Voluntad anticipada: una ley pertinente

Editorial

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada, también llamada “del bien morir”, que posibilitará, mediante la suscripción de un documento ante notario o, en su defecto, ante el personal de salud correspondiente, la aplicación de la ortotanasia –que consiste en la interrupción del tratamiento médico cuando un paciente enfrente un mal terminal–, a fin de prevenir el encarnizamiento y la obstinación médica y evitar, de esta forma, un sufrimiento sin sentido a los pacientes desahuciados. Como complemento, la propuesta aprobada prevé un conjunto de adiciones, tanto al Código Penal como a la Ley de Salud vigentes, para garantizar que el personal médico que aplique las disposiciones incluidas en el documento de voluntad anticipada no incurra en falta legal alguna.

La aprobación de la iniciativa referida debe saludarse, no sólo por el hecho de que la decisión se dio por consenso y no enfrentó las cortapisas esperadas por ser un tema de suyo polémico –cabe mencionar que un sector de la bancada panista había anunciado que votaría en contra por tratarse de una ley que contravenía los principios de ese partido–, sino también porque representa un pilar de modernidad social y legislativa en el Distrito Federal, en la misma dirección que la anteriormente aprobada Ley de Sociedades en Convivencia y que la despenalización del aborto: actualizar el marco jurídico y legal vigente, para adecuarlo a la realidad de una sociedad moderna, como la de la capital del país.

En efecto, la ciudadanía capitalina, una de las más comprometidas con el desarrollo político y social de la nación, se ha reafirmado, en décadas y años recientes, como diversa, plural y tolerante, lo cual se expresa en el desarrollo de un valor cívico y ético fundamental: el de la soberanía de los individuos sobre sí mismos en lo que respecta a temas cruciales de la vida, como la identidad, el cuerpo propio, las preferencias y tendencias sexuales, las creencias y las relaciones afectivas.

El conjunto social ha establecido que estos ámbitos pertenecen a la libertad y a la responsabilidad individuales, y que ningún poder externo, sea secular o religioso, debe interferir en ellos en tanto el ejercicio de esta soberanía personal no afecte derechos de terceros. En ese sentido, mediante el reconocimiento legal de esas libertades y potestades, y la adecuación a ellas del marco jurídico, la legislación recién aprobada otorga, a quien así lo decida, la posibilidad de morir dignamente.

Además de lo social, este hecho reviste una relevancia política notable y alentadora, porque, en general, el país se enfrenta al autoritarismo, la sordera y la inoperancia de las instituciones, las cuales han sido conducidas a desencuentros tan graves con el sentir de la población como la agraviante absolución del gobernador Mario Marín, decidida la semana pasada por la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pesar de la conocida participación del gobernador poblano en la conjura contra la periodista Lydia Cacho. En ese contexto, es reconfortante que, por lo menos en la capital del país, los diputados de la ALDF hagan válida su condición de representantes populares y sustenten iniciativas acordes con los intereses de los ciudadanos.

En suma, la aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada expresa, en esta ocasión, una convergencia de directrices entre representantes y representados, contribuye a reparar la crisis de credibilidad que padece la institucionalidad política del país y coloca a la capital a la vanguardia nacional –e internacional, en varios sentidos– en respeto a las libertades individuales.

¡Felicitémonos todos los defeños!