sábado, mayo 03, 2008

Paraguay: El doble desafío de Lugo


México, D.F., 2 de mayo (apro).- Resulta difícil disociar el triunfo como presidente del exobispo católico, Fernando Lugo, de aquella hermosa película de 1986, La misión, que pese a algunas imprecisiones históricas daba buena cuenta de la labor no sólo evangelizadora, sino social, que la Compañía de Jesús llevó a cabo en Paraguay en los siglos XVII y XVIII.En esa época, los jesuitas establecieron en tierras que hoy pertenecen no sólo a Paraguay sino también a Brasil y Argentina, “reducciones”, centros en los que además de la evangelización se fomentó la producción agrícola y manufacturera, así como el comercio, y que construidos sobre una base igualitaria llegaron a conformar hasta 32 entidades administrativas autónomas, con una población de cien mil indios guaraníes.Esto no agradó a los poderes coloniales de España y Portugal, que mediante sus ejércitos locales hostigaron a estas misiones hasta lograr repartírselas, pese a la férrea defensa de los indígenas --particularmente en la batalla de Caibale de 1756, que es la que se recrea en la película--, y un decenio después, finalmente expulsar a los jesuitas de tierras sudamericanas.Desde entonces, sin embargo, los movimientos de reivindicación social en tierras paraguayas se han visto constantemente respaldados por una parte de la Iglesia católica. Y hay que subrayar que es una, porque desde la Colonia hasta ahora, los clérigos que han optado por trabajar con los sectores más desposeídos de la población no sólo han tenido que enfrentar a los poderes seculares, sino casi siempre también a su propia jerarquía eclesiástica. Y el caso de Fernando Lugo no es la excepción.Nacido en una región que sabe de carencias, hijo de campesinos y miembro de un entorno frecuentemente perseguido por la dictadura de Alfredo Stroessner, en su ministerio sacerdotal Lugo se acercó muy pronto a la corriente de la Teología de Liberación, inspirada en la ola renovadora del Concilio Vaticano II y los movimientos sociales de los sesenta. Empero, como se sabe, esta primavera eclesiástica no duró mucho y lo que fue mérito se tornó en demérito.Sin embargo, pese a coincidir su sacerdocio con todo el pontificado de Juan Pablo II y a su postura izquierdista, Lugo logró ascender en su carrera eclesiástica desde párroco hasta obispo y, al mismo tiempo, trabajar en beneficio de los más pobres y apoyar sus demandas.Comprometido hasta la militancia activa, convocó en torno suyo al campesinado de su depauperada diócesis de San Pedro, que entre sus demandas de mejora social incluyó el reparto de tierras, lo que le valió la animadversión de los terratenientes y el mote del “obispo rojo”. Pero no fue sino hasta diciembre de 2006 cuando encabezó las protestas contra las intenciones reeleccionistas del presidente Nicanor Duarte Frutos, que ante la evidencia de su liderazgo decidió colgar los hábitos y lanzarse de lleno a la política.Esta decisión provocó que apenas un mes después, en enero de 2007, el papa Benedicto XVI lo suspendiera a divinis, lo que significa que no puede administrar los sacramentos ni dirigir una jurisdicción eclesiática, pero continúa siendo ministro de la Iglesia católica y, como tal, le debe obediencia. Su lanzamiento como candidato presidencial significó por lo tanto un conflicto de entrada con el Vaticano. Sin embargo, en marzo de 2007 la Comunidad Redemptor Hominis --fundada en Roma como una “asociación pública de fieles” pero con una “misión” en Paraguay-- advertía sobre el riesgo de confundir a la Iglesia católica con el “luguismo”. Pese a identificar a su propia pastoral como una opción preferencial por los jóvenes y los pobres, hacía un claro deslinde al considerar como “un peligro que se identifique la definición de los pobres y los oprimidos con el mito y la bandera de Lugo”.En concordancia con ello, en el periódico ABC Color de Asunción una columna publicada en esas mismas fechas planteaba que esta confusión “podría hacer mucho daño a la grey de creyentes católicos, entre la que hay muchos colorados, liberales, patriaqueridistas y apolíticos”, refiriéndose a los militantes de otros partidos.Consciente de esta doble situación, al día siguiente de su triunfo electoral Lugo pidió perdón a la Iglesia católica por “haberle causado dolor” al desobedecer a su jerarquía y lanzarse a la carrera presidencial. Pero esto no elimina el conflicto de intereses entre su lealtad al Paraguay y al Vaticano.Por otra parte, aunque esté suspendido, no es descartable que se busque todavía esgrimir su calidad sacerdotal para entablarle un juicio político, dado que las leyes electorales paraguayas prohíben a los ministros de culto participar en actividades político-partidistas.Pero si bien los problemas derivados de su indefinida situación eclesiástica podrían convertirse en un lastre para su gobierno, éstos podrían ser menores en comparación con los que previsiblemente le esperan con los poderes fácticos de su país. Según Lugo, el primer desafío de Paraguay es recuperar su dignidad como nación. Ahora, dijo, “somos conocidos por la ilegalidad, la corrupción, el contrabando. Hay que cambiar esa imagen y eso se hace con un gobierno transparente, honesto y modificando la administración pública”.Suena bien, pero no será fácil porque apunta directamente a las redes de connivencia que se han tejido a lo largo de la historia política paraguaya, que siguen ahí intactas y que no van a ceder sus espacios de poder ante un personaje al que consideran peligroso para sus intereses, aunque de momento hayan reconocido su inobjetable triunfo electoral.Éste es un hito histórico, si se toma en cuenta que, desde que se fundaron en 1887, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se han alternado el poder por largos periodos, arrebatándoselo casi siempre por la vía de las armas. La inestabilidad ha sido la norma. Tan sólo entre 1936 y 1954, por ejemplo, hubo dos golpes de Estado, una guerra civil y siete presidentes elegidos por voto, pero tan inconsistentes que algunos de ellos apenas duraron días en el cargo.La “estabilidad” se impuso luego que el Partido Colorado estableció una alianza con los militares, que llevó al poder a Alfredo Stroessner mediante otro golpe de Estado. Luego el general se reeligió siete veces, sin oposición a la vista, porque él se encargó de aniquilarla al más puro estilo de las otras dictaduras sudamericanas.Pero aparte de la represión, Stroessner aplicó su muy personal visión de la administración estatal como fuente de enriquecimiento propio y compra de lealtades. Favoreció a la añeja oligarquía terrateniente, dejó operar a sus anchas a las transnacionales y propició una red de negocios ilegales que benefició sobre todo a los altos mandos militares.En la frontera con Brasil, por ejemplo, se creó una zona franca con cabecera en Puerto Stroessner (ahora Ciudad del Este), que dio paso no sólo a productos libres de impuestos, sino a drogas, armas, vehículos robados, trata de blancas, tráfico de menores y más. Pero ni los agentes aduanales ni los efectivos militares siempre presentes parecieron preocuparse demasiado por ello. La construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, considerada como la más grande del mundo y que se asentó sobre la apropiación de tierras, el desplazamiento de pobladores, amenazas y más de un asesinato, vino a agrandar este problema al crear junto a la frontera brasileña una franja de mil 200 kilómetros de largo y 65 kilómetros de ancho donde se asentaron en condiciones anárquicas toda clase de empresas y colonos extranjeros. Fue tal la falta de control, que el gobierno de Estados Unidos calificó a esta zona, particularmente al “triángulo” donde convergen las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil, “de actividad terrorista”, donde presuntamente operarían militantes de las guerrillas islámicas Hamas y Hezbollah.La caída de Stoessner en 1989 no vino a mejorar mucho la situación. Primero, porque se dio otra vez mediante un golpe de Estado y, segundo, porque Andrés Rodríguez, el general que lo encabezó y nada menos que su consuegro, ya había sido vinculado reiteradamente con el narcotráfico por la DEA, concretamente con el lavado de dinero que en el área de Ciudad del Este llegaría hasta cien millones de dólares anuales.En todo caso, Rodríguez abrió el paso a comicios democráticos y al ascenso a la presidencia de un civil. La elección de Juan Carlos Wasmosy, sin embargo, tampoco cambió mucho de fondo. Enriquecido por la participación de su constructora en la represa de Itaipú, el ingeniero se dedicó más a favorecer sus negocios y los de sus correligionarios del Partido Colorado, que a atender las necesidades del pueblo.Luego, en la política paraguaya se sucedería un periodo tragicómico. Prohibida la participación en política de los militares, Wasmosy pasó a retiro a ocho oficiales de alto rango, entre ellos el general Lino Oviedo. Implicado en ilícitos por el jefe antidrogas paraguayo, Ramón Rozas –quien fue asesinado– éste desacató la orden presidencial y se acuarteló. Wasmosy se refugió en la Embajada de Estados Unidos.Para suplirlo, Oviedo ganó las elecciones internas del Partido Colorado. Acusado sin embargo de sedición, fue arrestado y condenado a diez años de cárcel. Se formó entonces una nueva fórmula con Raúl Cubas y Luis María Argaña, que ganó los comicios. Apenas tomó posesión, Cubas liberó a Oviedo y poco después Argaña, rival de éste, fue asesinado. Sometido a juicio político, Cubas renunció y se refugió en Brasil; y acusado de asesinato, Oviedo huyó con un salvoconducto a Argentina.Asumió entonces el cargo el presidente del Congreso, el colorado Luis González Macchi. Éste tuvo que enfrentar otra intentona golpista de Oviedo, quien finalmente fue arrestado por la policía brasileña y puesto bajo arresto domiciliario en Brasilia; muy cerca por cierto de Stroessner, quien vivió ahí un exilio dorado, recibiendo hasta el último de sus días una pensión del Estado paraguayo.González Macchi, por su parte, tampoco salió bien librado. En 2002 decretó el estado de sitio debido a las revueltas callejeras que exigían su renuncia por la desviación de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta personal suya en el Citybank de Nueva York. Hubo muertos, heridos y detenidos, pero la Suprema Corte de Justicia impidió que se llevara a juicio al presidente, quien acusó a Oviedo de querer desestabilizar el país desde Brasil.Con el cambio de gobierno en 2003, González Macchi fue puesto sin embargo a disposición de la justicia y seis integrantes de la Suprema Corte recibieron acusaciones por atentar contra la Constitución, más otras varias por asociación criminal y lavado de dinero. Nicanor Duarte Frutos no se destacó por escándalos particulares, pero tampoco cambió el estado de cosas en el país. Su afán de promover una reforma constitucional para rehabilitar la reelección llevó sin embargo nuevas protestas a las calles; ésas, precisamente, que destacaron a Fernando Lugo como líder político y social.Ahora, como presidente, para cumplir con sus promesas Lugo tendrá que enfrentar toda esa maraña de intereses. Claro, si vive para llevarlo a cabo.

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