rubén García Patena, quien conduce la defensa de los hermanos Hinojosa González, sostiene que el alcalde Zeferino Salgado fue notificado sobre la suspensión de esas obras, pero que en el ayuntamiento se valieron de artimañas legales para solapar su continuación.“Están queriendo interpretar lo que dice un juez federal, cuando una orden judicial se acata o se atienen a las consecuencias por desobedecerla. El municipio no puede evadir su responsabilidad, ya que dio el permiso de construcción, en conocimiento de que había una controversia judicial y, una vez notificándose el amparo, sacaron una artimaña, y otra, y otra, interpretando a su criterio la disposición del juez”.El 6 de noviembre anterior se otorgó una notificación de suspensión definitiva para las obras de Citadel hasta en tanto no se resuelva el fondo del amparo 1057/2006, que acumula la causa de los hermanos Hinojosa González. Y aun así, la inauguración se efectuó diez días después. Según García Patena, desde hace trece años los hermanos González Hinojosa y Rodríguez Rubio mantienen una lucha legal a partir de la formación de un fideicomiso de estos últimos con la banca JP Morgan, con el propósito de usufructuar los antiguos terrenos de la exHacienda Santo Domingo, que es de su propiedad pero que, con los años, incrementaron medidas e invadieron a sus vecinos.En el 2000, un juez civil otorgó la escritura con delimitación de medidas a David Hinojosa González, quien acreditó la propiedad del predio, por lo que al iniciar el proyecto de la plaza Citadel se tramitó el amparo. “El municipio de San Nicolás de los Garza, haciendo caso omiso a esa controversia, giró el permiso de construcción y el cambio de uso de suelo. “En tanto, nos dejan sin derecho de audiencia y sin derecho de petición. También sin derecho de resolver la controversia; en tanto Banca Afirme, que es la fiduciaria de David Hinojosa, promueve un amparo en contra del municipio para que no se siga construyendo ni se construya, pero el ayuntamiento sigue siendo omiso”, acusó.A pesar de haber incurrido en desacato, que es una causal para su destitución previo procedimiento legislativo, el alcalde Zeferino Salgado no ha fijado su postura al respecto. En tanto se desahoga el proceso legal, cuadrillas de trabajadores prosiguen con la última fase del proyecto ubicado en la avenida Rómulo Garza y carretera a Miguel Alemán.

“Árbitro parcial” (Primera de dos partes)

Pancho Ramíerdez Acuña

Foto: gilberto villasana

pedro zamora

Sierra de manantlán, Col., 26 de noviembre (apro).- Lejos de propiciar la distensión en la zona de conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se convirtió en un factor más de desacuerdo entre las partes, luego de ser acusado de actuar como árbitro parcial a favor del segundo estado, del que fue gobernador hasta hace un año.Mientras la tensión por el riesgo de un enfrentamiento entre policías de las dos entidades no deja dormir tranquila a la población de Plan de Méndez –comunidad enclavada en uno de los principales escenarios de disputa--, el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, demanda la intervención del presidente Felipe Calderón, en tanto que el mandatario jalisciense, Emilio González Márquez, se inclina por la permanencia de la Secretaría de Gobernación en la labor de mediación.Apenas el pasado 2 de agosto, en el contexto de otro periodo de crisis, ambos gobernadores, con Ramírez Acuña como testigo, habían llegado a acuerdos para garantizar la tranquilidad en las comunidades de la región hasta que el Senado de la República emita la resolución definitiva sobre la pertenencia de los 406 kilómetros cuadrados de territorio en litigio.Reunidos en el aeropuerto de Manzanillo con Ramírez Acuña, Cavazos y González Márquez se comprometieron a no realizar obras de manera unilateral y a no introducir sus agentes policíacos en la zona de conflicto, vigilada entonces por el Ejército, que sería sustituido días después por la Policía Federal Preventiva (PFP).El primero en incumplir los acuerdos fue el propio secretario de Gobernación, quien nunca envió a los elementos de la PFP, y si bien mantuvo al Ejército, éste se retiró sin explicaciones la tarde del pasado 16 de noviembre, dejando sin resguardo la zona de Plan de Méndez, entre los municipios de Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.Por su parte, desde principios de este mes, autoridades de Jalisco iniciaron simultáneamente la construcción de obras en las regiones de Plan de Méndez y La Culebra --ésta última ubicada en los límites de los municipios de Manzanillo y Cihuatlán--, lo que provocó una serie de choques que estuvieron a punto de desencadenar la violencia, luego de que funcionarios municipales colimenses clausuraron las obras y sus homólogos de Jalisco rompieron los sellos.En La Culebra, la Policía de Procuración de Justicia de Colima detuvo a seis trabajadores que laboraban en la introducción del servicio de agua potable al fraccionamiento Música del Mar, y en respuesta los ejidatarios de El Rebalse, acompañados por el alcalde de Cihuatlán, Enrique González Gómez, bloquearon la carretera a Manzanillo hasta que los detenidos fueron liberados mediante el pago de una fianza.A su vez, en Plan de Méndez el gobierno de Jalisco apostó diez patrullas de la policía estatal para evitar que agentes colimenses detuvieran a los trabajadores que edifican, a marchas forzadas, una casa de usos múltiples.Tras el fracaso de dos reuniones de los alcaldes de Minatitlán, Héctor Bautista Vázquez, y Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos, prevalece un ambiente tenso en este lugar, mientras que ya fue levantado el campamento militar que duró casi cuatro meses. Cerca de 40 agentes de la policía jalisciense –que portan armas largas de grueso calibre-- mantienen el control de Plan de Méndez, donde colocaron un retén en el que interrogan y exigen identificación a las personas que pretenden ingresar a la comunidad. Del otro lado del río Minatitlán, a menos de dos kilómetros de distancia, hacen guardia unidades de la Policía Estatal Preventiva de Colima, cuyos agentes permanecen a la expectativa.Desde el pasado 13 de noviembre, el gobernador Silverio Cavazos envío al presidente Calderón el oficio OCG-254-2007, donde denuncia que la situación de la zona limítrofe ha sido notificada de manera puntual y reiterada a la Secretaría de Gobernación, sin recibir respuesta positiva.“Hemos encontrado —precisó-- no sólo una actitud de complacencia, sino también sumisa, que demuestra claramente el sometimiento y contubernio de la Secretaría de Gobernación con el gobierno del Jalisco, en contra de los intereses soberanos del pueblo y gobierno de Colima”.Añadió: “Esta actitud de dolo y deliberadamente parcial con que ha venido conduciendo sus actos la Secretaría de Gobernación, atenta, señor Presidente, irresponsablemente contra su voluntad manifiesta de atender y resolver el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco, amén del deterioro que origina en contra del federalismo mexicano”.Por ello, Cavazos solicitó a Calderón que, con la finalidad de evitar un enfrentamiento que derive en hechos de sangre entre las policías de ambos estados, instruyera al Ejército –que en ese momento se encontraba asentado en territorio colimense— que vigilara la zona en disputa de Plan de Méndez en su ingreso por el municipio de Cuautitlán, Jalisco, y de esa manera evitar que la policía de esa entidad se internara en el área de conflicto.Sin embargo, tres días después --el viernes pasado, a las 6 de la tarde--, los militares levantaron el campamento que habían instalado desde hacía cuatro meses y se retiraron de la región.De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Colima, Héctor Michel Camarena, en una conversación con Cavazos, el presidente Calderón comentó que él no había dado la orden del retiro del Ejército de la zona de conflicto.El 15 de noviembre, el cabildo de Minatitlán, Colima, había enviado un exhorto al secretario de Gobernación “para que sus determinaciones en el conflicto de límites entre Colima y Jalisco sean de carácter imparcial y de pleno respeto a la soberanía de ambos estados”.Luego de una reunión realizada el viernes pasado, la Comisión para la defensa de la integridad territorial del estado de Colima --integrada por miembros de los tres poderes locales, legisladores federales, dirigentes de partidos políticos, de organismos empresariales y organizaciones sociales--emitió un manifiesto, en el que pide la intervención de Calderón.Además de cuestionar la actuación “parcial” de la Segob, especialmente del subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, la Comisión pidió que el Ejército asuma el control de los puntos de conflicto y que Calderón convoque a los gobernadores de Colima y Jalisco para convenir acciones tendientes a garantizar la paz en la zona limítrofe.En respuesta, el lunes pasado, el gobernador de Jalisco, Emilio González, se mostró de acuerdo en reunirse con Cavazos pero frente a Ramírez Acuña, no en presencia de Calderón.“Creo que no es necesario… no me parece que con tantas actividades que tiene el presidente de la República, como el caso de Tabasco y Chiapas, que deben estar ocupándole mucho de su tiempo, nosotros lo estemos distrayendo”, dijo González Márquez a la prensa tapatía.Indicó que el hecho de que Ramírez Acuña sea originario de Jalisco no es un impedimento para que funja como mediador. “Creo que Paco ha demostrado en todo momento su institucionalidad y que él tiene toda la calidad moral para ser quien nos ayude a destrabar esto”, afirmó.Para el gobernador de Colima, la postura de su homólogo jalisciense responde al hecho de que no quiere presentarse ante Calderón, porque teme que éste le cuestione por qué ha complicado el problema de los límites.“La apuesta de Colima –declaró ayer Cavazos-- es ver si, ante la alta investidura del presidente, a los de Jalisco les puede dar tantita pena y vergüenza y entonces sí se ponen a hacer lo que les corresponde, dentro de las acciones de cada gobierno para generar la tranquilidad en la zona”.Aunque dijo apelar a la sensibilidad de Calderón, Cavazos adelantó que, si él considera que no es necesaria su presencia y que basta con el Secretario de Gobernación, “lo aceptaré sin ningún problema. Sin embargo, le pediré al presidente que nada más analice que ya nos reunimos con el secretario de Gobernación y que Jalisco no cumplió”.

¿Por qué arde Sucre?

Rubén Martínez Dalmau
Rebelión

Quien conozca la capital de Bolivia, Sucre, habrá quedado convencido del ambiente apacible de la conocida como ciudad blanca, de interesante arquitectura, buenos museos, repleta de jóvenes que estudian en una de las más antiguas universidades latinoamericanas, y donde quizás lo más emocionante que se pueda hacer un día cualquiera sea pasear por los tejados de las iglesias, comer con vistas a la ciudad en las terrazas de la Recoleta, o beber cerveza en alguno de las decenas de locales acaparados por los turistas (aunque alguno de ellos se jacte de no ser sólo para gringos).

Por esa razón, quien conozca la ciudad seguramente se asombrará de que un lugar tranquilo de gente pacífica haya saltado en las últimas semanas a los medios de comunicación por todo lo contrario: insultos y palizas a los constituyentes que sesionan en Sucre, reuniones de miles de personas en las plazas públicas reivindicando la capitalidad plena y, el sábado 24 de noviembre, la presencia de centenares de heridos y de tres personas muertas por los disturbios causados, mientras la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobaba el texto de la Constitución “en grande”, es decir, para su consideración, porque debe ser seguida por la aprobación del texto constitucional artículo por artículo.

Como saben muy bien los psicólogos sociales, que estudian justamente la relación del individuo con el entorno social, esta transformación del carácter de los individuos de la noche a la mañana tiene que ver con una serie de condicionantes externos que presionan a las personas y las vuelven más agresivas, con o sin fundamento proporcional a la calidad de la agresión. El caso de Sucre no es como en la película de Álex de la Iglesia, donde los vecinos esconden su lado tenebroso y muestran en público el sosegado. Sucre es una ciudad de clase media, asentada, que vive de la minería, de la agricultura, del turismo y de los puestos de trabajo administrativos que ofrece el establecimiento en la ciudad de los altos tribunales del país, y de la Fiscalía General de la República. Es un pueblo sin segundos rostros, hasta hoy.

Los condicionantes de esta transformación se deben a un objetivo político y a muchos elementos de presión externos. El pretexto político es lo que se conoce como “capitalidad plena” (en Bolivia se suele hablar de capitalía plena). A pesar de lo que expresan algunos manuales de geografía, lo cierto es que Sucre es la capital de Bolivia y sede del Poder Judicial, y La Paz, al noreste del mismo altiplano andino, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La distribución de sedes se realizó a finales del siglo XIX, tras la conocida como Guerra Federal. La “capitalidad plena” es una reivindicación de los sucrenses en el marco de la Asamblea Constituyente, que se inició en agosto de 2006 con el objeto de refundar el país. Pretensión que, como tal, es legítima, pero que se ha convertido en el principal escollo que debe salvar la Asamblea Constituyente si quiere ofrecer a la decisión del pueblo boliviano un nuevo texto constitucional.

Muchos se preguntarán cómo esta aspiración puede convertirse en obstáculo. Lo es por intereses particulares, más vinculados a ciertas oligarquías que durante siglos han creído que el país era suyo y que tienen miedo a perderlo, y a la utilización de los medios de comunicación, particularmente locales, que asumen una posición de quasiterrorismo informativo en beneficio de los postulados de estas élites. Cabe comprender que la involución del proceso de cambio que se inició con la llegada al poder de Evo Morales, involución en que están empeñadas estas clases, difícilmente va a poder realizarse con un gobierno en La Paz, donde su gente –y los de la ciudad aledaña de El Alto- se ha mostrado combativa y decidida en un horizonte de cambio en su país. Además, el desgaste del partido de gobierno pasa por el fracaso de la Asamblea Constituyente que, por su ley de convocatoria, debe realizar sus funciones en Sucre. En conclusión, hay que acabar con la Constituyente o, en todo caso, debilitar a La Paz.

De esa manera, todos los esfuerzos han sido pocos para exacerbar los ánimos de los pacíficos sucrenses, y colocarlos en primera línea de fuego, y conseguir así el fracaso del proceso de cambio. A lo que hay que sumar la entrada en escena en Sucre del denominado “Comité interinstitucional”, reunión de varias fuerzas locales y personas, todas ellas directamente vinculadas a los intereses mencionados, y presidido por el Rector de la prestigiosa Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, institución que recordará durante toda su historia la manera vil como ha sido utilizada.

A pesar de que los constituyentes han cumplido escrupulosamente con las leyes de convocatoria –a lo que no están obligados por su carácter originario- y han buscado vías de diálogo por todos los lados para hacer entender que la capitalidad plena no debería entrar en debate, pues no en vano este tema costó una guerra civil al país, las condiciones para que se exacerbaran los ánimos estaban dadas. Hace unas semanas, se transmitió en vivo cómo los constituyentes cercanos al gobierno –que son mayoría en la Asamblea Constituyente, porque así lo quiso el pueblo boliviano- eran golpeados y maltratados por las calles de la otrora tranquila Sucre, insultados y vilipendiados de manera vergonzosa y racista. “Ni indios ni campesinos”, se ha pintado en las paredes blancas de la ciudad.

Todas las sesiones que durante estos últimos meses ha convocado la Asamblea Constituyente en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, en Sucre, han sido saboteadas por hordas enervadas y extremistas; la sede tomada, y los constituyentes impedidos de entrar. Todo en defensa de la “capitalidad plena”. La Asamblea, viendo cómo su tiempo se acaba –tendrá fin el 14 de diciembre-, optó por la vía pacífica, y buscó un lugar donde pudiera reestablecer sus sesiones y continuar con su trabajo. La zona elegida fue el Palacio de la Glorieta, en las afueras de Sucre, donde la presencia de un liceo militar daba garantías de custodia a su reunión.

Ya en ese momento la “capitalidad plena” se había ido de las manos de sus instigadores. Miles de personas, la mayoría jóvenes, rodearon los aledaños del Palacio de la Glorieta con armas, fuego y dinamita. La Policía Nacional defendió a los constituyentes, que aprobaron la Constitución en grande entre estallidos y temores a un asalto. Esa noche, los constituyentes tuvieron que ser evacuados a Potosí, y en Sucre se ha desatado un vandalismo sin precedentes que ha destruido buena parte de los edificios públicos; entre ellos, los de la propia policía, que ha optado por abandonar la ciudad a su suerte. El saldo, por ahora, es conocido: tres muertos, uno de ellos policía, los hospitales llenos, y una herida en una ciudad que será difícil de remediar. ¿Cabe alguna duda acerca de por qué arde Sucre?

Rubén Martínez Dalmau es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia

Qué desperdicio - Rocha

La TV y el Cofipe - Helguera

Granier a Calderón: “no ha llegado un solo peso” a Tabasco

René Alberto López y Arturo Cano (Corresponsal y enviado)

Villahermosa, Tab., 25 de noviembre. En la víspera de la octava visita de Felipe Calderón a esta entidad, el gobernador Andrés Granier pone su agenda sobre la mesa. Se queja de que no le han entregado ni un peso de los 7 mil millones que supuestamente iba a destinar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) al estado. Igualmente, rechaza las “reglas de operación” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que establecen los requisitos para la entrega de dinero. Según él, éstas no deben aplicarse en un estado que está “herido, desecho”.

El mandatario recorre la zona del centro, donde está el laboratorio químico de su propiedad, que también sucumbió en las aguas, y suelta el reproche al gobierno federal: “No ha llegado un solo peso”.

La lista que Granier ha presentado a Calderón en sus sucesivas visitas incluye el plan hidráulico (“obra suprema para el estado”, relacionada directamente con la tragedia), la condonación a los tabasqueños de tres meses del pago de energía eléctrica e igual medida para impuestos y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, cambio de reglas del Fonden y trato especial de la Sedeso completan pero no agotan el cuadro, porque aprovechando el viaje, Granier ha solicitado construir el tren Chontalpa-Dos Bocas, y los cuatro carriles del libramiento de Villahermosa.

Machaca el gobernador ante la prensa: “Tabasco no puede ser medido con la misma vara en relación con otros desastres ocurridos en el país. Esta catástrofe no tiene precedente. En (las inundaciones de) 1999 se afectó 4 por ciento del producto interno bruto, pero hoy es de 10 por ciento. Son 40 mil millones de pesos en pérdidas”.

Granier también da la razón a las familias que se dicen excluidas del programa de enseres domésticos: “el tamaño de nuestro problema es mayor a las 50 mil familias”, que son las consideradas, dicen aquí, por la Sedeso.

Ya en la ruta de los reclamos, Granier recuerda que Felipe Calderón llegó a decir que se va a reconstruir Tabasco “cueste lo que cueste”.

El gobernador y su gabinete esperan una reunión privada con Calderón para plantear estos y otros temas. Un alto funcionario estatal señala que de no encontrar respuesta positiva irán a la “confrontación” con el gobierno federal, porque no tenemos ni para pagar a los que están levantando la basura”.

El centro continúa muerto

Este domingo comenzó a levantarse la alerta sanitaria en el primer cuadro de la ciudad. Algunos restaurantes abrieron sus puertas, tras 14 días de prohibición de la Secretaría de Salud para expender alimentos en la llamada Zona Luz.

De los 15 mil comerciantes que resultaron afectados, 8 mil tienen sus negocios en la zona centro. Sólo de esa zona, del área peatonal de la ciudad –cinco calles adoquinadas–, se retiraron 700 toneladas de basura.

Este domingo abrieron algunos restaurantes y comercios, pero la mayoría de las tiendas de ropa, zapatos, enseres y farmacias siguen cerradas. “El centro está muerto”, dicen habitantes de otras zonas.

Preparan en Tabasco plan para desalojar a miles de personas

La Conagua prevé que más lluvias y obras en el Grijalva ocasionarían otra inundación
Pese a la proclama de seguridad garantizada a la población, el proyecto considera la evacuación masiva al presentarse la fase 2

El momento crítico lo pronostican para los días 10 y 15 de diciembre

Reconocen imposibilidad de brindar albergue a los afectados

Arturo Cano y René Alberto López (Corresponsal)

La Conagua elaboró un diagnóstico de los escenarios en los que se puede presentar una nueva inundación en Tabasco Foto: Alfredo Domínguez

Huimanguillo, Tab., 25 de noviembre. Pese a que han proclamado que la seguridad de la población “está totalmente garantizada”, las autoridades federales y estatales detallan apresuradamente un plan de desalojo de cientos de miles de tabasqueños, en previsión del fin de las obras en el “tapón” del Grijalva y una nueva racha de lluvias que pudieran inundar nuevamente a Tabasco. En su fase 2, que se pondría en marcha de registrarse un desfogue de la presa Peñitas similar al de la anegación anterior, serían evacuadas “forzosamente” 264 mil personas de cinco municipios, según una fuente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La decisión se tomó tras una reunión de autoridades de todas las dependencias y niveles de gobierno involucrados en la emergencia tabasqueña. Ahí, José Luis Luege Tamargo, titular de la Conagua, y técnicos de esa dependencia, hicieron una “presentación” de los escenarios de riesgo. Tras recibir dicha información, se determinó trazar un plan para la evacuación masiva.

La finalización de las obras para dar paso al caudal del Grijalva, “taponado” por el desgajamiento de un cerro en las inmediaciones de San Juan Grijalva, municipio de Ostuacán, Chiapas, suponen la apertura de dos canales de 800 metros de largo cada uno en medio de 4 millones de metros cúbicos de tierra y piedra volcánica.

El momento crítico ocurriría entre el 10 y el 15 de diciembre, cuando concluyan los trabajos, si a su término se suman lluvias intensas.

El escenario llamado “fase 3”, el “catastrófico”, se daría si el desfogue de la presa Peñitas fuera equivalente a 5 mil metros cúbicos de agua por segundo. Pero aún la fase 2, que se decretaría con un desfogue de 2 mil metros cúbicos por segundo, implicaría una movilización de personas y recursos sin precedente.

Según la fuente, la “fase 2” implicaría evacuar poco más de un cuarto de millón de personas en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Nacajuca, Jalpa y Cunduacán. La “fase 3” supondría el desalojo de parte de la población de Villahermosa. Este escenario extremo sería consecuencia de un regreso de lluvias intensas, en cuyo caso “la evacuación sería inmediata”.

Rutas de salida

Entre los planes para enfrentar ambas fases de una eventual nueva emergencia, se prevé la evacuación forzosa de los pobladores.

Funcionarios y empleados de múltiples dependencias y los tres niveles de gobierno trabajan en la elaboración de las rutas de salida, los listados del transporte necesario, planes para resguardar vehículos y enseres domésticos, así como la elección de sitios que servirían como albergues.

En los planes se reconoce la imposibilidad de brindar albergue a los centenares de miles de personas que serían desalojadas en el estado de Tabasco. De ahí que se tiene previsto solicitar la colaboración de las entidades vecinas para albergar daminificados. Según su ubicación geográfica, buena parte de ellos serían enviados a albergues en Veracruz, Campeche y Chiapas.

La Conagua, según los planes de coordinación, deberá avisar con tres días de anticipación sobre el fin de los trabajos y la posibilidad de la entrada a una fase de riesgo.

Según la fuente, la Conagua ha realizado “simulaciones” y de esa herramienta se han derivado “plantillas” que “delimitan las áreas de impacto”.

“Si Granier o el Ejército lo dicen, nos vamos”

En la inundación de rumores que ahoga a Villahermosa y otras partes del estado (el mayor: “se van a reventar las presas”), Huimanguillo ocupa un lugar especial. A pesar de que su cabecera municipal no resultó afectada, los villahermosinos afirman que es aquí donde los rumores y la “sicosis” son mayores. El alcalde, Óscar Ferrer, dice que los tuvieron las dos primeras semanas, pero que ya se disiparon. “Estamos en sesión permanente de protección civil y nos atenemos a la información oficial de que las presas no tienen problemas”.

En la Plaza del Taco, a un costado del palacio municipal de Huimanguillo, algunos comensales bromean sobre los rumores, mientras otros callan. Una señora de las calladas habla del “tapón” del río: “Dicen que la tierra está encantada y que por eso no la pueden quitar”.

La mayoría, sin embargo, se suma a la opinión de la dueña de la taquería: “Uno cree lo que ve en la televisión, pero hay que ser positivos y pensar que el agua no va a llegar”. Su marido la secunda y dice que, de presentarse el caso, ellos dejarían su casa, “pero sólo si lo dice el gobernador Granier o el Ejército”.

En todo caso, ya se están preparando si se da el caso. El ayuntamiento ha trazado 10 rutas “seguras” de salida, censado y ubicado las 64 comunidades en los márgenes del río Mezcalapa y calculado que deberían evacuar 40 mil personas, muchas de ellas al vecino municipio de Reforma, Chiapas (en la emergencia pasada tuvieron 6 mil 600 albergados). Toda esa información, sumada a una lista de necesidades de transporte para la hora crítica, ha sido enviada por las autoridades municipales a las estatales, con las cuales ahora sí hay coordinación.

“Porque en la primera emergencia, la verdad, no sabíamos ni los teléfonos de los de Protección Civil estatal”, reconoce Eutimio Ake Canul, secretario del ayuntamiento.

La coordinación, claro, no se traduce en abundancia. Huimaguillo ha solicitado 100 mil costales para reforzar sus protecciones, pero sólo ha podido recibir 10 mil.

Ake Canul piensa, con las autoridades federales y estatales, que el desalojo debería ser forzoso, pues recuerda que en la pasada emergencia mandaban camiones a las comunidades y los vehículos volvían con sólo seis personas, pues muchas se negaban a salir.

Puesto que la ayuda se ha concentrado en Villahermosa, en Huimanguillo se han tenido que arreglar con recursos propios para repartir 16 mil despensas y han agradecido la presencia militar dando combustible para los vehículos del Ejército.

Recuperarse bajo amenaza

Mientras los gobiernos federal y estatal analizan los escenarios de evacuación, miles de familias han regresado a sus casas en Villahermosa y realizan penosas labores de limpieza. En muchos casos, además de los enseres domésticos, tienen que hacer reparaciones importantes en sus casas, como reposición de puertas y ventanas, y cambio de la instalación eléctrica. Algunas de estas familias ya han recibido los 10 mil pesos del programa de “reposición de enseres domésticos” y con eso y sus propios recursos están volviendo a levantar sus casas. “¿Cómo les decimos que se puede volver a inundar?”, pregunta un funcionario del gabinete de Andrés Granier.

Este lunes arranca el programa de empleo temporal, a cargo de los dineros de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedeso). Una de las tareas que realizarán los empleados temporales, muchos de los cuales perdieron sus trabajos debido a las inundaciones, será reforzar con costales de arena las “bardas” que protegen muchas zonas de la ciudad. Pero al menos hasta el sábado no había llegado uno solo de los 3 millones de costales que van a colocar.

Es decir, las previsiones siguen pese a que, según el vocero de la Conagua, Gilberto Segovia, las fuertes lluvias pronosticadas del lunes al miércoles, con precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, no representan riesgos de anegación. En un programa radiofónico local, el vocero dijo que los ríos corren varios metros debajo de su “escala crítica”, que en las presas Malpaso y Peñitas no hubo precipitaciones y que Villahermosa sólo sufrirá, si acaso, encharcamientos.

Es decir, que el presidente Felipe Calderón podría toparse con charcos este lunes en su visita, aunque es improbable que vea, dada la seguridad que suele rodearlo, las primeras protestas de los vecinos que acusan a la Sedeso de haberlos excluido del programa de “recuperación de enseres domésticos”. Este día, unos 200 vecinos de la colonia Municipal bloquearon una céntrica avenida porque, según ellos, Sedeso ha catalogado a su colonia como “rica” y no les darán los 10 mil pesos por casa.

Chihuahua: Subsidia Conagua a los poderosos (Primera de dos partes)

dora villalobos mendoza

Chihuahua, Chih., 19 de noviembre (apro-cimac).- Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, en contubernio con trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del estado, desvían millonarios recursos del programa “Alianza para el Campo”Oficialmente, los recursos destinados a dicho programa tienen como propósito poyar a los campesinos más necesitados, pero en realidad los únicos beneficiarios son exfuncionarios locales y prominentes hombres de negocios de la entidad.La corrupción y el tráfico de influencias que opera en la delegación de la Conagua en Chihuahua fue descubierta por Silvia Patricia Barragán Ortiz, residente general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua en el estado.Aunque ya fueron destituidos algunos de los implicados en esta intrincada red, la corrupción y el tráfico de influencias no fueron erradicados, pues continúan operando desde los más altos niveles tanto de la Conagua como de la Seder, asegura Barragán Ortiz.De acuerdo con la denunciante, entre los personajes que reciben este subsidio gubernamental están Mario Kolokuris, extitular de lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); Ivón Sandoval, empresaria y extitular de la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico del gobierno estatal; Matías Mesta Soulé, exdirector de Relaciones Públicas de la Presidencia Municipal de Chihuahua; Eduardo Romero Ramos, exsecretario de Gobierno y extitular de la Secretaría de la Función Pública; Luis Luján Peña, exsecretario de Obras Públicas del gobierno estatal; y Raúl Baeza Cisneros, tío del gobernador José Reyes Baeza.Con documentos en la mano, Barragán Ortiz detalla las anomalías que ha encontrado en el programa “Alianza para el Campo” que manejan de manera conjunta la Conagua y la Secretaría de Desarrollo Rural, concretamente en dos vertientes que destinan recursos a los agricultores chihuahuenses: Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica (UEAEE) y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH).Los recursos que destina Conagua dentro del programa “Alianza para el Campo” tienen como objetivo equipar pozos agrícolas y tecnificar los sistemas de riego de los campesinos más necesitados. El apoyo va desde los cien mil hasta el millón de pesos. El gobierno federal aporta el 50 por ciento, el estatal, 10% y el resto, el usuario.Sin embargo, explica, pese a que la reglamentación es estricta, ganaderos y productores adinerados están recibiendo los subsidios.Agrega que después de que el usuario solicita el subsidio, la Conagua debe inspeccionar físicamente el lugar donde se realizará la obra para confirmar si el campesino realmente necesita el apoyo. Si autoriza el subsidio, debe concursar la obra por lo menos entre tres empresas. La Secretaría de Desarrollo Rural entrega el recurso a la empresa seleccionada a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae).La normatividad también exige que el usuario llene un formulario de solicitud y entregue copia de su credencial de elector, del título de la concesión del pozo agrícola, un croquis que localice el lugar donde se instalará la obra y un documento donde se compromete a cubrir el 40 por ciento que le corresponde del recurso.Sin embargo, nada de estos requisitos se cumplen: la Conagua no realiza la inspección ni el concurso porque cuando el usuario solicita el recurso la obra ya está realizada.En la revisión que hizo Barragán Ortiz encontró que las dos terceras partes de las asignaciones están en esa situación irregular. La gran mayoría de los usuarios que reciben subsidio primero hacen la obra y después solicitan el recurso.Lo anterior significa que son usuarios que no requieren apoyo para hacer la obra y también que la relación que tienen con las autoridades es tan estrecha que dan por hecho que recibirán el recurso, por eso ni siquiera hacen el trámite correspondiente.La funcionaria revisó los archivos de Conagua de 2000 a la fecha y muchos de los expedientes ni siquiera tienen solicitud del recurso. Mucho menos tienen la inspección y el concurso de obra que debió hacer la autoridad. Lo único que tienen es la cotización que hacen las empresas y un papel con el nombre del usuario.Conagua tiene alrededor de 300 expedientes de usuarios por año, de los cuales sólo la mitad recibe apoyo. Los demás, los que sí llenan los formularios de solicitud, los que no tienen influencias ni recursos para hacer las obras antes de pedir el recurso, no reciben subsidio.En 2005, los beneficiaron fueron 138 personas y en 2006, 137. El recurso correspondiente a este año todavía se está asignando.La residente general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua detectó estas irregularidades a principios del presente año, cuando instruyó a los jefes de los siete distritos de riego para que inspeccionaran las solicitudes de apoyo para asignar el recurso del 2007.El programa Alianza para el Campo entrega cada año alrededor de 50 millones de pesos a los campesinos chihuahuenses en las vertientes Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica (UEAEE) y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH). La mayoría de los apoyos se tramitan en la Secretaría de Desarrollo Rural.Cuando los jefes de los distritos de riego inspeccionaron las solicitudes de apoyo en sus respectivas regiones se dieron cuenta que la mayoría de las obras ya están realizadas.Un ejemplo es el Distrito de Riego 090 de Ojinaga. De las 14 inspecciones que hicieron, 13 ranchos tenían ya los equipos instalados y uno no cuenta con título de concesión.En el oficio que envió a la Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola el 25 de junio, Elías Calderón Jáquez, jefe del Distrito de Riego, detalla la lista de los solicitantes con nombre, predio y obra solicitada. "No cumple", se lee en todos los casos en el cuadro sobre la situación de la solicitud.Otro ejemplo es el Distrito de Riego 089 de Flores Magón, donde inspeccionaron 17 solicitudes. "Los equipos electromecánicos de bombeo solicitados ya están instalados, los cuales llevan en operación desde el año de 2005", indica Fernando G. Andrade Terrazas, jefe del Distrito de Riego, en el oficio que envió a la Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola el 20 de julio del 2007.La misma situación se encontró en los demás distritos y así lo reportaron. A Barragán Ortiz le sorprendió que las obras estuvieran concluidas cuando apenas estaban revisando las solicitudes para definir si eran viables.El descubrimiento lo hizo cuando Arturo Cepeda estaba al frente de Conagua de manera provisional.La funcionaria puso al tanto a Cepeda de las irregularidades que encontró, pero éste le respondió que se sacara "las telarañas de la cabeza" y le advirtió que no se metiera en problemas.También planteó la problemática en el Subcomité Hidroagrícola que se reúne periódicamente en la Secretaría de Desarrollo Rural, para revisar los avances del programa Alianza para el Campo. Ahí tampoco le hicieron caso.

Chihuahua: Subsidia Conagua a los poderosos

(Segunda y última parte)

dora villalobos mendoza

Chihuahua, Chi., 26 de noviembre (apro-cimac).- Silvia Patricia Barragán Ortiz, denunció la intrincada red de corrupción y tráfico de influencias que opera tanto en la Conagua como en la Seder ante Arturo Cepeda, titular provisional del organismo, y el Subcomité Agrícola, sin obtener respuesta.Ante la pasividad de Cepeda, la funcionaria decidió dar aviso al subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Sergio Soro Priante, a quien le solicitó una audiencia para detallarle las anomalías que encontró.A través de un correo electrónico, Barragán Ortiz denunció las irregularidades cometidas por el contador público Reyes Ramón Cadena Payán, el ingeniero Pablo Israel Esparza y Oscar Enríquez, funcionarios de la Seder, quienes se negaron a tratar varios casos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de apoyos del programa “Alianza para el Campo” a prominentes chihuahuenses:“Expresaron no querer tener ningún trato conmigo, ya que les estoy cuestionando por qué no están llevando a cabo el programa de ‘Alianza para el Campo’ de acuerdo con la normatividad de los mismos, específicamente en lo que se refiere al programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola y al Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica.”Apuntó que dichos funcionarios, incluso, se quejaron ante el director local de la Conagua, Arturo Cepeda, quien en lugar de atender las quejas, “autorizó una solicitud de apoyo de un doctor Baeza Cisneros”, la cual ella cuestionó porque estaba fuera de toda normatividad, pues la obra está terminada y la empresa ni siquiera está registrada dentro del padrón de “empresas confiables”, requisitos fundamentales para la elegibilidad de las solicitudes de apoyo. “Están manejando como que apenas se va a llevar a cabo la obra”, cuando ya está concluida, precisó.La funcionaria reveló incluso que sus mismos compañeros de trabajo admitieron que “siempre ha sido lo mismo”.En el texto, Barragán Ortiz aclara que su queja es para tanto ella como su jefe a quien va dirigido el correo no sean “cómplices de actos indebidos” en el manejo de los recursos públicos, y le solicita la audiencia.

La investigación

Soto Priante le contestó a Barragán Ortiz; pero no con la cita que ella estaba pidiendo, sino a través del Órgano de Control Interno que tiene la Secretaría de la Función Pública en la Conagua.La funcionaria recibió el oficio número 16/005/0.1.1-1265/2007, firmado por Celso Castro Vázquez, titular del Área de Quejas, el 6 de junio, donde le anunciaron que el Órgano de Control Interno abrió una investigación sobre la irregularidad que detectó en la obra autorizada a Baeza Cisneros."Sobre el particular, hago de su conocimiento que esta autoridad acordó iniciar el expediente de investigación al rubro citado, al advertirse datos e indicios que pudieran ser susceptibles de responsabilidad administrativa, por lo que una vez que se concluyan las investigaciones se le dará a conocer el resultado correspondiente", dice el oficio que recibió Barragán Ortiz.La obra que solicita Raúl Baeza Cisneros es un sistema de riego presurizado que cuesta 340 mil pesos, de los cuales el gobierno federal pondría 170 mil pesos y el del estado, 34 mil.Según la inspección que realizó la Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de Barragán Ortiz, la obra ya está realizada en el rancho El Paraíso, que se ubica en Las Varas, Saucillo, propiedad de Baeza Cisneros.De acuerdo con el expediente que Barragán Ortiz entregó al Órgano de Control Interno de la Conagua, Baeza Cisneros recibió 251 mil pesos de apoyo en el 2005 y ahora está solicitando otro subsidio, pero no procede porque la obra ya está realizada.Además, la obra no se concursó y la hizo Rex Irrigación Delicias, firma que no figura entre las empresas confiables que tiene la Conagua.Debido a la investigación que abrió el Órgano de Control Interno de la Conagua, este año la Secretaría de Desarrollo Rural no ha entregado el recurso a Baeza Cisneros.Sin embargo, las irregularidades no acaban ahí: Además de entregar subsidio gubernamental a chihuahuenses que no lo necesitan y operar el recurso fuera de normatividad, la Conagua y la Seder “simulan” los concursos de obra para beneficiar a unas cuantas empresas, particularmente la del menonita Peter Wiebe Neufeld.Barragán Ortiz presentó documentos donde muestra que Wiebe Neufeld recibió la tercera parte de los 108 millones de pesos que gastó el programa Alianza para el Campo en 275 obras de irrigación para campesinos en 2005 y 2006.El programa “Alianza para el Campo” dispuso 48 millones 380 mil pesos para apoyar 138 obras en el 2005. De esa cantidad, 14 millones 452 mil pesos pararon en manos de Wiebe Neufeld por 22 obras que realizó.En el 2006 el programa destinó 59 millones 572 mil pesos para 137 obras y de esa cantidad 14 millones 257 mil pesos los ejerció el mencionado menonita en 14 obras que hizo.“Si la empresa de Wiebe Neufeld hubiera ganado las obras vía concurso estaría bien”; dice Barragán Ortiz, pero aclara que descubrió que la Conagua y la Seder asignaron el recurso a través de concursos “disfrazados” porque las obras ya estaban realizadas.A la funcionaria le llamó la atención que Wiebe Neufeld casi siempre apareciera en los supuestos concursos con empresas propiedad de Sergio Paniagua Pérez, José Loya Chávez y Pablo Lira Rizo que se dedican a giros muy distintos.La empresa de Wiebe Neufeld realiza obras grandes que tienen que ver con reparación y equipamiento de pozos agrícolas y las otras dos se dedican a la instalación eléctrica y de tubería.También le llamaron la atención de la residente general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua las obras que realizó Wiebe Neufeld en 2005 y 2006 en los campos menonitas de Cuauhtémoc.Además, le sorprendió que sin mayor trámite le adjudicaran varias obras en los campos menonitas de Ojinaga en el ejercicio del 2007 que todavía se está operando.Cuando la funcionaria indagó en los campos de Ojinaga, los menonitas le revelaron cómo funciona el negocio de Wiebe Neufeld: Éste instala equipos de riego a sus compañeros, con la promesa que posteriormente podrán recuperar parte de la inversión con subsidio gubernamental que él mismo les consigue.Wiebe Neufeld primero cobra una buena suma de dinero por la instalación y venta de los equipos de riego. Y después les cobra a los menonitas una considerable cuota por conseguirles el recurso del programa “Alianza para el Campo”.Barragán Ortiz está segura de que Wiebe Neufeld opera en complicidad con Óscar Enríquez Loya, responsable del programa “Alianza para el Campo” en la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado.Dijo que Enríquez Loya prácticamente le ordena a la Conagua a qué usuarios beneficie y a qué empresas adjudique las obras."La gente llega a la Conagua de parte de Enríquez Loya exigiendo el recurso sin hacer ningún trámite y cuando le decimos que debe llenar una solicitud a ver si la obra que solicita es viable, se molesta mucho y amenaza con mover sus influencias para destituirnos", afirmó la funcionaria.

Solución a medias

Barragán Ortiz aseguró que en junio pasado cuando Sergio Alfonso Cano Fonseca asumió la dirección local de la Conagua, le detalló las irregularidades que encontró; pero éste le aseguró que investigaría las anomalías y actuaría en consecuencia.La funcionaria indica que Cano Fonseca cumplió su promesa, pero sólo en parte porque destituyó a algunos de los implicados; sin embargo, la red de corrupción y tráfico de influencias sigue operando, ahora con su consentimiento.Barragán Ortiz asumió la Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua en diciembre del 2005, a través de un concurso del Sistema de Servicio Profesional de Carrera.Entre sus colaboradores estaba Mario Moreno Martínez, quien coordinaba el Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica (UEAEE) y el Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH), vertientes del programa “Alianza para el Campo”, donde descubrió las irregularidades.Moreno Martínez fue destituido en septiembre pasado junto con Arturo Cepeda, Blanca Silvia Ávila, Emilio Pérez Acuña y Ricardo Burgos, los tres últimos de áreas que no tienen ingerencia en el programa “Alianza para el Campo”.Barragán Ortiz explicó que en el 2006 prácticamente dejó el programa en manos de Moreno Martínez porque no estaba familiarizada con su operación. Por eso fue hasta este año cuando detectó las anomalías.Especificó que Enríquez Loya opera el programa en la Secretaría de Desarrollo Rural, siempre con el visto bueno del titular de la dependencia, Ramón Reyes Cadena.Aseguró que a partir de la investigación que abrió el Órgano de Control Interno por la obra que le autorizaron a Raúl Baeza Cisneros, su situación se complicó tanto en la Conagua como en la Secretaría de Desarrollo Rural.Afirmó que el propio Ramón Reyes Cadena, secretario de Desarrollo Rural, pidió su “cabeza”, pero en la Conagua no la pueden destituir porque llegó a través del Sistema de Servicio Profesional de Carrera.Denunció que el director local de la Conagua intentó reubicarla recientemente a Ciudad Juárez, pero tuvo que revirar cuando reveló el hostigamiento de su superior ante la oficina regional de Monterrey, Nuevo León, donde le advirtieron a Sergio Alfonso Cano Fonseca que no puede hacer ningún cambio de manera unilateral.Pero la guerra que el director local de la Conagua ha emprendido contra Barragán Ortiz no tiene cuartel. La funcionaria señaló que, en represalia, su superior le quitó todas las funciones que le competen como residente general de Infraestructura Hidroagrícola y se las dio a Lauro Antonio Fernández Carrasco, subdirector de Asistencia Técnica Operativa.Barragán Ortiz ya hizo la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y envió copia a la Presidencia de la República, a la dirección nacional de la Conagua y al Órgano de Control Interno de esa institución."Traté por todos los medios de no llegar hasta ustedes, toqué muchas puertas y lo único que logré es que el ingeniero Sergio Alfonso Cano Fonseca, director local, me haya quitado todas mis funciones y me esté aplicando la ley del hielo, y todo por haber detectado irregularidades en el programa ‘Alianza para el Campo’, lo que originó el enojo del contador público Reyes Ramón Cadena Payán y del ingeniero Oscar Enríquez Loya, de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado", indicó en la denuncia que envió el jueves pasado a la Secretaría de la Función Pública."Quiero interponer ante ustedes una denuncia, así como expresarles mi más grande indignación por el trato recibido en esta dirección local de Chihuahua, por parte del ingeniero Alfonso Cano Fonseca, director local, el cual entró en funciones el pasado 12 de junio del presente año.“Así como también por parte del ingeniero Lauro Antonio Fernández Carrasco, actual encargado de la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa, quien siguiendo las instrucciones del Cano Fonseca, ha usurpado mis funciones como residente general de Infraestructura Hidroagrícola, titularidad que gané en concurso público abierto, por medio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera."Barragán Ortiz aseguró en la denuncia que a raíz de las irregularidades que detectó, empezó a ser hostigada tanto por directivos de la Conagua como de la Seder."... Reyes Ramón Cadena Payán y Oscar Enríquez Loya me gritaron e insultaron alegando que por mi culpa, por querer ser tan normativa, no se estaban ejerciendo los recursos. Y como por parte de la Conagua no hubo nadie que les pusiera un alto, la situación llegó a tal grado que Reyes Ramón Cadena Payán se puso furioso y empezó a gritar, insultándome y diciendo: ‘No quiero que esta señora vuelva a pisar estas oficinas de Desarrollo Rural, o sacan a esta señora de los programas o me salgo yo, esta señora no vuelve a pisar mi oficina’ y como siempre lo hace, dio por terminada la reunión, no sin antes tener una reunión en privado con el ingeniero Sergio Alfonso Cano Fonseca, así como con Oscar Enríquez Loya", denunció.La funcionaria agregó: "Al día siguiente de la desagradable reunión de trabajo, Cano Fonseca me manda llamar y me comenta que Reyes Ramón Cadena Payán le solicitó que me destituyeran de mi puesto porque, lógicamente, les estorbaba y la desilusión de mi parte fue mayor cuando me propuso enviarme a Ciudad Juárez para que se calmaran las aguas con Reyes Ramón Cadena y Oscar Enríquez Loya.“Lógicamente me pareció tan indigna la actitud del ingeniero Cano Fonseca y, por supuesto, se lo hice saber y el externé que no estaba de acuerdo. Como resultado de todo esto el Ing. Sergio Alfonso Cano Fonseca, para darle gusto a Reyes Ramón Cadena y a Oscar Enríquez Loya, me sacó de las reuniones del Subcomité Agrícola y de las reuniones del FOFAE, mismas que se llevan a cabo todos los miércoles y lunes en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural."Barragán Ortiz aseguró que el hostigamiento que sufre ha llegado a tal punto que teme por su seguridad y la de su familia. Por eso responsabilizó a Sergio Alfonso Cano Fonseca, director local de la Conagua; Ramón Reyes Cadena, secretario de Desarrollo Rural; Oscar Enríquez, encargado del programa Alianza para el Campo; al menonita Peter Wiebe Neufeld; y a los empresarios Sergio Paniagua Pérez, José Loya Chávez y Pablo Lira Rizo.

Clausuran salas de cine en Aragón por carecer de medidas de seguridad

Sin justificación suspenden en una de ellas la exhibición del documental Fraude

Asistentes se quejan del mal servicio

Recibieron insultos del personal de resguardo

Rocío Gonzalez Alvarado

Largas filas hicieron los capitalinos para ver el documental Fraude: México 2006, del director Luis Mandoki, como en el Cinemex del Parque Delta Foto: Francisco Olvera

Autoridades de la delegación Gustavo A. Madero clausuraron el Cinemex Aragón por carecer de medidas de protección civil, lo cual quedó al descubierto luego de que los asistentes a la función de la película Fraude: México 2006 se quejaron del mal servicio en el lugar, en donde, sin motivo alguno, se interrumpió la exhibición del filme dirigido por Luis Mandoki.

El titular de la demarcación, Francisco Chiguil, quien se encontraba presente en la sala cinematográfica, explicó que no se trata de una revancha, sino que tras la inconformidad de los espectadores se decidió revisar las condiciones en que se presta el servicio en el establecimiento.

“Si su especialidad es la de exhibir películas, y lo hacen mal, pues nos preocupó conocer todo lo demás, y constatamos que no contaban ni siquiera con un plan de protección civil”, apuntó el delegado.

Con base en testimonios de los asistentes, la molestia se generó cuando apenas transcurridos 20 minutos de la exhibición en la sala número nueve se interrumpió la función de las ocho de la noche del sábado pasado sin ningún motivo aparente.

“Yo pensé que el apagón era un efecto de la película, pero no, luego prendieron las luces”, relató Alejandra Cruz, quien explicó que durante la exhibición el auditorio interactuaba conforme avanzaban las imágenes y expresaba opiniones como: “Ya ven, sí era cierto”.

Relató que tras algunos chiflidos y el tradicional grito de “cácaaaaaro”, una joven se presentó para justificar que “se había quemado la película, y por lo tanto, se daba por concluida la función”, lo que generó el reclamo de los asistentes, que al unísono comenzaron a gritar ¡fraude! ¡fraude!

Lo anterior, provocó el ingreso de personal de seguridad y de atención al público, que sin percatarse de la presencia del jefe delegacional, comenzó a tratar de manera prepotente a la gente con epítetos de: “¡Ya cállense, cabrones! ¡Son una bola de acarreados, borregos! ¡Mediocres!”.

Otro de los testigos explicó que cuando se enteraron de la presencia del titular de la GAM, Francisco Chiguil Figueroa, los empleados cambiaron totalmente su actitud, y aunque al principio el argumento fue que se había dañado la película, ofrecieron dar la función a las 10 de la noche, pero ya no aceptaron y solicitaron el apoyo del jefe delegacional para evitar este tipo de atropellos.

“Los mismos empleados empezaron a gritar el nombre de Calderón y retaban a la gente, se burlaban de nosotros con prepotencia, pero después decían, bueno, no sabíamos como estaban las cosas, y pedían disculpas, pero la reclamación era ya masiva y nadie se fue hasta que clausuraron el cine”, comentó Enrique Acuña.

Al principio, agregó, “nadie se la creía que estaba el delegado, pero como que la gente se sintió apoyada, y no lo soltó ni cuando el gerente le decía que se arreglara con él o que nada más clausurara una sala”, apuntó.

Consultado al respecto, Chiguil Figueroa confirmó su asistencia en el lugar e indicó que actuó a petición de los asistentes que se sintieron ofendidos ante el trato del que fueron objeto.

“Es preocupante que se intente boicotear una producción hecha por un profesional para evitar que llegue el mensaje. Eso atenta contra la libertad de expresión y los empresarios no deben prestarse a este tipo de acciones”, señaló al aclarar, sin embargo, que si se clausuró el establecimiento fue por carecer de medidas de seguridad.

“Este incidente fue lo que nos motivó a investigar en qué condiciones opera el cine, y encontramos que los extinguidores están caducos, los hidrantes no tienen agua, como tampoco cuentan con un plan de protección civil ante alguna emergencia”, agregó al señalar que si hubieran cumplido con la norma, lo más que pudo haber hecho es reconvenir a dar un buen servicio.

Sigue el DF en primer sitio en inversión extranjera

De enero a septiembre captó 7 mil 938 millones de pesos, reportó la Secretaría de Finanzas

Laura Gómez Flores

La ciudad de México se mantuvo como el principal destino de inversión extranjera directa (IED) en el país, con 7 mil 938 millones de dólares, equivalentes a 52.6 por ciento, y como generador de empleos, con un total de 122 mil nuevas plazas, de enero a septiembre de este año, informaron por separado las secretarías de Finanzas (SF) y de Desarrollo Económico (Sedeco).

Las razones: el gran dinamismo de la actividad económica derivado del impulso de las micro y pequeñas empresas, la certidumbre jurídica a los grandes capitales, algunos de los cuales se han visto beneficiados con la entrega de estímulos y exenciones fiscales, y el manejo serio y responsable de las finanzas públicas, que las hacen sanas y sustentables, destacó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Sedeco.

En ese lapso, las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras públicas y privadas se tradujo en la creación de 122 mil nuevos empleos, cifra 4.3 por ciento superior a la obtenida en igual periodo del año pasado, por lo cual “estamos a punto de completar la meta de los 150 mil comprometidos este año, dejando muy atrás a la administración federal, que no ha cumplido con sus estimaciones”, comentó.

En tanto, con base en información oficial de la Secretaría de Economía del gobierno federal sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa , de enero a septiembre se recibieron 7 mil 938 millones de dólares, de los cuales cinco de cada 10 dólares se concentraron en la capital, con lo que no sólo es el principal receptor, sino que su proporción ha ido en aumento pasando de 51.4 a 52.6 por ciento.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Finanzas capitalina destacó que el crecimiento de la IED durante los nueve meses del año referidos fue de 27.4 por ciento, es decir, tres puntos porcentuales más que la nacional, que fue de 24.5 por ciento, lo cual refleja el dinamismo de la economía de la ciudad, las ventajas competitivas que ofrece y la confianza que tienen los inversionistas extranjeros para invertir en ella.

Por lo que el avance de la capital no sería posible si no se contara con finanzas públicas sanas, las cuales son indispensables para la estabilidad y crecimiento de las empresas, y para la provisión de servicios públicos de calidad que se requieren.

La ciudad ha captado inversiones por 68.4 mil millones de dólares en los últimos siete años, principalmente de países como España, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Argentina, Colombia, China y Estados Unidos, destacó.

Leonel Godoy se entrevista en privado con Felipe Calderón

Antonio Aguilera (La Jornada Michoacán)

Morelia, Mich., 25 de noviembre. El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador electo de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, acordaron mantener una relación “fluida y constructiva” entre sus respectivas administraciones a fin de impulsar mediante acuerdos políticos proyectos y programas de desarrollo económico, social, de infraestructura y seguridad pública en la entidad.

En la primera reunión desde que Leonel Godoy fue declarado gobernador electo, los dos mandatarios hablaron una hora sobre diversos temas relacionados con el desarrollo y la estabilidad de Michoacán.

En un comunicado de la Presidencia de la República, Calderón Hinojosa se refirió al “interés y la disposición de su gobierno para trabajar fuertemente en favor del desarrollo de ese estado y elevar el nivel de bienestar de los michoacanos”.

Felipe Calderón y Leonel Godoy se reunieron en la casa de gobierno de Michoacán, donde a las nueve de la mañana fueron recibidos por el gobernador saliente, Lázaro Cárdenas Batel, quien los presentó y les facilitó un espacio en donde pudieran dialogar a solas, sin la presencia de medios de comunicación.

Así, durante poco más de una hora, el Ejecutivo federal y el próximo mandatario estatal dialogaron “en términos cordiales, abordando temas fundamentales para el desarrollo del estado, los relacionados con obras de infraestructura y seguridad pública”, como definió el propio Godoy Rangel en un comunicado.

A lo largo de la charla, el Presidente destacó la importancia de que exista comunicación constante entre la administración federal y los gobiernos de las entidades para atender coordinadamente los retos que éstas enfrentan para su desarrollo.

Por su parte, Leonel Godoy coincidió en que debe trabajarse de manera conjunta para alcanzar un mayor desarrollo económico y social en la entidad, y destacó que es importante el apoyo del gobierno federal para impulsar inversiones en infraestructura que generen los empleos que la región demanda.

Esta reunión se llevó a cabo luego de que el Instituto Electoral de Michoacán entregó a Godoy Rangel su constancia de mayoría de los comicios del 11 de noviembre.

También se dio dentro del marco de una gira de trabajo de dos días que Calderón Hinojosa realizó por la entidad, donde clausuró el 19 Festival Internacional de Música de Morelia, y abrió los santuarios de la mariposa monarca para la temporada turística 2007-2008. En estas actividades estuvo acompañado por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

Desde que inició su recorrido por Michoacán se preveía que Calderón se reuniría con el perredista Leonel Godoy, quien ya había manifestado su intención de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal.

Señales desde la campaña

Desde la campaña para las elecciones del 11 de noviembre (que renovaron gubernatura, Congreso y ayuntamientos de Michoacán) el entonces candidato perredista había mostrado señales de que buscaba dialogar con Calderón Hinojosa.

La noche del 11 de noviembre, una vez confirmado su triunfo en urnas, Godoy Rangel anunció que su administración tendría “una relación de respeto” con el Ejecutivo federal.

Al día siguiente, el gobernador electo fue felicitado vía telefónica por Felipe Calderón.

El 16 de noviembre, durante la Convención Nacional perredista, Godoy Rangel dio a conocer que él, a diferencia de su correligionario Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, no descartaba la posibilidad de reunirse con Calderón.

Afirmó que de ser necesario trabajaría con Calderón Hinojosa e incluso lo llamará presidente. El ex dirigente nacional del PRD destacó en su momento: “Claro que sí. Se hará un trabajo de coordinación y apoyo con el gobierno federal, pero también vamos a mantener una relación digna”.

En entrevistas con la prensa local, el gobernador electo ofreció que siempre mantendrá “los teléfonos abiertos”y una comunicación constante con el Presidente. Asimismo enfatizó que, a diferencia de Marcelo Ebrard, quien ha evitado todo contacto con Calderón Hinojosa, él sí mantendrá relaciones regulares.

“El fondo es económico, no político. Respeto mucho a Marcelo Ebrard, pero las condiciones económicas de los estados y la dependencia que tenemos del gobierno federal nos obligan a tener una actitud diferente a la del jefe de Gobierno”, comentó.

Asimismo, Leonel Godoy dijo estar a favor de las operaciones militares en Michoacán, y argumentó que es obligación de la Federación combatir al crimen organizado.

Cuando fue declarado ganador de las elecciones reiteró su postura: “Vamos a tener una relación de respeto, de colaboración, de trabajo intenso; él (Felipe Calderón) es de Michoacán y necesitamos que haga un esfuerzo igual que nosotros para que fluyan recursos para sacar a Michoacán de los últimos lugares en los que se encuentra”.

(con información de Georgina Saldierna)

¿Y cómo se puede tener una relación "digna" y de "respeto" con un usurpador? Si Godoy piensa que un ladrón es digno de respeto, ya nos imaginamos por dónde van a ir las negociaciones para que "fluyan recursos para sacara a Michoacán de los últimos lugares en los que se encuentra", gracias a la administración del tal Lazarito, más de los mismo.

Chávez: Colombia merece otro presidente; uno que sea digno

Anuncia congelamiento de relaciones con Bogotá y Madrid

Puse el alma y recibí “un escupitajo en el rostro”, sostiene

Casi había logrado una manera de hacer el canje, asegura

Afp, Reuters y Pl

Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ayer en el Palacio de Miraflores, donde declaró que tras ser suspendida su gestión como mediador con la guerrilla de las FARC, ha perdido “toda la confianza” en su par colombiano Foto: Ap

Caracas, 25 de noviembre. “Yo creo que Colombia merece otro presidente, uno que sea digno”, afirmó hoy el presidente venezolano, Hugo Chávez al recriminar por primera vez de manera personal a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, la decisión de dar por terminadas sus labores de mediación ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de canjear a 49 rehenes de la guerrilla por medio millar de combatientes insurgentes.

“Le he perdido toda la confianza al presidente de Colombia. Ustedes saben cómo soy yo, siempre he sido claro como el agua. Han emitido un comunicado ayer cargado de mentiras, es grave cuando un gobierno miente, cuando un presidente se encierra con sus principales ministros para sacar un documento cargado de mentiras; es sumamente grave. Por eso declaro al mundo que las relaciones con Colombia las meto en un congelador, porque perdí toda confianza en el gobierno colombiano; no le creo a nadie ahí”, dijo Chávez, cuatro días después de que Uribe acabó con las gestiones iniciadas el 31 de agosto pasado.

Chávez explicó que en el tiempo en que prestó sus buenos oficios casi había logrado “una forma para lograr el acuerdo humanitario” y consiguió el apoyo de organizaciones internacionales y gobiernos de Europa y América Latina.

Pero “de repente, así, sin ninguna llamada”, Uribe “manda a que hablen” por él y difundió un comunicado “cargado de mentiras”, señaló Chávez en referencia a un texto leído el sábado por el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en el que expresó preocupación por la “manipulación de pruebas” de supervivencia de los rehenes, así como por la supuesta intención de las FARC de crear “fisuras” en la relación bilateral.

“Pero ante la mentira, la falta de respeto, ante el cinismo y el silencio, yo estoy obligado a decir la verdad. Pero si el presidente Uribe quiere romper relaciones con Venezuela por esto, que lo haga; yo no lo voy a hacer. Allá él con su dignidad y su vergüenza, pero qué triste es que haya un presidente mentiroso y que no dé la cara”, agregó el venezolano.

Para Chávez, la cancelación de las gestiones en favor del canje es una muestra de que el gobierno colombiano no quiere la paz, vulnerada por una confrontación interna que se ha extendido por décadas.

Bogotá suspendió el miércoles por la noche las negociaciones que Chávez y la senadora opositora Piedad Córdoba realizaban, con el argumento de que el mandatario había excedido sus funciones al contactar directamente a un general del alto mando colombiano.

“Lo que el presidente de Colombia ha hecho es lanzar un escupitajo brutal en el rostro, en nuestro rostro, que le pusimos el alma para tratar de buscar ese camino hacia la paz”, declaró Chávez, que también señaló que a Uribe “lo presionan mucho los gringos, la oligarquía y los militares colombianos”.

“Todo el mundo debe estar en alerta en relación con Colombia, las relaciones económicas... Todo eso se va a perjudicar”, destacó el presidente, quien además se refirió al reciente altercado con el rey de España, Juan Carlos I, a quien junto con el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, señaló como cómplices del golpe de Estado de abril de 2002, que puso a Chávez fuera del palacio presidencial de Miraflores, durante 48 horas.

Chávez informó que las relaciones de Venezuela con España –las cuales había puesto en revisión total– quedarán congeladas mientras que el monarca español no se disculpe por haber intentado callarlo en la última sesión de la 17 Cumbre Iberoamericana.

El mandatario no aclaró inmediatamente qué acciones concretas implicará su decisión de congelar las relaciones con Bogotá y con Madrid.

En cuanto al referendo sobre la reforma constitucional que el próximo domingo se realizará en Venezuela, Chávez pidió a sus seguidores que se mantengan en las calles hasta el 2 de diciembre “para no dejar que se impongan las agendas de violencia que adelantan los sectores de la oligarquía que está desesperadita”.

“La propuesta es que se eternice en el poder el pueblo, que se eternice una Venezuela soberana y que más nunca los pitiyanquis (imitadores de los estadunidenses) conviertan la patria en colonia de Estados Unidos”, dijo Chávez.

De acuerdo con el ministro de Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón, encuestas del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Consultores 30-11 y Alemica Estadísticos Consultores, la opción por el sí podría alcanzar 60 por ciento de los votos.

Neoliberales y oligárquicos, contra el cambio en Bolivia: Evo Morales

Ordena el presidente una investigación sobre la violencia en Sucre que ha dejado tres muertos

La nueva Constitución, “un pedazo de papel higiénico usado”, dice el ex vicepresidente Quiroga

El gobernante llama a la calma y asegura que jamás ha ordenado disparar contra la población

Rosa Rojas (Corresponsal)

Evo Morales, presidente de Bolivia, al dirigir ayer un mensaje a la nación en el que pidió serenidad a sus connacionales de Sucre Foto: Ap

Opositores al gobierno de Evo Morales construyen barricadas en las calles de Sucre, donde los enfrentamientos con las fuerzas del orden han provocado tres muertos, 200 lesionados y varios periodistas agredidos Foto: Reuters

La Paz, 25 de noviembre. La ciudad de Sucre vivió en los últimos tres días una “espiral de violencia” que arrojó un saldo de tres muertos y cerca de 200 heridos en enfrentamientos entre civiles y policías, hechos que según dijo hoy el presidente Evo Morales fueron instigados por “grupos oligárquicos, conservadores, neoliberales, pichones de la dictadura”, entre los cuales identificó al Comité Cívico y al gobierno provincial de Santa Cruz, así como a dirigentes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca que, aseveró, buscan impedir la promulgación de una nueva Constitución y frenar el proceso de cambio en el país.

“Jamás el gobierno, el presidente, ha instruido a nuestras fuerzas armadas o a la policía nacional, a usar armas de fuego para acabar con vidas”, señaló el mandatario, que pidió serenidad a la población de Sucre y demandó al ministerio público realizar una investigación imparcial que dé con los responsables de los disturbios.

El mandatario dirigió la tarde de este domingo un mensaje a la nación en el cual defendió el proyecto de una nueva Constitución Política, aprobado “en grande” el sábado por la Asamblea Constituyente que debió sesionar en el Liceo Militar, en Sucre, tras varios fallidos intentos en semanas anteriores.

Morales criticó los obstáculos que, a su parecer, interpusieron los prefectos y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, primero para presionar por las autonomías, luego para impedir dos tercios de la votación en favor del foro constituyente, y finalmente por el tema de la capitalidad, que disputan Sucre, sede del poder Judicial y La Paz, donde se asientan el Ejecutivo y Legislativo.

La Constitución, que deberá ser sometida a un referendo, autorizará las autonomías departamentales e indígenas, la recuperación de los hidrocarburos y la imposición de candados para que no se vuelvan a privatizar esos recursos, señaló Morales.

En el nuevo texto constitucional, los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y las comunicaciones son declarados derechos humanos, por lo que deben ser de servicio público y no un negocio privado, detalló Morales Ayma, que además destacó los avances en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, en declaraciones por separado, los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costa; de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic; el presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón; el líder nacional del derechista Poder Democrático y Social y el ex presidente de la República, Jorge Quiroga, coincidieron en calificar la nueva Constitución de “ilegal e ilegítima”, que refleja sólo la visión de un partido y no de todos los bolivianos, razón por la que, dijeron, no será acatada.

“La Constitución en grande es un pedazo de papel que vale tanto como un papel higiénico usado; no sirve absolutamente de nada. Una constitución aprobada en grande, en un cuartel entre masistas (del gobernante Movimiento al Socialismo), a punta de bayonetas, manchada de sangre del pueblo boliviano, no tiene ningún valor”, dijo Quiroga, vicepresidente durante el gobierno de Hugo Bánzer, quien encabezó una dictadura a finales de los años 70 y 80.

Las instalaciones del Liceo Militar fueron asediadas por jóvenes universitarios sucrenses y por jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz, cuya presencia reportó Radio Erbol. También participaron padres y madres de familia que se unieron a sus hijos para tratar de evitar las sesiones del foro y exigir la capitalidad plena para Sucre en su agenda.

Además de un cordón militar y policial, hubo otro integrado por miembros de organizaciones sociales: campesinos, indígenas, colonizadores, “ponchos rojos”, gremios, habitantes de los departamentos de Potosí, El Alto, La Paz y la propia Chuquisaca, algunos de los cuales también se enfrentaron el sábado, pero se dispersaron la madrugada de este domingo.

Las víctimas fatales son un abogado de 29 años, Gonzalo Durán Sacarani; un estudiante de unos 27 años, Juan Carlos Cerrado Murillo, quien recibió el impacto de una granada de gas en el pecho, y el policía de Radio Patrullas, Jimmy Quispe, quien fue linchado.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que en la autopsia de Sacarani se pudo determinar que el calibre no corresponde al de las armas de fuego reglamentarias del ejército ni de la policía nacional.

Los periodistas han sido también víctimas de violencia y amenazas de policías y de exaltados sucrenses.

La reportera Adriana Gutiérrez y el fotógrafo Pablo Tudela, de la Red de TV-PAT, fueron agredidos a patadas y culatazos, así como los fotógrafos Ricardo Montero de El Deber, Aizar Raldes de la agencia AFP, y el periodista Pablo Ortiz.

Los reporteros Jhonatan Condori y Grover Alejandro tuvieron que salir de Sucre tras ser amagados por civiles no identificados, además de que su medio, la radiodifusora Aclo, de la Cadena Erbol, tuvo que salir del aire porque un grupo pretendió tomar sus instalaciones.

Pasado el mediodía, el comandante general de la policía nacional, Miguel Vázquez, informó que ordenó el retiro de los efectivos policiacos de la ciudad de Sucre hacia Potosí, “por falta de garantías para que esta institución siga cumpliendo” con su deber.

La turba incendió el cuartel de bomberos, las instalaciones de la Escuela Básica del organismo de orden y seguridad y las instalaciones de tránsito, donde ardió también una treintena de vehículos que estaban retenidos por infracciones vehiculares.

Más de un centenar de presos que estaban recluidos en el penal de San Roque se amotinaron este mediodía y luego de incendiar colchones y otros enseres lograron fugarse. Un reportero de Radio Erbol informó que uno de los presos que huía le señaló que fue la propia policía la que abrió las puertas de las celdas.

Adicionalmente, esta madrugada murió la reportera Lola Almudévar, de la BBC, y resultó herido el reportero Eduardo García, de la agencia Reuters, en un accidente automovilístico, cuando se dirigían hacia la ciudad de Sucre para cubrir los sucesos informativos.

Calderón, “ladrón” como Fox: AMLO

Ejidatarios de BCS denuncian amenazas con armas para que abandonen sus tierras
Los panistas son aliados de Salinas y Elba Esther Gordillo, “esa cacica sindical”, señala

Roberto Garduño (Enviado)

San José del Cabo, BCS, 25 de noviembre. La crisis nacional y el aumento de la pobreza en los sectores mayoritarios de la población son responsabilidad en gran parte de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes son “hipócritas, falsarios; unos reverendos mentirosos”, acusó Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir una gira de trabajo que abarcó los extremos norte y sur de la entidad, el “presidente legítimo” escuchó la queja de los habitantes del semidesierto, la mayoría de los cuales señalaron que son objeto de despojo de tierras por autoridades federales –sobre todo de Fonatur, y en especial de John McCarthy–, con objeto de venderlas a precio de regalo a inversionistas turísticos.

Esos empresarios, relataron ejidatarios, ahora utilizan una nueva técnica para amedrentarlos: se presentan en sus terrenos con armas de alto calibre y los amenazan para que dejen sus propiedades.

Reunido con sus seguidores –la mayoría personas pobres y de clases medias en crisis y un importante grupo de pequeños empresarios–, el tabasqueño demandó a la sociedad en su conjunto abandonar las lamentaciones y seguir adelante, luchando con el fin de conformar una organización capaz de frenar la crisis estructural del país.

Sus seguidores le respondieron con prolongados aplausos y el tradicional grito: “¡Es un honor estar con Obrador!” El líder de la Convención Nacional Democrática habló entonces de Fox, Calderón y el partido de ambos, Acción Nacional.

“La verdadera doctrina de los panistas es la hipocresía. Lo vimos con Fox y lo vemos con Calderón. ¿Qué fue lo que ofreció Fox como candidato en 2000? Que las cosas iban a cambiar, y miren cómo estamos en el país. ¡Pero eso sí, se dedicó a enriquecerse! Fox es un ladrón, para decirlo con claridad.”

La mención del guanajuatense recibió en respuesta abucheos, desprecio y mentadas de madre de los asistentes a los encuentros en San José del Cabo y La Paz.

Ayer, lisonjas; hoy, críticas ensañadas

Con ironía, López Obrador se refirió al notable cambio de línea editorial en la mayoría de medios de comunicación que durante el pasado sexenio dedicaron reconocimientos “lacayunos” a Fox, y ahora lo critican con saña.

“Pero no sólo es Fox, porque hay una mala costumbre de señalar al que ya se fue, aunque nosotros lo dijimos en su momento que es un ladrón, pero ahora ya se convirtió en deporte nacional estarlo cuestionando y, eso sí, la mayoría de los medios de comunicación no tocan ni con el pétalo de una rosa a Calderón. ¿Que Calderón es distinto? ¡No, Calderón también es un ladrón, como lo es Fox!

“Cuántas cosas planteaba Calderón. Quería bajar el precio de la luz, de las gasolinas, del gas, plagiándose nuestras ideas. ¿Y qué está haciendo precisamente ahora? Aumentando los precios de los energéticos. Es el resultado de su acuerdo con personajes siniestros de la política mexicana.

“Los panistas que se las dan de gente de bien son aliados de Carlos Salinas de Gortari y de Elba Esther Gordillo, esa cacica sindical”. La mención de ésta propició rechazo. “¡Buuu! Fuera la corrupta Chucky”, clamó un grupo de mujeres.

Entre irónico y molesto, recordó la frase de Calderón que justificó por adelantado el resultado electoral: “haiga sido como haiga sido”.

Aseveró: “eso demuestra la pequeñez de Calderón; no se le puede tener ningún respeto; hay quienes se enojan cuando lo llamo pelele, pero no está por demás aclarar que no es un insulto, es una descripción, para que se queden tranquilos y esa respuesta de ‘haiga sido como haiga sido’ es que el fin justifica los medios y es un principio maquiavélico, que manifiesta triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

A su vez, Leonel Cota Montaño, presidente nacional perredista, recordó la esencia del “fraude electoral de 2006”.

“El fraude ocurrió en la elección a la Presidencia. Con el argumento del IFE de que existieron casillas inconsistentes, aquí nos escondieron 14 mil votos. ¿Cuántos votos escondieron entonces en el país? Sin duda, cientos de miles. ¿Y qué no ocurrió en los sitios donde Andrés Manuel no tuvo la representación necesaria?”

Por la noche, en La Paz, ante unas 5 mil personas, Cota –quien ha sido vituperado por el senador panista Luis Coppola, dueño del periódico El Peninsular, donde se ha planificado una campaña de desprestigio contra el ex gobernador– recibió el respaldo de López Obrador, quien le manifestó su admiración “porque es un hombre honesto que puede ver a los ojos al pueblo y no ha robado dinero”.

Al concluir el mitin de respaldo a Rosa Delia Cota, candidata a la presidencia municipal de La Paz, López Obrador fue al cine a ver la película Fraude: México 2006, de Luis Mandoki.