La CND, la alternativa

Octavio Rodríguez Araujo

La Jornada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo en sus manos la posibilidad de evitar la crisis que tiene a México en vilo. No lo hizo, con lo que no sólo se atacó a sí mismo, desprestigiándose, sino que se convirtió en cómplice de una imposición política cuyas consecuencias son impredecibles.

El TEPJF cometió deliberadamente dos errores inaceptables para cualquier jurista: considerar cada una de las posibles causales de nulidad de las elecciones sin relacionarlas con el conjunto, y negarse al conteo de todos los votos. Lo que hizo el tribunal no sólo fue deliberado sino que fue un abuso de su poder, ya que cualquier cosa que dictaminara sería la última voz legalmente permitida y, además, inatacable. Un tercer error, pero éste de esencia no jurídica, fue forzar la lógica en favor de la consigna que recibieron los magistrados (y quizá por ofertas que no pudieron resistir): si dijeron que cada uno de los elementos "analizados" no era determinante en la elección, igualmente podrían haber dicho lo contrario: que sí era determinante, pues así como no probaron sus recurrentes y ocurrentes conclusiones, tampoco tenían que probar lo contrario. La diferencia entre la aberración por consigna en la que cayeron los magistrados del TEPJF y un dictamen independiente, libre y autónomo hubiera sido de gran importancia no sólo jurídica sino política. Pero es obvio que a los magistrados no les importó la salud de la República sino su futuro político y quizá sus cuentas bancarias.

Hay quienes insisten en que si se contaran los votos el resultado sería idéntico al dado a conocer por el IFE (aunque ha cambiado ya). Pero los mismos que defienden este supuesto son los que se han negado sistemáticamente a que se cuenten, incluso después de que la elección presidencial ya fue calificada por los cuestionados magistrados del TEPJF. No regresaré a la misma narración de hechos desde las encuestas de salida, el PREP, el cómputo distrital y la arbitraria selección que el tribunal electoral hizo del 9.07 por ciento de paquetes electorales. Todo esto es muy conocido por los mexicanos que leen periódicos. Lo que está en la mesa de debates en estos momentos es el conteo de los votos después de la calificación de la elección, no porque tenga impacto jurídico, sino porque de llevarse a cabo se despejarían las dudas que tenemos todos los que no pensamos por consigna. El mismo IFE, con argumentos contradictorios y de escasa sustentación legal, se niega a que la revista Proceso y grupos ciudadanos cuenten los votos.

Miguel de la Madrid, y después Carlos Salinas de Gortari, se negaron a que se contaran los votos, y terminaron incinerando el "cuerpo del delito", es decir, los elementos que pudieron comprobar el delito. Los panistas y sus cómplices en el IFE (algunos identificados con el PRI, como Lourdes López Flores) y en el TEPJF están en lo mismo, por la negativa. Felipe Calderón, supuesto presidente electo gracias a las trácalas del IFE y del tribunal electoral, ha enviado una carta al controvertido Ugalde tan demagógica como su permanente discurso de campaña. En dicha carta le ha pedido, para "contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos", "preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible". No le pide que ponga los votos a disposición de quienes con todo derecho han querido y quieren contarlos; no, sólo le pide que se preserven "el tiempo que sea posible" (un día, dos meses, un año) como si su sola preservación sirviera para "contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos". O es tonto o es un cínico. Su carta al consejero presidente del IFE es una joya, un ejemplo fiel de la estulticia a la que puede llegar una persona al creer que puede burlarse no sólo de los mexicanos sino de las instituciones que defiende.

Los votos, como en cualquier elección bajo sospechas de fraude, son los elementos que comprueban o no el "cuerpo del delito" y hasta un agente del Ministerio Público de pueblo sabe que el cuerpo del delito, de existir, no debe ser alterado, ni mucho menos desaparecido, so pena de entorpecer seriamente una investigación.

La negativa del IFE a que se cuenten los votos es una comprobación lógica más del fraude orquestado desde el Estado mexicano para impedir que sus beneficiarios políticos y económicos pierdan sus privilegios. Si todos los que se niegan a que se cuenten los votos (incluso cuando ya no tienen validez jurídica) estuvieran seguros de que no hubo fraude, aceptarían que fueran contados, acción que sí contribuiría "al mejor entendimiento entre los mexicanos", o quién sabe, pues podría resultar que se comprobara que, en efecto, no ganó Calderón.

En estos momentos lo que sí ha quedado claro es que las famosas instituciones, defendidas por sus dueños y sus publicistas (gratuitos o a sueldo), no resisten ningún análisis serio y objetivo. El TEPJF se encargó, pese a sus intenciones, de demostrar que la institución presidencial en manos de Fox actuó indebidamente no sólo poniendo en riesgo la elección sino en apoyo (forzado) a Calderón. Y también se demostró que el IFE fue omiso el tiempo suficiente para que la propaganda negra surtiera efectos que el tribunal no quiso medir aunque contara con las encuestas de opinión para hacerlo. Si estas instituciones no cumplieron con su función constitucional y si la elección fue fraudulenta, la conclusión lógica es que Calderón es un presidente electo espurio, o bajo sospecha de serlo.

¿Qué nos queda a los que reprobamos este proceso y su conclusión "institucional"? 1) Resignarnos, o 2) participar en la convención nacional democrática (CND) convocada por López Obrador para promover la renovación de la República y de sus leyes. Que se resignen los que no tienen principios ni les importa el futuro de México y los mexicanos.

¡VIVA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA!