domingo, diciembre 09, 2007

Asediado por la oposición, huye de Bolivia el gobernador de Chuquisaca

Dpa, Afp y Reuters

Miembros de la Constituyente cantan el himno nacional durante la sesión inaugural del organismo Foto: Ap

La Paz, 8 de diciembre. Asediado por regionalistas opositores a la nueva Constitución boliviana, el gobernante del departamento de Chuquisaca, David Sánchez, huyó de Bolivia y busca asilo político en el extranjero para alejarse para siempre de los conflictos suscitados en torno a la nueva Carta Magna, que este sábado comenzó a ser discutida en detalle.

La renuncia de Sánchez –miembro del partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS)– es otra de las consecuencias de 16 meses de desacuerdos en la Asamblea Constituyente, que además convirtieron a la capital de Chuquisaca, Sucre, en epicentro de incontables protestas entre el 15 de agosto y el 27 de noviembre, mientras deliberaron ahí los legisladores.

“No dimos corrupción a nadie, por ello tuvimos que resistir los costos de la crítica (y) la falta de espacios para explicar nuestro accionar”, dijo Sánchez, quien se quejó además de que “casi siempre se minimizó nuestro trabajo”.

La versión de que Sánchez abandonó Sucre, sede del Poder Judicial boliviano, fue difundida por medios locales, que además dieron cuenta de que ésta es la segunda vez que el prefecto (gobernador) presenta su renuncia ante Evo Morales, presidente de esta república unitaria.

Sánchez envió su renuncia desde fuera de Bolivia y mantiene en secreto el lugar en que se encuentra, informó la red de televisión Unitel.

Durante las protestas contra el foro fundacional, los opositores sucrenses atacaron y saquearon la vivienda del prefecto, indignados porque la mayoría de los constituyentes se negaron a aprobar el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, 600 kilómetros al sur de la capital, para disponer de la llamada “capitalidad plena”.

También la aprobación en lo general del nuevo texto constitucional en un recinto militar, en las afueras de Sucre, terminó por aumentar el enojo de sus habitantes, lo que dejó un saldo de tres muertos y 147 heridos.

“Deseo nuevamente que la racionalidad, la tolerancia y el amor superen todas las faltas y se pueda construir un país fuerte, unido y querido por todos”, señaló Sánchez, quien fue objeto de constantes amenazas de muerte, según denunciaron sus allegados a medios y periodistas.

Tras la tumultuosa aprobación “en grande” de la nueva Carta Magna, el 26 de noviembre, ante las provocaciones de la derecha los asambleístas decidieron trasladar la discusión detallada del documento, artículo por artículo, a otra localidad del país.

La directiva de la Asamblea Constituyente determinó en la madrugada de este sábado llevar las deliberaciones a Oruro, 230 kilómetros al sur de La Paz, dentro de una provincia y una zona de la geografía política boliviana donde no hay prefectos opuestos al presidente Morales.

Silvia Lazarte, presidenta de la Constituyente, citó a los legisladores para las 18 horas de este sábado, cuando faltan seis días para que se cumpla el plazo establecido legalmente para aprobar la carta de 408 artículos con la que Morales y los masistas pretenden refundar el Estado boliviano.

Antes de tomar la decisión de reiniciar sus trabajos en Oruro, la directiva de la Asamblea Constituyente descartó toda posibilidad de viajar a Lauca Ñ, un poblado indígena ubicado en el Chapare, la región cocalera del departamento nororiental de Cochabamba, bastión de Morales, con el fin de evitar nuevas fricciones con la oposición política y el movimiento de los autollamados “cívicos”, encabezados por dirigentes empresariales y terratenientes.

Marco Carrillo, portavoz del MAS, dijo que en las últimas horas su partido realizó “acciones” para promover una mayor participación de constituyentes opositores, puesto que a la sesión del 26 de noviembre sólo asistieron tres, contra 137 oficialistas, de un total de 255 asambleístas que fueron elegidos en agosto de 2006.

Unidad Nacional, partido de centroderecha que lidera Samuel Doria Medina, empresario cementero, decidió la mañana de hoy que sus asambleístas acudirían a la sesión, tras celebrar la decisión de no convocar en alguna localidad del Chapare, informó la Agencia Boliviana de Información.

El jefe de la alianza opositora Poder Democrático Social (Podemos), Jorge Tuto Quiroga, dijo a su vez que viajaría a Oruro –capital del departamento del mismo nombre– para hacerse escuchar, pero se quejó de que el llamado a las actividades no haya ofrecido el plazo legal de 24 horas para la cita, debido a que en este país de un millón 98 mil kilómetros no es fácil responder a una convocatoria de inmediato.

El traslado a Oruro causó enojo entre los dirigentes “cívicos” de Chuquisaca. El presidente del Comité Cívico de Intereses de ese departamento, Jhon Cava, confirmó la determinación del movimiento de llamar al desacato y la desobediencia civil al nuevo texto constitucional.

La sesión en Oruro comenzó a las 20 horas este sábado, tras que la presidenta del órgano constató la presencia de 153 constituyentes, resguardos por decenas de mineros y policías.

La Constitución vigente en Bolivia tiene poco más de 200 artículos y data de 1967, pero ha sido modificada parcialmente en 1993, 2004 y 2005.

Algunos de los planteamientos establecidos en la ley fundamental que se discute a partir de este sábado reconoce el derecho precolonial de los pueblos indígenas a su territorio, dominio, autonomía y autogobierno.

Principios de pueblos indígenas

La nueva Constitución asume los principios morales de los pueblos indígenas del altiplano, como el “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Además, estipula el respeto a la propiedad privada, pero determina la posibilidad de expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, previa indemnización justa y al contado.

Según el nuevo texto, los hidrocarburos son propiedad del pueblo boliviano, por lo cual son nulos los contratos firmados que vulneren este principio y sus ejecutores serán declarados “traidores a la patria”.

Pese a las versiones que han insistido en que el mandatario Evo Morales busca “perpetuarse” en el poder, el MAS retiró la relección ilimitada del presidente y el vicepresidente y sólo aprobó un segundo periodo.

El diario The New York Times publicó este sábado un editorial en el que dice que Morales, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa –quien también ha impulsado una Constituyente–, están “en un muy peligroso juego, inflándose por poder en nombre de las reformas sociales”.

El rotativo estadunidense indicó que la experiencia del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, es “un recordatorio” de cuáles son los límites que pueden aceptar los ciudadanos, razón por la cual Morales “debería posponer el referendo (sobre la nueva Carta Magna, una vez aprobada en detalle) a fin de permitir que las pasiones se refresquen y asegure que hay un debate completo de sus cambios propuestos”.

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