Por la dignidad del campo

Nueve obispos, con los campesinos e indígenas

Víctor M. Quintana S.

Una bocanada de aire fresco en medio de las fumarolas del gobierno de Felipe Calderón contra el movimiento campesino.

“La alimentación es uno de los derechos humanos primordiales y una de las obligaciones éticas del Estado”

Eso es el documento que dio a conocer el lunes la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas y campesinos. Nueve prelados, encabezados por el arzobispo auxiliar de Monterrey, publicaron un espléndido documento, en continuidad con aquel Por la dignidad del campo, que la misma comisión emitió en el apogeo del movimiento El campo no aguanta más, hace cinco años.
Los nueve prelados que integran esta comisión, que se distingue por su cercanía a las causas sociales de los pobres de este país, cuestionan la supremacía de las leyes del mercado, que se imponen sobre los derechos de las personas y de los pueblos, excluyen a los pobres, y generan un sistema económico globalizado e injusto. Señalan que la apertura comercial beneficiará a unos pocos agricultores poderosos y tecnificados, pero traerá consecuencias dolorosas para los que sobreviven del campo. Denuncian el olvido del campo y el descuido en la producción de alimentos básicos, así como el fin de los créditos para los campesinos. Advierten sobre los riesgos de seguir estas políticas: un mayor empobrecimiento, empujar a los campesinos a abandonar el campo, cuando Estados Unidos sostiene una agresiva política antinmigrante. Señalan también que uno de los efectos perversos de esta situación es propiciar los cultivos ilícitos, la inseguridad y la violencia. Sientan un principio ético ante la producción de biocombustibles: “no se pueden poner por encima del derecho de la alimentación de las personas las ventajas de la industria”.
Son terminantes sobre la dependencia alimentaria que generará y ahondará la apertura comercial: “La alimentación es uno de los derechos humanos primordiales y una de las obligaciones éticas del Estado”. Insisten en la necesidad de proteger la producción nacional. Les preocupa también la invasión de transgénicos: “Al perder el maíz nativo será necesario comprar semilla a las grandes empresas semilleras nacionales y extranjeras, creando una dependencia económica que postrará a los campesinos y al país en una esclavitud estructural”. Certeros, analizan la multifuncionalidad de la agricultura campesina: “… en nuestro país el sentido de vida de millones de personas está íntimamente influenciado por su relación laboral con la tierra, el maíz y el frijol, y los vínculos familiares, sociales y culturales de este tipo de agricultura”, y luego dicen tajantemente: “La liberación de la importación de estos productos en condiciones tan desfavorables para el campesinado mexicano, que causarían el abandono del cultivo de los mismos, puede romper definitivamente estas dimensiones que integran la realidad social, cultural y religiosa de esta parte tan importante de la población”.
Hacen toda una serie de propuestas. Las más importantes: que las autoridades federales analicen la posibilidad jurídica y la conveniencia económica para renegociar el apartado agropecuario del TLCAN y proteger a los indígenas y campesinos pobres. Generar mecanismos de desarrollo que ayuden a los campesinos e indígenas a superar los efectos negativos del TLCAN, destinando más recursos al campo con menos burocracia. Insistir en una política migratoria no sólo con tránsito libre de mercancías e inversión, sino también con una migración ordenada y justa. Apoyar a los campesinos a que no dejan de sembrar su maíz nativo y eviten la siembra de transgénicos. Analizar el modelo económico general con criterios como el trabajar por el bien común global, por el desendeudamiento externo, por prevenir y controlar los movimientos especulativos de capitales, y promover un comercio justo. Finalmente, hacen una convocatoria a toda la sociedad a acompañar a los campesinos, a solidarizarse con ellos, a adquirir sus productos, alentar las cooperativas y organizaciones de pequeños productores.
El mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social quiebra la lógica de la gran contraofensiva del calderonismo desatada para aplastar al movimiento campesino que demanda la revisión del TLCAN en materia agropecuaria. Los salinistas tricolores y los blanquiazules, posesionados ahora de casi todos los espacios televisivos y radiofónicos, han hecho la apología de la guerra contra el campo mexicano a partir de falacias y argumentos simplistas, negando voz a quienes exhiben la devastación producida por el tratado a las mayorías rurales. Por eso hay que valorar y agradecer el documento episcopal: no sólo refuerza los argumentos campesinos; les da también profundidad ética, arma muy importante contra quienes se presumen como los detentadores únicos de la moral cristiana.