El Justo Reclamo

Veneno mediático

Gustavo Madero, Manlio Fabio Beltrones y Héctor Larios.......Materia FECAL en lo "oscurito"

Jenaro Villamil

Las televisoras han demostrado que están dispuestas a todo para impedir que reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión afecten sus intereses. Incluso han movilizado su poder e influencia para lograr la remoción del líder de la bancada panista en el Senado, Santiago Creel, y para frenar el dictamen de reformas presentado por el senador panista Ricardo García Cervantes.En menos de 10 días las televisoras lograron en el Senado la destitución del coordinador de la bancada del PAN, Santiago Creel Miranda, y descarrilaron un elemento sustancial de la reforma electoral al frenar el dictamen elaborado por el panista Ricardo García Cervantes.La propuesta vetada por Televisa y TV Azteca establecía la posibilidad de la revocación de las concesiones de radio y televisión ante faltas “reiteradas, graves y sistemáticas” a los nuevos ordenamientos en materia de medios de comunicación y elecciones.El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, jugó un papel clave para favorecer los reclamos del duopolio televisivo. Distintos testimonios recabados por Proceso confirmaron que desde las oficinas de Bucareli se envió al Senado, el jueves 19, una propuesta alternativa al dictamen de García Cervantes, más favorable a las televisoras.Días antes, el jueves 12, Mouriño encabezó en Monterrey el encuentro con la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Ahí se comprometió con los concesionarios, en especial con TV Azteca y Televisa, para “suavizar” el dictamen de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que ya había sido previamente consensuado por todos los partidos políticos y que se incluyó en la agenda del período extraordinario de sesiones.El nuevo dictamen proveniente de Bucareli fue cabildeado entre el jueves 19 y el viernes 20 por el senador panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, y por el nuevo coordinador de la bancada panista, Gustavo Enrique Madero.La intervención del titular de Gobernación y las presiones de senadores cercanos a las televisoras, como Federico Döring, del PAN, Jorge Mendoza, del PRI, y Javier Orozco Gómez, del Partido Verde y artífice de la Ley Televisa en 2006, generaron una fractura al interior de la fracción mayoritaria de Acción Nacional.El jueves 19, García Cervantes y Gustavo Madero protagonizaron un agrio intercambio de reclamos en el salón de plenos del Senado debido a que se suspendió la reunión de las comisiones dictaminadoras presididas por el perredista Carlos Sotelo y por el panista Alejandro Zapata Perogordo, en la que se iba a votar el dictamen original.No sólo eso. Provocaron que el PRI, coordinado por Manlio Fabio Beltrones, decidiera la tarde del viernes 20 retirarse de la reunión en comisiones, ante la división de los panistas. Así mismo, los senadores del PRD Carlos Navarrete y Carlos Sotelo denunciaron la existencia de legisladores que se encuentran “arrodillados ante los poderes fácticos” de las televisoras.“Ahora ni siquiera habrá dictamen. Ni los panistas ni los priistas acudieron a la sesión de comisiones para votar en contra. Esto es muy grave. Las reformas indispensables para aterrizar la reforma electoral en materia de medios de comunicación no serán aprobadas”, dice Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, quien no ocultó su malestar por el descarrilamiento de esta reforma.
–¿El PRI y el PAN cedieron ante las presiones de las televisoras? –se le pregunta.
–Gustosos, sin duda, cedieron. Evidentemente el que ha hecho ese trabajo principalmente ha sido el PRI, secundado por Acción Nacional.
Diferencias en el PAN
En la bancada panista, la versión más acreditada fue que las televisoras “pidieron la cabeza” de Creel, quien se mantiene como presidente del Senado. Hasta ahora, Creel no ha confirmado estas versiones, pero tampoco ha desmentido que Televisa y TV Azteca ejercieran presiones en su contra.“Ahora se explica buena parte de la salida de Creel”, afirma Sotelo, después de conocerse que el dictamen de García Cervantes se mandaba a la “congeladora” y no sería aprobado en este período extraordinario a pesar de que ya existía consenso para ello en el seno de la Junta de Coordinación Política.Creel apoyó la inclusión del dictamen de García Cervantes en las reuniones previas de la Junta de Coordinación Política para definir los temas del período extraordinario, que incluyeron varias reformas constitucionales para modificar el formato del informe presidencial y eliminar el “veto de bolsillo”.En un último intento por defender su iniciativa, García Cervantes afirmó en la tribuna, el viernes 20, que era necesario aprobar “a la mayor brevedad” posible estas reformas para armonizar las normas de radio y televisión con las nuevas disposiciones constitucionales y del Cofipe en materia electoral.El legislador afirmó que su iniciativa fue “presentada en lo individual y ahora me doy cuenta que en solitario”. Agradeció el apoyo de su coordinador Gustavo Madero, quien horas antes había ordenado a los panistas que no acudieran a la reu-nión de comisiones.Desde su curul, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, le dijo a García Cervantes: “Usted no está en solitario. En la bancada de mi partido hay consenso para apoyar su iniciativa. Nos vemos en septiembre”.
Revocación de concesiones
Tres artículos de la iniciativa de García Cervantes generaron un intenso cabildeo y presión de las televisoras: la adición al artículo 31 y al artículo 37, así como una nueva redacción al artículo 107 de la Ley Federal de Radio y Televisión.En el primer caso, se adiciona a la fracción IX del artículo 31 la disposición que establece como una de las causas de revocación de las concesiones en radio y televisión “el incumplimiento grave y reiterado” de las disposiciones del nuevo artículo 41 constitucional.Ahí se dispone que el IFE será autoridad única para la administración de los tiempos que le corresponden al Estado en radio y televisión; que a partir de las precampañas y hasta el día de los comicios se dispondrá de 48 minutos diarios en cada medio electrónico, mientras que fuera de los períodos electorales se dispondrá “hasta el 12%” de los tiempos de Estado para asignarlo entre los partidos y la autoridad electoral.En el dictamen de García Cervantes se argumentaba que “siendo la revocación de concesiones la sanción más extrema que la ley de la materia establece, y siendo una garantía básica que las sanciones aplicables por una autoridad a los particulares deben estar expresamente contenidas en la ley, consideramos pertinente la adición que se propone en esta iniciativa”.En el caso del artículo 37 también se establece la posibilidad de la revocación de concesión al incumplir “en forma grave y reiterada” las disposiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de acceso de los partidos a sus prerrogativas en radio y televisión.El artículo 107 le otorga atribuciones al Instituto Federal Electoral para que en el caso de “infracciones graves y sistemáticas” solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la Ley Federal de Radio y Televisión.Este punto generó una airada reacción de los abogados de las televisoras. Salvador Rocha Díaz, quien ha promovido los amparos de TV Azteca en contra de la reforma electoral, afirmó ante los senadores que no se puede aplicar la ley electoral en materia de radio y televisión.La iniciativa de García Cervantes advierte que esto es posible debido al principio de “supletoriedad” que permite armonizar las nuevas disposiciones electorales en materia de medios de comunicación con la ley específica de radio y televisión. Sin estos cambios, argumentó García Cervantes, los concesionarios no serán sujetos de sanciones y podrán ganar los amparos interpuestos ante los tribunales.La nueva propuesta, negociada fuera de comisiones, suavizaba los términos del artículo 107 en materia de “violaciones reiteradas” e incorporaba a la propia Secretaría de Gobernación como uno de los organismos responsables de determinar las sanciones a las televisoras.
Reforma cuestionada
El descontento de las televisoras y de los grupos radiofónicos más importantes contra la reforma electoral se manifestó desde un año atrás. Las tres principales fuerzas políticas del Senado llegaron al consenso para reformar la Constitución y establecer la “prohibición absoluta” para la compra de tiempo-aire en medios electrónicos con fines político-electorales, y le otorgaron al IFE nuevas funciones en materia de regulación de medios y distribución de los spots partidistas.El duopolio protagonizó una sesión en el Senado con todos sus comunicadores, quienes expresaron que estos cambios representaban violaciones a la libertad de expresión y amagaron con un referéndum que nunca se realizó. En el fondo, su molestia se debió a que se eliminaron muchos de los incentivos que permitieron que 70% de los recursos de las campañas se canalizaran a los medios electrónicos.TV Azteca fue la primera en llevar a tribunales su litigio contra la reforma electoral. El 13 de mayo pasado, el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa emitió una resolución favorable a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que suspende el pago de la multa de 5.2 millones de pesos impuesta por el IFE por negarse a transmitir las pautas de spots publicitarios de los partidos políticos. La resolución fue un triunfo del abogado de la televisora, Salvador Rocha Díaz.Días después, el equipo jurídico de Televisa interpuso ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa un amparo que impugna 14 artículos del Cofipe, entre ellos el 49, que prohíbe a particulares la contratación de spots.El litigio emprendido por las televisoras reveló que harían todo lo posible para “parar” los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión y, de ser posible, descarrilar la reforma electoral del año pasado.La dependencia del gobierno federal respecto de las televisoras es absoluta. Tan sólo en 2008, la administración de Felipe Calderón destinará en comunicación social 4 mil 890 millones de pesos, mil 464 millones más que en 2007. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Gobernación, 60% de estos recursos se destinará a la televisión comercial. l