Impunes, los violadores de Castaños

Las víctimas de los ultrajes de 12 militares esperan justicia, a un año de los hechos en Coahuila

SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA

Monclova, Coah. A un año del caso Castaños, que involucra a 12 militares acusados de violar a 13 sexoservidoras y bailarinas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, las víctimas siguen esperando justicia.

Por primera vez los agresores fueron consignados por el fuero común: ocho se encuentran presos en el centro de readaptación social de esta ciudad y cuatro están prófugos. Todos pertenecen aún al Ejército, a pesar de haber sido acusados de violación calificada y tumultuaria.

"El proceso está lleno de irregularidades", denuncia en entrevista con La Jornada el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien desde hace un año ha apoyado a las mujeres ultrajadas.

"La lentitud es un mal síntoma que demuestra cómo han hecho un pacto para beneficiar a los acusados. Nosotros no vamos a olvidar. Si esa es la intención de las autoridades, están equivocadas. Nunca permitiré que el delito quede impune", advierte.

El juez segundo penal Hiradier Huerta Rodríguez se encuentra en la etapa de revisión de los 13 expedientes, que constan de unas 19 mil fojas. Los acusados, pertenecientes al 14 regimiento de caballería motorizado, son el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, los cabos de caballería Angel Antonio Hernández Niño y Norberto González Estrada, y los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández, Rosendo García Jiménez, Ricardo Hernández, Bardomiano Hernández García, José Raúl Ramírez Martínez y Héctor Méndez de la Cruz.

Las 13 mujeres denunciaron que han sido víctimas de llamadas intimidatorias, amenazas para que abandonen el proceso, careos ruines con sus agresores, repetidas y prolongadas reconstrucciones de los hechos, presiones para que firmen documentos en blanco y duras terapias sicológicas.

Dos agredidas finalmente se retractaron, a pesar de que en su declaración inicial identificaron a los violadores y fueron sometidas a exámenes médicos.

El agente del Ministerio Público Roberto Clemente Hernández Quintero reconoce en entrevista que el caso "tiene puntos negros", como la incógnita sobre el pago de la defensa de los abogados de los militares presos, pero afirma que espera una sentencia condenatoria. Dice que pedirá la pena máxima para los militares, que podría alcanzar en algunos casos hasta cien años de prisión, a consecuencia de la acumulación de delitos.

"El crimen está tan demostrado, las evidencias son tan claras, los testimonios de las agredidas y de los policías que presenciaron los hechos son tan contundentes, que es inexplicable que no haya habido una sentencia condenatoria. Es, simplemente, la demostración de que se intenta dar carpetazo a este caso o, tal vez, condenar a algunos, dejar en libertad a otros y, después de cierto tiempo, soltar al resto", plantea el obispo Vera, quien presentó un comunicado titulado Exigimos justicia en el caso Castaños.

El obispado denuncia que existe un cerco en torno a las mujeres agredidas, "tanto en el orden de información, como en cuanto al apoyo espiritual a las víctimas. La ayuda de grupos solidarios, de defensores de los derechos humanos y pastores fue obstruida. Suena inverosímil que transcurrido ya un año de que se realizó este atropello, el juez no haya reunido elementos suficientes para darse cuenta del alto grado de culpabilidad de los militares", se indica en el documento.

Sandra de Luna González, representante de la Asociación Civil Coprovi, que ofrece ayuda a mujeres, es la abogada del caso y niega en entrevista que reciba subsidio económico de autoridad alguna.

"Nosotros defendemos a las muchachas de corazón, no les cobramos. Subsistimos con base en donativos y gracias a nuestro gobernador Humberto Moreira tenemos plena confianza de que los militares recibirán una sentencia condenatoria".

El optimismo de la abogada y del Ministerio Público contrasta con los hechos, según Guadalupe Oceguera Flores, quien cada semana acude a dar a apoyo a las afectadas durante sus revisiones medicas: "exigimos que aceleren el proceso y que detengan a los prófugos. Ellas, y todos los involucrados en el caso, estamos en un riesgo constante, porque los militares pueden regresar o mandar a otras personas a atacarnos. Catorce fueron identificados plenamente, aunque después dijeron que sólo 12, pero en realidad participaron entre 20 y 25 soldados. ¿Qué pasó con los otros? No hay que olvidarlo".

Y añade: "nos indignan los privilegios que tienen los militares presos. ¿Por qué ellos son privilegiados y a otra gente con delitos mucho menos graves la tratan de lo peor? No es posible que gocen de beneficios por tener un uniforme que mancharon, que no respetaron, y que ahora estén tan tranquilos y a gusto: total, no pasan penas en la cárcel".

La defensa de los acusados logró que Wendy y Nubia, ex trabajadoras de El Pérsico, se retractaran de sus declaraciones ministeriales, luego de haber sido violadas por varios soldados.

"A pesar de eso hay una declaración inicial de las dos. Hay testigos que señalan que fueron ultrajadas como para que ahora digan que los soldados no les hicieron nada. Pensamos que hubo dinero de por medio. Ellas ya no laboran en El Pérsico porque las otras muchachas ya no permitieron que entraran; estaban muy enojadas porque no es posible que las hayan arriesgado también a ellas."

Incluso Wendy declaró que la jefa de comunicación del obispado de Saltillo le ofreció 200 pesos para que hiciera una declaración contra los militares. Jacqueline Campbell decidió interponer una denuncia contra la trabajadora sexual por difamación: "Es absolutamente falso. No le di dinero para que se sembrara algún delito ni tampoco para que se señalara a alguien como culpable. No era necesario. Para todos eran evidentes los crímenes. Lo que pasa es que hubo hostigamiento contra ella y la pusieron no tanto en contra mía, sino del lado de sus agresores".

Las trabajadoras de El Pérsico y Las Playas señalan que tienen miedo porque los militares las amenazaron si decidían denunciarlos. El obispo de Saltillo estuvo con ellas al día siguiente de la agresión y dice que pudo constatar el grado de crueldad que los soldados emplearon para torturarlas.

"Estas muchachas necesitan protección. Si yo recibí llamadas amenazantes -y yo lo atribuyo a los militares que se escaparon-, más estas mujeres, que están aquí, expuestas, porque cualquiera se puede meter donde ellas siguen trabajando", manifiesta. Considera que la sociedad debe dejar a un lado los prejuicios y no juzgar moralmente a estas mujeres por ser trabajadoras sexuales. Eso, añade, no debe condicionar el ánimo para que se repare el daño y la injusticia cometidas contra ellas.

Otra de las estrategias de la defensa, a cargo de Aída Margarita Guardiola Ramírez, ha sido filtrar a los medios coahuilenses fotografías de los soldados en ropa interior, para demostrar que la Procuraduría General de la República violó sus derechos humanos. "Esa es una chicanada. Eso no disminuye en nada su delito", replica indignado el obispo.

A pesar de las anomalías del caso, el agente del Ministerio Público asegura que la sentencia contra los militares será emitida por el juez a mediados de agosto: "He tenido conocimiento sobre la impunidad en torno a los delitos cometidos por militares contra mujeres en otros puntos de la República, pero esperamos que aquí, en Coahuila, no suceda, porque tenemos acreditado el cuerpo del delito y sabemos que va a ver sentencias condenatorias".