Hace un año…

Por María Teresa Jardí

El 13 de marzo de 2007 cuarenta y ocho jóvenes fueron brutalmente detenidos en la Plaza Grande de Mérida; participaban algunos, que no todos de los que ese día fueron convertidos en presos políticos, en una de las manifestaciones que se daban contra la presencia del asesino Bush en Yucatán, por esas fechas, y a las que asistían familias enteras compuestas por personas que nunca antes habían asistido a una marcha, porque la indignación generada por la toma del sitio por los marines gringos hizo participar a gente que de suyo prefiere mantenerse como ajena a la política. Hace un año que se definió el terrible destino que recién está empezando para los mexicanos.
En la reunión en la finca de Hernández, previo asesinato de los perros y los gatos de la localidad, tres mafiosos: Bush, Roberto Hernández y el usurpador, en presencia de un retrasado mental, Patricio Patrón Laviada, que desgobernaba Yucatán por aquel entonces, junto con sus hermanos, igual de mafiosos que los anteriores, se gestó, entre otras cosas, la LEY GESTAPO. Se acordaron ahí los pormenores del Plan México, que ya nos coloca al lado de Colombia como el otro narcoestado de América Latina, al lado del otro pueblo hermano más agredido por un narco, usurpador, que no gobierno, en nuestro caso.
Un incidente cualquiera, provocado por quienes no fueron detenidos, esbirros del sistema a todas luces o, al menos, utilizados por él, fue el pretexto para la brutal represión que además serviría para cancelar la protesta universitaria en contra del aumento del precio del boleto del transporte público.

Fueron procesados penalmente 23 de los 48 jóvenes. Tres, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias de la siniestra represión, siguen sujetos a proceso. Y el resto ha sido exonerado sin merecer siquiera un: “usted disculpe”.
Pero… la agresión a nuestra patria e incluso al Ejército Nacional marginado por el ejército yanqui que, por asalto, tomó las calles de Mérida, desarmando a la policía, que luego reprimió a los jóvenes, olvidando que ellos eran parte de la misma represión colonialista por parte de un gobierno extranjero con el aval de un gobierno corrupto encabezado por el panista Patricio Patrón Laviada de tan triste memoria que, aunque Guzmán Alcocer alias “El Teclas” esté libre y aunque Patrón sea funcionario del usurpador mexicano, Yucatán ya ha alcanzado el vergonzoso “honor” de tener garantizado un lugar preferente en la prensa nacional en los siguientes ominosos términos:
“Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la Procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández…” (La Jornada. Astillero de Julio Hernández López, 11/ 03/ 2008). Una chulada, pues.
Hace un año de la brutal represión y los policías municipales, estatales y federales, que en ella participaron siguen gozando de impunidad absoluta al igual que los ministerios públicos, el entonces procurador estatal, el secretario general de gobierno, los jueces y magistrados, que con la complicidad de la Codhey intervinieron, como nos recuerdan en El Rebelde antes de invitarnos al Acto político-musical, que hoy jueves se realizará en la Plaza Grande de Mérida a las 5.30 p.m.
Acto que tiene por objeto que nadie olvide que: “la protesta es un derecho, la represión un delito”. Y que para la represión no puede haber: “Ni perdón ni olvido”.