Julio Pimentel Ramírez
Mientras en el mundo se cierne la sombra del hambre, cuyos efectos devastadores amagan convertirse en una verdadera hecatombe universal que podría desembocar en estallidos sociales de impredecibles dimensiones, según reconocen organismos internacionales, en México la clase en el poder avanza en su estrategia privatizadora que pretende culminar la entrega de los recursos naturales de la nación a las grandes empresas transnacionales, mismas que son corresponsables de sumir a la humanidad en un presente sin perspectivas para miles de millones de personas.
La pobreza y miseria de más de la mitad de los mexicanos, que es la verdadera catástrofe nacional al lado de otros severos problemas del país (narcotráfico, inseguridad, desempleo, migración, desintegración familiar, frustración juvenil, pérdida de identidad y soberanía, por sólo mencionar algunos de los eslabones del rosario de males nacionales que padecemos), subyace en la disputa por el petróleo.
En realidad se trata de la confrontación de dos proyectos de nación. Por un lado el neoliberal, muy definido y que se viene aplicando en México desde hace más de veinte años, que cuenta con inmenso poder económico, con fuerzas sociales que lo respaldan consciente o inconscientemente, así como con poderosos instrumentos mediático e ideológicos y con partidos políticos a su servicio (PAN y PRI, principalmente).
Por el otro, un proyecto alternativo de nación que desde la oposición se abre paso en condiciones complejas, con avances y retrocesos pero siempre intentando defender los intereses de la mayoría de los mexicanos excluidos del desarrollo y también de aquellos que consideran que la nación tiene futuro si se supera la inequidad y la pobreza, a través de una vía pacífica y democrática.
La cascada de desinformación que vierten la mayor parte de los medios de comunicación, pretende ocultar el fondo de la discusión en torno a la disputa por la renta petrolera. Según ellos de un lado se encuentran los que se preocupan por la modernización que le permita llegar a PEMEX a las aguas profundas, sitio donde se encuentra un “tesoro” que se le repartirá a los mexicanos a través de la adquisición de “bonos ciudadanos” de cien pesotes cada uno (que en volumen son un jugoso manjar para banqueros); por el otro -dicen los medios- se encuentran los millones de necios manipulados por un ambicioso, delirante y mesiánico individuo de origen tropical, que añoran un pensamiento nacionalista añejo y anacrónico.
La realidad es otra: se trata del petróleo y de la política que se desea aplicar en México. Si bien la forma y el contenido en que se ha explotado el petróleo durante muchos años se encuentra agotada (PEMEX fue el sustento fiscal del régimen mexicano, que le permitió atender necesidades sociales y con ello paliar contradicciones entre los mexicanos; también fue un instrumento que facilitó el enriquecimiento de la burguesía parasitaria y fuente de inconmensurable corrupción sindical y de altos funcionarios de la paraestatal), eso no significa que el camino para que se convierta Petróleos Mexicanos en una empresa moderna, productiva y competitiva, sea el de la apertura, abierta o encubierta, al capital privado.
Los intentos del gobierno calderonista, sus patrones transnacionales y sus aliados por convicción y de ocasión, por mantener la discusión sobre la reforma energética en las “aguas profundas” de la ignorancia, sin que fueran tomadas en cuenta las propuestas de quienes defienden el dominio del Estado sobre el petróleo, como lo marca la Constitución, han fracasado y ahora las posiciones se ventilan públicamente aunque aún pretenden culminar el proceso privatizador iniciado hace algunos años, ajustando tácticas y estrategia.
Evitar el albazo legislativo que fue un triunfo del movimiento en defensa del petróleo, pequeño pero no por eso intrascendente, significó poner sobre el tapete de la discusión otra arista de la realidad nacional: las limitaciones y contradicciones del entramado institucional que confronta la democracia representativa (crisis de los partidos políticos y de sus legisladores) con la democracia participativa, que en México tiene mucho camino por andar.
Enfrentar con éxito la entreguista y privatizadora reforma petrolera, solamente será posible si se combinan acertadamente la resistencia civil pacífica con las acciones de los legisladores del Frente Amplio Progresista, que en el caso de los perredistas deberán mostrar congruencia ente palabras y hechos, más allá de sus diferencias.
viernes, abril 18, 2008
Terrorismo que ya está a un paso de llegar al terrorismo de Estado de siempre
María Teresa Jardí
Terrorismo de Estado que, además, es parte del pago por legalizar el fraude para imponer a un usurpador, aunque la legalización del fraude, consumada por el TRIFE, tenga el aval del IFE y de los partidos políticos, del empresariado y de la telecrática telebasura, de la jerarquía eclesiástica y de los intereses bastardos de quienes hoy cobran, una tras otra, cada factura, incluidas las empresas españolas, gringas y de otras nacionalidades que como buitres esperan poder acabar de hacerse con el control de todos los hidrocarburos que a la nación mexicana, y a nadie más, pertenecen. Terrorismo de Estado es entregar los bienes de la nación mexicana incluso a empresas extranjeras quebradas, porque esas son las que les garantizan más lana al usurpador y a sus amistades y a sus respectivas familias.
Terrorismo de Estado, que viene de la mano de la usurpación, cuyas consecuencias ya saltan a la vista, incluso en la corrupción sin límite exhibida por el nombrado como secretario de Gobernación no llenando ni siquiera las reglas constitucionales, por lo que al origen de los padres toca, para ser titular de esa función fundamental en otros países. Borrado aquí, como tal, sí, pero con los negocios de él y familia amarrados en el bolsillo para cuando pase a ser el otro multimillonario que pelee con Slim por ocupar el primer lugar del más rico del mundo en la lista de la revista Forbes.
El signo más claro de que un gobierno, y peor aún cuando se trata de un usurpador, ha apostado por el terrorismo de Estado se da en la criminalización de la juventud. Se criminaliza la juventud en general, ser joven se convierte en un delito. Pero en particular se criminaliza a los estudiantes y más aún a los que alcanzaron el honor de serlo de las universidades públicas. Y peor si ese honor se debe a que son, en el caso de México, estudiantes de la UNAM. El enemigo a combatir es el pensamiento. El enemigo a combatir es la inteligencia. El enemigo es la libertad. El enemigo son las decisiones tomadas en razón de la libertad. Inteligentes y libres resultaron ser Lucía Morett y sus compañeros masacrados en Ecuador por el asesino ejército colombiano, violando la soberanía de un Estado libre y soberano.
Terrorismo de Estado, a la mexicana, usando aquí, a impresentables a los que se les financia onegés, que sirven para todo, literalmente, para todo, y si no que se lo pregunten a Gil Díaz, como José Antonio Ortega, a pesar de ser, sí, el abogado favorito del cardenal Sandoval, sí, el cardenal que ha usado la muerte de otro cardenal para hacerse propaganda para ser elegido como Papa y quien ahora hace méritos para no quedar relegado del todo y, si se puede, para que ni siquiera se le acepte la renuncia que por razones de edad está obligado a presentar, con la invaluable ayuda del impresentable panista que desgobierna Jalisco, el que le ha asignando una mega- limosna, con dinero del erario, de 90 millones para el Santuario de los Mártires que en realidad lo es de los cristeros.
Terrorismo de Estado es formar a los soldados como Kaibiles. Terrorismo de Estado, que a México, viene a exigirle, que se aplique ya en su dimensión asesina, el asesino Uribe, enviado por el asesino Bush, a quien está a un paso de pasar también a la historia como el asesino Felipe Calderón.
Terrorismo de Estado que, además, es parte del pago por legalizar el fraude para imponer a un usurpador, aunque la legalización del fraude, consumada por el TRIFE, tenga el aval del IFE y de los partidos políticos, del empresariado y de la telecrática telebasura, de la jerarquía eclesiástica y de los intereses bastardos de quienes hoy cobran, una tras otra, cada factura, incluidas las empresas españolas, gringas y de otras nacionalidades que como buitres esperan poder acabar de hacerse con el control de todos los hidrocarburos que a la nación mexicana, y a nadie más, pertenecen. Terrorismo de Estado es entregar los bienes de la nación mexicana incluso a empresas extranjeras quebradas, porque esas son las que les garantizan más lana al usurpador y a sus amistades y a sus respectivas familias.
Terrorismo de Estado, que viene de la mano de la usurpación, cuyas consecuencias ya saltan a la vista, incluso en la corrupción sin límite exhibida por el nombrado como secretario de Gobernación no llenando ni siquiera las reglas constitucionales, por lo que al origen de los padres toca, para ser titular de esa función fundamental en otros países. Borrado aquí, como tal, sí, pero con los negocios de él y familia amarrados en el bolsillo para cuando pase a ser el otro multimillonario que pelee con Slim por ocupar el primer lugar del más rico del mundo en la lista de la revista Forbes.
El signo más claro de que un gobierno, y peor aún cuando se trata de un usurpador, ha apostado por el terrorismo de Estado se da en la criminalización de la juventud. Se criminaliza la juventud en general, ser joven se convierte en un delito. Pero en particular se criminaliza a los estudiantes y más aún a los que alcanzaron el honor de serlo de las universidades públicas. Y peor si ese honor se debe a que son, en el caso de México, estudiantes de la UNAM. El enemigo a combatir es el pensamiento. El enemigo a combatir es la inteligencia. El enemigo es la libertad. El enemigo son las decisiones tomadas en razón de la libertad. Inteligentes y libres resultaron ser Lucía Morett y sus compañeros masacrados en Ecuador por el asesino ejército colombiano, violando la soberanía de un Estado libre y soberano.
Terrorismo de Estado, a la mexicana, usando aquí, a impresentables a los que se les financia onegés, que sirven para todo, literalmente, para todo, y si no que se lo pregunten a Gil Díaz, como José Antonio Ortega, a pesar de ser, sí, el abogado favorito del cardenal Sandoval, sí, el cardenal que ha usado la muerte de otro cardenal para hacerse propaganda para ser elegido como Papa y quien ahora hace méritos para no quedar relegado del todo y, si se puede, para que ni siquiera se le acepte la renuncia que por razones de edad está obligado a presentar, con la invaluable ayuda del impresentable panista que desgobierna Jalisco, el que le ha asignando una mega- limosna, con dinero del erario, de 90 millones para el Santuario de los Mártires que en realidad lo es de los cristeros.
Terrorismo de Estado es formar a los soldados como Kaibiles. Terrorismo de Estado, que a México, viene a exigirle, que se aplique ya en su dimensión asesina, el asesino Uribe, enviado por el asesino Bush, a quien está a un paso de pasar también a la historia como el asesino Felipe Calderón.
AVISO-CND MERIDA
En reunión celebrada por integrantes de la Convención Nacional Democrática Mérida, se acordó realizar una marcha el próximo domingo 20 de Abril, a las 9:00 a.m., del parque de Santa Ana a la Plaza Grande, en "DEFENSA DEL PETROLEO Y EN CONTRA DEL PROYECTO DE REFORMA ENERGETICA", presentada a la Cámara por el Gobierno Federal Espurio.
Asimismo, se acordó invitar a todas las fuerzas progresistas de nuestro Estado, con el fin de que hagan suya la propuesta y juntos haciendo aun lado diferencias, demos la lucha en contra de este intento privatizador y entreguista de los recursos energéticos de la Nación alas Compañías Extranjeras.
Convocamos, a las organizaciones que deseen ser parte activa de esta marcha, a una reunión de coordinación y logística del evento, para el martes 15 o miércoles 16 por la noche (es propuesta). Comunicarse al cel. 9991598576 y/o a bccadena@hotmail.com.
Por favor reenvía esta invitación a tus contactos.
¡JUNTOS HACEMOS LA FUERZA, DIVIDIDOS LOS FORTALECEMOS!
¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
CND MERIDA. COMISION ORGANIZADORA.
Convocatoria
LA PLATAFORMA CONSTITUCIONALISTA DE MEXICO, ACCION CIUDADANA DE LA APIMAC,
LA UNION DE JURISTAS DE MEXICO, LA COORDINADORA DE TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL ISSSTE, LA UNIDAD DE ESTUDIOS SINDICALES Y DEL TRABAJO
INVITAN A LAS:
Conferencias Magistrales
En Conmemoración del Primer Aniversario del Inicio del Movimiento
Nacional Contra la Ley del ISSSTE mediante el Juicio de Amparo
INAGURACION: DIPUTADA FEDERAL ROSARIO ORTIZ
Con la participación de los Ponentes:
I. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA BARRETO, (ABOGADO LABORALISTA)
“Los efectos de la Ley del ISSSTE entre los Trabajadores al servicio del estado, organizados y no organizados”
II. LIC. JOSE T. CARDOZA OLIVAS, (EXPERTO LABORALISTA Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL)
“La Seguridad Social en México”
III. LIC. EDUARDO PEREZ SAUCEDO, (PERITO DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN LOS JUICIOS DE AMPARO CONTRA LA LEY DEL ISSSTE)
“Las Consecuencias de la Ley
del ISSSTE contra los Trabajadores”
IV. LIC. MARIA TERESA GUZZY ARREDONDO, (DIRIGENTE SOCIAL)
“Las organizaciones ciudadanas y la constitucionalidad en México”
V. LIC. EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, (JURISTA)
“Amparos Contra Ley del ISSSTE”
Balance y Expectativas a un Año de Lucha
VI. LIC. ROMAN DIAZ VAZQUEZ, ABOGADO AMPARISTA SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE ABOGACIA 1990
“AMPARO GANADO AL SENADO DE LA REPUBLICA Y OTROS AVANCES CONTRA LA NUEVA LEY DEL ISSSTE”
CLAUSURA: DIPUTADO FEDERAL ADRIAN PEDROSO
A VERIFICARSE EL PROXIMO LUNES 28 DE ABRIL A LAS 16:00 HORAS EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO “E”, DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, (FRENTE AL METRO SAN LAZARO), REGISTRO PREVIO DOS DIAS ANTES DEL EVENTO EN HEMICILO A JUAREZ ALMEDA CENTRAL, MEXICO D.F DE LUNES A VIERNES A LAS 18:00 HRS PM CON COPIA DE IDENTIFICACION PERSONAL. PARA MAYORES INFORMES, ANTONIO MORALES COREA, FERNANDO SANTAMARIA MORALES, EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ Y QUIEN PROPONGA EL DIPUTADO.
LA UNION DE JURISTAS DE MEXICO, LA COORDINADORA DE TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL ISSSTE, LA UNIDAD DE ESTUDIOS SINDICALES Y DEL TRABAJO
INVITAN A LAS:
Conferencias Magistrales
En Conmemoración del Primer Aniversario del Inicio del Movimiento
Nacional Contra la Ley del ISSSTE mediante el Juicio de Amparo
INAGURACION: DIPUTADA FEDERAL ROSARIO ORTIZ
Con la participación de los Ponentes:
I. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA BARRETO, (ABOGADO LABORALISTA)
“Los efectos de la Ley del ISSSTE entre los Trabajadores al servicio del estado, organizados y no organizados”
II. LIC. JOSE T. CARDOZA OLIVAS, (EXPERTO LABORALISTA Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL)
“La Seguridad Social en México”
III. LIC. EDUARDO PEREZ SAUCEDO, (PERITO DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN LOS JUICIOS DE AMPARO CONTRA LA LEY DEL ISSSTE)
“Las Consecuencias de la Ley
del ISSSTE contra los Trabajadores”
IV. LIC. MARIA TERESA GUZZY ARREDONDO, (DIRIGENTE SOCIAL)
“Las organizaciones ciudadanas y la constitucionalidad en México”
V. LIC. EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, (JURISTA)
“Amparos Contra Ley del ISSSTE”
Balance y Expectativas a un Año de Lucha
VI. LIC. ROMAN DIAZ VAZQUEZ, ABOGADO AMPARISTA SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE ABOGACIA 1990
“AMPARO GANADO AL SENADO DE LA REPUBLICA Y OTROS AVANCES CONTRA LA NUEVA LEY DEL ISSSTE”
CLAUSURA: DIPUTADO FEDERAL ADRIAN PEDROSO
A VERIFICARSE EL PROXIMO LUNES 28 DE ABRIL A LAS 16:00 HORAS EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO “E”, DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, (FRENTE AL METRO SAN LAZARO), REGISTRO PREVIO DOS DIAS ANTES DEL EVENTO EN HEMICILO A JUAREZ ALMEDA CENTRAL, MEXICO D.F DE LUNES A VIERNES A LAS 18:00 HRS PM CON COPIA DE IDENTIFICACION PERSONAL. PARA MAYORES INFORMES, ANTONIO MORALES COREA, FERNANDO SANTAMARIA MORALES, EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ Y QUIEN PROPONGA EL DIPUTADO.
Reforma energética, análisis y comentarios por Mario di Constanzo
Urgente difundir este documento
(Análisis y Comentarios)
a) Introducción
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX.
Dichas iniciativas son:
La Nueva Ley Orgánica de PEMEX
La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de La Comisión del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
.
Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX.
Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando "eludir" lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso.
Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal.
Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos.
Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética.
Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional.
b) Nueva Ley Orgánica de Pemex:
De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.
b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo..
Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir "4 consejeros profesionales" que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del "Estado" y otros 2 serían "consejeros externos", en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que "dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado".
Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del "Estado".
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.
Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: " para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo."
La iniciativa establece que el voto estos "Consejeros Profesionales" tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: "Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales."
Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: "el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple". Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones.
Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas.
La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en "juez y parte" al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones.
El Comité de Transparencia y Auditoría:
En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que
"Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…"
Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, "al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría".
Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia.
Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe.
Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un "consejero incondicional y subordinado" en el Comité de Transparencia y Auditoría.
Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que "La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable".
Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:" Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración." La iniciativa añade que: "Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que:
"Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad."
Sin embargo añade:
" A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: "La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas.
Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional.
Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE.
b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex:
Deuda:
Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.
Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Por otro lado, la misma iniciativa, " reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda,
Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la "autonomía de PEMEX".
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.
O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana.
Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: "Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos."
Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave.
Presupuesto:
En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; "se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: "siempre que cumpla con su meta de balance financiero" (pág. 16 de la iniciativa)
Es importante mencionar que el "balance financiero" es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener "en caja" o bien se le obliga a "no gastar" cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda.
Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos.
Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas.
Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece:
Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales;
III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y
IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero.
De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
b.3) Los Bonos Ciudadanos:
Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los "bonos ciudadanos" no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.
Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que" el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista "alguien" en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.
Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos "bonos ciudadanos", es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Asi el hecho de establecer que habrá un "cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos" es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.
Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.
Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos "bonos ciudadanos". Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través
de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos;
II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados;
III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos;
IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y
VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado.
b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución:
La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol).
Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto.
Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.
http://www.secretariadelahacien
PEMEX desnacionalizado
Manuel Bartlett Díaz*
No hubo sorpresa, Calderón presentó iniciativa para facultar al sector energético para abrir a la inversión extranjera toda nuestra industria petrolera, en contra de la Constitución.
El objetivo es manifiesto: extranjerizar ductos, transporte, almacenamiento, exploración, explotación, refinación. En esto consiste “flexibilización”, “ampliación de las capacidades de operación”, “disposiciones especiales que le permitan fortalecer su autonomía de gestión y técnica”.
La “autonomía de gestión” es un fraude para justificar contratos con empresas privadas que “amplían la capacidad de operación” con trasnacionales bajo “contratos de servicios” inconstitucionales rebautizados como “contratos ampliados”. Para esto es la “autonomía”. Imponen el control del Presidente con un Consejo de Administración de cuatro “Profesionales” con facultades exorbitantes, designados por el Ejecutivo, eliminando al Congreso y a la Auditoría Superior de la Federación.
La demanda de “autonomía” ha sido impedir que Hacienda utilice a PEMEX como instrumento fiscal anulando su misión de garantizar la energía para el desarrollo nacional. La iniciativa burla el propósito y afianza el sometimiento a Hacienda, proponiendo un proceso que permitiría a PEMEX utilizar gradualmente sumas determinadas de excedentes, ridículas, siempre y cuando cumpla con un plan estratégico que califica Hacienda.
Pretenden vender “bonos ciudadanos” indefinidos, disfrazando venta de acciones, los financieros extranjeros están al acecho.
La obcecación de explotar aguas profundas del Golfo de México con empresas extranjeras, mediante contratos de riesgo disfrazados, sólo se explica por la subordinación a trasnacionales y sus países de origen, desesperados por apoderarse de todo el Golfo. Teniendo reservas en tierra y aguas someras, no urge el Golfo. No se llevarán el petróleo con popotes, Calderón lo quiere compartir.
Ridículo cómo cambian argumentos en el desmoronamiento de los iniciales para sostener el compromiso privatizador.
Ya no es la falta de recursos, ni alianzas para tener tecnología, ahora dicen que falta capacidad de operación, que no podemos avanzar solos, no hay tecnología; se requiere conocimiento que sólo lo tienen extranjeros.
Vergüenza. Hemos tenido los mejores equipos de operación, ingenieros del más alto nivel jubilados anticipadamente, un Instituto del Petróleo de excelencia. Todo podemos reponer. Los pretextos invariables: la situación de PEMEX, la importación de gasolinas y gas, petroquímica, su descapitalización criminal. Solucionarlo no requiere reformas, sino que el Presidente asuma su responsabilidad.
El proceso de desnacionalización es una historia de infamias, mentiras. Como el pueblo lo rechaza hay que engañarlo, para eso están las televisoras. No hay privatización dicen, abriendo todo a la inversión privada apoyando la iniciativa con un demagógico discurso presidencial que la presenta como solución a la pobreza, que dará a todos los niños escuela, alimentación, cuando el saldo sería catastrófico.
El petróleo escasea, EU depende del crudo importado, Europa no tiene. La consigna es despojar a las empresas nacionales de sus reservas.
El Congreso de Estados Unidos vetó el intento de una empresa china de comprar una petrolera estadounidense decretando que el petróleo es de seguridad nacional. Aprendamos también: es de seguridad nacional para nosotros la explotación de nuestro petróleo. Debe estar bajo el exclusivo control de México.
Si explotamos, refinamos, transportamos a través de transnacionales, caemos en una dependencia aterradora en una materia vital. Si dependemos de su ingeniería, de su capacidad de operar, como no lo hemos hecho desde 1938, quedamos en sus manos, perdemos inteligencia y capacidad. Si permitimos contratos de riesgo disfrazados se apoderarán de nuestro patrimonio.
El desastre económico sería mayúsculo: expropiación de las ganancias de nuestra industria fundamental. Vulneraríamos la soberanía. La iniciativa no es del Ejecutivo, es parte del proceso diseñado en el exterior: el TLC, la fragmentación de PEMEX, el contratismo internacional ilegal. Recordemos, desnacionalizar es colonizar.
* Ex secretario de Estado
mbartlett_diaz@hotmail.com
No hubo sorpresa, Calderón presentó iniciativa para facultar al sector energético para abrir a la inversión extranjera toda nuestra industria petrolera, en contra de la Constitución.
El objetivo es manifiesto: extranjerizar ductos, transporte, almacenamiento, exploración, explotación, refinación. En esto consiste “flexibilización”, “ampliación de las capacidades de operación”, “disposiciones especiales que le permitan fortalecer su autonomía de gestión y técnica”.
La “autonomía de gestión” es un fraude para justificar contratos con empresas privadas que “amplían la capacidad de operación” con trasnacionales bajo “contratos de servicios” inconstitucionales rebautizados como “contratos ampliados”. Para esto es la “autonomía”. Imponen el control del Presidente con un Consejo de Administración de cuatro “Profesionales” con facultades exorbitantes, designados por el Ejecutivo, eliminando al Congreso y a la Auditoría Superior de la Federación.
La demanda de “autonomía” ha sido impedir que Hacienda utilice a PEMEX como instrumento fiscal anulando su misión de garantizar la energía para el desarrollo nacional. La iniciativa burla el propósito y afianza el sometimiento a Hacienda, proponiendo un proceso que permitiría a PEMEX utilizar gradualmente sumas determinadas de excedentes, ridículas, siempre y cuando cumpla con un plan estratégico que califica Hacienda.
Pretenden vender “bonos ciudadanos” indefinidos, disfrazando venta de acciones, los financieros extranjeros están al acecho.
La obcecación de explotar aguas profundas del Golfo de México con empresas extranjeras, mediante contratos de riesgo disfrazados, sólo se explica por la subordinación a trasnacionales y sus países de origen, desesperados por apoderarse de todo el Golfo. Teniendo reservas en tierra y aguas someras, no urge el Golfo. No se llevarán el petróleo con popotes, Calderón lo quiere compartir.
Ridículo cómo cambian argumentos en el desmoronamiento de los iniciales para sostener el compromiso privatizador.
Ya no es la falta de recursos, ni alianzas para tener tecnología, ahora dicen que falta capacidad de operación, que no podemos avanzar solos, no hay tecnología; se requiere conocimiento que sólo lo tienen extranjeros.
Vergüenza. Hemos tenido los mejores equipos de operación, ingenieros del más alto nivel jubilados anticipadamente, un Instituto del Petróleo de excelencia. Todo podemos reponer. Los pretextos invariables: la situación de PEMEX, la importación de gasolinas y gas, petroquímica, su descapitalización criminal. Solucionarlo no requiere reformas, sino que el Presidente asuma su responsabilidad.
El proceso de desnacionalización es una historia de infamias, mentiras. Como el pueblo lo rechaza hay que engañarlo, para eso están las televisoras. No hay privatización dicen, abriendo todo a la inversión privada apoyando la iniciativa con un demagógico discurso presidencial que la presenta como solución a la pobreza, que dará a todos los niños escuela, alimentación, cuando el saldo sería catastrófico.
El petróleo escasea, EU depende del crudo importado, Europa no tiene. La consigna es despojar a las empresas nacionales de sus reservas.
El Congreso de Estados Unidos vetó el intento de una empresa china de comprar una petrolera estadounidense decretando que el petróleo es de seguridad nacional. Aprendamos también: es de seguridad nacional para nosotros la explotación de nuestro petróleo. Debe estar bajo el exclusivo control de México.
Si explotamos, refinamos, transportamos a través de transnacionales, caemos en una dependencia aterradora en una materia vital. Si dependemos de su ingeniería, de su capacidad de operar, como no lo hemos hecho desde 1938, quedamos en sus manos, perdemos inteligencia y capacidad. Si permitimos contratos de riesgo disfrazados se apoderarán de nuestro patrimonio.
El desastre económico sería mayúsculo: expropiación de las ganancias de nuestra industria fundamental. Vulneraríamos la soberanía. La iniciativa no es del Ejecutivo, es parte del proceso diseñado en el exterior: el TLC, la fragmentación de PEMEX, el contratismo internacional ilegal. Recordemos, desnacionalizar es colonizar.
* Ex secretario de Estado
mbartlett_diaz@hotmail.com
Cerco ciudadano
* Al grito de “¡No pasarán, no pasarán!”, los integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo forman una muralla humana total alrededor del Senado de la República para impedir que los senadores del PRI y PAN ingresen a sesionar* Con los brazos entrelazados, los brigadistas de la resistencia civil pacífica contra la “reforma energética” fecalista NO permitieron el acceso / El grito se volvió uno: “¡Se canceló la sesión! ¡Sí se pudo, sí se pudo!” y el día se convirtió EN un éxito total y un triunfo en la batalla / Senadores, de tumbo en tumbo
El jueves fue una jornada de tensión. Al mediodía las Adelitas se movilizaban. Treinta minutos después la plaza se calentó. Por la calle de Allende cuatro camionetas de la PFP escoltaban un autobús donde viajan los senadores del PAN, a su lado marchaban dos líneas de federales con tolete en mano. Al verlo, la brigada de Claudia Sheinbaum comenzó a entonar el Himno Nacional con los brazos entrelazados. (UNIVERESAL/NTX)
MEXICO, D.F., 17 de abril (UNIVERSAL/LA JORNADA/NTX).- Integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo impulsado por Andrés Manuel López, en las calles de Tacuba, Donceles, República de Cuba y Belisario Domínguez, establecieron un cerco total a las inmediaciones del Senado de la República.
Al grito de “¡No pasarán, no pasarán!”, las Adelitas y Adelitos comenzaron su plan de acción para impedir que senadores de los partidos de la Revolución Institucional (PRI), y Acción Nacional (PAN), así como elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y elementos de la policía capitalina ingresen al perímetro del Senado.
Con los brazos entrelazados, los brigadistas impiden el acceso a las entradas del plantón, instalado desde el martes pasado.
Lo anterior provocó algunos problemas con ciudadanos que exigen respeto al libre tránsito.
La resistencia civil pacífica contra la “reforma energética” fecalista cumple este jueves una semana de haberse instalado en las inmediaciones del Senado.
Dentro, la tribuna que permanece tomada por el Frente Amplio Progresista (FAP),.
Así, las Adelitas del Movimiento Nacional en defensa del petróleo comenzaron a levantar a las 17:30 horas el plantón que instalaron desde el martes en las inmediaciones del Senado.
El anuncio lo hizo la coordinadora general, Claudia Sheinbaum, quien consideró la jornada “muy buena” para su movimiento de resistencia civil contra la privatización del petróleo.
De inmediato las brigadistas se dieron a la tarea de desmontar sus campamentos, tiendas de campaña, levantar sillas, utensilios de cocina, entre otros enseres.
Sheinbaum convocó para el próximo domingo a todas las brigadas a asistir a las asambleas informativas en todos los Estados y en las delegaciones políticas de la capital. Ese día, dijo, se definirá el plan de acción de su movimiento.
Claudia Sheinbaum, coordinadora de las brigadas en defensa del petróleo, anunció a las Adelitas que la jornada de este jueves fue un triunfo en la batalla de su movimiento por la defensa del petróleo.
Dijo que los cercos ciudadanos instalados en las inmediaciones del Senado de la República impidieron que no se reuniera el quórum necesario para instalar la sesión.
“Se nos pasó un camión con senadores del PAN”, reconoció. Pero fueron los senadores del PRI quienes no acudieron el edificio de Donceles 14, sede alterna de la Cámara Alta y se suspendió la sesión.
“¡Muchas felicidades a todas. Son mujeres muy valientes! Es un orgullo estar entre ustedes”, repitió en cada una las de 21 brigadas que recorrió para dar un improvisado “parte de guerra”.
Fue una jornada de tensión. Al mediodía, Lenia Batres, de la brigadas 11, y Virginia Jaramillo, de las 18, movilizaban a sus Adelitas de Tacuba a la esquina de Belisario Domínguez y Allende.
Treinta minutos después la plaza se calentó. Por la calle de Allende cuatro camionetas de la PFP escoltaban un autobús donde viajan los senadores de Acción Nacional, a su lado marchaban dos líneas de federales con tolete en mano.
Al verlo, la brigada de Claudia Sheinbaum comenzó a entonar el Himno Nacional; una de sus más cercanas colaboradoras se tiró al pavimento, pero fue levantada en vilo. Fueron superados en número y rompieron su cerco ciudadano.
El autobús se detuvo en el estacionamiento del Centro de Educación Continua. Hubo jaloneos y gritos entre los integrantes de resistencia y los granaderos. “Malditos, traidores”, gritaban los simpatizantes de López Obrador al panista Santiago Creel, quien apuraba su paso al descender el autobús.
La ex secretaria de SEDESOL, Beatriz Zavala, hablaba por su celular y Federico Döring lanzaba miradas de desprecio.
Hora y media después salieron de la sede alterna del Senado para dirigirse a la Torre del Caballito. Faltaron sus contrapartes del PRI.
Para Sheinbaum el día no había terminado. A las 17:20 hors de este jueves, daba sus últimas instrucciones. Ordenó levantar el plantón y estar preparadas para las brigadas informativas que iniciarán el domingo.
Así, la primera entrega es perfecta. Cuatro camionetas salen hechas la raya de un estacionamiento y tras un trayecto de apenas unos cuantos metros depositan su carga a las puertas del recinto alterno. Suceden otras. Bajan los senadores acompañados de gorilas muy celosos de su deber que los protegen de cámaras y grabadoras. Todos son legisladores del Partido Acción Nacional.
En la primera entrega baja, para poner el ejemplo, el coordinador de los azules, Santiago Creel. Se piensa que es cuestión de minutos la llegada de los legisladores del PRI.
A pesar del cerco de las Adelitas ha quedado libre una ruta que comienza en las calles de Perú, y atraviesa dos estacionamientos que van de una calle a otra para poner a los senadores en la calle República de Cuba, frente a un hotel muy convenientemente llamado Congreso.
Los trabajadores de la lente que esperan a las puertas del edificio elegido como sede alterna del Senado, en Donceles 14, y frente al estacionamiento mencionado se quedan con las cámaras quietas. Los legisladores del PRI no aparecen.
A las 12:36, cuando aparecen los senadores panistas, truena un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública local en las cabezas de las Adelitas y el resto de los presentes. En el sonido de las brigadistas que hacen guardia y gritan en la esquina de Donceles y Eje Central suena a todo volumen una canción de combate italiana. Y al ritmo de Bella ciao entran los panistas a esperar a los priístas.
Es un misterio por qué pueden pasar los panistas y no los senadores encabezados por Manlio Fabio Beltrones. Los priístas argumentan que el cerco apretó, que anduvieron dando vueltas por las calles de la Lagunilla buscando una ruta de entrada y que no lo consiguieron. Eso dicen unos. Otros, en información que retoman los portales de internet de algunos diarios, aseguran que fueron “interceptados” en el Eje Central y que por ello decidieron volver al edificio donde se encuentran sus oficinas.
Pese al cerco que impide la entrada de los tricolores, los panistas pueden hacer el viaje de vuelta y salen por donde los priístas no pueden entrar. Convenientemente, el acuerdo para utilizar una sede alterna incluye cualquier edificio del Senado. De modo que todos se reúnen en la Torre del Caballito y ahí, los legisladores del PAN, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, realizan la reunión del día.
La jornada comienza temprano. Los camarógrafos madrugan para evitar los retenes de las Adelitas. Mientras se acerca la hora de la cita de los senadores, la una de la tarde, las carpas de la resistencia civil se nutren de más y más brigadistas. La calle de Bolívar es bloqueada por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que hacen un mitin frente al edificio de la Asamblea Legislativa del DF.
Pasado el mediodía, las filas de granaderos son reforzadas. En cada punto se suman tres hileras de policías capitalinos y una de antimotines de la Policía Federal Preventiva. En algunos lugares hay más granaderos que brigadistas.
Las Adelitas responden con un solo grito: “No tenemos miedo, no tenemos miedo”.
El ambiente en el exterior contrasta con la calma que reina en el edificio de Xiconténcatl, donde unos cuantos senadores del Frente Amplio Progresista charlan y leen las síntesis informativas.
Por ahí se pasea Ricardo Monreal, a quienes algunos ven como la carta para el interinato en el PRD. “Yo ahorita estoy en esto”, dice él, y adelante que los senadores del PAN están por entrar a la sede alterna.
Nada turba el aire calmo del salón de sesiones, excepto que los senadores se enteran que en la Cámara de Diputados, contra un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la mayoría PRI-PAN acaba de aprobar modificaciones a la Ley de Adquisiciones, con lo que, comentan algunos senadores, se abre la puerta a la absoluta discrecionalidad en las compras del sector público.
Afuera, los panistas hacen su arribo y sólo un par de ellos se detienen a hacer declaraciones.
Alejandro González Alcocer, quien como gobernador sustituto de Baja California promovió una ley para que las policías mexicanas hicieran el trabajo de la Border Patrol, demanda el uso de la fuerza para retirar a quienes ocupan la tribuna senatorial.
Poco después sigue sus propios pasos para retornar al edificio del Caballito.Ahí, quizá para no ir a los “ritmos” de López Obrador, pero tampoco de los de Beltrones, el coordinador de los panistas, Santiago Creel, propone que se acuerde un programa de foros sin atarlo a un plazo definido, de 50 o 120 días.
Terminada la sesión, las brigadistas celebran lo que consideran un triunfo. Claudia Sheinbaum felicita a sus huestes.
“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, le contestan, mientras comienzan a levantar sus carpas y tiliches sin dejar las consignas de los últimos días, sobre todo la de “Este es el pueblo/ de López Obrador,/ ¿dónde está el tuyo/ espurio Calderón?”.
Los policías locales y federales también se van.
Entre las Adelitas que se retiran no hay un ánimo de victoria total. Pero van felices. Quizá porque se quedan con lo que les dijo Paco Ignacio Taibo II al filo de las dos de la tarde, luego de referirse al movimiento del 68 y luchas que le siguieron: “Tuvimos victorias y derrotas, pero ¿quién nos quita lo bailado?”.
“Te van a lastimar, levántate”, le pedían dos policías, uno de civil y otro uniformado, a la doctora Romana Sierra, que tendida en el pavimento de Allende se cruzó frente al convoy que la Policía Federal Preventiva (PFP) armó para abrirle paso a los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).Te van a lastimar, volvieron a suplicarle. Pero ella se mantuvo, firme. “¡Ni madres!”, les espetó.
Las fuerzas federales, con el respaldo de la policía preventiva capitalina, habían diseñado una ruta de acceso a la Cámara de Senadores, para burlar el cerco de las adelitas en resistencia civil en defensa del petróleo.
El diseño del operativo consistía en introducir, casi de manera subrepticia, a los legisladores panistas por un edificio del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el número 38 de Allende, pero antes tenían que pasar por la esquina con Perú.
Ahí se tendió la doctora.
Primero, los dos policías la tomaron de un brazo y de una pierna. Luego de los dos brazos y sólo así pudieron quitarla, por la fuerza. El autobús donde viajaban los panistas pudo entrar de reversa al edificio del Centro de Educación Continua a Distancia del Poli, gracias a que el resto de mujeres brigadistas se encontraba en sus calles asignadas, y pocas pudieron respaldar la acción de resistencia civil de Romana Sierra.
Los senadores priístas no tuvieron la misma suerte que los del blanquiazul. Momentos después, Claudia Sheinbaum y otras mujeres se sentaron en el piso y así el transporte asignado a los legisladores del tricolor no pudo trasponer el cerco. “¡No pasarán, no pasarán!” exclamaron las brigadistas.
Y no pasaron. A lo lejos, donde se quedaron y tuvieron que regresar, para ir a la Torre del Caballito, escucharon el Himno Nacional cantado por decenas de mujeres firmes como Romana.
Del autobús, los panistas fueron trasladados en grupos en tres camionetas Suburban y Van del traspatio del inmueble politécnico, ya en el número 22 de Belisario Domínguez, para cruzar la calle al número 22, un estacionamiento público rentado para la ocasión, que a su vez cuenta con una salida al 28 de Cuba, de donde dieron vuelta a la derecha, hasta el callejón del 57 y de ahí a Donceles, al recinto alterno.
Pero se quedaron esperando a los priístas. Lo efectivo de la organización de las brigadas en defensa del petróleo cerró el camino a los senadores del PRI. Así que pasaditas las dos de la tarde, los panistas desandaron la ruta en las mismas camionetas, y las mujeres de las brigadas 11, Leona Vicario, y 17, Benita Galeana los despidieron con gritos de júbilo: “¡ratas, ratas…! ¡Sí se pudo, sí se pudo! ¡Lo logramos, compañeras!”.
La resistencia, pues, se anotó una victoria. El escritor Paco Ignacio Taibo II, que recorría las brigadas, celebró junto con ellas en Belisario Domínguez, donde las camionetas quedaban por segundos a descubierto. Y para acentuar el resguardo a los panistas, guardias del Senado viajaban en los estribos. “Miedo, miedo, miedo”, se burlaron de ellos.
Ante esa visión, Paco Ignacio ironizó: “Los mexicanos no nos merecemos a esta clase de políticos corruptos. Nosotros no hicimos ningún mal. No mordimos a nuestras mamás de chiquitos”.
El éxito del movimiento de resistencia civil pacífica fue tal que Paco Ignacio les contó una perla.”Hace un rato que venía para acá –les dijo—se me acercó un turista gringo que me preguntó el mejor lugar para visitar. Y entonces le respondí: ‘a los campamentos, güey, ahí está lo mejor de este país’”.
Ambas brigadas fueron las primeras en enterarse que los panistas se iban, como se fueron, por Belisario Domínguez hacia Palma. Pero la noticia corrió rápida por el resto de las calles custodiadas, y el grito se volvió uno: “¡Se canceló la sesión! ¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
El día de hoy fue un éxito total, resumió Jesusa Rodríguez. “Nos dicen –abundó-- que panistas y priístas se fueron a sesionar al piso quinto del Caballito, pero el objetivo se cumplió. Y si están ahí esa sesión es ilegal, porque no puede convocarse a un recinto alterno con tanta premura”.De voz en voz, como se dan las noticias en el cerco, la resistencia en Allende y Perú se contó como una hazaña. “Se acostaron en el piso”, decían las mujeres entre sí. “Las empujó la policía con los escudos”. Muchas cejas se levantaron de admiración.
A las seis de la tarde, tras la evaluación del efecto del cerco, se decidió levantarlo y se anunció que el fin de semana, mientras inicia la distribución, casa por casa, de los folletos y los dvd con la explicación de por qué el rechazo a las iniciativas de Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada, se evaluará si esta acción de resistencia continúa.
El domingo se ha convocado a decenas de asambleas informativas, en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y las principales plazas en los estados.Mientras se levantaban las carpas, los fogones, las mesas y eran guardadas –que no arriadas— las banderas, Jesusa Rodríguez anticipó: “este movimiento apenas comienza”.
Como rehenes de su propio escudo de guardaespaldas, senadores del PAN fueron ayer (jueves) viajeros en la crisis política del Congreso, pero con la adrenalina de las películas de acción.
Legisladores serenos, que en el salón de sesiones oficial suelen deambular como vacas, en la descomposición de la supuesta emergencia de huir de Donceles, perdieron el donaire. Se les cayó el semblante, los delató el amargor temprano de derrota: iban de tumbo en tumbo.
Los senadores del PAN, con Santiago Creel a la cabeza, fueron sacados del edificio de Donceles, quince minutos antes de las dos de la tarde, entre fuertes medidas de seguridad y el zumbido de un helicóptero que no dejó de sobrevolar la zona.
El rostro de Santiago Creel denotaba molestia, otros blanquiazules lucían desencajados y algunos no ocultaban la furia por ese papel que este jueves les tocó jugar de legisladores nómadas, itinerantes.
Fue muy complicado que los blanquiazules pudieran pasar el cerco que extendieron “las Adelitas” de Andrés Manuel López Obrador y los trabajadores de Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alrededor de la sede senatorial.
Y las mujeres agrupadas en el Movimiento en Defensa del Petróleo exigieron en las oficinas de Televisa una respuesta a la demanda de que se les otorgue el derecho de réplica en los noticiarios de la empresa, una semana después de que entregaron ahí una carta dirigida al presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean.
Y diputados federales del FAP encadenaron esta madrugada las cuatro puertas de acceso al Salón de Plenos del recinto legislativo de San Lázaro.
Aproximadamente a las 04:00 horas de este jueves y al iniciar el octavo día de la toma de la tribuna de San Lázaro, el Frente Amplio Progresista (FAP) endureció las acciones de protesta en dicho recinto.
Una veintena de legisladores del PRD, PT y Convergencia que pernoctaron en la tribuna colocaron cadenas la parte interna de las cuatro grandes puertas donde ingresan normalmente los diputados al Salón de Plenos.
Y debido a que prevalece la negativa para que se establezca un debate plural y abierto en torno a la “reforma energética”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció hoy que desplegará una serie de acciones en contra de la propuesta gubernamental.
Martín Esparza Flores, secretario general del gremio, al encabezar un mitin en los alrededores del Senado, refirió que dicha movilización inaugura las actividades del SME en contra de la intención de “privatizar” PEMEX y se pronunció porque en el debate participen los sindicatos del sector energético como el que él dirige.
El senador Carlos Navarrete, quien en conjunto con otros legisladores, entre ellos Rosario Ibarra, se sumó al mitin para informar a los sindicalistas la situación que prevalece en las cámaras, sostuvo que el debate no sólo debe ser “intenso” sino también en cadena nacional.
Y el Consejo General de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) aprobó que se instalen foros de discusión sobre la iniciativa de reforma energética en las facultades de Drecho, Economía, Ingenierías y Administración.
La Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) opinó que será un atropello limitar a 50 ó 120 días el debate nacional de la reforma energética, lo cual -señaló- hace prever que la iniciativa fecalista “ya esta planchada”.
Al menos 31 de las 47 áreas de la industria petrolera del país se privatizarían, si se aprueba en sus términos la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (PEMEX) que envió al Congreso Felipe Calderón, advirtieron investigadores al intervenir en el quinto Foro de Defensa del Sector Energético, realizado en la Cámara de Diputados.
Mario Di Costanzo, secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, advirtió que en la defensa del artículo 25, 27 y 28 constitucional en materia del petróleo “no estamos dispuesto a permitir ninguna violación a la Constitución, tal y como lo prevén las leyes privatizadoras del petróleo que envió Calderón”.
Di Costanzo señaló en su oportunidad que la reforma “privatizadora” de Calderón “es sinónimo de corrupción y de monopolios” y citó el caso de Telmex, de la carreteras, de los bancos y todo aquello que ha sido sujeto de privatización en una primera instancia, y que posteriormente el gobierno ha tenido que llegar a salvarlos, incluso con recursos de PEMEX.
Mencionó que la propuesta del gobierno legítimo para fortalecer a la paraestatal, tiene como ejes una reducción del gasto superfluo del sector público (sueldos a funcionarios públicos), y a manera de ejemplo subrayó la incongruencia que el director del ISSSTE cuente con un seguro médico de gastos mayores, mismos que se proporcionan fuera de este Instituto.
Y los líderes de las bancadas del PRD, PT y Convergencia en la Cámara de Diputados anunciaron su retiro de la Junta de Coordinación Política con el argumento de que en ese órgano de dirección no se cumple con los acuerdos pactados.
En rueda de prensa el coordinador del PRD, Javier González Garza, criticó que los líderes legislativos del PRI y del PAN incumplieran el acuerdo al que habían llegado en el seno de la Junta de Coordinación Política respecto a la sesión de este jueves.
Uribe, “paramilitar y bestia asesina”, dicen padres de mexicanos ultimados en Ecuador
Aplauden al rector de la UNAM por defender a los jóvenes asesinados en base de las FARC
Emir Olivares Alonso
Los padres de los mexicanos asesinados en Ecuador por tropas colombianas anunciaron que pedirán de manera formal una audiencia con Felipe Calderón.
Censuraron las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre los jóvenes masacrados y lo calificaron de “patán, paramilitar, cínico y bestia asesina”, porque “faltó al respeto” tanto a los progenitores como a la memoria de los universitarios ultimados.
Aplaudieron la postura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su rector, José Narro, a quien compararon con Javier Barros Sierra –que ocupó ese mismo cargo en 1968–, por su actitud ante los hechos y la defensa que ha realizado de los estudiantes.
Marcelo Franco, Álvaro González, Ana María Ramírez y Telésforo Avilés, padres de Fernando, Juan, Natalia y Soren –los jóvenes ejecutados en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador– acudieron al reinicio de las actividades de la cátedra Libertador Simón Bolívar en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que pertenecían sus hijos y coordinaba la única mexicana sobreviviente del bombardeo, Lucía Morett.
El miércoles, el presidente colombiano calificó de “terroristas” a los estudiantes asesinados.
Al respecto, Álvaro González respondió: “no esperábamos menos de una persona con negros antecedentes (por sus presuntos vínculos con el narco). No cuenta con ninguna prueba que valga la pena para que clasifique así a nuestros muchachos. A diferencia de (Rafael) Correa, presidente de Ecuador, Uribe ni siquiera nos dio el pésame, porque es un patán”.
Telésforo Avilés consideró que las palabras del colombiano “son una torpeza y un insulto, no sólo para nosotros como padres, sino para México. Se trata de una bestia asesina que mató a nuestros hijos y ahora viene a burlarse en nuestro propio país”.
En ese tenor, Marcelo Franco indicó que el cinismo de Uribe “para terminarnos de ofender” fue protegido por “su amigo” Calderón. “Es un personaje provocador, que profirió un insulto muy grande en nuestra propia tierra. Aunque esto a la vez nos fortalece, porque sus declaraciones están despertando gran indignación en el pueblo.”
Consideraron que el intento de Calderón por “ponerle un alto” a Uribe al indicarle que no prejuzgara, “son afirmaciones tardías, débiles y sin compromiso”.
Agregaron que el jefe del Ejecutivo mexicano tiene un doble juego, porque por un lado “se conduele, pero por el otro manda a investigar a nuestros hijos”.
Acerca de la postura de la UNAM en defensa de los jóvenes ultimados, Avilés señaló que fue “loable, rápida, fuerte y enérgica, ante el ataque de Uribe”.
A su vez, Franco expresó que no esperaban ese “papel digno” porque normalmente los funcionarios de la casa de estudios no se comprometen.
Mientras, Avilés declaró: “Me recordó al 68, al rector Barros Sierra, que supo defender la dignidad y autonomía de nuestra universidad y sus estudiantes”.
Con todo respeto, estuvo bien la actitud de Narro, era su deber y lo cumplió, pero de ahí a compararlo con lo que hizo Barros Sierra hay un trecho largo.
Emir Olivares Alonso
Los padres de los mexicanos asesinados en Ecuador por tropas colombianas anunciaron que pedirán de manera formal una audiencia con Felipe Calderón.
Censuraron las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre los jóvenes masacrados y lo calificaron de “patán, paramilitar, cínico y bestia asesina”, porque “faltó al respeto” tanto a los progenitores como a la memoria de los universitarios ultimados.
Aplaudieron la postura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su rector, José Narro, a quien compararon con Javier Barros Sierra –que ocupó ese mismo cargo en 1968–, por su actitud ante los hechos y la defensa que ha realizado de los estudiantes.
Marcelo Franco, Álvaro González, Ana María Ramírez y Telésforo Avilés, padres de Fernando, Juan, Natalia y Soren –los jóvenes ejecutados en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador– acudieron al reinicio de las actividades de la cátedra Libertador Simón Bolívar en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que pertenecían sus hijos y coordinaba la única mexicana sobreviviente del bombardeo, Lucía Morett.
El miércoles, el presidente colombiano calificó de “terroristas” a los estudiantes asesinados.
Al respecto, Álvaro González respondió: “no esperábamos menos de una persona con negros antecedentes (por sus presuntos vínculos con el narco). No cuenta con ninguna prueba que valga la pena para que clasifique así a nuestros muchachos. A diferencia de (Rafael) Correa, presidente de Ecuador, Uribe ni siquiera nos dio el pésame, porque es un patán”.
Telésforo Avilés consideró que las palabras del colombiano “son una torpeza y un insulto, no sólo para nosotros como padres, sino para México. Se trata de una bestia asesina que mató a nuestros hijos y ahora viene a burlarse en nuestro propio país”.
En ese tenor, Marcelo Franco indicó que el cinismo de Uribe “para terminarnos de ofender” fue protegido por “su amigo” Calderón. “Es un personaje provocador, que profirió un insulto muy grande en nuestra propia tierra. Aunque esto a la vez nos fortalece, porque sus declaraciones están despertando gran indignación en el pueblo.”
Consideraron que el intento de Calderón por “ponerle un alto” a Uribe al indicarle que no prejuzgara, “son afirmaciones tardías, débiles y sin compromiso”.
Agregaron que el jefe del Ejecutivo mexicano tiene un doble juego, porque por un lado “se conduele, pero por el otro manda a investigar a nuestros hijos”.
Acerca de la postura de la UNAM en defensa de los jóvenes ultimados, Avilés señaló que fue “loable, rápida, fuerte y enérgica, ante el ataque de Uribe”.
A su vez, Franco expresó que no esperaban ese “papel digno” porque normalmente los funcionarios de la casa de estudios no se comprometen.
Mientras, Avilés declaró: “Me recordó al 68, al rector Barros Sierra, que supo defender la dignidad y autonomía de nuestra universidad y sus estudiantes”.
Con todo respeto, estuvo bien la actitud de Narro, era su deber y lo cumplió, pero de ahí a compararlo con lo que hizo Barros Sierra hay un trecho largo.
Sin el FAP, aprueban diputados dictamen de Ley de Adquisiciones
Incumple Junta de Coordinación acuerdo, al abordar ese tema
Roberto Garduño y Ciro Pérez
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados incumplió el acuerdo de evitar que se abordaran temas en los que existiera disenso con el Frente Amplio Progresista (FAP) y, con la anuencia de Ruth Zavaleta Salgado, el PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa aprobaron por unanimidad el dictamen de reforma a la Ley de Adquisiciones, el cual dará fin al intermediarismo en contratos firmados entre el gobierno federal y sus proveedores.
Tras esa acción, los coordinadores del PRD, Convergencia, y PT, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete y Ricardo Cantú Garza, respectivamente, denunciaron el albazo y advirtieron que mientras no se restablezca la interlocución directa con el PAN se retirarán momentáneamente de las negociaciones en la Junta de Coordinación Política.
En la reunión previa de la junta, celebrada el miércoles, los coordinadores de todos los partidos, representados en la Cámara de Diputados, aceptaron no aprobar dictámenes donde las diferencias de fondo no se hubiesen salvado. No obstante, tras haberse decidido que continuarían las sesiones del pleno en la sede alterna del auditorio E de San Lázaro, los cinco partidos oponentes al FAP incumplieron el acuerdo referido.
Pasado el mediodía, Cristian Castaño dio inicio a la sesión, y como primer punto se puso a discusión el dictamen de reforma a la Ley de Adquisiciones. Se esperaba que los diputados del FAP se presentaran en salón del edificio E para protestar por la informalidad de la Junta de Coordinación Política, pero no ocurrió, y mientras se discutía el punto apareció, otra vez vestida de blanco, la perredista Ruth Zavaleta, quien dio continuidad al acto, mientras un grupo de panistas mostraba cartulinas con la leyenda: “¡No al secuestro de las instituciones!”
Fue el priísta Eduardo Sánchez, autor de la iniciativa, quien la fundamentó: “Todos sabemos que la mayor parte de la corrupción se da a la hora de los contratos con el gobierno. Es ahí de donde salen las jugosas ganancias y las grandes mordidas y los grandes negocios que tradicionalmente nos han sumido en la corrupción…Yo quiero destacar que todas las observaciones que fueron presentadas por nuestros compañeros del PRD fueron integradas al dictamen”.
Con la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, de buen humor, en fast track se aprobó el dictamen por 286 votos en favor. Lo mismo sucedió con el dictamen que establece la obligación del Estado de impartir materias de sexualidad en todos los niveles de educación básica.
Al transcurrir el tiempo, la sesión se banalizó por momentos. Sonaba más el murmullo de las conversaciones entre los asistentes a la sesión, y hasta, en uno de sus arranques anodinos, Andrés Bermúdez, conocido como el rey del tomate, respondió con un sonoro “¡Yes!” al votar en favor una reforma. A pesar de que se le recomendó que modificara su actitud, replicó, “¡yes, yes, porque el yes es sí!”
Minutos antes de culminar la sesión, los coordinadores del FAP convocaron a conferencia de prensa, en la que Javier González Garza denunció la ruptura del compromiso por parte de la junta de coordinación:
“En la sesión de la Junta de Coordinación Política del día de ayer, tomamos un acuerdo. Consistió en que nadie del frente iba a intervenir en la reunión que se está organizando en el edificio E, pero que los temas que se tratarían serían en los que todos tenemos consensos. El problema es que se empezó a tocar un punto sobre la Ley de Adquisiciones, que era un punto que estaba claramente determinado como un punto donde hay dificultades, hay una serie de discusiones que tenemos”.
Por su parte, el coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona, exigió al PAN que atienda la demanda del FAP: “queremos una interlocución directa con la bancada de Acción Nacional, y queremos una interlocución directa con quien propuso originalmente el debate, que tuvo que ver con lo que planteó la doctora Georgina Kessel en el diagnóstico en la famosa página 126. Creo que es importante que nos quitemos estorbos y vayamos directamente a la interlocución con ellos”.
Por lo tanto, adujo González Garza, el FAP en la Cámara de Diputados se retiraba de la Junta de Coordinación: “En este momento estamos retirados”.
–¿Regresarán?
–No sabemos, vamos a ver qué discusión hay después. En este momento la junta dejó de tener sentido.
Al concluir la sesión en la sede alterna, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, reconoció la existencia de un acuerdo con el FAP; no obstante, explicó por qué no se respetó:
“Se tocó el tema y ofrecimos platicarlo como siempre con nuestro grupo parlamentario. Hoy, en la plenaria de nuestro grupo parlamentario, por unanimidad, 75 diputados federales pidieron que ya no se pospusiera el debate de este dictamen. Les advertí que podía generar crispación en el Frente. Nuestro grupo está verdaderamente molesto con la actitud de que tengan secuestrado el recinto oficial; el grupo quiere trabajar allá, y también tengo que acatar el mandato del grupo parlamentario del PRI. Sabíamos que podía generar ruido, sin duda alguna; no era mi deseo personal, sin embargo el mandato así fue y tuve que tomar la decisión.”
–¿Usted conversó el tema con el resto de los coordinadores?
–Sin duda; si no, no hubiéramos podido subir esta iniciativa. El PAN, el Verde y Nueva Alianza dijeron adelante, y por eso pudo entrar a discusión y votación hoy.
Roberto Garduño y Ciro Pérez
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados incumplió el acuerdo de evitar que se abordaran temas en los que existiera disenso con el Frente Amplio Progresista (FAP) y, con la anuencia de Ruth Zavaleta Salgado, el PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa aprobaron por unanimidad el dictamen de reforma a la Ley de Adquisiciones, el cual dará fin al intermediarismo en contratos firmados entre el gobierno federal y sus proveedores.
Tras esa acción, los coordinadores del PRD, Convergencia, y PT, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete y Ricardo Cantú Garza, respectivamente, denunciaron el albazo y advirtieron que mientras no se restablezca la interlocución directa con el PAN se retirarán momentáneamente de las negociaciones en la Junta de Coordinación Política.
En la reunión previa de la junta, celebrada el miércoles, los coordinadores de todos los partidos, representados en la Cámara de Diputados, aceptaron no aprobar dictámenes donde las diferencias de fondo no se hubiesen salvado. No obstante, tras haberse decidido que continuarían las sesiones del pleno en la sede alterna del auditorio E de San Lázaro, los cinco partidos oponentes al FAP incumplieron el acuerdo referido.
Pasado el mediodía, Cristian Castaño dio inicio a la sesión, y como primer punto se puso a discusión el dictamen de reforma a la Ley de Adquisiciones. Se esperaba que los diputados del FAP se presentaran en salón del edificio E para protestar por la informalidad de la Junta de Coordinación Política, pero no ocurrió, y mientras se discutía el punto apareció, otra vez vestida de blanco, la perredista Ruth Zavaleta, quien dio continuidad al acto, mientras un grupo de panistas mostraba cartulinas con la leyenda: “¡No al secuestro de las instituciones!”
Fue el priísta Eduardo Sánchez, autor de la iniciativa, quien la fundamentó: “Todos sabemos que la mayor parte de la corrupción se da a la hora de los contratos con el gobierno. Es ahí de donde salen las jugosas ganancias y las grandes mordidas y los grandes negocios que tradicionalmente nos han sumido en la corrupción…Yo quiero destacar que todas las observaciones que fueron presentadas por nuestros compañeros del PRD fueron integradas al dictamen”.
Con la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, de buen humor, en fast track se aprobó el dictamen por 286 votos en favor. Lo mismo sucedió con el dictamen que establece la obligación del Estado de impartir materias de sexualidad en todos los niveles de educación básica.
Al transcurrir el tiempo, la sesión se banalizó por momentos. Sonaba más el murmullo de las conversaciones entre los asistentes a la sesión, y hasta, en uno de sus arranques anodinos, Andrés Bermúdez, conocido como el rey del tomate, respondió con un sonoro “¡Yes!” al votar en favor una reforma. A pesar de que se le recomendó que modificara su actitud, replicó, “¡yes, yes, porque el yes es sí!”
Minutos antes de culminar la sesión, los coordinadores del FAP convocaron a conferencia de prensa, en la que Javier González Garza denunció la ruptura del compromiso por parte de la junta de coordinación:
“En la sesión de la Junta de Coordinación Política del día de ayer, tomamos un acuerdo. Consistió en que nadie del frente iba a intervenir en la reunión que se está organizando en el edificio E, pero que los temas que se tratarían serían en los que todos tenemos consensos. El problema es que se empezó a tocar un punto sobre la Ley de Adquisiciones, que era un punto que estaba claramente determinado como un punto donde hay dificultades, hay una serie de discusiones que tenemos”.
Por su parte, el coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona, exigió al PAN que atienda la demanda del FAP: “queremos una interlocución directa con la bancada de Acción Nacional, y queremos una interlocución directa con quien propuso originalmente el debate, que tuvo que ver con lo que planteó la doctora Georgina Kessel en el diagnóstico en la famosa página 126. Creo que es importante que nos quitemos estorbos y vayamos directamente a la interlocución con ellos”.
Por lo tanto, adujo González Garza, el FAP en la Cámara de Diputados se retiraba de la Junta de Coordinación: “En este momento estamos retirados”.
–¿Regresarán?
–No sabemos, vamos a ver qué discusión hay después. En este momento la junta dejó de tener sentido.
Al concluir la sesión en la sede alterna, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, reconoció la existencia de un acuerdo con el FAP; no obstante, explicó por qué no se respetó:
“Se tocó el tema y ofrecimos platicarlo como siempre con nuestro grupo parlamentario. Hoy, en la plenaria de nuestro grupo parlamentario, por unanimidad, 75 diputados federales pidieron que ya no se pospusiera el debate de este dictamen. Les advertí que podía generar crispación en el Frente. Nuestro grupo está verdaderamente molesto con la actitud de que tengan secuestrado el recinto oficial; el grupo quiere trabajar allá, y también tengo que acatar el mandato del grupo parlamentario del PRI. Sabíamos que podía generar ruido, sin duda alguna; no era mi deseo personal, sin embargo el mandato así fue y tuve que tomar la decisión.”
–¿Usted conversó el tema con el resto de los coordinadores?
–Sin duda; si no, no hubiéramos podido subir esta iniciativa. El PAN, el Verde y Nueva Alianza dijeron adelante, y por eso pudo entrar a discusión y votación hoy.
Defiende director de Pemex Exploración la entrega de contratos a la iniciativa privada
Son verdades a medias y mentiras dolosas, refuta el académico Javier Jiménez Espriú
Juan Antonio Zúñiga
La libertad que requiere Petróleos Mexicanos (Pemex) es la de otorgar contratos incentivados de exploración a empresas privadas, en la medida en que den rentabilidad. “Nos tienen que dejar decidir cuándo sí y cuándo no, hoy nos toca; hay que descubrir una gran cantidad de campos y perforar multitud de pozos exploratorios en el mar para restituir las reservas, pero con los cinco equipos con los que cuenta la paraestatal eso llevaría 66 años”, afirmó Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción.
Al participar en el primero de los seminarios Aportaciones al debate sobre la reforma energética, organizado por la Academia de Ingeniería, Morales Gil defendió la propuesta presidencial de ampliar los campos de participación del sector privado en las áreas reservadas en exclusividad al Estado, principalmente en los llamados contratos incentivados para la exploración, según los cuales las empresas privadas que tengan éxito en el descubrimiento de campos petroleros tendrán un pago monetario por ello y la prioridad para participar en su desarrollo.
Explicó que por cada 300 pozos exploratorios, en 100 se tiene éxito según la media internacional, de tal manera que para contar con 300 pozos productivos se tienen que perforar mil, y con los cinco equipos con los que cuenta Pemex para aguas profundas se requiere de 66 años para alcanzar esta meta.
En opinión de Morales Gil, “aumentar la capacidad de ejecución y permitir nuevos modelos de contratación, con incentivos, responde a una práctica que aumentará la renta petrolera y generará valor adicional al país”, bajo el paradigma de “asegurar a la nación la óptima captura de la renta petrolera”.
Réplica
La respuesta a los planteamientos del director general de Pemex Exploración y Producción llegó por parte de Javier Jiménez Espriú, miembro de honor de la Academia de Ingeniería, quien refutó inmediatamente. “Las verdades a medias son mentiras dolosas”, sostuvo como premisa de su exposición y desarrolló una ponencia en la que apuntó que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en abrir los campos exclusivos de Petróleos Mexicanos a la participación privada.
Recordó que con advertencias similares hace algunos años se abrió la generación de electricidad al sector privado, que hoy produce 30 por ciento de la energía eléctrica en el país en un negocio redondo, seguro y con grandes ganancias.
Ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ex subsecretario de Comunicaciones, ex presidente de la Academia de Ingeniería y ex subdirector comercial de Pemex, Jiménez Espriú preguntó: “¿No será que ya fueron vendidos los futuros de nuestro petróleo en el pasado?” Interrogó también si los ductos y refinerías del sector privado, en los términos propuestos por la iniciativa presidencial, “serán cuidados por el Ejército Mexicano o sus propietarios contarán con sus propias guardias blancas y sus generales.” Y recordó que “antes nos engañaron con las amenazas y hoy nos quieren engañar con el disfraz”. Explicó que tenemos el petróleo y bajo las actuales condiciones, a un precio de 100 dólares por barril, nosotros podemos poner las reglas del juego, por lo que consideró falso el dilema sobre la inexorabilidad de las alianzas; calificó de dogma de fe el estribillo de “no tener dinero ni tecnología” para proponer un desarrollo propio en ese campo, porque de lo que se trata es de privatizar ese recurso.
Se margina el talento que existe, dijo. No se ha consultado a los cuerpos colegiados ni a los ingenieros y técnicos que por 70 años han desarrollado la industria petrolera mexicana. Frente a esta situación preguntó: “¿Qué sería de una nación sin ingeniería propia?” Resumió: “Nos cambian espejos por los frutos de nuestras entrañas”. No tocan la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Le dan la vuelta para obtener lo que en realidad se persigue: abrir la riqueza petrolera a la iniciativa privada”.
Juan Antonio Zúñiga
La libertad que requiere Petróleos Mexicanos (Pemex) es la de otorgar contratos incentivados de exploración a empresas privadas, en la medida en que den rentabilidad. “Nos tienen que dejar decidir cuándo sí y cuándo no, hoy nos toca; hay que descubrir una gran cantidad de campos y perforar multitud de pozos exploratorios en el mar para restituir las reservas, pero con los cinco equipos con los que cuenta la paraestatal eso llevaría 66 años”, afirmó Carlos Arnoldo Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción.
Al participar en el primero de los seminarios Aportaciones al debate sobre la reforma energética, organizado por la Academia de Ingeniería, Morales Gil defendió la propuesta presidencial de ampliar los campos de participación del sector privado en las áreas reservadas en exclusividad al Estado, principalmente en los llamados contratos incentivados para la exploración, según los cuales las empresas privadas que tengan éxito en el descubrimiento de campos petroleros tendrán un pago monetario por ello y la prioridad para participar en su desarrollo.
Explicó que por cada 300 pozos exploratorios, en 100 se tiene éxito según la media internacional, de tal manera que para contar con 300 pozos productivos se tienen que perforar mil, y con los cinco equipos con los que cuenta Pemex para aguas profundas se requiere de 66 años para alcanzar esta meta.
En opinión de Morales Gil, “aumentar la capacidad de ejecución y permitir nuevos modelos de contratación, con incentivos, responde a una práctica que aumentará la renta petrolera y generará valor adicional al país”, bajo el paradigma de “asegurar a la nación la óptima captura de la renta petrolera”.
Réplica
La respuesta a los planteamientos del director general de Pemex Exploración y Producción llegó por parte de Javier Jiménez Espriú, miembro de honor de la Academia de Ingeniería, quien refutó inmediatamente. “Las verdades a medias son mentiras dolosas”, sostuvo como premisa de su exposición y desarrolló una ponencia en la que apuntó que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en abrir los campos exclusivos de Petróleos Mexicanos a la participación privada.
Recordó que con advertencias similares hace algunos años se abrió la generación de electricidad al sector privado, que hoy produce 30 por ciento de la energía eléctrica en el país en un negocio redondo, seguro y con grandes ganancias.
Ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ex subsecretario de Comunicaciones, ex presidente de la Academia de Ingeniería y ex subdirector comercial de Pemex, Jiménez Espriú preguntó: “¿No será que ya fueron vendidos los futuros de nuestro petróleo en el pasado?” Interrogó también si los ductos y refinerías del sector privado, en los términos propuestos por la iniciativa presidencial, “serán cuidados por el Ejército Mexicano o sus propietarios contarán con sus propias guardias blancas y sus generales.” Y recordó que “antes nos engañaron con las amenazas y hoy nos quieren engañar con el disfraz”. Explicó que tenemos el petróleo y bajo las actuales condiciones, a un precio de 100 dólares por barril, nosotros podemos poner las reglas del juego, por lo que consideró falso el dilema sobre la inexorabilidad de las alianzas; calificó de dogma de fe el estribillo de “no tener dinero ni tecnología” para proponer un desarrollo propio en ese campo, porque de lo que se trata es de privatizar ese recurso.
Se margina el talento que existe, dijo. No se ha consultado a los cuerpos colegiados ni a los ingenieros y técnicos que por 70 años han desarrollado la industria petrolera mexicana. Frente a esta situación preguntó: “¿Qué sería de una nación sin ingeniería propia?” Resumió: “Nos cambian espejos por los frutos de nuestras entrañas”. No tocan la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Le dan la vuelta para obtener lo que en realidad se persigue: abrir la riqueza petrolera a la iniciativa privada”.
Se privatizarían 31 de 47 áreas de la industria petrolera: especialistas
Foro en San Lázaro para analizar la iniciativa de Calderón
Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño
Al menos 31 de las 47 áreas de la industria petrolera del país se privatizarían si se aprueba la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, advirtieron investigadores al intervenir en el quinto Foro de defensa del sector energético, realizado ayer en la Cámara de Diputados.
Víctor Rodríguez Padilla, doctor por la Universidad de París en economía de la energía, sostuvo que la propuesta de Calderón “es totalmente violatoria” del artículo 27 constitucional, además de que la forma de plantearla a afecto de modificar leyes secundarias “no sirve, es un papel sin valor que no se sostiene para el plan de negocios que pretende que le apruebe el Congreso”.
El especialista destacó que, de aprobarse la propuesta de Felipe Calderón, se privatizaría casi 70 por ciento de la industria petrolera por medio de la aplicación de contratos, permisos o en la modalidad mixta.
Al hacer un desglose por área estratégica, señaló que 31 de las 47 áreas se destinarían al sector privado y el resto, sólo 16, quedarían para Pemex.
Rodríguez Padilla señaló que en la iniciativa se introducen los llamados contratos de riesgo, con el fin de que el Ejecutivo federal deje abierta la posibilidad de que el pago por servicios de exploración, por ejemplo, esté directamente asociado a los hidrocarburos que se encuentren, es decir, al recurso natural en el subsuelo.
“La iniciativa de Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías trasnacionales. Se le disfraza de contratos de servicio para darle la vuelta a la prohibición constitucional”, subrayó.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, advirtió que en la defensa de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia del petróleo, “no estamos dispuestos a permitir ninguna violación a la Carta Magna, tal como lo prevén las leyes privatizadoras del petróleo que envió Calderón Hinojosa”.
Señaló que la reforma “privatizadora es sinónimo de corrupción y de monopolios”, y citó los casos de Teléfonos de México, carreteras, bancos y todo aquello que ha sido sujeto de privatización en una primera instancia, y que posteriormente el gobierno ha tenido que llegar a salvarlos, incluso con recursos de Pemex.
Mencionó que la propuesta del “gobierno legítimo” para fortalecer a la paraestatal tiene como ejes una reducción del gasto superfluo del sector público (sueldos a funcionarios), y a manera de ejemplo subrayó la incongruencia que el director del ISSSTE cuente con un seguro médico de gastos mayores, mismos que se proporcionan fuera de ese instituto.
El segundo eje es la reinversión de excedentes petroleros para Pemex y no para las entidades federativas, que con recursos de la propia empresa paraestatal han financiado campañas políticas que no es posible auditar. Y finalmente utilizar una parte de las reservas internacionales del Banco de México, para adelantar pagos al esquema pernicioso de los llamados Pidiregas.
En tanto, los legisladores que intervinieron en el foro reiteraron que el debate sobre Pemex no puede reducirse a una discusión “entre cuatro paredes” por medio de una comisión dictaminadora del Congreso, pues el tema es de tal magnitud que todos –académicos, intelectuales y sociedad civil– deben intervenir con total libertad.
Al cumplirse una semana de la toma de la tribuna legislativa por parte de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), formado por PRD, PT y Convergencia, se aseguró que “la ocupación pacífica de las cámaras de Diputados y de Senadores responden a que PRI y PAN querían sorprender, avasallarnos con un albazo legislativo, pasar sobre la sociedad entera; también buscaban mancillar la Constitución, la historia y a la gente en torno al tema del petróleo”.
Para concluir informaron que la protesta se prolongará hasta el 30 de abril, aunque hay la voluntad de permanecer en ambas tribunas para evitar cualquier intento de privatización de un sector fundamental para el país, como es el petróleo.
Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño
Al menos 31 de las 47 áreas de la industria petrolera del país se privatizarían si se aprueba la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, advirtieron investigadores al intervenir en el quinto Foro de defensa del sector energético, realizado ayer en la Cámara de Diputados.
Víctor Rodríguez Padilla, doctor por la Universidad de París en economía de la energía, sostuvo que la propuesta de Calderón “es totalmente violatoria” del artículo 27 constitucional, además de que la forma de plantearla a afecto de modificar leyes secundarias “no sirve, es un papel sin valor que no se sostiene para el plan de negocios que pretende que le apruebe el Congreso”.
El especialista destacó que, de aprobarse la propuesta de Felipe Calderón, se privatizaría casi 70 por ciento de la industria petrolera por medio de la aplicación de contratos, permisos o en la modalidad mixta.
Al hacer un desglose por área estratégica, señaló que 31 de las 47 áreas se destinarían al sector privado y el resto, sólo 16, quedarían para Pemex.
Rodríguez Padilla señaló que en la iniciativa se introducen los llamados contratos de riesgo, con el fin de que el Ejecutivo federal deje abierta la posibilidad de que el pago por servicios de exploración, por ejemplo, esté directamente asociado a los hidrocarburos que se encuentren, es decir, al recurso natural en el subsuelo.
“La iniciativa de Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías trasnacionales. Se le disfraza de contratos de servicio para darle la vuelta a la prohibición constitucional”, subrayó.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, advirtió que en la defensa de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia del petróleo, “no estamos dispuestos a permitir ninguna violación a la Carta Magna, tal como lo prevén las leyes privatizadoras del petróleo que envió Calderón Hinojosa”.
Señaló que la reforma “privatizadora es sinónimo de corrupción y de monopolios”, y citó los casos de Teléfonos de México, carreteras, bancos y todo aquello que ha sido sujeto de privatización en una primera instancia, y que posteriormente el gobierno ha tenido que llegar a salvarlos, incluso con recursos de Pemex.
Mencionó que la propuesta del “gobierno legítimo” para fortalecer a la paraestatal tiene como ejes una reducción del gasto superfluo del sector público (sueldos a funcionarios), y a manera de ejemplo subrayó la incongruencia que el director del ISSSTE cuente con un seguro médico de gastos mayores, mismos que se proporcionan fuera de ese instituto.
El segundo eje es la reinversión de excedentes petroleros para Pemex y no para las entidades federativas, que con recursos de la propia empresa paraestatal han financiado campañas políticas que no es posible auditar. Y finalmente utilizar una parte de las reservas internacionales del Banco de México, para adelantar pagos al esquema pernicioso de los llamados Pidiregas.
En tanto, los legisladores que intervinieron en el foro reiteraron que el debate sobre Pemex no puede reducirse a una discusión “entre cuatro paredes” por medio de una comisión dictaminadora del Congreso, pues el tema es de tal magnitud que todos –académicos, intelectuales y sociedad civil– deben intervenir con total libertad.
Al cumplirse una semana de la toma de la tribuna legislativa por parte de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), formado por PRD, PT y Convergencia, se aseguró que “la ocupación pacífica de las cámaras de Diputados y de Senadores responden a que PRI y PAN querían sorprender, avasallarnos con un albazo legislativo, pasar sobre la sociedad entera; también buscaban mancillar la Constitución, la historia y a la gente en torno al tema del petróleo”.
Para concluir informaron que la protesta se prolongará hasta el 30 de abril, aunque hay la voluntad de permanecer en ambas tribunas para evitar cualquier intento de privatización de un sector fundamental para el país, como es el petróleo.
Décadas de impunidad
Editorial
Se cumplen hoy 33 años del secuestro policial y la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, en el contexto de la guerra sucia desatada por el gobierno de Luis Echeverría contra movimientos de oposición, tanto armados como pacíficos, de aquella época. Salvo por algunas detenciones momentáneas y fugaces, los responsables de ese y de otros crímenes cometidos desde el poder público –Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno, Mario Arturo Acosta Chaparro, el propio Echeverría y varios otros– han permanecido en la impunidad.
El hilo de continuidad más evidente a lo largo de las siete administraciones presidenciales recientes es, precisamente, la voluntad de encubrir los delitos del antecesor –y no sólo en materia de violaciones a los derechos humanos, por cierto, sino también en los incalculables desfalcos y saqueos que han padecido las arcas públicas a lo largo de estas décadas–, y de 1968 a la fecha, el país ha acumulado una enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad sin resolver: la represión del movimiento estudiantil de 1968; el secuestro, la tortura y la desaparición como prácticas regulares, durante los gobiernos de Echeverría y de José López Portillo; los cientos de asesinatos de perredistas en la administración de Carlos Salinas; las masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la política de contrainsurgencia emprendida por Ernesto Zedillo en Chiapas; las atrocidades represivas –Lázaro Cárdenas, Atenco, Oaxaca– con las que culminó la presidencia foxista, entre otros.
En el sexenio anterior, Amnistía Internacional calificó la situación de los derechos humanos en nuestro país como catastrófica, y durante el actual gobierno las cosas han empeorado. Desde el arranque de la administración calderonista se evidenció un pronunciado deterioro en la preservación de las garantías individuales y los derechos básicos. Los aparatosos despliegues de policías y militares por varias regiones del país, en un supuesto afán de restablecer el estado de derecho y la seguridad pública, se tradujeron, por el contrario, en violaciones graves a los derechos humanos, en una multiplicación de la violencia y en una vasta zozobra caracterizada por combates de creciente intensidad en diversas ciudades.
A esa vertiente del atropello y el abuso deben sumarse los crecientes ataques criminales contra opositores y disidentes: permanecen en prisión varias de las víctimas de la represión en Atenco y en Oaxaca, en la región triqui de esa entidad han sido asesinados recientemente dos comunicadoras y un dirigente social; en la zona chatina fue hallado muerto, con huellas de tortura, el luchador social Lauro Juárez, y crímenes similares han ocurrido en Guerrero, Chiapas y Chihuahua.
El desprecio a los derechos humanos por parte de los distintos niveles de gobierno (federal, estatales y municipales) y de los poderes fácticos (empresariales, caciquiles) es, además, de exasperante y repudiable, sumamente peligroso para la estabilidad del país, en la medida en que alimenta un descontento popular tal vez próximo a colmarse. Por lo demás, resulta inocultable el colapso moral de una autoridad que proclama su intención de implantar el estado de derecho mientras tolera gravísimas violaciones a la legalidad en perjuicio de activistas sociales y políticos, propicia la impunidad de sus agresores y promueve el olvido para crímenes como los cometidos por el poder público en décadas y años anteriores. Es difícil imaginar una manera más eficaz de socavar el pacto social, alentar la ingobernabilidad y llevar a grados extremos el descrédito de la justicia y del derecho entre la población.
Se cumplen hoy 33 años del secuestro policial y la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, en el contexto de la guerra sucia desatada por el gobierno de Luis Echeverría contra movimientos de oposición, tanto armados como pacíficos, de aquella época. Salvo por algunas detenciones momentáneas y fugaces, los responsables de ese y de otros crímenes cometidos desde el poder público –Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno, Mario Arturo Acosta Chaparro, el propio Echeverría y varios otros– han permanecido en la impunidad.
El hilo de continuidad más evidente a lo largo de las siete administraciones presidenciales recientes es, precisamente, la voluntad de encubrir los delitos del antecesor –y no sólo en materia de violaciones a los derechos humanos, por cierto, sino también en los incalculables desfalcos y saqueos que han padecido las arcas públicas a lo largo de estas décadas–, y de 1968 a la fecha, el país ha acumulado una enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad sin resolver: la represión del movimiento estudiantil de 1968; el secuestro, la tortura y la desaparición como prácticas regulares, durante los gobiernos de Echeverría y de José López Portillo; los cientos de asesinatos de perredistas en la administración de Carlos Salinas; las masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la política de contrainsurgencia emprendida por Ernesto Zedillo en Chiapas; las atrocidades represivas –Lázaro Cárdenas, Atenco, Oaxaca– con las que culminó la presidencia foxista, entre otros.
En el sexenio anterior, Amnistía Internacional calificó la situación de los derechos humanos en nuestro país como catastrófica, y durante el actual gobierno las cosas han empeorado. Desde el arranque de la administración calderonista se evidenció un pronunciado deterioro en la preservación de las garantías individuales y los derechos básicos. Los aparatosos despliegues de policías y militares por varias regiones del país, en un supuesto afán de restablecer el estado de derecho y la seguridad pública, se tradujeron, por el contrario, en violaciones graves a los derechos humanos, en una multiplicación de la violencia y en una vasta zozobra caracterizada por combates de creciente intensidad en diversas ciudades.
A esa vertiente del atropello y el abuso deben sumarse los crecientes ataques criminales contra opositores y disidentes: permanecen en prisión varias de las víctimas de la represión en Atenco y en Oaxaca, en la región triqui de esa entidad han sido asesinados recientemente dos comunicadoras y un dirigente social; en la zona chatina fue hallado muerto, con huellas de tortura, el luchador social Lauro Juárez, y crímenes similares han ocurrido en Guerrero, Chiapas y Chihuahua.
El desprecio a los derechos humanos por parte de los distintos niveles de gobierno (federal, estatales y municipales) y de los poderes fácticos (empresariales, caciquiles) es, además, de exasperante y repudiable, sumamente peligroso para la estabilidad del país, en la medida en que alimenta un descontento popular tal vez próximo a colmarse. Por lo demás, resulta inocultable el colapso moral de una autoridad que proclama su intención de implantar el estado de derecho mientras tolera gravísimas violaciones a la legalidad en perjuicio de activistas sociales y políticos, propicia la impunidad de sus agresores y promueve el olvido para crímenes como los cometidos por el poder público en décadas y años anteriores. Es difícil imaginar una manera más eficaz de socavar el pacto social, alentar la ingobernabilidad y llevar a grados extremos el descrédito de la justicia y del derecho entre la población.
“La Argentina es un laboratorio a cielo abierto”
Barómetro Internacional
Latifundio y transgénicos.
Clarisa Pont (Carta Maior)
Según Marie-Monique Robin, después del “paro” agrario argentino, promovido fundamentalmente por los grandes productores de soya del país, los latifundios de la soya deberían ser el principal tema de debate de la sociedad argentina. La Argentina está amenazada por la soya, dice la periodista y documentalista francesa.
Marie-Monique estuvo esta semana en la ciudad argentina de Corrientes para presentar su documental de 2004, “Los escuadrones de la muerte, la escuela francesa” y participar en los procesos contra militares locales que actuaron durante la dictadura militar. Además, en la ciudad de Resistencia la periodista francesa habló sobre el “paro” agrario, la producción de soya en los países de América Latina y sobre su nuevo documental, fruto de tres años de investigación, “Le monde selon Monsanto” (El mundo según Monsanto). El documental y el libro homónimo describen el avance de la plantación de soya en el mundo y las peligrosas relaciones de la industria que los produce con gobiernos, científicos y periodistas.
El río Paraná separa las dos capitales de provincia argentinas, de un lado está Corrientes y del otro Resistencia, en el Chaco. Marie-Monique recorrió la corta distancia que separa ambas ciudades para presentar segmentos de ambos documentales en el Museo de la Prensa de la Resistencia. En esta ocasión dijo a la reportera: “La soya transgénica llegó a la Argentina por una debilidad, por no decir otra palabra, del gobierno de Mennen. La Monsanto entró al país sin ninguna ley que regulase la siembra, sin estudios, sin nada. En Paraguay la situación es la misma.
Hoy, más de la mitad del área cultivable de Argentina está cubierta por las simientes transgénicas de la Monsanto, regularmente asperjadas desde aviones con Rondup. Muchos campesinos están abandonando el campo porque sus cultivos son fumigados, las frutas que comemos están contaminadas por el veneno de Monsanto. Es terrible, y el gobierno no entendió todavía la gravedad de la situación.” Marie-Monique comentó que entrevistó al presidente de la Federación Agraria en 2006 para realizar el documental.
“`Es lamentable lo que los grandes productores están haciendo aquí. A ellos no les interesa el futuro de la tierra.´ El hecho de que la misma persona, Eduardo Buzzi, haya apoyado el paro, asusta un poco. Porque cuando lo entrevisté estaba muy preocupado por la situación del país.” Los últimos datos que constan en los documentales de Marie-Monique confirman que la producción de arroz y legumbres bajó de un modo significativo en la Argentina.
“Le monde selon Monsanto” está todavía en planes de traducción para llegar a América Latina. “A través de las patentes de Monsanto se pretende acaparar las semillas del mundo. Por desgracia la Argentina es hoy un laboratorio a cielo abierto de este objetivo.” El documental registra las acciones de la Monsanto para divulgar estudios científicos dudosos que apoyan sus investigaciones y sus productos. Según datos de la periodista, en 2007 había ya más de cien millones de hectáreas plantadas con semillas genéticamente modificadas, la mitad de ellas en EE.UU. y las restantes en países emergentes como Argentina, Brasil o China.
El documental anterior de Marie-Monique muestra entrevistas realizadas por ella dónde militares argentinos reconocen haber aplicado técnicas de tortura y de desaparición importadas de Francia durante la dictadura militar en el país. Con entrevistas, imágenes de archivo y documentos, “Los escuadrones de la muerte” relata como los franceses enseñaron a los militares de América Latina métodos de tortura desarrollados en Argelia e Indochina. La declaraciones de los generales argentinos Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy son impactantes y ha colaborado en la incriminación en diversos juicios contra los crímenes de la dictadura.
Cuando preguntamos como consiguió que los generales concedieran tales entrevistas, Marie-Monique no deja sombra de dudas. “Yo engañé a estos señores” responde. El documental fue el resultado de dos años de trabajo.
Traducción: Miguel Guaglianone
La OTAN no puede con los talibanes
Barómetro Internacional
Resultados de una cumbre.
Por Ernesto Tamara
Con la promesa de Francia de enviar un batallón de 800 soldados a reforzar las tropas de la OTAN a Afganistán, concluyó la cumbre de la organización celebrada en Rumania. Los llamados del presidente norteamericano George Bush para que sus aliados europeos se comprometan más en esa guerra, tuvieron escaso eco. Los jefes militares de las tropas aliadas en Afganistán reclaman el envio de por lo menos otros 12.000 soldados.
Al inicio de la cumbre el presidente estadounidense pidió a sus aliados de la OTAN enviar más soldados a ese país para hacerle frente a los insurgentes talibanes y a Al Qaeda. ”No nos podemos permitir perder”, aseguró.
Bush buscó apoyo y recordó “Como lo señaló la semana pasada en Londres el presidente (francés, Nicolás) Sarkozy, no nos podemos permitir perder en Afganistán. Cualquiera sea el costo, sin importar las dificultades, no lo podemos permitir, debemos ganar. Concuerdo totalmente.”
Antes de partir de Washington a Rumania para participar en el evento, la Casa Blanca difundió un resumen del discurso del mandatario donde anticipaba la importancia que le otorgaba al conseguir más respaldo para la guerra en Afganistán. Es que el conflicto allí dura más de seis años (más que la Segunda Guerra Mundial) y la situación, lejos de comenzar a controlarse, parece ir de mal en peor. Bush sostuvo que la “principal prioridad” de la OTAN debe ser la derrota del terrorismo, advirtiendo sobre el riesgo de dar marcha atrás con los compromisos en Afganistán. “Si reducimos la presión, los extremistas van a restablecer zonas donde estarán en seguridad en el país (Afganistán) y los utilizarán para aterrar al pueblo afgano y amenazarnos”, indicará Bush.
El llamado de Bush sólo tuvo la respuesta de Sarkozy que anunció el envío de 800 soldados para reforzar los 1.500 que ya tiene en el país, aunque algunos gobiernos europeos suponen que no son más que declaraciones políticas cuyo cumplimiento siempre podrá postergar.
Un intento de Bush de convencer a Alemania para que traslade sus tropas dentro de Afganistán a las zonas de mayor conflicto fracaso también. En una entrevista que concedió al diario alemán Die Welt, Bush dijo previo a la cumbre que había renunciado a insistir en que el contingente militar de Alemania emplazado Afganistán se traslade al sur de ese país donde combaten los estadounidenses, británicos y canadienses.
Estados Unidos inició su ataque a Afganistán el 7 de octubre de 2001 tras acusar al gobierno talibán de no entregar a Osama Bin Laden, al que responsabilizaba por los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Curiosamente, el FIB en su lista de más buscados, Osama Bin Laden no aparece acusado por esos atentados, y según voceros de esa Oficina, es debido a que no tienen evidencias suficientes sobre su responsabilidad en los mismos. Poco después de la invasión o ocupación del país, Estados Unidos logró un mandato de la ONU para establecer una fuerza internacional. La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), liderada por la OTAN desde 2003, cuenta actualmente con 43.000 efectivos y Estados Unidos es por lejos el mayor contribuyente con unos 15.000 soldados.
Muchos países que contribuyen con efectivos se niegan a participar en combates de persecución y quieren que sus soldados realicen tareas de vigilancia y defensa. Países como Alemania, Italia, España y Francia exigen que sus soldados sean enviados sólo a determinadas zonas del país.
Sin ayuda económica suficiente.
El presidente Bush admitió que la paz en Afganistán no se puede conquistar con medios exclusivamente militares, sino que también es importante que la comunidad internacional ayude en la reconstrucción civil del país asiático. Una conclusión que ya había sido acordada en la ONU en un encuentro encabezado por su secretario general Ban Ki-moon.
También el secretario general de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer enfatizó que “la respuesta final para Afganistán no es militar, sino civil: reconstrucción y desarrollo”. Claro que enseguida volvió a lo militar al reclamar mayor generosidad en el envío de soldados y equipamiento castrense.
La cumbre de Bucarest tampoco dio respuesta a este pedido. De todas maneras, las ayudas aprobadas y prometidas anteriormente nunca llegaron o fueron mal distribuidas.
Un informe divulgado hace unos meses por varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Oxfam, Christian Aid, CARE, Islamic Relief y Save the Children, concluyó que la comunidad internacional prometió 25.000 millones de dólares para Afganistán desde 2001, pero sólo ha entregado 15.000 millones.
El informe señala que aunque Estados Unidos es el mayor donante, también tiene el mayor déficit de ayuda, puesto que -según el gobierno afgano- sólo ha entregado la mitad de los 10.400 millones de dólares prometidos para 2002-2008.
Afganistán depende de la ayuda internacional. Cerca del 90% de todo el gasto procede de esa ayuda, por lo que la falta de fondos dificulta los esfuerzos de reconstrucción de las infraestructuras, destruidas tras dos décadas de guerra.
La Comisión Europea prometió 1.721 millones de dólares entre 2002 y 2008, pero la distribuida en ese periodo alcanzó los 1.074 millones de dólares.
El autor del informe y asesor sobre Afganistán de Oxfam, Matt Waldam, resalta que la reconstrucción ”requiere un compromiso de ayuda sostenido e importante, pero los donantes no han cumplido con sus promesas de ayuda”.
E-mail: ernestotamara@gmail.com
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