¿Una nueva Suprema Corte?

Jorge Camil

Nadie se imaginó jamás que en un país de leyes que no se cumplen, de disposiciones constitucionales de quitaipón y de tribunales que ofrecen sus fallos judiciales al mejor postor, la democracia se estuviera dando, casi sin darnos cuenta, por la vía del Poder Judicial. Los críticos, que nunca faltan, han expresado que los asuntos políticos y los temas sociales no son funciones de la Corte; que para eso están el Congreso y el Poder Ejecutivo, y que la Corte, añaden, debería limitarse a resolver las controversias que lleguen al sancta sanctorum del sistema judicial en asuntos de su estricta competencia. Entre estos modernos fariseos, que respetan más la letra que el espíritu de la ley, se encuentran seguramente los seguidores de la teoría pura del derecho, una camisa de fuerza que pretende mantener al derecho, no obstante ser la ciencia que regula la conducta humana en sociedad, desprovisto de cualquier elemento "contaminante" como la economía, la sociología y la propia ciencia política. Así que deberíamos haber aceptado sin chistar una Ley de Radio y Televisión a modo, dictada por las televisoras, y esperar pacientemente a que las presuntas conductas delictuosas de los gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín se resuelvan "políticamente", dentro del paquete de reformas contempladas por Felipe Calderón, y en la penumbra de nuevas concertacesiones orquestadas por el PRIAN.

Algunos, influenciados por el recuerdo de una Suprema Corte inerme frente a los caprichos presidenciales, o hablando con conocimiento de causa, sostienen que la posición de la Corte en el asunto de la llamada ley Televisa no fue un acto de valor ni de justicia, ni mucho menos de independencia judicial. Afirman que la sentencia fue consecuencia de una intervención presidencial para librar a Felipe Calderón de los compromisos asumidos por Vicente Fox como parte de la estrategia electoral.

Ojalá se equivoquen. Porque una Suprema Corte libre e independiente, que responda únicamente a la conciencia y conocimientos jurídicos de sus ministros, sería el inicio del esperado Estado de derecho: una quimera tan importante para México como la transición democrática. Los enemigos de una Suprema Corte comprometida con la sociedad desconocen el importante papel que este tipo de tribunales superiores han jugado en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene uno de los más prestigiados sistemas judiciales del mundo, el tribunal supremo ha jugado un papel preponderante en la tarea de conducir al país a la modernidad. Sin disponer de la maravillosa institución del amparo, y considerando que funciona en un sistema de derecho casuístico, la Suprema Corte de Estados Unidos ha dictado innumerables sentencias históricas, que datan del siglo XIX, para otorgar a los ciudadanos el derecho a revisar conductas y leyes inconstitucionales, la integración racial en la educación, el derecho a ser representado gratuitamente por un defensor de oficio, el derecho a no incriminarse y la libertad para abortar (Marbury v. Madison (1803), Brown v. Board of Education (1954), Gideon v. Wainright (1963), Miranda v. Arizona (1966), y Roe v. Wade (1973), entre otros). Estos, y otros temas resueltos por la corte estadunidense, contribuyeron a trazar el camino hacia un país laico, moderno, tolerante y multicultural.

En opinión de un jurista estadunidense, la Suprema Corte de ese país ha sido el organismo que sopló vida al documento inerte de la Constitución: un faro de luz que continúa guiando a la sociedad por caminos que fueron desde el racismo y la intolerancia cultural y religiosa, hacia la modernidad y el respeto pleno a las garantías individuales.

Al considerar la investigación de los hechos de Atenco, Oaxaca y Puebla la Suprema Corte rindió honor a los jueces, abogados, constitucionalistas y profesores que forjaron nuestro sistema jurídico. Hay quienes ven en la ausencia de facultades coactivas de la Corte, una vez que decide ejercer las facultades de investigación que le concede el artículo 97 constitucional, una pérdida de tiempo y un riesgo para el prestigio de la institución. Al contrario: orientando a la sociedad, y sirviendo de conciencia a quienes están obligados a impedir la impunidad, la Corte se instituye en un árbitro importante del acontecer nacional: un organismo híbrido entre lo que es, un tribunal supremo, y el Consejo Constitucional de Francia, investido de facultades para revisar las leyes y conductas de los demás poderes a la luz de la Constitución.

Oprimida por el Poder Ejecutivo durante el régimen anterior, la Corte tiene oportunidad de surgir ahora como la institución que logre el anhelado Estado de derecho. Al denunciar la impunidad, impedir monopolios de poder y promover la igualdad social, infunde vida a nuestra Constitución y promueve la única democracia aceptable, que es la democracia incluyente. Sin embargo, la decisión de aplazar la revisión del fondo del asunto en el tema del gobernador poblano, hasta que existan reglas "que garanticen su derecho de audiencia", significa una lamentable vuelta al pasado.