sábado, diciembre 15, 2007

Resistencia civil

Durante el informe de labores del ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a la asistió el usurpador de Los Pinos, Felipe Calderón, mexicanos junto con Gerardo Fernández Noroña se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron restringidos violentamente por los con granaderos que resguardaban el recinto. (UNIVERSAL/Cuartoscuro)

Miembros del movimiento, junto con Gerardo Fernández Noroña, se manifiestan contra el espurio Felipe Calderón y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación / Impresionante dispositivo de seguridad

MEXICO, D.F., 14 de diciembre (Cuartoscuro/LA JORNADA).- Miembros de la Resistencia Civil Pacífica, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, se manifestaron en contra del espurio Felipe Calderón y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el informe de labores del ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a la asistió el usurpador de Los Pinos, Felipe Calderón, mexicanos encabezados por Gerardo Fernández Noroña se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron restringidos violentamente por los con granaderos que resguardaban el recinto.
Mientras, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, admitió hoy que la resolución sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro, dejó “un grave descontento y frustración” en diversos medios y foros públicos; sin embargo, justificó que a ese dictamen se le atribuyó “un efecto absolutorio que no tiene”.

Al rendir su primer informe de labores ante la presencia de Felipe Calderón y representantes de los tres poderes, Ortiz Mayagoitia argumentó que la “justicia moderna” debe ser firme “a las presiones, opiniones y manifestaciones”. Tenemos compromiso y vocación con la justicia; no por la popularidad, subrayó.

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad y un salón de plenos semivacío al inicio de su intervención, el ministro presidente sostuvo que la facultad de investigación prevista en el Artículo 97 Constitucional –en el que se basó la investigación sobre la violación grave de garantías de la periodista a manos del gobernador de Puebla, Mario Marín-, tal y como existe en la actualidad, sin una ley reglamentaria, “puede o no satisfacer las expectativas de la autoridad”.

El poder judicial, no imparte más justicia cuando concede que cuando niega, ése es su atributo de imparcialidad, aseveró.

Al igual que sus antecesores, José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Gûitrón, quienes abiertamente contrarios a que la Corte ejerza la facultad prevista en el Artículo 97 Constitucional, el ministro hizo una “respetuosa, pero insistente propuesta”, para que dicha facultad cuente “con una ley que le dé vida y efecto práctico, o bien, que se elimine”.

En referencia al caso Cacho Ribeiro aseguró que, al igual que en otros asuntos similares, la Corte actúa con apego estricto a los principios constitucionales “sin invadir ni sustituir otros procesos y facultades que sí están reglamentados”.

Antes, durante y después de su informe, un grupo de manifestantes gritaron consignas en contra de Calderón, de Mayagoitia y de la Corte en su conjunto por proteger a “pederastas”.
En su discurso, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que una justicia moderna, digna del siglo XXI, comprometida con la democracia constitucional y el Estado de derecho, sólo puede garantizar la supremacía de la carta magna si es firme ante las presiones y totalmente independiente a los factores externos.

Indicó que el compromiso de los juzgadores es con la justicia y no con la popularidad, ya que “una es de muy largo aliento y beneficia el desarrollo y la estabilidad; la otra, es de corto alcance, volátil y caprichosa”.

Entre los ausentes, destacó el ministro en retiro Juventino V. Castro y Castro, quien declinó la invitación, trascendió, ante la desilusión que le causó que ni el ministro presidente, ni alguno de los otros 10 integrantes del pleno atendieran su carta en la que les pidió que ante el “desprestigio” que sufrió el máximo tribunal por el caso Lydia Cacho, cada uno explicara en un evento público las razones de su voto.

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