Ley Televisa, tiempo de rectificar

Arturo Alcalde Justiniani

Hoy se confirman los argumentos esgrimidos hace poco más de un año en contra de la reforma que modificó las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, conocida popularmente como ley Televisa, cuando el Congreso de la Unión, en una de sus peores decisiones, se sometió abiertamente al interés de las grandes televisoras, sacrificando el futuro del país.

Todavía tenemos presentes los pronunciamientos de numerosas instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades y miembros de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas, destacados académicos, asociaciones profesionales especializadas, de las comisiones nacionales de Competencia y de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de prestigiados periodistas e intelectuales del país; todos ellos advirtiendo al Congreso de la Unión que del futuro de los medios de comunicación dependía en buena medida la salud, la educación, la calidad de nuestra democracia y el desarrollo sustentable del país. También recordamos las valientes renuncias de tres miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que claramente advertían que la ley introducía un carácter discriminatorio en el otorgamiento de las concesiones.

No olvidemos la negra jornada de aprobación de la ley Televisa. La votación unánime en la Cámara de Diputados emitida en unos cuantos minutos, y más tarde, dividida en la Cámara de Senadores; así se concretó un acto de subordinación que amplió la enorme distancia que existe entre la población y sus representantes populares. Fue obvio que se sometían a la consigna de los consorcios televisivos; los cabildeos y chantajes dieron resultado.

Para buena parte de la ciudadanía la cuestión era sencilla: se trataba de dilucidar si la gran fuerza de los medios de comunicación debía ponerse al servicio de sus dueños originales, que somos los mexicanos, o permitir que un reducido grupo de empresarios tomara el control de ellos con el argumento de haberlos ganado en un remate mercantil.

Ganada la primera batalla por parte de las televisoras, 47 senadores interpusieron una acción de inconstitucionalidad con argumentos impecables: la ley violaba garantías constitucionales relacionadas con los principios de igualdad, rectoría económica del Estado y uso social de los medios públicos, propiciando la concentración y lesión al interés público. Parecía una lucha imposible de ganar; es poca la confianza de la población en nuestros órganos de justicia, su imagen está más vinculada al dispendio en sus gastos, al extremo formalismo de sus decisiones y a la lentitud de sus procesos. La expectativa era menor al saber que un ministro de fama conservadora era el encargado de elaborar el proyecto de sentencia, y que se requería el voto de al menos ocho ministros de un total de 11 para dejar sin efecto real los puntos impugnados de la ley.

Hoy la noticia de que el proyecto del ministro Salvador Aguirre Anguiano, aun cuando no coincide con todos los planteamientos formulados por los querellantes, admite la inconstitucionalidad de varios de los artículos impugnados, ha sorprendido a la opinión pública, al reconocer que la ley otorga privilegios en favor de los actuales concesionarios de radio y televisión a costa de la función social de los medios.

Al mismo tiempo, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda, ha reconocido públicamente lo que todos sabían, que los legisladores al aprobar la ley Televisa fueron objeto de presiones en el entorno de una campaña electoral en la que se disputaban ferozmente los espacios televisivos. Su confesión exhibió a quienes meses antes habían levantado el dedo sin rubor alguno, y también a quienes como recompensa fueron designados miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El ex secretario de Gobernación, en una confesión de gran trascendencia, admitió el argumento central en el sentido de que la ley Televisa consolida un régimen de privilegios que lesiona la libre competencia y el interés público.

A partir del 21 de mayo podremos observar por el canal de televisión del Poder Judicial las discusiones en la Suprema Corte. Reconocer la argumentación de los impugnadores sería un gran triunfo republicano, que abonaría en favor de la legalidad constitucional, tan importante en estos tiempos de desencuentro. También facilitaría un nuevo proceso legislativo que acogiera las múltiples iniciativas ciudadanas generadas cinco años antes en la Cámara de Senadores, reflejadas en la propuesta presentada en diciembre de 2002 por el entonces senador Javier Corral Jurado. Más allá de formalidades, sería un paso fundamental en favor de la justicia, la equidad y el desarrollo que nuestro país requiere. Ojalá los ministros de la Corte asuman la responsabilidad de hacer preservar el interés general por encima del privado. Será una decisión que marcará en buena medida la historia de nuestro país.

La huelga de Cafetlán. Un agravio mayor al derecho de huelga, generado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, es la declaración de inexistencia de la huelga en el pequeño, pero no por ello menos importante, centro de trabajo Cafetlán, ubicado en el centro de Tlalpan. Hacía tiempo que no se conocían resoluciones tan absurdas y lesivas a los trabajadores. La junta atrasó, como es común, sus notificaciones, dio oportunidad al patrón Oscar González Hernández de salir corriendo con los enseres de la cafetería poco después de haber sido notificado del emplazamiento a huelga, lo que generó la denuncia por parte de los trabajadores. La junta, atendiendo a la absurda petición del arrendador del local, consideró que no podía haber huelga legal puesto que los patrones se adelantaron en cerrar el centro laboral. Esta decisión es un precedente negativo para el difícil esfuerzo de los trabajadores en los pequeños centros de trabajo a favor de sus derechos. No cabe duda que en estos tiempos en todos lados se cuecen habas.