A diario, hora tras hora, las enormes excavadoras remueven toneladas de tierra que potentes explosivos sacaron a la luz; sus garras metálicas hurgan, gramo por gramo, el oro, la plata, el plomo, el zinc y otros metales en las minas de San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Chiapas y otras más que se explotan intensivamente en 26 estados de la república; sus vetas están destinadas a alimentar lo que el académico John Saxe Fernández denomina “la inclinación fagocitadora del actual capital monopólico”.
Y es que la extracción es de minerales que, al igual que los del subsuelo de África y Asia, son vitales para mantener la hegemonía estadunidense. En el segundo plano de esta imagen quedan poblados contaminados por la degradación de montañas de piedra con residuos de arsénico, que la lluvia filtra al subsuelo o el sol evapora. Al final, la contaminación afecta a los habitantes: se bebe o se respira.
Además de la contaminación, miles de personas son desalojadas por la creación de minas de alta tecnología. En el “mejor” de los casos, la tierra fue rematada a 200 pesos al mes por hectárea. La renta quedará congelada durante el tiempo que dure la concesión, la mayoría de las veces por más de cuatro décadas.
El mineral extraído, convertido en lingotes, viaja en contenedores por tierra hasta los puertos. Ahí se embarca hacia las matrices de las mineras trasnacionales a las que el gobierno federal les otorgó concesiones para operar en todo el país.
Sólo en 2008 se extrajeron del subsuelo mexicano 50 mil 365 toneladas de oro, equivalentes a 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos; la mayor parte de Aguascalientes. También de esa tierra se arrancaron del suelo 2 millones 668 mil 28 toneladas de plata. A cambio, el gobierno recibió 13 mil 972 millones 569 mil pesos, así como 397 mil 306 toneladas de zinc que se comerciaron por 8 mil 98 millones 713 mil 300 pesos.
En Sonora se extrajeron 46 mil 844 toneladas de wollastonita (necesario en la cerámica industrial y para recubrimientos) a cambio de 102 millones 437 mil 200 pesos, según el Anuario estadístico de la minería en México 2008 de la Secretaría de Economía (SE).
Simultáneamente se extraen toneladas de barita (de la que México es séptimo productor mundial), azufre (décimo sexto productor), celestita (tercer lugar mundial), plomo (quinto lugar), molibdeno (sexto lugar), fierro (décimo quinto), cadmio, antimonio, perlita, fosforita y diatomita, entre otros. Algunos son “estratégicos”, pues el importador, en este caso Estados Unidos, depende de ellos para mantener su hegemonía: los minerales están vinculados al interés militar e industrial de ese país.
Otros son minerales “críticos”, por su bajo o nulo grado de sustitución para las aplicaciones a que se destinan, como el titanio, el niobio y las “tierras raras” (lantano, lutecio, bastnasita y loparita, entre otros) que se emplean en electrónica y dispositivos para misiles o materiales stealth (que no detectan los radares); y quedan los minerales “esenciales”, muy apreciados porque son fundamentales para la industria y cuya oferta es suficiente, describe Gian Carlo Delgado, economista especialista en ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
México, reserva de recursos
Gian Carlo dice que es precisamente esa necesidad de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, por abastecerse de los recursos naturales que le son vitales, lo que está detrás del furorexcavador que protagonizan las empresas mineras trasnacionales en México.
“América Latina no es el traspatio de Estados Unidos, sino su reserva de recursos minerales estratégicos, críticos y esenciales que le permiten preservar su hegemonía. Este escenario permite comprender el alcance de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, firmada por México, Canadá y Estados Unidos para respaldar la presencia de cientos de empresas mineras canadienses y estadunidenses.
Saxe Fernández, coordinador del programa “El mundo en el siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, revela en su estudio América Latina: ¿reserva estratégica de Estados Unidos? (2009) que en 1980, el general Alton D Slay, entonces a cargo del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, advirtió al congreso de su país que la dependencia de las importaciones petroleras no sólo presentaba serios problemas para Estados Unidos, sino también la carencia de al menos 40 minerales “esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte”. Entonces, Alton recordó que la superpotencia importaba más de la mitad de 20 minerales esenciales para preservar su hegemonía.
Antes de que se hiciera pública esa advertencia sobre su vulnerabilidad en minerales, Estados Unidos había emitido, en 1979, la Ley de Almacenamiento, que logró almacenar sus reservas de ciertos materiales estratégicos obtenidos de todas las latitudes del planeta.
Apunta Delgado Ramos que la ley establecía que, “además de los proveedores estadunidenses, sólo los proveedores canadienses y mexicanos son confiables. Al leer ese texto, vemos clara la variable de la ASPAN: procurar a la potencia hegemónica, pues el discurso prevaleciente en esa alianza es el de la competitividad de América del Norte, que pasa por el abastecimiento de energía y de los recursos que le son vitales”, sin importar el desarrollo de las comunidades a las que se les expropió su riqueza natural, explica el investigador.
Esa búsqueda por minerales se orienta hacia América Latina por ser una zona rica en recursos, poco explorada con las nuevas tecnologías para la minería, señala. Estima que a la par de la exploración y explotación intensiva de la minería vienen los nuevos procesos químicos de explotación sumados a los explosivos, así como el uso de excavadoras y yukles para excavar más rápido y mover más toneladas de tierra cuya riqueza interior será transportada por los sistemas multimodales.
“Lo que ahora cambió es el gran costo ambiental que deja ese tipo de tecnología minera”. Delgado Ramos agrega que para extraer oro –que ahora alcanza su nivel de precios más alto en la historia– y plata, las mineras utilizan técnicas que permiten sacar concentraciones muy bajas –hasta 0.5 gramos por ciento–, como ocurre en la mina Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, donde remueven hasta 20 toneladas de tierra.
Esas montañas de tierra y piedra triturada representan “una locura en términos de impactos ambientales y sociales”: el desalojo de grandes cantidades de materiales que más tarde (unos 40 años, cuando concluya el plazo de las concesiones) se regresarán a sus antiguos dueños, quienes sólo recibirán cráteres.
Así ocurrió en la mina de plomo, plata y zinc del Grupo Condumex, llamada Real de Ángeles, y que ya terminó de funcionar, pero es muy inestable y sus desechos se esparcen en cientos de hectáreas con tierras inservibles, cianurizadas. Gian Carlo Delgado explica que, en entrevistas, los campesinos locales expresaron que antes de la llegada de la minera ésa era una zona agrícola y ganadera; sin embargo, al acabar el proceso minero sólo quedaron comunidades destrozadas.
Situación similar se presentará en el valle de Mazapil, Zacatecas, que será la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina (operada por la canadiense Goldcorp). Ahí, se está rascando el cerro para extraer el mineral. Al separar la tierra que las escavadoras tiran a un lado, cuando llueve, los sulfatos de ese material se filtran hacia el agua; esto no sucedería si fuera un deslave natural, porque el cerro se está fragmentando. Desde las autopistas, ese material se ve como arena, pero son los desechos.
Además del daño ambiental que dejan las mineras, quedan graves problemas sociales originados por la presión que ejercen los tres niveles de gobierno entre los habitantes de estas zonas para que permitan la instalación de las empresas mineras en su región. La venta de la tierra tiene que ver con el interés del Consejo Ejidal. “Muchas veces, la gente acepta cosas que no sabe cuando firma”, como ocurre en Mazapil: las empresas llegan con dinero en efectivo (para las gentes representa una fortuna) y la ambición corre. En las regiones mineras, muchos se endeudaron por el atractivo que representaba el auge minero; incluso, quienes habían salido de la comunidad regresan a vender su tierra y pactan con los mineros.
Ese tipo de conflicto es visible en el caso de la mina de Ocampo, manejada por Gammon Lake Resources, que extrae oro y plata. Cuando Gian Carlo Delgado visitó esa comunidad, encontró que la minera no quería pagar la electricidad del poblado, por lo que el presidente municipal les negó el permiso de usar explosivos hasta que aceptaran. Otro problema social paralelo a la disputa por la tierra es el auge de la prostitución protagonizada por las “brillositas”, como despectivamente les llaman las mujeres de la zona; este proceso acompaña a la inicial derrama económica y se hermana con la ruptura familiar; además, sobrevienen el alcoholismo y el abandono de empleos.
Y es que la extracción es de minerales que, al igual que los del subsuelo de África y Asia, son vitales para mantener la hegemonía estadunidense. En el segundo plano de esta imagen quedan poblados contaminados por la degradación de montañas de piedra con residuos de arsénico, que la lluvia filtra al subsuelo o el sol evapora. Al final, la contaminación afecta a los habitantes: se bebe o se respira.
Además de la contaminación, miles de personas son desalojadas por la creación de minas de alta tecnología. En el “mejor” de los casos, la tierra fue rematada a 200 pesos al mes por hectárea. La renta quedará congelada durante el tiempo que dure la concesión, la mayoría de las veces por más de cuatro décadas.
El mineral extraído, convertido en lingotes, viaja en contenedores por tierra hasta los puertos. Ahí se embarca hacia las matrices de las mineras trasnacionales a las que el gobierno federal les otorgó concesiones para operar en todo el país.
Sólo en 2008 se extrajeron del subsuelo mexicano 50 mil 365 toneladas de oro, equivalentes a 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos; la mayor parte de Aguascalientes. También de esa tierra se arrancaron del suelo 2 millones 668 mil 28 toneladas de plata. A cambio, el gobierno recibió 13 mil 972 millones 569 mil pesos, así como 397 mil 306 toneladas de zinc que se comerciaron por 8 mil 98 millones 713 mil 300 pesos.
En Sonora se extrajeron 46 mil 844 toneladas de wollastonita (necesario en la cerámica industrial y para recubrimientos) a cambio de 102 millones 437 mil 200 pesos, según el Anuario estadístico de la minería en México 2008 de la Secretaría de Economía (SE).
Simultáneamente se extraen toneladas de barita (de la que México es séptimo productor mundial), azufre (décimo sexto productor), celestita (tercer lugar mundial), plomo (quinto lugar), molibdeno (sexto lugar), fierro (décimo quinto), cadmio, antimonio, perlita, fosforita y diatomita, entre otros. Algunos son “estratégicos”, pues el importador, en este caso Estados Unidos, depende de ellos para mantener su hegemonía: los minerales están vinculados al interés militar e industrial de ese país.
Otros son minerales “críticos”, por su bajo o nulo grado de sustitución para las aplicaciones a que se destinan, como el titanio, el niobio y las “tierras raras” (lantano, lutecio, bastnasita y loparita, entre otros) que se emplean en electrónica y dispositivos para misiles o materiales stealth (que no detectan los radares); y quedan los minerales “esenciales”, muy apreciados porque son fundamentales para la industria y cuya oferta es suficiente, describe Gian Carlo Delgado, economista especialista en ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
México, reserva de recursos
Gian Carlo dice que es precisamente esa necesidad de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, por abastecerse de los recursos naturales que le son vitales, lo que está detrás del furorexcavador que protagonizan las empresas mineras trasnacionales en México.
“América Latina no es el traspatio de Estados Unidos, sino su reserva de recursos minerales estratégicos, críticos y esenciales que le permiten preservar su hegemonía. Este escenario permite comprender el alcance de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, firmada por México, Canadá y Estados Unidos para respaldar la presencia de cientos de empresas mineras canadienses y estadunidenses.
Saxe Fernández, coordinador del programa “El mundo en el siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, revela en su estudio América Latina: ¿reserva estratégica de Estados Unidos? (2009) que en 1980, el general Alton D Slay, entonces a cargo del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, advirtió al congreso de su país que la dependencia de las importaciones petroleras no sólo presentaba serios problemas para Estados Unidos, sino también la carencia de al menos 40 minerales “esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte”. Entonces, Alton recordó que la superpotencia importaba más de la mitad de 20 minerales esenciales para preservar su hegemonía.
Antes de que se hiciera pública esa advertencia sobre su vulnerabilidad en minerales, Estados Unidos había emitido, en 1979, la Ley de Almacenamiento, que logró almacenar sus reservas de ciertos materiales estratégicos obtenidos de todas las latitudes del planeta.
Apunta Delgado Ramos que la ley establecía que, “además de los proveedores estadunidenses, sólo los proveedores canadienses y mexicanos son confiables. Al leer ese texto, vemos clara la variable de la ASPAN: procurar a la potencia hegemónica, pues el discurso prevaleciente en esa alianza es el de la competitividad de América del Norte, que pasa por el abastecimiento de energía y de los recursos que le son vitales”, sin importar el desarrollo de las comunidades a las que se les expropió su riqueza natural, explica el investigador.
Esa búsqueda por minerales se orienta hacia América Latina por ser una zona rica en recursos, poco explorada con las nuevas tecnologías para la minería, señala. Estima que a la par de la exploración y explotación intensiva de la minería vienen los nuevos procesos químicos de explotación sumados a los explosivos, así como el uso de excavadoras y yukles para excavar más rápido y mover más toneladas de tierra cuya riqueza interior será transportada por los sistemas multimodales.
“Lo que ahora cambió es el gran costo ambiental que deja ese tipo de tecnología minera”. Delgado Ramos agrega que para extraer oro –que ahora alcanza su nivel de precios más alto en la historia– y plata, las mineras utilizan técnicas que permiten sacar concentraciones muy bajas –hasta 0.5 gramos por ciento–, como ocurre en la mina Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, donde remueven hasta 20 toneladas de tierra.
Esas montañas de tierra y piedra triturada representan “una locura en términos de impactos ambientales y sociales”: el desalojo de grandes cantidades de materiales que más tarde (unos 40 años, cuando concluya el plazo de las concesiones) se regresarán a sus antiguos dueños, quienes sólo recibirán cráteres.
Así ocurrió en la mina de plomo, plata y zinc del Grupo Condumex, llamada Real de Ángeles, y que ya terminó de funcionar, pero es muy inestable y sus desechos se esparcen en cientos de hectáreas con tierras inservibles, cianurizadas. Gian Carlo Delgado explica que, en entrevistas, los campesinos locales expresaron que antes de la llegada de la minera ésa era una zona agrícola y ganadera; sin embargo, al acabar el proceso minero sólo quedaron comunidades destrozadas.
Situación similar se presentará en el valle de Mazapil, Zacatecas, que será la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina (operada por la canadiense Goldcorp). Ahí, se está rascando el cerro para extraer el mineral. Al separar la tierra que las escavadoras tiran a un lado, cuando llueve, los sulfatos de ese material se filtran hacia el agua; esto no sucedería si fuera un deslave natural, porque el cerro se está fragmentando. Desde las autopistas, ese material se ve como arena, pero son los desechos.
Además del daño ambiental que dejan las mineras, quedan graves problemas sociales originados por la presión que ejercen los tres niveles de gobierno entre los habitantes de estas zonas para que permitan la instalación de las empresas mineras en su región. La venta de la tierra tiene que ver con el interés del Consejo Ejidal. “Muchas veces, la gente acepta cosas que no sabe cuando firma”, como ocurre en Mazapil: las empresas llegan con dinero en efectivo (para las gentes representa una fortuna) y la ambición corre. En las regiones mineras, muchos se endeudaron por el atractivo que representaba el auge minero; incluso, quienes habían salido de la comunidad regresan a vender su tierra y pactan con los mineros.
Ese tipo de conflicto es visible en el caso de la mina de Ocampo, manejada por Gammon Lake Resources, que extrae oro y plata. Cuando Gian Carlo Delgado visitó esa comunidad, encontró que la minera no quería pagar la electricidad del poblado, por lo que el presidente municipal les negó el permiso de usar explosivos hasta que aceptaran. Otro problema social paralelo a la disputa por la tierra es el auge de la prostitución protagonizada por las “brillositas”, como despectivamente les llaman las mujeres de la zona; este proceso acompaña a la inicial derrama económica y se hermana con la ruptura familiar; además, sobrevienen el alcoholismo y el abandono de empleos.
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