El Justo Reclamo

Polarización o consenso

Porfirio Muñoz Ledo

Conforme avanza el debate nacional sobre energía, más claro aparece que este ejercicio debiera haberse emprendido hace años y que, en ausencia de una convocatoria política capaz de generar consensos, la polarización terminará paralizando las decisiones y conduciéndonos a una crisis institucional de proporciones mayores. Está abierta la caja de Pandora y —como lo consignaba la mitología— en el fondo del recipiente apenas queda la esperanza.
Resulta inconcebible que se haya aplazado hasta ahora una discusión racional sobre problemas de tal envergadura, a pesar de que —como se ha hecho evidente— abundan los especialistas de calidad y los conocimientos dispersos en oficinas, laboratorios y bibliotecas. Esta apertura —obligada por la presión popular, aunque silenciada o distorsionada por los medios— es parte de una transición democrática dislocada y tardía pero que será infructuosa si no ocurre un cambio político sustantivo.
Los términos actuales del problema se presentaron hace más de una década, cuando era ya palmaria la falta de reposición de las reservas, la penuria financiera a la que había sido condenada la empresa y el enorme atraso en la búsqueda de fuentes alternativas. Aunque fue esporádicamente tema de debate parlamentario, la pérdida de mayoría sufrida por el gobierno en 1997 y la insuficiente cohesión de la oposición impidieron el planteamiento cabal de políticas cuya complejidad rebasaba el endeble marco de la democratización iniciada.
En el 2000, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado abordó el tema en sus deliberaciones y propuso, con la anuencia del Ejecutivo electo, la creación de un Programa Nacional de Energía. Éste debería considerar “la reconversión industrial y tecnológica para el empleo de los hidrocarburos bajo modalidades sustentables”, tanto como “la sustitución de fuentes de energía de convencionales a no convencionales, de contaminantes a no contaminantes y de no renovables a nuevas y renovables en un horizonte de largo plazo”.
El nulo respeto a los valores públicos, aunado a la presión externa y a la burda codicia, descarrilaron cualquier proyecto de gran alcance. En su lugar se promovió la llamada “reforma eléctrica”, que no era sino la renta del gas natural a las compañías relacionadas con la familia Bush y con socios españoles. En ausencia de mayoría política, el gobierno renunció a la modificación de la ley y el “acuerdo de las botas” sucumbió con todo y la “enchilada completa”: retrocesos en el campo migratorio, a cambio de promesas, negocios y suministros concedidos por la vía de los hechos.
En Europa pude percatarme de los planteamientos estratégicos de las potencias, y de los desarrollos científicos y tecnológicos. Durante 2004 dediqué gran empeño en promover un seminario internacional de energía, bajo el auspicio del Conacyt y de agencias internacionales. El desinterés del gobierno y su posterior agresión contra los principios democráticos cancelaron el intento.
Aspirábamos a una visión energética global, que analizara el proceso de agotamiento de los combustibles fósiles y sus efectos sobre el cambio climático y el régimen de precios, el estado de la energía nuclear, la hidráulica y el hidrógeno, así como la evolución de cada una de las fuentes nuevas dentro del balance energético total. Incluíamos el uso eficiente de la energía y la democratización de su acceso, tanto como los avances en investigación y sus obstáculos financieros e institucionales. La consideración de las estrategias internacionales debía ilustrarnos en la definición de una política integral para México.
Muchos de esos temas están hoy rebotando en la conciencia pública, pero se vuelve indispensable un esfuerzo superior de ordenación y de propuesta. No basta la socialización de las ideas y se tornaría perniciosa la utilización de argumentos truncos para justificar decisiones previamente adoptadas o negociaciones de última hora, que sólo aportarían réditos políticos y económicos a sus autores.
Sugerí en el Senado que se retiraran las propuestas del gobierno, por ser “notoriamente inconstitucionales y nocivas al interés del país”. Propuse en cambio “integrar una Comisión nacional, imparcial y patriótica, responsable de elaborar un plan de energía de gran aliento, capaz de reconstruir el consenso entre los mexicanos, en vez de promover la ruptura de nuestro pacto social”.
¿Dónde está sin embargo ese centro de gravedad, que los transicionistas llaman “espacio de neutralidad”? En la investidura de Calderón ciertamente no. Bien dijo Jorge Eduardo Navarrete que su “dudosa” legitimidad y por ende su autoridad política no lo califican para esa tarea. Tal vez el camino sea la conjunción del Congreso, la sociedad y los especialistas.
La salida que mejor permitiría afrontar los problemas acumulados sería la remoción del Ejecutivo por cualquiera de las vías previstas en la Constitución para el ejercicio de la soberanía popular y la instalación de un gobierno interino que gozaría de mayoría parlamentaria. A grandes males, soluciones valientes e imaginativas.
bitarep@gmail.com

Muy bien justipreciado amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo:
Hago referncia a su valerosa e ingeniosa propuesta de remoción del Ejecutivo, que publica hoy en El Universal; y para ser consecuente con mi intervención del miercóles ante el Foro que usted e Ifigenia Martínez presidieron en Defensa del Petróleo, me permito abundar en el diagnóstico de la señora secretaria de energía (Sener) en cuanto a Pemex, cuyo consejo de administración presidieron, entre otros servidores públicos, Felipe Calderón Hinojosa y Juan Camilo Mouriño, diagnóstico del cual deduzco un fraude a la Ley Fundamental del País, que redunda en perjucio de los intereses públcios fundamentales y de su buen despacho, ya que se trata en la especie de un ataque ala froma de gobierno republicano, representativo y federal, dadas las violaciones sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administratción Pública Federal, por las razoned de hecho y de derecho siguientes:
Considerando que ese diagnóstico concierne al pretérito inmediato; y teniendo presente que Mouriño era subsecretario de energía cuándo el titular de la Secretaría Felipe Calderón presidía el consejo colegiado que administraba tal organismo descentralizado; entonces, por lógica jurídica, al diagnosticar ahora la propia Sener que Pemex se encuentra en quiebra por negligencia e ineficiencia en su administración, resulta evidente que esos dos servidores públicos incurren en una grave responsabilidad por delitos en grado de tentativa u otros ejecutados flagrantemente.Considerando que primero es política esa responsabilidad de Calderón y Mouriño, la ley prevé su destitución e inhabilitación para ocupar otros cargos públicos en la Federación, pues ellos son responsables de omisiones graves que conllevan la fraudulenta estrategia para extinguir el régimen jurídico-fiscal de Pemex, cuya contribución al gasto público es del 45% o sea que como secretario y subsecretario de Sener atacan a las instituciones democráticas, causan perjuicio a la sociedad mexicana en su conjunto, pues implica dejar de financiar la forma de gobierno republicano, representativo y federal, así como propicia violaciones a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal. Considerando que la situación diagnosticada por esa autoridad federal (Sener), consta en documental pública, hace prueba plena de que tal negligencia premeditada con alevosía, ventaja y traición a México por Calderón y Mouriño entre otros, para disminuir o reducir a Pemex, a efecto de transferir a empresas privadas extranjeras y testferras nacionales, siendo eobvia su conducta deliberadamente negligente, que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, pues causa perjucios graves a la Federación Considera que en este caso se deben aplicar los artículos 108 párrafo segundo, 109 fracción I y 110 párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aplicarse los ordinales 5° párrafo primero, 6° y 7° fracciones I, II, VI, VII y VIII de la Ley Federal de Responsbilidades de los Servidores Públicos, resulta obvio que en este caso no se trata de juzgar al presidente de la república, sino al entonces secretario de energía Felipe Calderón. Considérese como precedente del juicio político propuesto ahora por el suscrito, el sustanciado contra el senador sonorense Jorge Díaz Serrano, a quien se le juzgó y destituyó de tal senaduría por una responsabilidad en la que incurrió cuando dirigía Pemex; y, en la especie, obviamente existen responsabilidades por parte de otros servidores públicos y a los cuales hay que indiciar también, pero deben destacarse las del secretario Calderón y el subsecretario Mouriño. Resultando concluyente que por la mala fe de tales servidores públicos para quebrar a Pemex, cuya quieba se intenta consolidar con las recientes iniciativas calderónicas, deben ser sancionados, pero como esas sanciones conllevan un cambio de fase para México, antes de incoar y sustanciar el jucio político contra Calderón y Mouriño, es prudente que sea informado el alto mando militar encabezado por el general-secretario de la Defensa Nacional. Este informe al alto mando militar debe ser rendido por usted acompañado de Carlos Navarrete, Yeidkol Polenski, Dante Delgado y Javier González Garza u otros líderes del Congreso de la Unión, pues, el presupuesto de la Sedena y de los programas públicos en general, en especial los relativos a limosnas oficiales para paliar la pobreza extrema de 40 millones de famélicos e infelices mexicanos, son recursos públicos que se encuentran en grave riesgo de suprimirse o reducirse drásticamente con la reforma calderónica en materia enérgetica, ténganse presentes a 30 millones de connacionales esclavizados en el vecino país del norte, por la falta de trabajos en nuestra República, sólo nos quedan las mujeres, la niñez y las personas ancianas.
Con abrazo fraterno, le saluda
Lic. Raúl Domínguez Dominguez