Si no ha perdido por completo la sensibilidad social y humana que le viene de familia, al procurador Eduardo Medina Mora debe habérsele atragantado la comida a que fue invitado anteayer, organizada por la Asociación nacional de la publicidad. De pronto, irrumpieron en la reunión los señores María Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo, portadores de una manta en que al “sr. procurador” le exigían “la pronta localización” de su hijo José Antonio Robledo Fernández, ingeniero “secuestrado desde el 25 de enero en Monclova, Coah.” Ver cara a cara a los denunciantes de una desaparición sobre la que no hay noticias desde hace siete meses probablemente disminuyó el rigor lógico con que el procurador expuso a su auditorio que, ahí donde nos ven, estamos mejor hoy que hace 15 años, pues había una proporción de homicidios dolosos mayor que la que hoy prevalece. Nadie alegó que la cifra referida al pasado inmediato es mayor que la del presente acaso porque se la compara sólo con el número de muertes ejecutadas por la delincuencia organizada y no con el número de fallecimientos por violencia en total.
Si Medina Mora no se sobrecogió con el dolor de esos padres, de que tuvo noticia reciente pues el 9 de agosto ofrecieron una rueda de prensa sobre la inactividad ministerial, es que acaso pensaba que la comida con los publicistas puede ser uno de los últimos actos sociales a que acude en su condición de procurador. Aunque otras veces ha corrido el rumor de su dimisión, esta vez parece que en efecto de un momento a otro sabremos que se marcha, y hasta comprobaremos que su destino es la embajada mexicana en Londres, donde reemplazaría a Juan José Bremer.
Pero el destino burocrático de Medina Mora es asunto menor comparado con el del ingeniero Robledo Fernández. Sus padres recibieron la noticia de que probablemente fue privado de su libertad por Los Zetas, el grupo delincuencial que extorsiona a ICA-Fluor, la empresa para la cual trabaja su hijo, y que realiza una obra para Altos Hornos de México, motivo por el cual Robledo Fernández se hallaba en aquella población coahuilense. No parece tratarse de un secuestro mercenario, porque al menos a los atribulados padres no se ha demandado el pago de rescate alguno.
Cualquiera que sea la modalidad de esa desaparición, ese caso se suma a la multitud de tragedias en que se priva de la libertad a una persona, y que abundan en nuestro país, entre otros factores por el muy conocido y eficaz de la impunidad: pues si no se castiga a los responsables de esos delitos, cunde su práctica ante la seguridad de permanecer sin castigo.
También en Coahuila, aunque con un perfil diferente, más nítido, ocurrió la desaparición de dos médicos veterinarios zootecnistas, Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, ocurrida el cinco de abril en Torreón. Hay personas que vieron a efectivos del Ejército mexicano detener a los dos médicos, en la madrugada. Al día siguiente, el vehículo en que viajaban y que ostentaba la razón social del negocio en que era socios, fue hallado en el fraccionamiento Ciudad Nazas. En Torreón han ocurrido otras desapariciones.— MEXICO, D.F.
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