Juan Pablo II, diputado panista

Jaime Avilés

A más tardar la semana próxima, los 22 diputados (de un total de 44) que forman la mayoría panista en el Congreso de Nuevo León, aprobarán una ley de la familia –contraria a la educación laica, el aborto, los derechos de las mujeres y los homosexuales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la libre voluntad de los enfermos terminales y la libertad de expresión–, que es una calca, escrita incluso con las mismas palabras, de una Carta de los Derechos de la Familia que el Vaticano emitió el 22 de octubre de 1983, firmada por Juan Pablo II.

La iniciativa será presentada por la diputada Norma Robles, que trabajó en el proyecto a lo largo de todo el año, promoviendo una consulta popular en la que participaron “169 ponencias” (y “10 mil 997 firmas”), a partir de las cuales los legisladores panistas redactaron, dicen, su proyecto de ley (lo que es falso, porque ya lo tenían copiado, como se verá enseguida). Robles es nada menos que la esposa de aquel presidente municipal de Bustamante que hace pocos años sustituyó una estatua de Benito Juárez por una de San Miguel Arcángel.

Sin embargo, a la cabeza del proyecto está Norma Treviño-Cueva de Villarreal, una señora de San Pedro Garza García que dirige el Grupo Interdisciplinario para Asuntos de las Mujeres (GIAM), y como activista y cabildera del Vaticano en nuestro país, que también es el suyo, cuenta con el respaldo del Opus Dei, los legionarios de Cristo, la derecha de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (Celam) y el Instituto de la Política Familiar de España, que fue impulsado por el Partido Popular de José María Aznar y otras facciones neofranquistas.

Un estudio comparativo en poder de Desfiladero muestra cómo, en sus pasajes torales, la iniciativa de ley copió letra a letra la redacción de Juan Pablo II. En su artículo 6, por ejemplo, la iniciativa dice que “el Estado protegerá la integración y desarrollo de la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico”, mientras la carta postula que “el Estado y las organizaciones internacionales deben proteger la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico” que –aseguran ambos textos– “contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la misma para que pueda cumplir su función específica de enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos”.

En su artículo 5, la carta del Papa sostiene que “por el hecho de haber dado vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos (y por eso) deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos”. La iniciativa repite: “Los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a sus hijos. El Estado reconoce que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos”.

Y abundan, con las mismas palabras, ambos textos, en que “los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas (y) deben recibir de la sociedad (“y del Estado”, agrega la iniciativa) la ayuda y la asistencia necesarias para realizar su función educadora”. Por lo tanto, un poco más adelante, carta e iniciativa también coinciden en que “la educación sexual debe ser impartida bajo la atenta guía de los padres tanto en el hogar como en la escuela”.

En su exposición de motivos, los legisladores panistas señalan que la iniciativa consta de 63 artículos y cinco capítulos para establecer “los derechos de la familia”, acotar “la educación de los hijos”, exigir a los medios de comunicación que “sean positivos”, de tal forma que los miembros de la sociedad “sean protegidos contra los efectos negativos de los anuncios, noticias y programas” y, por último, para “desarrollar una perspectiva de familia”.

Para concretar estos nobles propósitos, los panistas proponen la creación de un Instituto Estatal de Política Familiar –como el que la ultraderecha creó en España, y que ya existe a escala en el municipio de San Pedro Garza García–, que remplazaría al Instituto Estatal de la Mujer y se convertiría en plataforma de los ultraconservadores para combatir la educación laica, promover la censura en los medios e imponer su “perspectiva de familia”, en perjuicio de la perspectiva de género que tras décadas de lucha feminista hoy tutela los derechos esenciales de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

En un artículo específico, la iniciativa pretende “prohibir la adopción de menores a parejas del mismo sexo”, y en otro desarrolla un alegato contra los enfermos terminales que desean renunciar a la vida para dejar de sufrir. ¿Es válido que un Papa se convierta en legislador dentro de un Estado laico? ¿Es constitucionalmente correcto que una serie de preceptos religiosos sea elevada a la categoría de ley? Si seguimos por este camino, el día de mañana los 10 mandamientos de Moisés serán incorporados al Código Penal Federal. Según los que saben, la única posibilidad de que Juan Pablo II no se transforme en legislador mexicano consiste en que el gobernador Natividad González Parás vete la ley cuando los panistas la aprueben.

Mientras tanto, el domingo pasado, The New York Times publicó un reportaje para describir cómo reacciona la gente en los cines del DF al ver Fraude: México 2006, la cinta de Luis Mandoki que sigue rompiendo marcas de taquilla. El lunes, la fundación Konrad Adenauer de Alemania acusó a Bush de haber ayudado a Felipe Calderón a llegar a Los Pinos. El martes, The Independent comentó los asesinatos de músicos gruperos a manos del narcotráfico, subrayando el del vocalista de K-Paz de la Sierra “en Michoacán, la tierra de Calderón”. Y el jueves, Le Monde dedicó toda una página a la indignación popular que sigue suscitando el fallo de la Suprema Corte en favor de Mario Marín y la pederastia organizada.

Ahora bien, si la derecha golpista tuvo una pésima semana en materia de imagen internacional, en lo interno el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se vio obligado a olvidar la ridícula versión oficial de que la inundación de Villahermosa fue “provocada por la luna llena, que impidió que el agua de la presa Peñitas desembocara al mar”. Al tocar el tema ante una comisión legislativa culpó a “gobiernos anteriores que no hicieron su trabajo”.

A todo esto, un video que en realidad es una cápsula del programa La verdad sea dicha, está circulando intensamente en la red y puede ser observado en YouTube bajo el nombre de “Tabasco y la luna”. Ahí se demuestra, con base en datos técnicos exactos, cómo y por qué el “gobierno” de Calderón arrojó 2 millones de litros de agua por segundo durante tres días sobre Villahermosa. En respuesta, la presidencia espuria sacó otro (llamado “Tabasco y la luna 2”), en el que perseguido por la sospecha de que cometió un acto de negligencia criminal contra una ciudad entera, Calderón trata de contrarrestar los argumentos de la denuncia que Andrés Manuel López Obrador presentó ante la PGR y pronto llevará a los tribunales internacionales.

Y para agudizar más el olor a podrido que despide la derecha golpista, los “historiadores serios” siguen desenterrando a los ancianos, las mujeres, los niños y los fetos que fueron asesinados en Acteal, para acusarlos de haber participado en una “batalla” (¡sic!) contra sus verdugos, una rara batalla de la cual nadie había oído nada, hasta que surgió la idea de acusar a Ernesto Zedillo por este crimen de lesa humanidad.

México en retroceso con los gobiernos panistas. ¡Qué deprimente! La gente más retrógrada es la que pretende gobernar.