Cecop: la construcción de la presa La Parota, atropello a campesinos

Alerta nacional e internacional contra la expropiación

MATILDE PEREZ

El Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la Presa La Parota (Cecop) advirtió que no permitirá que se realice la asamblea ilegal convocada para el 6 de mayo, la cual tiene como objetivo, nuevamente, aprobar la expropiación de 17 mil 300 hectáreas para la construcción de la hidroeléctrica, y lanzó una alerta nacional e internacional porque el gobierno quiere imponer el proyecto atropellando los derechos de los campesinos.

"Sabemos que nos acusarán de violentos y agresivos, incluso podría haber muertos y encarcelados por esta lucha, pero continuaremos en resistencia pacífica, porque legalmente ya hemos impedido que se realicen obras programadas por la CFE (Comisión Federal de Electricidad)", aseveraron en rueda de prensa Felipe Flores y Rodolfo Chávez, representantes del Cecop.

Para tratar de evitar acciones de provocación, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolla, el Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Espacio Desc acordaron formar una misión civil de observación que acompañará a los labriegos contrarios a la construcción de la hidroeléctrica que, de realizarse, sólo producirá energía cuatro horas al día y dejará sin agua a Acapulco, pues el río Papagayo será desviado hacia el embalse.

Rodolfo Chávez, presidente del Cecop, explicó que el pasado 27 de marzo el Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Acapulco, anuló la asamblea del 23 de agosto de 2005, en la que comuneros encabezados por Jesús Crisanto habían aceptado la expropiación de las tierras y otorgado el permiso a la CFE para realizar la obra.

"Con la resolución del TUA se reafirma que ni el gobierno estatal ni el federal cuentan con autorización alguna para ingresar a los terrenos comunales de Cacahuatepec, y que todo acto en contravención es nulo en pleno derecho y responde a una apuesta por la confrontación", dijo.

La convocatoria, abundó Flores, "no es una consulta sino una provocación"; el mecanismo agrario no es el adecuado para decidir en favor de la presa, ya que en la asamblea sólo pueden participar 7 mil 266 comuneros que legalmente están reconocidos, aunque serán 25 mil los desplazados y 75 mil campesinos más sufrirán por la desertificación de sus tierras.

En los pasados cuatro años los campesinos, principalmente los de Cacahuatepec, comunidad a la que se le quitaría 63 por ciento de su superficie cultivable, han enfrentado a los cuerpos armados estatales y municipales, a los grupos de choque, y enterrado a los asesinados en esta lucha provocada, destacaron, por la CFE, que ha extorsionado a las autoridades ejidales y comunales y engaña a los pobladores ofreciéndoles caminos que quedarán inundados y viviendas que serán insuficientes para las familias.

Flores responsabilizó al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, de la tensión en la región. "Nos engañó, no es del PRD y actúa como un azul. Eso ya se lo dijimos al dirigente nacional del partido, Leonel Cota, y a varios legisladores".

Los integrantes del Cecop interpusieron una demanda de nulidad en materia agraria ante el TUA, solicitándole que suspenda la celebración de la asamblea de comuneros convocada para el 6 de mayo en San Juan Grande, municipio de San Marcos.

Rodrigo Gutiérrez, de Espacio Desc, integrada por 16 organizaciones, dijo que los relatores especiales de derechos humanos y vivienda de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen y Miloon Khotari, respectivamente, enviaron extrañamientos al gobierno mexicano por la construcción de la presa, que desplazará a 25 mil personas, y por las condiciones en que se han desarrollado las asambleas comunales, en las que ha prevalecido un clima de inseguridad y amenaza.

Miguel Alvarez, de Serapaz, dijo que ante el clima de tensión y confrontación, las organizaciones solidarias con los campesinos opositores a La Parota no deben quedarse a la expectativa mientras el Ejecutivo se prepara para imponer una obra que aún no ha sido licitada. Edgar Cortés, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que ante un gobierno que no garantiza los derechos de los ciudadanos, éstos pueden defenderse legalmente.