Quieren seguir robando a más no poder

Frenan diputados de AN ley de salarios máximos

ANDREA BECERRIL

A pesar de que el Senado la aprobó por consenso, la reforma constitucional para fijar topes máximos a los salarios y pensiones de los servidores públicos (para impedir abusos de funcionarios de los tres niveles de gobierno y ex presidentes de la República), la minuta fue frenada por el PAN en la Cámara de Diputados.

"Está congelada", señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, el perredista Raymundo Cárdenas, quien no descartó presiones de aquellos burócratas que no quieren ver disminuidos sus altos ingresos.

-¿Presionaron los ministros?

-También los legisladores y todos aquellos que no quieren ver reducidos los salarios que reciben.

Cárdenas dijo que sería lamentable que se deseche esta ley, pues responde a una demanda de la población. "Es muy claro que, en mucho, la simpatía que despertó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador se debía a que él sí iba a bajar los salarios de los funcionarios públicos.

"Ojalá que los legisladores del PAN y del PRI entiendan que el pueblo está harto de abusos y exige acabar con los excesos a todos niveles, desde regidores hasta ministros de la Corte", agregó.

Detalló que en la Comisión de Puntos Constitucionales se conformó un grupo de trabajo para dictaminar la minuta, pero el PAN presentó diversas propuestas de modificación, que al final se aceptaron. Sin embargo, "el día que convocamos a reunión de las mesas directivas de las comisiones unidas para aprobar el dictamen, los panistas dijeron que no era suficiente, que no estaban satisfechos y ya no pudo aprobarse en el periodo de sesiones que concluyó el 30 de abril".

-¿Cuál fue la postura del PRI?

-No se manifestaron en contra, pero tampoco hicieron nada para aprobarla.

En los hechos, dijo, la reforma está congelada, aunque "vamos a hacer lo posible por aprobarla y que pueda votarse en el periodo extraordinario".

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, recordó que es una iniciativa impulsada por su bancada, con el aval de PRI y PAN, para acabar con privilegios de funcionarios y ex presidentes de la República. "Esperamos que el error cometido por los diputados de Acción Nacional se corrija pronto".

Argumentos en favor y en contra

El camino de la reforma también fue tortuoso en Xicoténcatl. Pablo Gómez la presentó como reforma constitucional, pero fue modificada, en medio de cabildeos y presiones de servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Protestaron funcionarios del Banco de México, pero sobre todo ministros de la Corte, cuyos ingresos se reducirán en más de 50 por ciento, pues la reforma prevé que el salario máximo en el sector público sea el que recibe el Presidente.

En febrero y marzo se discutió en el Senado, en medio de presiones de ministros de la Corte. Al final, el presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, logró que el dictamen se modificara con el argumento de que durante su gestión no pueden reducirse los salarios de jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial.

Pablo Gómez encontró una salida. Propuso respetar ese precepto, pero reducir prestaciones y sobresueldos de los magistrados y congelar todos sus ingresos, a fin de que en uno o dos años estén por debajo del salario del Presidente.

En la exposición de motivos de la ley se lee: "no obstante el perjuicio que pueda ocasionar a intereses individuales, debe atenderse el bien superior de contar con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, con el fin de evitar la arbitrariedad y el abuso".