04 marzo 2010
Siempre he dicho que no fue una tragedia sino un crimen de la negligencia y la corrupción.
El inimaginable sufrimiento de los 49 niños muertos y las secuelas de dolor interminable de sus padres y los otros 65 pequeños lesionados, marcados para siempre, representan una gran desvergüenza colectiva. Una afrenta para la nación. Y el más ignominioso capítulo en la historia de este país. Nada ha sido tan horrendo como eso.
De ahí la importancia del informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia. Una investigación que no aporta datos nuevos; nada que no hubieran denunciado ya los padres o que no supiéramos los medios. Su relevancia estriba en que sea la propia Corte la que relate la infame cadena de atrocidades, abusos, omisiones y descuidos de las autoridades federales, estatales y municipales que provocaron el infierno de aquel 5 de junio.
El cerco se va estrechando sobre Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y otros funcionarios quienes por acción u omisión son responsables en alguna medida. Aunque desde entonces y ahora mismo —con argumentos ridículos— intenten ocultar la verdad. En cualquier caso, los traiciona el subconsciente. Porque no hay en sus palabras o en sus rostros ni el menor asomo de estupefacción por lo ocurrido, ni un dolor sincero por las víctimas, ni siquiera un auténtico sentimiento de conmiseración. Ambos siguen hablando del horror como si se tratara de un asunto burocrático o administrativo: la pérdida de algunos expedientes; el retraso en la línea de producción de una fábrica. El propio presidente Calderón ni por su iniciativa ni por la de sus asesores tuvo jamás ni una décima parte de la reacción habida por otros eventos en los que una o dos víctimas —con el debido respeto— eran prominentes. Aunque suene brutal, uno se pregunta qué hubiera pasado si los hechos de Hermosillo se hubiesen producido en un kínder de las Lomas. A ver, por qué el gobierno a través de la Procuraduría General de la República no ha hecho una investigación acuciosa y a fondo del caso. Por qué, en cambio, cuando se trata de quienes levantan la voz o le protestan realiza persecuciones perrunas y exige sentencias inclementes como con los de Atenco o con Teresa y Alberta.
Y a propósito de investigaciones, los señores Bours y Molinar quieren desviar tramposamente la atención hacia las facultades del Seguro Social para lo de la subrogación. Es una cortina de humo. Lo sustancial es establecer también las responsabilidades de los dueños de la guardería ABC. Por cierto, el señor Molinar habría de aclararnos si la renovación que él autorizó en 2003 fue porque entre los accionistas estaba Altagracia Gómez del Campo, quien sigue presumiendo su parentesco con la actual pareja presidencial. Para la propia presidencia calderonista sería bueno aclararlo si no quiere pasar a la historia como un gobierno que criminaliza la protesta social y le da impunidad a los poderosos. Lo dicho: una vara para medir a los ricos y otra muy distinta para los pobres. Para los mexicanos de segunda.
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