El Justo Reclamo

martes, julio 08, 2008

Policías enemigas

Ebrard, Ortega y Félix. Tensión

La falta de coordinación que exhibieron las policías capitalinas el pasado 20 de junio en el trágico operativo de la discoteca New’s Divine no fue circunstancial. Las rivalidades, los intereses de grupo y el dudoso perfil de muchos altos mandos prevalecieron sobre el programa Unipol, que pretendió articular la acción de las distintas corporaciones sin antes depurarlas y reestructurarlas a fondo.En la última semana de mayo pasado, unos días después de haber entrado en vigor el programa de seguridad Unipol que diseñó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, el jefe general de la Policía Judicial capitalina, Miguel Amelio Gómez, citó a unos 100 mandos de la corporación en el auditorio Francisco Sodi de la procuraduría capitalina, ubicado a unos metros del Servicio Médico Forense, en la colonia Doctores. Micrófono en mano, el funcionario policiaco que en la década de los setenta fue oreja de la Secretaría de Gobernación –trabajó en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) cuando Miguel Nazar Haro estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)– alertó a sus subalternos sobre los riesgos que entrañaba el programa diseñado por Ebrard para disminuir los índices de inseguridad y, al mismo tiempo, obligar a las policías Judicial y Preventiva a trabajar juntas contra la delincuencia:“Tengan cuidado con esos hijos de la chingada (los preventivos). Nos van a querer dar en la madre. Nos van a meter en problemas por su incapacidad. No queremos que vengan a invadir nuestra casa.”Además, pronosticó que con esa estrategia tarde o temprano habría un “pleito entre la SSP y la PGJDF”.Después de un arranque exitoso, tres semanas después de esa insólita reunión, el experimento de Ebrard enfrentó su primera crisis: una sucesión de errores y omisiones de los mandos policiacos encabezados por Guillermo Zayas provocaron la muerte de 12 personas durante un desastroso operativo efectuado el 20 de junio en la discoteca New’s Divine, en la delegación Gustavo A. Madero.Posturas como la de Amelio Gómez explican en cierto modo la actitud pasiva de los agentes del Ministerio Público (MP) y la Policía Judicial durante el desalojo de la discoteca y aun desde antes. A fin de evadir su responsabilidad, la mayoría de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) declararon ante el MP que no acataron las órdenes de Zayas y que por esa razón llegaron a la discoteca demasiado tarde, cuando ya los policías preventivos sacaban los cadáveres.Otros aseguraron que el operativo no se realizó en el marco de la Unipol y que ni siquiera estaban enterados en qué consistía ese programa.En particular, el caso del subdirector de la Policía Judicial en Gustavo A. Madero, Jesús Dávila Padilla, descubre la trama de complicidades: el funcionario negó ante el MP que estuvo presente en el operativo. Sin embargo, hay testimonios gráficos y declaraciones que lo ubican dentro de la discoteca, discutiendo con el propietario del antro, Alfredo Maya Ortiz.A pesar de que contaba con esas evidencias 24 horas después de la tragedia, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas –quien funge como juez y parte en la investigación– encubrió a sus subalternos hasta el pasado jueves 3, cuando solicitó al Juzgado 19 Penal las órdenes de aprehensión contra igual número de elementos de la PGJDF por los presuntos delitos de falsedad en declaraciones y ejercicio indebido del servicio público. Ninguno de los dos delitos es grave, por lo que los agentes del MP y de la Policía Judicial enfrentarán el proceso penal en libertad.
Fieles a su pasado
Trabajadores de la PGJDF aseguran en entrevista que el caso New’s Divine le quitó el maquillaje a la procuración de Justicia en el Distrito Federal, pues es evidente que en la dependencia perduran viejos vicios, como el burocratismo, la improvisación y la corrupción. Y de eso no está libre ni el procurador Félix Cárdenas: de diciembre de 2007 a marzo de 2008, el funcionario promovió dispensas para dar de alta a 144 personas como agentes de la Policía Judicial sin que cumplieran los requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil de Carrera, incluidos sus escoltas, a quienes se les conoce como “los jarochos” porque provienen del estado de Veracruz.El titular de la PGJDF en el sexenio anterior, Bernardo Bátiz, no solicitó ninguna dispensa y, por el contrario, vigorizó el servicio civil de carrera al firmar un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para poder expedir títulos de Técnico Universitario en Investigación Policiaca a los egresados del Instituto de Formación Policial. Según los informantes, la mayoría de los beneficiarios de las dispensas tramitadas por Félix Cárdenas son ahora jefes de grupo y comandantes, lo que resquebrajó la disciplina, la moral y la mística de trabajo en la corporación. Por si fuera poco, Félix Cárdenas quitó “las cargas de trabajo”, una gratificación salarial que tenía la Policía Judicial. Ahora sólo la perciben los integrantes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), los escoltas de los funcionarios públicos y la gente cercana al procurador.Otro hecho que, a decir de los informantes, demuestra que la pretendida reestructuración de la PGJDF sólo fue de palabra, es la constitución de un grupo de espionaje que opera bajo las órdenes de Amelio Gómez.Dicho grupo fue bautizado como M-3 y lo conforman jóvenes egresados de la Universidad Tecnológica de México (Unitec), de la cual Amelio fue jefe de seguridad antes de ser rehabilitado en el servicio público por Marcelo Ebrard. Provisto de tecnología de punta, inicialmente el grupo tenía su base por la glorieta Colón, después se mudó a Niños Héroes y ahora opera en un inmueble ubicado en la delegación Azcapotzalco. En los próximos días, cerca de 30 integrantes de ese grupo viajarán a Israel para capacitarse, de acuerdo con las mismas fuentes.Invitado por Ebrard y con el aval de la Presidencia de la República para ocupar el cargo, desde un principio Félix Cárdenas marcó su distancia con su antecesor, Bernardo Bátiz. Dijo en su toma de posesión: “Nadie puede negar que, con los años, la procuración de justicia ha alcanzado un grado de deterioro debido a los índices de impunidad, ineficiencia, corrupción, burocratismo y abuso que han traído en consecuencia su gran desprestigio social y la pérdida de confianza por parte de la sociedad”.Y auguró mejores tiempos: “Vengo a enfrentar con éxito a la delincuencia, a recuperar la tranquilidad de la gente, a sustituir palabras por hechos. No vengo a intentar cambios, vengo a hacerlos. Iniciaré un proceso de reestructuración de la procuraduría que se caracterizará por su eficacia, no por su resonancia”.De entrada, despidió a subprocuradores y fiscales heredados de las dos primeras administraciones perredistas y en su lugar colocó a Moisés Moreno Hernández y Héctor Carreón Rivera, ambos plenamente identificados con los exprocuradores generales de la República Ignacio Morales Lechuga y Antonio Lozano Gracia. Carreón renunció meses después por diferencias personales con Rodolfo Félix.Moreno Hernández fue director de Consignaciones en la PGR durante la gestión de Morales Lechuga. Con Lozano Gracia, en el sexenio de Ernesto Zedillo, ascendió a subprocurador de Control de Procesos. Actualmente se desempeña como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF. En el primer círculo están también Ernesto López Sauré, actual visitador general; Rafael Mateos Pouman, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, quien es socio de un despacho de abogados, y Cuauhtémoc Ruiz de Chávez Celaya, coordinador de asesores.Pero Félix Cárdenas también le abrió la puerta a personajes de dudosa reputación como Ricardo McGregor Maestre y Gustavo Salas. El primero fue jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del DF, pero el 25 de enero de este año tuvo que renunciar después de que salieron a la luz pública sus nexos con Pedro Alonso Alatorre Damy El Piri, a quien la PGR identificó como operador financiero del cártel de Sinaloa.Según un documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), McGregor Maestre, quien ingresó a la PGJDF a solicitud de Miguel Amelio Gómez, está relacionado también con la averiguación previa PGJDF/401/1682//198-09, iniciada en 1998 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extorsión, robo y amenazas.Prosigue el informe del Cisen: “Sobre McGregor existían indicios de que tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, y a pesar de eso Ebrard autorizó su designación”.De acuerdo con el documento, en el poco tiempo que estuvo en la PGJDF, McGregor instrumentó una extensa red de apoyo y protección para dicho cártel y otras organizaciones delictivas.El caso de Gustavo Salas es distinto, pero no menos escandaloso. El actual fiscal de Homicidios jugó un papel destacado en la trama urdida por Antonio Lozano Gracia para implicar a Raúl Salinas de Gortari en el asesinato de Manuel Muñoz Rocha.Aun así, Ebrard puso en manos de Rodolfo Félix –el abogado que lo defendió con éxito en el caso Tláhuac– la investigación de la tragedia en la discoteca New’s Divine, que lo tiene contra la pared. l